La cabeza de María Antonieta

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Todo vale en la guerra del humo en la que está enfrascado este régimen. Luego del fiasco de “evaluar” la pena de muerte por parte del propio Martín Vizcarra para terminar desautorizándose él solo, el gobierno ha guillotinado a María Antonieta Alva, la ministra de Economía.
Sendos carteles aparecieron como por arte de magia en varios puntos de Lima dando vivas a la la ministra, “por su juventud y dignidad”.
Por lo pronto, el globo de ensayo solo ha volado unos metros y causó apenas la curiosidad de los cuatro gatos que conocen a esta María Antonieta. Como el coronavirus de Wuhan sigue en marcha como noticia central –que afecta directamente la vida de cada cual aquí y en la China–, lo que hubiera sido motivo de cháchara, cotilleo y “sesudos” análisis ha quedado moribundo en el camino de la realidad.
Lo que sí es relevante señalar es la tenacidad y audacia del gobierno en sacar cuanto conejo pueda del sombrero para tapar precisamente el desastre económico y la incompetencia por la que debería ser guillotinada la María Antonieta que nos ocupa. Lo real es que si el objetivo era ir midiendo reacciones para una delfina complaciente, no ha podido ser en peor momento y ha terminado sacrificándola en el altar del ridículo. 

No hay mal que por bien no venga

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Como el coronavirus de Wuhan es la noticia mundial con cuarentenas en ciudades y regiones enteras en Asia y Europa, y el contagioso virus ya llegó al Perú, todas las demás noticias se han licuado para bien de la salud mental de los peruanos.
El Día Internacional de la Mujer –aprovechado ideológica y políticamente por un cenáculo de activistas matamachos– pasó sin pena ni gloria. Las agendas de PPK con las que estúpidamente se pretendía crear un vínculo entre Keiko Fujimori y Pedro Gonzalo Chávarry se perdieron en medio del pánico al contagio. Las ridículas declaraciones del fiscal Vela apelando al “dicho” sobre que Alan García pretendía llevarse al más allá al fiscal figureti José Domingo Pérez se han escurrido por el desagüe del absurdo. Y, finalmente, la “evaluación” de la pena de muerte para violadores de niños y “feminicidas” lanzada como un gas por el presidente de la República ha sido tomada con silencio por la gente común y corriente pese a las portadas de cierta prensa hueleflatos.
Y es que cuando la vida de uno se pone en riesgo nadie atiende a las cortinas de humo ni a las cojudeces a las que nos tienen acostumbrados fiscales, periodistas, activistas y políticos sin escrúpulos. Esperemos que el coronavirus solo cobre como víctima a la demagogia, aunque sea por un tiempo.

Toda Italia en cuarentena

Suspensión de escuelas, clases universitarias, teatros y cines, así como bares, discotecas y eventos deportivos. Las ceremonias religiosas, incluidos los funerales, también se suspenderán. Las clases se retomarían el próximo 3 de abril.
Por Ángel Gómez Fuentes– Diario ABC.
Toda Italia se encuentra en estado de shock. Al cierre de Lombardía y 14 provincias, bloqueando a más de 16 millones de personas, se unía en la tarde de ayer un boletín de Protección Civil con cifras muy llamativas de la propagación del coronavirus, sobre todo en Lombardía, donde el Covid-19 se propaga mucho más rápidamente de lo previsto. Desde el inicio de la epidemia el 21 de enero, los contagiados por el nuevo virus ascienden en el país a 7,375 personas, lo que supone 1,492 más que en la jornada anterior. Las personas curadas o dadas de alta son en total 622 (33 más también en relación al sábado). Los fallecidos son 366, de ellos 133 en un solo día.
Italia es ya el segundo país, después de China, en número de muertos. Actualmente, los contagiados son 6,387, cifra a la que sumando los muertos y curados, ofrece ese total de infectados (7,375) indicado. Se trata de un balance, tras 16 días de epidemia, «impresionante». Así lo calificó el asesor de Sanidad de Lombardía, Giullio Gallera, al analizar todos los datos de su región.
Gallera no escondió su estupor: «El total de contagiados en la región lombarda son 4,189, con un aumento de infectados de 769 en un solo día, mientras los fallecidos son 267, frente a los 154 muertos del sábado; es decir, el incremento ha sido de 113 muertos en un solo día, el peor dato desde el inicio de la emergencia sanitaria». Gallera reconoció que Lombardía lucha contra el reloj para salvar vidas, porque hay 399 personas en terapia intensiva; de ellas, el 35% tiene menos de 65 años.
Seguramente este dramático boletín, que Protección Civil hizo público este domingo, habrá convencido finalmente a muchos escépticos de que la situación que ha creado el coronavirus es bastante más grave de lo que a menudo, sin ninguna base médica o científica, muchos han sostenido, incluso públicamente.
En Italia está sucediendo lo que hasta hace muy pocos días nadie podía imaginar y todavía cuesta mucho trabajo asimilar. Es difícil hacerse una idea de lo que está pasando en esas ciudades si no se pisan hoy sus calles para ver el aire que se respira.
La estación central, vacía
Milán, una capital siempre viva, dinámica y emprendedora como pocas ciudades europeas es ahora un lugar cuyo corazón parece haberse paralizado. Su estación central, entre las de mayor tráfico de Europa, parecía muerta en la mañana de ayer. En el tren que trasladó a Roma a este enviado especial a Milán, solo había siete pasajero. En el vagón número cuatro, un solo viajero. Roma recibió a esta pequeña comitiva también con un panorama sombrío. La capital italiana parece estar preparándose igualmente para lo peor, sobre todo si, como temen los expertos, el virus sigue propagándose con rapidez a la región del Lazio, entre otras del sur. No había ni una sola persona en la parada de taxis de la estación, cuando habitualmente hay colas.
El conductor romano no ocultaba su angustia: «Estuve más de una hora esperando un cliente, algo insólito; lo normal durante el domingo es que, como hay mucho movimiento de viajes, enseguida tengamos algún pasajero, sin necesidad de hacer una eterna espera como hoy».
Como en «ferragosto»
Durante el trayecto, el taxista comentó infinidad de ejemplos para destacar que la capital italiana es actualmente una ciudad desconocida para esta época: «Está como en “ferragosto” cuando no hay un alma en la capital. He pasado por la Fontana de Trevi y solo había… ¡dos personas! El sábado a las diez de la noche decidí marcharme a casa, aburrido, porque no había clientela; y eso que era sábado», relataba el conductor.
Guerra al nuevo virus
Se ven todavía en Roma algunos turistas, pero las cancelaciones en hoteles superan el 70%. El taxista, como en general el hombre de la calle en Italia, considera que el gobierno no ha hecho una buena política de comunicación con el fin de preparar a la gente para afrontar la epidemia. De ahí el miedo y el pánico. Pero a la vista del dramático e imparable avance del coronavirus se admite la necesidad de adoptar drásticas medidas.
En la guerra para contener la epidemia del coronavirus, el gobierno ha establecido una «zona roja» o de seguridad, sin precedentes, de la que no se podrá entrar o salir, ni siquiera por motivos laborales o familiares, salvo casos excepcionales e inaplazables. Romper la regla acarrea una sanción penal hasta tres meses de cárcel y una multa para quienes no respeten la norma. No solamente Lombardía, aislada como Wuhan, y las 14 provincias de las regiones de Véneto, Emilia-Romaña, Piemonte y Marcas están aisladas y casi paralizadas.
Temor al éxodo
También todo el sur está sobrecogido. Aparte del decreto que entró en vigor ayer domingo, y que ha supuesto la clausura de buena parte del norte, el gobierno aprobó un segundo decreto con normas muy restrictivas en diversos sectores, para lograr el aislamiento social, el arma más útil contra el virus.
Ahora el sur teme el contagio y un éxodo de las personas que huyen del norte en busca de refugio familiar. Por eso, los presidentes de siete regiones ya protestan y han aprobado con urgencia ordenanzas para limitar el contagio del coronavirus, imponiendo el aislamiento domiciliario a las personas que proceden de Lombardía y de las 14 provincias del norte. Por ejemplo, el presidente de Campania, Vincenzo De Luca, de izquierda, ha establecido esta rígida medida de control: «Los concesionarios de transportes aéreo, ferroviario y de carreteras tienen la obligación de conseguir y poner a disposición de las fuerzas del orden y de la unidad de crisis regional, de los municipios y del servicio sanitario los nombres de los viajeros». En Salerno, una ciudad de 135,000 habitantes al sureste de Nápoles, el alcalde ha ordenado que todos los pasajeros de autobuses y trenes procedentes del norte sean identificados.

