Contraloría confirmó irregularidades en la contratación de empresa constructora durante la gestión de Susana Villarán.
La Municipalidad de Lima denunciará a los funcionarios de Serpar de la gestión de Susana Villarán por la construcción del Parque del Migrante, en el terreno donde antes funcionaba el ex mercado La Parada. La Contraloría de la República detectó irregularidades en la licitación y contratación de la empresa a cargo de los trabajos.
Según Canal N, esta decisión fue adoptada en la última sesión de concejo de la Municipalidad de Lima en base a las recomendaciones hechas por la Contraloría.
La obra fue otorgada a CMR Construcciones por un valor de 7.8 millones de soles. Sin embargo, según el informe N° 579-2015, la anterior administración contrató directamente a la compañía sin realizar el debido proceso de selección.
Además, el contrato para la construcción del Parque del Migrante fue suscrito pese a que la empresa no tenía la capacidad de construcción requerida y se constató que el proceso fue cuestionado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones el Estado (OSCE), que declaró inválida la exoneración del concurso público.
Otra irregularidad es que la constructora presentó documentación falsa de profesionales que no prestaron servicios en la ejecución del Parque del Migrante.
En abril del 2014, el entonces regidor metropolitano Alfredo Lozada, del Partido Popular Cristiano (PPC), denunció que Serpar eligió “a dedo” la empresa con el pretexto de que la construcción del Parque del Migrante era una situación de emergencia.
Fuente: Diario El Comercio.
Archivo por meses: noviembre 2015
Financoop
Por Patricia Hoyos- Diario La República
Un millonario desfalco se produjo en el distrito de Olmos, en Lambayeque, con el presupuesto destinado para obras de alcantarillado y agua potable, valorizado en 120 millones de soles. Empresarios estafaron al municipio con fraudulentas cartas fianzas de la cooperativa de ahorro y crédito Financoop, de la cual es socio César Velásquez Quesquén, hermano del congresista aprista.
A inicios del 2013, las empresas Ingenieros ABC Contratistas Generales SAC y Ramca Contratistas SAC, cuyo representante legal es Henry Campos Zegarra y , ganaron el total de las siete obras que consistían en mejorar el sistema de alcantarillado en la ciudad de Olmos y la instalación del sistema de agua potable en 141 caseríos del distrito.
Para acceder al presupuesto de las construcciones, el también representante legal de las firmas Gilberto Ramírez Acuña presentó al entonces alcalde de Olmos, Willy Serrato, acusado ante el Poder Judicial por delitos de corrupción, 21 cartas fianzas de Financoop valorizadas en 57 millones de soles.
Aun cuando se trataba de una cooperativa sin respaldo financiero y sin autorización de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la ex autoridad municipal aceptó las garantías y desembolsó casi el 100% de los presupuestos de las obras que debieron ser culminadas a fines del 2014, pero que en la actualidad se encuentran abandonadas e inconclusas por las empresas contratistas.
El socio
En el 2013, el empresario chiclayano César Velásquez Quesquén abrió su cuenta de socio en Financoop y al poco tiempo asumió la presidencia del Consejo de Administración obteniendo un control inmediato en la empresa.
De acuerdo al poder que se le otorgó y que consta en Registros Públicos, Velásquez Quesquén estaba autorizado a otorgar en nombre de la cooperativa “aval y fianzas y todo tipo de garantías” en conjunto con el gerente general Ricardo Pino Vela. Es decir, la emisión de estas cartas no podía darse sin el visto bueno del hermano del congresista aprista.
Coincidentemente, mientras Velásquez se encontraba en dicho cargo, Financoop emitió las 21 cartas a favor de las empresas representadas por su amigo Gilberto Ramírez Acuña. Para lo cual, el empresario debió pagar más de dos millones de soles a la cooperativa como parte de la comisión.
Esta información fue confirmada por el gerente general de Financoop, Ricardo Vela, quien además de reconocer su firma en los documentos, refirió que cobraron a las empresas el 4% del valor de las cartas fianzas.
En su intento por justificar la emisión de las garantías, Pino Vela dice estar autorizado por la SBS para emitir cartas fianzas. “Ese es un tema discutible”.
Por su parte, César Velásquez Quesquén asegura que no participó en la emisión de cartas fianzas argumentando que su cargo en Financoop solo era representativo. Asimismo, agregó que se desafilió de esta cooperativa en el 2014.
Lo curioso es que el gerente de Financoop sostuvo que Velásquez continúa siendo socio, incluso refirió que su última reunión fue hace dos meses.
Obras abandonadas
En el distrito de Olmos, el panorama es desolador. Los 141 caseríos más recónditos de la ciudad se encuentran sin agua potable por paralización de las obras, algunas de ellas abandonadas solo con un avance entre el 1 y 2%, pese a que se pagó casi el total de sus presupuestos.
El alcalde Juan Mío, quien asumió funciones en enero del 2015, denuncia que las licitaciones estuvieron direccionadas para las empresas, incluso porque los expedientes técnicos se encuentran con deficiencias y pese a ello su antecesor concedió la buena pro.
Agrega que las cartas fianzas de Financoop han socavado el presupuesto municipal ocasionando un millonario perjuicio económico.
“Debieron terminar hace tiempo, pero las obras se encuentran paralizadas por deficiencias en la empresa que al parecer no es solvente y no tiene los fondos necesarios para culminar las obras. Hemos encontrado adelantos de materiales con la ayuda de las cartas fianzas de Financoop”, sostiene el burgomaestre.
Por su parte, el gerente de Infraestructura del municipio, el ingeniero Elmer Ríos, informó que en el proceso de ejecución de obras la empresa sobrevaloró montos que finalmente fueron aceptados por la anterior gestión municipal.
Conciliación
Cuando culminó la gestión del investigado alcalde de Olmos Willy Serrato, a fines del 2014, el empresario Gilberto Ramírez, representante de las empresas ABC Contratistas y Ramca Contratistas, ya había cobrado el 90% de los presupuestos de las obras y planteaba una serie de sobrevaloraciones, según él, producidas durante la ejecución de las construcciones.
Una vez que el nuevo alcalde Juan Mío asumió el cargo, en enero del 2015, Ramírez volvió a presentarle las cartas fianzas de Financoop para solicitar los adelantos, sin embargo, el burgomaestre rechazó las fraudulentas garantías y exigió regularizar los avales con cartas de entidades financieras.
Al verse acorralado por no recibir ni un sol del presupuesto de las obras, Gilberto Ramírez acudió al gerente de Infraestructura Elmer Ríos a fin de llegar a una conciliación. El ingeniero refiere a La República que el empresario Ramírez estuvo acompañado de César Velásquez Quesquén, quien buscaba intervenir para que el municipio acceda a destinarles un monto de su presupuesto para continuar con las obras.
