Según auditoría, Alarcón sí hizo negocios mientras era vicecontralor. Opacidad e irregularidades pasan la factura.

El contralor general de la República, Édgar Alarcón, aseguró el martes 30 en RPP que “no voy a renunciar. He hecho las cosas bien y sé muy claro lo que voy a hacer hacia adelante”.
Dos días antes, dos programas dominicales –Cuarto Poder y Panorama– difundieron un audio en el que se escucha a Alarcón y el auditor de la Contraloría General de la República, Walter Grados, quien grabó la conversación, hablar sobre la denuncia presentada ante el Congreso en agosto de 2016, sobre el negocio de compra y venta de vehículos que tenía Alarcón.
“¿Qué pasaría si retiras la denuncia del Congreso? No quiero presionarte, no te estoy hostilizando”, se le escucha decir al contralor. “Por lo menos dame esa oportunidad (de retirar los cargos) y seguimos siendo amigos”.
Consultado el penalista Mario Amoretti explicó que la intervención correspondería al delito de Obstrucción a la Justicia, que tiene pena de entre 3 y 5 años de cárcel.
Congresistas como el aprista Javier Velásquez Quesquén y los oficialistas Carlos Bruce y Mercedes Aráoz demandaron la renuncia de Alarcón. Lo mismo hizo José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional. Pedidos que contrastan con la defensa ejercida por varios integrantes de Fuerza Popular.
FIERROS CALIENTES
CARETAS 2453 reveló en septiembre de 2016 la historia del negocio de Alarcón y sus hijos.
Alarcón ha dicho que él estuvo involucrado antes de ser vicecontralor quien, junto con el contralor, tienen la prohibición legal de realizar actividades lucrativas. Ahora se sabe que la investigación de Grados, que se suma a la de otros auditores de la CGR, fue presentada a la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Fue derivada a la subcomisión de acusaciones constitucionales, presidida por la fujimorista Karina Beteta, que la archivó en diciembre pasado. El motivo que arguyó era que Alarcón no participó en el negocio siendo vicecontralor.
Dice Alarcón que los vehículos comprados mientras ocupó ese cargo fueron de uso familiar. Pero la auditoría encontró que, además de los 30 vehículos comprados por sus hijos en ese lapso (2013-2015), él mismo adquirió 9 en sociedad conyugal. El problema es que las fichas registrales acreditan el posterior y rápido cambio de propiedad en los vehículos. “Esto se dio en tiempos cortísimos y resulta evidente que fueron operaciones de compra y venta”, confirma una fuente que participó en la auditoría. “La totalidad de estos vehículos están a nombre de terceros”.
De comprobarse solo ese hecho, Alarcón tendría que ser destituido.
LOS AUDI
Los carros que sí compró  para uso familiar, según la auditoría, fueron dos Audi Q7, que también tienen su historia.
En el 2010, Alarcón era gerente de finanzas de la CGR. Ese mismo año, Juan Carlos Capcha –que perteneció al círculo cercano del exministro fujimorista Víctor Joy Way, quien pasó 7 años en prisión– firmó como proveedor de la Contraloría. Pasó a prestar servicios de marketing.
De acuerdo con la partida registral, Capcha pagó US$ 73,100  al contado por el primer auto en el 2009. En 2013 se lo vendió al entonces vicecontralor por US$ 35 mil. Hubo un segundo Audi. Capcha pagó por el US$ 67,900 en el 2014 y se lo vendió a Alarcón al año siguiente también por US$ 35 mil.
Hacer transacciones con un proveedor está prohibido por el Código de Ética de la CGR. Desde la primera firma, Capcha ha obtenido adjudicaciones y contratos –en varios casos firmados directamente por Alarcón- que suman más de S/1.1 millones.
A LA MOLINA
Otro episodio que complica la permanencia de Alarcón en la CGR es el que lo relaciona con Marcela Emilia Franco, que se desempeñó como recepcionista de la institución.
En el 2006, Alarcón, que es casado, tuvo hijos mellizos con Franco. En 2010, cuando llegó Fuad Khoury como contralor, habría demandado la salida de Franco a quien notó con demasiada influencia en la institución. Mediante un proceso de salida con incentivos, Franco recibió una liquidación de S/ 127 mil y otro monto adicional por viáticos de S/ 100 mil. Ganaba S/ 3,300. Posteriormente, entró a trabajar a la Contraloría su sobrina, Carla Zúñiga Mejía.
En 2012, Franco, que tiene estudios de secundaria, ingresó como coordinadora del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de La Molina, oficina que reporta directamente a la Contraloría. Fue la única persona que se presentó al concurso. Franco gana S/ 8 mil al mes, doscientos soles más que el alcalde Juan Carlos Zurek.
En el 2008, la entonces contralora encargada, Rosa Urbina, encargó una investigación por pago de dietas en el Municipio de Lima. Al año siguiente se le comunicó a los regidores, entre los que estaba Zurek, que se les había pagado S/ 859,900 en exceso. Sin embargo, no sería hasta diciembre de 2015 cuando se produjo el informe de responsabilidad administrativa 1033, que solo encontró responsabilidad administrativa en el contador Eduardo Castilla. Según fuentes de la Contraloría, es un resultado muy infrecuente en auditorías de este tipo, donde se suele señalar responsabilidad del alcalde, teniente alcalde o regidores. Las mismas fuentes observan que la actividad de la Contraloría en La Molina ha sido muy limitada.
FOJAS DE VIDA
A todo esto se suma la opacidad en el proceder del contralor Alarcón.
Ingresó a trabajar a la CGR en 1997, a los 37 años, y en su hoja de vida no consigna experiencias laborales previas.
Se graduó como bachiller de contabilidad de la Universidad San Agustín de Arequipa pero no se tituló hasta 17 años más tarde. Obtuvo su maestría en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Alas Peruanas, propiedad del fujimorista Fidel Ramírez. El contralor general percibe un sueldo de S/ 33 mil.
Entre 2010 y 2015 no presentó declaraciones juradas a la Contraloría. En el 2016 las regulariza en su calidad de omiso. Pero, como advierte el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén en su solicitud de remoción, en esa regularización “figura que no ha tenido ingresos más allá de los recibidos como funcionario público. Es decir que no ha declarado las múltiples ventas de vehículos que realizó en dicho período”.
Fuente: Revista CARETAS.

