¡No, no, no y no!

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario Expreso.
El referéndum es una engañifa que solo serviría para que el presidente se crea con legitimad y suficientemente empoderado para seguir su embestida contra sus opositores, la institucionalidad democrática y la actual Constitución. El analista Víctor Andrés Ponce sostiene que el objetivo de Vizcarra es un plebiscito favorable a su Gobierno para continuar debilitando al Congreso y a la clase política, “pues todo parece indicar que pretende reelegirse en el 2021”.
El socialista Vincent Auriol, presidente de Francia (1947-1954), decía que “el referéndum es un acto de poder absoluto que ostensiblemente hace una reverencia a la soberanía popular para después arrebatarle la soberanía al pueblo, en beneficio de uno solo”. Vizcarra quiere, pues, usar esta herramienta para fortalecerse. Punto, lo demás son excusas. El español Alberto Penadés, profesor de Sociología de la Universidad de Salamanca, indica que “las consultas democráticas no siempre obran en beneficio de los ciudadanos. La intuición es esta: la democracia representativa, la única que conocemos, es un sistema con separación de poderes, y el referéndum puede sumar o restar en ese reparto”. Y ¿quién muestra falta de apego a la separación de poderes? El mismo que ahora quiere “su” referéndum.
El ingeniero Vizcarra es un presidente accesitario, debería estar en modo “transición” y resolviendo los problemas que enfrenta el país: reconstrucción del norte, anemia, rebrote del terrorismo, inseguridad, y no pretendiendo reformas que jamás fueron mencionadas por su agrupación en la campaña electoral. El presidente es un hombre desideologizado rodeado de asesores marxistas; por impericia o premeditación podría sumergir a nuestro país en el “autoritarismo posdemocrático”, término acuñado por el filósofo, periodista y escritor catalán Josep Ramoneda. Aquí, sin embargo, “La izquierda necesaria” (título del libro de Ramoneda) no es quién frenará eso sino una derecha renovada, transparente, inteligente e inclusiva que requiere consolidarse.
Urge decirle no, no, no y no, cuatro veces no al capricho de Vizcarra porque el Ejecutivo, o sea él, controla el proceso, pues el Congreso se allanó a esta sin razón. El Ejecutivo, es decir, Vizcarra, impuso las preguntas y el cuándo, hace campaña permanente para que el resultado sea su deseo. Desde su posición confunde, juega con los ánimos de los electores e incordia, no promovió la deliberación democrática del tema y en el pico de las pasiones encendidas, con sus opositores encarcelados o perseguidos quiere que los peruanos votemos a ciegas. Por eso: #CuatroVecesNO.