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
La adicción del mandatario Martín Vizcarra por el psicosocial es ya es una leyenda viviente. El diseño es conocido: declaraciones presentándose como el abanderado de la lucha anticorrupción, medios que lo sostienen aplaudiendo como focas, levantándolo, y encuestas que le dan guarismos estroboscópicos.
Pero en temas que causan dolor a los peruanos, como el vil asesinato y violación de una niña de cuatro años, Vizcarra hace mutis por el foro. Sí anuncia la llegada del coronavirus con una ministra de Salud disminuida y muda a su costado. Como dicen: ¿qué sabe el burro de alfajores? Pudo colocarse al lado de la ministra para ganar cámara y dejar que ella, siendo médica, informe cabalmente, dando recomendaciones.
Vizcarra, sin embargo, omite decir que no hay mascarillas protectoras en el mercado (no es privativo del Perú), aunque asegura que “su gobierno” tiene el control de la situación.
Usa un lenguaje policial al decir que el infectado “tiene antecedentes” de haber estado en tres países.
Debe estar preocupado por los problemas judiciales de tres ministros de su gabinete. Cuando al fiscal Chávarry lo involucraron en la investigación del ridículo e inexistente caso ‘Cuellos Blancos’, las focas mediáticas, el ex Premier favorecido por Odebrecht, hoy preso, y tantas ONG le exigieron a Chávarry que diera un paso al costado para que la investigación, digamos, fluyera.
Vizcarra parece confiar en que el coronavirus lo salvará del cuestionamiento a estos tres ministros a quienes ya les dio su respaldo. Ningún psicosocial lo ayudará sin embargo a detener el desastre económico.
En un interesante artículo, la columnista Madeleine Osterling informa sobre el evento minero más importante del mundo, el PDAC. La situación del Perú es lamentable, descendimos 10 posiciones en el Índice Fraser y la exploración bajará consistentemente porque el gobierno pide estudio de impacto ambiental, cosa ridícula. De 200 proyectos de exploración, uno se cristaliza.
El médico Elmer Huerta dijo que el Perú es un país insalubre. Basta circular un poco para ver que los baños de colegios son una porquería, que no hay rellenos sanitarios, que un buen sector de la población no tiene acceso a agua. Un desastre que el coronavirus no paliará. Es más, ya el MEF se colgó de la epidemia y bajó la tasa de crecimiento prevista. La delincuencia es ya una pandemia.
Ayer ‘Expreso’ informó que Vela Barba fue designado en el 2016 como Fiscal Superior Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. Antes era solo fiscal superior. El título se lo otorga el ‘cuello blanco’ exCNM, Guido Aguila, a solicitud del entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez. ¿Integra este esa organización criminal? El coronavirus también disipará el ominoso silencio de la fiscal Mori y la procuraduría frente a la demanda de Odebrecht ante el CIADI. La empresa no será denunciada. ¡Achís!

