Caso Las Bambas: ¿por qué no se apaga el conflicto?

Por PAOLO BENZA- Semana Económica.
“Gratis no te va a salir, pero no puedes ir con un cheque que diga: ‘diez millones y terminas ahorita’”. Esta frase de la consultora minera Marita Chappuis es el punto de partida para entender la recurrencia de los conflictos sociales en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas. El desembolso de dinero como estrategia reactiva ante conflictos y la negociación asimétrica con comunidades que forman parte de un tejido social débil, sumados a la persistente precariedad de las condiciones de vida en la zona, han configurado un escenario que propicia la repetición del conflicto todos los años. La ineficiencia de esta estrategia de relacionamiento comunitario recae tanto en la empresa como en el Estado.

TERMINA UNO, EMPIEZA OTRO

En el 2015 un levantamiento contra el cambio de planes para trasladar el mineral -originalmente por un mineroducto, ahora con camiones- terminó con tres muertos. En el 2016 cuatro comunidades de Challhuahuacho bloquearon la carretera pidiendo una compensación, pues los camiones levantaban demasiado polvo. Hubo un muerto. En el 2017 cuatro comunidades del distrito vecino de Mara volvieron a bloquear la vía con el mismo reclamo. Y esta vez, desde agosto del 2018 comuneros de Nueva Fuerabamba -la comunidad que fue reubicada por el proyecto- empezaron a reclamar una compensación por el uso de la vía. Desde el 4 de febrero de este año, el camino ha sido totalmente bloqueado.
“Se ha generado una dinámica perversa. Desde el inicio se ha entregado muchísimo dinero. Esto ha generado que todos los conflictos terminen en una negociación por dinero”, dice Javier Torres, director de Noticias SER. “En el fondo el problema no es la compensación por la carretera. Se tendría que construir una carretera, pero en el fondo es un ‘si el otro te cobró, yo te voy a cobrar’”, agrega. Por ejemplo, tras la huelga del 2016 el MTC pagó S/15.9 millones a las cuatro comunidades por derecho de vía. Así se ha configurado un escenario en el que los pagos para apaciguar conflictos funcionan como incentivo para que aparezcan más. Hoy los comuneros de Nueva Fuerabamba apuestan por un mecanismo que ya probó efectividad. “La misma gente de la zona sabe que cuando los de Nueva Fuerabamba negocian con MMG es porque quieren más plata”, dice Paul Pilco, periodista de Correo Apurímac.
En febrero del año pasado SEMANAeconómica previó en su artículo de portada que el 2018 sería un año tranquilo en cuanto a conflictos mineros. Sin embargo, también advirtió que Las Bambas sería la excepción a esa tendencia, por no haber sofisticado sus estrategias de relacionamiento comunitario. Mientras que otras mineras -como Minsur- habían entendido que no podían llegar “con la plata por delante”, sino que lo eficiente era invertir en independizar las economías locales, Las Bambas seguía desembolsando dinero sin resultados.
Este escenario, que incentiva la protesta, es fácil de activar por actores externos. En este caso, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo son abogados que asesoran a Nueva Fuerabamba. Su acuerdo implica un porcentaje de la compensación que pagaría Las Bambas. “Los Chávez Sotelo, sin dudas, son actores ilegítimos que están haciendo un daño enorme. Estos abogados representan una agenda mercenaria”, confirma José De Echave, cofundador de CooperAcción, ONG con oficinas en la zona. “Pero no me puedo quedar solo con los Chávez y no reconocer que sí hay una agenda legítima detrás”, agrega.

