La reciente decisión del Tribunal Constitucional de considerar público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ha iniciado una ola de peticiones para acceder a acuerdos de colaboración eficaz por parte de procesados por Lava Jato. Uno de ellos ha sido el expresidente Alejandro Toledo, recientemente sentenciado gracias a la carga probatoria acumulada en el acuerdo. Convoca publica de forma íntegra este acuerdo y su acta complementaria en aras de la transparencia y para paliar la desinformación que está circulando sobre su contenido. Como medio de comunicación que ha investigado el caso Lava Jato desde sus inicios, ponemos en contexto la información contenida en el acuerdo a la luz del tiempo y las evidencias.
Tras un primer análisis de sus 1057 páginas, revelamos cómo Odebrecht solo ofreció pagar en un primer momento 297 millones de soles, a pesar de haber ocasionado daños patrimoniales al Estado por un valor de mil 318 millones de soles, según la Contraloría. Finalmente, tras la tensa negociación con las autoridades, la empresa aceptó más del doble de esa cantidad: 610 millones de soles, a la que hay que sumar intereses.
El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, el primero que se firma con una empresa en el Perú, incluye cuatro casos de corrupción: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde Callao y Vía Evitamiento Cusco. Pero en el documento se consigna, además, información inicial que entregó Odebrecht de otros 13 casos que detallamos en este reportaje.
El acta del acuerdo de colaboración eficaz, firmado el 15 de febrero de 2019, entre el Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato y la empresa Odebrecht, es una fotografía voluminosa de mil 57 páginas que contiene principalmente información sobre los pagos ilícitos que la constructora brasileña y cuatro de sus exdirectivos entregaron a la Fiscalía hasta ese momento, así como el mecanismo que se estableció para el pago de la reparación civil al Estado peruano.
Casi cinco años después, gran parte de estos hechos y confesiones se conocen. Sin embargo, hay información relevante sobre el proceso de negociación y cláusulas claves que hoy por primera vez se dan a conocer de manera completa.
Ante la ola de desinformación frente a uno de los casos de corrupción más importantes en el Perú que ha involucrado a cinco expresidentes de la República, Convoca.pe publica el acuerdo y el acta complementaria, firmada el 20 de mayo de 2019, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara que se hicieran públicos. Un deber del periodismo es poner en contexto la información a la luz del tiempo transcurrido y las evidencias.
El acta del acuerdo contiene 16 capítulos. Sólo uno de ellos, el octavo, que lleva por título ‘Hechos corroborados y su mecanismo de corroboración’, contiene el 73.5% de la información del documento, a lo largo de 777 páginas, y está referido a los pagos ilícitos de cuatro obras: Interoceánica Sur (Tramos II y III),  Línea 1 Metro de Lima (tramos I y II), Costa Verde Tramo Lima- Callao y Avenida Evitamiento Cusco.
En representación de la constructora brasileña, el acuerdo fue firmado por los abogados Ricardo Luis Machado Weyll y Lourdes Carreño Carcelén, quienes estuvieron acompañados por el abogado defensor Marco Antonio Bustinza Siu, y por los cuatro exfuncionarios de Odebrecht que se acogieron a la colaboración eficaz: Jorge Barata, ex director ejecutivo en Perú, Ricardo Boleira, ex superintendente, Renato Ribeiro Bortoletti, representante del Consorcio Vías Cusco y Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht. De parte del Ministerio Público, suscribieron el documento el fiscal José Domingo Pérez y por la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez.
Como consta en el cuarto capítulo denominado “antecedentes del acuerdo”, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso inició el proceso especial de colaboración con los cuatro exdirectivos de Odebrecht: con Barata fue el 21 de noviembre de 2016, fecha en que empezó a dar abundante información sobre los sobornos que apuntaban al expresidente Alejandro Toledo, hoy sentenciado, en el caso Interoceánica Sur, entre otras confesiones. Un mes más tarde, en diciembre, fue el turno de Ricardo Boleira. En febrero de 2017, se inició el proceso de colaboración eficaz con Renato Ribeiro Bartoletti y un mes después con Nostre.