El polémico pasado de Martín Vizcarra

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario Expreso.
La ejecución del Proyecto Especial Pasto Grande, iniciada en 1988, fue la consolidación del sueño de los moqueguanos que querían contar con el recurso hídrico suficiente para uso personal y comercial. Sin embargo, la megaobra se vio plagada de irregularidades y astronómicos sobrecostos, de acuerdo con una investigación que se hizo al hoy presidente Martín Vizcarra en la Comisión Agraria del Congreso en el año 2002.
La obra de grandes proporciones que contempló la construcción de la presa Pasto Grande, el canal Umaizo, canal Pasto Grande y túnel Jachacuesta, inicialmente tuvo un costo de US$ 30 millones pero terminó en la astronómica suma de US$ 125 millones, con una sobrevaluación de US$ 85 millones.
Este enorme sobrecosto motivó la investigación de la Comisión Agraria del Congreso en el 2002, que concluyó atribuyéndole responsabilidades de tipo penal a Martín Vizcarra, quien en ese momento era director ejecutivo del proyecto, así como a la empresa constructora JJ Camet, beneficiada con la construcción.
LA HISTORIA
En el año 1988 comenzó a ejecutarse el Proyecto Especial “Afianzamiento y ampliación de los recursos hídricos de los departamentos de Tacna y Moquegua del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)”.
Ello con el inicio de la construcción de la presa Pasto Grande, canal Umaizo, canal Pasto Grande y túnel Jachacuesta, obras primordiales del Proyecto Especial Pasto Grande, cuya ejecución se dividió en dos fases: Etapa I y Etapa II.
Los trámites para la construcción del túnel Jachacuesta, el cual figuraba en la Etapa I del megaproyecto, se iniciaron el 3 de enero de 1988 con la firma del teniente gobernador Gabriel Perca Ichuña, dándose inicio a los trabajos en campo dos días después en la “Portada Entrada Túnel Jachacuesta”, a cargo del ingeniero residente Franco Peña Portocarrero.
Durante ese lapso, Eloy Cabrera Ribotti fue el director ejecutivo del proyecto, y tuvo como jefe de obra de la dirección al ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. También figuran como residentes los ingenieros Franco Peña Portocarrero y Luis Salas Zegarra.
El 3 de noviembre de 1989 se le hizo entrega del terreno al contratista ICE Cáceres Guiconsa, teniendo como representantes de la empresa a Max Alvarado Trujillo y a Martín Vizcarra de lado del INADE-Proyecto Especial Pasto Grande.
Durante la gestión de Eloy Cabrera Ribotti se presentaron una serie de documentos a INADE, en los que se daba cuenta de la observación de un hecho sumamente importante: la falta de estudios que conformaban el expediente técnico de la licitación del túnel Jachacuesta, ya que no se habían agotado las alternativas técnicas económicas.
Además, Cabrera había presentado su pliego presupuestario de 1989, basado en “estudios  faltantes y necesarios”, pidiendo el servicio de dos asesores auditores. Ellos fueron los ingenieros de apellidos Ávila y Fuch.
De acuerdo a la Comisión Investigadora de las Presuntas Irregularidades en el Proyecto Especial de Pasto Grande Moquegua–INADE, en ese entonces Ribotti tenía como director adjunto a Martín Vizcarra, “quien ya se había desempeñado como jefe de obras y quien obstaculizaba el trabajo de su entonces jefe”.
Ya en julio de 1989, y siendo director ejecutivo el ingeniero Martín Vizcarra, licita el túnel Jachacuesta, lo que generó una seguidilla de hechos que resultaron en detrimento del proyecto.
En julio del 1991 ocurren varios derrumbes y se produce la queja de la contratista por la inoperancia o deficiencia de las bases; sin embargo, en el expediente técnico no se consideró esa observación por los funcionarios de control de INADE, continuando con las obras como si nada hubiera sucedido.
Según el contrato, la obra del túnel Jachacuesta tenía una duración de 90 días, a la cual se sumaron 780 días más por ampliación de plazos, y además se dieron 19 adicionales por mayores metrados, monto que superó el 10 % del contrato principal más reajustes.
El contrato principal del referido túnel al 13 abril de 1989, fue de US$ 16 millones. Este proyecto de acuerdo a la liquidación de obra, fue de US$ 48’803,384.
Por su parte, el canal Pasto Grande presentó fisuras acentuadas, fallas y la falta de calidad del concreto y la presa Pasto Grande desde sus inicios hasta su inauguración fue cuestionada por su capacidad de 145 MMC, aduciendo que tenía 185 MMC, en tanto que la calidad de los materiales y el proceso constructivo no fueron los adecuados.
El canal Umaizo no fue la excepción al haber sido una de las cuatro obras rehabilitadas después de su construcción.
Estas cuatro obras constituyen las principales dentro del Proyecto Especial Pasto Grande, que tuvo una proyección de US$30 millones pero terminó costando de us$ 125 millones.
Cabe indicar que no se tuvo cuestionamientos por parte de los expedientes técnicos, ya sea de las consultorías, contratistas, subcontratistas, supervisores, funcionarios de INADE y de las autoridades de la zona.
CANALES CON FISURAS
Como era de esperarse, los canales terminaron por fisurarse y rajarse en varios kilómetros, situación que generó el clamor desesperado de los moqueguanos.
Fue tanto el deterioro del Canal Pasto Grande que quedó sin protección adecuada lateral, la cual podía ocasionar la acumulación de material sólido, arriesgando de salud al contaminar el agua.