EXPECTATIVAS FRUSTRADAS

La agenda legítima, aunque no esté realmente vinculada a la carretera, sí existe. Tiene que ver con la precariedad de las condiciones de vida en la zona. “Desde antes del inicio de la operación [2004], Las Bambas ha invertido más de S/1,140 millones en proyectos de desarrollo sostenible […] y compensaciones económicas”, responde Claudio Cáceres, VP de asuntos legales y sociales de Las Bambas. Pero estos proyectos han sido altamente ineficientes en independizar a las economías locales de la mina. “Hubo intentos por desarrollar pastos mejorados y poner animales, pero han tenido una vida efímera”, dice Pilco.
“Es una porquería Challhuahuacho. El desagüe sigue yendo al río sin tratarse”, agrega. Un paseo rápido por el pueblo lo confirma: en Challhuahuacho no hay una sola calle asfaltada, pese a tener edificios de más de seis pisos. “La aprobación de las autoridades es una lágrima: tienen un nivel de legitimidad bajísimo”, confirma Guillermo Loli, director de estudios de opinión de Ipsos Perú, consultora que tiene un monitor de riesgos sociales y que ha desarrollado estudios en el pueblo. “Es importante recordar que la zona de influencia tiene múltiples brechas que atender”, reconoce Cáceres, de Las Bambas. Con la precariedad como norma general, hace lógica que cada comunidad busque una compensación directa en negociaciones particulares, coinciden las fuentes.
La asimetría en el relacionamiento comunitario se originó hace más de una década. Xstrata, la dueña original del proyecto, aplicó una técnica cuyas consecuencias hoy paga MMG: para ‘romper’ a la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Cotabambas, negoció con sus miembros por separado. La primera en separarse del gremio fue Nueva Fuerabamba. “Todo inicia con la negociación separada entre comunidades que rompe el tejido comunal”, dice Pilco. “Es una zona con un tejido social muy débil y fragmentado”, confirma De Echave.
A ello se suman las expectativas de las comunidades frustradas tras la compra del proyecto por la estatal china MMG, que es mucho más conservadora con los montos. “Ya se sabe que Xstrata fue demasiado generosa con la población”, cuenta Carlos Casas, exdirector del centro de estudios sobre minería y sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Las compensaciones iniciales altas, la continuidad en la política de desembolsos ante conflictos y la asimetría en la relación de las comunidades con la minera hacen que todos los años un grupo distinto de éstas bloquee la vía.

ZONA CALIENTE

Aunque la zona de influencia de Las Bambas es especialmente ‘caliente’ -según Loli-, la probabilidad de que el actual conflicto se expanda a otras comunidades de Challhuahuacho es baja. El riesgo para el sector, en cambio, está en que la situación se replique en otras que se extienden a lo largo del llamado ‘corredor minero del sur’, que vive hoy su sexto estado de emergencia consecutivo.
Por allí también transita la producción de Antapaccay (Glencore) y Constancia (Hudbay). “El corredor tiene más de 200 km. En Espinar [donde opera Antapaccay], todos los conflictos estallan siempre en mayo, porque se conmemora la primera toma de la mina en el 90. Antapaccay tiene el proyecto de ampliación Coroccohuayco, que antes era independiente, pero para agilizarse se está presentando como ampliación. Allí podría haber problemas”, dice De Echave.
“Las existencias de cobre en el almacén del puerto Matarani se han agotado y por ello hemos informado a los clientes de retrasos en futuros envíos”, dice Cáceres. Todos los años Las Bambas atraviesa los mismos problemas. Tras más de 45 días de bloqueo, el presidente Martín Vizcarra —que apaciguó las protestas del 2016 al mando del MTC— ha asegurado que esta semana se le dará solución. El punto, sin embargo, no está en que se apague este conflicto específico. Todo indica que volverá a prender.

