Joseph Humire: “Perú está bajo el blanco de Hezbollah y Estado Islámico”

“Apurímac es una zona con muchos recursos minerales y es donde la red iraní se conecta con reservistas que tienen una formación militar que favorece a la Aspret. En esa organización, realizan dos funciones: adoctrinar y buscar entrar en la política del país”.
Por Carlos Viguria- Diario Perú21.
Joseph Humire es un experto internacional en la influencia de Irán en América Latina. A partir del análisis que hizo de las escuchas del fiscal argentino Alberto Nisman sobre el caso AMIA, preparó el informe Después de Nisman: Cómo la muerte de un fiscal reveló la influencia de Irán en América Latina. Conversamos con el autor sobre su investigación.
¿Qué interés tiene Irán en América Latina?
Siempre tienen dos intereses. El primero, por lo general, es siempre territorialista: donde piensen que exista presencia de Israel, ellos buscarán estar cerca. El segundo es que ellos han empezado una cadena logística que va desde América Latina a Medio Oriente en la que transportan droga, armamento, minerales y metales. Y ello para tener una potencia nuclear y un misil balístico de largo alcance.
En su informe, usted señala que Brasil representa el premio geopolítico de Irán. ¿A qué se refiere con ello?
Brasil tiene instituciones, según lo que vemos últimamente, que son débiles y corruptas, en las que es muy fácil infiltrarse. Los iraníes son expertos en ello: lo han hecho en Iraq, Líbano y Yemen. Y esto es lo que están haciendo en Brasil, lo han convertido en un circuito logístico como Bélgica en Europa. Por ello, todo atentado que ocurra tiene que haberse preparado desde Brasil.
¿El circuito que menciona ha ocurrido antes en la región?
Ocurrió con el atentado en la AMIA (en Bueno Aires, el 18 de julio de 1994). La parte logística que perpetró el ataque pasó por Brasil. Incluso en el caso de Perú, cuando vino Mohammed Amadar (arrestado en Surquillo, en noviembre de 2014 por la Dircote), antes de empezar a avanzar su complot, fue a Brasil por cinco meses, el cual es un importante componente logístico para Irán.
En la región, existen cambios de regímenes de izquierda a derecha. ¿Se podrán infiltrar pese a la transición?
La corrupción tiene mucho tiempo y en la región existen instituciones muy débiles. Además, Irán ha estado por 30 años en América Latina, en Gobiernos de izquierda o de derecha. Seguro tendrán dificultades para infiltrarse en Argentina y en Venezuela por los cambios que están pasando, igual en Perú.
¿Usted cree que Irán tuvo alguna intervención en la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman?
Es una tarea muy difícil saber quién mató a Nisman. Pero la pregunta que yo me hago es quién se benefició de su muerte. Muchos en Argentina creen que Cristina Kirchner, pero yo creo que Irán. Ello porque en ese momento los iraníes buscaban eliminar las sanciones y alejar antecedentes sobre terrorismo internacional. Al lograr la firma del pacto nuclear y sacar el obstáculo que era Nisman, ya no existen acciones contra su país.
También menciona que Irán opera mediante empresas de carne, ¿en qué consiste?
En los informes que preparaba Nisman, él explicaba mucho de las mezquitas que se construían en la región y que tenían una doble función: reclutamiento y realizar servicios religiosos, pero, al mismo tiempo, hacían inteligencia para Irán y Hezbollah; para ello usaban empresas de cobertura, como las de carne. Eran empresas de fachada. Para el proceso de halal (rito islámico en el que la vaca debe ser sacrificada según especificaciones del Corán), traían agregados culturales que inspeccionan las carnes. Pero, en realidad, son agentes de inteligencia y militares que hacen la logística. Uno de esos empresarios incluso vino a Perú en 1992, Nidal Bazoun, quien estaba involucrado en el caso AMIA.
Usted señala que existe una red iraní en Apurímac, ¿de qué trata esta?
Es una red construida entre los años 2009 y 2010 donde surgió Edwar Quiroga Vargas, quien, en conferencias de cambio climático celebradas en Bolivia, conoció al argentino-libanés Suhail Assad. Él es conocido como el mejor discípulo de Mohsen Rabbani, el cerebro del atentado en la AMIA y a quien Nisman nombró como el principal agente de Irán en América Latina. Apurímac es una zona con muchos recursos minerales y donde esa red se conecta con reservistas que tienen una formación militar que favorece a la Asociación Plurinacional de Reservistas del Tahuantinsuyo (ASPRET). Ahí realizan dos funciones: adoctrinar y buscar entrar en política. Quiroga, por su parte, hace el papel de portavoz. Realiza el reclutamiento y hace las relaciones públicas.
¿Qué interés tendría Irán en el Perú?
Existen cinco países en la región andina: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, pero solo uno no tiene embajada iraní: Perú. Y aquí, ellos no manejan la cadena logística que expliqué. Ahora lo hacen mediante grupos subversivos, pero quieren lograrlo utilizando al Gobierno. Para ello, necesitan captarlo entrando en él. Los países que mencioné están, de alguna manera, más captados que Perú.
¿Usted cree que Perú corre peligro?
Yo creo que Perú está bajo el blanco no solo de Hezbollah sino del Estado Islámico y de otros grupos que han visto una oportunidad. Además, el ex director de la DINI, Javier Briceño, dijo en un testimonio del Congreso sobre los chuponeos que se hacían en el 2014, que no tenían que ver solo con temas de política sino además con el hecho de que existía una amenaza islámica y que estaba conectada con políticos peruanos.
AUTOFICHA
■ Joseph Humire es un experto en temas de seguridad global con enfoque en extremismo islámico y la influencia iraní en occidente. Es director ejecutivo del Center for a Secure Free Society (SFS) y director de la agencia Cordoba Group International LLC.
■ El experto dice que el verdadero nombre del libanés detenido en Surquillo es Mohammad Hamdar, quien se casó con una peruana que continuó viviendo en EE.UU. con su ex esposo, un ex agente de la DEA. Ellos viajaron a Brasil, donde la red iraní es grande.
■ Humire señala que el ASPRET es una organización que funciona conjuntamente con el Partido Etnocacerista y el Movimiento Pachakutik para el Tahuantinsuyo (Patria). El presidente es Eddy Villaroel, segundo mando de Inkarrislam, un centro cultural islámico en Apurímac.

