El futuro que queremos

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Rio+20
El presidente Ollanta Humala inauguró el ‘Pabellón de Montañas’, ubicado en el Parque de los Atletas en Río de Janeiro, antes del inicio de su participación en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20.
El ‘Pabellón de Montañas’ es una iniciativa liderada por el Gobierno peruano, donde se desarrollan conferencias y talleres sobre desarrollo sostenible, cuidado del agua y montañas, seguridad alimentaria, biodiversidad, adaptación al cambio climático, entre otros temas.
La exhibición estará disponible hasta el domingo 24 de junio, con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, la Cooperación Italiana, la Secretaría de la Alianza para las Montañas y la Agencia Austriaca para el Desarrollo.
La conferencia Río+20 tiene dos ejes temáticos: el primero tratará sobre la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible, y el segundo, sobre la erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible.
Luego de la alocución del secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, el presidente Ollanta Humala inició su discurso.
Tras señalar la riqueza ecológica del Perú y su economía dinámica y estable, el jefe de Estado consideró que en los últimos años hubo un error al entender el desarrollo sin inclusión social ni sostenibilidad.
En tal sentido, dijo que se buscará el desarrollo nacional sin hipotecar el futuro ni la calidad de vida de futuras generaciones. Asimismo, se protegerá la riqueza cultural y se mejorará el desempeño con estándares ambientales.
Asimismo, aseguró que el Perú conservará su biodiversidad incorporando los desafíos del cambio climático global. Para ello, dijo, estamos decididos a mejorar las reglas que aseguren la sostenibilidad ambiental y a actualizar los marcos normativos para mejorar los estándares ambientales.
Por otro lado, prometió modernizar el marco ambiental institucional a través del fortalecimiento del Ministerio del Ambiente. Ollanta Humala propuso “una nueva relación con las actividades extractivas, en especial la minería” que deberá hacerse con “una visión ambiental y social”, en ese sentido el Perú ha avanzado en esta materia al ser el primer país en implementar los mecanismos de consulta previa del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Fuente: Diario El Comercio y RPP.
Conflicto minero hasta en un baño turco
En este artículo publicado en la revista Poder, el periodista Ricardo Uceda analiza la situación de los conflictos socio ambientales en el país, y en el se adelantaba a las protestas que actualmente acontecen en la localidad cusqueña de Espinar, vinculados a la operación de la mina Tintaya-Antapaccay de la empresa Xtrata.
Por Ricardo Uceda/Infos
La siguiente crónica muestra diversos momentos y diferentes actores del conflicto minero en las últimas semanas. Transcurren en Ayacucho, en un baño turco de Lima, en el Cusco, en el sur. Una buena pregunta es si hay un denominador común, si algún componente que es transversal a estas situaciones aparecerá simultáneamente en el estallido de una confrontación, logrando una crisis nacional. En parte de la izquierda, por ejemplo, se cree que ha llegado el momento de estar con las masas, tengan o no razón en sus protestas, a fin de correr la ola. En el sector empresarial, la crítica al premier por parte de un analista de sus preferencias lo convierte en persona no grata. En Cajamarca, surge desde el centro político un grupo de la sociedad civil dispuesto a enfrentarse al gobierno regional y a las masas antimineras…
SMIK SPA, LIMA, SÁBADO SANTO
El Sábado Santo, el economista Miguel Santillana necesitaba relajarse. Es un conocido analista político de conflictos mineros, un crítico pertinaz de quienes se oponen o sabotean la inversión en este sector. Willax lo había despedido de un programa que conducía por haber dicho, sin cruzar debidamente la información según la televisora, que el primer ministro Oscar Valdés era pequeño minero, una condición incompatible con su cargo. ¿Era pequeño minero? Santillana había encontrado en la base de datos de pequeños mineros del Ministerio de Energía y Minas que Valdés era titular de la concesión Oscarín, y pidió públicamente una explicación. Primero en Willax y después en RPP, entrevistado por José María Salcedo. En una rápida reacción, el primer ministro dijo a Willax y a quien quisiera escucharlo que todas sus actividades empresariales estaban suspendidas. Que el registro era la constancia de una titularidad que no estaba siendo ejercida.
