Archivo por meses: junio 2017

Lula OAS

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El Ministerio Público de Brasil solicitó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea condenado a prisión por el delito de “corrupción pasiva calificada”. El pedido fue remitido al juez federal Sergio Moro y corresponde a una causa penal en la que Lula es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados con un apartamento que sería de su propiedad,pero aparece registrado en nombre de empresarios que serían sus testaferros.
La propiedad es un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) y figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo descubierto en la estatal Petrobras.
Lula afronta seis denuncias. El caso relacionado al apartamento de Guarujá es el más avanzado y se prevé que el juez estará en condiciones de dictar sentencia a principios de julio. Empero, el expresidente negó ser dueño de ese inmueble y lamentó la “persecución judicial”.
A decir del exjefe de Estado, sus enemigos políticos buscan impedir que vuelva a postular a la Presidencia en 2018.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que hay fuertes pruebas en su contra y ha pedido que, junto con Lula, sean condenados a prisión el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y cinco exdirectivos de esa empresa.
Fuente: Diario Correo.
PREINFORME SOBRE COMPRAS MILITARES DE LAS FF.AA. Y LA PNP

Acusarían constitucionalmente a Humala y a seis exministros

Exmandatario bajo la lupa del Congreso junto a Pedro Cateriano, Daniel Lozada, Wilfredo Pedraza, Daniel Urresti y José Pérez Guadalupe.

Por Erick Sánchez Noriega- Diario Expreso.
El preinforme sobre las compras militares de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, elaborado por la Comisión de Defensa del Congreso, recomendaría acusar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala Tasso, así como a seis de sus exministros, entre ellos dos exministros de Defensa.
Así lo detalla el documento al cual EXPRESO tuvo acceso y que sería debatido y aprobado junto con los otros dos informes sobre ascensos irregulares y por la supuesta injerencia política en las operaciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) durante su gestión, tal como lo anunció la titular de este grupo congresal, Luciana León.
Se trata ahora de detallar la línea 1 de investigación que se refiere a las contrataciones y adquisiciones bajo cualquier modalidad utilizadas para la compra de vehículos, armamento, uniformes y demás elementos logísticos para las Fuerzas Armadas y la Policía, así como las operaciones de gobierno a gobierno realizadas entre los años 2011 y 2016, es decir durante el régimen anterior de Humala Tasso.
“Se recomienda, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, y lo establecido en el inciso g) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, formular acusación constitucional contra el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción constitucional contraviniendo los artículos 76 y 118 de la Constitución”, refiere el preinforme.
Además “se recomienda formular acusación constitucional contra el exministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción constitucional contraviniendo los artículos 76 y 128 de la Constitución”.
“Se recomienda formular acusación constitucional contra los exministros del interior Daniel Lozada Casapia, Wilfredo Pedraza Sierra, Daniel Urresti Elera y José Luis Pérez Guadalupe por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción constitucional contraviniendo los artículos 76 y 128 de la Constitución”.
SOBRE SATÉLITE
Respecto al sistema de adquisición del Sistema Satelital de Observación Terrestre con Resolución Submétrico, a cargo de Conida, bajo la modalidad de gobierno a gobierno entre Perú y Francia, se recomienda remitir el resultado de esta investigación al Ministerio Publico a fin de que se promueva la investigación preliminar contra Jakke Valakivi Álvarez, mayor general FAP Mario Pimentel Higueras, Carlos Rodríguez Pajares, coronel FAP Edgardo Barrueto Plaza, Ronald Barrientos Deza y Paola Liliana Lobatón Fuchs, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible y omisión de denuncia.
Asimismo, sobre la adquisición y coproducción de 20 aviones KT-1P, a cargo de la FAP, bajo la modalidad de gobierno a gobierno entre Perú y Corea, se recomienda remitir el resultado de esta pesquisa al Ministerio Publico a fin de que promueva la investigación preliminar contra Jakke Valakivi, teniente coronel (r) Lizandro Maycock Guerrero, mayor general FAP (r) Francisco Lizarzaburu, Paola Liliana Lobatón Fuchs por la presunta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible y omisión de denuncia.
Respecto al proceso de adquisición de helicópteros de ala rotatoria a cargo de la Comandancia de Aviación del Ejército Peruano, bajo la modalidad de gobierno a gobierno y la Federación Rusa, se recomienda remitir el resultado de esta pesquisa al Ministerio Publico a fin de que promueva la investigación preliminar contra Jakke Valakivi, general de brigada Germán Gonzales y Paola Liliana Lobatón Fuchs por la presunta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible y omisión de denuncia.
OTROS PROCESOS
Las mismas recomendaciones se dan respecto a la adquisición de los aviones Spartan a cargo de la FAP, bajo la modalidad de compra al mercado extranjero; y la adquisición de bienes extranjeros para la implementación de bases temporales en el Vraem, a cargo del Ejército.

Selfie en Marbella

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El sargento de segunda Bryan George Lizana Chávez era natural de Chincha (Ica) e iba a cumplir 20 años en octubre.El sargento de segunda Bryan George Lizana Chávez era natural de Chincha (Ica) e iba a cumplir 20 años en octubre. Fuente: Reniec.
El soldado Miguel Ángel León Lamas, nacido en Jesús María (Lima), estaba por cumplir 21 años el 25 de junio. El soldado Miguel Ángel León Lamas, nacido en Jesús María (Lima), estaba por cumplir 21 años el 25 de junio. Fuente: Reniec.
El soldado Edinson Huangal Alvarado había nacido en Bellavista (Callao) y estaba próximo a celebrar su cumpleaños número 19 en julio.El soldado Edinson Huangal Alvarado había nacido en Bellavista (Callao) y estaba próximo a celebrar su cumpleaños número 19 en julio. Fuente: Reniec.El cabo Percy Gabriel Gálvez Pareja, quien nació en el distrito de Independencia (Lima) había cumplido 21 años el pasado mayo.El cabo Percy Gabriel Gálvez Pareja, quien nació en el distrito de Independencia (Lima) había cumplido 21 años el pasado mayo. Fuente: Reniec.

Muerte en la playa

Por Martha Meier Miró Quesada-Diario Expreso.
La mañana de ayer un pescador artesanal notó a alguien luchando para no ahogarse en el furioso mar de la playa Marbella, en Magdalena. Lo rescató, era un joven soldado, otros más estaban también en peligro.
Un entretenimiento del Ejército Peruano en Marbella terminó con la vida de cuatro jóvenes del Batallón de Intendencia Nº 511, del cuartel de Pueblo Libre. Desde muy temprano el grupo hacía ejercicios a lo largo de la orilla de la playa Marbella, conocida por la bravura de su mar, sus fortísimas corrientes y sus olas cargadas de piedras.
Obligar a alguien a entrar en esas aguas reconocidas por chúcaras es lo mismo que empujarlo sobre los rieles del tren a segundos de que este pase. ¿Quién o quiénes dieron la orden para que hombres cansados se sumergieran allí o permitió que se acercaran demasiado a esas olas capaces de jalar piedrones de peso considerable? ¿Quiénes son responsables de la muerte de los jóvenes: sargento de segunda Bryan Lizana Chávez (19), al cabo Percy Gálvez Pareja (21) y a los soldados Miguel Ángel León Lamas (20) y Edison Huangal Alvarado (18).
En un país como el nuestro, campeón de campeones del “saca-cuerpismo”, la institución a la que pertenecían los ahogados informó que el entrenamiento no estaba programado ni autorizado por el comando. Así las cosas, algunos militares aburridos, sin que nadie lo supiera, decidieron sacar al amanecer a más de 40 jóvenes del cuartel para que pasen frío, corran sobre piedras y luego entren al frío mar.
Las múltiples versiones aparecieron –operación confusión que le llaman-; un diario local afirmó que “pudo conocer que durante la práctica se generó una discusión entre los soldados. El mayor responsable del grupo habría llevado a los muchachos hacia la orilla para conversar. Al parecer las aguas de la playa Marbella arrastraron a los soldados y los llevaron mar adentro”. Y bueno está también la “teoría de la foto” del ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos: “tras los ejercicios de entrenamiento el grupo paró a la altura de la playa Marbella para tomarse fotos y una ola arrasó a algunos soldados” ¡Por favor! Mejor es callarse y solo darle las condolencias a esas familias.

