Ministro de Energía y Minas realizó consultorías para Odebrecht y fue asesor de dicha cartera
El Ministerio de Energía y Minas, actualmente a cargo de Juan Carlos Liu Yonsen, es un sector clave en torno al proyecto gasoducto del sur y un actor fundamental frente a la demanda arbitral iniciada por Odebrecht contra el Estado Peruano, e incluso parte de las negociaciones antes de que la constructora brasileña decidiera adoptar tal medida ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Sin embargo, un informe de “Panorama” reveló que Liu Yonsen fue, a través de su empresa Conasac, quién realizó consultorías para Odebrecht. “Prestamos en algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria”, reconoció el ministro, aunque en su declaración jurada de intereses no consigna haber brindado tales servicios.
Pero no solo brindó servicios a la empresa brasileña, sino que posteriormente se desempeñó como asesor del ministerio.
De acuerdo a su declaración jurada de intereses, Liu Yonsen fue asesor del ministerio entre el 2010 y 2014. Sin embargo, también fue consultor externo de la misma cartera.
Es así que al finalizar el 2012 se le solicitó a su empresa preparar un informe de evaluación para definir si el proyecto de gasoducto de sur era cofinanciado o autosostenible. “Lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP (asociación público-privada) podía ser autosostenible”, explicó al citado dominical, precisando que la elaboración del documento tomó “una semana, algo así”, declaró.
Y como era un informe “urgente” y de “mínima cuantía”, recordó el ministro, la consultoría se decidió sin necesidad de concurso.
“Si ProInversión hubiera estado seguro que el proyecto era auto sostenible y no tenía dudas, de repente hasta hubiera prescindido del informe […] Lo que de alguna manera nosotros evaluamos […] fue si los ingresos que podían provenir de las tarifas, podían cubrir eventuales costos del sistema”, explicó.
El documento se tituló: Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano.
Ese informe que data de diciembre del 2012 fue presentado el 3 de enero del 2013 por el entonces titular del sector, Jorge Merino Tafur, al director de ProInversión. Merino solicitó, además, incorporarlo al proceso que dio origen a la licitación del gasoducto, adjudicado en el 2014 al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que encabezó Odebrecht.
Actualmente, Merino es investigado por colusión por la fiscal Geovana Mori, del equipo especial Lava Jato, en el marco de caso gasoducto. Precisamente, entre las imputaciones, se le señala por haber solicitado a ProInversión incorporar el proyecto propuesto en el informe de Liu Yonsen.
“Este informe fue presentado por el ministro como parte de lo que reglamento de la ley de las APP de esa época, señalaba que debía presentarse. El Ministerio de Energía y Minas de la Época, no podía encargar a ProInversión que lleve adelante este proyecto sin el informe que se denominaba en el propio reglamento: informe de evaluación”, detalló.
Un hecho que se relaciona a ese informe se dio el 13 de diciembre del 2012. El Congreso de la República Ley N° 29970 o Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, norma que permitió financiar trabajados del gasoducto. Dicha norma se derogó en enero del 2017, tras conocerse el escándalo de corrupción de Odebrecht.
El ministro aseguró no conocer a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Sin embargo, dijo que durante su gestión se ha reunido con algunos funcionarios de la empresa antes de que esta decida presentar la demanda arbitral, pidiendo US$1,200 millones como indemnización.
Fuente: Diario El Comercio.
Gato en la despensa del gasoducto
Excongresista Rosa Bartra denuncia que el actual titular de Energía y Minas tiene conflicto de intereses porque la consultora que gerenciaba emitió un informe favorable al proyecto del GSP en el gobierno de Humala.
La frase de que la empresa Odebrecht “pone y saca” autoridades en el país no ha dejado de ser cierta, al punto de seguir eligiendo funcionarios para salvaguardar sus intereses en contra del Estado Peruano, así lo afirmó la extitular de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, quien refirió que el autor del “Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del Gasoducto Sur Peruano” (GSP), es el actual ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen.
Bartra explicó que esto ocurre no solo con la anuencia del gobierno de Martín Vizcarra sino con la “complicidad absoluta de ellos”; en ese sentido estimó que en primer lugar se debe poner en evidencia a esos funcionarios que son los actores de esta estafa para que no nos vuelvan a engañar, tal como lo han hecho durante los últimos 20 años.
“Si el autor del proyecto Mejoras a la seguridad energética del Gasoducto Sur Peruano es el actual ministro de Energía y Minas y es él quien va a estar a cargo de las negociaciones en este momento en este proceso; además, fue él quien en el 2013 diseñó la forma y el costo de operación del proyecto más caro de la historia del Perú, y es el que va a cerrar el proyecto, ahora no me queda la menor duda de que Odebrecht sigue mandando en el Perú”, dijo.
La extitular de la Comisión Lava Jato avaló sus declaraciones en razón a un documento emitido el 3 de enero del 2013, cuando el exministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, remitió el oficio N° 002-2013-DM, dirigido al director ejecutivo de Proinversión, Javier Illescas, con el fin de solicitarle se sirva a incorporar al proceso de promoción de la inversión privada el proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País al Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP)”.
