Adelantos millonarios sin expediente técnico en hospital de Moquegua
Por PLINIO ESQUINARILA- Diario EXPRESO.
A fines de mayo de este año la Contraloría General de la República dio a conocer en Moquegua una auditoría de cumplimiento que puso al descubierto cuatro presuntas irregularidades de connotación penal en que habrían incurrido las autoridades en la construcción del Hospital Regional de Moquegua cuando era gobernador el actual presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, entre los años 2011 y 2014.
Las conclusiones están en el Informe de Auditoría N°1297-2018-CG/MPROY-AC que puso al descubierto el hecho de que un grupo de funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua (GRM) tramitaron y pagaron en tiempo récord un adelanto de S/24’691,318.16 para la ejecución de la obra sin la aprobación del expediente técnico que tuvo lugar un año después, el 29 de diciembre de 2014 mediante resolución regional Nº1781-2014-GR/MOQ.
Es más, la auditoría concluyó que funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua aprobaron el expediente técnico de la obra a pesar de que estaba incompleto y observado por los especialistas supervisores.
Vayamos por partes y cucharadas. El adelanto en mención, tal como lo ordena el contrato suscrito el 18 de diciembre de 2013 entre la región y el Consorcio Hospitalario Moquegua, conformado por las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A–ICCGSA e INCOT S.A.C Contratistas Generales, por un monto de S/123’456,590.70, ordena efectivamente que el pago adelantado debe hacerse con el expediente técnico de la obra aprobado y visado por el sector correspondiente, que para el caso es el Ministerio de Salud.
Los citados términos de referencia precisan, en el numeral 7.5.15 sobre Adelantos, suscrito entre el Gobierno Regional y el Consorcio, que los papeles para la entrega del adelanto directo del 20 % del total del monto “deberán ser presentados dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la aprobación del Expediente Técnico”.
Y la respectiva cancelación se dará, añade el informe, dentro de los siete días calendarios posteriores a la presentación de la carta fianza, “por lo que se puede colegir que la entrega del Adelanto Directo correspondía a los componentes de construcción y no para la elaboración del expediente técnico”.
Se debe precisar, según los documentos a los que EXPRESO tuvo acceso, que lo presupuestado en las bases para el expediente técnico llegaba a un monto de 3’668,974.00 soles, trabajo que estaba a cargo de la firma Asesores Técnicos Asociados (ATA), de propiedad de Manuel Hernández Calderón.
¿Cómo se hizo este adelanto ilegal que además fue en tiempo récord? Resulta que el 20 de diciembre el consorcio presenta la solicitud del adelanto directo por S/24’691,318.16 y adjunta la factura Nº001-000001 de la misma fecha.
El 23 de ese mes, Mesa de Partes de la región deriva el pedido a la directora regional de Administración. Y este mismo día, mediante proveído, la directora instruye al jefe de Proyectos Estratégicos, David Mendoza Fernández, con un “sírvase alcanzar la debida certificación para el adelanto”.
También en el acto Mendoza emite el informe N°395-2013-DLMF con el que solicita al gerente regional de Planeamiento y Presupuesto otorgar el adelanto.
El 26 de diciembre, un día después de Navidad, el jefe de Proyectos Estratégicos emitió otro informe a la Dirección Regional de Administración para que el trámite de entrega del adelanto prosiga.
Luego, siempre el mismo día, la dirección antes citada, mediante memorándum N°2309-2013-DRA, autorizó al director de Logística y Servicios Generales, Juan Corasi Delgado, “efectuar el adelanto”, “amparado en la Ley de Contrataciones del Estado”.
Hasta que el 27 de diciembre de 2013, a tres días que Martín Vizcarra dejara la gubernatura regional, la contratista recibe el cheque por S/21’728,380.16, que ya contiene la retención de la detracción, como consta en el comprobante de pago N°12235, pero este expedientillo “solo cuenta con el sello y visto bueno de la jefa de la Oficina de Tesorería, Celia Elizabeth Cruz Quispe, y de la Dirección Regional de Administración”.
Dicha oficina “autorizó la forma de pago mediante cheque girado, y no [se observa los vistos buenos del] Área de Control Interno ni del titular de la Oficina de Contabilidad”.
ABONO DIRECTO
Obviamente que este procedimiento era además violatorio de la directiva de Economía y Finanzas Nº001-2007-EF/77.15 vigente en ese entonces, que ordenaba que los pagos a los proveedores se hicieran no con cheques sino “mediante abono directo en sus cuentas bancarias”.