Valdés estaba muy preocupado porque a la semana siguiente se darían a conocer los resultados del peritaje del proyecto Conga, y no era momento para que sus críticos dijeran que además de tener estilo militar y ser prominero, fuera efectivamente minero. Por añadidura, Luis Zavaleta, el director de hidrocarburos del MEM, acababa de renunciar porque resultó ser uno de los mayores exportadores de oro del país a través de la empresa Universal Metal Trading (UMT). La noticia la publicó El Comercio y Santillana tuvo mucho que ver con el descubrimiento. Aquel Sábado Santo, el primer ministro también necesitaba, como Santillana, relajarse. Y se fue con tal motivo a los baños turcos Smik Spa, en la cuadra ocho de la avenida Aramburú.
Y hete aquí que Santillana se encuentra frente a frente con Valdés, con solo una toalla sobre las piernas, en una pequeña cámara de vapor del Smik Spa. Nadie más los rodeaba. Este acontecimiento es narrado aquí únicamente para poner en relieve la importancia del diálogo en un conflicto minero. Podríamos llamarlo así: ahora esta polarización ya no conoce límites departamentales ni sociales. El premier le explicó largamente a Santillana que la mina había sido de su suegro, que a su muerte la había heredado, y que por supuesto no la trabajaba. Había sido debidamente registrada en su declaración jurada. Y Santillana le explicó que él solo había pedido explicaciones, no lo había acusado de deshonesto. Y después ambos siguieron relajándose.
También la anécdota es una señal de la intolerancia del momento en la situación polarizada. En ese momento Santillana no sabía que cinco mineras a las que asesoraba le habían cortado los servicios. Le costó un mes restablecer relaciones contractuales, explicando en cada caso que ya no estaba peleado con el premier Valdés, que habían aclarado todo tête à tête. Tampoco sabía el contenido exacto de la declaración jurada. Como se sabe, una declaración jurada en el Diario Oficial El Peruano no dice mayor cosa, así que hizo una petición informativa a la Contraloría de acuerdo con la ley de transparencia. Y la obtuvo. Era cierto lo que sospechaba: Valdés no había declarado la concesión cuando se hizo ministro.
—¿Por qué intolerancia? —dijo un observador político para esta nota—. Como está la situación ninguna minera querrá tener tratos con alguien que le ha lanzado un petardo al gobierno.
Despacho de un dirigente de izquierdas, Lima, 8 de mayo
Otra pregunta interesante es por qué la izquierda está en contra del proyecto Conga. Hay que preguntarlo directamente, pero antes un poco de contexto. Desde el surgimiento del conflicto, en octubre del 2011, hasta el mensaje de Ollanta Humala luego de la entrega del peritaje, se ha venido desarrollando una especie de farsa. El gobierno, con el presidente a la cabeza, estaba a la espera del peritaje para justificar el reinicio del proyecto. Sabía que el EIA había sido confeccionado seriamente y que era improbable que otros expertos, más allá de señalar la necesidad de mejoras, lo consideraran inválido. La misma actitud asumió la empresa. Por otro lado, los impugnadores del proyecto –en particular el frente ambiental de Wilfredo Saavedra y el presidente de la región, Gregorio Santos– tampoco esperaban el peritaje para dialogar y discutirlo sino solo para que fuera el punto de partida de otra fase de la lucha. De modo que la fase a la que ahora ingresamos, la de la confrontación, no es ninguna sorpresa: estaba prevista por ambas partes. La va a definir el que resista con mayor firmeza en su posición. El árbitro será la población de Cajamarca, en la que, más allá de los argumentos, prevalece un sentimiento de desconfianza hacia Yanacocha.