Celulares acuáticos

Luego del lamentable fallecimiento de los cuatro soldados del Ejército en la playa Marbella, se revelaron fotografías y videos de los instantes previos al momento del accidente. En ellas se aprecia a la compañía de soldados corriendo por las calles.
En otro grupo de imágenes, se aprecia que el recorrido del batallón por las calles de Pueblo Libre hasta su bajada a la playa Marbella.
Cuatro militares del cuartel Simón Bolívar, de Pueblo Libre, perdieron la vida ahogados durante un entrenamiento en la playa Marbella de Magdalena del Mar.
El Ministerio de Defensa reveló algunas imágenes en las que se aprecia al grupo de militares tomándose fotos cerca a la orilla, exponiendo su integridad. En segundos, pasaron de la alegría a la tristeza.
Son cuatro los miembros del Ejército Peruano que fallecieron ahogados en la playa Marbela (Magdalena) este viernes por la mañana:
Bryan George Lizana Chávez (19). Era sargento de segunda y natural de Chincha (Ica). Iba a cumplir años el 25 de octubre.
Miguel Ángel León Lamas (20). El soldado había nacido el 25 de junio de 1996 en Jesús María (Lima).
Edinson Huangal Alvarado (18). Era soldado y había nacido en Bellavista (Callao). Estaba próximo a celebrar su cumpleaños el 25 de julio.
Percy Gabriel Gálvez Pareja (21). El cabo nacido en el distrito de Independencia (Lima), había cumplido años el pasado 25 de mayo.
Fuentes: Diario La República y Radio Programas del Perú.
Mientras más antecedentes se conocen sobre el ejercicio militar no autorizado, que terminó con la muerte de cuatro jóvenes soldados, más interrogantes surgen sobre lo que realmente provocó que se adentraran en la playa de Marbella. La hermana de uno de los fallecidos, denunció que el responsable de la muerte de Edison Huangal, es el mayor Kliford Rey Sánchez, ya que sabía que no sabía nadar y de igual manera, lo hizo participar del ejercicio. Además mostró una conversación que tuvo con su hermano en el que dejaba en claro que sus celulares habían sido requisados por este mayor, lo que destruiría la tesis de que se ahogaron por tomarse una “selfie”.
Fuente: Programa Beto a saber ATV.

Nelly Evans Risco, la cajera

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Agentes del GEIN, Joe Sánchez y Felix Castro vigilaron casa en el 459 de la calle 2 en San Borja durante un mes antes de la intervención.

La Cacería de ‘Gonzalo’

Por Juan Rosales- Revista CARETAS
A 25 años de la captura de Abimael Guzman, la historia del primer indicio que marcó el camino para llegar al líder de Sendero Luminoso.
Corrían los primeros días de mayo de 1990 cuando el ingeniero Carlos Torres Mendoza, fundador de Sendero Luminoso (SL), fue descubierto ingresando a una residencia  ubicada en el  acomodado distrito de San Borja, a unos cuántos metros del Pentagonito. Había dado demasiadas vueltas antes de llegar como para tener en su poder una de las llaves.
Encontraron lentes de Guzmán.
Era evidente, concluyeron los agentes del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), que Torres intentaba despistar a un eventual perseguidor. Anotaron la dirección: 459 la calle 2, en San Borja.
Fueron delegados con la misión de custodiar la vivienda el capitán Félix Castro Tenorio y el alférez Joe Sánchez Alva. Trabajaban desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Terminado su turno, debían preparar un informe sobre todo lo visto durante la jornada. “No teníamos logística y recién estábamos explorando un nuevo campo para nosotros: la inteligencia”, recuerda Sánchez en conversación con CARETAS.
Abimael tomaba ansiolíticos para la depresión por la muerte de su esposa.
Dos meses atrás, un 5 de marzo, Castro y Sánchez habían sido convocados por el comandante Benedicto Jiménez para formar el GEIN. Completaban el grupo los agentes Jorge Luna y Carlos Iglesias. Apoyaron al grupo el general Fernando Reyes Roca y el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla. Comenzaron cinco, pero llegaron a ser más de 80.
Agentes del GEIN incautaron regalos para Guzmán y su archivo personal.
Hasta entonces la estrategia antiterrorista tenía como eje el uso de la fuerza mediante la organización de redadas preventivas. Era frecuente la detención de militantes de base de SL, pero nadie tocaba a los miembros de la cúpula. Los miembros fundadores del GEIN le dieron un giro a esa fórmula. Aplicando trabajo de espionaje y seguimiento, apuntaron a la cúpula de la organización.
“Sabíamos quienes tenían las llaves de las casas y a ellos los capturábamos afuera. Antes se entraba rompiendo la puerta y te esperaban a balazos”, cuenta Castro. Una premisa sencilla orientaba su trabajo y el de sus compañeros: investigar antes de apresar. Los éxitos no tardarían en llegar.
El 1 de junio el GEIN dio su primer golpe, aquel que marcaría el derrotero para la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992. “Que se desate la tormenta”, ordenó Benedicto Jiménez aquella noche. Detuvieron a 37 personas y fueron allanadas de forma simultánea una veintena de casas sospechosas de acoger actividades senderistas. Una de ellas fue la que está situada en la calle 2, en San Borja. Lo que encontraron allí fue un auténtico “tesoro”.
Agentes del GEIN.
En la vivienda de 600 metros cuadrados, organizada con cuatro habitaciones y un amplio jardín, encontraron la biblioteca personal de Abimael Guzmán, el archivo del partido, propaganda política, regalos para el “Presidente Gonzalo” como cuadros, tapetes, maletines e incluso un ejemplar de la “Entrevista del Siglo” firmada de su puño y letra por Guzmán.
Guzmán vivió en dos viviendas ubicadas a pocos metros del Pentagonito.
Entre los documentos incautados figuraban actas de sujeción al líder, cartas con quejas y cuestionamientos a los mandos por falta de suministros, informes de planificación y ejecución de atentados. Sin mencionar los escritos sobre reglajes a jueces, fiscales, militares y otras autoridades del Estado.
Senderista Carlos Torres Mendoza.
Pero la evidencia que mejor describía el funcionamiento del aparato de SL fue un acta del Primer Congreso, celebrado en tres sesiones entre 1988 y 1989. La última de ellas tuvo lugar en esa misma casa el 26 de junio de 1989. “La operación validaba la metodología de trabajo que habíamos comenzado a desarrollar. Nunca antes habíamos tenido información tan secreta e importante”, comenta el general  PNP Carlos Morán.
Los agentes también llevaron consigo otros objetos que les permitieron perfilar los gustos y dolencias de Guzmán. Fumaba cigarrillos rojos de la marca Winston y bebía vodka. En su escritorio hallaron lentes, pastillas para hongos, ansiolíticos, laxantes y vitaminas. Se estima que Guzmán vivió en esa casa hasta quince días antes de la intervención. Por primera vez la Policía le pisaba los talones.
Durante el operativo también fueron apresados dos miembros  del Departamento de Apoyo Organizativo (DAP): Elvia Zanabria Pacheco, encargada de resguardar el archivo y, por supuesto, Carlos Torres Mendoza. Ambos eran asiduos visitantes de la casa. También fue detenida, Sybila Arredondo, miembro del Comité Político.
La casa pertenecía a un empresario que alquilaba la casa por US$1,000 mensuales a Rosa Hasemberg Armh, secretaria de Abimael y coordinadora de los mandos regionales con el Comité Central. Entre los papeles recabados por los agentes saltó a la vista un nombre de vital importancia para la posterior caída de Guzmán: Luis Alberto Arana Franco.
Casa de la calle Buenavista 265, en Surco, alquilada por Nelly Evans.
Su nombre figuraba en facturas de compra de muebles de escritorio. Fue detenido el 25 de junio de 1992. La información proporcionada por Franco a cambio de libertad, protección y una nueva identidad, permitió identificar a Maritza Garrido Lecca, cuyo seguimiento permitió a los agentes del GEIN identificar el refugio final de Abimael en una academia de baile en Surquillo.
Abimael Guzmán durante el funeral de su esposa Augusta La Torre en la residencia de la calle 2 en San Borja.
Un  recibo de un precontrato de arrendamiento a nombre de Nelly Evans Risco por US$ 700, encontrado también en el allanamiento, fue la pista que llevaría a poner bajo la mira otra casa en las inmediaciones del Pentagonito. “Como buen maoísta, Abimael Guzmán, seguía las estratagemas chinas. Estas dictan que debes meterte donde está el enemigo, donde eres menos visible”, apunta el comandante John Káser Ocharán. La casa estaba situada en Buenavista 265, Chacarilla del Estanque. Llegaron allí siguiendo a Arana Franco. Fue alquilada a Nelly Evans Risco por un oficial de la Marina que se encontraba como agregado militar en el extranjero.
Durante la vigilancia detectaron que Evans a comenzó a trasladar cajas de la casa de Buenavista a un departamento en Balconcillo, La Victoria. Los agentes golpearon ambos objetivos el 31 de enero de 1991. En ese operativo se encontró el famoso video de Guzmán bailando como “Zorba el Griego y el del funeral de Augusta La Torre, que tuvo lugar en la casa de la calle 2. Las imágenes permitieron identificar a toda la cúpula senderista. Meses después, un  encrespado Abimael aparecería alzando el puño tras las rejas.
Mantilla apoyó creación del GEIN.