Finalmente, sucedió algo controversial. El mismo 27 de diciembre el Consorcio Hospitalario de Moquegua solicitó al Gobierno Regional “la devolución de su factura Nº001-000001 y remitió la Factura Nº 001-000002 por el mismo importe para los trámites respectivos”.
¿Qué había pasado? La Contraloría considera que los funcionarios implicados hicieron el trámite sin contar con la documentación original, toda vez que el contratista había entregado su factura N°001-000002, de los más de 24 millones de soles, en la oficina de coordinación de la región en Lima el 27 de diciembre mediante carta N°004-2013-CHM.
Esta documentación original llegó al Área de Trámite Documentario de Moquegua el 30 de diciembre de 2013, un día antes de la salida de Vizcarra de la presidencia regional, siendo derivaba el mismo día a la Dirección Regional de Administración. Era pues la factura original, por lo que se dio la orden de incorporarla al expediente.
La Dirección de Finanzas recibió la carta recién el 2 de enero de 2014 y mediante proveído del 3 de enero de 2014 se ordenó al funcionario Martín Vásquez cambiar la factura (“adosar a C/P 12235 SIAF 22294-2013”). El nuevo gobernador regional ya era Jaime Rodríguez.
Este presunto ilícito “ocasionó que se le favorezca [a la contratista] con pagos que no correspondían” por la cifra antes indicada, “otorgándole liquidez y el beneficio de amortizar el adelanto directo en cuotas mensuales en cada valorización”, advierte la Contraloría.
Lo que ha sucedido con el hospital de Moquegua es en pequeño lo que hacía Odebrecht en buena parte de los proyectos, como en las Interoceánicas del sur, donde trabajaba principalmente con recursos del erario público, praxis que habría copiado su consorciada ICCGSA, la capitana en el Consorcio Hospitalario Moquegua.
Cuando Rodríguez reemplaza a Vizcarra, se da con la sorpresa de que el proyecto había sido derivado al sector Salud e hizo el trámite para retornarlo a Moquegua y luego mandó a revisar el expediente. Se dice que retrasó los trabajos de la ejecución en unos seis meses.
Es por ello que el consorcio pidió al gobierno regional ampliar a 360 días el plazo de entrega, pedido que fue negado, aunque se aceptó ampliarlo a 313 días, de acuerdo a una resolución del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, ordenando además el pago de 1 millón 392 mil 842 soles más el IGV e intereses por concepto de mayores gastos por retrasos.
ARCHIVANDO EL CASO
En abril de 2015 la Procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua formalizó denuncia penal en contra del ex gobernador regional Martín Vizcarra y otros funcionarios por los presuntos delitos de colusión, peculado, contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir.
El abogado de la procuraduría de la región, Suyen Mercado, fundamenta un escrito en el sentido de que Vizcarra aprobó un expediente por S/109 millones, cuando en el original está consignado por S/154 millones. Se dio luz verde, acotó, no obstante que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto estaba observado.
Además de Vizcarra fueron comprendidos en las investigaciones el exgerente del Gobierno Regional de Moquegua y ex ministro de Transportes y Comunicaciones del actual gobierno, Edmer Trujillo; la exdirectora de Administración, Nelly Salazar; el exgerente de Infraestructura, José Luis Núñez, y el jefe del proyecto, David Mendoza.
Después la denuncia alcanzó también al exgobernador Jaime Rodríguez y, obvio, a los representantes de las empresas del consorcio, José Morales de ICCGSA, y de Incot S.A.C Jorge Iturrizaga.
El caso llegó al despacho del fiscal anticorrupción Luis Ortiz Ticona, quien lo archivó, aunque después fue motivo de otras denuncias que también fueron archivadas. En esa velocidad estuvo el actual fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, cuando trabajaba en Moquegua, donde hizo amistad con el hoy presidente.
La investigación fue reabierta después que el dirigente del Frente Anticorrupción de la zona, Jesús Paredes, presentara un nuevo escrito ante la Fiscalía de la Nación, el 7 de junio de 2018, ante el despacho del fiscal supremo Pablo Sánchez, quien lo derivó a Moquegua.
“Yo he presentado la denuncia por peculado, malversación de fondos y actos de corrupción. En ese hospital se calcula que se ha invertido cerca de 270 millones de soles, cuando el contrato era por poco más de 123 millones. Es una obra que ha sobrepasado los montos y hasta ahora no termina”, declaró Paredes a EXPRESO en su edición del 16 de agosto de 2018.
Ubicado en la avenida Simón Bolívar, el hospital moqueguano seria inaugurado en julio próximo, según la prensa del lugar.