La empresa, lejos de conquistar a la población, alimentó su recelo con inadecuadas políticas ambientales y de relación con las comunidades. El peritaje no ha reducido en lo mínimo esta mala espina, por más que Yanacocha, en un cambio de actitud, ya no es lo que era. De todos modos, de ella depende fuertemente la economía del departamento. El 56% de la población económicamente activa de Cajamarca se dedica a labores agropecuarias, que solo contribuyen al 20% del PBI. Las familias de este sector no se sienten beneficiadas sino a menudo amenazadas por la minería, que hace más del 20% del producto y donde trabaja menos del 2% de la PEA. Yanacocha emplea a 10 mil trabajadores. El valor de esta planilla, de US$100 millones anuales, convierte a su gente en blanco de envidias, en un departamento con los más bajos índices de servicios de salud, educación e infraestructura. Los ciudadanos jóvenes y los más calificados emigran masivamente, mucho más que en otros departamentos pobres, dejando a los mayores y menos tecnificados, a los más desconfiados ante el futuro. A tono con este atraso, la izquierda y el ambientalismo anti-Conga plantean la receta de un mundo sin minería. El punto 6 de la plataforma del comando unitario de lucha propone un proyecto de desarrollo regional basado en la agricultura, agroindustria, ganadería y turismo. Pero este no es el verdadero pensamiento de toda la izquierda. Buena parte de este sector, integrado por tecnócratas que saben que el Perú es un país minero y que no pueden pretender ser gobierno planteando una tontería como el abstencionismo extractivo, lo hace por puro cálculo. No es posible admitirlo y un dirigente lo dijo confidencialmente así.
—El gobierno perderá la batalla por Conga. Se trata de estar, cuando ello ocurra, en el lado ganador.
Cámara de Comercio, Cajamarca, 10 de mayo
Integrantes de un movimiento denominado Colectivo por Cajamarca, integrado por empresarios, partidos políticos y personalidades, declaran públicamente en una conferencia de prensa. El 29 de mayo marcharán por las calles de la ciudad pidiendo al presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio Santos, incorporarse al diálogo promovido por el gobierno.
—Yo creo que este movimiento va a triunfar –dijo para esta nota Luis Guerrero, exalcalde de Cajamarca y uno de los voceros–. La población se da cuenta de que la situación económica se está deteriorando y que el presidente regional solo persigue objetivos políticos.
Por su parte, los manifestantes anti-Conga organizan su jornada culminante para dos días después.
Hay un plan de lucha confeccionado con tanto detalle que considera actividades en cada barrio para los próximos veinte días. Hasta el 31 de mayo, en que desde las lagunas de Conga, en un mitin multitudinario, se decretaría un paro indefinido, habrá en cada sector de Cajamarca actividades de divulgación y propaganda hacia la población. Los dirigentes del comité de lucha han comprometido a frentes de defensa de Lambayeque, Piura y del Oriente, a efectos de que desde el 1 de junio el movimiento anti-Conga se sienta en todas estas regiones. Está prevista una marcha regional desde el lugar de origen de los solidarios hasta las lagunas. No es fácil que sea multitudinaria: una marcha de sacrificio es un sacrificio.
—Que marchen nomás —nos dice un miembro del gobierno—. Ya se cansarán. Nosotros nos cuidaremos de que las carreteras estén libres y de que no haya desmanes en la capital.
El gobierno espera que los protestantes se desgasten, mantiene una dotación de 2 mil policías en Cajamarca y prosigue su programa de obras de infraestructura, convencido de que al final la población apreciará quién hizo realmente las carreteras y represas y acueductos que nunca se construyeron y cuya ausencia es quizá la mayor causa de la postración del departamento. También ha comprobado que el expediente del presidente regional Gregorio Santos esté suficientemente sólido en la Contraloría y en el Ministerio Público. Hay pruebas suficientes para acusarlo por haber desviado ilegalmente unos S/.50 mil para financiar paros regionales. El gobierno, en suma, piensa vencer en el mediano plazo: cuando se vean sus obras y cuando Santos, el principal líder anti-Conga, esté embarrado hasta el cuello, afrontando juicios que le impedirán, según su pronóstico, volver a ser candidato a una elección popular en el futuro inmediato.