Odebrecht pidió 38 millones de dólares a Graña para entrar al Gaseoducto Sur Peruano

Los empresarios José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña presentaron documentos que confirman que la empresa brasileña Odebrecht les solicitó U$S38 millones para participar en el proyecto Gaseoducto Sur Peruano.
Según ‘Panorama’, ambos acudieron al despacho de la fiscal Geovana Mori el 4 de marzo y presentaron documentos que contienen lo que fue el acuerdo de pagos no contabilizados que tuvieron que devolver a la constructora brasileña para dicha obra.
En total, los empresarios tuvieron que desembolsar US$38 millones 216 mil 599 por supuestos costos “que no están en la contabilidad y no lo estarán nunca”, y que “se originaron en Brasil o Argentina”, según un correo electrónico enviado por representantes de Odebrecht.
Al respecto, el exsuperintendente de la constructora en el Perú, Jorge Barata, detalló cómo funcionaba el esquema: Odebrecht desembolsaba el total de pagos ilegales y luego recortaba utilidades a las empresas del consorcio para recuperar lo abonado.
Hernando Graña ha entregado e-mails de los acuerdos preparatorios de Odebrecht y su empresa para entrar al consorcio constructor. En los correos que la constructora brasileña envió a Graña se empezaron a pedir dinero por costos sin razón.
El 30 de septiembre de 2015 se informó públicamente que Graña entraba al Gasoducto. El 29 de octubre se firmó una adenda en la formación del “Consorcio Constructor Ductos del Sur” para que Graña sea el tercer socio, aunque no se aceptaron los costos adicionales que imponía Odebrecht.
Sin embargo, en un documento de 3 carillas llamado “Acuerdo complementario” a la adenda para que entre Graña como socio, sí se reconocen esos U$S38 millones a Odebrecht y que se le deben retribuir. Para los Graña ahí estarían los pagos ilegales.
La cláusula 7 de este Acuerdo Complementario dice: “Las partes reconocen que al momento de la firma del Presente Acuerdo Complementario Odebrecht Perú y Constructora Norberto Odebrecht han asumido gastos y/o realizado servicios con recursos propios y/o contratados a favor del Consorcio Constructor Ductos del Sur, cuyos montos no se han incluido en los Estado Contables al 30 de septiembre de 2015, los cuales deben ser retribuidos a Odebrecht Perú y Constructora Norberto Odebrecht. En el Anexo A se detallan los montos involucrados por un total de 38 millones, 216 mil, 599.76”.
“Las partes evaluarán la mejor forma en que estos montos serán pagados a Odebrecht Perú y Constructora Norberto Odebrecht siendo una de las alternativas ya conocidas y practicadas por las partes en otros Proyectos la distribución desproporcional de resultados a favor de Odebrecht Perú y Constructora Norberto Odebrecht”, se agrega en el documento.
En el Anexo de ese Acuerdo Complementario se encuentran los U$S38 millones de esos pagos no contabilizados que Graña tenía que retribuir. El cuadro tiene tres columnas de valores pagados que sumados a los por pagar, dan los totales. Los ítems que los Graña no entendían tienen cosas como “Kuntur” que para el 2015 ya no existía.
José Graña Miro Quesada y Hernando Graña Acuña son investigados por supuestamente haber recibido US$3 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima de Odebrecht bajo el concepto de distribución de riesgos del proyecto y por los sobrecostos que se generaron en este.
Ambos también afronta otra indagación también por el presunto pago de coimas al expresidente Alejandro Toledo por la Carretera Interoceánica, proyecto ejecutado también en sociedad con la empresa Odebrecht.

Etnocaceristas y UPP, una alianza que muestra sus primeras desavenencias: ¿qué pasa al interior de la nueva bancada?

