Por César Romero- Diario La República.
Hasta dos beneficios presidenciales recibiría el ex presidente de la República y reo en la Diroes Alberto Fujimori. Uno no es suficiente para borrar sus problemas con la justicia. Necesita dos beneficios, según fuentes del Ministerio de Justicia, para que su libertad sea completa.
Con un solo beneficio existe riesgo de que Fujimori regrese a prisión para cumplir una nueva condena, pues tiene más de un juicio pendiente. Por eso, al indulto se sumará el derecho de gracia, ambos otorgados por el presidente de la República y por las mismas razones humanitarias.
Indulto
El indulto perdonará al ex presidente Fujimori de cumplir el íntegro de la condena de 25 años de prisión por el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, por parte del grupo Colina; por la masacre de Barrios Altos, donde se mató a un niño de 8 años también por el grupo Colina; y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, el día del autogolpe del 5 de abril de 1992.
Al día de hoy, Fujimori ha cumplido diez años y siete meses de sus condenas, contando los seis meses que estuvo detenido en Santiago y el tiempo que permanece en la prisión de la Diroes, desde su extradición, el 22 de setiembre del 2007.
Durante este tiempo, Alberto Fujimori ya cumplió las condenas por usurpación de funciones, al suplantar a un fiscal para entrar a la casa de Vladimiro Montesinos; por peculado, en el pago de la ‘compensación por tiempo de servicios’ al mismo Montesinos de 15 millones de soles; y por corrupción de funcionarios, en los pagos por los ‘diarios chicha’ y compra de congresistas tránsfugas.
Derecho de Gracia
Fujimori tiene varios juicios pendientes por corrupción y violaciones de Derechos Humanos. En dos de estos casos, la justicia chilena ya aprobó ampliar la extradición, permitiendo a los jueces peruanos juzgarlo. Uno es por autoría mediata en la matanza de seis pobladores de Pativilca en enero de 1992 por el grupo Colina; y por corrupción por desvío de fondos del SIN para comprar un terreno en el proyecto Chavimochic, a nombre del prófugo Augusto Miyagusuku.
El derecho de gracia buscará cerrar juicios pendientes, pero también investigaciones en curso, como la del caso de Esterilizaciones Forzadas. Los asesores legales del Ministro de Justicia opinan que Fujimori reúne las condiciones para acceder también a este beneficio.
El derecho de gracia se concede, en las mismas condiciones del indulto humanitario, a un reo que ha estado detenido sin juicio más allá del tiempo máximo de detención preventiva.
Indulto lo beneficia en:
Caso La Cantuta
El 18 de junio de 1992, el grupo Colina secuestró, torturó y asesinó a un profesor y 9 estudiantes de la Universidad La Cantuta.
Caso Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991, el grupo Colina ejecutó a 15 personas, entre ellas, un niño de 8 años. Creyeron que eran senderistas.
Caso Gorriti y Dyer
El 5 de abril de 1992, el periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer fueron secuestrados como parte del autogolpe.
Tribunal Constitucional puede revisar beneficios presidenciales
La resolución suprema que conceda beneficios presidenciales al reo Alberto Fujimori no puede ser impugnada por el Poder Judicial.
Sin embargo, sí puede ser revisada por el Tribunal Constitucional, como quedó establecido en los casos de Alfredo Jaililie Awapara, beneficiado con el derecho de gracia, y en el frustrado indulto de José Enrique Crousillat López Torres.
El Tribunal Constitucional consideró que el indulto y el derecho de gracia necesitan un estándar mínimo de motivación que posibilite un control constitucional posterior.
En el caso Crousillat, el TC estableció que los motivos humanitarios deben ser reales para que el indulto tenga validez.
Derecho de gracia lo libra de:
Caso Pativilca
El 29 de enero de 1992, el grupo Colina asesinó a 6 pobladores de Pativilca, Barranca, bajo la sospecha de que eran terroristas.
Caso Miyagusuku/Chavimochic
Fujimori ordenó usar US$ 800 mil del SIN para comprar un terreno agrícola en Chavimochic en beneficio de su amigo Augusto Miyagusuku.
Caso Esterilizaciones forzadas
Entre 1990 y 2000, más de 300 mil mujeres fueron sometidas a esterilizaciones forzadas por el Programa de Planificación Familiar.
Gasoducto del sur
La Fiscalía viene investigando a los ejecutivos de la constructora Odebrecht que intervinieron en la adjudicación del Gasoducto por US$7,328 millones y a los funcionarios públicos que permitieron el incremento de la obra, que, según la consultora Wood Mackenzie, debería haber costado US$3,000 millones.
Asimismo, se conoció que dicho ente viene investigando el potencial de las reservas gasíferas de los lotes 57 y 58, que serían insuficientes para hacer rentable el proyecto.
“La nota demuestra que se hacía un ducto sin saber para cuántos años teníamos de gas”, manifestó a Perú21 el congresista Víctor Andrés García Belaunde (AP) al comentar la nota periodística.
“El Estado tenía que subsidiar US$900 millones por año para asegurar el abastecimiento del gas y, en los próximos 30 años, en el Perú se hubiese tenido que pagar US$27,000 mil millones, además del costo de la construcción del ducto por US$7,328 millones”, añadió.
“Nosotros (Acción Popular) en la campaña de (Alfredo) Barnechea dijimos varias veces: no hay reservas probadas, sino probables”, anotó.
Por otro lado, Juan Pari, ex congresista y ex presidente de la comisión Lava Jato que investigó la concesión del Gasoducto, afirmó: “El único lote que iba a abastecer el Gasoducto solo alcanzaba una oferta de 400 millones de pies cúbicos (mpc) por día y el tubo estaba diseñado para 500 mpc”.
“La trampa en el negocio era el tubo lleno y el resto se subsidiaba. La oferta estaba vinculada a la demanda y solo se tenía la mitad de gas, nada más. No había la suficiente oferta y la demanda era doméstica”, enfatizó el citado ex parlamentario.
El fiscal Reinaldo Abia viene investigando a 13 personas que hicieron posible la concesión del Gasoducto.
La hipótesis que investiga la Fiscalía es que Odebrecht pagó a los candidatos presidenciales de 2011 para asegurar la obra.
Fuente: Diario Perú21.