Congreso encontró responsabilidad penal

La Comisión Agraria del Congreso conformada en el 2002 e integrada por los parlamentarios Manuel Olaechea García, Manuel Merino de Lama y Alejandro Oré Mora, encontró responsabilidades de tipo penal en los funcionarios del Proyecto Especial Pasto Grande y en la empresa contratista.
“La existencia de adicionales y mayores metrados en la Construcción del Túnel Jachacuesta, se originan como resultado de la poca importancia dada por los consultores a los estudios hidrogeológicos y poca profundidad en los estudios básicos”, indica en una de sus conclusiones el citado grupo congresal.
Además indica lo siguiente: “(…) hay una evidente responsabilidad funcional, administrativa, civil y la comisión del delito de malversación de fondos en que ha incurrido el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, además haber incurrido en contradicciones (falsedad genérica) entre lo expuesto en la comisión y la documentación recibida, en cuanto al avance de obra y pagos irregulares efectuados durante su periodo como director ejecutivo del Proyecto Pasto Grande”.
En cuanto a la responsabilidad funcional de las empresas constructoras y supervisoras que intervinieron en la construcción del túnel Jachacuesta y los canales comprendidos, por haber incumplido los acuerdos de los contratos firmados, incurrieron en responsabilidad por no actuar de acuerdo a su reglamento.
“En los adicionales de obra y reparaciones de obra en el Proyecto Pasto Grande, figuran las siguientes contratistas Federico Paucar Tito, Cohisa, CEINSA Ingenieros Contratistas, Consorcio ICCSA–CICSA, Consorcio COUSA-ICCGSA-CICSA, CHAVPE SR.LTDA. FAINSA, TRACS Contratistas S.A. (empresas relacionadas con el ingeniero J.J. Camet)”, se señala.