“Para mí Inkarrislam sería parte de una célula política de Hezbolá”

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, fue convocado a la Comisión de Defensa del Congreso para hablar sobre el último conflicto en Las Bambas. En la citación, se hace referencia a un artículo del diario EXPRESO donde se habla de las presuntas conexiones que habría entre estas asonadas y las acciones que habría empezado a desplegar Hezbolá en Perú a través de organismos de fachada. ¿Usted respalda esta hipótesis?
No le puedo decir que es así, pero es una hipótesis que se puede desarrollar un poco y tratar de estudiar y ver si representa la realidad, porque esa es la habilidad de Hezbolá e Irán. Primero, habría que entender que ambos obviamente están conectados, son socios, avanzan en una estrategia, pero hay cosas que Hezbolá hace en las que Irán no tiene nada que ver, y hay cosas que Irán está metido y que Hezbolá no comparte. Aquí están vinculando a Inkarrislam [un centro cultural en Apurímac] con Hezbolá y esto es un poco confuso porque, según lo que he estudiado, ellos están más vinculados a Irán, no a Hezbolá. Puede ser que esté vinculado a Hezbolá pero yo no lo he visto, y tampoco lo descarto. Pero sea Irán o sea Hezbolá, la pregunta que tenemos que hacer es desde cuándo están accionando, no solo la ONG, sino el movimiento que hizo surgir esta ONG.
-¿Por qué hay tanto interés de estas organizaciones de fachada en los conflictos sociales?
Porque crean un nivel de desestabilización. Si uno piensa cuál podría ser el objetivo político de Irán, el objetivo sería tratar de cambiar la política peruana para que sea más permisible para su presencia. Si ellos piensan que el gobierno de PPK no les está ayudando, no les está dando apoyo necesario, no les está abriendo espacios, ellos van a tratar de indirectamente desestabilizar este país y crear conflictos para el presidente.
-Sin embargo, algunas personas han tomado a la burla la mención de Hezbolá o de grupos iraníes en la citación al ministro Basombrío…
Ese es un punto importante. Si en Perú van a seguir pensando que estos grupos solo se ven en las películas o en las noticias, se van a despertar a la realidad de que todo el mundo está enfrentando una amenaza que se llama el yihad islámico global, y tienen que entender el Perú y los países de la región que esta amenaza no está tan lejos. Estos grupos, Hezbolá y otros, ubican perfectamente a América Latina en el mapa.
-¿Cuáles son las organizaciones que tienen alguna influencia en nuestro país?
De lo que yo conozco, yo sé que acá en un momento tenían una presencia menor en Perú grupos paquistaníes, que trataron de vincularse con la mezquita en Tacna, no sé si tuvieron éxito. Hay muchos rumores de que posiblemente gente afiliada con ISIS [siglas en inglés del grupo terrorista Estado Islámico] podría estar operando en el sur, en Arequipa, no tengo información concreta. Lo que se conoce sí con hechos, evidencias e información concreta es Hezbolá en Perú.
-¿Qué es lo que se sabe de la presencia de Hezbolá en Perú?
Se sabe que ellos ingresaron hace más de 20 años acá en el Perú. Yo empecé a conocer de la presencia de Hezbolá en Perú en 2011, por estos grupos en Apurímac, era algo novedoso para mí. Cuando hice una investigación hace un año o más por la muerte del fiscal Alberto Nisman, empecé otra vez a estudiar el caso AMIA [el que investigaba Nisman antes de ser asesinado], no solo la parte del informe de Nisman en el juicio contra los iraníes, sino también saber cómo llegó a tener esa información. Lo que descubrí es que hubo un informe que se hizo del caso en 2003, con información de inteligencia, y allí menciona que había una vinculación con Perú en ese entonces. Se menciona que había gente que estaba manejando parte de la logística para la preparación del atentado, que vinieron a Perú hasta un día antes del atentado. Una de estas personas, llamada Nidal Bazoun, llegó a ser detenida en Piura, no tenía los papeles en regla porque había ingresado ilegalmente por Puno. Después, en 1994, se conoció que empresa estatal de Irán que llegó a Piura, estuvo como cinco días, regresó y explotó la bomba en Argentina. Cuando uno hace investigación busca coincidencias, y esta es una. Esto me hace pensar que hay algo en Piura desde ese entonces.
-¿Qué es lo que estaría ocurriendo en Apurímac?
Lo de Apurímac no es un secreto, porque la misma gente de allá sabe de la presencia de estos grupos. El señor que dirige esa red, Edwar Quiroga, es público, hace entrevistas. Él mismo dijo que van a Irán, y creo que él mismo dijo que por lo menos una persona de los etnocaceristas ha ido a Irán. Entonces no es una exageración. Lo que ellos dicen es: “¿y qué hay de malo en que Irán apoye un grupo para un intercambio cultural? Los judíos lo hacen, también Estados Unidos, o Francia”. Creo que ahí debe centrarse el debate.