Pleno de Patria Roja, febrero del 2012
El secretario general de Patria Roja, Alberto Moreno, informa al pleno del Comité Central. El partido está trabajando duro en Lambayeque y Piura y en los departamentos vecinos para obtener respaldo a su militante Gregorio Santos en Cajamarca, y a finales de mayo se verán los resultados. Santos se impuso a la dirección, que buscaba deshacerse del movimiento de Wilfredo Saavedra y propiciar una tercera vía que le diera una salida al enfrentamiento. Pero hacia finales del 2011 Santos y Saavedra terminaron irremisiblemente unidos, en un matrimonio que probablemente dure hasta la victoria o la derrota. Para Patria Roja, que nunca ha tenido intereses ambientalistas, la gran minería solo ha sido un problema en la medida en que expresaba un capitalismo voraz que sometía al país a un modelo primario exportador. Pero en este informe al pleno del Comité Central, el secretario general hace una larga disertación sobre cómo el capitalismo, en su crisis sistémica, “produce también amenazas sin precedentes de destrucción de la civilización humana y su entorno ambiental”. Es entendible: a la cabeza del gobierno regional Patria Roja se enfrenta a la necesidad práctica de recoger la bandera ambientalista del padre Marco Arana, que lideró luchas anteriores contra Yanacocha y que ahora es una figura secundaria en la zona. Aunque Tierra y Libertad, el partido de Arana, va más allá en sus planteamientos: propone una moratoria de nuevas concesiones mineras y suspensión de las concesiones ya dadas. Para resolver el destino de todas ellas solicita una nueva ley de zonificación y ordenamiento territorial que defina dónde podría hacerse minería y dónde no. Refiriéndose al organismo estatal que entrega las concesiones, el dirigente Carlos Monge ha dicho:
—Se debe cerrar la puerta del Ingemmet con llave y luego tirar la llave al mar.
El resto de la izquierda no plantea congelar la minería de este modo.
Lima, 31 de marzo del 2012
Quince días antes de que se conozcan los resultados del peritaje, las organizaciones Patria Roja, Tierra y Libertad, Partido Comunista Peruano, Partido Socialista, Fuerza Social y Ciudadanos por el Cambio suscriben un documento en el que declaran inviable al proyecto Conga porque “es la herencia de esa visión de desarrollo y de esa forma de tomar decisiones que nos dejaron Fujimori, Toledo y García”. Y también por su impacto negativo sobre los ecosistemas altoandinos de Cajamarca. En la declaración más abajo se entiende que ‘la otra visión’, la adecuada, es un nuevo modelo que ponga énfasis en el desarrollo del mercado interno.
Lo que en realidad transmite el comunicado es un reagrupamiento de las tendencias más radicales y moderadas de la izquierda detrás de la plataforma del presidente regional de Cajamarca. La novedad es que lo firmaron Ciudadanos por el Cambio, cuya figura más prominente, Salomón Lerner, opinó favorablemente sobre el proyecto luego de que se conocieran los resultados del peritaje, y Fuerza Social, donde se supone militan tecnócratas que aceptaban la principalidad de la minería en el modelo de desarrollo peruano. Aunque hay voces minoritarias. Consultado para esta nota el economista Miguel Prialé, conspicuo miembro de Fuerza Social, dijo que la crisis en Cajamarca no debe cuestionar la viabilidad de un proyecto de minería como Conga que el Perú necesita, en condiciones ambientales y de confianza política adecuadas. Prialé dijo para esta nota:
—Habría que preguntarse si en la oposición a Conga estamos apoyando una forma de desarrollar la política ambiental del país o simplemente intereses y juegos políticos que no tienen que ver con esa discusión.