“Él (César Velásquez) estuvo por Chiclayo viendo el tema de Olmos. Ellos conversaron conmigo en el marco de una conciliación por las cartas fianzas. Su intento era el de persuadirme asintiendo que las empresas contaban con una gran experiencia y que incluso tenían otra obra en Moyobamba”, nos cuenta el funcionario.
Al respecto, César Velásquez asegura que no tiene ningún vínculo con este proceso y afirma no conocer a ningún funcionario del municipio de Olmos.
“Está mal, debe estar equivocado o tiene animadversión con el contratista, pero no es un tema que me preocupe a mí. Yo no puedo ir a la municipalidad porque no trabajo con él (Gilberto Ramírez)”, sostuvo el hermano del congresista Javier Velásquez.
Lo cierto es que a la fecha, los representantes legales Henry Campos Zegarra y Gilberto Ramírez no han cumplido con regularizar las cartas fianzas, por lo que el perjuicio económico a las arcas del municipio no podrá ser subsanado.
La República buscó en sus direcciones fiscales a ambos para conocer sus versiones, pero no los ubicó.
El alcalde Juan Mío anunció que están evaluando las medidas judiciales que tomarán en contra de los que resulten responsables.
Justicia a dedo
Este es un escándalo de proporciones mayores y millonarias, que merece reacciones inmediatas por parte del presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, y el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
Aquí una mafia demuestra que tiene la capacidad –y el cash– para seguir operando bajo el inmenso manto de una poderosa economía negra.
Leer: CARETAS 2396 – Lingotes al Cuete
Cómo explicar la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que ha ordenado, mediante oficio N°409-2015-53-JPT/CSJLSUR de fecha 28 de agosto de 2015, dirigido a la Comisión Nacional de Bienes Incautados –CONABI− y la fiscalía de Lavado de Activos; proceder a la devolución de 99.84 kilos de oro incautados en marzo último, valorizados en US$6 millones.
La sala conformada por los jueces superiores Olga Isabel Contreras Arbieto, Juan Vicente Véliz Brendell y Saúl Saturnino Gerónimo Chacaltana, decidió resolver el caso días antes que los dos primeros viajen a Costa Rica para seguir un curso de pasantía establecido en el Plan de Capacitación 2015.
El principal beneficiado es Pedro Pérez Miranda (55), conocido en el mundillo de la farándula como ‘Peter Ferrari’. El apodo viene de su afición a los autos de lujo, que bien conocida se hizo en la década de los 90. Entonces fue acusado de exportar oro falso y lavar dinero para el cártel colombiano del Valle del Norte. Antes de ser exculpado por narcotráfico pasó cuatro años en Lurigancho, donde vivió su reclusión en condiciones espléndidas.
Parece que no ha olvidado los métodos para salir ganando.
Este caso, donde no se ha podido demostrar el origen legal del mineral, ha sido investigado por la fiscal Paola Díaz. Los recursos para persuadirla han sido tan sutiles como los tintes de las vedettes que suelen fotografiarse con Ferrari.
El 23 de septiembre último, la fiscal Díaz recibió en su oficina una corona fúnebre y cinco días después le dejaron una granada de guerra tipo piña en la puerta de su casa, en Villa María del Triunfo.
PRIMO AL CINTO
La historia comienza el 27 de marzo pasado cuando la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Divila), incautó los casi 100 kilos de oro destinados a Estados Unidos.
La incautación por orden judicial se realizó en la empresa de seguridad Hermes en Chorrillos.
El supuesto dueño era Alberto Miranda Pando, primo de Ferrari y representante nominal de Minerales Sumak Okro SAC. Como se observa en estas páginas, revólver al cinto, lo del buen gusto viene de familia.
Miranda no ha podido justificar de qué mina legal salió el oro. Declaró que salió de una en Piura, de nombre ADLER 3, pero los peritajes no concuerdan, porque dicha mina mayormente produce cobre.
Por eso la fiscal Díaz lo denunció por lavado de activos.
Las autoridades tienen la sospecha que los embarques de oro de Orkro son parte, a su vez, del mineral que Ferrari “secuestró” de los almacenes de TALMA el pasado 3 de enero del 2014 (CARETAS 2339).
Este cargamento de 304.56 kilos de oro ilegal estaba valorizado en US$11.2 millones de dólares, y había sido incautado por la SUNAT apenas un mes antes, a la empresa comercializadora de Minerales Rivero SAC, representada por Miguel Ängel Rivero Pérez, sobrino, cómo no, de Ferrari. En ese mismo mes, un escandaloso recurso de amparo fue otorgado por la Corte Superior de Ucayali, en complicidad de la abogada Blanca Paredes y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, ambos hasta el cuello con la red mafiosa de Rodolfo Orellana.
Entre la apelación de la SUNAT, gallos y medianoche, se produjo el robo. Uno de los vehículos que filmaron las cámaras de seguridad pertenecía a la agencia de seguridad privada Police Security, conocidamente vinculada con el famoso ex operador montesinista Óscar López Meneses, vecino de Ferrari en la también archiconocida calle Batallón Libres de Trujillo, la de la vigilancia policial irregular.
Por eso no es gratuito que quienes siguen el caso sospechen que la interminable novela de los patrulleros apostados allí esté en realidad relacionada con una mafia de oro ilegal.
Otra razón para lamentar el pobre manejo político en la salida de la procuradora Julia Príncipe, quien investigó a la que fuera todopoderosa red de Orellana.
DORADA FAMILIA
La Fiscalía de Lavado de Activos ha decidido ampliar la investigación por lavado de activos a Miguel Ángel Pérez (sobrino de Ferrari), Alberto Miranda Pando (el primo), Alfredo Néstor Egochea Rosas y César Leyva Miyashiro (sus empleados), Juan Francisco Miranda Briceño (primo) y Gian Piere Pérez Gutiérrez (hijo).
Se calculado que desde abril de 2012, Pedro Pérez Miranda ha exportado al extranjero 14,289 kilos de oro presumiblemente ilegal, valorizado en US$615,830 millones.
El fiscal ha solicitado que se envíe a la Coordinadora de Lavado de Activos el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto a las empresas extranjeras Republics Metals Corporation, NRT Metals LLC y Kaloti Metals Logistics. Estas son las “importadoras”.
Para el efecto de la exportación se valió de las empresas Business Investments SAC, Republics Metals Corporation, Minerales La Mano de Dios S.A.C., Minerals Gold MPP, Empresa Comercializadora de Minerales Rivero S.A.C. Cada una operó entre 3 y 7 meses.
La última raya del tigre es Sumak Orkro, representada por el primo Miranda.
Mientras tanto, Pedro Pérez Miranda, más conocido como Peter Ferrari, sigue moviéndose escoltado en sus autos de lujo, con el poco sigilo que le permiten los anillos, el Rólex en la muñeca izquierda, las esclavas en la derecha y las gruesas cadenas que le cuelgan del cuello.
Y ya se sabe que nada es de plata.
Fuente: Revista CARETAS.