LOS OTROS CASOS
Para la Contraloría, un segundo problema fue el hecho de que funcionarios de la región Moquegua tramitaron y pagaron el adelanto de materiales para la ejecución de la obra del nuevo hospital antes de que se cumplan las condiciones para su otorgamiento.
Se hizo esto “con un sustento técnico avalado por la supervisión pero que presentaba inconsistencias, y cuyo cronograma de adquisición de materiales y fórmulas polinómicas empleadas para el cálculo máximo a otorgar no eran concordantes con el expediente técnico aprobado”, señala una nota de resumen.
A lo anterior se suma que “los índices considerados en dichas fórmulas no corresponden a materiales y/o insumos y que devienen de un presupuesto que contiene adicionales de obra; beneficiando al contratista con S/40’897,217.49”.
Una tercera observación indica que la región y la supervisora aprobaron el Adicional de Obra N°1 por mayores áreas funcionales. “Siendo obligación del contratista el diseño arquitectónico del proyecto de un establecimiento de salud tipo II-2 bajo el sistema de contratación a suma alzada, lo benefició con el pago adicional de S/5’034,073.47 por mayores metrados, por trabajos que eran de su responsabilidad”.
“Finalmente, la auditoría concluyó en que funcionarios de la entidad aprobaron el expediente técnico de obra, a pesar de que estaba incompleto y observado por los especialistas de la supervisión”.
El esquema de OAS en el Cusco se habría copiado en Moquegua
El 30 de mayo de este año, Valfredo de Assis Ribeiro, gerente general de OAS en el Perú, declaró en Brasil el ‘modus operandi’ de los sobornos de 8 % del valor de la obra para ejecutarse el hospital Antonio Lorena del Cusco, con participación de un operador ligado a UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos).
Esta noticia preocupó sobremanera en Palacio de Gobierno, porque en fuentes judiciales se dijo que el mismo ‘modus operandi’ tuvo lugar con la licitación del hospital moqueguano donde participaron empresas ligadas al “Club de la Construcción” donde el pago habitual de sobornos era del 3 %.
Fernando Cotrim Barbieri UNOPS (Foto: ANDINA/Norman Córdova)
Cuando se firma el contrato para construir el hospital de Moquegua, el 18 de diciembre de 2013, participaron en la rúbrica el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra, flanqueado por un funcionario de UNOPS de nombre Fernando Cotrim, entre otros.
“Para realizar la licitación de este gran proyecto, tuvimos el soporte de UNOPS, esto nos garantizó la transparencia del proceso. UNOPS evaluó los expedientes, las propuestas presentadas, las capacidades técnicas de los proponentes y revisó los estados financieros de las firmas contratistas. En este proceso también participaron nuestros expertos”, dijo el entonces titular del Gobierno Regional de Moquegua, Martín Vizcarra.
“En ambos casos [en el hospital regional y en la irrigación Lomas de Ilo], UNOPS brindó asistencia para fortalecer las capacidades operativas del gobierno regional de Moquegua en la gestión de las licitaciones” que en su turno Cotrim calificó de transparentes.
Por lo visto, la transparencia fue retórica. Y es que al poco tiempo, en julio de 2015 una comisión investigadora sobre el Hospital Lorena del Cusco llegó a la conclusión de que UNOPS fue parte de una colusión con el Gobierno Regional del Cusco para favorecer a OAS con una coima que ahora se sabe habría llegado a unos 15.8 millones de soles.
“Aldo Belaunde [Gensollen] era responsable de garantizar la victoria de OAS en la licitación, según él, por su influencia en UNOPS, aunque no nos haya dicho con quiénes o de qué manera coordinaba con UNOPS”, relató el colaborador eficaz 101-2019 a los fiscales peruanos que lo interrogaron en Brasil en marzo de este año.
OAS ganó en el Cusco porque lo más probable es que obtuvo anticipadamente los documentos de las bases, lo que le posibilitó de manera distinta tener más tiempo para la elaboración de sus estudios, se afirma en esa región. ¿Ha sucedido lo mismo en Moquegua?
ANÁLISIS ACUMULATIVO
En las bases del concurso para la “Elaboración del Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra y Construcción de Obra: ‘Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua, Nivel II-2’”, de octubre de 2013, la citada entidad de Naciones Unidas anunciaba que “la evaluación de propuestas se hará bajo el método de análisis acumulativo, mejor valor (técnico y financiero) y oferta más ajustada a los requerimientos (…). La adjudicación de contrato se hará al proponente que obtenga el punta total más alto”.