Odebrecht y OAS decidieron mantener en el cargo a Villarán

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso.
En marzo de 2013 la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán de la Puente, estuvo a punto de perder este cargo estratégico. ¿Quién la salvó de la revocatoria? Todo indica que fueron los aportes millonarios de las constructoras brasileñas OAS, concesionaria de las rutas de transporte vial de Línea Amarilla, y Odebrecht, de Vías Nuevas de Lima. La primera se afirma que habría aportado un millón de dólares y la segunda dos millones de la divisa verde.
Y es que las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz, Valdemir Garreta, publicista representante de la empresa FX Comunicaciones de Brasil ante los fiscales peruanos, detallan que él estuvo en Lima entre el 15 y 16 de enero de 2013 para reunirse y negociar con Susana Villarán y José Miguel Castro Gutiérrez, ex gerente general del municipio, los servicios de publicidad para la campaña por el ‘No’ a la revocatoria.
En uno de estos dos días Valdemir Garreta, se afirma, habría solicitado como contraprestación a los servicios de publicidad de la campaña precisamente la suma de US$ 3 millones. Es más, Garreta indicó que fue Castro Gutiérrez quien le confirmó que la campaña la solventarían las constructoras Odebrecht, con US$2 millones, y OAS, con US$1 millón.
El enlace para este encuentro, según las investigaciones, fue el ciudadano de origen argentino Felipe Belisario Wermus, más conocido como Luis Favre.
Las anteriores declaraciones coinciden con la prestada por Jorge Henrique Simoes Barata ante la Procuraduría Pública del vecino país, en relación al pago realizado como aporte a la campaña por el ‘No’ a la revocatoria de Villarán, precisamente a solicitud de quien por esos años era gerente de Promoción de la Inversión Privada José Miguel Castro Gutiérrez y de la propia Susana Villarán.
Los vídeos publicados por el portal IDL – Reporteros sobre lo dicho por Barata también lo confirman, con el agregado de que de los US$ 3 millones, US$ 2 millones fueron entregados a Garreta y el millón de dólares restante al mismo Castro Gutiérrez.
En consecuencia, la comisión Lava Jato concluye que los acuerdos celebrados sobre los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima entre OAS, Odebrecht y los representantes de la gestión villaranista “están ligadas al aporte de dinero que entregaron las empresas brasileñas para mantener en el cargo a la exalcaldesa de Lima”.
Esto porque la firma del contrato de Concesión de Vías Nuevas de Lima de la empresa Odebrecht se realizó el 09 de enero de 2013, días antes de la reunión con Garreta, y la firma de la Adenda N° 1 con la empresa OAS fue el 13 de febrero del 2013, sucesos se dieron – como se ve- en fechas cercanas al proceso de revocatoria que tuvo lugar el 17 de marzo de 2013.
La comisión investigadora concluye que para las campañas por el ‘No’ a la revocatoria y por la reelección de Villarán a la Alcaldía de Lima se constituyeron dos asociaciones civiles: Amigos de Lima Metropolitana y Ciudadanos por Lima.
A través de estas se canalizó parte del millonario pago publicitario -spots de radio y televisión, avisos de prensa, paneles y parantes publicitarios, así como actividades culturales y de mero proselitismo-.
Por ahora solo nos ocuparemos de la primera, ‘Amigos de Lima’, encargada formalmente de la revocatoria.
“AMIGOS DE LIMA”
Esta última entidad se afirma que sirvió para evadir o maquillar la declaración sobre los aportes y gastos de las campañas ante la autoridad electoral.