La crisis extrema

Ofensiva contrasubversiva y contraofensiva estatal (27 de marzo de 1989-12 de septiembre de 1992)
1. La creación del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) en la DIRCOTE
En los últimos meses del gobierno aprista, como consecuencia de discrepancias internas, sería creado en la DIRCOTE el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que, rebautizado como DIVICOTE-1, lograría lo que hasta el momento parecía imposible cumplir: la captura del líder máximo del PCP-SL, Abimael Guzmán Reinoso.
En enero de 1990 el general PNP Edgar Suclla Flores, un oficial no familiarizado con el trabajo de lucha contrasubversiva -proveniente de la especialidad y trayectoria profesional de investigación criminal- asumiría la dirección de la DIRCOTE. Sin entender la especificidad de la labor de análisis de información que era necesaria para el trabajo en curso en la DIRCOTE (lucha contra la subversión), las diferencias de enfoque sobre cómo abordar el trabajo entre Jiménez -hábil analista de la unidad- y Suclla no tardarían en evidenciarse (coronel PIP (r) Palacios, Entrevista CVR 23.8.02). El incidente es relatado por Javier Palacios, quien ese año se encontraba fuera de la DIRCOTE siguiendo sus estudios de especialización en el Instituto Nacional de Altos Estudios Policiales (INAEP): Cuando dicen que Mao Tse Tung, que el habeas corpus… ¡Fuera de acá! Lo botaron. Jiménez va y me busca a mí […] ¡Pero cómo te van a botar si tenemos el trabajo arriba! Fuimos a hablar con Reyes Roca y le dije «Mi general, a mí me pueden botar. Yo ya estoy afuera. Él es [el] que está quedando y él es el único que puede seguir en este trabajo.» Al costado de Reyes había un depósito, un cuarto y limpiamos el cuarto y ahí pusimos unos papeles […] felizmente para éxito formó el equipo y con eso ya comenzó a capturar, o sea se volvió una DINCOTE chiquita (ibid).
El Teniente General PNP Reyes era aún en ese momento director superior de la Policía Técnica (ex PIP). Reyes había comandado la DIRCOTE entre 1984 a 1987 y conocía muy bien el trabajo que desde entonces realizaban esta unidad y sus efectivos. Sabía de la habilidad de Jiménez como especialista para el análisis de documentación del PCP-SL, fruto de un trabajo arduo y aprendizaje de años. Molesto con el cambio intempestivo, Reyes ordenó que le asignaran una oficina en el tercer piso del edificio de la Central Operativa de Investigación Policial y al capitán PNP Alcides Vigo Hurtado -conocido como EDICOPIP- y al personal que solicitase de la DIRCOTE (Jiménez op. cit.; Teniente General Reyes op. cit.).
Formalmente, este grupo fue parte de la DIRCOTE, pero empezó a trabajar independientemente de las labores cotidianas de dicha dirección. Reyes aceptó que el grupo le diera cuenta directamente de sus acciones. Por otro lado, para las gestiones administrativas el GEIN, dependería del coronel Manuel Tumba Ortega -jefe del Estado Mayor de la DIRCOTE y mártir de la unidad desde que fuera asesinado por PCP-SL el 5 de noviembre de 1992-. En los meses siguientes y, también luego, una vez retirado de su cargo, Reyes gestionaría la obtención de recursos para el nuevo grupo como asignaciones para movilidad y refrigerios de los agentes que realizaban seguimientos. Asimismo, consiguió que la Marina los apoyase con unos vehículos y un equipo de filmadoras (Teniente General Reyes op. cit.; coronel PNP Jiménez, Entrevista CVR 16.9.02). Su servicio de inteligencia estaba interesado en estar al tanto de su trabajo. Por ello, además de los recursos, asignó al GEIN un chofer y dos analistas que permanecerían en el GEIN hasta mediados de 1991 (Coronel PNP Jiménez op. cit.). Especialmente desde ese año, el GEIN contaría -a diferencia de lo sucedido en muchos años con la DIRCOTE- con un apoyo económico considerable traducido, sobre todo, en equipamiento. El gobierno norteamericano a través de la CIA fue uno de sus soportes más importantes. Sucedería lo mismo con otros grupos de la DIRCOTE más adelante.
El grupo se propuso como objetivo dar, finalmente, el segundo paso en la estrategia hacia la desarticulación del PCP-SL, que hasta ese momento no había sido posible concretar: desarticular el aparato político del PCP-SL. Quedando a cargo del resto de grupos operativos (Deltas) la labor de contrarrestar las acciones del aparato militar del PCP-SL, el GEIN pudo dedicarse exclusivamente al objetivo propuesto. En efecto, como explica Palacios: ¿Qué pasó? Ellos [GEIN] ya comenzaron hacer seguimientos, vigilancias a más profundidad. ¿Por qué? Porque ellos no recibían detenidos, ellos ya no recibían. En la DINCOTE habían veinte atentados y venían los trabajos de investigación, tenían dos fiscales…Él [Jiménez] no, trabajaban aparte. Entonces él trabajaba a su ritmo, él solo se desarrollaba y se medía, y bueno logró formar un buen equipo de trabajo y la Marina lo apoyo con vehículos. Posteriormente se recibió cierto apoyo del exterior para alquilar vehículos para hacer seguimientos, para las filmaciones, para poder tomar ambientes y alquilar para poder vigilar. Entonces el trabajo básicamente es de Benedicto con Miyashiro, como cabecera. (coronel PIP Palacios, 23.8.02). Efectivamente, el GEIN terminaría comandado por Marco Miyashiro. Siendo amigos desde cadetes, aunque de diferentes promociones, en los primeros días de trabajo del nuevo grupo Jiménez recurrió a Miyashiro para que lo apoyase con personal y equipos básicos con los que aún no contaban, como walky talkies. Jiménez invitará a Miyashiro a unirse a su grupo y comandarlo, como correspondía debido a su mayor antigüedad desde la escuela (general PNP Miyashiro op. cit.; Jiménez op. cit.).
El 5 de marzo de 1990, el GEIN inicia su primera operación de inteligencia, bautizada Isa. La camarada Isa, integrante del Grupo de Apoyo Operativo (GAP) del PCP-SL, había sido detenida en 1986 por la DIRCOTE. Ésta salió poco tiempo después en libertad por falta de pruebas. Ese mismo año, la madre de un joven captado a las filas del PCP-SL por Isa, dejó en la DIRCOTE una carta con el teléfono y dirección de aquella. Jiménez guardará la carta argumentando que dejó estos datos «para mejores circunstancias ya que las condiciones no eran propicias para entrar a la fase de inteligencia. La DINCOTE no trabajaba aún, no entraba a este método de trabajo, obtenía buenos resultados en base a la captura de miembros de los destacamentos, pero aún no había encontrado la vía adecuada para llegar a las cabezas de los grupos subversivos (el PCP-SL y el MRTA)» (Jiménez op. cit.: 707). En 1990, iniciaría la labor de su grupo utilizando los datos que había guardado por casi cinco años.
El primero de junio de ese mismo año, el GEIN alcanzará su primer logro. Ese día, se allanó la casa ubicada en la Calle 2 459 urbanización Monterrico Norte, donde hasta pocos días antes se alojaba Guzmán. En dicha casa funcionaba el Departamento de Apoyo Organizativo (DAO), aparato central que tenía como misión principal organizar los eventos partidarios y retrasmitir las directivas de la Dirección Central hacia los comités y aparatos partidarios. Asimismo, debía llevar una especie de archivo central de los documentos partidarios. En esa oportunidad, cayeron dos instancias que dependían de la dirección central del PCP-SL: el referido DAO, a cargo de la abogada Elvia Nila Sanabria (a) Juana y el Grupo de Apoyo Partidario (GAP), a cargo del camarada David, Carlos Torres Mendoza, que había tejido una red de viviendas y de distribución de propagandas senderista a nivel nacional. Entre los detenidos se encontró también a María Sybilla Arredondo Guevara, viuda del escritor José María Arguedas, y que había sido liberada años antes por la justicia aduciendo falta de pruebas después de haber sido detenida por la DIRCOTE. En la casa se halló también una lista para los contactos con miembros de los aparatos centrales del PCP-SL, que contenía los seudónimos, teléfonos y direcciones.
Después de esta operación, remarca Jiménez, PCP-SL se abre como una «caja de Pandora» (ibid). Para él, la caída de esta casa (segunda en importancia) fue «el principio del fin de Sendero Luminoso» ( ibid: 721). Un hecho similar fue declarado a propósito de la intervención dirigida a la prensa por el aún ministro del Interior Mantilla, quien subrayó enfáticamente que para el PCP-SL era el comienzo del fin (Ideele n.° 15, Julio de 1990). En efecto, como relata Jiménez, este hecho sorprendió al gobierno e hizo a Mantilla arrepentirse por haber privilegiado el financiamiento de otras unidades policiales antes que la DIRCOTE: […] usted conoce que había una doctrina netamente militar. En ese entonces cuando entra las FFAA, la solución era militar. Y todo el apoyo se iba para allá. Incluso cuando el partido aprista, el primero de junio del año 90, cuando se interesa Mantilla en nosotros. Porque nosotros empezamos y nadie se interesó en nosotros. Cuando vemos Mantilla está en la casa y Mantilla da la conferencia de prensa y las primeras cinco camionetas nuevas que nos dieron fue justamente en ese momento. Recién en el noventa. Porque incluso el mismo Mantilla después iba a la oficina y se sentaba en un sillón todo viejo y él decía ‘Pucha que nos hemos equivocado’, decía. O sea, todo el interés estaba puesto en la solución militar, la Fuerza Armada, en el campo, todo. Pensaban solucionar allí el problema, cuando no se dieron cuenta que la solución era tan simple, ¿no?, de inteligencia (coronel PNP Jiménez op. cit.).