Via crucis
Por Monica Bernabé- Diario El Mundo
Una de las obras, Avarizia, del periodista italiano Emiliano Fittipaldi, es una descripción pormenorizada del gran imperio financiero del Vaticano. La otra, Via Crucis, del también reportero Gianlugi Nuzzi, pone en evidencia las grandes dificultades del Papa Francisco para conseguir cambios en la Iglesia con el fin de que deje de ser una institución de opulencia. Ambas obras se publicarán el jueves en Italia, y también se editarán en una decena de países más, entre ellos España.
Fittipaldi rebatió en una entrevista al diario italiano ‘La Repubblica’ las críticas de la Santa Sede, que calificaron su obra de generar “confusión e interpretaciones parciales y tendenciosas”. “A través de documentos inéditos y una investigación minuciosa, detallo la riqueza del Vaticano, una serie de escándalos financieros de la Santa Sede que nunca han sido explicados, y el uso poco ético del dinero por parte de algunos monseñores”, declaró el autor de Avarizia.
El libro también expone cuáles son las propiedades inmobiliarias de la Iglesia, con cifras precisas, así como las fundaciones del Vaticano y el dinero que gestionan. “También demuestro que el Banco de la Santa Sede no ha sido reformado, a diferencia de lo que dice la propaganda vaticana”, asegura el reportero. Todo una bomba de relojería.
Para la redacción del libro, Fittipaldi se ha basado en documentos internos del Vaticano, como balances económicos, estados financieros, informes… Y para demostrar que su información no es pura invención, dedica 20 páginas de su obra a reproducir algunos de los documentos originales que ha utilizado para la redacción del libro. Avarizia cuenta en total con 224 páginas y en Italia lo publica la editorial Feltrinelli.
El otro libro de la polémica, Via Crucis, es obra de Gianlugi Nuzzi, autor de Su Santidad. Las cartas secretas de Benedicto XVI, que destapó el denominado escándalo del Vatileaks en 2012 y llevó a Joseph Ratzinger a renunciar a su pontificado, superado por los acontecimientos.
En esta nueva obra -de 336 páginas y publicada en italiano por Chiarelettere-, Nuzzi se basa en grabaciones de reuniones privadas realizadas por el Papapara fomentar cambios en las finanzas de la Iglesia. Asimismo recurre adocumentos reservados.
El libro incluye algunas frases antológicas de Francisco, que demuestran su malestar ante una Iglesia de la opulencia. “Los gastos están fuera de control. Hay fraude”, dice el pontífice en una de esas grabaciones a las que el reportero italiano ha tenido acceso. O ésta otra: “Si no podemos custodiar el dinero, que se ve, ¿cómo podremos custodiar el alma de los fieles, que no se ve?”.
La Santa Sede considera que el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda se encuentra detrás en la filtración de toda esta información confidencial de la Santa Sede, y podría condenarlo a ocho años de cárcel por la divulgación de documentos reservados, según el código penal del Vaticano. El prelado, del Opus Dei, se encuentra en la actualidad detenido en la misma celda que ocupó el ex mayordomo del papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, también acusado en 2012 de desvelar secretos del Vaticano.
El código penal del Vaticano dice así: “Quien proporcione ilegalmente información o documentos cuya divulgación esté prohibida, será castigado con una condena de prisión de seis meses a dos años, y una multa de mil a cinco mil euros”. Y añade: “Si la información desvelada hace referencia a intereses fundamentales o relaciones diplomáticas de la Santa Sede, la pena de cárcel será de cuatro a ocho años”. Sin duda, el sacerdote Vallejo Balda se enfrentaría a las penas más elevadas, si se demuestra que él fue la fuente de información de los periodistas Fittipaldi y Nuzzi.
Avarizia
El libro “Avarizia” del periodista Emiliano Fittipaldi revela dispendios excesivos y poca claridad en las finanzas vaticanas en base a documentos reservados que han conducido a dos recientes detenciones en el Vaticano. Fittipaldi explica en su libro, adelantado a la prensa este 3 de noviembre, antes de su publicación, cómo desde la Fundación Bambin Gesú (Fundación Niño Jesús), creada para ayudar al hospital pediátrico que gestiona el Vaticano, salieron fondos para reformar el ático del ex secretario de Estado Tarcisio Bertone tras su jubilación.
“La fundación, definida como un vehículo para la recaudación de fondos para asistencia, investigación y actividad humanitaria del Bambin Gesú ha saldado la factura de los trabajos para un total de 200,000 euros”, dice el periodista sobre el polémico asunto del apartamento de Bertone. De esta fundación también han salido fondos para alquilar, por ejemplo, “un helicóptero por la bonita suma de 23,800 euros”, dice el autor en el libro.
Además se mencionan gastos en los que incurrieron miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, como el cardenal George Pell, prefecto de la Secretaría Económica vaticana, quien habría desembolsado “para él y sus amigos medio millón de euros en seis meses”.
Gastos e inmuebles de magnates
El periodista italiano cuenta, en otro apartado de este libro que se publicará el 5 de noviembre, que el Vaticano “posee en Roma casas por un valor de 4,000 millones de euros”. Añade que ha tenido acceso a un documento escrito “en inglés y en italiano y destinado al cardenal Pell” que resume “por primera vez el verdadero valor de todos los bienes inmuebles propiedad de las instituciones del Vaticano”.
Según estos documentos, la Santa Sede “posee inmuebles por un valor de 160 millones de euros”. Pero un documento reservado de la Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa Sede (COSEA) con fecha 7 de enero de 2014 “especifica que casi siempre los inmuebles son registrados al costo de adquisición o al costo de donación, y muchos edificios institucionales están valorados en un euro. Por lo que es de esperar que el valor real sea mayor”.
El autor calcula que el valor real de esas propiedades asciende a “cuatro mil millones de euros”. Fittipaldi revela además que el IOR, el banco del Vaticano, no ha entregado al Banco de Italia la lista de las personas que han protagonizado casos de fuga de capitales, “a pesar de haberlo prometido”.
“En las fiscalías italianas, Roma en primer lugar, y en el Banco de Italia se preguntan desde hace tiempo si las cuentas sospechosas han sido finalmente cerradas, o solamente bloqueadas o (están) durmientes a buen recaudo en las cajas fuertes del Vaticano”, escribe el autor.
Fittipaldi publica su libro al tiempo que otro periodista italiano, Gianluigi Nuzzi, lanza “Via Crucis”; ambos volúmenes se basan en los documentos presuntamente filtrados por los dos detenidos, el sacerdote español Lucio Vallejo Balda -que permanece preso en el Vaticano- y la italiana Francesca Chaouqui.
Fuente: Deutsche Welle y América Economía.