Por Alicia Rojas Sánchez– Diario El Comercio.
Aunque las principales voces de la nueva bancada de Unión Por el Perú (UPP) han manifestado que las diferencias internas corren por caminos paralelos a la unidad que pregonan, las figuras del etnocacerismo no parecen dar visos de querer ceder a lo acordado en el X Congreso Nacional del partido etnocacerista, que se llevó a cabo el último fin de semana.
Durante esta convención, en la que también estuvo presente Carmen Huidobro, abogada de Antauro Humala, se tomaron como principales acuerdos el pedido de una vocería etnocacerista dentro del grupo partidario de UPP y la inscripción de un propio proyecto político etnocacerista con miras a las próximas elecciones. Dos decisiones que, de no encontrar consenso, podrían motivar la división de la novel bancada que aún no pisa el Hemiciclo.
Unidad en entredicho
José Vega es el actual vocero de UPP y también secretario general del partido que albergó a los seguidores de Humala y al también preso por el ‘andahuaylazo’. Antauro -“el mayor”, como sus correligionarios lo llaman- también tentó un espacio en este nuevo periodo parlamentario, pero fue excluido por la sentencia de 19 años que cumple en el penal de Ancón II.
Aunque la elección de Vega como vocero de la bancada fue ratificada dos veces en las reuniones que tuvieron los electos congresistas, el surgimiento de un nuevo pedido de vocería ha descuadrado los planes de la alianza de UPP con los etnocaceristas, pues para Vega el tema estaba zanjado.
“La bancada, en todas sus reuniones, ha ratificado su vocería. Por lo tanto, este es un tema ajeno. Ya se ha tomado una decisión. Ya fue zanjado y acordado. Cuando hay una decisión mayoritaria, la minoría la acata. Entonces, ya es un tema que se definió y no es materia de discusión”, dijo Vega a El Comercio.
Estimó que estas diferencias en los fueros internos serán superadas, aunque, dice, desconoce qué pudo motivarlas. “No podría responder sobre las motivaciones, pero confío que se van a superar por encima del deseo de una, dos o más personas. A nosotros nos interesa la plataforma que hemos enarbolado en esta campaña”, respondió. Una de las plataformas es, justamente, buscar la libertad de Antauro Humala.
Quien también se manifestó en este sentido de anteponer la unidad a los acuerdos de uno de los sectores de la bancada es Virgilio Acuña, excandidato al Congreso por UPP. “Yo espero que se mantenga la unidad con que hemos hecho las propuestas en la campaña y que cuando juramenten también mantengan la unidad los 13 congresistas”, dijo a este Diario.
Asimismo, aunque sostiene que sabe que hay “planteamientos diferentes”, afirma que la agenda legislativa será la misma que han propuesto en campaña, que se basa en el cambio de la Constitución y la libertad de Humala. Pese a las diferencias que se han podido conocer, sostiene que “no hay ningún cisma y espero que no haya ninguna división”.
Vega también considera que sobre la agenda legislativa no habría variaciones, pues ha sido “decidida por la mayoría”. “Inclusive en el Parlamento hay propuestas que vamos a impulsar como el tema de la lucha contra la corrupción, la seguridad ciudadana, y otros temas que hemos planteado”, mencionó.
Según Vega, hay una estrecha coordinación de la bancada con miras a la Junta Preparatoria, donde una de las integrantes será María Isabel Bartolo Romero, electa congresista de UPP, que con 26 años será la parlamentaria más joven de este Congreso 2020-2021. Bartolo es una de las nuevas parlamentarias cercana al etnocacerismo.
Además del pedido de una vocería, la aspiración de un proyecto político etnocacerista es otro de los acuerdos del X Congreso Nacional que ha sembrado dudas sobre la unidad de la bancada. Pero, para Virgilio Acuña este no es un plan al que habría que oponerse. “Hay que felicitar esa iniciativa y ojalá haya un partido político más que plantee soluciones”, consideró.
“Hay una inmensa mayoría de compatriotas del etnocacerismo, sobre todo [Posemoscrowte] Chagua y [Roberto] Chavarría, que están muy motivados por organizar su propio movimiento político. Nosotros lo saludamos y alentamos, pero eso no se contrapone ni obstruye nuestra alianza con UPP. Ojalá que así como ese partido que proponen ellos haya otros partidos que representen una renovación, una propuesta de cambio en el país. Creo que Chagua y Chavarría tienen el derecho de aspirar a su partido político y eso no invalida la unidad del Frente Patriótico con UPP”, agregó Acuña.
“Antauro está preso, pero está constantemente pendiente de lo que pasa fuera y constantemente está desde Ancón dándonos sus instrucciones e indicaciones para mantener la unidad del Frente Patriótico, porque nuestro compromiso con UPP no es solo las elecciones del 2020, también son las elecciones del 2021, por eso nuestro interés en consolidar la organización”, añadió
Responden las filas etnocaceristas
Roberto Chavarría es uno de los tres nuevos parlamentarios que participó en el ‘Andahuaylazo’, y que estuvo presente en el congreso que celebraron los etnocaceristas a fines de febrero.
Según él, lo acordado sobre una “bancada etnocacerista” no es una decisión motivada solo por los legisladores electos, sino “un mandato del congreso nacional del partido”. “Esa posibilidad de una ruptura con UPP va a depender de la voluntad de UPP. De la voluntad de José Vega de que se respete esa decisión. Nosotros lo que exigimos es que realmente los etnocaceristas tengamos esa representación como corresponde, o sea tengamos la vocería. El partido exige que tengamos una propia representación en el Congreso”, dijo Chavarría a El Comercio. Agregó que esta semana definirían el tema de una posible separación.
Según Chavarría, quienes integrarían una bancada etnocacerista son:

Ministra Rocío Barrios Alvarado pone su cargo a disposición tras ser denunciada por la fiscalía

El fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand acusó a la ministra de la Producción, Rocío Barrios Alvarado, por el delito de peculado doloso por presuntamente apropiarse de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014.
Pero la situación se complica para Barrios porque en su Declaración Jurada de Intereses no consignó que tenía una investigación abierta en la fiscalía anticorrupción. En el apartado seis del formato de Declaración Jurada que presentó el 8 de abril del año pasado cuando ya era ministra de la Producción, Barrios no consideró como relevante que el Ministerio Público la tenía bajo la lupa.
Barrios ha sido imputada por peculado al presuntamente apropiarse de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014.
Según la acusación, la ministra y otras cinco personas habrían simulado contratos, entre julio y diciembre de 2014, por servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la PCM.
Según el Ministerio Público, el costo por los contratos ascendió a S/177,279. No se registraron órdenes de servicios, ni existen constancias de conformidad y tampoco se hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó, indica el documento fiscal.
La ministra de la Producción, Rocío Barrios, reconoció que debió informar en su Declaración Jurada de Intereses sobre la investigación que seguía en su contra el fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand por el presunto delito de peculado doloso.
“Quizás sí [debí consignarlo] por un tema de transparencia absoluta. Le soy honesta, yo no lo tenía mapeado, porque no es una denuncia formal”, declaró a Canal N.
Según la Fiscalía, Barrios se habría apropiado de dinero público cuando era directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en 2014. Por ello pide 9 años de cárcel.

Admite que debió consignar investigación en su Declaración Jurada de Intereses

Contó que, tras conocer sobre la acusación, se comunicó con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, para poner su cargo a disposición porque “eso es lo correcto y lo lógico”.
Rocio Barrios detalló que, a través de un mensaje, le indicó al mandatario: “Quiero recalcarle una vez más que mi cargo está disposición para lo que usted considere pertinente, porque es lo que corresponde”. También dijo que les envió sus descargos.
Fuente: Diario Perú21.

