El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar– INABIF tomó posesión definitiva de las instalaciones del ex albergue Hogar de Cristo, establecimiento que era administrado por el entonces sacerdote católico Martín Sánchez. La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara, supervisó la medida que se dio luego de un largo proceso judicial.
“El terreno se recuperó luego de 16 años en que el INABIF cedió en uso, por intermediación del ex cardenal Augusto Vargas Alzamora, a una asociación católica representada jurídicamente por el ex sacerdote Martín Sánchez”, explicó Jara en diálogo con la prensa.
Adelantó que la Procuraduría Pública del Programa Nacional de Bienestar Familiar ha interpuesto denuncia penal contra el citado religioso por los presuntos delitos de apropiación ilícita, usurpación y fraude. “Estimamos que el Poder Judicial, tratándose de que el Estado es la parte a la que se le ha lesionado sus derechos, dará a esta denuncia un carácter sumario”.
CUESTIONAMIENTOS CONTRA SÁNCHEZ
Jara criticó al ex sacerdote porque este habría utilizado varias argucias durante el proceso legal para prolongar la resolución de desalojo. “La asociación de Sánchez creó una nueva persona jurídica y subarrendó en varios ambientes este predio, sin conocimiento al alguno del INABIF, y el dinero de esa renta ha ido a fondo particulares”, agregó la ministra.
Durante la inspección a las habitaciones que Sánchez Terán alquilaba por 200 soles al mes cada una, Jara Velásquez encontró varios discos que contendrían películas pornográficas y botellas de licor. “Ya vemos que no era un alquiler de supervivencia, sino de otro uso”, precisó.
También sostuvo que la administración anterior está dejando “una deuda enorme en agua potable -ascendería a 90 mil soles-, no sabemos si también electricidad”. “No puede ser que el predio que ha sido entregado en buenas condiciones ahora se nos presente con un alto deterioro. No en toda su integridad, pero sí en partes”, precisó.
HOGAR PARA DISCAPACITADOS
Consultada sobre el futuro de este predio de 10 mil metros cuadrados, la ministra Jara precisó que en un plazo de 45 días remodelará e implementará el lugar para que se convierta en un albergue para personas con discapacidad física y mental.
“De cada 100 niños que nos son remitidos en estado de abandono, de riesgo moral o de vulnerabilidad, cinco de ellos sufre alguna discapacidad. El asunto es que tenemos alrededor de 600 niños con alguno de estos problemas y necesitamos que haya mayores ambientes donde darles calidad de vida”, subrayó.
Acha, el congresista de Humala
Por Juan Carlos Valdivia- Diario Correo
Han pasado varios días y no he escuchado ni leído sanción, reprobación o crítica alguna al congresista Acha. Este ciudadano, que viajaba y dormía con su asistente en una misma habitación, y que fuera acusado de violación, ha sido denunciado este fin de semana por la madre de sus hijos por no asumir la responsabilidad que le corresponde frente a ellos.
Es un caso más de un congresista del oficialismo que se destaca por las condiciones paupérrimas en que vive su familia, desatendiendo sus obligaciones y escapando de ellas. Y lo lamentable es que sean congresistas oficialistas, por lo que la siempre locuaz ministra de la Mujer no ha podido manifestarse ni brindar su apoyo a unos niños en desamparo por su padre, colega de la ministra.
Distraídos por la revocatoria, los medios y los políticos estamos dejando pasar asuntos graves, como es la condición miserable en la que un congresista mantiene a sus hijos y a la madre de estos. Probablemente esto se resuelva rápidamente en el Poder Judicial, pero no deja de llamar la atención la catadura moral de la gente que Ollanta Humala recogió para llevar al Parlamento. Él, que se jacta de su familia, está acompañado de impresentables que abusan de mujeres y abandonan niños. Y los mantiene en su bancada, a pesar de los escándalos.
Al gobierno le haría bien tomar distancia de sujetos como Acha. Es un personaje que contradice todo lo que el presidente Ollanta Humala predica con respecto a la familia. Y al resto de congresistas debe darles vergüenza tener que compartir horas de trabajo con un sujeto como este.