Conferencia Episcopal Peruana
COMUNICADO
Ante las denuncias públicas de graves e inmorales actos de abuso sexual y psicológico contra personas inocentes, varios de ellos menores de edad, cometidos por algunos miembros del Sodalitium Christianae Vitae, y de manera particular por su fundador, el Señor Luis Fernando Figari, expresamos en nuestra condición de Pastores de la Iglesia, lo siguiente:
1. Compartimos la indignación y el estupor ante estos hechos que jamás debieron suceder.
2. Rechazamos cualquier forma de abuso y maltrato, haciendo nuestra la expresión del Papa Francisco: “no hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie” (Homilía, 07 de Julio del 2014).
3. El abuso sexual es un execrable crimen que ofende gravemente a la víctima, a la sociedad, a la Iglesia y a Dios mismo; aún más si se comete violando la inocencia y la confianza de menores, de jóvenes y de sus familias. Por eso, la sociedad y la Iglesia lo deben combatir con todos los medios, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico.
4. La Iglesia ha manifestado con firmeza que, “sin perjuicio del foro interno o sacramental, siempre se siguen las prescripciones de las leyes civiles en lo referente a remitir los delitos a las legítimas autoridades. Naturalmente, esta colaboración no se refiere sólo a los casos de abuso sexual cometido por clérigos, sino también a aquellos casos de abuso en los que estuviera implicado el personal religioso o laico que coopera en las estructuras eclesiásticas” (Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 03 de mayo de 2011).
5. Exigimos a los responsables de las instituciones eclesiales que estos repudiables actos no se oculten y sean denunciados oportunamente.
6. Como Pastores de la Iglesia estamos dispuestos a acoger, escuchar y acompañar a las víctimas de estos lamentables abusos.
7. Renovamos nuestro compromiso irrenunciable de proteger y defender la vida y la inocencia de los niños, “porque de los que son como ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 19,14). Los niños y los jóvenes son el tesoro de nuestras familias, de la sociedad y de la Iglesia
Lima, 02 de Noviembre del 2015
La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana
Identificar a las víctimas en el proceso penal
Por Sandra Belaunde– Diario El Comercio.
El abogado Juan Armando Lengua Balbi tiene como cliente a Luis Fernando Figari Rodrigo, fundador del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) y sindicado como el autor de abusos sexuales contra miembros menores de edad. Luego de que los casos salieran a la luz con la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, del periodista Pedro Salinas con la colaboración de Paola Ugaz, Lengua Balbi advierte que la fiscalía debe parar la investigación de oficio que ha iniciado porque los hechos ocurrieron en los años 90 y que su defendido no debe ser perseguido porque, salvo las denuncias presentadas ante el Tribunal Eclesiástico -que se ha declarado incompetente en el tema-, no hay denuncias penales de por medio.
-¿Hace cuánto tiempo que lo contrata Luis Fernando Figari para que lo defienda?
Cerca de diez días.
-¿Antes de que la fiscalía lo empezara a investigar de oficio?
Sí, unos días antes. Él sabía que el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, de Pedro Salinas y Paola Ugaz, iba a ser publicado.
-¿Usted ha leído el libro?
Sí lo he leído.
-¿Su cliente lo ha leído?
Entiendo que sí.
-¿Por qué delitos se investiga a Luis Fernando Figari?
Se señalan delitos sexuales en agravio de menores de edad. Entiendo, luego de leer el libro, que solo serían tres los testimonios sobre abuso sexual.
-Son 30 testimonios, 29 de ellos denuncian abuso físico y psicológico, cinco de estos abuso sexual, y tres de estos cinco son los que han presentado sus denuncias al Tribunal Eclesiástico de Lima.
Pero de estos entiendo que son solo tres los testimonios que señalarían a Luis Fernando Figari como responsable de delitos sexuales.
-¿Cree que los testimonios del libro son verosímiles, así como lo ha dicho el secretario general del Sodalicio de Vida Cristiana, Alessandro Moroni?
Los delitos son graves y repudiables, pero no me parece que sobre la base de esa publicación puedan hacerse señalamientos de responsabilidad sobre Luis Fernando Figari. He visto en el expediente que no hay absolutamente nada que pueda reconocerse como medios de prueba ni indicios.
-¿Entonces, cree que la investigación periodística de Pedro Salinas y Paola Ugaz no es suficiente para iniciar una investigación fiscal?
Sí es suficiente, pero el fiscal no la ha tomado en consideración, o la ha tomado indirectamente. Solo se cita la publicación de El Comercio [el 21 de octubre este Diario publicó una nota sobre las acusaciones a Figari Rodrigo, explicando las connotaciones penales y que la fiscalía podría investigar de oficio].
-Pero el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se ha reunido con Salinas y Ugaz.
Los ha recibido, pero hasta el momento la publicación no ha sido incorporada a la investigación.
-¿A Luis Fernando Figari se lo investiga también por los delitos de maltrato y agresión?
No, solo por abusos sexuales de menores.
-Usted me comentó que su cliente se declara inocente de haber cometido abusos sexuales, pero que sí ha reconocido otro tipo de excesos. ¿Se refiere a abusos físicos y psicológicos?
Se refiere a la disciplina impuesta. Ha habido exageración en las prácticas para poner a prueba el carácter y formar el temple, como en las escuelas militares. Él sí reconoce que hubo excesos. Son parte de lo que él está meditando, los tiene en oraciones.
-Pero eso no es disciplina, esos abusos son también delitos: maltrato y agresión.
No se lo está investigando por ellos.
-¿Y al reconocer estos delitos, su cliente ha pensado renunciar a ser miembro del Sodalicio?
Él está apartado de la institución, ya no tiene injerencia en las decisiones de la institución.
-¿Tampoco lo investigan por el delito de encubrimiento? Él ha sido secretario general del Sodalicio durante el tiempo en que su segundo al mando, Germán Doig, Daniel Murguia y Jeffery Daniels abusaron sexualmente de menores y mayores de edad. Incluso el mismo Alessandro Moroni ha aceptado que el Sodalicio castigó a Daniels con algunos años de retiro y que luego lo expulsó de la institución, pero que no lo remitió a una investigación fiscal. Eso es encubrimiento y su cliente era el responsable.
El Ministerio Público no lo está investigando por encubrimiento.
-Usted dice que la investigación no está siguiendo las reglas porque los supuestos delitos se cometieron en los años 90. Pero a pesar de que los delitos hayan prescrito, su cliente podría renunciar a su derecho a la prescripción.
No vamos a invocar a la prescripción del delito.
-Una cosa es no invocar a la prescripción y otra renunciar al derecho de ella.
Es lo mismo. La autoridad tiene que observar esa exigencia [la prescripción del delito] que no depende de la invocación de parte. La renuncia es ociosa.
-Insisto. Según el artículo 91 del Código Penal, existe el derecho del imputado de renunciar a la prescripción de la acción penal, ya que quien es y se siente inocente tiene la vía legal para que judicialmente se lo declare inocente y se lo absuelva de los cargos imputados.
La ley señala condiciones no para la parte responsable, sino para la autoridad.
-¿Su cliente ya ha sido citado para venir al Perú a dar su declaración?