Hasta entonces, el GEIN trabajaba aún con varias limitaciones logísticas para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, su importancia radicaba en los conocimientos de lucha contrasubversiva que sus hombres (y mujeres) tenían (DIRCOTE, op. cit.). Todos sus miembros habían logrado una especialización y aprendizaje prácticos en el curso de su desempeño de la DIRCOTE. Ellos recopilaban manuscritos, pruebas, documentos y todo material referido a los grupos subversivos. Además, continuaron con la labor iniciada por los psicólogos y sociólogos de la DIRCOTE, confeccionando guías de antecedentes y lazos familiares de los capturados que permitieran establecer un perfil de los cabecillas (ibid). Tal como Palacios hiciera en los primeros años de la DICOTE los primeros organigramas para tratar de comprender al PCP-SL, ellos comenzarían a hacer sus «arañas» trabajando sobre todo la información hasta el momento recopilada y analizada sobre Socorro Popular. Aprovechando el trabajo que avanzó el grupo de análisis especial en la forma de asesoría Legal -desactivado ese año- continuaron reconstruyendo con la información incautada las relaciones que los miembros de PCP-SL entablaban dentro de su complejo sistema de compartimentaje. Sólo meses después -en 1991- y luego de un arduo trabajo, llegarían a conocer quiénes eran los miembros del Comité Central de SL.
Estos primeros meses fueron difíciles para los efectivos dedicados a esta labor. Como los miembros del GEIN no lograban aún resultados concretos (la eficacia era medida usualmente dentro de la cultura policial por el número de detenidos), diversos miembros de la DIRCOTE se burlarían aún de ellos llamándolos los «cazafantasmas». (Jiménez op. cit.; Teniente General PNP Reyes op. cit.; General PNP Jhon Caro, Entrevista CVR 23.4.03); EQ. EC-PNP/ CVR, Entrevista CVR 13.2.03).2. La despolitización de la Policía Nacional del Perú
La existencia de una aparente politización de la policía durante el gobierno aprista fue denunciada más de una vez, sobre todo a inicios de la década del noventa. Además de los nombramientos de puestos de confianza, se señala que durante dicho período se utilizaron dos mecanismos que distorsionaron en buen grado la línea de carrera policial (general PNP op. cit.). Por un lado, se aprovechó la figura del ascenso por acciones distinguidas para favorecer a ciertos efectivos que no lo merecían. «Me refiero a aquellos que, por el amiguismo, el padrinazgo, fueron ascendidos» (ibid). Se señala, por ejemplo, que la unidad engreída de Mantilla fue la DOES y que mucha gente ascendía simplemente por servir allí. De otro lado, se abusó del mecanismo de ampliación de vacantes para los ascensos para con miras a favorecer a aquellos efectivos escogidos que, según la foja de rendimiento profesional, no alcanzaban por méritos propios un lugar en las vacantes previamente establecidas.
Basándose principalmente en este tipo de argumentos políticos, y en medio de investigaciones en curso sobre la vinculación del ex Ministro del Interior con el llamado “Comando Rodrigo Franco”, una de las primeras medidas que asumió el nuevo gobierno desde el sector Interior fue realizar nuevamente una gigantesca purga en la PNP. Se consideró, en especial, la salida de los oficiales que consideraron más cercanos a Mantilla (DESCO, Resumen Semanal n.° 580, 26 de julio-2 de agosto de 1990). Ante la actitud drástica y rápida con que se procedió a la purga de policías, miembros del Congreso demandarían al Ministerio del Interior una explicación y sustentación de la medida. (DESCO, Resumen Semanal n.° 581 3-9 de agosto de 1990).
La respuesta de los policías ante las bajas, dadas con aparentes vacíos legales, no se hicieron esperar. Conocidos jefes operativos de los estamentos policiales manifestaron su total desacuerdo por la decisión que los separó de sus cargos y no se les otorgó, de acuerdo a ley, el derecho a la defensa (ibid.). Unas semanas después se confirmaría que el proceso de bajas no había sido del todo claro. En octubre, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, presidida por el vocal Manuel Marilú Galvez, ordenó la inmediata reposición al servicio activo de la PNP del general Raúl Chávez Gonzáles y el coronel Víctor Cancino Rincón, quienes dirigieron la investigación en el caso “Villa Coca”. Ellos fueron dados también de baja en la purga decretada por el gobierno entre los altos mandos policiales (DESCO, Resumen Semanal n.° 590, 5-11 de octubre de 1990). Por lo menos sabemos hoy, que en estos casos hubo una intención premeditada del ya por entonces asesor Vladimiro Montesinos. Las investigaciones del caso Villa Coca, echaban luces sobre sus vinculaciones con narcotraficantes.
El malestar entre el personal policial se agudizaría luego de conocerse que el nuevo gobierno acompañaría estas medidas con una nueva reestructuración organizativa de la policía. No obstante, la decisión estaba tomada y no se retrocedería luego. Esperando que esto suceda y encontrando que, efectivamente, existía un exceso de personas en altos mandos de la policía, el Senado aprobó diferir los ascensos a la clase inmediata superior de 16 altos oficiales propuestos por el Ejecutivo hasta que se conociera la nueva estructura orgánica policial (DESCO, Resumen Semanal n.° 599, 7-13 de diciembre de 1990).
3. El retorno de los militares
Si bien se denunció que durante los años de gestión del gobierno aprista se produjo un proceso de politización de la policía, el gobierno del independiente Alberto Fujimori Fujimori significaría, entre otras cosas, el retorno de los militares a posiciones de poder (de facto) y la extensión y organización de la corrupción en diversas instancias estatales, a las cuales la policía no sería ajena. Con la asunción del nuevo gobierno, el control del sector Interior y, con ello, el de la policía, sería asignado nuevamente a los militares. En total, el sector Interior contó con siete ministros durante los dos gobiernos de Fujimori Fujimori. De ellos, seis fueron generales del Ejército -dos en retiro y cuatro en actividad- y uno el primer policía que asumía la conducción del sector en la historia del Perú, aunque por menos de un mes. En todos estos años no se contó con ningún civil en un puesto de dirección política como éste.
Pronto se empezaría a denunciar la militarización del sector y, consecuentemente, de la policía. Pero no solamente porque la conducción política del sector quedaría a cargo, sucesivamente hasta el año 2000, de generales del Ejército. A ello se sumaría que, varios militares irán asumiendo los altos cargos de dirección en el Ministerio que, hasta entonces, estuvieron en manos de policías o civiles. Los militares llegarían así a controlar toda la estructura del ministerio, especialmente los puestos de alta dirección (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03). Coroneles y generales del Ejército Peruano tuvieron a su cargo, entre otras, la Oficina General de Administración (OGA) -que centralizaba las licitaciones para abastecer de uniformes, equipamiento e implementos para el personal policial, incluyendo la compra de armas-, la Dirección de Control de Armas de Uso Civil (DISCAMEC), la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), así como las principales asesorías del sector (Caretas 1508, 15 de marzo de 1998). Asimismo, afirmando su preeminencia ni bien llegando al Ministerio, los militares se llevarían el personal, los equipos y archivo de informaciones de la DIGIMIN al Servicio de Inteligencia Nacional-SIN (general PIP Luque op. cit).
El temprano acercamiento de Alberto Fujimori Fujimori con las FFAA se especuló en algunos diarios en esos primeros días del gobierno. El 3 de agosto de 1990, Expreso presentaba como un trascendido que el presidente Fujimori Fujimori había aceptado una sugerencia presentada por asesores y altos jefes militares para que las Fuerzas Armadas asuman el control total de la lucha contra el narcotráfico y la subversión (DESCO, Resumen Semanal n.°580 26 de julio-2 de agosto de 1990). La nota continuaba. «Se supo, incluso, que en las próximas horas quedaría totalmente desactivada la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) y en su lugar sería creada otra entidad a cargo de las FFAA» (ibid). Aunque de hecho la DIRCOTE no fue desactivada, la noticia alertaba sobre los movimientos de correlaciones de poder que las FFAA y ya por entonces Vladimiro Montesinos desde el SIN preparaban los pasos que seguirían.
En medio de cambios, estos primeros fueron días de incertidumbre y especulaciones por la aparente cercanía del nuevo gobierno a las FFAA. Una nota aparecida en la sección «Confidencias» del diario La República, el 12 de agosto de 1990, informaba que […] a fin de no agitar más las aguas, el gobierno estudia la posibilidad de nombrar como viceministro del Interior al coronel PT Javier Palacios Ortiz, pieza imprescindible de la DIRCOTE. De este modo se intenta “desmilitarizar” al importante ministerio que está dirigido por el general EP Adolfo Alvarado Fournier. Sin embargo, Alvarado ha tropezado con la oposición de algunos miembros de su propia institución que consideran a Palacios, respetado por su valiosa y efectiva labor antisubversiva, como una persona difícil de convencer en un campo que muy pocos dominan como él (La República 12.8.90).