Marcela Mejía Franco

Por Karina Valencia- Diario Correo.
La situación del contralor de la República, Edgar Alarcón, podría agravarse tras comprobarse una nueva conexión en la relación sentimental que mantuvo con la exfuncionaria Marcela Mejía Franco.
A ello, se le suma la acusación hecha por el aprista Javier Velásquez Quesquén sobre la compra de vehículos hecha por Alarcón Tejada a un proveedor de su propia institución.
NUEVO LAZO. De acuerdo con información del Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (Reniec), Mejía Franco y Edgar Alarcón Tejada tuvieron dos hijos durante el periodo que ella laboraba en el área de Tesorería, del Departamento de Finanzas de la Contraloría, donde el actual contralor era gerente.
Los mellizos nacieron el 8 de setiembre del 2006 en la Clínica Concebir y fueron inscritos en la Municipalidad de San Bartolo, según el portal Útero. pe. El problema surge debido a que la entonces funcionaria continuó trabajando en el despacho de su pareja y recién renunció cuatro años después, periodo en el que Edgar Alarcón dejaba la oficina de Finanzas en el 2010.
A su salida del órgano fiscalizador, Mejía Franco recibió una liquidación de 127 mil soles y otros 100 mil soles bajo concepto de pago de viáticos, cuando su sueldo -en el 2009- era de S/3 mil 350. Esta presunta irregularidad en su paga es materia de investigación por la Primera Fiscalía Anticorrupción.
OTRO CASO. Los problemas de Edgar Alarcón no terminarían solo allí. El contralor podría estar en ‘jaque’ si se comprueba que habría adquirido dos vehículos Audi Q7 a un proveedor de la propia entidad de control, identificado como Juan Carlos Capcha Velásquez. Esta información fue propalada por el legislador Javier Velásquez Quesquén (APRA), quien dijo contar con la documentación necesaria para exponer ante la Comisión Permanente el delito que Alarcón habría cometido como funcionario de la Contraloría General.
“Quiero que Alarcón explique cómo es posible que estos vehículos se los compró a un proveedor de la Contraloría con precios muy extraños, porque Capcha compra un vehículo Audi en $69,500 en el 2017 y al año siguiente lo vende al contralor por $45,000”, manifestó.

Sin Control

Por Patricia Quispe- Diario Perú21.
Edgar Alarcón ha pasado de auditor a auditado y ahora es su gestión, al frente de la Contraloría General de la República, la que se encuentra bajo la lupa del Congreso y del Ministerio Público, tras las denuncias en su contra por haber desarrollado supuestas actividades lucrativas en paralelo a su desempeño como vicecontralor, entre los años 2013 y 2015.
En ese contexto, la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN) –instancia que agrupa a las instituciones públicas competentes para luchar contra ese flagelo– acordó ayer, por mayoría, solicitarle “abstenerse de participar en ese espacio”.
La medida fue propuesta por Proética y contó con el aval de gremios como la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias, y el Concilio Nacional Evangélico del Perú.
A propósito de ello, el presidente del Poder Judicial y flamante titular de la CAN, Duberlí Rodríguez, comentó, respecto de una eventual renuncia de Alarcón, que “está en la evaluación que haga el contralor el tomar la decisión que parezca conveniente”.
Casi en simultáneo, en predios legislativos, el vocero del Apra, Javier Velásquez, pidió formalmente a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que convoque, en fecha próxima, a la Comisión Permanente “a fin de evaluar la remoción del cargo de contralor general a Edgar Alarcón Tejada”.
Según el legislador, Alarcón no habría “acreditado conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral”, (…) en virtud de hechos que, al momento de su postulación y nombramiento, habría ocultado a la opinión pública y al Congreso”.
Severo en sus apreciaciones, Velásquez acusó a Alarcón de ser el “brazo ejecutor de (su antecesor) Fuad Khoury, que tapó todo” y lo calificó como “un peligro” para la Contraloría. Además, le imputó haber violado el Código de Ética de la Función Pública al haber realizado –dijo– “negocios personales” con un proveedor de la Contraloría.
Desde el oficialismo, el parlamentario Alberto de Belaunde afirmó que Alarcón debería renunciar, pues el país requiere un contralor “confiable y que tenga la tranquilidad de hacer su trabajo sin cuestionamientos tan graves”.