Sí, pero no es parte de su responsabilidad venir a dar declaraciones si no hay nada claro. Vendrá cuando la fiscalía cumpla con esclarecer los hechos por los que se ha abierto esta investigación. No hay ni personas ni declaraciones determinadas, solo relatos recogidos en una publicación sobre personas que han hablado con seudónimos.
-¿No le parece que los testimonios del libro dan pie para que se le hagan preguntas?
Tendrán primero que identificar a las víctimas. Debe respetarse el debido proceso, así lo dice la ley. No deben citar a mi defendido si no tienen nada concreto que preguntarle.
-¿Entonces, si las víctimas se identifican, su cliente va a venir a declarar?
En un caso así, la autoridad tiene todas las facultades para citarlo y hacerlo venir. Podrían extraditarlo, pero no voy a esperar a que esto suceda. Analizaremos estos testimonios porque está la presunción de inocencia de mi defendido.
-Pruebas físicas no va a haber después de tantos años.
Si no las hay, qué puedo hacer. Analizaré por eso los testimonios, pero si en ese momento las circunstancias no están precisadas, ni las pruebas se han presentado… Si me dicen ahora que no existen, ¿a quién pueden condenar sin pruebas? Pero no nos vamos a quedar en eso. Una vez que esto esté expresado en la forma requerida por la ley, me ocuparé con la verdad de estos cargos y de la defensa de mi patrocinado.
Policías traficantes
Nuevamente la noticia de malos elementos policiales, quienes se ven envueltos en presuntos vínculos con el narcotráfico, se registra esta vez en Puno donde dos oficiales, un capitán y un comandante fueron capturados tras un paciente seguimiento policial.
El martes 27 de octubre se aprehendió al capitán PNP Juan Martín Chávez Briones quien además en su perfil de Facebook se lucía con fajos de billetes, dólares producto presuntamente de su actividad ilícita. En los comentarios, otras personas incluso lo llaman el “Tony Montana” de Puno.
Por otro lado está el comandante Sandro Salinas Pinto, jefe de la Dirandro en Puno, persona que según las investigaciones policiales y el reportaje del dominical Panorama, armaba operativos, capturaba a sujetos, incautaba la droga para luego liberar a los detenidos y quedarse con los ladrillos de polvo blanco que luego revendían en Bolivia.
Además de estos dos malos elementos policiales, fueron capturados los suboficiales Ángel Dueñas, Santos Peñalba, Roy Carbajal y un agente en situación de retiro, Germán Canás, quienes también están implicados en esta gran red que tiene como misión el envío de droga a Lima y a Europa.
Hubo capturas en todo el país que terminaron con 35 personas aproximadamente en los calabozos. Dentro de los personajes más importantes está Juan Manuel Castro Silva, a quien se le encontró aproximadamente 30 ladrillos con cocaína de alta pureza y quien era encargado de la distribución según las primeras investigaciones policiales.
Además, otro grupo de 14 delincuentes quienes se trasladaban en 7 vehículos y cuya droga presuntamente saldría hacia Europa fueron capturados en otro punto y estarían al mando de Maximiliano de la Barrera, otro personaje importante que tiene gran poder en el mundo del narco.
Los detenidos -incluídos los policías- están a disposición del Ministerio Público.
Fuente: Radio Programas del Perú.
Becas, bases y votos
Alianza para el Progreso y la política subnacional en el Perú
Por Rodrigo Barrenechea- Instituto de Estudios Peruanos
Los cambios que continúa experimentado el Perú son muchos, pero quizás uno de los más importantes es la emergencia de nuevos protagonistas con nuevas estrategias para alcanzar el poder. Esta investigación es un intento por llenar ese vacío dejado por los estudios académicos a partir del estudio de caso del partido Alianza para el Progreso. El desempeño electoral de esta organización política ha ido mejorando progresivamente en los últimos diez años, particularmente en el norte del país, a contracorriente de lo que sucede con la gran mayoría de partidos, tradicionales o nuevos, que están marcados más bien por una existencia fugaz y una incapacidad creciente para disputar espacios subnacionales de gobierno.
Introducción
1. La política de la ambición y el mercado electoral de organizaciones políticas: un marco de referencia
2. Alianza para el progreso: un caso inesperado de crecimiento electoral en una democracia sin partidos
El actor: Alianza para el progreso
El escenario: procesos económicos y políticos en el norte peruano
3. Emergencia y expansión de un partido clientelar. Por qué: explicando el desempeño del partido
Cómo: los mecanismos que vinculan a partido y universidad
El soporte logístico partidario: propaganda y movilización
El consorcio universitario como fuente de incentivos selectivos
La oferta clientelar: salud y educación en los límites del estado
La especificidad del modelo APP en el contexto peruano
Conclusiones
Bibliografía
Radicalismo anticlerical
Política y violencia: los asesinatos del Arzobispo Checa y de Vicente Piedrahita
Por Sonia Fernández Rueda
En el período comprendido entre 1875 y 1895 dos casos de asesinatos políticos acapararon la atención del Ecuador: el del arzobispo José Ignacio Checa y Barba así como del Dr. Vicente Piedrahita. Ambos acontecimientos reflejan algunos de los más fundamentales niveles de enfrentamiento y alianzas entre las distintas contracorrientes que agitaban las esferas políticas e ideológicas del Ecuador.
Lo señalado se basa en la explicación de la causalidad estructural de la polémica ideológica, que deja ver el carácter de cIase del enfrentamiento político-ideológico en el Ecuador decimonónico. Según esta interpretación, durante estos años, se abrió un espacio de cierto equilibrio político en la lucha tradicional entre conservadores y liberales -representantes de los intereses serranos y costeños, respectivamente-, al recaer la conducción del Estado en manos del progresismo; dicha tendencia de tipo centrista, en lo político, y de corte liberal-católico, en lo ideológico, se había modelado como proyecto político en la oposición al gobierno conservador de García Moreno. Este planteamiento contrasta con el que sostiene Juan Maiguashca desde la perspectiva de análisis de la cuestión regional. Según él, durante los primeros treinta años de la República, la falta de hegemonía entre los poderes regionales por imponer sus particulares visiones del mundo -la católica, defendida por Quito y Cuenca, y la otra, laica, defendida por Guayaquil- se resolvió con el triunfo de las élites defensoras de un Estado confesional (de 1860 a 1895) y de las élites defensoras de un Estado laico (de 1895 a 1925). (1)
Si bien este enfoque permite apreciar las características del Estado ecuatoriano y sus transformaciones, al abordar su estudio, exclusivamente desde las relaciones que se establecen entre el Estado y los poderes regionales, se pierde de vista el carácter del proceso que entrañó la pugna entre las facciones dominantes, y que da cuenta de las diferentes direcciones por las que atravesó la confrontación ideológica en su interior.
Así, en su contexto más inmediato, el asesinato del Arzobispo ocurrido en el año de 1877 podría ser visto como la expresión de la oposición de la derecha y, en particular, de la Iglesia contra el gobierno del general Veintimilla que, al principio, apareció abanderando una alternativa liberal.