El nombramiento de Javier Palacios como Viceministro del Interior no fue concretado. Un oficial trabajador, con opinión propia, que en años anteriores no había escatimado en críticas cuando lo consideró pertinente, se había hecho de diversos enemigos, tanto en las FFAA como entre miembros de la propia policía (especialmente de la antigua GC, en ese momento Policía General). Al conocerse la noticia, los contactos no tardaron en ser establecidos. Palacios sería acusado ante el nuevo gobierno de aprista, por la cercanía que mantuvo en coordinaciones de trabajo de la DIRCOTE con el ex Ministro Agustín Mantilla. En 1991, tras una confrontación con el SIN, el oficial que había empeñado más de diez años de su vida en la DIRCOTE sería asignado a la Dirección Nacional de Investigaciones Criminales (DININCRI) de la policía, para él una suerte de castigo que buscaba «enfriarlo». No era posible que el gobierno sustentara ese año su baja, pues era un oficial reconocido públicamente por su trayectoria en la DIRCOTE. Luego de ser paseado por diferentes unidades, en 1995, sería dado de baja sin haber logrado siquiera, ser ascendido a general. Mientras tanto, las FFAA irían consolidando nuevamente su primacía en el sector.
A lo largo de esta década, el control militar en el sector interior reforzaría una visión militarista de la policía (Basombrío, Entrevista CVR 21.3.03). Por ello, en los años siguientes diversos medios y analistas no tardarían en denunciar lo innecesario y peligroso de la evidente militarización en curso.
4. El seguimiento de los pasos dados por los grupos especiales de la DIRCOTE
Como es de esperarse, la purga de oficiales iniciada por el gobierno, fue acompañada con el cambio del comando de varias unidades policiales. El 30 de julio de 1990 fue nombrado como director general de la PNP el teniente general Adolfo Cuba y Escobedo. El mismo día, se nombró también a los generales PNP Víctor Alva Plasencia, Humberto Fuentes López y José Zuta Valqui como directores superiores de la Policía general, Policía Técnica y Policía de Seguridad, respectivamente. Mientras tanto, el general PNP Enrique Oblitas Jaén sería nombrado como nuevo director de la DIRCOTE.
A pesar de las dificultades iniciales y de ver pasar al retiro a su gestor y protector, la labor del GEIN prosiguió. La información recabada en la casa de la Calle 2, permitió ubicar a los camaradas Abel (Luis Arana Franco) -jefe del Grupo Especial de Trabajo, componente del aparato de logística del PCP-SL, que operaba desde la Academia PreUniversitaria César Vallejo- y Ricardo (Hugo Deodato Juárez Cruzatt) -responsable del aparato de propaganda de SL-. Se inician, por tanto, dos nuevas operaciones para el seguimiento del rastro de los mismos: la Operación Huascaura, destinada a desarticular el aparato de logística del PCP-SL y la Operación Monterrico 90, destinada al seguimiento del aparato de propaganda. La intervención operativa de esta última, del 15 al 19 de septiembre de 1990, culminará con la captura del 80% de los integrantes del aparato de propaganda, incluyendo a su responsable, Hugo Deodato Juárez Cruzatt. Según Jiménez (op. cit.), este último era considerado por Guzmán como su delfín y debía sucederlo si algo le pasaba.
En diciembre de 1990, el general PNP Héctor Jhon Caro es nombrado como nuevo director de la DIRCOTE. Para ello, «se había movido la Cruz Roja Internacional […] porque no les dieron entrada. A mí me plantearon que todos los días deberían entrar hombres a conversar con los detenidos y una serie de cosas, y sabían que la gente ahí se colgaba y en la DINCOTE [entonces DIRCOTE] (General Jhon Caro, Entrevista CVR 23.4.03).
Jhon Caro brindará mayor apoyo al conjunto de los grupos operativos de la DIRCOTE. Propuso además a Javier Palacios -que acababa de regresar del INAEP- conformar un grupo especial similar al GEIN, para fortalecer el trabajo de búsqueda de los dirigentes principales de los grupos subversivos. Dicho grupo sería bautizado por Palacios como Brigada Especial de Detectives (BREDET) en 1991 cuando fue a pedir apoyo económico a representantes del Departamento de Estado de los EEUU. El BREDET aprovecharía para su trabajo los datos proporcionados por informantes u obtenidos de las mesas de escucha instaladas en sus hogares. Asimismo, fue vinculado a una institución que ofrecía recompensas por la captura de los dirigentes miembros del PCP-SL y del MRTA, conocida como La Fuerza de la Ley. Ésta dispuso una línea telefónica para recibir información, que fue analizada por los efectivos de la BREDET.
Palacios fue cambiado de la DIRCOTE durante ese año, luego de negarse a cumplir una orden dada por Vladimiro Montesinos desde el SIN. Éste envió al BREDET una lista de personas sindicadas como terroristas y ordenó a dicho grupo elaborar un atestado para poder aprehenderlas. Palacios se negó a ello, luego de constatar que, salvo en un caso, nada en sus antecedentes indicaba una vinculación con los grupos subversivos. Respondió que sólo cumpliría con la orden si ésta era puesta por escrito. Como castigo por su osadía, sería alejado poco después de la DIRCOTE. Además de la confrontación, Palacios contaba con el mal antecedente de haber participado en la investigación sobre el caso Villa Coca en 1985. Se especula que esa fue otra de las razones de su cambio, como sucedió también con otros policías de importancia en la DIRCOTE: «[…] el coronel Palacios que es una eminencia. ¿Por qué lo sacan a Palacios? Tuvo la misma que esos tres muchachos que le conté [Díaz Marín, Elías y Murazzo, miembros notables de la DIRCOTE] […] y ellos siendo tan importantes para la DINCOTE fueron sacados. A Palacios lo sacan por lo mismo, porque Palacios también estuvo en Villa Coca y desde la cárcel, Reynaldo Rodríguez seguía dirigiendo» (General PNP Jhon Caro op. cit.). Después de la salida de Palacios, el comandante Gonzáles asumiría la conducción del BREDET.
Por su parte, en enero de 1991 el GEIN seguía trabajando, contando para ello ya con veinte agentes. Mientras que el comandante Marco Miyashiro comandaba el grupo, el mayor Jiménez estaba a cargo del departamento de operaciones (Jiménez, op. cit.). El tercer miembro de importancia en la dirección del grupo era el mayor Luis Valencia. La organización iba consolidándose y ganando mayor credibilidad dentro de la DIRCOTE superando las limitaciones iniciales.
El GEIN dedicó este primer mes del año a la consolidación de la Operación Caballero. Habían ubicado e iniciado vigilancia a una casa de aparente importancia para la organización del PCP-SL. Al finalizar el mes, el día 31, procedieron a su intervención. Se encontró que en esta casa, ubicada en la calle Buenavista en Chacarilla del Estanque, San Borja, venía funcionando el Departamento Central del PCP-SL. Si bien no llegaron a tiempo para encontrarlo, recogieron información valiosa incluyendo el conocido video en que aparecía Guzmán en una reunión social bailando Zorba el griego, acompañado de importantes miembros del partido. Este video sería de especial importancia pues permitió contar por primera vez con imágenes recientes de altos mandos del partido. Asimismo, se encontró información detallada sobre el I Congreso Nacional del PCP-SL, cuyas sesiones se realizaron entre el 26 de enero de 1988 y el 29 de junio de 1989. Estos documentos permitieron recién a los policías del GEIN saber, con exactitud, quiénes eran los miembros del Comité Central, del Buró Político y de otros organismos importantes del PCP-SL (coronel PNP Jiménez, Entrevista CVR 16.9.02). En esta oportunidad se logró también detener a Nelly Evans Risco de Álvarez Calderón y otros subversivos (DIRCOTE op. cit.).Celebremos el 5 de abril de 1992Especialmente después de este golpe, los servicios de inteligencia tomarán cada vez mayor interés en el trabajo que el GEIN venía realizando. A la cooperación inicial de la Marina, se sumó, después de esta intervención, la contribución económica del SIN: Cuando nosotros hicimos ese operativo del 31 de diciembre, conversamos con Miyashiro, con toda la gente y me dijeron: «Con este trabajo tenemos autoridad para pedir lo que sea». «Y aparte de que en el año ochenta y cinco yo participé en la investigación que se hizo en el Seturín y el Doc, estaba requisitoriado en un atestado y todos los que participaron en esa investigación también fueron dados de baja ¿no? El único que no dieron de baja fue a mí en ese año y todavía quedé vivo, y tan es así en el año noventa y dos al cuarto día fui con una lista de necesidades [al SIN], que no habrá pasado de dieciséis mil soles. Pedíamos aparatos para grabar conversaciones a ochenta metros, compraron dos, así aparatos corrientes, íbamos a tener una cámara fotográfica de noche, que te da la fecha, esas cosas. Nos atendieron. Esa gestión la hacía directamente Benedicto […] (general  Jhon Caro op. cit.)
