Denuncia. En informe entregado a la fiscalía, señala que además se benefició a Odebrecht con sobrevalorización de materiales en la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Empresa niega haber cometido irregularidades.
Por César Romero C.- Diario La República
Las constructoras Odebrecht-Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción se beneficiaron, de manera indebida, durante la gestión de César Álvarez en el Gobierno Regional de Áncash, con 27.1 millones de soles, en la “construcción de la carretera Callejón de Huaylas (Carhuaz)-Chacas-San Luis”.
Así lo indica la denuncia que la procuraduría de la Contraloría General de la República presentó a la fiscalía para que se investigue a los responsables de este caso.
Informe especial
La denuncia se sustenta en el informe especial N°706-2014. El pago en exceso se realizó a través de adelantos de material de obra, incluso antes de firmarse el contrato, ampliaciones del plazo de construcción, hasta el 12 de enero del 2015, y sobrevalorizaciones.
Esta obra vial, una de las más emblemáticas de Álvarez y la que inició su rivalidad con el ex consejero Ezequiel Nolasco, se empezó a construir el 22 de diciembre de 2010 con un presupuesto de 404 millones 826 mil soles.
Al terminar la obra, el 12 de setiembre de 2013, se había gastado 559 millones 322 mil 708 soles, lo que supuso un 38.16 por ciento adicional.
Según la Contraloría, de ese pago adicional pudieron ahorrarse unos 27.1 millones de soles, para utilizarse en favor del pueblo ancashino pero los funcionarios del Gobierno Regional de Áncash prefirieron entregarlo a Odebrecht.
Aparentemente, para justificar estos pagos en exceso se amplió el plazo de construcción hasta el 14 de enero de 2015, pese a que la carretera terminó de construirse en setiembre de 2013.
Pagos innecesarios
La Contraloría indica que Odebrecht recibió 155 millones como adelanto para material de obra e insumos, antes incluso de firmarse el contrato, lo que le supuso a la empresa, anota, un beneficio indebido de 10.2 millones de soles.
Luego, indica, se otorgaron ampliaciones de obra, por supuestas lluvias en fechas que no correspondían a la ejecución de determinados trabajos o que estos ya se habían realizado, lo que supuso reconocer mayores gastos por 5.2 millones de soles.
Igualmente, acota, se aprobaron trabajos adicionales a la obra, que no eran necesarios para el proyecto, reconociendo un mayor gasto de 11.6 millones de soles. Le reconocieron y pagaron a Odebrecht, dice el informe, obras que no fueron ejecutadas, las que si bien luego se descontaron, le significaron un ahorro-beneficio de 168,349 soles.
Responsable
El informe de la contraloría señala responsabilidad en los funcionarios del gobierno regional, empezando por su presidente, César Álvarez Aguilar, y la empresa supervisora, el consorcio Huaylas, integrado por Motlima Consultores y Consultores del Oriente.
ODEBRECHT responde
A través de su oficina de comunicaciones, Odebrecht Perú señala que aun cuando no tienen conocimiento del informe de la Contraloria, aclaran que el contrato y ejecución de la obra se hizo conforme a ley.
“La obra fue terminada, entregada y recibida a satisfacción de la supervisión y el propietario. El derecho de solicitar una ampliación de plazo no limita la pronta entrega”, dicen.
Agregan que todos los materiales adquiridos y el trabajo ejecutado fueron supervisados por una empresa contratada por el Gobierno Regional de Áncash, sin vinculación alguna con nuestra Organización.
“La liquidación económica final de la obra, tiene un saldo pendiente de pago. Reafirmamos que estamos completamente a disposición de las autoridades para prestar todas las aclaraciones, siempre que sea necesario”, precisaron.
Acusan a César Álvarez y a sus funcionarios
Para la Contraloría, los funcionarios públicos que favorecieron indebidamente a Odebrecht en Áncash son César Álvarez Aguilar, como presidente regional; German Martínez Cisneros, gerente regional de infraestructura; Luis Díaz Vilca, subgerente de supervisión y liquidación.
También, Ivonne Bayona Guio, subgerente de estudios; Lorenzo de la Cruz Sánchez, inspector provisional de obra y subgerente de supervisión y liquidación de obra; Moisés Ángeles Obregón, subgerente de supervisión y liquidación de obra.
Igualmente, Leoncio Mauricio Chu, gerente regional de administración; Ángel Rondán Ramírez, subgerente de administración financiera; y Roger Carranza Quiñónez, encargado del área de fiscalización.
Por la empresa supervisora, el Consorcio Huaylas, representado por María Basurco Núñez de Frey, acusan al ingeniero supervisor Mario Peralta Gibaja. La supervisión de obra tuvo un costo de 19 millones 649 mil 999 soles.