En cuanto al asesinato de Vicente Piedrahita, éste sucedió en el marco de la represión que ese gobierno -el de Veintimilla- desató años más tarde en contra de una amplia oposición, para mantenerse en el poder. Sospechamos que detrás de su estudio se puede detectar, ya, un cierto acuerdo entre conservadores y liberales que conjuntamente, para entonces, se habían ubicado, en su contra, en la oposición, y que, en 1883, definitivamente, se concretó en una gran alianza que logró destituirle. Se explicaría, pues, que un grupo de comerciantes del Puerto de Guayaquil, de tendencia liberal, se organizaran bajo una agrupación sugerentemente denominada “La Sociedad de la Tumba”; su objetivo: descubrir al asesino de quien fuera un destacado representante de la extrema derecha garciana.
EL CONTEXTO
No cabe duda de que el asesinato del arzobispo Ignacio Checa y Barba constituye uno de los casos de mayor resonancia en la historia del país. El análisis de la “etapa garciana” es, por cierto, fundamental para comprender las circunstancias políticas que rodearon su muerte.
Una vez nombrado García Moreno presidente en 1860, tras la profunda crisis que colocó al Ecuador en peligro de desaparecer como Estado independiente, se puso en marcha un peculiar proyecto político tendiente, de acuerdo a una de las interpretaciones más aceptadas hasta ahora, a consolidar el Estado-Nación ecuatoriano mediante una serie, de reformas de tipo fiscal y monetario; un amplio programa de obras públicas; la reorganización del sistema educativo y del ejército, y la renovación religiosa. Esta controvertida figura entendió que la Iglesia podía ser un eficiente instrumento de consolidación político-ideológica de un programa centralizador y modernizante. Con el propósito de llevar a cabo tan ambicioso programa, García Moreno implantó una política represiva y autoritaria que le permitió controlar, principalmente a partir de su segunda administración, cualquier intento de movilización política.
En reacción al avance de un Estado centralista y a este sistema de control rígido, una amplia oposición fue tomando cuerpo principalmente en Cuenca y Guayaquil, los más importantes centros de poder regional. En Cuenca, dirigida por los denominados progresistas, liberales moderados, y en Guayaquil, por los liberales radicales.
Basado en los principios de la catolicidad, el proyecto político garciano, según Enrique Ayala, permitió la cohesión ideológica de la derecha “ultramontana”, pero al mismo tiempo, y en reacción a su aplicación, la definición ideológica de los sectores de oposición. De allí que esta etapa sea considerada como “una fase inicial de definiciones doctrinarias fundamentales”(2).
Cuando en 1875 García Moreno fue asesinado y pese a que los esfuerzos de sus colaboradores apuntaron a la conservación del régimen, la oposición candidatizó a Antonio Borrero, liberal moderado de Cuenca. Amplia y democráticamente elegido, Borrero se mantuvo en el poder solo por pocos meses. Juzgando con estricto criterio de jurisconsulto un problema que a todas luces era político, se negó a reformar el aparato jurídico conservador que el país había heredado de García Moreno: los liberales costeños por no encontrar respuesta a esta exigencia de base auspiciaron la dictadura militar(3). Con el apoyo de los grandes latifundistas, comerciantes y banqueros de Guayaquil y “vestido de liberal”, como Maiguashca sugerentemente lo ha calificado(4), el general Ignacio de Veintimilla fue proclamado Jefe Supremo del país en septiembre de 1876.
La aparente postura radical del nuevo gobierno colocó a los conservadores y a la Iglesia inmediatamente en la oposición. Los ataques provinieron fundamentalmente de los eclesiásticos que, frente a un entorno político amenazante, desataron una agresiva campaña tendiente a favorecer la revuelta conservadora que se organizaba en varios lugares del país. A través de los sermones, las cartas pastorales y otros medios (periódicos, por ejemplo), los sacerdotes alentaron, igualmente, la sublevación popular que asumió graves proporciones en Quito al estallar un motín en la Plaza de San Francisco -el 1 de marzo de 1877- cuando el gobierno intentó encarcelar a un religioso franciscano -el padre Gago-, acusado de incitar a la población en contra del régimen, a través de la prédica(5).
EL ASESINATO DEL ARZOBISPO
En este ambiente de tensión y de abierto enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado ocurrió el asesinato del arzobispo de Quito, Ignacio Checa y Barba, en circunstancias especialmente sorprendentes: mientras oficiaba en la Catedral la ceremonia religiosa del Viernes Santo, 30 de marzo de 1876, fue envenenado con estricnina, introducida en el vino que usó durante el oficio.
Este episodio es significativo no solo por su aspecto desconcertante, sino también, y sobre todo, porque constituyó el terreno sobre el que se polarizó aún más el conflicto entre los sectores políticos ideológicos enfrentados: la Iglesia y los conservadores versus el gobierno y los liberales. En este sentido, y conscientes de las consecuencias que podía tener la muerte violenta y misteriosa de la más alta autoridad de la Iglesia, ambos sectores forjaron sus propias versiones al respecto. Establecer la influencia que ejercieron liberales y conservadores sobre la lectura pública del crimen y reconstruirlo, más allá de la materialidad visible del acontecimiento, es decir, buscar sus significados implícitos son los objetivos fundamentales del presente trabajo.
EL PERSONAJE: SUS ANTECEDENTES POLÍTICOS
Ignacio Checa y Barba nació en Quito en el año de 1829. Hijo de Feliciano Checa y Alegría Barba, ambos miembros de la aristocracia quiteña, optó por la carrera eclesiástica, una vez concluida su educación básica. Recibió la orden sacerdotal en 1855, luego de haber realizado los estudios de teología en el Seminario de San Luis. Se trasladó a Roma, en 1859, a completar su formación académica. Mientras permanecía en esa ciudad, e iniciada la reforma religiosa por García Moreno, que incluyó la organización de nuevas diócesis, le llegó el nombramiento de Obispo auxiliar de Cuenca con residencia en Loja, ciudad a la que se trasladó en 1863. (6)
Nombrado, en ese mismo año, diputado por la provincia de Pichincha, participó activamente en las discusiones previas a la aprobación de un proyecto de reformas al Concordato de 1862; estas reformas fueron exigidas por el Presidente por considerar que dicho documento, tal como había sido suscrito, no contenía cláusulas fundamentales para la moralización del clero, en la que se encontraba tan empeñado. No obstante del interés demostrado por Checa en su aprobación, no estuvo de acuerdo con la totalidad de las disposiciones contenidas: desaprobó la supresión del fuero eclesiástico y las concesiones económicas relativas a los diezmos y a los censos. Y es que Checa mantuvo una cierta independencia política con respecto a García Moreno y al círculo que le rodeaba. Su posición es clarísima tanto en el Congreso de 1867 (7) como en las elecciones presidenciales de 1869. En el Congreso votó en contra de la calificación de García como Senador por Pichincha, ya aprobada por la Junta Electoral de la provincia a pedido de aquel; estuvo además en contra de la censura del presidente Carrión, instigada por el mismo García y, en 1869, respaldó la candidatura de Francisco Javier Aguirre, desaprobando de esta manera la de García Moreno(8).
