Por Américo Zambrano- Revista CARETAS
En 2008, Rodolfo Orellana creó una cooperativa de ahorro y crédito que hizo negocios con el Estado emitiendo cartas fianza falsas, según la SBS.
El fraude supera los S/200 millones, denunció el congresista (AP) Víctor Andrés García Belaunde.
Los hilos de la telaraña que dirige el “empresario” Rodolfo Orellana Rengifo y que es investigada por la Fiscalía del Crimen Organizado son cada vez más numerosos.
La lista de quienes aseguran haber sido agraviados por esta tarántula crece con los días y también la maraña de sus vinculaciones con compañías denunciadas por millonarios fraudes.
Una de estas es la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (COOPEX), creada por Orellana en 2008.
“Fue constituida para delinquir”, denunció el congresista (AP) Víctor Andrés García Belaunde. “COOPEX es una gran pantalla, una empresa falsa, un membrete. A través de esta cooperativa se busca ingresar al mundo crediticio con instrumentos falsos. La han usado para emitir cartas fianza sin ningún tipo de respaldo en obras públicas. Las estafas superan los S/200 millones”, asevera García Belaunde.
COOPEX opera emitiendo cartas fianza o pólizas de caución a empresas que se presentan como postores en procesos de licitación con el Estado. Por ese supuesto aval, la cooperativa recibe una comisión del 10 % por el monto indicado en la carta fianza, dinero que es desembolsado por el Estado si el postor obtiene la buena pro.
Un caso singular es el del Ejército: en 2009, el Servicio de Ingeniería del Ejército firmó un contrato con el ‘Consorcio Pacífico Sur del VRAE’ para la construcción de instalaciones recreacionales y de descanso para el personal del Ejército destacado en el VRAE.
El consorcio presentó una carta fianza de COOPEX y pidió se le adelante el monto del contrato ascendente a S/. 10 millones. El Ejército pagó, pero cuando solicitó a Coopex la ejecución de la carta fianza no obtuvo respuesta. El Ejército denunció el caso ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Bajo ese modus operandi, la organización de Orellana ha hecho negocios en las Municipalidades de Chilca, Cajamarca; en el Gobierno Regional de Ancash, en el Ministerio de Educación, entre otras instituciones.
En septiembre del año pasado, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) emitió un comunicado precisando que “COOPEX no es una empresa que se encuentre bajo la supervisión de esta Superintendencia” y advirtiendo que “no está autorizada a emitir cartas fianza”. Sin embargo, Orellana obtuvo una medida cautelar en los juzgados de Lima Norte y sigue operando impunemente.
LOS SOCIOS DE ORELLANA
Orellana es el gerente general de COOPEX, pero tiene numerosos y sorprendentes socios. La Procuraduría de Lavado de Activos le ha seguido el rastro a dicha cooperativa y ha descubierto un hecho insólito: entre sus miembros, junto a Orellana, aparecen un importante asesor del Fiscal de la Nación, un congresista, secretarios de juzgado y otros trabajadores del Poder Judicial. Nada menos.
La lista con los nombres, firmas y huellas digitales de los socios de Orellana consta en un documento rotulado: “Libro de Registros del Padrón de Socios de COOPEX”, fechado el 11 de febrero de 2008.
El primer nombre que salta a la vista es el de Daniel Franklin Ramsay Romero, quien es uno de los fundadores de la cooperativa.
Lo sorprendente es que Ramsay es actualmente asesor del Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Su oficina se encuentra en el piso 10 del edificio del Ministerio Público, en la avenida Abancay, donde también está el despacho del doctor Peláez Bardales. Fuentes de la Fiscalía dijeron a CARETAS que Ramsay asesora a Peláez en todos los asuntos relacionados al Congreso, fungiendo de enlace entre éste, las bancadas y los principales grupos de trabajo del Parlamento.
¿Cómo es posible que el socio del abogado investigado por la Fiscalía del Crimen Organizado sea ahora asesor del Fiscal de la Nación?
CARETAS ubicó telefónicamente a Ramsay, el pasado martes 7. Inicialmente, declaró que no conocía ni a Orellana ni a COOPEX. “No sé de qué me están hablando”, dijo y colgó. Posteriormente, a través del jefe de Imagen del Ministerio Público, se informó que fue socio fundador de COOPEX, aunque dijo que se retiró de la cooperativa poco después debido a que no lo nombraron como miembro del directorio. La versión insiste en que Ramsay no conoce a Orellana.
Esta información fue refutada por un ex trabajador de COOPEX que, bajo el pedido de mantener su identidad en reserva, aseguró haber visto a Ramsay varias veces en el búnker de Orellana, en la avenida Guardia Civil 835, en San Borja. “Trabaja para él”, aseguró.
EL CONGRESISTA NEYRA
Otro que aparece como socio de Orellana en COOPEX es el congresista fujimorista Ángel Neyra Olaychea (57). En la pasada legislatura, Neyra fue presidente de la Comisión de Producción, y el lunes último, fue elegido secretario de la Comisión de Economía.
Entrevistado por CARETAS, Neyra negó conocer a Orellana y cuando se le mostró el padrón de los socios de Coopex –con su rúbrica y huella digital– dijo: “Podría ser mi firma. Hay que ver. Acá está Rosario Guizado (socia de COOPEX). Esta es una señora con la que hablamos. Quería hacer una cooperativa, pero a Orellana no lo conozco”. Acto seguido, Neyra mostró su DNI y especuló con que su firma pudo haber sido falsificada: “Mi firma termina en la O, acá le han hecho un garabato. Así nuncafirmo. Eso es gravísimo”.
A pedido de CARETAS, el perito judicial y coronel de la PNP (r) Luis Montesinos analizó la rúbrica de Neyra en el padrón de socios y la comparó con su firma en su DNI y en otros documentos oficiales. “La conclusión sería que la firma que aparece en el documento cuestionado presenta características similares a las firmas auténticas del congresista Neyra, lo que nos lleva a inferir que dicha firma proviene de su propio puño”, afirmó Montesinos.
Según la ficha de constitución de COOPEX, esta debería estar conformada por grandes y pequeños exportadores, pero en cambio aparecen:
-Fernando Arévalo Alfaro, administrador del archivo penal del Poder Judicial.
-Máximo Núñez Quispe, coordinador de la Gerencia General de la Corte Suprema.
-Manuel Butrón Salcedo, administrador de los Juzgados de Paz Letrados de Ate-Vitarte.
-Fitzgerald Contreras, asistente de la Segunda Sala Penal de Reos Libres.
-Karina Matta Apolaya, funcionaria de la Sub Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación del Poder Judicial.
-Jullisa Vega Caico, secretaria de actas en la 1a Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel.
-Katty Bujaico Orellana, secretaria judicial Lima-Norte.
-Comité Especial encargado de conducir los procesos de compras del Gobierno Regional de Loreto.
El sorprendente caso de COOPEX revela que Orellana tejió una red para lucrar del Estado e infiltrarse en instancias claves del poder.