DIRECTORA DEL MEM TRABAJÓ EN CONSULTORA DURANTE POLÉMICOS CAMBIOS DEL PROYECTO LAS BAMBAS

Por Luis Enrique Pérez- Convoca.pe
Teresa Macayo fue gerente de “gestión ambiental” en SNC-Lavalin cuando esta consultora modificó el Estudio de Impacto Ambiental y se desataron las protestas en las que murieron tres ciudadanos. El cambio en el documento eliminó la promesa de un “mineroducto” y definió que los minerales se transportarían en camiones a través de una trocha, algo que está generando contaminación en las comunidades de este corredor como lo preveían. El Estado ahora asumirá la responsabilidad del asfaltado. Este reportaje forma parte de nuestra serie ‘La puerta giratoria de las industrias extractivas’.
La ruta Apurímac-Cusco es el escenario de un conflicto social persistente. Al pie de esta vía, las comunidades de los distritos de Mara, Tambobamba y Chalhuahuacho agitan sus reclamos bajo las nubes de polvo que dejan los camiones cargados de mineral de Las Bambas, el yacimiento de cobre más importante del Perú operado por MMG Limited, de capitales chinos.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) prometió un mineroducto, un enorme tubo que protege el traslado de los metales, pero modificaciones en este documento permitieron que fuera reemplazado por esta carretera sin asfaltar, lo que incrementa la contaminación del lugar.
El proyecto minero Las Bambas ya ha superado los 10 mil millones de dólares de inversión y tiene reservas por 7,2 millones de toneladas de concentrado de cobre y 12,6 millones de toneladas de otros minerales. Sin embargo, no consigue resolver este punto que fue uno de los desencadenantes de las protestas de septiembre de 2015 que dejaron tres ciudadanos muertos.
Como se sabe, el EIA de Las Bambas -realizado por la consultora Golder Associates Perú SA- contemplaba en el diseño inicial del proyecto la construcción de un “mineroducto enterrado” de aproximadamente 206 kilómetros, que iría de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, a la provincia de Espinar, en Cusco.  Las condiciones comienzan a modificarse en el 2013, coincidiendo con el cambio de la consultora contratada por la canadiense SNC Lavalin, donde trabajó la que ahora es una importante funcionaria ambiental del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La directora general de Asuntos Ambientales Mineros del MEM, Teresa Macayo Marín, trabajó durante junio de 2013 a junio de 2017 en SNC-Lavalin en el área de “gestión ambiental y permisos”, donde llegó a ser gerente de esta. En agosto de 2017, fue designada en ese importante puesto por la entonces ministra del expresidente Pedro Pablo Kucyznski, Cayetana Aljovín Gazzani.
Tal como señala la consultora canadiense en su brochure promocional, la empresa viene realizando “servicios integrados” para el proyecto de MMG Las Bambas, como las modificaciones del Estudio de Impacto Ambiental, el estudio de impacto de salud, el estudio de tráfico, entre otros.

En el Estudio de Impacto inicial de Las Bambas se incluían el mineroducto para transporte de minerales, lo que cambió en la segunda modificación del EIA.
En su curriculum vitae, Macayo consigna que ingresó a trabajar en la consultora de Las Bambas, SNC Lavalin, en junio de 2013, durante la elaboración del primer “Informe Técnico Sustentatorio” del proyecto minero, presentado el 11 de julio y aprobado el 26 de agosto de 2013.
Dicho informe modificó el proyecto inicial y fue determinante para dar marcha atrás en la promesa del mineroducto. El documento reubica componentes principales, como las plantas de molibdeno y plantas de filtros, que pasaron de Espinar hacia el área de Cotabambas. Con esta decisión, aprobada por Jorge Merino, entonces ministro de Energía y Minas del gobierno de Humala, la empresa desistió en su compromiso de instalar el costoso mineroducto y optó, en cambio, por construir una vía que forma parte del Sistema Nacional de Carreteras para trasladar sus minerales.
La decisión se convierte en definitiva cuando se levantan las observaciones del segundo EIA, aprobado en noviembre de 2014, también elaborado por SNC Lavalin, en el período en el que Macayo se desempeñaba como gerente de Gestión Ambiental y Servicios en la consultora. Con este estudio, la empresa planteó “posponer la construcción y operación del mineroducto” por un “plazo indeterminado” y dispuso que los minerales se transporten vía terrestre entre la misma área el proyecto en Las Bambas hasta Caylloma, Arequipa.