Su alejamiento con respecto a éste es más claro aún si observamos los acontecimientos de 1868: en desacuerdo con la candidatura de Ignacio Ordóñez -apoyada por García Moreno- el Congreso lo eligió Arzobispo de Quito(9).
Aunque Checa no fue un incondicional del proyecto garciano, una vez en el Arzobispado contribuyó, sin duda alguna, a su desarrollo. Impulsó, por ejemplo, la “Consagración de la República al Corazón de Jesús” e introdujo, además, importantes cambios en la organización de la Arquidiócesis. Ahora bien, muerto el Presidente, y luego del golpe militar de Veintimilla, el Arzobispo no asumió como suya la posición radical que, en general, adoptó ]a Iglesia en contra del nuevo régimen. Ambiguo, y en cierta forma, condescendiente con la dictadura, fue tildado de liberal por un amplio sector de ]a opinión pública. En el juicio seguido para descubrir a los autores de su muerte, uno de los testigos declaraba que (…) ha oído con desagrado decir, que el finado señor Arzobispo era liberal, que andaba paseándose en el coche con S. E. el General Veintimilla, y que sólo estaba con la boca abierta para el sueldo con la nombradía de Obispo, pues que en las actuales circunstancias, había necesidad de que fuera como el Obispo de Riobamba (…) que una beata cuando el finado señor Arzobispo se encontraba en ejercicios en El Tejar de la Merced había ido a denunciarle que el clero y los conservadores le preparaban o tenían hecha una acusación para remitirle a Roma, pidiendo su destitución, y que en su lugar se ponga un prelado fuerte, enérgico y sostenido; y que le había contestado: “Yo soy la víctima, no soy liberal, pero soy prudente, con mi prudencia he procurado hacer bien a mi iglesia y si nada de esto les parece, que hagan de mi lo que quieran”(10).
De la cita se deduce que la actitud “equívoca” del Arzobispo preocupaba a los ultramontanos. Sin embargo, a pesar de la relativa tolerancia mostrada a Veintimilla(11), cuando estalló el conflicto abierto entre la Iglesia y el gobierno -el detonante fue la publicación, a fines de 1876, de un folleto titulado “Carta a los Obispos” del liberal Manuel Cornejo Cevallos-, el Arzobispo se enfrentó al régimen. Publicó una Carta Pastoral en la que, entre otras cosas, prohibía al pueblo católico las lecturas de escritos contrarios a la religión y rechazaba el decreto gubernamental que, tras el motín de San Francisco, publicó Veintimilla, en el que amenazaba con la “pena de expatriación a sacerdotes y obispos que tratasen de alarmar la conciencia religiosa de los fieles, a fin de excitarles a la rebelión”(12).
“Carta a los Obispos” tiene enorme interés: su contenido explica la reacción inmediata de la Iglesia en contra del régimen. Su publicación constituyó una vigorosa toma de partido en contra del rígido control que el clero había alcanzado en el ámbito ideológico durante la etapa garciana en donde “ni una cátedra, ni una publicación, ni una expresión pública del pensamiento quedaron al margen de la ingerencia clerical”(13). El documento no solo se limitó a apelar por la libertad de conciencia y la no ingerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado; invitó además “inadmisiblemente” a los religiosos a la aceptación de esas ideas. “Solo en este infortunado país, sin fuerza moral ni material, sin ningún contacto con la civilización, y en donde la arbitrariedad de los gobernantes sobrepasa la ignorancia del clero, vemos que la Iglesia condena la libertad”(14).
A partir de ese momento, la libre expresión se convirtió en un punto muy importante del debate entre los sectores enfrentados. Apoyándose en ese principio, el ministro Carbo(15) condenó la Carta Pastoral del arzobispo Checa, mientras éste, “con todas sus fuerzas”, continuaba oponiéndose a la propaganda antirreligiosa, que en último término anunciaba el deterioro del tejido social en el que se apoyaba la religión tradicional.
Notas:
Este artículo forma parte de un trabajo de investigación más amplio: “El crimen político en la historia del Ecuador”, auspiciado por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas y dirigido por el Dr. Enrique Ayala Mora.
1. Juan Maiguashca, “La cuestión regional en la historia ecuatoriana 0830-1972)”, en Enrique Ayala (edit.), Nueva Historia del Ecuador, vol. 12, Corporación Editora Nacional/Grijalbo, Quito, 1992, p. 186. 44.
2. Enrique Ayala Mora, Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Ediciones de la Universidad Católica, Quito, 1978, p. 151.
3. Gonzalo Ortiz Crespo, “Panorama histórico del período 1875-1895”, en E. Ayala (edit.), Nueva Historia del Ecuador, vol. 7, 1990, p. 242.
4. Marie-Danielle Demélas e Yves Saint-Geours, Jerusalén y Babilonia. Religión y política en el Ecuador 1880-1880, Corporación Editora Nacional, Quito, 1988.
5. Camilo Destruge, Cuestiones históricas. Envenenamiento del Arzobispo Checa. Estudio documentado, Imprenta de El Tiempo, Guayaquil, 1906, pp. 4-8.
6. Julio Tobar Donoso, “El Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. Dr. José Ignacio Checa y Barba”, en Revista de la Sociedad Jurídico Literaria, tomo XXXVII, No. 126, Quito, enero-junio 1929, pp. 27-31.
7. Checa fue elegido representante al Congreso nuevamente en 1865 y 1867, en ambas ocasiones por la provincia de León, actual de Cotopaxi.
8. J. Tobar Donoso, “El Ilustrísimo y Reverendísimo… “, pág. 32.
9. Ibídem, pág. 33.
10. AN/Q, “Copia del juicio seguido contra autores y cómplices del envenenamiento perpetrado al que fue Arzobispo de Quito, Monseñor Checa y Barba, solicitada por el Presidente de la Casa de la Cultura Pío Jaramillo Alvarado”, 66v, (1876), 1 de junio de 1950.
11. El mismo Dictador declaró, tras su muerte, que él “había sido imparcial defensor de las tendencias de la revolución del Ocho de Septiembre”. En La libertad cristiana, No. 18, Quito, 13 de abril de 1877.
12. Tobar Donoso, “El Ilustrísimo y Reverendísimo… “, p. 37.
13. G. Ortiz, “Panorama histórico … “, p. 226.
14. “Breves reflexiones sobre la ‘Carta a los Obispos’ “, en La libertad cristiana, No. 17, Quito, 6 de abril de 1877.
15. El nombramiento de Pedro Carbo como ministro del Interior, refleja la alianza de Veintimilla con los liberales, alianza gracias a la cual éste pudo llegar al poder.