Pero ahora se sabe que el supuesto tecnicismo de dicho organismo internacional colisiona con los incumplimientos probados en materia de ausencia del expediente técnico de la ejecución de obra.
EXPRESO se comunicó con expertos que participaron en obras en el sur, en particular en Moquegua, y la versión de ellos –solicitando previamente el anonimato– es que UNOPS es una entidad bastante permisiva en materia técnica, por ejemplo, en no ser exigentes en los estudios de perfectibilidad bien sustentados.
Demoledor informe de Contraloría: trafaza en el Hospital de Moquegua durante gestión de Vizcarra
Según investigación del periodista Plinio Esquinarila para el Diario Expreso, un reciente Informe de Auditoría N°1297-2018-CG/MPROY-AC de la Contraloría General de la República establece que funcionarios del Gobierno Regional de Moquegua durante la gestión del hoy presidente Martín Vizcarra habrían festinado en tiempo sospechosamente récord un adelanto de más de veinticuatro millones de soles para el nuevo hospital de Moquegua, a fines de diciembre de 2013.
En ese sentido, Expreso sostiene que “lo que ha sucedido con el hospital de Moquegua es en pequeño lo que hacía Odebrecht en buena parte de los proyectos, como en las Interoceánicas del sur, donde trabajaba principalmente con recursos del erario público, praxis que habría copiado su consorciada ICCGSA, la capitana en el Consorcio Hospitalario Moquegua”.
La cronología
18 de diciembre de 2013: El gobernador regional, Martín Vizcarra, firma el contrato para construir el hospital de Moquegua acompañado, entre otros, por Fernando Cotrim, un funcionario de UNOPS.
20 de diciembre de 2013: El Consorcio Hospitalario Moquegua, conformado por las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A–ICCGSA e INCOT S.A.C Contratistas Generales, solicita el adelanto directo por S/24’691,318.16.
23 de diciembre de 2013 (tres días después): Mesa de Partes deriva pedido a la directora regional de Administración, quien EL MISMO DÍA le pide al jefe de Proyectos Estratégicos, David Mendoza Fernández, certificar el adelanto. Mendoza hace esto también el MISMO DÍA con un informe que solicita al gerente regional de Planeamiento y Presupuesto otorgarlo.
26 de diciembre de 2013: Mendoza emite otro informe a la Dirección Regional de Administración para que el proceso del adelanto prosiga. Otra vez, EL MISMO DÍA, esta dirección autoriza al director de Logística y Servicios Generales, Juan Corasi Delgado, “efectuar el adelanto”, “amparado en la Ley de Contrataciones del Estado”.
27 de diciembre de 2013 (tres días antes de que Vizcarra deje la gubernatura regional): el contratista recibe el cheque por S/21’728,380.16, con la retención de la detracción, y solo con el sello y visto bueno de la jefa de la Oficina de Tesorería, Celia Elizabeth Cruz Quispe, y de la Dirección Regional de Administración sin los visos del Área de Control Interno ni del titular de la Oficina de Contabilidad. Pero este MISMO DÍA, ¡el Consorcio Hospitalario de Moquegua solicita la devolución de la primera factura y remite una nueva a la oficina de coordinación de la región en Lima el 27 de diciembre!
30 de diciembre de 2013 (un día antes de la salida de Vizcarra de la gobernación): La nueva factura llegó al Área de Trámite Documentario de Moquegua y fue derivada EL MISMO DÍA a la Dirección Regional de Administración con orden de incorporarla al expediente.
2 de enero de 2014: La Dirección de Finanzas recibió la orden.
3 de enero de 2014 (el nuevo gobernador regional ya era Jaime Rodríguez): Se indica al funcionario Martín Vásquez cambiar la factura.
Abril de 2015: La Procuraduría del Gobierno Regional de Moquegua denunció penalmente a Martín Vizcarra; al ex ministro de Transportes y Comunicaciones del actual gobierno, Edmer Trujillo; a la exdirectora de Administración, Nelly Salazar; al exgerente de Infraestructura, José Luis Núñez, y al jefe del proyecto, David Mendoza; al exgobernador Jaime Rodríguez; a los representantes de las empresas del consorcio, José Morales de ICCGSA, y de Incot S.A.C Jorge Iturrizaga. ¿Los delitos? Colusión, peculado contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir.
De acuerdo con Expreso, “el caso llegó al despacho del fiscal anticorrupción Luis Ortiz Ticona, quien lo archivó, aunque después fue motivo de otras denuncias que también fueron archivadas. En esa velocidad estuvo el actual fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, cuando trabajaba en Moquegua, donde hizo amistad con el hoy presidente”.