Ha habido decisiones pragmáticas. Fuerza Social no quiere pelearse con sus socios políticos –Patria Roja, Tierra y Libertad– en el Concejo Provincial de Lima. Y Ciudadanos por el Cambio quiere un lugar en la izquierda combativa.
No es seguro que cuando se conozcan los resultados de las apuestas esta izquierda termine en el lado ganador. A lo mejor los conflictos sociales no se agudizan tanto como parece que ocurrirá.
Despacho de un gobernante, 3 de mayo del 2012
Así como hay un estimado catastrofista, hay otro según el cual al régimen no le ha ido tan mal toreando los conflictos sociales. Lo que sigue será una lectura benevolente, quizá equivocada pero basada en datos ciertos, de cómo ve el panorama de la agitación política el gobierno. No aprecia el vaso medio vacío sino medio lleno. Si esta percepción es más acertada que la de la izquierda protestante, el país continuará en conflictos indistintos, algunos nuevos y otros que vienen de antiguo, pero sin el riesgo de vertebrarse en una acción centralizada capaz de jaquear al régimen. Entonces el que apostó a correr la ola de la protesta social habrá hecho un mal negocio.
Cuando comenzó el gobierno había conflictos latentes en Puno y Madre de Dios. Pese a sus distintos orígenes, tenían el denominador común de que la minería informal era el enemigo principal. Esto era menos perceptible en Puno, donde desde comienzos del 2011 se gestó un conflicto antiminero en la zona de la frontera con Bolivia cuya principal demanda era ahuyentar la actividad extractiva formal. Pero la intención no declarada era apropiarse de los predios ricos en mineral para explotarlos al margen de la ley. Los mineros informales del otro lado del departamento en un principio apoyaron a Walter Aduviri, el líder de una revuelta que pudo impedir las elecciones en la zona, pero luego lo abandonaron cuando la violencia se hizo impopular y la situación terminó exponiéndolos como los verdaderos depredadores del medio ambiente. En suma, mal que bien, con incoherencias y vacilaciones, lo que sobrevino en Puno y Madre de Dios fue una reacción del Estado que ha puesto en una posición defensiva a los informales.
—Digan lo que digan —dice el gobernante— allí quien está contra las cuerdas un año después es la minería informal y no el Estado.
La interdicción de la minería informal ha sido objeto de múltiples críticas, unas por su blandura, otras por su incongruencia, otras por su severidad. Es un hecho que esta interdicción traerá nuevos conflictos, como se ha visto desde mediados de mayo con las movilizaciones en Arequipa y otras regiones. Los decretos de interdicción criminalizaban indiscriminadamente, poniendo a justos y pecadores a disposición del Ministerio Público y la policía. Pero los perseguibles, en muchos casos mafias con enormes recursos, siguen allí, intactos. El gobierno cree poder hacer reajustes para que estas mafias no terminen aliadas en un solo puño con quienes puedan formalizarse y continuar dentro del cauce de la ley. Prevé reacciones focalizadas, más no un movimiento de alcance nacional.
En Tacna y Moquegua, aunque no desparecieron los problemas que pusieron en jaque al régimen en el 2011, evolucionaron de modo que hay un cauce más o menos estable para discutirlos. En Tacna se negociará, en una mesa de diálogo multisectorial de momento paralizada, inversiones de compensación por parte de Southern para que esta pueda continuar la ampliación de la concentradora de cobre Toquepala. El tema es cuánto ofrece la empresa a la provincia de Candarave, que reclama perjuicio por el uso de sus aguas. En cuanto al conflicto en Moquegua, que a mediados del año pasado paralizó las operaciones de Quellaveco –con reservas de 10 millones de toneladas de cobre–, la situación se distendió por la negociación de retribuciones sociales y ambientales entre la empresa Angloamerican y la población, y con activa colaboración del presidente regional Martín Vizcarra. Diríase entonces que en el sur, así como en Puno y Madre de Dios, no hay un terremoto social a corto plazo. Hacia el centro y el norte, sin embargo, hay situaciones que merecen explicaciones separadas.