Con el Estudio de SNC Lavalin, empresa donde laboró Teresa Macayo, se dejó de lado el mineroducto. En su lugar los camiones que transportan minerales e insumos irán por la carretera.
Este método de traslado funciona desde enero de 2016, cuando se inició la operación de MMG Las Bambas. Se calcula un tránsito de 250 volquetes diarios que levanta una gran polvareda que afecta a la población. Frente a las protestas, el corredor vial Apurímac-Cusco se mantiene custodiado por las fuerzas policiales y bajo reiterados “estados de emergencia” que restringen los derechos de la población al libre tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio. El último de estos estados fue declarado por 30 días en setiembre.

Teresa Macayo fue gerente del equipo de gestión ambiental y permisos de SNC-Lavalin, consultora de la minera Las Bambas, empresa que sustentó la modificación del Estudio de Impacto Ambiental.

Consultada por Convoca.pe, la funcionaria Teresa Macayo señaló que durante sus cuatro años como trabajadora en SNC Lavalin, el equipo de “gestión ambiental y permisos” que estuvo a su cargo brindaba soporte técnico en los diferentes estudios ambientales de la consultora.
Macayo negó la posibilidad de un conflicto de interés por su trayectoria en esta compañía que brindó servicios a grandes mineras. Su actual cargo público, aseguró, se aboca exclusivamente a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM. “Debo recalcar que en toda mi experiencia profesional he actuado en base a la ética”, indicó.

Subvención en la ruta

Fuentes del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE) afirmaron que el Estado, a través del Ministerio de Transportes, será quien asuma la ejecución de la carretera que es parte del corredor minero entre Grau (Apurímac) y Espinar (Cusco), donde transitan los camiones de Las Bambas. Este proyecto será ejecutado a través de la entidad pública Provías Nacional por ser considerada una “vía nacional”.
Esto también se desprende de material gráfico publicado por Senace, en el que se asegura que “la carretera no es un componente minero de uso exclusivo de Las Bambas” y que “los impactos evaluados no pueden ser atribuidos de manera exclusiva a la actividad minera”. También se indica que esta obra es parte del corredor minero, esta “se concibe bajo la iniciativa y participación conjunta de los gobiernos locales y el titular del proyecto minero [MMG Las Bambas]”, añade.
La misma entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, indicó a Convoca que ya han considerado “moderado” -en un EIA semidetallado sobre esta obra de infraestructura- el impacto que tendrán los dos primeros tramos de este corredor vial (Matara-Pamputa y Pamputa-Puente Ichuray). Aún vienen evaluando cómo clasificar el tercer tramo (Velille-Espinar).

En un video elaborado por el Senace se sostiene que los impactos a la carretera “no pueden ser atribuidos de manera exclusiva a la actividad minera”.
En 2016 estalló otro conflicto social -con el saldo de un campesino muerto de un disparo- por los impactos de la circulación de los camiones de la mina Las Bambas. El gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió al asfaltado de la vía, por lo que calificó la ruta del transporte minero como “ruta nacional”. Así, ahora le corresponderá su mejoramiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Sin embargo, como parte de la mesa de diálogo que se instaló luego del conflicto, el actual presidente de la República Martín Vizcarra, como vicepresidente de Kuczynski, confirmó que Las Bambas debería aportar para asfaltado de esta vía utilizada para transportar su mineral.
Para el presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Cotabambas, Víctor Limaypuma, el hecho de que el gobierno haya reclasificado toda la ruta que utiliza la empresa minera como carretera nacional “ha sido para servir a los intereses del proyecto Las Bambas, porque es la empresa que la utiliza y la afecta en mayor medida”.
Para Limaypuma, no es posible que el Estado subsidie a la empresa privada con la construcción de la carretera, ya que es la misma la que causará el deterioro de la vía.
“Es la minera la que sí o sí tiene que asfaltar el polvo que se levanta de la vía por el paso de los camiones. Afecta a los animales, a las plantas y a las poblaciones que viven al pie de la carretera en una veintena de comunidades en Mara, Tambobamba y Challhuahuacho”, afirma el dirigente.
Al respecto, la especialista legal en temas mineros ambientales de Cooperacción, Ana Leyva, indicó que no ha quedado claro a quién corresponde la labor de construir la carretera. Añadió que solo se estaría haciendo una vía para la minería y que no se ha pensado en un proceso de desarrollo diversificado.

