CEO de MMG Ltd, Andrew Michelmore.
Los comuneros rechazan la presencia de Rodmy Cabrera Espinal, procedente de Arequipa, del sociólogo Mauricio Quiroz Torres y de Edward Quiroga Vargas, director del Centro Islámico del Perú. “(Estas personas), escondiéndose tras banderas indigenistas, buscan distorsionar nuestras luchas orientándolas a sus intereses políticos e ideológicos habiendo tomando inconsultamente el nombre de nuestras comunidades campesinas”, indicaron.
En la actualidad, Rodmy Cabrera y Gerónimo Coropuna dirigen la Asociación Unión de Comunidades Campesinas de Influencia Directa e Indirecta Afectados por el proyecto minero Las Bambas (Uccamba). Según los comuneros, desde esta organización Cabrera utiliza sus nombres sin ningún tipo de autorización.
Fuente: Diario El Comercio.
Dirigente Rodmy Cabrera Espinal en reunión con la oficina de gestión de conflictos.
La última vez, Las Bambas explotó cuando el país miraba a otra parte.
En septiembre del año pasado se prendió una mecha que cobró cuatro vidas. Pero el episodio quedó rápidamente olvidado y desde entonces la puesta en marcha del proyecto ha sido motivo de esperanza para la economía peruana.
José Luis López Follegatti, coordinador del grupo Diálogo Minero, advierte que “ante un río revuelto de incumplimientos vienen los pescadores del radicalismo. Ahora están en temporada de chuño por el frío, pero la situación puede derivarse en muy complicada las próximas semanas. Estas comunidades son accionadas con la intención de parar la operación. No es como Conga. Es detener un proyecto en marcha. La gravedad es sideralmente más complicada”.
¿Qué ocurre?
Las Bambas es un proyecto cuya larga gestación fue en su momento considerada como una referencia en términos de legitimidad social. La operación estuvo a cargo originalmente de la anglo-suiza Glencore, que negoció con los aproximadamente 400 comuneros de Fuerabamba, debajo de cuyos terrenos está el yacimiento, un pago de en promedio US$ 350 mil para cada uno, que se realizó en forma de viviendas y dinero en efectivo.
“Desde mi punto de vista se trata de un método interesante”, dice Díaz. El gran problema es que las otras comunidades los miran con absoluta envidia”.
En el 2013 se anunció la fusión entre Glencore y la también anglo-suiza Xstrata, que debió pasar por la aprobación de los cuerpos regulatorios de la Unión Europea, Reino Unido, Sudáfrica y China. Y este último puso como condición la venta de Las Bambas a un consorcio estatal chino encabezado por MMG Limited. La bicoca costó US$7 mil millones.
Entonces, Pedro Pablo Kuczynski demandó que “el Perú debería de todas maneras apelar a la Organización Mundial de Comercio y pronunciarse sobre este tema que es injusto y abusivo”. Y añadió que “habrá un gran perjuicio económico no solo para la empresa sino también para el Perú”.
Las consecuencias de la operación fueron inmediatas.
Como explica Díaz, “inicialmente, Las Bambas iba a transformar los procesados por un ducto que pasaba por Espinar y llegaba a Matarani. Iba a tener un impacto de integración regional con un corredor minero de desarrollo”.
Cuando se dan las protestas del año pasado estaba en discusión la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para reemplazar el ducto por una planta desconcentradora.
“Una cosa es sacar el concentrado por una tubería y procesarlo fuera, y otra muy distinta tener la planta en Cotabambas y camiones que mueven el mineral por las demás comunidades”, advierte Díaz.
Las protestas se zanjaron con una mesa de diálogo en la que el Estado se comprometió a sacar adelante un programa de S/1,400 millones. Y Díaz denuncia que desde entonces no se ha invertido ni el 5%.
“Hay una tremenda crisis de descoordinación entre los ministerios”, lamenta. “Cada uno tiene su ritmo para aprobar el expediente de la prioridad presupuestaria”.
En ese contexto, se ha construido una plataforma por la cual las 37 comunidades en la zona de influencia representarían la nación Chanka Yanahuara y el Estado se encontraría obligado según la ley de Consulta Previa a negociar con ellos en esa condición, de nación a nación. Un grupo de alrededor de 50 dirigentes estuvieron en abril casi un mes en huelga de hambre en la residencia universitaria de San Marcos. El representante más visible de esta corriente, y quien coordina las acciones en Lima, es Rodmy Cabrera Espinal.
“Está en crisis el modelo de empresa-comunidad como acuerdos exclusivos en área de influencia directa”, advierte Díaz. “Se impone la intervención temprana de los gobiernos en territorio minero. No solo en zonas de influencia directa, debemos hablar de territorio de desarrollo donde la minería es un factor. Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori estaban de acuerdo con estas propuestas pero hay que aplicarlas rápido”.
Fuente: Revista CARETAS.