Pese a las grandes interrogantes que quedaron en torno a las presuntas irregularidades financieras y administrativas en la Caja Metropolitana de Lima, la comuna capitalina aprobó ayer en la última sesión de concejo de la gestión de Susana Villarán un aporte de capital de 7 millones de soles para su reflotamiento.
Según sus altos funcionarios, esa entidad ha sufrido pérdidas del orden de 5.3% y necesitan un colchón financiero. Una las causas de ese desbalance financiero, alegan, sería la deuda de Caja Gas.
CRÍTICAS
Sin embargo, para muchos opositores, como Fernán Altuve, la Caja sufre una quiebra financiera y por eso busca, a siete días del término de la gestión, una inyección de siete millones de soles, pero sin aclarar las mentadas irregularidades.
En esa misma línea, Alberto Valenzuela (PPC) rechazo la medida y calificó el pedido de “inmoral y antiético”, pues la Caja no ha aclarado los baches financieros denunciados, y lo peor es que el oficialismo impidió en todo momento la conformación de la comisión investigadora para el tema.
INCÓGNITA
“Piden cubrir una pérdida. Pero no dicen cuál es. Dicen que la causa es Caja Gas, pero si no tenían fondos, ¿por qué contrataron por altas sumas de dinero al consultor Andrés Muñoz, amigo del gerente municipal, para la emisión de bonos que colocaron en Cofide? ¿Y encima se presentan a pedir plata ahora?”, dijo.
El pedido fue aprobado por 8 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones.
EMMSA
Fuentes de Solidaridad Nacional vinculadas al proceso de transferencia denunciaron que la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA) vendió un inmueble en cerca de 3 millones y medio de soles para poder pagar sus gastos corrientes.
De acuerdo a la denuncia el gerente general de EMMSA, Rafael Gómez Chocano fue el encargado de realizar los trámites de la venta del inmueble ubicado en la avenida Húsares de Junin 893 en Jesús María tales como la minuta y la escritura pública.
El dinero de la venta, 3’463,432.61 nuevos soles, no fue utilizado para la compra de otros inmuebles sino que para cubrir los gastos corrientes de la empresa tales como el pago del sueldo al personal, así como de bienes y servicios entre otros.
Esto es contrario a lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, que señala que el dinero de la venta del inmueble debe ser “destinado solo para gastos de capital y no para cubrir gastos corrientes”.
Incluso, el acuerdo de directorio solo autorizó a Rafael Gómez a vender el inmueble más no a utilizar el dinero para algún fin, por lo que, señalan, se habría incurrido en malversación de fondos.
Fuente: Diario Correo.