NO RENUNCIA

Alarcón , en tanto, reiteró que no renunciará al cargo y dijo que hay un “cargamontón” en su contra. Rechazó, una vez más, haber actuado irregularmente durante su desempeño como contralor y expresó su extrañeza porque hayan surgido denuncias luego de que se conocieran los resultados de la auditoría a la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero.
La Primera Fiscalía Provincial citó al auditor Walter Grados Aliaga para el lunes 5 de junio, a las 9:00 horas, a fin de que sustente su denuncia contra Edgar Alarcón.
El contralor es acusado de presunta comisión de delito contra la administración pública y peculado doloso en agravio del Estado.
Ello debido a que habría desarrollado actividades lucrativas durante su gestión como vicecontralor.
También habría beneficiado a una trabajadora con el pago de una liquidación irregular.
“La señora Marcela Mejía Franco cuando inició su relación el año 2005 se desempeñaba como tesorera de la Contraloría General hasta el año 2010, y dependía funcionalmente de la Gerencia de Finanzas a cargo de Édgar Alarcón Tejada”, señala el documento firmado por Walter Grados Aliaga, funcionario del mismo sector.
Según el denunciante, el contralor aprovechó sus influencias y contactos para que la madre de dos de sus hijos obtenga este importante cargo, con el apreciable sueldo de ocho mil soles mensuales.
Fuente: www.manifiesto.net.pe

Alacrán

Ingrid Suárez tendría problemas con los documentos sobre sus estudios de extensión en la universidad de Berkeley, además de los registrados en la carrera de ingeniería en España, reveló el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén.
En el expediente que entregó al Parlamento. Suárez incluyó un diploma y una constancia de notas que certificaban haber seguido estudios de extensión universitaria en dicha casa de estudios estadounidense.
De forma oficial la Cancillería señaló que se trató de un curso realizado en Lima, organizado por la empresa Seminarium.
En ese sentido la misma compañía ha dicho que el diploma presentado por la candidata es real, sin embargo el registro de notas no, porque ese tipo de estudios no se mide por nota.
En realidad se trató de un evento académico realizado entre el 11 y 15 de noviembre de 1996, en contacto con la Universidad de Berkeley.
De otro lado, la entidad sugirió que esta información la pidan directamente a la misma universidad, pues podría tratarse de otros estudios, dijo Velásquez.
Cuando el titular del Parlamento se comunicó con propia Ingrid Velarde para que diera una explicación, ella le respondió que “no recordaba” dónde había conseguido ese certificado de notas.
Esta serie de irregularidades imposibilitan que Suárez ejerza el cargo de Contralora. Finalmente el congresista dijo que si bien falta indagar en la propia universidad, todos los indicios apuntan a que Suárez Velarde presentó documentación no real sobre sus estudios de extensión, lo que la imposibilita para el cargo.
Fuente: Diario La República y Agencia Andina de Noticias.

Eso sucedió en el 2006, cuando Edgar Alarcón era gerente de Finanzas y Marcela su subordinada en el área de Tesorería.

Por Andy Livise y Laura Grados- Útero.pe
El 8 de setiembre del 2006, Marcela Emilia Mejía Franco y Edgar Arnold Alarcón Tejada sellaron su amor con el nacimiento de dos hijos que hoy van a cumplir 11 años. Son mellizos. Nacieron en la Clínica Concebir y fueron inscritos en la Municipalidad de San Bartolo, según los documentos a los que este Útero accedió.
El nombre del niño ha sido tachado por seguridad. Imagen: Útero.Pe
El nombre de la niña lo borramos por seguridad. Imagen: Útero.Pe

Que la madre de los hijos del gerente de Finanzas, quien gana 3,500 soles, reciba una liquidación de 127 mil soles ¡Ni en Suiza!

Lo malo en medio de tanto amor es que Marcela siguió trabajando al lado del padre de sus hijos en una institución pública y renunció cuatro años después, por la misma época en que Alarcón dejaba el cargo de Gerente de Finanzas.
A diferencia del ministro del amor, nadie le dijo nada. Nadie renunció. Todos se quedaron mudos. Y el agravante del caso es lo que ya está en manos de la Fiscalía.
Por menos que esto han renunciado vicepresidentes de la República y ministros.