Así, a través de ‘Amigos de Lima’ se hicieron los pagos a las empresas de publicidad Momentum Ogilvy & Mather S.A. y Qual Media SAC para la mencionada campaña por un monto de S/ 3’496,806.16.
Asimismo, esta asociación pagó a Mindshare Perú por la misma campaña, un total de S/ 1’294,002.50, de los cuales S/ 332,710.99 fueron transferidos desde una cuenta de Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, director de economía de la Organización Política Diálogo Vecinal.
Asimismo, “se ha logrado determinar que la contratación de la empresa Momentum, Ogilvy & Mather S.A. para la colocación de publicidad en medios de comunicación (…) la realizó el exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez”.
“Se ha determinado además que para esta campaña se contrató publicidad en diversos medios por el valor de S/ 4’485,461.60, incluyendo los avisos en paneles por S/ 988,655.44”, dice el informe final en el capítulo referido a la revocatoria.
¿Quiénes fueron los representantes de esta campaña? “Susana María del Carmen Villarán de la Puente, Ana Elena Townsend Diez Canseco, Marco Antonio Zevallos Bueno, María Julia Méndez Vega…”.
A los anteriores se suma la asociación Amigos de Lima Metropolitana que se conformó para apoyar a Villarán bajo la batuta de Daniela Maguiña Ugarte y Jorge Torres Padilla, quienes no pudieron sustentar el origen de los fonos ni menos cuadrar las cifras ante la comisión multipartidaria.
LOS DETALLES
Es de recordar que en la rendición detallada de cuentas se consigna que el total de ingresos de campaña fue de S/ 1’614,321.50 y los gastos de campaña ascendieron a S/ 1’612,322.00.
La información presentada por la representante de la Asociación, Daniela Maguiña, no coincide con los gastos por campaña que se presentaron ante el Tribunal Ético del JNE ya que le informaron que los gastos totales fueron S/ 1’111,853.98.
De acuerdo a la información presentada por estos “Amigos de Lima” a la Comisión Investigadora, se habría gastado por concepto de emisión de publicidad los montos que siguen:
Canal 4 ———————- S/ 549,926.66
Canal 2 ———————- S/ 400,000.00
RBC Television ————S/ 26,000.00
Estilos Publicitarios —— S/ 30,000.00
JMT Outdoors ————- S/ 59,000.00
Pero incluso el monto S/ 1’111,853.98 de gastos en publicidad también difiere del informe que el congresista Mauricio Mulder presentó en la sesión de la comisión realizada el 1 de diciembre de 2017, en base a datos consolidados por Kantar Ibope-media.
¿Qué señala dicho documento? Que ‘Amigos de Lima’ había invertido en publicidad US$ 2’622,264.00, cifra que estaría demostrando que el gasto en medios -sin considerar paneles y parantes- habría sido muy superior a lo declarado a la autoridad electoral.
La comisión solicitó información a los medios de comunicación mencionados en el informe de Kantar Ibope-Media. Veamos cada uno de ellos.
GRUPO ATV
Federico Anchorena, representante del Grupo ATV, informó en abril de 2018 que se emitieron tres facturas a nombre de ‘Amigos de Lima’ por un total S/ 856,306.62, suma que dicho sea de paso no estaba incluida dentro del informe que presentó esta asociación a la Comisión Investigadora.
Cabe indicar que el Grupo ATV también informó sobre el pago realizado por la empresa Momentum, Ogilvy & Mather S.A. por emisión de publicidad de esta campaña, por el valor de S/ 246,201.74.
AMÉRICA TELEVISIÓN
El apoderado de la Compañía Peruana de Radiodifusión, Enrique Ugarte Cornejo, informó que se emitieron diez facturas a nombre de la mencionada asociación por un total de S/ 1’554,807.30, suma también superior a lo declarado por su representante ante la Comisión Investigadora.
