Acoso sexual

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Por Ricardo Uceda- Diario La República.
En octubre del 2018, la Comisión Especial para la Intervención Frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP decidió destituir al profesor Hildegardo Córdova, denunciado por una trabajadora administrativa. El Consejo Universitario ratificó la sanción. Tres días antes había acordado que a los despedidos por acoso sexual no se les pagara la pensión complementaria que la PUCP guarda para sus empleados antiguos cuando se jubilan. De modo que Córdova fue doblemente sancionado. La Comisión Especial puede despedir a alumnos o docentes.
Córdova, de 72 años, Doctor en Geografía por San Marcos, con maestría y PhD en su especialidad en Austin y Wisconsin, ha sido profesor visitante en cinco universidades de Estados Unidos y Europa.  Cuando estalló el problema dirigía el Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la PUCP, donde enseñó 34 años. Su denunciante y subordinada dijo haber sido víctima de expresiones verbales indebidas.  Córdova lo niega. Ambos laboraban juntos desde hacía muchos años con un pequeño grupo de expertos y empleados familiarizados entre sí.

PUCP, Hildegardo Córdova, Acoso sexual

Dichos impropios

El tipo de acoso denunciado es definido por la PUCP como una conducta de connotación sexual no deseada por la persona contra la que se dirige. Es una forma de violencia que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, como mecanismo de presión para forzar a la víctima. La denunciante afirmó que en una ocasión Córdova le preguntó si era activa sexualmente con su esposo.  Al mes siguiente le habría manifestado sentirse atraído por ella. Semanas después, que “él, como todo hombre, tenía necesidades fisiológicas”. Según la denuncia, el profesor, al no encontrar reciprocidad, empezó a controlar sus movimientos.
Las expresiones atribuidas al denunciado serían típicas de una hostilización sexual asociada al abuso de poder de un superior jerárquico. Córdova acudió ante la comisión sin el apoyo de un abogado. Allí declaró que tenía una amistad de muchos años con la denunciante pero que nunca le insinuó tener sexo, que la veía como una hija, que ella le pedía consejos sobre su matrimonio y que sus recomendaciones habían sido sacadas de contexto.   En cuanto al “control de movimientos”, se debía a sus cada vez más frecuentes ausencias e incumplimientos, lo que se podía corroborar fácilmente.

Dos posiciones

La denunciante dijo que a raíz del hostigamiento eliminó a Córdova de su Facebook.  Ante lo cual el profesor le escribió: “Veo que me has echado del olimpo de tus amigos. Es el precio de haber sido honesto contigo y decirte lo que sentía en respuesta a tus preguntas. Solo nuestro Dios es perfecto. Con mucha amistad”. La denunciante presentó este mensaje como prueba. Córdova reconoce el texto, pero señala que evidencia una relación cercana, que a veces podía ser burlona.  Después de ese incidente siguieron almorzando juntos y eventualmente ella lo esperaba para que la llevara a su casa.
La Comisión tomó manifestaciones a tres testigos y sólo una de ellas respaldó la denuncia. Consideró, sin embargo, que había pruebas suficientes para disponer la destitución. El Consejo Universitario se pronunció en noviembre, ante una apelación. Se produjo un empate, y el Rector, por entonces Marcial Rubio, dirimió en contra del denunciado.   Este mes, la Defensoría Universitaria, dirigida por el abogado Wilfredo Ardito, produjo el Informe N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”.

El informe N° 8

El informe sostiene que la denunciante acusó al profesor Córdova porque se le habían descubierto malos manejos administrativos de hasta por 34,000 soles. Según la Defensoría Universitaria, al ponerse en condición de víctima, ella habría buscado evitar que fuera despedida por sus infracciones, lo que en efecto no sucedió.  Las irregularidades ya fueron comprobadas. El denunciado las desconocía y por eso no las mencionó en su defensa.
Los colegas de Córdova señalaron a la Defensoría que él trataba con corrección a las mujeres de la universidad y que tenía una amistad respetuosa con la denunciante. Una de ellas conocía de las irregularidades y había pedido al profesor que controlara sus ausencias. Ofrecida como testigo por Córdova, no fue llamada por la comisión. Otra importante testigo, que sí declaró, dijo que la comisión cambió el sentido de su manifiesto: aparece respaldando las acusaciones cuando ella siempre insistió en que los cargos contra Córdova eran falsos.