El 4 de enero de 2017, el fiscal Castro firmó con la empresa Odebrecht un “convenio preliminar” del proceso de colaboración eficaz. Desde entonces hasta la firma del acuerdo en febrero de 2019 en el consulado de Perú en Sao Paulo, se recogieron una serie de pruebas y testimonios de exdirectivos en el Perú y en Brasil. Para entonces, como se sabe y lo ha documentado Convoca, Marcelo Odebrecht, quien fue el mandamás de la constructora, junto a más de 70 ejecutivos de la empresa, ya se habían acogido a la delación premiada en Brasil en 2016, tras verse acorralados por los procuradores de ese país que accedieron a la información de la contabilidad paralela y la comunicación interna de la División de Sobornos que creó la empresa con los sistemas Drousys y My Web Day.
En mayo de 2017, el propio Marcelo Odebrecht, en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde permanecía encarcelado, dio su primera declaración a los fiscales peruanos bajo el sistema de delación premiada y dijo haber recibido el pedido del ex ministro brasileño Antonio Palocci, en representación de Luiz Inácio Lula Da Silvia, de ‘colaborar con la campaña de Ollanta Humala” a mediados del 2010.  En esa misma diligencia, confirmó el aporte de Odebrecht para la campaña electoral de Keiko Fujimori y que la política de la constructora era apoyar en las elecciones a todos los partidos. Sin embargo, también señaló que era Barata quien podía probarlo.
El interrogatorio en Curitiba, que estuvo a cargo del fiscal supraprovincial Germán Juárez Atoche y el fiscal superior contra lavado de activos, Rafael Vela, quien asumió la coordinación del equipo especial Lava Jato, contó con el apoyo del procurador brasileño, Orlando Martello, quien fue fundamental para la realización de las diligencias que vinieron después en Curitiba y en Sao Paulo.
Pero las confesiones continuaron en escalada y apuntando a diversos políticos. En noviembre de 2017, los fiscales peruanos volvieron a interrogar a Marcelo Odebrecht, quien reveló esta vez que la constructora había contratado a Pedro Pablo Kuczynski como consultor y confirmó que financió la campaña electoral de Alan García y le pagó por conferencias.
Tres meses después, en febrero de 2018, Barata describió, en la sede de la Procuraduría de Sao Paulo, cómo fue la entrega de 1 millón 200 mil dólares por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. En ese escenario, Convoca.pe reveló que el domicilio en San Isidro, señalado por Barata, como el lugar donde entregó en 2010 el primer medio millón de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011, pertenecía a la hija de Efraín Goldenberg Schreiber, quien fue premier, canciller y ministro de Economía durante el gobierno de Alberto Fujimori y fue denunciado en 2004 por intentar cobrar tres certificados bancarios de Vladimiro Montesinos en Suiza.
En esa diligencia, Barata también mencionó los aportes de Odebrecht para las campañas electorales de otros cuatro políticos: Kuczynski, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. El interrogatorio abrió una nueva etapa del caso Lava Jato en Perú con una pregunta gravitante: ¿Qué políticos habían recibido dinero en sus campañas electorales a cambio de facilitar el acceso a obras públicas millonarias a la constructora Odebrecht luego de que asumieron el poder?
Con ese telón de fondo y una campaña de ataques contra los fiscales a cargo de las investigaciones, la tarde del viernes 15 de febrero de 2019, el Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Lava Jato, los cuatro colaboradores exejecutivos de Odebrecht y los abogados de la empresa llegaron a la firma del documento que hoy publicamos.
¿Qué información contiene las más de mil páginas?
El acuerdo de colaboración de Odebrecht detalla desde la página 70 hasta la 848 las pruebas y declaraciones que dieron los colaboradores eficaces, la fuente de la evidencia entregada y la pertinencia de la información para probar los delitos cometidos por decenas de funcionarios públicos en cuatro casos: tramo II y II de la Interoceánica Sur, tramos I y II de la línea 1 del Metro de Lima, Costa Verde y Vía Evitamiento Cusco.
La colaboración eficaz tiene una etapa de delación y otra de corroboración antes de que el Ministerio Público proceda a firmar el acuerdo y la posterior remisión al Poder Judicial para su homologación. En el momento de la firma del acta del acuerdo, la Fiscalía tenía ambas etapas concluidas en esos cuatro casos, como han explicado en diversas oportunidades a la prensa las autoridades que suscribieron el acuerdo.
Silvana Carrión, Procuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, explica a Convoca.pe por qué no se incluyó en el acuerdo de colaboración eficaz el resto de casos en los que aportó información la empresa.