En Ayacucho, por ejemplo, una ilegal ocupación del cerro Luicho, donde hay oro a montones desde la Colonia, se puede tornar más violenta por el hecho de que el escenario es Pomacocha, el lugar de origen de la familia del presidente. Una orden judicial de desalojo a favor de la comunidad del mismo nombre y de la concesionaria, la empresa Santiago 3, no puede ser ejecutada por la dura resistencia de los mineros informales, cuya fuerza y belicosidad se ha hecho ostensible. Están apoyados por el presidente regional, Enrique Ocrospoma, y por sectores nacionalistas y sobre todo antauristas. Así como en Cajamarca la receta –demagógica cuando se generaliza– es que en las cabeceras de cuenca no debe haber minería, aquí la consigna es que en la tierra de los Humala no debe haber minería. La situación adquirió dramatismo cuando Medardo Gutiérrez, el principal dirigente de los informales, murió de frío en el socavón el 21 de abril, aprisionado entre tierra y rocas. Hoy es un héroe que simboliza la resistencia a una orden judicial de desalojo a todas luces pertinente. Aquí, pues, habrá violencia cuando se trate de hacer cumplir la ley, y es imposible saber de momento si esto tendrá una escalada regional. Pero es improbable que una situación de violencia allí cuadre en el ensamblaje de una protesta nacional.
Pese a su importancia, son igualmente de repercusión local los conflictos derivados del desarrollo de industrias en la costa, a la vera de caletas de pescadores. En Chilca, de 30 mil habitantes, donde hace poco solo había una playa pacífica y una pequeña fábrica de cemento, se construyen varias centrales termoeléctricas que lo convertirán en el principal abastecedor de electricidad de la región central del país, y los pobladores reaccionan contra una planta edificada en la playa y tuberías que recorren el pueblo, entre otras intrusiones. Lo hacen de la manera más efectiva para sus intereses: tomando la Panamericana Sur. Algo parecido ocurre en Sechura, donde los pobladores de la bahía se oponen al paso de un ducto de gas que proyecta la empresa Savia desde el zócalo a través de la caleta de Puerto Rico. Estos conflictos, que se agudizan por falta de comunicación, son el resultado de una desordenada búsqueda de salida energética al crecimiento económico, y que convertirán a localidades del litoral en polos energéticos de importancia continental. Sin embargo, pese a que la vida de las poblaciones cambiará completamente, no se aprecian obstáculos insalvables para un entendimiento con ellas.
Hasta aquí, entonces, el gobierno no siente dolores de cabeza fuertes. Lo que lo asusta está en la región central.
Hotel Marriott, Lima, 8 de mayo
José Marún, director de operaciones de Xstrata en Sudamérica, se dirige a miembros de la Cámara de Comercio Peruano Canadiense. Más que con cifras de resultados, desea impactar con pruebas de la buena relación de la compañía con las poblaciones de sus proyectos. Opera en una zona entre Cusco y Arequipa, donde el mayor conflicto se origina en el proyecto Majes-Sihuas II, que represará aguas del río Apurímac para regar tierras de Majes, en supuesto desmedro del recurso para la provincia cusqueña de Espinar. Pero la tensión por este motivo, luego de movilizaciones y juicios, está en suspenso. Las hostilidades dependen de los resultados de un estudio hídrico ordenado por resolución judicial, en plazos aún no definidos. La inestabilidad en lo inmediato puede aparecer en los predios contiguos de Xstrata. En Espinar desarrolla el proyecto cuprífero de Antapaccay-Tintaya que tal vez la envíe del cuarto al tercer lugar en la producción mundial de cobre. ¿Por qué habría conflicto, si todo parece estar bien?