En efecto, desde entonces «el contacto permanente [con el SIN] era Benedicto Jiménez y todo lo que hacíamos se lo comunicaba» (ibid). El 5 de febrero de 1991 Jiménez fue nombrado -mediante memorando firmado por el presidente Alberto Fujimori Fujimori- como oficial de enlace entre la DIRCOTE y el SIN (Jiménez op. Cit.: 716). A cambio del apoyo otorgado, Montesinos solicitó a la DIRCOTE que permitiese que un grupo de analistas del SIN entrasen a trabajar con la documentación incautada. Estos «llegaron con el ánimo de ayudarnos a analizar la documentación que habíamos encontrado ahí [casa Buenavista] a cambio de eso nos daban dos volkswagen, una cámara fotográfica y mil soles creo mensuales… eso fue una oferta de Montesinos» (coronel PNP Jiménez op. cit.).Los analistas del SIN (militares) entrarían supuestamente a apoyar el trabajo de inteligencia del GEIN y BREDET. Teniendo el antecedente del trabajo en curso con apoyo de tres efectivos de inteligencia naval, esto no llamó demasiado la atención. La sorpresa vendría luego cuando, pasados unos años, se constataría que varios de los analistas destacados al GEIN por Montesinos fueron sindicados como miembros del Grupo Colina, al que se responsabiliza, entre otros crímenes, de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Antes de otorgar responsabilidad de algún tipo sobre los policías de la DIRCOTE por la actuación de aquel grupo, lo que la presencia de efectivos del SIN y de inteligencia naval indica es el gran interés que ya por entonces mostraba la comunidad de inteligencia por el trabajo de la DIRCOTE y su archivo, especialmente el del GEIN. Como remarca el entonces director de la unidad, el personal del SIN nunca fue solicitado. Más bien, «llegaron a espiar a la DIRCOTE y también para hacer aparecer ante la población que ellos tenían participación en la lucha contrasubversiva». (Declaración testimonial del general PNP Héctor Jhon Caro. Caso Barrios Altos. Fojas 9010/ 9028). Y los policías del GEIN estaban muy conscientes de ello: Vladimiro Montesinos había puesto gente del SIN que trabajara con nosotros, pero nuestra gente era muy celosa. Elías y Miyashiro eran muy celosos, pasaban y ahí estaba el capitán; yo sabía que era del SIN. «¿Trabajando?» -le decía-. «Sí» -y tenía un montón de papeles-. […] Estamos hablando de tres o cuatro hombres, siempre estaban con papeles. Miyashiro decía «¿ Están trabajando? Primero nosotros analizamos los documentos, después lo que no sirve, es basura se lo damos a ellos» Ahí les daban para que se distraigan. Vladimiro Montesinos decía «el SIN y la DINCOTE han capturado», al día siguiente sale esa declaración. ¿Para qué? Para que él se gane frente al Presidente de la República (general PNP  Jhon Caro op. cit.).
Poco a poco se tornaron evidentes los intentos de infiltración del SIN y de la interceptación electrónica de la Marina (Coronel PNP Jiménez op. cit.). Además, como si eso no bastara, tanto el GEIN como el BREDET debían dar cuentas a Montesinos sobre sus operaciones.
En este contexto, en mayo de 1991, se presenta una situación atípica en la policía: la asignación de dos generales en una misma unidad. Estando aún el General PNP Héctor Jhon Caro como Director de la unidad, después de estar trabajando en el SIN, el General PNP Antonio Ketín Vidal es nombrado director ejecutivo de la DIRCOTE (segundo). De acuerdo a la versión de algunos de los policías entrevistados, entre ellos Jhon Caro, ésta fue una maniobra de Montesinos desde el SIN, para asegurar un mayor control de la unidad y el aprendizaje previo de quien estaba ya destinado a dirigirla: Había una dirección que no tenía general, la Dirección de la Policía Fiscal, estaba al mando de un coronel y había un general que sobraba. ¿Por qué no lo enviaron a la Policía fiscal a Ketín? Lo mandaron donde mí porque iba a ser el heredero para que aprenda. […] Si Jhon Caro captura a Abimael Guzmán, el APRA se va a ganar un poco porque Jhon Caro es general aprista. Había que darle la oportunidad a un hombre nuestro, nosotros lo hicimos reingresar, lo hicimos ascender, nosotros -le digo yo- Vladimiro y el presidente de la República, lo mandamos a la DINCOTE y nosotros al final, capturamos a Abimael Guzmán (general PNP Jhon Caro op. cit.).
Por su parte Vidal refiere que su nombramiento como subdirector de la DIRCOTE fue más bien un castigo o represalia de Montesinos: Yo antes de eso estaba trabajando en el SIN como coronel. Entonces asciendo a general y Montesinos se incomoda porque yo tuve más suerte que sus amigos […] eso encolerizó a Vladimiro que siempre vio en mi persona como un no sé… competidor, con muchos celos (…) Entonces, él hace comentarios en el SIN y me envía, como para maltratarme un poco, a la DINCOTE, con los… allí trabajaba John Caro. Y un Caro más especializado en campo administrativo. En mi caso yo me había desarrollado siempre en el campo de inteligencia, entonces podía comandar esa unidad. Dos generales, imagínese usted, en la misma unidad era incómodo…Entonces, yo lo acepté serenamente (Teniente general Vidal op. cit.).
En medio de los cambios en curso, el GEIN y BREDET proseguirían con su trabajo. El 30 de mayo, los agentes de la DIRCOTE desarticularán la célula de dirección del Comité Regional Metropolitano. Capturan cinco miembros del PCP-SL, entre ellos a Pilar Rivas Laurente, Lucía. (DIRCOTE op. cit.) Por otro lado, el primero de junio, a través de una operación comandada por Miyashiro, el GEIN interviene una Escuela Político-Militar del MRTA en el distrito de Pueblo Libre y detiene, por segunda vez, a Alberto Gálvez Olaechea. Con el tiempo se conformaría, expresamente, una división del trabajo dentro de la DIRCOTE: el GEIN se dedicaría exclusivamente al seguimiento de dirigentes del PCP-SL; mientras que el BREDET, al mando del comandante Gonzáles, continuaría dedicado a rastrear los pasos del MRTA. Esta división obedecía, entre otras razones, a diferentes estrategias para realizar el trabajo. Mientras que para trabajar con el MRTA y lograr las capturas de sus altos dirigentes fue posible trabajar con informantes y datos (Fuerza de la Ley), con el PCP-SL estos procedimientos no darían ningún resultado. Por el tipo de organización sólida y compartimentada, sus informantes -aunque así lo hubiesen querido- nunca hubiesen podido dar información sobre la composición y movimientos de la alta dirigencia, porque lo desconocían. Por ello, en el GEIN fue imprescindible priorizar los operativos encubiertos de inteligencia (seguimientos y vigilancia) a sospechosos de interés y analizar sus posibles conexiones junto a un trabajo exhaustivo de análisis de la documentación del PCP-SL seleccionada (Coronel PNP Jiménez op. cit.).A fines de junio el GEIN iniciará la ejecución de la fase final de la Operación Leona. Con ésta, detienen a la abogada Yovanka Pardavé Trujillo, Rebeca; a su conviviente Tito Valle Travesaño, Eustaquio; y al profesor Víctor Zavala Cataño, Rolando, miembros del Comité Central del PCP-SL y responsables de la dirección de Socorro Popular (Jiménez op. cit.). Un duro golpe a PCP-SL. Con la información incautada, se dedicaron a la investigación de dicha organización. Por otro lado, el 27 de noviembre el GEIN ejecutó la Operación Palacio. Con ella, cae toda la célula de dirección del Departamento de Defensa de Socorro Popular, encabezada por Milton Douglas Silva Dávalos, Omar. Una de las milicias de este departamento, había sido la responsable del asesinato de María Elena Moyano en Villa El Salvador (ibid).
Pero, desde mediados de 1991, la convivencia tensa dentro de la DIRCOTE entre policías y militares no tardaría en provocar tensiones. Luego de un par de altercados con los agentes «que después pasaron a ser del famoso Colina, pero en ese entonces eran analistas […] nosotros los sacamos de allí porque consideramos que se estaban infiltrando… porque en base a eso sacaron un manual, que no era un manual, era una recopilación» (coronel PNP Jiménez op. cit.). Pero eran, en general, los ánimos dentro de la comunidad de inteligencia los que estaban tensos. Se evidenciaban celos y una ardua competencia entre los servicios de inteligencia por capturar a los dirigentes subversivos, en especial a Guzmán Reinoso. En palabras de Jiménez: Todos los aparatos de inteligencia estaban detrás de esa presa. Entonces, imagínense, nosotros teníamos que disfrazar todo el trabajo de campo ¿no? […] era todo un juego de ajedrez ¿no? Como también cuando decía Montesinos, decía ‘¿ El GEIN qué está haciendo? Que venga el comandante Jiménez a darnos cuenta’ […] ‘Ya expongan lo que están haciendo’. Porque después de la caída de los videos, esa casa [Buenavista], se pusieron moscas pues […] Yo tenía una operación principal y dos alternas que eran importantes. Entonces sacaba una de ellas y me iba con esa a mostrar los videos y todo. Entonces mostraba eso y se quedaban contentos, felices estaban, porque allí estaba la Marina, estaba la Fuerza Aérea, estaba el Ejército. Jamás íbamos a revelar la presa principal porque nos quitaban. Era un millón de dólares más la fama y todas esas cosas. Entonces imagínense cómo se trabajaba en aquel entonces ¿no? Entonces mostrábamos eso, se quedaban contentos y la principal la teníamos guardada ¿no? Eso era la estrategia del engaño ¿no? (ibid).
Lejos de haber elaborado una nueva estrategia de inteligencia, el nuevo gobierno y el SIN se limitaron a seguir los pasos y tratar de capitalizar políticamente los logros de la unidad policial. Por entonces, los policías de la DIRCOTE tenían la mayor experiencia y consistencia en un tema tan complejo como el conocimiento de la subversión, por lo menos en las ciudades.
Fuente: Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Pasión por los fierros