En este documento, al que EXPRESO tuvo acceso en forma exclusiva, se adjunta el informe de evaluación del proyecto preparado en diciembre del 2012 para el Ministerio de Energía y Minas por la consultora COSANAC S.A.C, entidad en la que Juan Carlos Liu Yonsen, actual titular del sector, figuraba como gerente general.
Este informe de evaluación detalla aspectos importantes del proyecto, como la demanda y oferta existente de gas, la inversión, costo estimado de operación y mantenimiento, la evaluación económica financiera preliminar como Asociación Público Privada (APP), entre otros aspectos. Es decir, un informe favorable en la mayoría de sus términos.
Cabe referir que hace unos días el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, indicó que la consultora Mott MacDonald presentará su “informe definitivo” en marzo, a partir del cual se debería convocar la licitación para el GSP, ahora SIT-GAS.
Al respecto el ministro Liu Yonsen explicó que el cuarto informe de la consultora internacional señalará el posible valor de los activos del gasoducto. “El monto de los activos, que son de propiedad de las empresas consorciadas en el GSP, está sujeto a evaluación por una empresa que el Estado ha contratado: la consultora Mott MacDonald”, apuntó.
Una vez se emita el informe, y tomando en consideración el monto que indique, “va a ser evaluado si podríamos llegar a un acuerdo con las empresas”. Es decir, el ministro en cuestión sí participará en esta negociación, lo cual configuraría mínimamente un conflicto de interés, según Bartra Barriga.
TODO EMPEZÓ
Como se sabe, el 22 de enero de 2020, a pocos días de realizarse las últimas elecciones congresales, el director presidente de Odebrecht, Ruy Lemos Sampaio, y el director jurídico de esta constructora, Rogelio da Nova, enviaron una carta al coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela Barba, en la que le recordaba “la importancia que tenía el Perú en la historia de Odebrecht”.
Después de narrar su historial de que en el Perú iniciaron su experiencia internacional con 75 proyectos a lo largo del tiempo, contando en años recientes con más de 22 mil trabajadores peruanos, luego precisan que Odebrecht inició el proceso de colaboración eficaz con el Ministerio Público del Perú desde el 2016 y que culminó con la homologación del mismo el 17 de junio del 2019 ante el Poder Judicial.
Incluso recordaron que al haber declarado la caducidad del contrato de concesión durante la gestión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski ya se habría iniciado el proceso de colaboración eficaz.
“Actualmente el Sr. Kuczynski se encuentra con arresto domiciliario a raíz de informaciones del proceso de colaboración eficaz continuo de la empresa, quedando en evidencia que la terminación del contrato fue realizado con desvío de finalidad, motivados por intereses personales y no públicos, al tener el propósito de expulsar a Odebrecht del país y de esta forma evitar que la colaboración eficaz pudiera avanzar”, se lee en parte de la carta.
No obstante, respecto del Proyecto GSP recordaron que desde que se resolvió el contrato en enero del 2017 se consolidó “un golpe muy fuerte a la compañía”, especialmente frente a determinados y muy relevantes grupos acreedores financieros y aseguradoras internacionales.
Añaden que para Odebrecht el Proyecto GSP “es viable y vital para el desarrollo del Perú”, principalmente para el sur del país garantizando mayor equilibrio y seguridad a la matriz energética.
Sin embargo, según la llamada transnacional del delito, “no hay posibilidad de que la compañía no ejerza las acciones necesarias para intentar recuperar la inversión realizada en el proyecto GSP” pues eso significaría una grave violación de obligaciones fiduciarias frente a acreedores de la constructora.
“Tal como se tuvo la oportunidad de informar, en enero iba a ocurrir el vencimiento de un plazo bajo Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Perú y Bélgica-Luxemburgo lo que implicaría en la prescripción de un derecho de acción de la empresa para intentar recuperar la inversión realizada.
Odebrecht dice que intentó entenderse con el Ministerio de Energía y Minas así como con el Ministerio de Economía y Finanzas con el propósito de postergar la fecha de vencimiento e iniciar las negociaciones para solucionar la controversia. Al no tener éxito la compañía agrega que no tuvo otra alternativa que presentar la demanda arbitral ante el CIADI el 21 de enero del 2020.
Último comunicado
El 7 de febrero último Odebrecht sostuvo que continuaba dispuesta a encontrar junto al Estado una solución que permita suspender el proceso arbitral, garantizando lo más pronto posible “el reinicio del Proyecto GSP por otro inversionista privado, sin costos para el Estado”.
Recordó a través de ese comunicado que hasta la fecha hizo todos los esfuerzos junto a las autoridades correspondientes para firmar un acta de prórroga de este plazo permitiendo al gobierno evaluar nuevas alternativas para retomar el GSP. Del mismo modo reafirmó su voluntad de preservar y seguir cumpliendo de forma integral el Acuerdo de Colaboración”.