Fiscalía pide nueve años de cárcel para ministra de la Producción

Por ALVARO REYES y CARLOS VIGURIA- Diario Perú21.
Entre julio y diciembre de 2014 –durante el gobierno de Ollanta Humala–, siendo directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rocío Barrios Alvarado, la actual ministra de la Producción, y otras cinco personas simularon contratos por el servicio de mantenimiento de 40 vehículos por el monto de S/177,279.
Esas operaciones no estaban justificadas. Nunca se registraron órdenes de servicio ni existen constancias de conformidad y tampoco hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó.
Esa es la acusación que el fiscal anticorrupción Edwin Manrique interpuso el último 31 de enero ante el Poder Judicial. Es decir, Manrique ya cuenta con las pruebas definitivas que demuestran su imputación y que serán tomadas en cuenta en el juicio. Este no es un caso que recién empiece; de hecho, fue en marzo de 2018 cuando la Fiscalía formalizó la investigación.
¿El gobierno de Martín Vizcarra no sabía del proceso que afrontaba la integrante del gabinete ministerial? Anoche, en el programa 20/20 de Canal N, Barrios señaló que cuando el presidente la convocó, le mencionó que tenía una investigación por “un tema del órgano control, pero que no tiene mayor asidero legal”. Pero no le dijo la verdad completa pues luego admitió que su abogado fue notificado de la formalización de la investigación y, obviamente, no se trataba de una simple acción de control.
AUTORIZÓ LOS PAGOS
A Barrios se le acusa de haber autorizado, a través de una resolución emitida el 30 de diciembre de 2014, el pago de la deuda generada por esos presuntos servicios.
La PCM abonó S/110,123 y S/67,155 a las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna, respectivamente, por el mantenimiento de las camionetas. De acuerdo con el fiscal Manrique, Barrios aprobó esos desembolsos sin constatar que se cumplieron todos los procedimientos previos, una norma básica de carácter administrativo.
Por estos hechos, el Ministerio Público imputa a Rocío Barrios el delito de peculado y pide nueve años y tres meses de prisión para todos los investigados.
En su manifestación a la Fiscalía, la ministra declaró que sí existieron informes que señalaban que las empresas sí prestaron servicios.
PUSO CARGO A DISPOSICIÓN
La ministra Barrios informó en 20/20 que, al conocer de la denuncia, mientras se encontraba en Iquitos, se comunicó con el presidente Vizcarra y con el premier Zeballos y puso su cargo a disposición. “Le escribí un chat (al presidente) que estoy presentando mis descargos pero también recalcarle que mi cargo está a disposición para lo que considere pertinente”, dijo.
Al ser consultada por qué no consignó en su declaración jurada de intereses el proceso por peculado, como reveló Perú21 anoche en su web, Barrios dijo: “No sé si debió estar consignado, quizá sí por transparencia absoluta. No lo tenía mapeado porque no era una denuncia formal”.
Sin embargo, rechazó la denuncia. Dijo que los hechos no ocurrieron en su gestión. “Yo no originé esa contingencia”, subrayó. Alegó que los servicios sí se prestaron y que por eso se pagó. Negó haberse quedado con un sol del Estado.
SEMILLERO
Rocío Barrios no es la única ministra del actual gabinete que trabajó en la gestión de Ollanta Humala. Vizcarra reclutó también a dos viceministros del gobierno humalista: Susana Vilca (Energía y Minas) y Jorge Montenegro (Agricultura).

