Caso Baraybar revela malicia contra comandos

Los congresistas Martha Chávez (Fuerza Popular) y Daniel Mora (Perú Posible) indicaron que la denuncia contra José Pablo Baraybar, por presentarse como antropólogo en casos como el de una supuesta ejecución extrajudicial en el rescate de rehenes del MRTA en 1997, revela cómo se inventaron infundios para enlodar a los militares y policías que derrotaron al terrorismo.
“Esto demuestra la malicia con la que ha actuado esta gente, lo negativo y la nulidad que habría habido en esos procesos. Antropólogos forenses que no son ni siquiera colegiados, y peritos que tendrían que estar registrados en los órganos de justicia para ejercer”, sostuvo la fujimorista.
En ese sentido, recordó que Aprodeh presentó a Baraybar como perito para exámenes de balística, y que ya una vez se descubrió que un especialista de Argentina había sido traído solo para dar declaraciones a la prensa, y no para un análisis serio.
“Los odios y las contradicciones que puedan haber, incluyendo supuestos peritos que quieran aprovecharse de la situación con fines directamente políticos, es lo más negativo que puede haber”, consideró el toledista Mora.
Añadió que haber tomado en cuenta los informes donde Baraybar aparece como antropólogo para el caso Chavín de Huántar es “sumamente delicado”.
ADMITEN DENUNCIA
La ONG Equipo Peruano de Antropología Forense defendió el prestigio de su director, pero admite que no cumple con la Ley 24166, según la cual hay que estar afiliado al Colegio de Antropólogos para ostentar tal título.

Baraybar habría sorprendido a jueces

Por César Rojas- Diario Expreso.
José Williams Zapata, el oficial del Ejército que encabezó el rescate de los rehenes del MRTA, consideró que los jueces que evaluaron las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, pudieron haber estado engañados por la ONG Aprodeh y otros demandantes, que presentaron a José Pablo Baraybar como antropólogo forense.
“En el momento en que evaluaron el peritaje de este señor pensaron que estaba acreditado. Ahora hay que ver que siga el juicio y se demuestre toda la verdad”, dijo en comunicación con EXPRESO.
Agregó que al final se está imponiendo la verdad, de que no hubo 10 asesinatos de terroristas rendidos a mansalva por parte de los comandos, sino que solo se investiga la posibilidad de que un tal “Tito” haya muerto de esta manera, lo cual estaría siendo desmentido por estudios de verdaderos especialistas.
“Nosotros tuvimos dos muertos y 26 heridos, además del doctor Giusti que murió por el ataque subversivo y 12 rehenes heridos.
No hubo una política sistemática de matar al enemigo, solo murieron en combate, y tengo entendido de que el Ministerio de Defensa confirmó esto en un peritaje con expertos de comprobada trayectoria”, agregó Williams.
Al respecto, el congresista Carlos Tubino emplazó a Francisco Soberón, de la ONG Aprodeh, a responder por qué se presentó en el Perú a Baraybar como antropólogo forense, cuando solo tiene estudios de arqueología y ha seguido talleres en el extranjero.
GIAMPIETRI: ”ES UN USURPADOR”
El almirante AP (r) Luis Giampietri, exrehén del MRTA en la residencia del embajador de Japón entre 1996 y 1997, señaló que está totalmente de acuerdo con la denuncia hecha contra José Pablo Baraybar, quien habría ejercido ilegalmente la profesión de antropólogo forense y actuado como “perito forense” en el caso por el que se acusa y procesa a los comandos de Chavín de Huántar.
“Su testimonio ha sido considerado el más valido de todos. Ahorita está buscando muertos, tengo entendido por Ayacucho. Es un usurpador. No es lo mismo ser antropólogo forense que un médico forense”, sostuvo.
José Pablo Baraybar, presentado como “experto forense” por las au­todenominadas ONG de derechos humanos, para sustentar sus acusa­ciones contra nuestros militares y po­licías, fue denunciado penalmente por el Colegio de Antropólogos del Perú. ¿La causa? Usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la profesión.
“Esto configuraría el delito tipificado en 360, 362 y 363 del Código Pe­nal. Esto implicaría una pena de 1 a 6 años, teniendo la figura agravada de presentar documentos para ser­vicios de una entidad pública, como es el Poder Judicial. En ese caso, la pena es mayor, de hasta ocho años”, sostuvo el abogado del gremio Jorge Bustamante Yactayo.
El año pasado, el decano de los antropólogos, Javier Molina Mo­lero, envió numerosas cartas a Baraybar, solicitándole que no siga presentándose como un profesio­nal de este ramo en instancias ju­diciales, medios de comunicación y eventos académicos.
“No está titulado y menos cole­giado. Cuando se presenta en una ponencia como un experto, él dice que es antropólogo forense, como hemos comprobado lo ha hecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, en su Facultad de Medicina, en la Fede­rico Villarreal, incluso a nivel inter­nacional”, agregó el letrado.
Al enterarse de esta denuncia pe­nal, Baraybar interpuso un recurso para impugnar el proceso, que su­bió para su evaluación en la Cuarta Sala Superior Penal de Lima, a car­go de los vocales Julio Biaggi, Raúl Quesada y Araceli Baca Cabrera.
“Dice, en todo caso, que es un trámite meramente administra­tivo, que no lo ha saneado, pero que no está incumpliendo con ninguna norma. El hecho es que existe la Ley 24166 que estable­ce y exige que los profesiona­les universitarios graduados en Antropología se deben afiliar al gremio para ejercer la profe­sión”, cuenta Bustamante.
Corría agosto de 2003 cuando la entonces fiscal de la Nación, Nelly Calderón, tomó el informe del Equipo Peruano de Antropo­logía Forense (EPAF), ONG del falso profesional, para decir que en el rescate de 92 rehenes en la residencia del embajador japo­nés Morihisha Aoki, militares y/o policías habían ejecutado a los te­rroristas del MRTA Eduardo Cruz Sánchez, Víctor Peceros Pedraza y Herma Meléndez Cueva.
“La distribución y recurrencia de estas lesiones las convierte en un patrón (…) El hecho de que estas lesiones sigan la misma trayecto­ria (de atrás hacia adelante) su­giere que la posición de la víctima con respecto al tirador fue siempre la misma, y que la movilidad de la víctima, por lo tanto, fue mínima si no igual a 0”, aseguraba el informe del EPAF.
Con esta información, la ONG Aprodeh llevó el caso a la Corte In­teramericana de Derechos Huma­nos (Corte IDH), que continuó el proceso a todos los comandos hé­roes hasta mediados de este año.
Debora Ortiz, abogada que tam­bién representa al Colegio de Antropólogos, indicó que esta su­puesta prueba forense es nula.
“Se presentó un peritaje, y los jue­ces lo validaron. Cualquier parte interesada puede solicitar una re­visión de los expedientes, ya que los habría presentado un falso pe­rito que dirigía a este equipo”, nos revela.
Añadió que hace unos días con­versó con el almirante Luis Giam­pietri, y que este le pidió que haga justicia a los héroes y a los rehenes que siguen siendo llamados por instancias judiciales, cuando ya han pasado más de 18 años de la valerosa acción militar que derrotó a las huestes terroristas.
EL CASO FASABI
Entrevistado en “Cuarto Poder” sobre la muerte del exempleado de la pareja presidencial, Emerson Fasabi, José Pablo Baraybar dijo lo siguiente: “Esta persona ha muerto de un cuadro agudo, un cuadro crónico en otras partes del cuerpo, no sé si sabía o no, pero hay huellas de una enfermedad crónica en hígado”.
Fuente: Diario Expreso.