Asimismo América TV dio cuenta del pago realizado por la empresa Qual Media, siempre para  ‘Amigos de Lima’ por publicidad facturada por un valor de S/ 300,428.00.
Respecto de la campaña por el ‘Sí’ a la revocatoria, este canal remitió al Congreso el total de la facturación por spots publicitarios a favor del ‘Sí’ por S/ 603,766.58 (Incluido IGV).
Sobre lo anterior se sabe de “siete facturas emitidas a nombre del partido político Solidaridad Nacional (por S/ 570,136.58) y una factura emitida a nombre de Mar Publicidad (por S/ 33, 630.00 incluido IGV)”.
CRP
La ejecutiva de Corporación Radial del Perú, Medios y Entretenimiento remitió dos facturas a nombre de ‘Amigos de Lima” por un total de S/ 13,062.50 (incluido IGV).
LA REPÚBLICA
El Grupo La República informó a la Comisión Investigadora que los avisos publicados para la campaña por el ‘No’ a la revocatoria durante el año 2013 fueron una “liberalidad” del grupo editorial, no existiendo facturas que se hayan emitido por esta publicidad.
La comisión investigadora solicitó además información a la empresa de publicidad Momentum, Ogilvy & Mather con la finalidad de tomar conocimiento sobre la colocación de publicidad de la campaña por el ‘No’ a la revocatoria en otros medios.
La empresa de publicidad respondió indicando que, a través de Qual Media SAC se contrató publicidad en Frecuencia Latina por el valor de S/ 100,000.00 anexando la factura de sustento, la misma que se debería sumar a la presentada por Daniela Maguiña, debido a que se trata de una factura diferente.
La suma de toda la información recibida por los medios de comunicación por emisión de publicidad para la campaña por el NO a la revocatoria, realizada entre los meses de enero y marzo del 2018, ascendió a S/ 3’070,806.16:
Si a lo anterior agregamos lo declarado por ‘Amigos de Lima’ sobre las empresas de comunicación que no remitieron información al Congreso se concluye que el costo de publicidad en medios ascendió a S/ 3’496,806.16, incluido IGV.
DIFERENCIAS
Sobre la base del último cuadro de los S/ 3’496,806.16, que consolida la información sobre publicidad en la campaña de la revocatoria, se observa que existen grandes diferencias entre lo declarado por los representantes de la campaña por el ‘No’ a la revocatoria, como ‘Amigos de Lima’, y lo remitido por los medios de comunicación.
Mientras el monto presentado en Informe al Tribunal Ético Electoral por los representantes de la campaña por el ‘No’ a la revocatoria suma S/ 976,522.00 soles, la información presentada por Daniela Maguiña Ugarte, de la mencionada asociación, fue de S/ 975,926.66.
En cambio, la información presentada por diversos medios de comunicación alcanza S/ 3’496,806.16.
A dicha cifra hay que agregar la información presentada por JMT Outdoors a la Comisión de donde se deduce que la declaración presentada al Tribunal Ético Electoral y a la Comisión Investigadora por la representante de ‘Amigos de Lima’ difiere de lo presentado por la empresa de publicidad sustentado en facturas emitidas a nombre de dicha asociación y de Qual Media por S/ 988,665.44 soles.
Si finalmente a la publicidad en medios se añade los gastos en paneles publicitarios y la campaña ‘Voces y Rostros por el NO en defensa de Lima’, tendremos un gasto consolidado de S/ 4’485,461.60, cifra que está muy por encima de lo declarado ante el Tribunal Ético Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y ante la Comisión Lava Jato.
Es obvio entonces que el grupo investigador multipartidario haya llegado a la conclusión que esta data de los voceros de la Campaña por el ‘No’ a la revocatoria ha sido falseada “con la finalidad de declarar menos gastos de lo que podían sustentar”.