“Se firma con estos cuatro proyectos porque en esa fecha (15 de febrero de 2019) eran los que tenían la carga probatoria más avanzada y sólida”, señala Carrión.  “El acuerdo se cierra con esos cuatro casos de colaboración pero con cauce de progresividad para que la empresa pueda seguir entregando información”.
Precisamente, en el capítulo ocho del acuerdo, que señala cuáles son las obligaciones de los colaboradores, se menciona que si se identifican “nuevos hechos con contenido penal”, y anteriores a la fecha de la firma del acuerdo que no fueron informados al Ministerio Público, que conozca Odebrecht o cualquier sociedad de su Grupo Económico, sus funcionarios o ex funcionarios, la compañía “se obliga a presentarlos” a la Fiscalía “con los respectivos datos de corroboración en el plazo de quince días de advertidos internamente” por la empresa.
En el acta se deja constancia que Odebrecht “se encuentra sujeta a una colaboración progresiva y continua”.
Asimismo, se señala que el Ministerio Público podía iniciar las acciones correspondientes incluso si “los nuevos hechos con contenido penal” no provenían de la colaboración de Odebrecht o de información de sus ejecutivos o compañías del grupo empresarial.
Antes de la firma del acuerdo, los colaboradores habían entregado información primaria sobre otros 13 casos, que si se compara con las pruebas que se conoce hasta hoy por las investigaciones y las audiencias de los juicios orales, en su momento no constituían pruebas suficientes para ser incluidos en el acuerdo. Sin embargo, esta información inicial también es reseñada a lo largo de 59 páginas, en el capítulo nueve.
Odebrecht aportó información sobre otros 13 casos
Bajo el título “Descripción de más información proporcionada por los colaboradores para obtener beneficio premial”, el capítulo nueve se refiere a los siguientes 13 casos: Gasoducto, Monteverde, Peñaranda-Alpha Consult, Caso Revocatoria de Susana Villarán, Rutas de Lima, PPK y Westfield Capital, Club de la Construcción, Caso Miguel Atala, Caso Xavier Pérez Giménez (conocido como ‘Sisco’ y quien fue gerente general de la sucursal en Uruguay de la Banca Privada de Andorra), Caso Gabriel Prado Ramos (exfuncionario de la Municipalidad de Lima), Caso Cócteles, Caso Partido Nacionalista Peruano, Caso Financiamiento de Campañas (Partido Aprista, Partido Perú Posible y Alianza por el Gran Cambio).
Sobre el caso Gasoducto el acuerdo de colaboración incluye declaraciones de trabajadores de Odebrecht y también documentación aportada por la empresa, pero no información sobre las planillas secretas. La información de los pagos ocultos fue publicada por Convoca.pe, en junio de 2019, cuatro meses después de la firma del acuerdo. El reportaje formó parte de la serie investigativa “División de Sobornos”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Convoca.pe reveló que en las planillas de Odebrecht aparecían 17 transferencias por 3 millones de dólares relacionadas al Gasoducto Sur Peruano.  Esta información fue corroborada poco tiempo después por Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, durante un interrogatorio de los fiscales peruanos en Sao Paulo.
El acuerdo de colaboración recoge información sobre los pagos y movimientos de Jorge Peñaranda Málaga, directivo de la supervisora Alpha Consult, y de su hijo Rómulo Peñaranda Castañeda. Odebrecht entregó el cuadro de pagos que realiza a J Peñaranda S.A., entre diciembre de 2004 y septiembre de 2005, así como un registro de 95 operaciones con el Consorcio Alpha Consult S.A., entre agosto de 2006 y marzo de 2013. También se entregó la relación de los funcionarios que estuvieron a cargo de las concesiones IIRSA Sur tramo 2 y tramo 3 e IIRSA Norte.
Otro caso en el que la empresa aporta información reseñada en 20 páginas del acuerdo es el de Pedro Pablo Kuczynski y Westfield Capital. Odebrecht envía al Ministerio Público para su valoración un cuadro con 80 pagos, entre 2006 y 2013, a favor de First Capital y 7 dirigidas a Westfield, entre 2004 y 2007. Antes de la firma del acuerdo de colaboración, en 2017 Odebrecht informó que pagó 4.8 millones de dólares a dos firmas vinculadas al expresidente, Westfield Capital y First Capital.
Odebrecht también brindó información en el caso del ‘Club de la Construcción’, precisando que este cártel se formó en el segundo semestre de 2012. La empresa presentó el libro de actas de la Junta General de Accionistas entre enero de 2011 y julio de 2014, que contiene información sobre los negocios de la constructora.