Entre otros programas sociales Xstrata financia con 3% de sus utilidades antes de impuestos numerosos proyectos de inversión en las comunidades de la provincia. Este aporte, unos US$67 millones entre el 2004 y el 2011, desea ser ampliado al 30% de las utilidades por el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, mediante medidas sucesivas de fuerza, comenzando con un paro indefinido desde el 21 de mayo. Un poco hacia el noroeste, en Apurímac, Xstrata construye el proyecto Las Bambas, donde producirá inicialmente 400 mil toneladas anuales de cobre metálico en concentrados a partir del 2014. Allí ha invertido en un fondo social, desde el 2005, una cantidad superior a los US$60 millones. Manejado como una sociedad civil por los alcaldes de Cotabambas y Grau, las dos provincias beneficiadas, el fondo ha electrificado 138 comunidades, construido centros educativos, puentes y carreteras y concluido numerosos proyectos de inversión social. Pocas mineras en el Perú entregaron con tanta anticipación beneficios tangibles a la población. La misma política siguió en Tintaya, adonde llegó en el 2006, cuando sus reservas se habían prácticamente agotado. Con el nuevo mineral descubierto en Antapaccay en el 2008, Xstrata estima extender la vida de la mina durante veinte años más. El proyecto tiene una influencia en ocho distritos, 72 comunidades y 62.698 pobladores, quienes a fin de cuentas deberán decidir si siguen o no al alcalde Mollohuanca en su paralización.
Estas cifras son de manejo habitual de los organismos del Estado y de los dirigentes de todas las comunidades involucradas, pues ellos dirigen los proyectos. En cambio los acusadores de Xstrata no exhiben iguales resultados. La Municipalidad de Espinar, que recibió S/.86,4 millones en el 2011, no gastó el 67% del total, según cifras del portal de transparencia económica del MEF. Existen evidencias de que Mollohuanca acusó falsamente a Xstrata de haber contaminado a pobladores del área de influencia de su proyecto Tintaya con un documento del Ministerio de Salud que se refería a otro asunto, y que por lo tanto era artificial para el propósito de la denuncia. El alcalde ha persistido en estas acusaciones en una gira internacional, luego de que fuera demostrada la falsedad, lo que comprobaría su actuación como propagandista antes que como dirigente responsable. Estas comprobaciones son esenciales en cada conflicto, porque así como hubo ocasiones en que mineras armaron expedientes falsos contra dirigentes de base, hay antecedentes de estafa política para justificar medidas de fuerza. Por lo demás, Mollohuanca, militante de Tierra y Libertad, declaró recientemente a Noticias Ser que el aporte económico que Xstrata hace a las comunidades de su provincia es lo de menos, y que más importante es el tema ambiental y social. Y en cuanto a la minería como actividad, no era lo más importante para el progreso. Prefería desarrollar los sectores que van a servir de por vida, como el agropecuario y el turismo.
—Preferimos eso —añadió— frente a una minería que nos puede contaminar, por más plata que nos dé.
Cajamarca, 11 de mayo del 2011
Los dirigentes del movimiento Colectivo por Cajamarca cambian impresiones. Presumen que la empresa Yanacocha aceptará las condiciones impuestas por el presidente Humala y la principal recomendación del peritaje, no tocar las lagunas Azul y Chica de Conga. Creen que si esto se anuncia antes de fin de mes, su marcha será un éxito.
Pero les preocupa sobre todo que la empresa no atienda la recomendación. Han decidido pedir públicamente a Yanacocha que se pronuncie, pero nada saben sobre el punto principal.
—Si tocan las lagunas todo puede echarse a perder —dice uno de ellos—. Este frente podría desaparecer.

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