-¿Para qué se usan los grupos ‘de fachada’?, ¿qué es lo que se atribuye a Inkarrislam?
El terrorismo más sofisticado tiene células con diferente propósito. El grupo operativo, que llega semanas, meses antes del atentado, a veces días para hacer particularmente la operación, para explotar la bomba, matar, asesinar, secuestrar. Después, el grupo logístico, estos llegan días, semanas, máximo meses antes, se encargan del reconocimiento, inteligencia comunicación, financiamiento. Pero en donde Hezbolá es de lo más sofisticado es en el grupo político. Muchas veces este no tienen contacto con los otros grupos, no se conocen, a veces ni siquiera saben si van a hacer un atentado, solamente llegan para construir un ambiente favorable a estos grupos o células. Para mí, Inkarrislam sería parte de una célula política, que no tiene nada que ver con las otras células, menos en una cosa: que les ayudan a generar el ambiente para legitimar una presencia donde las otras células puedan manejarse. Las otras células son ocultas, secretas, por ejemplo el libanés arrestado en Surquillo el 2014, Muhamad Hamdar. Él es de la célula –para mí– logística, porque se maneja en secreto. De estos otros su tarea es pública: es hablar, es conocer para legitimar esa presencia ante la población.
-Se dice que Inkarrislam quiere inscribir un partido político…
Sí, lo he visto, salió un reportaje acá de que quieren inscribir un partido que se llama Partido de Dios, y eso tiene que ver más con lo político, quieren ser relevantes políticamente para empezar a dar más vías a las otras diferentes células. Eso es lo único preocupante de ese grupo Inkarrislam, porque veo difícil –no imposible– que alguien de ese centro vaya a un hotel y explote una bomba. Inkarrislam lo que va a hacer es hablar de Hezbolá como si no fuera un grupo terrorista. Van a decir no, ese es un partido político del Líbano, Irán es un país soberano, no te van a decir que son violadores de los derechos humanos. Van a legitimar estas cosas mediante propaganda retórica, palabras, imágenes, y ese es un componente muy importante de las guerras asimétricas. Algo así como el Movadef de Sendero.
-Ya que hablamos de Sendero, ¿es posible que haya conexión entre ellos y Hezbolá, ya que ambos obtienen financiamiento del narcotráfico?
Es posible, Hezbolá tiene conexiones con cárteles colombianos, con cárteles mexicanos, y por qué no con cárteles peruanos. Yo no conozco ningún caso que evidencie que estaba conectado con ellos, pero no lo descarto.
-En resumen, ¿qué deben saber los peruanos sobre la presencia de grupos yihadistas en nuestro país?
Lo que los peruanos tienen que entender es que si no toma conciencia de este movimiento global, va a ser víctima. El caso de Hamdar en 2014 debe alertar a los peruanos sobre que ellos ya están aquí. Estaba aquí en un departamento en Surquillo, la gente lo vio y seguramente pensó “es un chico normal”. Cuántos de esos hay que no son gente normal, que son soldados entrenados para pelear. Yo veo a Hamdar y veo a un soldado, estoy casi seguro de que lo es. Yo he sido ‘marine’ (infante de marina), puedo reconocer a un soldado cuando lo veo.
-Pero podrían pensar: “es uno solo, no se puede concluir algo por una sola persona”.
Seguro creerán que yo puedo ir a Japón, por ejemplo, por dos años, y empezar a montar una logística, comunicación, financiamiento, sin conocer a nadie, en menos de un año tener documentos de identidad, cuentas bancarias, llegar hasta la zona de Yurimaguas, que la mayoría de peruanos no conoce por ejemplo. Es imposible que haya llegado solo y que esté solo, y que no opera con nadie. En estas organizaciones hay cabilderos, hay propagandistas, hay expertos que van a hablar con la prensa y el público para decir no pasa nada. Me van a llamar a mí “antiiraní”, como lo han hecho, van a atacar al mensajero pero no el mensaje, van a hacer todo lo que tienen que hacer para encubrir esto. La pregunta es por qué lo están haciendo.
-Entonces, ¿ha sido oportuna la llamada de la congresista Luciana León, presidenta de la Comisión de Defensa?
Sí, yo apoyo en eso a la presidenta de la comisión. El hecho de que ella llame al ministro y diga “hablemos de esto” ya es ponerlo en agenda. Y si el ministro no sabe, que lo diga, “estamos en fase de investigación pero no sabemos con precisión, pero ya lo sabemos”. Yo creo que sí, que tanto en el Ministerio del Interior como el de Defensa hay un interés y hay un esfuerzo de conocer esto, particularmente porque hay un evento muy importante el próximo mes.
Fuente: Diario Expreso.