Caso abierto

El caso no está cerrado, pues será tema de un nuevo debate en el Consejo Universitario. En la decisión del 2018 no fue tomada en cuenta la malversación descubierta ni la declaración de una mujer que desmiente a la única testigo que apoyó la denuncia. La Comisión la señaló como víctima de acoso sin siquiera haberla contactado.  Lo que parece evidente es que a Córdova le fue restringido severamente su derecho de defensa. No tuvo apoyo de ningún abogado, un recurso indispensable en este tipo de procesos (y un error del propio denunciado, quien tampoco lo buscó porque creía que bastaba su manifestación).
La PUCP, que fue pionera en establecer mecanismos contra el acoso sexual, lidia con procesos complejos, donde deben garantizarse los derechos de ambas partes para llegar a la verdad. La Defensoría Universitaria pone en duda la imparcialidad de la Comisión Especial, dirigida por la abogada María Soledad Fernández. Hasta no hace mucho un ululante feminismo radical la acusaba de falta de firmeza. Aunque estos grupos pueden considerar el derecho de defensa como un mecanismo cómplice de los acosadores, en realidad su valor trasciende el interés del denunciado. Es lo que garantiza la calidad de cualquier decisión correcta.

Estudiantes de la PUCP exigen destitución del defensor universitario Wilfredo Ardito

¿A quién defiende el defensor?” es lo que se preguntan las estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú luego de que se filtrara un informe en donde Wilfredo Ardito, el Defensor Universitario de la PUCP desde marzo de 2017, intentara deslegitimar el trabajo de una docente miembro de la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual al señalar que esta no podía opinar de forma objetiva porque ella misma había vivido acoso sexual, sumado a las afirmaciones sobre la salud mental de la representante estudiantil de la misma Comisión Especial con el intento de descalificarla para su labor.
Estas pretensiones de deslegitimar a mujeres que trabajan para visibilizar, erradicar y prevenir la violencia sexual que se vive en la PUCP, y hacer justicia con las víctimas de agresiones sexuales, fueron las gotas que rebalsaron el vaso de un defensor que tiene una serie de acusaciones de trato machista y homolesbotransfóbico de varios estudiantes que se han sentido expuestos y desprotegidos por quien, se supone, debería defenderlos.
En el Informe Defensorial N° 8, titulado “Sobre las violaciones a los derechos del profesor Hildegardo Córdova Aguilar”, que es realmente una apelación a la resolución de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual que sancionó a este profesor con su destitución, decisión luego aprobada por el Consejo Universitario el 23 de noviembre de 2018, Ardito hace una cerrada defensa de este, señalando que el profesor Córdova es “inocente” y la trabajadora administrativa que lo denuncia es “deshonesta”.
Acusan a la trabajadora de querer esconder detrás de la denuncia de violencia sexual un delito de malversación de fondos, y que el informe elaborado por la Comisión Especial contra el Hostigamiento Sexual refleja “falta de objetividad e imparcialidad”, así como “una serie de violaciones al debido proceso”. Así también, dudan de “la capacidad de los integrantes de la Comisión Especial de enfrentar temas delicados como la destitución de un docente”.
Pero lo que despertó la indignación del alumnado fueron las afirmaciones en contra de la abogada Marisol Fernández Revoredo, miembro de la Comisión Especial desde que esta empezó a funcionar en el 2014. Sobre ella, el informe dice lo siguiente:
“Todas las irregularidades en el proceso contra el profesor Córdova reafirman nuestra convicción de que los procesos ante la Comisión Especial carecen de objetividad y que la profesora Fernández no se encuentra en condiciones de actuar de manera imparcial en denuncias sobre acoso sexual”.
¿Por qué afirma eso el informe defensorial? Pues porque la profesora Fernández habría señalado en “varias ocasiones que ella había sido víctima de una agresión sexual y que hasta el momento aún se considera bajo los efectos traumáticos” que estas agresiones causan. Luego el informe cita la única vez que Fernández lo hizo público, en una asamblea de Derecho, en agosto de 2018, en donde decenas de alumnas contaron sus casos de violencia sexual en la universidad por primera vez frente a sus autoridades. Según el informe, esta vivencia la invalida para tratar el tema, como invalidaría al 90% de mujeres del Perú por carecer de la objetividad para hacerlo. Es decir, los únicos que podrían decidir si hubo o no violencia sexual contra las mujeres serían aquellos que nunca la vivieron, ellos sí serían objetivos en sus resoluciones y sentencias.
Sobre la representante estudiantil Ana Calderón, Ardito afirmó ante el Consejo Universitario que ella sufría de bulimia, depresión y que “llora todo el día” a causa de la carga emocional de la Comisión. Lo que he pasado en los últimos días no se lo deseo a nadie. A estas alegaciones, que no vienen al caso de ser expuestas en ningún Consejo Universitario, la estudiante respondió públicamente lo “nefasto y humillante” que resulta que una autoridad use información privada “para destruirla” y que pensó en renunciar, pero que desistió puesto que no hizo nada malo.
Frente a estos hechos, el colectivo feminista Se acabó el silencio, que surgió a partir del caso de la exestudiante  de Derecho de la PUCP, Claudia Pérez, quien fuera violada hace 14 años por su jefe directo, José Carlos Angulo Portocarrero, en el estudio de abogados en donde hacía sus prácticas, se pronunció sobre estos hechos exigiendo a sus autoridades “una postura contundente contra el uso de estereotipos de género en las investigaciones de hostigamiento sexual”.
Así también, enviaron cartas a sus autoridades para que actúen de una vez contra Wilfredo Ardito.
El 19 de marzo, el colectivo de Estudiantes de la Maestría de Género de la PUCP realizó una protesta denominada Alfombra Roja, en la cual vestidas de rojo se trasladaron por los ambientes de la universidad para luego echarse en el suelo y levantar carteles exigiendo el retiro definitivo de Wilfredo Ardito.
Ellas manifestaron que lo hacen “por lxs estudiantes, docentes y trabajadorxs que han sufrido y continúan sufriendo esta cultura que existe en la universidad que las culpabiliza de la violencia que sufren y que protege a sus agresores”. También señalaron que se cubrieron los rostros “porque si no lo hacemos, nos hostigan y amedrentan en redes y en persona solamente por manifestarnos y denunciar la violencia que sufrimos”.
Si las estudiantes se preguntan ¿a quién defiende el defensor?, este medio se pregunta ¿por qué las autoridades siguen avalando a Ardito?
Fuente: www.manoalzada.pe