En el caso Cócteles, en el que está involucrada Keiko Fujimori, Odebrecht remitió documentación respecto a un correo electrónico que indica la programación de transferencias bancarias a la cuenta de la empresa Construmaq SAC., del empresario Gonzalo Monteverde, en Credicorp Bank Panamá, y la programación de pagos a la offshore Select Engineering Consulting and Service. Hoy se sabe que la ruta del dinero para Keiko Fujimori empieza con las offshores de Odebrecht que transfieren montos a Construmaq SAC y que esta compañía a su vez envía dinero desde Panamá a Jorge Barata con el fin de que este entreguen los aportes a la excandidata presidencial.
En el caso Partido Nacionalista, se incluyen las declaraciones de Barata y otros ejecutivos de Odebrecht que corroboraron lo que ya se conocía por la delación de Marcelo Odebrecht sobre los 3 millones de dólares para la campaña electoral de Ollanta Humala de 2011 y se precisa que las siglas “OH” corresponden al expresidente.
En el acuerdo también se menciona que la empresa cuenta con información sobre otros financiamientos de campañas electorales del Partido Aprista Peruano, Perú Posible y Alianza por el Gran Cambio, que postuló a Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones presidenciales de 2011.
En el caso de Alan García, se hace referencia a las declaraciones de Barata respecto a que la empresa aportó 200 mil dólares a través del exministro de Interior Luis Alva Castro para la campaña electoral de 2006. En relación a Alejandro Toledo, se menciona los 700 mil dólares para la campaña política del líder de Perú Posible en 2011. Finalmente, respecto a Kuczynski, Barata indica que la empresa aportó 300 mil dólares para su campaña, a través de Susana de la Puente.
Toda esa información sobre el financiamiento de campañas electorales ya había salido a la luz tras los interrogatorios a Jorge Barata en 2018 y fue publicada ampliamente por Convoca.pe como resultado de coberturas especiales en Brasil.
Odebrecht intentó negociar reparación de tan solo S/297 millones
Uno de los puntos que más debate suscitó tras la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht fue el del monto total establecido como reparación civil. La suma asciende a 610 millones de soles, una cantidad “que solo atañe a los daños producidos por el grupo económico Odebrecht, funcionarios y ex funcionarios en relación a los cuatro proyectos materia del acuerdo”, expresa en la página 1043 de su capítulo once, que dedica más de 115 páginas a justificar el monto de reparación civil en concepto de daños y perjuicios contra el Estado Peruano.
El acuerdo contempla la indemnización sólo por los casos Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde y Vía Evitamiento Cusco.
Sin embargo, el monto de la reparación civil se estableció según la fórmula fijada por la ley 30737 y su reglamento para calcular la cantidad que finalmente el Estado impuso a Odebrecht como reparación. Esa era la norma que estaba vigente y obligaba a las autoridades a aplicarla.
Como figura en el acuerdo de colaboración, señalado en la página 1037 del capítulo once, para establecer el monto de reparación civil la Procuraduría tomó como base los informes sobre daños patrimoniales realizados por la Contraloría General, según los alcances del Código Civil.
“Posterior a ese trabajo se expidió la Ley 30737 y su reglamento que contienen las disposiciones legales de aplicación obligatoria para el cálculo de la reparación”, apunta el acuerdo. La ley fue debatida y aprobada en el pleno del Congreso y promulgada el 12 de marzo de 2018 bajo el título de “ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos”.
Un dato revelador que recoge este acuerdo en la página 1037 (Capítulo 11, Cláusula 13.5) es que Odebrecht pretendía pagar 297 millones de soles de reparación aplicando supuestamente el mismo sistema de cálculo que establecía la ley. ¿Por qué el monto calculado por la Procuraduría era más del doble que lo que pretendía pagar la empresa? Lo que sucede es que las autoridades tomaron en cuenta la categoría 1 que establece la norma para compañías que confiesan sus delitos o son sentenciadas. Y ese era el caso de Odebrecht.
Establecer el monto de la reparación llevó a varios momentos de tensión entre los procuradores y los representantes de la compañía, entre agosto y diciembre de 2018. Pero finalmente a fines de ese año se logró firmar un pre-acuerdo y que la compañía acepte el pago de los 610 millones de soles, además de la liquidación de los intereses legales acumulados en un cronograma de 15 cuotas, hasta 2034.
El cronograma de pagos de la reparación civil