Fiscalía investiga a ministro de Transportes por colusión

Carlos Lozada Contreras juramentó al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones el 13 de febrero de este año tras la salida de Edmer Trujillo, quien renunció por cuestionamientos en cuanto al Hospital Regional de Moquegua. Sin embargo, ahora es Lozada quien está en medio de un caso de corrupción, el cual se dio cuando era director ejecutivo de Provías Nacional.
Según el programa Cuarto Poder, la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios formalizó una investigación en contra de cinco personas, incluida el actual ministro Carlos Lozada por delitos de colusión simple en agravio del Estado.
La investigación recientemente formalizada está referida a irregularidades presentadas en el 2018 en contratos suscritos por Provías Nacional, cuando Carlos Lozada era director ejecutivo.
La entidad para la cual trabajaba el actual ministro Lozada hizo un contrato con la constructora española San José, para una obra que consistía en la mejora de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, proyecto actualmente paralizado y con contrato resuelto.
Las irregularidades presentes en la obra fueron denunciadas por empresas que perdieron la licitación de esta, sosteniendo que el contrato se suscribió con una firma sin RUC acreditado ni código de cuenta interbancario. Esto llama la atención, pues en el contrato firmado el 15 de mayo de 2018, la empresa española en cuestión aparece sin RUC, un requisito básico para que alguna persona, tanto natural como jurídica, genere ingresos.
En el documento que la empresa San José le presenta a Provías, un día antes de la firma del contrato, esta aclara estar constituyendo una sucursal en nuestro país, por lo cual, una vez realizada, recién se obtendrá un Registro Único de Contribuyente (RUC).
Según la Fiscalía, ninguno de los implicados en la investigación, incluidos el ahora ministro Lozada, hizo observación de este detalle en el contrato, que fue firmado sin inconvenientes a pesar del detalle del RUC, por lo cual la empresa recibió dinero por avances en la obra sin contar con este registro de ingresos.
Sin embargo, a pesar de ello, para enero de 2019 la obra apenas tenía un avance del 45% con un desembolso que sobrepasaba los S/94 millones y, el 18 de febrero de este año, Provías resolvió el contrato con la empresa San José pues, según el ente público, la empresa se mostraba renuente a retomar las obras.
Fuente: Revista CARETAS.
Por Graciela Villasís Rojas– Diario El Comercio.
La fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria a la ex primera dama Nadine Heredia y varios exfuncionarios –entre ellos, algunos ministros de la gestión del entonces presidente Ollanta Humala– por el Caso Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
El Comercio accedió a la disposición fiscal que recoge nuevas evidencias sobre la presunta colusión en la que habrían incurrido funcionarios de la administración de Humala para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht en la adjudicación del millonario proyecto.
Los correos
La decisión de la fiscal Mori se dio después de que el último 13 de febrero el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena resolvió que la investigación preliminar a Heredia por este caso culmine en un plazo máximo de diez días. En respuesta a ese pedido, en un documento de 292 páginas, Mori dispuso proseguir con la formalización de la pesquisa por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada contra la esposa de Humala, los exministros Jorge Merino (Energía y Minas), Eleodoro Mayorga (Energía y Minas), Carlos Paredes (Transportes y Comunicaciones), Luis Miguel Castilla (Economía y Finanzas), el ex primer ministro René Cornejo y una decena de exfuncionarios.
Según los documentos que formalizan la investigación preparatoria, el 17 de febrero del 2014, Rodney Carvalho –de la constructora Odebrecht, empresa que controlaba el consorcio– envió un correo electrónico a Daniel Hokama Kuwae, en ese entonces funcionario de la firma, con el asunto “Reunión en 30 minutos”. En esta comunicación, le preguntó si había “algún mensaje” para Jorge Merino, entonces titular de Energía y Minas. “Me avisas urgente”, concluyó.
Horas más tarde, ese mismo día, nuevamente Carvalho se dirigió a Hokama y le informó que Merino confirmó que había un acuerdo de todos los ministros respecto a que era “solo un contrato”, así como para aumentar las exigencias para los 200 kilómetros de operaciones, además de incluir el factor tiempo. “Esa es tu chamba”, le precisó.
E-mail del 17 de febrero del 2014 en el que Rodney Carvalho le informa a Daniel Hokama que le fue bien con Barata y que el exministro Jorge Merino confirmó que hay un acuerdo de todos los ministros para aumentar las exigencias en la licitación del gasoducto del sur.
E-mail del 17 de febrero del 2014 en el que Rodney Carvalho le informa a Daniel Hokama que le fue bien con Barata y que el exministro Jorge Merino confirmó que hay un acuerdo de todos los ministros para aumentar las exigencias en la licitación del gasoducto del sur.
Para la fiscalía, este correo evidencia que Odebrecht contaba con información privilegiada a través del entonces ministro de Energía y Minas. Según la página web de Perú-Petro, Daniel Hokama es actualmente gerente general de esa empresa estatal (adscrita al Ministerio de Energía y Minas).
Otro dos correos electrónicos incluidos por la fiscalía son los que fueron enviados también por Carvalho la mañana del 10 de abril del 2014.
Esta cadena de mensajes fue remitida a Jesús Saldaña Fernández y David San Frutos Tomé, ambos de la empresa española Enagás (que tenía el 25% del consorcio por el GSP), al exjefe de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, así como a Hernando Graña. “Sería interesante que ustedes hicieran la consulta a Pro Inversión acerca del operador estratégico de modo a estar seguro que ustedes podrán utilizar la empresa correcta tanto en la operación como en la concesión [sic]”, señaló.
Para la fiscalía, por el contenido de esta comunicación, el tema del operador de la concesión fue fundamental para el consorcio y fue tratado por los socios con funcionarios de Pro Inversión. “Me avisa para hacer seguimiento”, dijo Carvalho en uno de ellos. Según la fiscalía, los socios del consorcio fueron “beneficiados en la versión final del contrato de concesión que fue aprobado por acuerdo del Comité Pro Seguridad Energética […] donde se aprecia el cambio de una cláusula fundamental, como es la de operador calificado”.
El comité
Otro elemento que incorpora la fiscalía es que, pese a que Pro Inversión tenía un comité encargado de los proyectos de hidrocarburos, se resolvió crear un grupo con el objetivo de que se abocara a nuevos proyectos por una solicitud expresa de Humala.
Para la fiscalía, este nuevo comité denominado Pro Seguridad Energética estuvo estrechamente vinculado al consorcio ganador del proyecto, que formó Odebrecht.
Un indicio de la injerencia de Palacio –de acuerdo con la disposición fiscal– apunta a que, previamente a la designación formal de los miembros del comité (que se iba a encargar de conducir el proceso de selección de la empresa que realizaría el GSP), Heredia “habría realizado actos ejecutivos en la designación de miembros del comité” .
Según Mori, para este fin, la ex primera dama habría recurrido a su prima Tania Quispe, en ese entonces superintendenta de la Sunat. Quispe –señala la fiscal– habría convocado en el 2013 al entonces asesor del Minem Mario Antonio Nicolini del Castillo, por su experiencia en temas de gas y petróleo, para que integrara el Comité Pro Seguridad Energética que se iba a constituir y que, efectivamente, se constituyó.
Quispe, quien tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de omisión de deberes funcionales y contra la administración pública-peculado en agravio del Estado (caso Club de la Construcción), ha señalado ante la fiscalía que recordaba haber recibido el CV de Nicolini y que al parecerle interesante, “lo envió al presidente Ollanta Humala”.
En tanto, Nicolini ha indicado a la fiscalía que acudió a Palacio de Gobierno el 22 de febrero del 2013 a pedido de Quispe. Manifestó que fue recibido por Heredia, quien le ofreció presidir el comité. Sin embargo, rechazó la propuesta al no estar interesado porque tenía trabajo y estaba haciendo una consultoría para una empresa en la India.
“Lo dicho por el testigo da cuenta de las injerencias de la imputada Nadine Heredia, en su calidad de primera dama, también en esta etapa de conformación del Comité Pro Seguridad Energética”, precisó la fiscal Mori en su resolución.
Colaboradores implican a Merino y Heredia
La formalización de la investigación incluye los testimonios de José Alejandro Graña y Hernando Graña Acuña, exdirectivos de la constructora Graña y Montero (GyM).
Graña Acuña relató que en una reunión con el exministro Jorge Merino conversó sobre cuál sería la mejor forma para que GyM participe en el proyecto. Afirmó que el entonces titular del MEM fue categórico en responderle que Odebrecht “era la empresa con mayores posibilidades y que debíamos ir con ellos”.
En su testimonio, Graña Acuña también hizo referencia a la injerencia de Heredia en la no ejecución de una carta-fianza, ya que habían decidido hacer una nueva licitación del proyecto. La ex primera dama le dijo que no se preocupara porque “el nuevo proyecto consideraba casi la misma ruta que Kuntur” con garantía del Estado.
Sobre este punto, José Graña detalló que Jorge Barata le señaló que Heredia se había comprometido a ayudarlos en la convocatoria debido al aporte de campaña que habían realizado.
Abogado de Heredia aún no fue notificado
Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, indicó a El Comercio que todavía no conoce la disposición de la fiscal Mori que formaliza la investigación preparatoria por el Caso Gasoducto del Sur. “Aún no nos han notificado, de modo que no podría dar ninguna opinión”, dijo.
En tanto, el exministro Luis Castilla expresó que recién ayer fue notificado y evalúa la disposición con su defensa.
Los abogados de los exministros Jorge Merino y Carlos Paredes se excusaron de dar una declaración.
Este Diario también llamó y dejó mensajes a los exministros René Cornejo y Eleodoro Mayorga, pero no obtuvo respuesta.
La exjefa de la Sunat Tania Quispe señaló que no tuvo nada que ver con el tema del gasoducto del sur. “La señora Nadine nunca me pidió que buscara a nadie para el comité. Yo derivé el CV de Mario Nicolini a Palacio a pedido de él, pues este buscaba colaborar con el gobierno”, acotó. 