He de suponer que si no son capaces de ponerse de acuerdo en asuntos importantes para el país, podrá el presidente del Congreso empujar el desafuero de alguien que deshonra al Parlamento del Perú.
Revocación…sí
Por Julio Favre- Diario Correo
El próximo proceso para revocar a la alcaldesa Villarán puede traer mucha confusión, pues hay personas que creen que votar por el “No” es votar contra la permanencia de la alcaldesa.
La gestión de Susana Villarán puede resumirse en la frase “palabras y promesas pero pocas obras”, a diferencia de su antecesor, que hablaba muy poco y hacía mucho. Si bien dos años es poco tiempo para evaluar a un burgomaestre, lo cierto es que lo poco que se ha hecho, se ha hecho mal. Parece que su crítica contra el Cristo de la Bahía que colocó el presidente García le ha traído mala suerte.
Comenzó la cosa con la promesa de recuperar la playa de La Herradura. Sabios de su entorno pensaron que el asunto era traer miles de toneladas de arena… Quedó muy bonito todo… pero vino una ola y en 24 horas se llevó toda la arena. El túnel de evitamiento de la Ramiro Prialé, que había quedado casi listo en la anterior gestión, lo dejó en abandono y se derrumbó.
También juegan en su contra los sucesos violentos de La Parada, resultado de una operación sin planificar y evaluar los riesgos. Luego vino el problema con el desborde del río Rímac. Y como cereza de la torta de metidas de pata, está el anunciar que había construido 1400 escaleras, cuando después tuvo que reconocer que solo eran 140…El resto era simplemente pintura verde sobre las escaleras amarillas que había construido Castañeda. Por último, salió diciendo que las mujeres de San Juan de Lurigancho son lavanderas de los ricos de La Molina.
Pero lo que sí me preocupa es que todo este barullo está distrayendo al país de la violencia en contra de la inmersión privada que está protagonizando el emerretista Saavedra, que no contento de sabotear Conga junto a su compinche Santos, hoy día mueve a las poblaciones de izquierda radical en contra de varios proyectos mineros en Lambayeque, Tacna y otras regiones del Perú.
Cierre temporal de Krasny
El cierre temporal de sus instalaciones no es la primera sanción que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud le impone a Krasny del Perú SRL, empresa vinculada a Alexis Humala, hermano del presidente de la República.
El año pasado dicha firma fue sancionada por la DIGEMID hasta en dos oportunidades. La primera de ellas fue por no permitir el ingreso de inspectores a sus instalaciones, y la segunda por el incumplimiento de las Buenas Prácticas de Almacenamiento.
Según información de la agencia oficial Andina, Krasny SRL “no levantó las observaciones señaladas en la última inspección del año 2012”, por lo que la DIGEMID programó una nueva revisión para el 11 de enero último. Esta nueva visita tampoco se pudo concretar debido a que el local se encontraba cerrado. Eso a pesar de que la hora fijada para la comprobación estaba dentro del horario declarado por el mismo establecimiento.
RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN
Las nuevas denuncias contra la empresa Krasny por no contar con el protocolo de análisis del fabricante -que garantiza la cantidad del producto al usuario y a la autoridad sanitaria- merecieron el comentario del primer ministro Juan Jiménez Mayor, quien precisó que, de acuerdo a la información proporcionada por el exjefe de Almacén de la empresa, William Gallardo, las infracciones se cometieron durante el gobierno aprista.
“Esta es una tarea de investigación que tendrá que transitar por todos los canales que correspondan. El Ministerio Público ya ha anunciado que también está investigando el tema, de tal manera que esperamos el resultado de las investigaciones. (…) Estamos tomando una decisión cautelar justamente en el objetivo de cuidar la vida de los peruanos que utilizan estos insumos”, comentó.
Por su parte, el procurador anticorrupción Julio Arbizu comentó que hay indicios de que se habría cometido delito contra la salud pública al venderse medicinas adulteradas.
Fuente: Diarios El Comercio y Perú21.