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Edgar Alarcón

Según auditoría, Alarcón sí hizo negocios mientras era vicecontralor. Opacidad e irregularidades pasan la factura.

El contralor general de la República, Édgar Alarcón, aseguró el martes 30 en RPP que “no voy a renunciar. He hecho las cosas bien y sé muy claro lo que voy a hacer hacia adelante”.
Dos días antes, dos programas dominicales –Cuarto Poder y Panorama– difundieron un audio en el que se escucha a Alarcón y el auditor de la Contraloría General de la República, Walter Grados, quien grabó la conversación, hablar sobre la denuncia presentada ante el Congreso en agosto de 2016, sobre el negocio de compra y venta de vehículos que tenía Alarcón.
“¿Qué pasaría si retiras la denuncia del Congreso? No quiero presionarte, no te estoy hostilizando”, se le escucha decir al contralor. “Por lo menos dame esa oportunidad (de retirar los cargos) y seguimos siendo amigos”.
Consultado el penalista Mario Amoretti explicó que la intervención correspondería al delito de Obstrucción a la Justicia, que tiene pena de entre 3 y 5 años de cárcel.
Congresistas como el aprista Javier Velásquez Quesquén y los oficialistas Carlos Bruce y Mercedes Aráoz demandaron la renuncia de Alarcón. Lo mismo hizo José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Pedidos que contrastan con la defensa ejercida por varios integrantes de Fuerza Popular.
FIERROS CALIENTES
CARETAS 2453 reveló en septiembre de 2016 la historia del negocio de Alarcón y sus hijos.
Alarcón ha dicho que él estuvo involucrado antes de ser vicecontralor quien, junto con el contralor, tienen la prohibición legal de realizar actividades lucrativas. Ahora se sabe que la investigación de Grados, que se suma a la de otros auditores de la CGR, fue presentada a la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Fue derivada a la subcomisión de acusaciones constitucionales, presidida por la fujimorista Karina Beteta, que la archivó en diciembre pasado. El motivo que arguyó era que Alarcón no participó en el negocio siendo vicecontralor.
Dice Alarcón que los vehículos comprados mientras ocupó ese cargo fueron de uso familiar. Pero la auditoría encontró que, además de los 30 vehículos comprados por sus hijos en ese lapso (2013-2015), él mismo adquirió 9 en sociedad conyugal. El problema es que las fichas registrales acreditan el posterior y rápido cambio de propiedad en los vehículos. “Esto se dio en tiempos cortísimos y resulta evidente que fueron operaciones de compra y venta”, confirma una fuente que participó en la auditoría. “La totalidad de estos vehículos están a nombre de terceros”.
De comprobarse solo ese hecho, Alarcón tendría que ser destituido.
LOS AUDI
Los carros que sí compró  para uso familiar, según la auditoría, fueron dos Audi Q7, que también tienen su historia.
En el 2010, Alarcón era gerente de finanzas de la CGR. Ese mismo año, Juan Carlos Capcha –que perteneció al círculo cercano del exministro fujimorista Víctor Joy Way, quien pasó 7 años en prisión– firmó como proveedor de la Contraloría. Pasó a prestar servicios de marketing.
De acuerdo con la partida registral, Capcha pagó US$ 73,100  al contado por el primer auto en el 2009. En 2013 se lo vendió al entonces vicecontralor por US$ 35 mil. Hubo un segundo Audi. Capcha pagó por el US$ 67,900 en el 2014 y se lo vendió a Alarcón al año siguiente también por US$ 35 mil.
Hacer transacciones con un proveedor está prohibido por el Código de Ética de la CGR. Desde la primera firma, Capcha ha obtenido adjudicaciones y contratos –en varios casos firmados directamente por Alarcón- que suman más de S/1.1 millones.
A LA MOLINA
Otro episodio que complica la permanencia de Alarcón en la CGR es el que lo relaciona con Marcela Emilia Franco, que se desempeñó como recepcionista de la institución.
En el 2006, Alarcón, que es casado, tuvo hijos mellizos con Franco. En 2010, cuando llegó Fuad Khoury como contralor, habría demandado la salida de Franco a quien notó con demasiada influencia en la institución. Mediante un proceso de salida con incentivos, Franco recibió una liquidación de S/ 127 mil y otro monto adicional por viáticos de S/ 100 mil. Ganaba S/ 3,300. Posteriormente, entró a trabajar a la Contraloría su sobrina, Carla Zúñiga Mejía.
En 2012, Franco, que tiene estudios de secundaria, ingresó como coordinadora del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de La Molina, oficina que reporta directamente a la Contraloría. Fue la única persona que se presentó al concurso. Franco gana S/ 8 mil al mes, doscientos soles más que el alcalde Juan Carlos Zurek.
En el 2008, la entonces contralora encargada, Rosa Urbina, encargó una investigación por pago de dietas en el Municipio de Lima. Al año siguiente se le comunicó a los regidores, entre los que estaba Zurek, que se les había pagado S/ 859,900 en exceso. Sin embargo, no sería hasta diciembre de 2015 cuando se produjo el informe de responsabilidad administrativa 1033, que solo encontró responsabilidad administrativa en el contador Eduardo Castilla. Según fuentes de la Contraloría, es un resultado muy infrecuente en auditorías de este tipo, donde se suele señalar responsabilidad del alcalde, teniente alcalde o regidores. Las mismas fuentes observan que la actividad de la Contraloría en La Molina ha sido muy limitada.
FOJAS DE VIDA
A todo esto se suma la opacidad en el proceder del contralor Alarcón.
Ingresó a trabajar a la CGR en 1997, a los 37 años, y en su hoja de vida no consigna experiencias laborales previas.
Se graduó como bachiller de contabilidad de la Universidad San Agustín de Arequipa pero no se tituló hasta 17 años más tarde. Obtuvo su maestría en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Alas Peruanas, propiedad del fujimorista Fidel Ramírez. El contralor general percibe un sueldo de S/ 33 mil.
Entre 2010 y 2015 no presentó declaraciones juradas a la Contraloría. En el 2016 las regulariza en su calidad de omiso. Pero, como advierte el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén en su solicitud de remoción, en esa regularización “figura que no ha tenido ingresos más allá de los recibidos como funcionario público. Es decir que no ha declarado las múltiples ventas de vehículos que realizó en dicho período”.
Fuente: Revista CARETAS.