“Este monto de reparación civil es un monto legal porque es el resultado de la aplicación de una ley y un reglamento que establecen fórmulas para la determinación de la reparación civil“, explica a Convoca.pe la procuradora Silvana Carrión. “Para las empresas siempre va a ser mucho y para la ciudadanía siempre va a ser poco“.
Una vez firmado el acuerdo, éste fue remitido al Poder Judicial, que comprobó y aprobó los cálculos realizados con las fórmulas aplicadas según la norma.
Sobre el resto de casos que no forman parte del acuerdo, Carrión explica que también se fijará una reparación civil en su momento, bien sea a través de un nuevo acuerdo de colaboración con la empresa o vía judicial en cada uno de los procesos. Lo más probable es que sea lo segundo ya que en estos días la relación con Odebrecht y las instituciones públicas con las que firmó el acuerdo es tensa.
La Procuraduría Ad Hoc para Lava Jato informa que Perú ha recuperado casi 300 millones de soles fruto del acuerdo de colaboración con Odebrecht.  Este monto, obtenido en el transcurso de los 5 años desde la firma del acuerdo es mayor a la suma de indemnizaciones logradas por el Estado en casos de corrupción de los años 90, señala.
La cláusula de los arbitrajes
En el mismo apartado de “Justificación de la Reparación Civil”, el acuerdo también contempló una cláusula en el caso de que la empresa demande al Estado frente a un tribunal de arbitraje.
La cláusula 13.16 declara que en el caso de que el Estado deba pagar a la compañía frente a futuros laudos arbitrales, la reparación civil se incrementará en función de los nuevos ingresos que logre la empresa por esa vía.  Esto busca un efecto disuasor para que la empresa evite demandar a Perú en este tipo de tribunales e impedir así una mayor pérdida patrimonial al Estado de la que ya ha causado con sus actos ilícitos.
En el Acta Complementaria, firmada el 20 de mayo de 2019 para incluir precisiones y compromisos adicionales al acuerdo, se abordan de nuevo los arbitrajes. En la página 41 de este documento, en el apartado “d)”,  se establece que la empresa está obligada a revisar los arbitrajes y “conjuntamente con la Procuraduría Ad Hoc y las Procuradurías a cargo de estos procesos arbitrales arribar a un entendimiento dirigido a concluir estos procesos, incluyendo la figura de desistimiento por parte de la empresa colaboradora”.
Esta revisión, precisa el Acta Complementaria, se hará con la participación de la procuraduría competente y se tomarán en cuenta los ilícitos reconocidos en el acuerdo y  también aquellos que son fruto de la cooperación con la justicia internacional.
Si la empresa y el Estado no lograran llegar a buen puerto después de esta revisión, las pruebas que contiene el acuerdo de colaboración podrían ser usadas por las partes dentro de los procesos arbitrales. Incluir esa cláusula, así como establecer el monto de la reparación civil, fue otro de los momentos tensos en el proceso de negociación con Odebrecht.
¿Para qué sirvió el acuerdo?
A cinco años de la firma del acta del acuerdo con la constructora brasileña, ya existe un expresidente sentenciado al amparo de la carga probatoria precisamente de este documento: el expresidente Alejandro Toledo fue condenado el pasado 21 de octubre a 20 años y 6 meses de prisión por sobornos y colusión en el caso de Interoceánica Sur. Convoca.pe fue el primer medio que reveló en 2015 los rastros de los pagos de sobornos que involucraban al ex mandatario en el tramo 4 de este megaproyecto que fue ejecutado por el consorcio liderado por Camargo Correa, otra constructora investigada en la operación Lava Jato.
Antes de la condena a Toledo, el 27 de junio de 2024 se dio la sentencia del caso conocido como “Bonos Soberanos”, una trama corrupta con la que el Gobierno Regional del Cusco emitió 177 millones de soles en bonos soberanos para pagar la deuda que mantenía con Odebrecht por la Vía de Evitamiento.
Hasta el momento, el Ministerio Público ha realizado 22 requerimientos acusatorios y nueve casos se encuentran en juicio oral. En el primer semestre del próximo año se espera además la sentencia por el caso Metro de Lima. Hasta el último 10 de diciembre, mil 123 personas y 104 compañías aparecen como investigadas por el caso Lava Jato.
Lo que hoy publicamos en Convoca.pe es el primer acuerdo de colaboración eficaz que firma el Estado peruano con una empresa. Desde ahora la ciudadanía podrá evaluar qué pudo haberse hecho mejor o no. Pero de lo que no existe duda, es que el Perú fue un escenario crucial de este entramado de corrupción donde, a pesar de las evidencias, hoy diversos representantes del poder político y corporativo que protagonizan esta historia siguen tejiendo sus redes de impunidad.
Fuente: Convoca.pe