Según los estudios de la empresa, por la carretera pasan 250 camiones de 52 toneladas con una carga superior a 30 toneladas.
Por otro lado, en el estudio de polvo elaborado por SNC Lavalin presentado por MMG Las Bambas, se indica un informe sobre el humo de los camiones pero no del polvo que levanta su paso, advierte la abogada. Eso lo aceptó el MEM en las observaciones a la segunda modificación que se hizo al EIA del proyecto minero Las Bambas.
“La génesis de la carretera es el transporte minero. Hay tramos que no existían y la realidad es que la mayor parte del tránsito es de camiones y maquinaria para la mina”, afirmó Leyva. También critica la desprotección del Estado hacia las poblaciones del corredor minero, que seguirá siendo materia de conflicto y sin responsabilidad de la compañía privada. El gobierno peruano, señala Leyva, considera a esta vía fuera de la zona de influencia del proyecto cuprífero.
Convoca.pe remitió preguntas a la minera MMG Las Bambas a través de la empresa Apoyo Comunicaciones, que maneja su comunicación con la prensa. La empresa indicó que no responderán las interrogantes planteadas.
Este medio  también se comunicó con la consultora SNC-Lavalin. La actual gerenta de Proyectos, Laura Ibarguren, quedó en comunicarse con nosotros. Al cierre de este informe no hubo respuesta.

Martín Vizcarra y PPK incendiaron Las Bambas

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario EXPRESO.
No son 53 o 54 días de bloqueo de la carretera de Las Bambas para impedir el transporte del cobre hacia el puerto de Matarani, sino son años de boicot a las diferentes empresas que concesionaron el rico yacimiento cuprífero donde no ha estado ausente la mano del presidente Martín Vizcarra y su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski.
Si revisamos con detenimiento la cronología de este caso, veremos que un punto clave del conflicto está en el año 2016, cuando el actual mandatario llevó alrededor de 15 millones de soles del tesoro público que solicitaban varias comunidades de Abancay que no están directamente comprendidas en el área del proyecto.
Veamos este detalle. Entre el 8 de octubre de 2016 y el 17 de mayo de 2017, los comuneros de Pumamarca y Choquecca-Antio cerraron el paso en la conocida vía por donde circulan los camiones que transportan los minerales de Las Bambas.
Instaladas las famosas “mesas de diálogo” con funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la comunidad de Pumamarca recibió 9.4 millones de soles pagaderos con 18 cheques del Banco de la Nación, y a la comunidad Choquecca-Antio le pagaron 6.5 millones de soles.
Es obvio que las comunidades de las partes más bajas o directamente relacionadas con la mina tenían que pensar que con ellos las ofertas económicas serían mucho mayores.
Sobre aquella base populista, a fines de noviembre de ese mismo 2016 Martín Vizcarra, siempre como ministro de Transportes y Comunicaciones, creyó encontrar la salida al viejo conflicto en Apurímac ofreciendo un paquete a más de 2,000 millones de soles para ser gastados en 38 o 39 comunidades con el objetivo de bajar el nivel de las iras que se acumulaban cada vez que se les acababa el dinero que se les había entregado por tal o cual razón.
En ese entonces estaba en el centro de la tormenta, vaya coincidencia, la comunidad de Fuerabamba, que había bloqueado el corredor minero que cruza por sus terrenos y pastizales, siempre para impedir el pase de los camiones volquete.
Y los pueblerinos exigían el asfaltado de la vía, a lo que Vizcarra no se negó. Todo lo contrario. “Si vamos a construir como Estado una vía asfaltada en esas comunidades, el principal usuario es la mina Las Bambas, entonces el principal aportante para esa construcción debe ser la minera”, declaró a El Comercio en aquella oportunidad.
El segundo punto de fricciones, al igual que ahora, era el pago por el uso de unos 12 kilómetros de sus parajes de pastizales que el Presidente se comprometió a ejecutarlo.
“Ese pago lo vamos a hacer nosotros, ese es el planteamiento que estamos haciendo”, subrayó.
De esos ofrecimientos poco o nada se ha cumplido hasta hoy porque obviamente esa demagogia no está en la Ley Anual de  Presupuesto.
De otra parte, lo que no hablaba Vizcarra es por qué y en qué circunstancias, al sustituir al renunciante Pedro Pablo Kuczynski, no hizo ninguna observación a que en una zona tan sensible el nuevo ministro de Transportes, Edmer Trujillo, haya firmado el año pasado la Resolución Ministerial Nº 372.
Esta es una resolución fechada el 23 de mayo de 2018 que declaró el corredor minero de Las Bambas como vía pública, es decir “reclasificó” como ruta nacional las que eran rutas departamentales o regionales, esto en coordinación o a propuesta, según reza dicha resolución, de los gobernadores del Cusco y de Apurímac.
Esta normativa fue el nuevo combustible que marcó el año pasado y en el presente el conflicto que nos ocupa.