Marcela Mejía Franco

Por Karina Valencia- Diario Correo.
La situación del contralor de la República, Edgar Alarcón, podría agravarse tras comprobarse una nueva conexión en la relación sentimental que mantuvo con la exfuncionaria Marcela Mejía Franco.
A ello, se le suma la acusación hecha por el aprista Javier Velásquez Quesquén sobre la compra de vehículos hecha por Alarcón Tejada a un proveedor de su propia institución.
NUEVO LAZO. De acuerdo con información del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (Reniec), Mejía Franco y Edgar Alarcón Tejada tuvieron dos hijos durante el periodo que ella laboraba en el área de Tesorería, del Departamento de Finanzas de la Contraloría, donde el actual contralor era gerente.
Los mellizos nacieron el 8 de setiembre del 2006 en la Clínica Concebir y fueron inscritos en la Municipalidad de San Bartolo, según el portal Útero. pe. El problema surge debido a que la entonces funcionaria continuó trabajando en el despacho de su pareja y recién renunció cuatro años después, periodo en el que Edgar Alarcón dejaba la oficina de Finanzas en el 2010.
A su salida del órgano fiscalizador, Mejía Franco recibió una liquidación de 127 mil soles y otros 100 mil soles bajo concepto de pago de viáticos, cuando su sueldo -en el 2009- era de S/3 mil 350. Esta presunta irregularidad en su paga es materia de investigación por la Primera Fiscalía Anticorrupción.
OTRO CASO. Los problemas de Edgar Alarcón no terminarían solo allí. El contralor podría estar en ‘jaque’ si se comprueba que habría adquirido dos vehículos Audi Q7 a un proveedor de la propia entidad de control, identificado como Juan Carlos Capcha Velásquez. Esta información fue propalada por el legislador Javier Velásquez Quesquén (APRA), quien dijo contar con la documentación necesaria para exponer ante la Comisión Permanente el delito que Alarcón habría cometido como funcionario de la Contraloría General.
“Quiero que Alarcón explique cómo es posible que estos vehículos se los compró a un proveedor de la Contraloría con precios muy extraños, porque Capcha compra un vehículo Audi en $69,500 en el 2017 y al año siguiente lo vende al contralor por $45,000”, manifestó.

Sin Control

Por Patricia Quispe- Diario Perú21.
Edgar Alarcón ha pasado de auditor a auditado y ahora es su gestión, al frente de la Contraloría General de la República, la que se encuentra bajo la lupa del Congreso y del Ministerio Público, tras las denuncias en su contra por haber desarrollado supuestas actividades lucrativas en paralelo a su desempeño como vicecontralor, entre los años 2013 y 2015.
En ese contexto, la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN) –instancia que agrupa a las instituciones públicas competentes para luchar contra ese flagelo– acordó ayer, por mayoría, solicitarle “abstenerse de participar en ese espacio”.
La medida fue propuesta por Proética y contó con el aval de gremios como la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias, y el Concilio Nacional Evangélico del Perú.
A propósito de ello, el presidente del Poder Judicial y flamante titular de la CAN, Duberlí Rodríguez, comentó, respecto de una eventual renuncia de Alarcón, que “está en la evaluación que haga el contralor el tomar la decisión que parezca conveniente”.
Casi en simultáneo, en predios legislativos, el vocero del Apra, Javier Velásquez, pidió formalmente a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que convoque, en fecha próxima, a la Comisión Permanente “a fin de evaluar la remoción del cargo de contralor general a Edgar Alarcón Tejada”.
Según el legislador, Alarcón no habría “acreditado conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral”, (…) en virtud de hechos que, al momento de su postulación y nombramiento, habría ocultado a la opinión pública y al Congreso”.
Severo en sus apreciaciones, Velásquez acusó a Alarcón de ser el “brazo ejecutor de (su antecesor) Fuad Khoury, que tapó todo” y lo calificó como “un peligro” para la Contraloría. Además, le imputó haber violado el Código de Ética de la Función Pública al haber realizado –dijo– “negocios personales” con un proveedor de la Contraloría.
Desde el oficialismo, el parlamentario Alberto de Belaunde afirmó que Alarcón debería renunciar, pues el país requiere un contralor “confiable y que tenga la tranquilidad de hacer su trabajo sin cuestionamientos tan graves”.

NO RENUNCIA

Alarcón , en tanto, reiteró que no renunciará al cargo y dijo que hay un “cargamontón” en su contra. Rechazó, una vez más, haber actuado irregularmente durante su desempeño como contralor y expresó su extrañeza porque hayan surgido denuncias luego de que se conocieran los resultados de la auditoría a la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero.
La Primera Fiscalía Provincial citó al auditor Walter Grados Aliaga para el lunes 5 de junio, a las 9:00 horas, a fin de que sustente su denuncia contra Edgar Alarcón.
El contralor es acusado de presunta comisión de delito contra la administración pública y peculado doloso en agravio del Estado.
Ello debido a que habría desarrollado actividades lucrativas durante su gestión como vicecontralor.
También habría beneficiado a una trabajadora con el pago de una liquidación irregular.
“La señora Marcela Mejía Franco cuando inició su relación el año 2005 se desempeñaba como tesorera de la Contraloría General hasta el año 2010, y dependía funcionalmente de la Gerencia de Finanzas a cargo de Édgar Alarcón Tejada”, señala el documento firmado por Walter Grados Aliaga, funcionario del mismo sector.
Según el denunciante, el contralor aprovechó sus influencias y contactos para que la madre de dos de sus hijos obtenga este importante cargo, con el apreciable sueldo de ocho mil soles mensuales.
Fuente: www.manifiesto.net.pe

Alacrán

Ingrid Suárez tendría problemas con los documentos sobre sus estudios de extensión en la universidad de Berkeley, además de los registrados en la carrera de ingeniería en España, reveló el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.
En el expediente que entregó al Parlamento. Suárez incluyó un diploma y una constancia de notas que certificaban haber seguido estudios de extensión universitaria en dicha casa de estudios estadounidense.
De forma oficial la Cancillería señaló que se trató de un curso realizado en Lima, organizado por la empresa Seminarium.
En ese sentido la misma compañía ha dicho que el diploma presentado por la candidata es real, sin embargo el registro de notas no, porque ese tipo de estudios no se mide por nota.
En realidad se trató de un evento académico realizado entre el 11 y 15 de noviembre de 1996, en contacto con la Universidad de Berkeley.
De otro lado, la entidad sugirió que esta información la pidan directamente a la misma universidad, pues podría tratarse de otros estudios, dijo Velásquez.
Cuando el titular del Parlamento se comunicó con propia Ingrid Velarde para que diera una explicación, ella le respondió que “no recordaba” dónde había conseguido ese certificado de notas.
Esta serie de irregularidades imposibilitan que Suárez ejerza el cargo de Contralora. Finalmente el congresista dijo que si bien falta indagar en la propia universidad, todos los indicios apuntan a que Suárez Velarde presentó documentación no real sobre sus estudios de extensión, lo que la imposibilita para el cargo.
Fuente: Diario La República y Agencia Andina de Noticias.

Eso sucedió en el 2006, cuando Edgar Alarcón era gerente de Finanzas y Marcela su subordinada en el área de Tesorería.

Por Andy Livise y Laura Grados- Útero.pe
El 8 de setiembre del 2006, Marcela Emilia Mejía Franco y Edgar Arnold Alarcón Tejada sellaron su amor con el nacimiento de dos hijos que hoy van a cumplir 11 años. Son mellizos. Nacieron en la Clínica Concebir y fueron inscritos en la Municipalidad de San Bartolo, según los documentos a los que este Útero accedió.
Partida Imagen: Útero.PeEl nombre del niño ha sido tachado por seguridad. Imagen: Útero.Pe
Partida Imagen: Útero.PeEl nombre de la niña lo borramos por seguridad. Imagen: Útero.Pe

Que la madre de los hijos del gerente de Finanzas, quien gana 3,500 soles, reciba una liquidación de 127 mil soles ¡Ni en Suiza!

Lo malo en medio de tanto amor es que Marcela siguió trabajando al lado del padre de sus hijos en una institución pública y renunció cuatro años después, por la misma época en que Alarcón dejaba el cargo de Gerente de Finanzas.
A diferencia del ministro del amor, nadie le dijo nada. Nadie renunció. Todos se quedaron mudos. Y el agravante del caso es lo que ya está en manos de la Fiscalía.
Por menos que esto han renunciado vicepresidentes de la República y ministros.

Día mundial del medio ambiente

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Canadá es un país de espacios abiertos, donde se encuentran desde tundras heladas hasta inmensas praderas y bosques. Alberga el 9% del agua dulce del mundo y su territorio está salpicado por más de dos millones de lagos. La mayoría de sus cadenas montañosas se hallan en el oeste, incluido el Monte Logan que, con 5,959 metros, es su mayor elevación. El archipiélago Ártico del Canadá, formado por 36,563 islas, constituye la línea de costa más larga del mundo.
Fauna y flora silvestres​: La variedad y riqueza de la flora y la fauna canadienses responde a sus numerosas ecozonas terrestres y marinas. El lobo gris, el castor, el oso polar, el alce, el arrendajo gris o el búho nival, y el salmón del Atlántico y del Pacífico son algunas de las especies más llamativas que podemos encontrar.
Zonas protegidas y parques nacionales​: A finales de 2015, se había declarado protegido el 10.6% (1’050,000 km2) de la superficie terrestre del Canadá -terreno y agua dulce- y el 0.9% (51,000 km2) de su territorio marítimo. Tiene 46 parques nacionales. El primer parque nacional del país -y el tercero del mundo-, el Parque Nacional Banff, se estableció en 1885 y comprende 6,641 km2 caracterizados por sus valles, montañas, glaciares, bosques, praderas y ríos.
Fuente: www.un.org