Odebrecht causó S/1318 millones en daños patrimoniales al Estado en cuatro obras, según Contraloría

Obras

Interoceánica
Daños Patrimoniales S/699’182,516.76
Reparación Civil S/443’510,140
Metro de Lima
Daños Patrimoniales S/505’823,590.43
Reparación Civil S/132’337,653
Vía Evitamiento Cusco
Daños Patrimoniales S/71’615,251.67
Reparación Civil S/12’495,977
Costa Verde Callao
Daños Patrimoniales S/41’458,304.05
Reparación Civil S/21’440,288
TOTAL Daños Patrimoniales S/1,318’079,662.91
Reparación Civil S/609’784,058
Fuente: Contraloría General de la República.

Mariano González suscribió contrato ficticio con Odebrecht por 77 mil soles

Esto se dio a conocer luego de que Phillip Butters obtuvo el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa corrupta.
‘Combutters’ puso al descubierto el contrato ficticio que firmó el exministro de PPK y Pedro Castillo, Mariano González, con Odebrecht por el valor de S/77,777.77.
Esto se dio a conocer luego de que la Fiscalía le entregara el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron con la empresa corrupta tras el fallo a favor del Tribunal Constitucional (TC).
El contrato ficticio que firmó el también conocido ‘ministro del amor’ fue para poner en marcha la Vía Expresa del Cusco.
“Para ello, los hermanos Campusano Dulanto habrían solicitado una contraprestación económica entre el 0.4% y 0.6% del valor total de los Bonos Soberanos, pagos los mismos que se efectivizarían mediante la firma de contratos ficticios, por asesorías legales que firmarían los abogados Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Gustavo Adolfo Montecinos Atao y Cosme Mariano González Fernández con la empresa Odebrecht”, dictó el documento.
En la misiva también quedó registrado que, luego de lo celebrado, el Estado traspaso S/295’856,503.00 al Gobierno Regional del Cusco en el año 2014.