Hezbolá

Por Paco Incio Briceño- Diario Expreso.
Las publicaciones de EXPRESO sobre la innegable presencia del Hezbolá en la región Apurímac a partir de las manifestaciones violentas contra la inversión y actividad minera en el yacimiento Las Bambas no han caído en saco roto.
El congresista Carlos Tubino confirmó a este diario que la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional ya ha tomado nota de todas las publicaciones y está haciendo un seguimiento exhaustivo de este grupo radical libanés que opera en el seno de la Universidad Nacional Micaela Bastidas (Unamba), a través de algunos profesores y autoridades que se han prestado para captar jóvenes incautos que luego son llevados a Irán con la promesa de mejor capacitación.
“La información que ustedes [EXPRESO] han publicado no es descabellada y ya la Dircote está cumpliendo con su deber con las investigaciones respectivas. Han sonado las campanas y ya actúan como debe ser”, dijo el legislador de Fuerza Popular.
Respecto a las fotos que publicamos en la víspera sobre los presuntos vínculos del Hezbolá con el Ministerio de Educación, Tubino enfatizó que debe de haber sido sorprendido el ministro Jaime Saavedra.
NEXOS ETNOCACERISTAS
Tubino explicó que estos nexos del Hezbolá con algunos movimientos en el Perú se dieron con el etnocacerismo, cuyo grupo radical es liderado por Antauro Humala, quien purga prisión por la muerte de cuatro policías en el llamado ‘Andahuaylazo’.
“Es un tema que se debe seguir de manera especial con inteligencia y ver las actividades que están realizando. No hay que descartar que algún momento esto pueda derivar en un acto terrorista”, comentó en exclusiva a EXPRESO.
Carlos Tubino, quien integra la Comisión de Defensa Nacional, recordó que en el distrito de Surquillo fue detenido en 2014 un miembro de este grupo radical y sigue en prisión, pues se le incautaron planos, fotos y explosivos de uso militar. Se trata de Muhammad Ghaleb Hamdar, quien se camuflaba como fisicoculturista.
Un año después de la detención, la policía antiterrorista logró capturar a su esposa Carmen Carrión Vela (36), peruana de nacimiento pero nacionalizada estadounidense. Sobre ella pesaba una orden de captura internacional por supuestamente colaborar con el Hezbolá.
Además el presidente de la Comisión de Educación, Lucio Ávila Rojas, anunció que oficiará al ministro Jaime Saavedra con el propósito que informe al detalle sobre esta denuncia y las fotografías en las que se lo ve con supuestos seguidores del Hezbolá.
QUE LO EXPLIQUE
Durante la sesión de la Comisión de Defensa Nacional, el legislador fujimorista Octavio Salazar pidió el informe de parte del ministro Jaime Saavedra ante las fotografías en las que aparece al lado de alumnos de las Unamba que habrían sido captados por el Hezbolá.

Ministerio de Educación y Sunedu abren puertas al Movadef-Hezbolá en Apurímac

Por Paco Incio Briceño- Diario Expreso.
NOMBRAN CAPACITADORES DE DIRECTORES DE COLEGIOS A AGITADORES
Metieron la pata y hasta el fondo. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, y la actual jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Lorena Masías, han abierto las puertas de la Universidad Nacional Micaela Bastidas (UNAMBA) a agitadores expertos del Movadef-Hezbolá en la región Apurímac.
Ahora se entiende cómo es que se producen las manifestaciones y asonadas contra la inversión minera en este sector del territorio nacional, como en la zona aledaña al yacimiento minero Las Bambas, que ya dejaron un muerto y 20 efectivos policiales heridos.
Si hasta la fecha se ponía en duda la presencia del Hezbolá en Apurímac, con la información a la que accedió EXPRESO podemos afirmar que existe una facción del Movadef que ha mutado al islamismo a través de su brazo legal en el Perú, la asociación Inkarrislam, y su dirigente visible Edwar Quiroga Vargas, quien lanzó diatribas contra el Gobierno al cual calificó de sionista, en una entrevista en una radioemisora local.
DESDE EL 2004
Precisamente, una fuente que pidió mantenerse en el anonimato aseguró a este diario que el Hezbolá opera en Apurímac desde el 2004 y cuenta en sus filas con una pareja de profesores regulares en la UNAMBA, identificados como Hilda Huayhua Mamani y Alfredo Sumi Arapa.
Ambos no solo son pertenecientes a la vieja izquierda radical, también han servido como apoyo al activista argentino-iraní Asad, a quien incluso hospedaron en su hogar desde el 2011, durante los meses de junio y julio, para aprovechar la miopía de las autoridades universitarias en Abancay y dictar sus “charlas” a los alumnos de esa casa de estudios.
Agrega que tanto Huayhua como Sumi tienen una buena estrella que los alumbra desde la UNAMBA. Se trataría de Leonardo Adolfo Prado Cárdenas, un exintegrante de Patria Roja que tiene en su haber un amplio prontuario de delitos como falsedad material, según sentencia N° 88 de 19.04.2007, Registro 2005-2136, lo que lo descalifica tanto para la docencia como para ocupar cualquier cargo como rector en esa casa de estudios de Abancay. Por si fuera poco, también recibe apoyo del Movadef en esa zona.
Los líos legales decantaron en que este año la Sunedu dispuso al Ministerio de Economía y Finanzas el cambio de la titularidad de las cuentas al grupo de funcionarios encabezados por Prado Cárdenas, afines a la ideología radical que incluye al Movadef-Hezbolá.
FIRMAN CONVENIO
Pero los vínculos con el Minedu y la Sunedu no solo se circunscriben a estos líos legales por el manejo de la UNAMBA. Estas mismas autoridades firmaron un convenio el pasado 13 de febrero de 2015 que les da todo el poder a estos cuestionados funcionarios.
La misma fuente asegura que Huayhua Mamani fue nombrada por el actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, como directora del Programa de Capacitación a Directores y Subdirectores de todas las instituciones educativas del Departamento de Apurímac, es decir, le ha entregado la llave para que adoctrine en el terrorismo islámico a toda la educación básico-regular del departamento de Apurímac. Es más, a esta misma mujer, Lorena Masías del Sunedu la ha nombrado decana de la Facultad de Educación.
“La Sunedu debiera aclarar sus vínculos con este grupo violentista que viene destruyendo la más valiosa creación del pueblo apurimeño y ejecutado por el expresidente Alberto Fujimori: la UNAMBA”, comentó a EXPRESO.
También el esposo
El esposo de Huayhua Mamani, Sumi Arapa, es uno de los capacitadores de directores y subdirectores. En esta actividad es apoyado por otros personajes ligados al Movadef y que hoy pregonan sus querencias al islam a través del Hezbolá.
La respuesta a estas situaciones inauditas en la educación peruana la tienen el ministro de Educación, la jefa de la Sunedu y el control y fiscalización a las que renunciaron los congresistas del anterior Parlamento, sobre todo de la Comisión de Educación.