SERVOSA Y VÍA FÉRREA

Con relación a PPK no se trata de alimentar expectativas comunales, sino que era de negocios fríos para el transporte del cobre y molibdeno en una flota de unos 300 camiones de 40 toneladas, afirman.
Como antecedente debemos recordar que con Xstrata se empezó a trabajar el proyecto del mineroducto con una plataforma de vía de seis metros de ancho. Es la misma vía que ahora se ha convertido en la carretera de la discordia. Esto empezó más o menos después del 2011 en que el Estado aprueba el estudio de impacto ambiental.
Pero cuando la plataforma llegó a Espinar y a las cercanías de Tintaya, el alcalde espinarense Óscar Mollohuanca levantó a los pueblos de la zona arguyendo que la obra del mineroducto y la planta de fragmentación de cobre a construirse crearían una catástrofe ecológica.
La protesta encabezada por el prosenderista Mollohuanca cobró el saldo de siete muertos y, dato adicional, contaron con el apoyo, en el lugar de los hechos, de la entonces congresista Verónika Mendoza, hito este que marcó su alejamiento de las filas del oficialista Partido Nacionalista en el gobierno de Ollanta Humala.
Xstrata llega entonces a la conclusión de que sería imposible mantener la seguridad del mineroducto por el radicalismo imperante en el citado corredor minero del sur.
Y Xstrata no tiene otro camino que vender el yacimiento primero a Glencore, en mayo de 2013, y este operador de materias primas hace lo mismo: el 13 de abril de 2014 –como Glencore Xstrata– anuncia la venta de la mina al consorcio chino MMG Limited por US$ 5,850 millones.
MMG Limited, hasta donde se sabe, enterado de los problemas del mineroducto, planteó la construcción de una línea férrea desde Las Bambas hasta la estación de Imata del ferrocarril del sur, ubicado en la zona alta de la región Arequipa, para desde este punto trasladar sus productos a Matarani.