Nadine Heredia actuó como “funcionaria pública de facto” en Caso Gasoducto

Por Martín Calderón– Diario El Comercio.
La ex primera dama Nadine Heredia actuó como una “funcionaria pública de facto” durante el mandato de su esposo, Ollanta Humala, para favorecer a la empresa Odebrecht en la adjudicación del proyecto del gasoducto sur peruano (GSP). Así lo aseguró la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, en la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria a Heredia y otros exfuncionarios.
Para sustentar esa afirmación, la fiscal Mori cuenta, entre otras pruebas, con el testimonio de un personaje clave en el caso: el exjefe de proyecto del GSP Luis Sánchez Torino, a quien imputa los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.
Sánchez declaró ante la fiscalía el 24 de noviembre del 2016, el 5 de marzo del 2018 y el 17 de junio del 2019. Señaló, entre otros detalles, que Heredia participó en una reunión de coordinación sobre el proyecto GSP, convocada por el entonces presidente Humala a fines del 2013.
En la reunión estuvieron, de acuerdo con el testimonio, dos representantes de la consultora Wood Mackenzie, Nadine Heredia y los miembros del Comité de Pro Seguridad Energética Guillermo Lecarnaqué, Gustavo Navarro Valdivia y Rosa Ortiz Ríos.
Sánchez confirmó a El Comercio esa versión y aseguró que está dispuesto a seguir colaborando con la justicia.
“Declaré en una de mis testimoniales que hubo varios presentes, entre ellos estuvo la señora [Heredia]. Sé que estuvo presente, pero no recuerdo más […] Yo era jefe de proyecto y cumplía funciones técnicas”, dijo.
De acuerdo con la fiscalía, el proyecto estaba direccionado a favor de Odebrecht por disposición de “las altas esferas, como de la primera dama Nadine Heredia”.
La investigación preparatoria de la fiscal Mori imputa a Heredia los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, y la identifica como “funcionaria pública de facto y/o de hecho por delegación de funciones de parte de su cónyuge, Ollanta Humala Tasso”.
El testimonio de Sánchez refuerza las declaraciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata. Estas también fueron incluidas por la fiscal Mori.
Barata señaló que sostuvo comunicaciones “con los ministros responsables de la conducción del proceso, como por ejemplo con el señor [Jorge] Merino Tafur, Eleodoro Mayorga, con la propia señora Nadine Heredia”.
Agregó que en las reuniones o comunicaciones “normalmente se llevaban varios puntos porque Odebrecht tenía en ese entonces en el país una lista larga de proyectos de interés e inversiones”.
“En estas se trataba de listar las dificultades que teníamos en la conducción de cada uno de los proyectos y especialmente en el gasoducto sur peruano […]”, detalló.
Funciones
El personaje clave en este caso, Luis Sánchez Torino, es incluido por la fiscalía en la estructura de la presunta asociación ilícita que operó para favorecer a Odebrecht.
Sánchez aparece en el tercer nivel de la estructura junto a Edgar Ramírez Cadenillas, expresidente del Comité de Pro Seguridad Energética; Gustavo Navarro Valdivia y María del Rosario Patiño Marca de Álvarez, exfuncionarios del mencionado comité.
“Yo no he sido informado oficialmente. Me llama la atención y me he comunicado con mi abogado. He estado yendo a dar mis testimoniales como jefe de proyecto. Siempre he ido a las citaciones para informar sobre mi participación”, dijo a este Diario.
En el primer nivel de la estructura de asociación ilícita se encuentran Humala y Heredia, mientras que en el segundo aparecen los exministros Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Merino Tafur, Carlos Paredes Rodríguez, René Cornejo Díaz y Eleodoro Mayorga Alba.
Según la fiscalía, funcionarios de Odebrecht sostuvieron un pacto colusorio con Heredia y contaron con información privilegiada del proceso para la licitación del GSP.
Más testimonios
La fiscalía cuenta con las declaraciones de Navarro Valdivia, quien –de acuerdo con los documentos que formalizan la investigación preparatoria– también señaló que Heredia participó en una reunión convocada por Humala por el proyecto GSP.
En la disposición fiscal se menciona la declaración de Mario Nicolini Castillo, asesor del entonces ministro de Energía y Minas Jorge Merino Tafur.
Según la fiscalía, Nicolini señaló que conoció a Heredia en Palacio, en una reunión a la que fue citado.
La ex primera dama tenía el currículum de Nicolini y le preguntó si quería presidir el Comité de Pro Seguridad Energética que se iba a armar. Él le contestó que no estaba interesado pues tenía trabajo, de acuerdo con la fiscalía.
Consultado por El Comercio, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, nos indicó que aún no había leído la disposición fiscal y que lo hará.