Alerta en yacimiento de Las Bambas

Por Paco Incio Briceño- Diario Expreso
Mientras el Ministerio del Interior promete ofrecer información oficial sobre el enfrentamiento que desencadenó la muerte de un comunero Quintino Cereceda Huisa (42) y veinte po­licías heridos, cuando trataban de desbloquear la carretera Quehuire–Huancuire, en la región Apurímac, surgen nuevas versiones sobre el verdadero propósito de los levanta­mientos en el yacimiento minero de Las Bambas y sus responsables.
Fuentes de crédito aseguran a EXPRE­SO que detrás de todos estos actos de violencia hay infiltrados vinculados a Sendero Luminoso y que actúan bajo la máscara de la ONG “Inkarrislam”, representante oficial en el Perú de la or­ganización islamista Hezbolá.
Precisamente su representante legal en el Perú es Edwar Quiroga Vargas, un alumno de derecho de la Universi­dad Tecnológica de Los Andes y cuyo enclave estratégico está en la provin­cia de Cotabambas, jurisdicción en la se ubica el yacimiento minero más importante de Sudamérica y que para operar necesitó alrededor de 10 mil millones de dólares.
Quiroga Vargas no actúa solo, según la fuente. Se ha unido a Suhail Asad, un conocido violentista argentino-iraní que desde el 2011 visita nuestro país y concretamente se hospeda en la casa de una pareja de docentes de la Univer­sidad Nacional Micaela Bastidas.
Señala la misma fuente que, desde ese año hasta ahora, llega a Apurímac entre los meses de junio y julio para visitarlos y dar sus acostumbradas “charlas” en las aulas a inexpertos jóvenes cuya ignorancia en lides po­líticas es aprovechada por los citados activistas del islam.
Pero ellos no actúan solos. Su impuni­dad alcanza el apoyo de otra ONG. Se trata de Cooperacción, la misma que operó en Conga desde hace diez años y desde hace cinco años está presente en el distrito de Haquira.
La fuente de financiamiento no es un misterio, pues se sabe que reciben el apoyo del exte­rior, de grupos muy interesados que la inversión minera se caiga en el Perú.

Esta nueva forma de terrorismo pare­ce no haber sido vista o advertida por los mandos de la policía antiterrorista (Dircote) que han bajado la guardia en temas tan domésticos como en el re­ciente mausoleo senderista en Comas.
Es el caso de que Quiroga Vargas, se­gún el informante, que habló con este diario a condición de guardar su identi­dad en reserva, ha pertenecido a Sen­dero Luminoso y hoy impulsa la lectura del Corán al punto de haber llevado a Irán a más de veinte estudiantes de la Universidad Micaela Bastidas.
“Hoy, a su regreso, Quiroga Vargas di­funde las ideas radicales de los islamis­tas y ahora promete estudios en Irán para 40 muchachos, de preferencia 20 mujeres. ¿Cuáles son las intenciones? Esa es ya responsabilidad de las fuer­zas policiales desentrañar el misterio”, agrega el informante.
Y es que esta infiltración en los levan­tamientos comunales no es novedad. Ya EXPRESO lo había advertido en su edición del 18 de diciembre del año pasado cuando semanas antes estos rezagos subversivos lanzaron su glo­bo de ensayo con una asonada en Las Bambas. En esa oportunidad sus actos de violencia dejaron cuatro muertos y decenas de heridos.
Sin embargo, su propósito era otro, buscaban medir el accionar y la res­puesta del Estado ante este tipo de si­tuaciones en que además las empresas e inversiones mineras están desprote­gidas por el Estado.
Finalmente este nuevo violentismo se guarece en la supuesta defensa del medio ambiente y las tradiciones y derechos de las comunidades al­toandinas.
Infiltrados en Frente Amplio
Una de las llamadas a aclarar y deslindar de inmediato con Sendero Luminoso y su nueva estrategia de ataques contra la inversión minera en Apurímac es la lideresa del Frente Am­plio, Verónika Mendoza. Uno de sus postulantes al Congreso, el exalcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, estuvo preso por la asonada en Espinar que dejó varios muertos y heridos y es­taría ligado a los sucesos de Las Bambas.
EL DIÁLOGO SIEMPRE ESTUVO ABIERTO
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, remarcó que el diálogo con los comuneros por el proyecto minero Las Bambas siempre ha estado abierto y anunció que establecerán responsabilidades tras el enfrentamiento. En tanto, hasta el momento los pobladores se niegan a que autoridades hagan la autopsia del comunero muerto.