Todos los Santos 2015
Evangelio según San Mateo 5,1-12a:
Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él.
Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo:
“Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los afligidos, porque serán consolados.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.
Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí.
Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron”.
“Yo estudié en un colegio de Sodálites”
Por Enrique Lanata– www.lucidez.pe
Y estoy aquí para contarlo. Estudié en el colegio San Pedro, colegio perteneciente al Sodalicio de Vida Cristiana, desde su fundación en 1997 hasta que me gradué en el 2006. Durante esos diez años fui formado bajo una doctrina católica de la cual me enorgullezco y a la cual agradezco gran parte de lo que soy ahora, tanto personal como profesionalmente.
Durante ese tiempo conocí a un sinnúmero de Sodálites, quienes fueron pasando por el colegio sea como profesores, tutores, o simplemente catequistas. Asimismo, a lo largo de esos años, fui parte de un gran número de iniciativas solidarias que me llevaron a conocer las zonas más recónditas del Perú acompañado, una vez más, de Sodálites con quienes pasábamos días de días asistiendo a poblaciones necesitadas a lo largo y ancho de nuestro país.
Como podrán haber visto, desde que tengo uso de razón he conocido, conversado, vivido, reído y también peleado con los Sodálites, y es por eso que hoy, tras estas acusaciones hechas con respecto a personas específicas a la organización, pero por sobre todas las cosas, al Sodalicio en sí, creo tener el total derecho, y deber, de aclarar ciertos puntos:
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En los diez años en los que estudie en el colegio y en los años siguientes en los que estuve de una u otra manera también ligado al Sodalicio, jamás fui testigo de algún tipo de provocación o insinuación indecorosa o morbosa por alguno de sus miembros hacia algún alumno del colegio. Y en esta experiencia debo recalcar ocasiones en las que haciendo misiones nos encontrábamos a varios kilómetros de la civilización más cercana.
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Si bien hablamos de Sodálites como un plural de hombres que entregaron su vida a Dios, mal hacemos en generalizarlos, pasando por alto la individualidad propia del hombre. Como en toda organización, al Sodalicio han llegado decenas de hombres con pasado diferente, formación diferente, y personalidades diferentes. No puedo hoy decir que a lo largo de mi vida todos me cayeron bien, y bajo esa misma premisa tampoco puedo hoy generalizarlos a todos por los errores de unos pocos.
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La formación que recibí en el colegio es la mejor que pude haber recibido, y si tuviera hoy que volver a elegir, la elegiría de nuevo. Gracias a Dios tuve la suerte de haber nacido en una casa en donde nunca me faltó nada, y donde hubiera podido ser muy fácil mantenerme de espaldas a la realidad de un país y de un mundo que no corría la misma suerte que yo. Fue gracias a la formación de mis papás, y también a la formación que recibí en el colegio por muchos Sodálites, que se desarrolló en mí y en todos los alumnos esa inquietud, por no complacerse con la tranquilidad o el bien personal, sino el siempre salir al encuentro del otro, del más necesitado, del que necesitaba de uno. Esa inquietud gracias a Dios la mantengo hasta hoy, y creo yo que es el sello que marca al exalumno del San Pedro.
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Viendo hacia atrás, puedo enumerar una larga lista de errores que se pudieron haber cometido en la gestión del colegio, y todas ellas respondiendo principalmente a su entonces corta historia, ya que yo fui de las primeras promociones de la institución. Sin embargo, que yo sepa ninguno de esos errores perjudicaron o dañaron jamás la integridad de algún niño, ni mucho menos su potencial desarrollo en hombre.
Que esto no se lea como una apología hacia los acusados mencionados que tanto estamos viendo en las noticias. Que ésta(s) persona(s) pasen por juicio eclesiástico e incluso penal si es que así ameritara, como cualquier otro peruano que dañe la integridad física de un tercero. Sin embargo, que el resultado final de estas acusaciones y toda esta ola de críticas no dañen las buenas cosas, y han sido muchas, que el Sodalicio ha logrado a lo largo de estos últimos años. Las decenas de campañas y miles de personas atendidas por su brazo solidario no pueden quedar manchadas por el error de unos pocos.
Asimismo, el colegio San Pedro, mi colegio, y el resto de la red de colegios sodálites, no pueden quedar en la sombra de estas acusaciones que, como ya he repetido a lo largo de esta columna, no han tenido ninguna injerencia en la formación de los cientos de hombres que estamos hoy en el mundo gracias a su formación. Sólo para terminar, y darle una mayor convicción a lo antes mencionado, cuando tenga un hijo quisiera que estudiara en el colegio San Pedro, y quisiera que sea formado bajo la misma doctrina por la que fui formado yo.
Derecho a la defensa
El arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, afirmó que el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, acusado de abuso sexual de menores, debe dar la cara y afrontar las denuncias en su contra, las cuales calificó de “muy graves“.
“Que Figari dé la cara a las denuncias contra él. No podemos disimularlo. Tiene que afrontar esta situación muy delicada y grave. Evidentemente, no podemos condenarlo sin la capacidad de defenderse, pero hay denuncias muy graves y claras. Tiene el derecho a la defensa”, señaló.
Afirmó que el superior actual del Sodalicio, Alessandro Moroni, tiene la obligación de emplazar a Figari y conminarlo a dar la cara no solo moral, sino humanamente.
Cipriani recordó que la Santa Sede ha nombrado un visitador apostólico, que tiene por finalidad investigar para informar sobre las denuncias entabladas contra Figari.
“Le diría al superior (Alessandro Moroni) que encare este problema y al visitador apostólico, que investigue. Separe al señor Figari mientras termina esta investigación; no podemos decir expulsión porque no hay certeza. Es muy duro, pero por encima de todo está el bien de la Iglesia y de la institución. Si se instala una comisión ad hoc (como menciona el Sodalicio en un comunicado) no puede ser hecha por quien es juez y parte, debe ser absolutamente independiente, si no no tiene confianza. Y hay que hacerla ya”, apuntó.
En otro momento, Cipriani recordó que el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano siempre tiene la misión de guardar la reserva del caso y eso se hizo respecto de esta denuncia de agresión sexual.
“El Tribunal Eclesiástico tiene la fuerza de la confidencialidad. En este caso lo elevaron (a la Santa Sede), porque a quien se está denunciando es a un superior y fundador. La acusación es gravísima, pero no es competencia del tribunal esa materia”, señaló.
Por último, reiteró que para la Iglesia “los abusos sexuales siempre son materia grave, especialmente los casos de niños“.
“La Iglesia nunca puede encubrirlos, caería en falta de confianza gravísima. Benedicto XVI y ahora el papa Francisco nos han recordado esta obligación. Todo lo que sea un abuso o maltrato a los niños no solo es pecado, sino delito. Esta realidad y obligación tiene como toda institución a una autoridad competente”, refirió.
Fuente: Diario Expreso.