Artistas villaranistas cobraron

En la campaña por el ‘No’ a la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán se dijo que el grupo de artistas que participaron en su favor no cobraron ni un sol porque, según ellos, participaban en la misma porque no querían que Lima retrocediera.
No era cierto. Resulta que las “Voces y rostros por el NO a la revocatoria” habían firmado contratos con la Municipalidad Metropolitana de Lima, como el caso de Julio Fernández Pérez Luyo que cobró más de 13 mil soles,  Claudia Dammert con un monto menor, o Eusebio “Chato” Grados, entre otros.
RESPONSABILIDADES PENALES

Villarán y José Miguel Castro aseguraron intereses brasileños

Luis Favre y los doleiros trasladando dinero de OAS pegado al cuerpo…
La exalcaldesa de Lima Metropolitana Susana Villarán y el exgerente de Promoción de la Inversión Privada, José Miguel Castro Gutiérrez, son presuntamente responsables por el delito de cohecho pasivo propio.
Y esto sería así porque solicitaron y recibieron dinero de las empresas brasileñas, siendo funcionarios públicos, en favor de su campaña por el No a la Revocatoria, incumpliendo con su rol fiscalizador en los contratos con las empresas brasileñas.
Dicho de otra forma, aseguraron con esa conducta los intereses de las empresas brasileñas con el contrato de Concesión de Vías Nuevas de Lima con la empresa Rutas de Lima del grupo Odebrecht y la firma de la Adenda N° 1 del Proyecto Línea Amarilla con Lamsac del grupo OAS, beneficiando así a estas empresas brasileñas.
Son presuntamente responsables también por el delito de Lavado de Activos en vista a que el dinero solicitado fue de procedencia ilícita debido a que la empresa Odebrecht contaba con un “Departamento de Operaciones Estructuradas” y la empresa OAS con una “Contraloría”, ambas para el pago de coimas.
Con el agravante que Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez se encargaron de ingresar el dinero a sistema económico del Perú, declarando ante el Jurado Nacional de Elecciones que las ganancias eran por actividades que se realizaban para generar fondos y que tuvieron aportantes que se sumaron a la campaña.
Según el informe Lava Jato, estos actos estarían ligados directamente a la campaña por el NO a la revocatoria, a lo que se suman las versiones sostenidas por Barata y Garreta, sobre los aportes de OAS y Odebrecht de por lo menos US$ 4 millones en esta campaña.
Asimismo también se constata con la declaración de Valdemir Garreta, quien admitió que recibió 2 millones de dólares de Odebrecht y un millón de dólares de OAS.
A estas declaraciones se suma la brindada por Felipe Belisario Wermus, conocido como ‘Luis Favre’, ante los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez en Francia los días miércoles 25 y jueves 26 de julio del 2018.
En su manifestación Favre, encargado de la campaña publicitaria “Voces y rostros por el NO en defensa de Lima”, confirmó que asesoró a Susana Villarán en la campaña que nos ocupa.
Añadió que estas actividades las realizó como prestación de servicios a FX Comunicaciones, propiedad del publicista Valdemir Garreta, y fue esta empresa la que pagó sus honorarios.
No se tiene conocimiento aún si OAS hizo depósitos o entregó dinero en efectivo a funcionarios peruanos y cuánto sería esa cantidad; pero las fechas de estos eventos referidos a la revocatoria coinciden con los viajes de los denominados “doleiros” para entregar dinero a funcionarios de OAS en Perú.
TRES PERSONAS
Así, habrían viajado a Perú por lo menos tres personas para traer dinero a pedido de OAS en el marco de la campaña por el NO a la revocatoria.
“En la declaración realizada el 21 de enero del 2016 por el ciudadano brasileño Alberto Youssef ante representantes del Ministerio Público peruano que se trasladaron a Brasil, él informó que fueron realizados aproximadamente diez viajes, con un total de aproximadamente US$ 2’000,000 o US$ 2’500,000 (dos a dos millones y medio de dólares americanos)”.
Asimismo, el español Rafael Angulo López declaró en Brasil ante representantes de la Fiscalía peruana del día 22 de enero del 2016, que fue a Perú tres o cuatro veces entre 2013 y 2014.
Y en ese lapso entregó un “envelope”  o sobre al representante de OAS Alexander Alves Mendonça, quien trabajaba en la Avenida Túpac Amaru N° 210, Rímac, a la altura de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima.
Rafael Angulo acotó que los pasajes eran adquiridos por la empresa Marsans de Alberto Youssef, el mismo personaje que en una oportunidad se encontró en Lima con Carlos Alexandre Rocha, y que en otra viajó con Adarico Negromonte, que llevó dólares en efectivo para Alexandre Mendonca.
En la declaración realizada por el brasileño Carlos Alexandre de Souza Rocha, del 1 de julio del 2015 ante los procuradores brasileños, dijo que en los años 2013 y 2014 viajó al Perú cuatro o cinco veces a pedido de Alberto Youssef, para entregar dinero a la filial de OAS en este país trasportando US$ 300,000 en cada periplo, habiendo recibido 3.5 % de comisión.
Agregó que entregó dinero en el Hotel Meliá, en donde se alojó, a diversas personas, inclusive peruanos.
En su declaración Alberto Youssef sostuvo que sus funcionarios Adarico Negromonte y Rafael Angulo López, además de Carlos Alexandre de Souza Rocha (“Ceará”), persona que prestaba servicios para Youssef, viajaban personalmente al Perú y llevaban el dinero pegado al cuerpo.
Otros implicados…
¿Quiénes fueron los representantes de esta campaña? “Susana María del Carmen Villarán de la Puente, Ana Elena Townsend Diez Canseco, Marco Antonio Zevallos Bueno, María Julia Méndez Vega…”. A los anteriores se suma la asociación ‘Amigos de Lima’ que se conformó para apoyar a Villarán bajo la batuta de Daniela Maguiña Ugarte y Jorge Torres Padilla, quienes no pudieron sustentar el origen de los fondos ni menos cuadrar las cifras ante la comisión multipartidaria.