Por Alvaro Reyes- Diario Perú21.
“Hay una campaña política para desprestigiar a la doctora Gisella Orjeda”. Bajo este argumento, el congresista Alberto de Belaunde ha decidido defender personalmente a la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) de las denuncias por presunto conflicto de interés que pesan sobre esta y que Perú21 dio a conocer.
El legislador oficialista ha gastado líneas en la columna de opinión que publica en un diario local y ha usado sus recursos para intentar contrarrestar lo que él considera una ofensiva de la oposición contra otro funcionario cuestionado de este gobierno.
A través de las redes sociales, De Belaunde ha compartido un elaborado gráfico con el que busca librar de culpa a Orjeda, quien fue designada en el puesto en agosto de 2012.
En este indica que la titular del Concytec no ha cometido falta porque, pese a que la entidad entregó en 2012 (noviembre y diciembre) subvenciones por cerca de medio millón de soles a quien era su socio comercial en ese entonces, la empresa que ella fundó con este en 2011 “no estaba funcionando” para cuando se entregaron los fondos.
“La denuncia no tiene la suficiente fortaleza, pero ello está siendo aprovechado por sectores como el fujimorismo, que ha presentado un proyecto de ley en esta coyuntura para elegir al titular del Concytec desde el Parlamento”, explicó De Belaunde en diálogo con Perú21.
Sin embargo, este diario comprobó que la sociedad anónima Genome Technology & Chemical Analysis (GTCA), creada por Gisella Orjeda, Carlos Merino y Joanna Gambetta, está vigente. Y si bien fue dada de baja en 2014 por la Sunat al estar inactivo su RUC, Merino -el beneficiado con las subvenciones- sigue siendo para el Estado el gerente general de GTCA. Es decir, la compañía está potencialmente activa porque nunca se formalizó su cierre ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
El parlamentario también alegó que Orjeda no incurrió en alguna irregularidad porque quien eligió los proyectos ganadores fue una junta de expertos internacionales, y que ella estaba obligada a firmar automáticamente la resolución de ganadores.
“No puede haber un conflicto de interés porque el propio mecanismo del Concytec hace que la presidencia no tenga ningún tipo de injerencia en la elección de ganadores”, acotó.
No obstante, especialistas consultados por este diario para un informe anterior señalaron que la funcionaria debió abstenerse porque podía estar en cuestión su transparencia al tener una relación comercial con uno de los participantes.

“Esto es amiguismo”

Para el legislador aprista Mauricio Mulder, la postura que ha tomado Alberto de Belaunde “pone en evidencia el amiguismo” que tendría el congresista de Peruanos por el Kambio con Gisella Orjeda.
El vicepresidente de la Comisión de Fiscalización indicó que Orjeda deberá aclarar ante el referido grupo de trabajo cómo se entregaron las referidas subvenciones. “Orjeda puede decir que había un comité aparte, pero en la reglamentación se estipula que sin el respaldo del titular del Concytec no se entregan los fondos”, señaló a este diario.

Por Alvaro Reyes- Diario Perú21.
La presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), Gisella Orjeda Fernández, está en la mira del Congreso. Un trabajador de esa institución la denunció por presunto conflicto de interés, luego de que la entidad subvencionara proyectos de investigación a cargo del biólogo Carlos Merino Méndez, quien era socio de Orjeda cuando recibió cerca de medio millón de soles para ejecutar dos de estos trabajos científicos.
En abril de 2011, Gisella Orjeda, Carlos Merino y Joanna Gambetta fundaron la sociedad anónima Genoma Technology & Chemical Analysis (GTCA), según escritura pública de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Meses después, sin embargo, se cambió una letra de la palabra Genoma, y en adelante quedó con Genome.
Más de un año después, en agosto de 2012, Orjeda fue designada titular del Concytec, el organismo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que tiene por objetivo normar, supervisar y fomentar acciones en el campo de la ciencia. Por este último es que está facultado para entregar subvenciones a terceros que elaboren proyectos circunscritos al rubro.
Tres meses después de ese nombramiento, en noviembre, Carlos Merino ganó una subvención por S/200 mil al ser uno de los investigadores elegidos para realizar un proyecto de mejoramiento del cultivo de quinua. En ese momento, el especialista en biología molecular representó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), donde hoy es director de la Unidad de Genómica.
Un mes después, según la denuncia, Merino volvió a ser beneficiado con un premio del Concytec al ser el investigador principal de un proyecto de caracterización varietal de piscos presentado por la Asociación Nacional de Productores de Pisco. De acuerdo al contrato, el monto total otorgado bordeó los S/600 mil, de los cuales 271 mil soles fueron entregados al propio científico.
Todo esto sucedió mientras Orjeda era presidenta del Concytec y gerente general de GTCA al mismo tiempo. Recién en diciembre de 2013, según consigna la Sunarp, ella renunció a su cargo en la compañía.

Rechaza denuncia

Puesta al tanto de la denuncia, Gisella Orjeda rechazó haber incurrido en conflicto de interés. En diálogo con Perú21, adujo que Carlos Merino es un investigador independiente a quien, sostuvo, no se le puede negar que concurse para recibir este tipo de fondos.
“Él no se ha presentado a nombre de la empresa GTCA, lo ha hecho como un científico que postula a concursos nacionales y extranjeros como parte de su trabajo, ¿por qué tendría yo que impedirle trabajar?”, argumentó.
Orjeda se defendió también explicando que ella no elige los proyectos ganadores, sino una junta de expertos internacionales que no quiso mencionar. No obstante, como la máxima autoridad del Concytec es la única que puede autorizar la entrega de subvenciones.
“Todo proyecto que postula no lo ve la presidencia de Concytec, para ello se elige a una o varias personas que escogen a evaluadores externos que deben cumplir dos requisitos mínimos: no tener relación con la entidad y tampoco con los investigadores. Y por cuestiones legales tengo que firmar la resolución para que siga el proceso, no lo puedo detener”, expresó.
Consultada por este diario sobre por qué no dio un paso al costado a GTCA antes de asumir la presidencia de Concytec, Orjeda señaló que no pudo hacerlo porque necesitaba el consenso de los otros dos socios. Para 2012, dijo, Joanna Gambetta estaba en Australia y no regresó al Perú sino hasta el 2013, año en el que se formalizó su salida de la empresa. Perú21 intentó contactarse con Gambetta para recoger su versión de los hechos, pero no tuvo éxito.
Este diario se comunicó con Carlos Merino, quien precisó que conoció a Orjeda en el año 2010 (cuando esta trabajaba en la Universidad Cayetano), luego de regresar al Perú tras estudiar un doctorado en la Universidad Ludwig Maximilian (Alemania). “Algunos colegas me recomendaron que hablara con ella, fue así que ingresé a trabajar a la Unidad de Genómica de la universidad”, manifestó a través de un correo electrónico.
Merino aseguró que la empresa que conformó con la funcionaria “no generó rentas” y que esta no accedió “a ningún tipo de financiamiento” público. Agregó que no evaluó un posible conflicto de interés porque quien calificó las propuestas científicas “fue un panel anónimo de expertos”, mas no su socia de ese entonces.
En diciembre de 2015, un año después de que GTCA fue dada de baja de oficio, según registra la Sunat, la UPCH ganó una subvención por más de 3 millones 600 mil soles para ejecutar, entre otros, el Centro de Excelencia en Cacao, para el cual se destinaron S/2 millones del total. El vicepresidente de investigación de este centro es Merino, según detalla en su cuenta de Linkedin, y tiene por responsabilidades planear y coordinar actividades científicas.