7 de junio de 2018: Jesús Paredes, dirigente del Frente Anticorrupción de la zona, presentó un nuevo escrito ante la Fiscalía de la Nación –que Pablo Sánchez derivó a Moquegua– y la investigación fue reabierta.
¿Cuáles son los cuestionamientos?
Además de la extraña celeridad en el otorgamiento del adelanto, el expediente técnico de dicha obra estaba incompleto y tenía observaciones de los especialistas supervisores, y tampoco contaba en ese momento con la aprobación (esta se dio recién un año después).
El adelanto en cheque contravino la directiva de Economía y Finanzas vigente en esa época, que ordenaba que los pagos a los proveedores se hicieran NO CON CHEQUES sino “mediante ABONO DIRECTO EN CUENTA BANCARIA”.
Por ello, la Contraloría considera que el trámite de adelanto se efectuó sin contar con la documentación original.
Según Contraloría, el contratista recibió “pagos que no correspondían” que le otorgaron “liquidez y el beneficio de amortizar el adelanto directo en cuotas mensuales”.
Toda la operación descrita arriba encajaría con el esquema admitido en Brasil por Valfredo de Assis Ribeiro, gerente general de OAS en el Perú. El ‘modus operandi’ de los sobornos incluía a un operador ligado a UNOPS (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos). ¿Recuerdan QUIÉN acompañó a Vizcarra en la firma del proyecto para el Hospital?
Fuentes judiciales sostienen que en la licitación del hospital moqueguano participaron empresas ligadas al “Club de la Construcción” cuyo porcentaje de sobornos era de 3%.
Fuente: Político.pe
La inmunidad presidencial
“HACE 15 DÍAS YO LE HE HECHO LLEGAR UNA CARTA AL FISCAL [WALKER] RÍOS Y LE HE DICHO ‘FISCAL OLVIDE QUE SOY PRESIDENTE, ESTOY A SU DISPOSICIÓN, CONTINÚE CON LA INVESTIGACIÓN Y CÍTEME A DECLARAR ANTE CUALQUIER DUDA’, SE LO HE DICHO POR ESCRITO […] PRÁCTICAMENTE ME HE PUESTO [A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO]…”.
Esta afirmación es falsa: El ex presidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola explicó a El Comercio que la carta que envió a Martín Vizcarra al fiscal Ríos “no tiene ningún efecto jurídico”, porque el artículo 117 de la Constitución es claro al establecer que el jefe de Estado, durante su mandato, solo puede ser acusado por traición a la patria; por impedir las elecciones; por disolver el Congreso fuera de la Carta Magna y por impedir el funcionamiento de los órganos electorales.
“Este es un mandato constitucional que nadie puede desobedecer, ni el mismo presidente. Lo que trata la Constitución es garantizar que quien ejerce la función de jefe de Estado no sea tocado por ningún motivo para no alterar el pleno funcionamiento del sistema democrático”, manifestó.
Urviola refirió que la misiva del presidente solo “es un gesto político”.
Es decir, Vizcarra no puede ser procesado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Gobierno Regional de Moquegua, que el Ministerio Público le imputó antes de que asuma la Presidencia de la República en marzo del año pasado.
El problema de la corrupción
“HACE SOLO UN AÑO, ¿EN QUÉ PRIORIDAD ESTABA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN? ¿ERA LA SEXTA, LA OCTAVA O LA DÉCIMA? NO ESTABA EN EL LISTADO. CUANDO HACÍAN LAS FAMOSAS ENCUESTAS NO EXISTÍA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN COMO UNA PRIORIDAD, AHORA ESTÁ PRIMERITO JUSTO CON LA INSEGURIDAD CIUDADANA, QUE SON DOS TEMAS QUE TENEMOS QUE TRABAJAR”.
Esta afirmación es falsa: Al menos desde el 2007, según cifras de El Comercio-Ipsos, la corrupción ha sido uno de los cinco principales problemas del país. Por ejemplo, en el 2016 y 2017, durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue el segundo mayor problema del Perú con 47% y 52%, respectivamente.
Y en abril de 2018, cuando Martín Vizcarra sucedió a PPK en Palacio de Gobierno, la corrupción se convirtió en el principal problema del país con 57%. Este primer lugar no se repetía desde el 2010, durante el segundo gobierno de Alan García.
Incluso, el 33% opinó que el primer Gabinete Ministerial nombrado en abril del año pasado por el actual jefe de Estado debía priorizar medidas para luchar contra la corrupción.
Fuente: Diario El Comercio.