WILFREDO ARDITO ENCUBRE A ACOSADOR EN LA PUCP

Cuando todo parecía volver a los años felices de la obra imperecedera del exrector Marcial Rubio Correa (“Malulo”), resulta que en la Asamblea Universitaria de la PUCP estalla un nuevo escándalo de acoso sexual: el Defensor Universitario y profesor Wilfredo Ardito es acusado de encubrir a un docente destituido por hostigar sexualmente a una funcionaria, cuyo nombre debemos mantener en reserva. Qué vergüenza.
EL PODER MORAL
Mucho se ha escrito en el sentido de que la Universidad Católica ha sido y es el think tank o el tanque de pensamiento de la izquierda caviar que se vende como el poder moral de la nación. A los cobros millonarios indebidos a los estudiantes, que precipitaron la caída de Marcial Rubio Correa, se suma ahora la necesidad de determinar sanciones contra Wilfredo Ardito, el defensor de dicha comunidad universitaria acusado de discriminación de género contra una colega, informa la web Wayka.pe. Y no solo de eso.
POR PARTIDA DOBLE
El pasado martes 19 de febrero trascendieron extractos de un informe de dicha Defensoría sobre un profesor -el geógrafo Hildegardo Córdova- denunciado de hostigar sexualmente a una funcionaria. Lo polémico del documento, elaborado por el caviar Ardito, es que no solo se va contra la víctima acosada, sino que desestima la objetividad frente al caso de otra docente agredida sexualmente en el pasado, María Soledad Fernández, directora de la Comisión Especial que decidió destituir al citado Córdova.
ENCUBRIMIENTO
El informe Ardito es pues temerario. “La condena al profesor se habría debido a una maniobra de una trabajadora que [ha] cometido una serie de infracciones administrativas y está implicada en la malversación de fondos de la universidad (…), la trabajadora habría interpuesto la denuncia por acoso como un escudo ante el inminente descubrimiento de sus manipulaciones de dinero”, afirmó. Para los penalistas, Ardito incurre en presunto delito de encubrimiento. El escándalo recién empieza.
HAY OTROS TRES
Además, ayer, en las redes sociales corrió como reguero de pólvora otros casos anteriores poco o nada conocidos. Nos referimos a tres profesores de izquierda, entre ellos Alza Barco y el antropólogo Jaris Mujica, “líderes de organizaciones neomarxistas pro aborto” que fueron “denunciados por hostigamiento sexual o violación a alumnas”. ¿Qué cosa? ¿Las autoridades universitarias no hicieron nada frente a estos abusos sin nombre? ¿Y el defensor Ardito también en esos casos salió en defensa de las víctimas? Hable.
MÁS DE JARIS MUJICA
El 28 de agosto del año pasado el portal ACI Prensa informó, en efecto, que “un grupo de alumnos acusó al profesor Jaris Mujica del delito de violación, durante un foro organizado en el auditorio Gustavo Gutiérrez Merino en la Facultad de Ciencias Sociales. Mujica es conocido por haber sido directivo e investigador de la ONG Promsex, que desde hace más de diez años promueve la despenalización del aborto en el Perú”.
Fuente: Diario EXPRESO.

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