PPK EN ESCENA

Nadie escuchó las propuestas chinas ni tampoco se hicieron públicas en proyecto alguno. Hasta que salió la idea de usar la carretera y con ello vino el paquete de los camiones de Servosa.
Es obvio que Pedro Pablo Kuczynski había entrado en escena, tal como lo informó el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ en su edición Nº 320 del 21 de octubre de 2016.
“Los camiones que contaminan comunidades de Cotabambas son de una empresa en la que el presidente conserva un importante paquete de acciones”, informaba la revista cuando Kuczynski, en efecto, era aún presidente.
Se referían a Servosa ligada a su matriz española Inversiones Devon Iberia S.L., firma  en la que PPK era “apoderado”, la misma que era propietaria del 44.33 % de las acciones de Servosa por una inyección de capitales de 6’734,223 dólares.
“Según el Boletín Oficial del Estado (la versión española de Boletín de Normas Legales de “El Peruano”), Kuczynski fue nombrado ‘apoderado solidario’ de Inversiones Devon Iberia el 5 de marzo de 2014. A la fecha no hay registro oficial de su cese…”, señala el reportaje escrito por Rebeca Díaz.
Es de subrayar que Servosa es un grupo empresarial proveedor de servicios de transporte de mineral y abastecimiento de gas a las principales empresas mineras del país.
Aparte de Las Bambas, entre sus clientes están las mineras Yanacocha, Milpo, Antapaccay y Volcan.
Al margen de las irresponsabilidades de Martín Vizcarra, del conflicto de intereses en que incurrió PPK  y de la temeraria decisión del ministro Edmer Trujillo de cambiar la naturaleza de la vía en disputa, los analistas que no son de izquierdas afirman que si la estrategia antiminera triunfa en Las Bambas, “no solo se paralizará el mayor proyecto de cobre del Perú, sino que los extremistas avanzarán sobre Antapaccay y Constancia, y persistirán en bloquear el proyecto Tía María en Arequipa”, señala el portal El Montonero.
En consecuencia, en Las Bambas se traza la línea divisoria de la marcha del Perú actual.

Las reparaciones de la banda de los “Chavelos”

En otro ángulo de la noticia, si se ve en forma serena el tema de las reparaciones, no es un asunto del otro mundo. Los montos que exigen las 38 comunidades de Challhuahuacho por el uso del corredor minero ascienden a US$ 32 millones o su equivalente de unos 100 millones de soles. Se afirma que MMG Limited ofrece 6 millones de soles más un millón de soles anuales hasta el 2022.
Pero el Estado no tiene la autoridad suficiente para interceder ante el grave conflicto donde la minera ha perdido 300 millones de dólares, según la Sociedad de Minería y Petróleo, y la crisis se torna incierta, más si el presidente del Consejo de Ministros ha calificado el conflicto como si fuera un lío entre privados.
En todo caso, el Estado se está defendiendo a través del Ministerio Público, porque dos testigos protegidos (el Nº TP-93-2017-261 y el TP 02-2017-26) han declarado ante el fiscal Jafet Velásquez que los hermanos “Chavelo”, Jorge y Frank Chávez Sotelo, abogados de los comuneros, han incurrido en delitos penales en su papel de “asesores”.
En especial de Pumamarca y Choquecca- Antio, donde incitaron, según estas versiones, el bloqueo violento de la carretera y otras medidas intransigentes, que lindaban con la extorsión a la minera y al Estado con el uso indebido de niños y ancianos en las movilizaciones, para obligar al Gobierno de desembolsar dinero, como sucedió en Pumamarca y otras comunidades.
Por lo que no solo los “Chavelo” sino el dirigente Gregorio Rojas, de Fuerabamba, están detenidos. Entretanto, todos los ingresos de la mina están bloqueados y no hay diálogo si no los liberan.
Y el resultado final es que 38 comunidades del distrito de Challhuahuacho, de la provincia de Cotabambas, iniciaron el miércoles una huelga indefinida en apoyo a las protestas en Fuerabamba, no sin antes haber expulsado a la mala a la delegación de ministros enviados desde Lima en helicópteros.

EL FAMOSO ITS DE HUMALA

Las ONG de la zona critican los cambios del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) “sin participación ciudadana”. Hasta donde se sabe, tres de ellas se hicieron mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), en el marco del “paquetazo ambiental” del gobierno de Humala y de su ministro Jorge Merino Tafur para promover la inversión de la minera china.

Venta tras venta

La minera suiza Xstrata Copper obtiene la concesión con US$ 121 millones el 31 de agosto de 2004. Luego vino la compra de Las Bambas por Glencore, en mayo de 2013, hasta que el 13 de abril de 2014  Glencore Xstrata anuncia la venta de la mina al consorcio chino MMG Limited por US$ 5,850 millones.

Refrito

Un diario local publicó como gran primicia la participación del operador islámico Edward Quiroga Vargas como promotor de la violencia en Las Bambas. EXPRESO lo reveló hace años y en varias entregas, en especial en 2016.