Ordenan detener a dos funcionarios del MTC por sobornos

Por César Romero- Diario La República.
A pedido del Equipo Especial del caso Lava Jato, el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la captura de otros dos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estarían involucrados en el pago de sobornos para la construcción de la línea 1 del Metro de Lima.
Se trata de Jesús Munive Taquía y Magdalena Bravo Hinostroza. El juez Concepción Carhuancho ordenó la captura de ambos personajes, al dictar contra ellos 12 meses de prisión preventiva, al cabo de una audiencia pública.

Reuniones

Munive Taquía fue detenido de inmediato y trasladado a la carceleta judicial para su ingreso a prisión. Él estaba presente en la audiencia. En tanto, se ordenó la búsqueda y captura de Bravo Hinostroza.
La fiscalía sustentó el pedido de prisión preventiva basada en la declaración de un colaborador eficaz que asegura que los pagos realizados por Odebrecht a Cuba Hidalgo estaban dirigidos a todos los integrantes de los comités de licitación.
Además, de acuerdo con el colaborador eficaz, los integrantes de los comités de licitación y sus asesores se reunieron fuera del MTC con el director de proyectos de Odebrecht, Carlos Nostre Junior, para definir los términos de la lícitación, a favor de la constructora brasileña.
Las reuniones se realizaron en un hotel, en el Café 21 y en local de la empresa Carelu. En las reuniones, de acuerdo con el colaborador, también participó Oswaldo Plascencia, el entonces presidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima (AATE).
Además, se indicó que una hija de Munive Taquía trabajó en Carelu, una empresa que prestó servicios a Odebrecht y de la recibió pagos mensuales de 100 mil soles, el 2012, un año después que se licitará el tramo 2 del Metro de Lima.

Comités de Licitación

En enero del año pasado, Odebrecht declaró que pagó 8,1 millones de dólares al viceministro Jorge Cuba y los miembros de los comités de licitación del Metro de Lima.
Sin embargo, entonces solo se encontraron pruebas directas de la participación en los sobornos de Cuba Hidalgo, Edwin Luyo Barrientos, Mariella Huerta, Santiago Chau Novoa y Miguel Navarro Portugal. Sus nombres aparecieron como beneficiarios finales de las cuentas off shore en la Banca Privada de Andorra, donde se recibieron los pagos de Odebrecht.
Carlos Nostre ha precisado pagos adicionales a Chau Novoa, Edwin Luyo y Mariella Huerta de 400 mil dólares, cada uno. El exdirector del proyecto del Metro de Lima ha detallado pagos por hasta 10 millones de dólares, quedando un faltante de 14 millones cuyo destino final aún no se conoce.
Los sobornos fueron pagados en la banca de Andorra y luego transferido al banco BSI de Lugano, en Suiza, a la sociedad Coneng Assets INC, constituida en Panamá.
Munive Taquía fue uno de los presidentes del Instituto de Comercio Exterior, vinculado al expresidente Alan García, su pareja Roxanne Cheesman y el exviceministro Jorge Cuba Hidalgo. Justo este último llevó a Munive como funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Munive Taquía niega haber recibido pagos de Odebrecht

“La resolución de prisión preventiva es subjetiva. La fiscalía reconoció en la audiencia que no tiene prueba directa de que Jesús Munive recibiera sobornos”, dijo el abogado Luis Francia.
Anotó que la prisión preventiva se basa en la declaración de un colaborador eficaz según la cual todos los integrantes del Comité de Licitación recibieron pagos, pero no es necesariamente cierto.
La fiscalía ya tiene los reportes de los depósitos bancarios y los documentos de las empresas off shore beneficiarias y allí no aparece el nombre de Munive Taquía, subrayó el abogado.
El Equipo Especial acusó a Munive Taquía de tener un acuerdo colusorio con la empresa constructora Odebrecht para que se adjudicara la construcción de los Tramos 1 y 2 del Metro de Lima.