Cuestiones legales

Consultado para este informe, el abogado experto en gestión pública Julio César Castiglioni indicó que, como señala el artículo 8 de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, este caso califica como un conflicto de intereses.
“Sí se incurre en una falta. Ambos pertenecían a la misma persona jurídica y la señora Orjeda no podía ignorar o desconocer ello al momento de firmar el otorgamiento del beneficio”, explicó.
Castiglioni indicó que, como presidenta de Concytec, Gisella Orjeda pudo inhibirse de firmar la entrega de subvenciones a Carlos Merino, de quien dijo que puede contar con los mejores títulos académicos que lo califiquen como un investigador experto “pero era un allegado a la funcionaria y ella debió preservar los caudales públicos” evitando suscribir las resoluciones.
El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ratificó en el cargo a Gisella Orjeda. El primer ministro, Fernando Zavala, decidió mantenerla al frente del organismo que depende de la PCM. Quizás porque no era una desconocida para él.
Y es que en mayo de este año, Concytec le entregó a la cervecera Backus, cuando por ese entonces Zavala era gerente general, un reconocimiento que le valió acceder a beneficios tributarios.
El artículo 88 de la Ley de Procedimientos Administrativos es claro. Señala que el funcionario debe solicitar su abstención cuando tenga una relación laboral, familiar o comercial con una persona sobre la cual debe tomar una decisión.
Conocidos. Fernando Zavala recibió reconocimiento de Orjeda en mayo. (Andina)

Mónica Yaya: Funcionaria debió abstenerse

“Para evitar el conflicto de intereses, el servidor público debe pedir inhibirse de firmar a su superior jerárquico, en este caso la funcionaria debió comunicar a la Presidencia del Consejo de Ministros para que esta entidad decida si el concursante sigue participando o es retirado. Porque puede darse que a un concurso se presente un familiar o un amigo y, ante ese escenario, lo mejor es advertir la situación. La firma de un funcionario implica una conformidad y al darla está dando su aprobación, está tomando una decisión. Lo que está en tela de juicio es la imparcialidad del funcionario, porque, más allá de que el concursante tenga las mejores referencias académicas, hay otros que postulan por lograr la subvención. El servidor público debió solicitar la abstención para no manchar la elección del postulante”.
En diálogo con Perú21, el titular de la Comisión de Innovación y Tecnología del Congreso, Juan Carlo Yuyes, indicó que el grupo de trabajo investigará la denuncia contra Concytec.
“Estamos coordinando con la Comisión de Fiscalización para viabilizar las indagaciones que correspondan”, dijo.
Concytec pasó a depender de la PCM en junio de 2012. Antes estaba adscrito al Ministerio de Educación.
A la entrega de subvenciones hechas a su socio comercial Carlos Merino se suman otros señalamientos: “Ha pasado de gastar 1’009,073 soles en remuneraciones de los trabajadores de régimen CAS en 2012, a 14’313,534 soles en 2015”.
Es decir, la funcionaria incrementó ese rubro un 1,418%. Pasó de 25 plazas CAS en 2012, a 193 en 2015.
Según la comisión del Congreso, muchas de esas nuevas contrataciones fueron injustificadas. “Por ejemplo, contrató dos choferes para una unidad que no tenía ningún vehículo asignado”, se lee en el informe.
A 200 investigadores les regaló dispositivos electrónicos lectores de documentos, que no fueron adquiridos por el Concytec ni recibidos en donación, “por lo que no ha podido explicar su origen”.
En su informe, la comisión también advierte que Fernando Ortega San Martín, denunciante de algunas de las irregularidades en Concytec, fue amenazado por Orjeda, que en una carta le advirtió que iniciaría acciones penales, administrativas y civiles en su contra.
Según el documento, la presidenta de Concytec “ha incumplido la normatividad vigente sobre protección al denunciante”.