NO ES NUEVO
Para Bartra la carta enviada al Equipo Especial no representaba algo nuevo dentro del esquema de la constructora. “Advertimos hace más de un año, respecto a la ruta que había trazado Odebrecht para poder hacerse del máximo dinero posible de todos los peruanos, tal cual nosotros dijimos que iba a ocurrir, eso pasó, nos demandaron ante el CIADI por 1,200 millones de dólares”, dijo.
La excongresista precisó que si nos detenemos en la carta y hacemos un análisis de esta, nos daremos cuenta de que está llena de mensajes encubiertos e indirectos al Poder Ejecutivo señalando cómo deberían proceder. “En la carta del 22 de enero ya les dice a ellos que lo que buscan es que el proyecto se ejecute y que por lo tanto ellos puedan recuperar su inversión”.
Para la excongresista esto se corrobora con el comunicado del 7 de febrero porque refiere que el proyecto es viable y vital para el desarrollo del Perú. “¿Es verdad? ¿El proyecto es vital y viable para el desarrollo del Perú? Nosotros creemos que definitivamente en las condiciones en las que fue concebido no”, apuntó.
Para Odebrecht es viable porque les va a dar el dinero que necesitan para salir de la quiebra en la que se encuentran y de la cual están saliendo gracias al dinero que debió ser para colegios, hospitales, carreteras que tanta falta le hacen a nuestras provincias, a las regiones, a los peruanos, dice Bartra.
Según la exparlamentaria lo que Odebrecht quiere es que, con el cuento de que el Estado peruano no va a invertir más dinero, pueden recuperar lo que supuestamente han invertido y esto es falso. “Esto es mentira porque si se ejecuta ese proyecto, si se vuelve a licitar ese proyecto, entonces yo creo que sí vamos a terminar de darle a Odebrecht todo lo que pretende. Y esto no es posible sin un análisis serio, sin tener números que realmente den cuenta de que este es un proyecto viable en el 2020”.
LO SACAMOS
Pero lo más grave de los mensajes de Odebrecht es que indirectamente refieren que sacaron a Kuczynski de su cargo gracias a la información que entregaron. “Dicen que ahora él se encuentra en estos momentos con arresto domiciliario, eso ¿es un mensaje acaso para los funcionarios del señor Vizcarra o para Vizcarra mismo? Y luego tienen que licitar nuevamente, que ese sería el camino para que se pueda llegar a un acuerdo”.
Ellos mismos dicen que la empresa ha hecho todos los esfuerzos junto a las autoridades correspondientes para firmar un acta de prórroga de este plazo permitiendo al gobierno evaluar nuevas alternativas para retomar el Gasoducto. Y ellos están pidiendo que se retome, y eso está siendo finalmente aceptado por el Gobierno.
Odebrecht “está en su derecho” de demandarnos”
El fiscal coordinador del caso Lava Jato, Rafael Vela Rafael Vela, sostuvo que la constructora brasileña Odebrecht está en su derecho de presentar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Si Odebrecht tiene una pretensión de este tipo, que puede ser absurda para muchos, incluso incomprensible, para nosotros está dentro de su derecho”, sostuvo en entrevista con El Comercio.
Agregó que, como contrapartida, el acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht incorporó una cláusula dentro de la cual toda la información a la que se accede dentro del mismo es pasible de ser usada contra la propia firma brasileña.
“Está también dentro de nuestro derecho y obligación el dar toda la información al Estado Peruano para que se pueda defender con solidez”, comentó.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen, admitió en declaraciones a Correo que en diciembre del 2019, “el procurador Jorge Ramírez, del Ministerio de Justicia, me pidió una reunión para que atienda a funcionarios de Odebrecht que estaban interesados en que les explicásemos cómo iba el tema del gasoducto hacia el sur”.
La reunión, según el funcionario, se llevó a cabo el 9 de enero, en la que los voceros de Odebrecht “querían llegar a unos acuerdos”.
“Plantéenselo al procurador que los ha traído y que él lo haga llegar a las instancias correspondientes”, dice que fue su respuesta a los emisarios de la empresa corrupta traídos por Ramírez.
Esta reunión, que no fue debidamente transparentada, se llevó a cabo con Mauricio Cruz, nuevo director regional de Odebrecht; Rogelio Bautista, director de la compañía, y dos funcionarios peruanos de nombres Ricardo Escobar y Ricardo Luis Machado.
El MEM no consignó en el cuaderno de visitas que los susodichos son importantes ejecutivos de Odebrecht y, más bien, los incluyó en la categoría de “otros”.
Por otro lado, en declaraciones para Panorama, Liu Yonsen se vio obligado a reconocer vínculos con Odebrecht que se arrastran desde el régimen de Ollanta Humala.
“Prestamos, en algunos momentos, algunos servicios a la empresa Odebretch, pero eran de naturaleza regulatoria”, señaló.
Agregó que no entabló diálogo con Jorge Barata, exrepresentante de la compañía en el Perú, pero se negó a detallar con quiénes sí habría dialogado para gestionar la consultoría.
Fuente: Diario EXPRESO.