Aportes de Mariano González

Por esto, González Fernández recibió S/77,777.77 y al día siguiente aportó S/69,000.00 a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para elecciones de 2016.
“Finalmente, el traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco se realizó con fecha 30 de junio del año 2014 por el valor de S/295’856,503.00. Por último, Cosme Mariano González Fernández al día siguiente de haber recibido la suma de S/77,777.77 soles, realizó un aporte de S/69.000.00 a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski para las elecciones del 2016”, señalaron.
Ante lo evidenciado, Butters cuestionó que a pesar de lo evidenciado, el Ministerio Público no le haya realizado una imputación.
“A mí me extraña que después de esto, él no esté encausado. Esto tiene que ser imputado. Si tú prestas tu nombre por un contrato ficticio”, sentenció.
Fuente: Willax.tv

Guillermo Bermejo pretendía anular juicio oral por afiliación a organización terrorista

Legislador de Juntos por el Perú–Voces por el Perú había solicitado que se ordenara el sobreseimiento total y definitivo del proceso penal seguido en su contra.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente un habeas corpus presentado por el congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú–Voces por el Perú) para anular el juicio oral en su contra por el presunto delito de afiliación a una organización terrorista.
En el documento, el parlamentario solicitaba que se declare la nulidad de la resolución suprema emitida el 29 de diciembre de 2022 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante la cual declaró nula la sentencia del 31 de enero de 2022.
Asimismo, insistía en que, mediante la emisión de un precedente vinculante que realice un control de convencionalidad, se ordenara el sobreseimiento total y definitivo del proceso penal seguido en su contra.
En su resolución, el TC alegó que no se advierte que contra Guillermo Bermejo se haya dictado medida alguna que restrinja su derecho a la libertad personal al interior del proceso penal, con la cual se haya vulnerado el derecho al plazo razonable del proceso.
“Asimismo, se aprecia que la resolución suprema que declaró la nulidad de una sentencia absolutoria del beneficiario y cuya nulidad se pretende, en sí misma, no determina ni incide de manera negativa, concreta y directa en el derecho a la libertad personal”, aseveró.
Del mismo modo, recalcó que lo que corresponde es que el juzgador constitucional otorgue “determinado plazo prudencial” para que la judicatura penal resuelva la situación jurídica del legislador y no que ordene el sobreseimiento del proceso.
“Por consiguiente, la demanda debe ser declarada improcedentes en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 7, inciso 1, del Nuevo Código Procesal Constitucional”, sentenció.
Guillermo Bermejo y sus conexiones (Composición: El Comercio).

El caso

El congresista Guillermo Bermejo afronta un tercer juicio oral desde agosto del 2023, basado en testimonios de colaboradores eficaces que fueron parte de Sendero Luminoso que lo ubican en presuntas visitas a cabecillas de esta organización terrorista que siguen operando en el Vraem durante el 2009.
Si bien fue detenido en dos oportunidades por estas acusaciones, en el 2017 el Poder Judicial lo absolvió de la acusación, decisión que fue revertida por la Corte Suprema en el 2021 cuando ya era parte del Congreso elegido en las filas de Perú Libre.
El segundo juicio también concluyó con su absolución en enero del 2022 por la Segunda Sala Penal Superior Nacional Transitoria, pero ante un recurso de la fiscalía, la Corte Suprema nuevamente anuló esta decisión y ordenó el inicio del tercer proceso.
Fuente: Diario El Comercio.

Fiscalía ya entregó acuerdo secreto con Odebrecht: Phillip Butters y abogado Wilber Medina tienen más de 1,000 páginas