Los familiares de las víctimas repudian que se esté buscando la revisión de la sentencia de Antauro Humala.

El dolor de las víctimas de Antauro crece ante futuro pedido de libertad

Por DELSY LOYOLA JORGE– Diario Perú21.
Los familiares del suboficial PNP Ricardo Rivera Fernández no imaginaban que la cena para recibir el Año Nuevo 2005 era la última que pasarían con él. Ellos habían escuchado de los movimientos de algunos etnocaceristas encabezados por Antauro Humala en Andahuaylas, pero no pensaban que, días después, Rivera iba a ser una de las víctimas. Su familia creía que se encontraba cumpliendo su servicio habitual en la comisaría de Cotabambas.
Pero el hijo de la señora Cristina fue asesinado la madrugada del 2 de enero, en el segundo día del motín que dejó tres agentes fallecidos más. “Mi hijo estaba tirado en el suelo, agarraba su bolsillito. De pronto alguien se acercó, le tiró algo encima y ahí se quedó”, cuenta entre lágrimas Cristina Fernández, madre del suboficial.
Su vocación por servir a la patria la tuvo desde niño. Con muchos sacrificios, postuló a la escuela policial hasta en tres oportunidades. “La tercera es la vencida”, decía. Y así fue. A los 24 años, pudo por fin alcanzar una vacante para cumplir uno de sus grandes sueños. “Él abandonó su trabajo en un hospital porque quería ser policía. Postuló y postuló, y a la tercera la agarró”, cuenta uno de sus hermanos.
Ricardo Rivera se fue a Andahuaylas sin avisarle a su madre para no preocuparla. A los 41 años, dejó a seis hijos y una familia a la que hoy les quedan pocas fuerzas para seguir luchando, pero que, pese a ello, exigen que Antauro Humala no sea liberado, como lo plantean los virtuales congresistas de Unión por el Perú (UPP) que hoy recibirán sus credenciales.
“No es justo que entren. De tantas personas que pueden entrar, ¿por qué los eligen a ellos?”, protesta la señora Fernández.Cristina Fernández, madre del suboficial Ricardo Rivera fallecido en el Andahuaylazo.
Roberto Chavarría (Junín), Héctor Maquera (Tacna) y Posemoscrowte Chagua (Huancavelica) son los tres electos congresistas para este periodo que completará el quinquenio 2016-2021. Entre sus propuestas bandera, se encuentra la amnistía para Humala. La familia Rivera Fernández confía en que los deudos de las demás víctimas del caso ‘Andahuaylazo’ se encargarán de hacer justicia. “Yo ahora estoy mal de salud, ya no estoy como antes. Ellos la siguen luchando”, dice la madre de Rivera.

LOS PADRES NO DEBEN ENTERRAR A SUS HIJOS

Precisamente Adolfo Cahuana, padre del fallecido capitán Carlos Cahuana, afirma que seguirá el proceso hasta el final para no ver al cabecilla etnocacerista en libertad. Aparenta fortaleza, pero por dentro lleva un dolor irreparable. “Tenemos que estar con los ojos bien abiertos”, le dice a Perú21.
El señor Cahuana se enteró de la muerte de su hijo con la llamada de un familiar que le dijo que encienda el televisor la mañana del 2 de enero. “La partida de mi hijo son sentimientos encontrados. Es doloroso, yo no le deseo a nadie, porque se está quebrando la ley normal de la vida, en la que los hijos deben enterrar a los padres y no los padres a los hijos”, afirma.
Para él, Humala es un “delincuente, asesino, secuestrador, antidemócrata y consumidor de drogas público”. Por eso, advierte de las acciones que podrían tomar sus tres más cercanos aliados en el Congreso.
“Ellos siguen y van a seguir con esa idea que han tenido hace 15 años cuando ocasionaron las muertes de estos policías, que lo único que hicieron fue ponerse a disposición de la democracia y a las finales fueron vilmente asesinados”, señala.
Adolfo Cahuana advierte que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) y hasta a cortes internacionales si UPP logra la amnistía a Antauro Humala.Otro de los deudos que se mantienen expectantes de lo que pueda ocurrir en los siguientes meses es José Chávez, padre del teniente Luis Chávez. Él señala que a ninguna de las familias se les ha pagado hasta ahora los S/280 mil de la reparación civil.
“Ese ser humano no tiene sentimientos, a ninguno de los deudos se les ha dado un centavo. Ahí está la mezquindad después de la gran estupidez que hizo en Andahuaylas”, reprocha. Para el indignado padre, su hijo y los demás policías asesinados siempre serán héroes. “Prestos a servir, listos a morir”, dice, recordando con nostalgia el himno de la PNP.
Virgilio Acuña ha pagado S/130 mil para saldar el 10% de la reparación civil que Humala le debe al Estado.
Ocho electos congresistas de UPP son fieles seguidores del etnocacerismo y obedecerán lo que ordene Humala.