La denuncia de la procuraduría de la Contraloría fue derivada a las fiscalías supraprovinciales anticorrupción, a fin de que se designe al fiscal que asumirá la investigación respectiva.
Tapia canta samba
Por Aldo Mariátegui- Diario El Comercio
Interesantes las revelaciones del jueves pasado del asesor rojo Carlos Tapia a Perú21, donde habla de injerencias de la constructora brasileña Odebrecht y otras en nuestras elecciones.
Tapia sostiene prácticamente que fue Odebrecht y no el Partido de los Trabajadores brasileño quien pagó los servicios de Favre en la campaña presidencial humalista, llegando a mencionar coordinaciones de Garreta (socio de Favre) con Rivera Ydrogo (socio de Martín Belaunde). Y el mismo Tapia suelta frases nucleares, como “se trata de una política de corte empresarial que busca conseguir ingresos irregulares mediante la presión o contubernio con acuerdos por debajo de la mesa” […] “No, hay otras compañías [aparte de Odebrecht] como la constructora OAS [nota: la favorita de Villarán], Camargo Correa y Queiroz Galvao. Estas compañías han creado un comité –que depende de ellas– de carácter político electoral, es decir, de asesoramiento en este aspecto” […]. “Lo más probable es que ese tipo de deuda política, a su vez, tiene que ser resarcida otorgándoles condiciones privilegiadas a la empresa”.
Me imagino esto será música para quienes cuestionan que solo Odebrecht haya sido el único postor para el gasoducto del sur, una obra inútil que cuesta US$7 mil millones, cuyo fundamento escondido es exportar gas a Chile (porque no existe mercado en el sur). Recordemos que la procuradora Yeni Vilcatoma ha también acusado al ministro Figallo de bloquear una investigación a Odebrecht con la frase “¿Tú sabes quién es Odebrecht? ¿Tú sabes? ¡Odebrecht pone y saca presidentes, es dueño del Perú, es dueño de Latinoamérica!”.
No sé si Odebrecht saca no solo presidentes (y también directores de periódicos…), pero es lamentable que Tapia recién salga a contar esto a estas alturas solo por el despecho que la izquierda le tiene ahora a Humala.
Caviares en el MINJUS
Esther Saavedra, integrante de la bancada Dignidad y Democracia, tuvo que enfrentar presiones de las altas esferas e, incluso, amenazas cuando descubrió que la corrupción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos no solo se dio en regímenes pasados, sino en el actual, aliado al prófugo Rodolfo Orellana.
“El informe de la investigación ha pasado para debate en el pleno desde fines del año pasado. Para obtener esa información hemos sido amenazados con todo el equipo que me ayudó. Se encontró nexo con algunos funcionarios que entraron en este Gobierno, hay muchos indicios razonables. Se recomendaba que el Ministerio Público investigue, pero hasta el momento no se debate”, nos comenta la congresista.
Si bien gracias a los destapes que se hicieron desde la Comisión de Fiscalización se destituyó a Álvaro Delgado Scheelje de la jefatura de SUNARP, el saliente presidente del Congreso nunca propuso que el tema fuera discutido en el pleno. “Nuestro vocero tampoco lo pidió, a pesar de que se cursaron tres cartas solicitándolo”, acota Saavedra.
Las pesquisas habían empezado por denuncias de contrataciones irregulares de publicidad y personal, así como de servicios de seguridad y titulación de tierras a favor de terceros, el modus operandi de Orellana, según los fiscales. Allí se “congeló” todo.
María Zaplana y Adriana Delgado, registradoras que trabajaron en la SUNARP -tanto en la época aprista como en la actual, bajo de dirección de Mario Solari Zerpa-, dijeron que no solo se les despidió anteriormente, sino que ahora se les acusa de supuesta complicidad con el prófugo de la justicia.
“He mandado dos cartas notariales al procurador anticorrupción, Christian Salas, para que aclare cómo se me incluye en este tema”, señala Zaplana, mientras que Adriana Delgado mostró una resolución del 28 mayo de 2012 donde se nombra a Javier Mesía Nieto, funcionario de confianza de la gestión anterior, como coordinador de Defensa Nacional de SUNARP.
Ambas participaron en la investigación de Esther Saavedra y ahora han revelado que Solari y la funcionaria Norka Chirinos se involucraron en la venta de 36 hectáreas de terreno en Punta Sal a S/2,500, cuando el valor real es de más de S/20 millones.
El registrador de Tumbes, Jorge Luis de la Cruz, dijo que se trataban de terrenos altamente valorizados por estar en zona de playa, pero Solari y Chirinos lo presionaron –según ellas– para que no se inmiscuyera en esos negociados.
Fuente: Revista VELAVERDE.