Primera subvención

Perú21 pudo establecer que la otra accionista de Genome Technology & Chemical Analysis también recibió una subvención de esa entidad pública cuando aún era socia de la presidenta del Concytec. Se trata de la ingeniera en industria de alimentos Joanna Gambetta.
En octubre de 2012, la Asociación Nacional de Productores de Pisco presentó a Gambetta como parte del equipo de investigadores que ejecutarían el trabajo científico: “Caracterización varietal de los piscos del valle de Ica”. Solo dos meses después, en diciembre, la propuesta ganó una subvención especial de 271,000 soles.
Esa información ahora resulta clave, pues Gisella Orjeda ha insistido en que no había renunciado a Genome Technology & Chemical Analysis porque su socia, Joanna Gambetta, se encontraba fuera del país, adelantando estudios de doctorado en Australia. Sin embargo, un documento oficial la desmiente.
Los reportes migratorios de la ingeniera en industria de alimentos revelan que recién viajó a Australia en mayo de 2013, después de que Gisella Orjeda se posesionó en su cargo. Es decir, sí tuvieron tiempo de disolver su vínculo comercial y conjurar el riesgo de un posterior conflicto de interés.
Perú21 intentó conversar con Jaime Marimón, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Pisco, quien suscribió el acuerdo con el Concytec y presentó a Joanna Gambetta y a Carlos Merino como parte del equipo de investigadores, en esos días todavía socios comerciales de Gisella Orjeda. Pese a la insistencia, el líder gremial decidió guardar silencio.

Segunda subvención

En diciembre de 2013, Joanna Gambetta fue la investigadora principal del proyecto: “Incremento de la competitividad del café especial peruano”, al que el Concytec le otorgó casi 400,000 soles.
En esa ocasión, Gambetta representó a la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), tal como lo hizo Carlos Merino la primera vez que participó en un concurso convocado por la institución que dirigía su todavía socia comercial Gisella Orjeda.
Nuevas dudas surgen cuando se advierte que el listado con los diez proyectos ganadores, entre los que figura el de Joanna Gambetta, fue publicado cinco días después de que la también propietaria de Genome Technology & Chemical Analysis retornó al Perú, luego de pasar siete meses en Australia.
Gambetta se postuló como investigadora titular de ese proyecto, pero tras obtener la subvención de casi 400,000 soles cedió su titularidad a Antonio Salas Vinatea, doctor en Ciencias Agrícolas de la North Carolina State University, quien también aparece en la relación de ganadores con un proyecto sobre tecnologías aplicadas a la agronomía, a nombre de la Universidad Cayetano Heredia.

Sí podía

En una misiva enviada a este diario, el pasado 20 de noviembre, Gisella Orjeda pregunta: “¿Cómo podría incurrir en conflicto de interés si debido al reglamento la Presidencia no tiene información sobre los postulantes?”.
Lo cierto es que en las cartas de presentación de los investigadores se detallan sus nombres y título académico.
Evidencia. Orjeda aseguró que no sabía qué investigadores participaban en las convocatorias. Esta carta, dirigida a ella, demuestra que las entidades sí se los presentaban.
En esa misma carta a este diario, Orjeda asegura: “Yo no puedo abstenerme de una evaluación y selección en las que no participo”. Al parecer no es así.
El Reglamento de Subvenciones Especiales, justo las que recibieron sus socios comerciales, establece que sean aprobadas por la Presidencia del Concytec. Perú21 pudo acceder a varias actas en las que Orjeda, con su puño y letra, aprueba y desaprueba la entrega de subvenciones.
Ante las evidencias, este diario buscó una entrevista con Fernando Zavala, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, de cuyo sector depende el Concytec. La intención era preguntarle si están investigando las denuncias. Los asesores de Zavala dijeron que no podía atendernos.
Hasta ahora, la genetista Gisella Orjeda, cuyos trabajos científicos le han merecido reconocimiento profesional dentro y fuera del Perú, parece insistir en que no es grave lo que los legisladores advierten como escandaloso.
SIN RESPUESTA
Por tres semanas, Perú21 intentó, sin éxito, realizar una entrevista con Gisella Orjeda.
En carta enviada a este diario el pasado 14 de noviembre, la presidenta de Concytec se mostró dispuesta a responder cualquier pregunta. En uno de sus apartes escribió: “Es por eso que reitero mi apertura para explicarle sobre el tema en detalle y mostrarle y entregarle todos los documentos necesarios. Desde la primera vez que Perú21 se puso en contacto conmigo he colaborado con total transparencia y lo seguiré haciendo. Los hechos no han cambiado”.

Un resumen de los hechos

El Concytec es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt), integrada por la academia, los institutos de investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las comunidades y la sociedad civil.
Gisella Orjeda es doctora en Genética por la Universidad de Birmingham del Reino Unido. Su experiencia profesional no está en duda: ha dirigido equipos de mejoramiento biológico del arroz, la cebada y la uva, entre otros. Ha sido la investigadora principal del proyecto de secuenciación del genoma de la papa.
Fuente: Unidad de investigaciones del Diario Perú21.

El presidente de Petroperú, Augusto Baertl, ha solicitado en conversación con RPP Noticias más seguridad para el Oleoducto Nor Peruano ante los ataques que sufre y que provocan derrames de petróleo. “Pido al Gobierno que se garantice el orden y que se dé seguridad para evitar nuevos atentados”, comentó.
Además, dijo que están coordinando con las autoridades del Ejecutivo cuáles van a ser las medidas para cumplir cuanto antes con las medidas. Este domingo, un ataque se registró cerca de la comunidad nativa de Nueva Alianza, en Urarinas, Loreto. Es el sexto derrame en lo que va del año.
Baertl aseguró que el accidente fue provocado.
“Pareciera que sí, este último atentado ha sido claro en la forma e intensidad, el corte del tubo es más pronunciado que en casos anteriores. El volumen de crudo que se llegó a verter es más importante y en un punto estratégico”, mencionó.
Además, pidió a los nativos y a la población que no se dejen sorprender por personas que “solo buscan el provecho personal”. Condenó la afectación al medio ambiente y a la salud de la población que ocasionan estos derrames provocados. “Estamos implementando un programa de desarrollo social que se traducirá en apoyo a las comunidades”, dijo y dejó claro que el trabajo es conjunto.
Fuente: Radio Programas del Perú y Diario El Comercio.