Se sabrá en qué condiciones Vela y Pérez perdonaron deuda de S/1,000 millones que Odebrecht (hoy Novonor) tenía con Sunat.
Por César Rojas– Diario EXPRESO.
“La Fiscalía, en cumplimiento de la STC 2901-2024-HD/TC, acaba de entregarnos una copia del Acuerdo de Colaboración Eficaz (1,097 folios). Lo revisaremos e inmediatamente lo publicaremos para que todos los peruanos conozcan su contenido”, anunció el abogado Wilber Medina, respecto al convenio entre el Equipo Lava Jato y Novonor (ex-Odebrecht).
De esta manera, el habeas data de Phillip Butters daría paso a revelaciones sobre cómo delincuentes brasileños lograron que Rafael Vela, José Pérez y el exprocurador Jorge Ramírez los liberaran de toda condena efectiva.
Supuestamente, esto se hizo a cambio de información clave y una reparación civil de 610 millones de soles (sin contar intereses), pagadera en quince años. Este acuerdo ha sido duramente criticado por amplios sectores de la población.
La travesía de Butters y Medina hasta este punto estuvo llena de anécdotas. En 2019, el gobierno de Martín Vizcarra y sus operadores mediáticos incluso sugirieron que el conductor de Willax podría ir a prisión por no respetar la reserva del acuerdo.
Posteriormente, el habeas data fue rechazado reiteradamente por jueces que protegían el secretismo en torno a la empresa más corrupta en la historia del Perú. Incluso el polémico magistrado Oswaldo Ordóñez votó contra la transparencia.

Ollanta Humala y Nadine Heredia a la salida de la sala de audiencias de su juicio por el Caso Odebrecht. Foto: GEC / César Bueno.

TC rechaza pedido para descartar agendas como prueba en juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Los abogados de la ex pareja presidencial pidieron que se anulen las agendas en el proceso por presuntos aportes ilícitos.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso que presentaron Ollanta Humala y Nadine Heredia para que se descarten como pruebas en el juicio en su contra por presunto lavado de activos las agendas de la ex primera dama en las cuales se registraron supuestos pagos con fondos ilegales durante la campaña presidencial del 2011.
El Comercio tuvo acceso al fallo por mayoría que fue emitido el pasado 21 de noviembre, donde se declara infundada la demanda de agravio constitucional que presentaron los abogados de la ex pareja presidencial contra las decisiones judiciales y constitucionales que, entre el 2021 y 2022, rechazaron sus intentos de retirar las agendas de Heredia del juicio.
Entre sus principales argumentos, los tribunos señalaron que no se podían pronunciar sobre una supuesta ilegalidad en las pruebas cuando eso corresponde hacerlo al Poder Judicial en una sentencia que todavía está en trámite.
“Este Tribunal Constitucional considera que es prematuro cuestionar los medios probatorios alegados por los demandantes, porque todavía existe un proceso penal en curso, en el que se va a tramitar un juicio oral con la posibilidad de contradecir los medios probatorios admitidos”, se lee en la sentencia.
Por esto, señalan que en su fallo será el órgano jurisdiccional el que sustente las razones de su decisión, y recién ahí se podrá verificar si las agendas de Nadine Heredia fueron decisivas.
En sus demandas, Humala y Heredia cuestionan que se usen la agendas porque aseguran que fueron sustraídas de manera irregular, por lo que piden rechazar las decisiones para admitirlas como pruebas tomadas por el juez Richard Concepción Carhuancho y luego los jueces de apelaciones y del sistema constitucional que no les dieron la razón.
Ambos consideran que hay una supuesta vulneración a los derechos de inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, y a la intimidad personal y familiar, así como a la prueba, entre otros.
Los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la resolución por mayoría fueron su presidenta, Luz Pacheco, junto a Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández.
Los votos singulares que respaldaron la decisión de declarar infundada la demanda pero por argumentos diferentes fueron de Helder Domínguez, César Ochoa y Manuel Monteagudo.
Fuente: Diario El Comercio.

Nicolás Hermoza Ríos fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. (Foto: GEC)

Tribunal Constitucional ordena liberación del exgeneral EP Nicolás Hermoza Ríos

En su resolución, declaró fundada la demanda de habeas corpus debido a los problemas de salud del exmilitar (demencia senil, enfermedad de Parkinson, entre otros).

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación de Nicolás Hermoza Ríos, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), por padecer problemas de salud.
De este modo, declaró fundada la demanda de habeas corpus “en relación con el derecho a la dignidad humana y el fin constitucional de las penas” presentada por la defensa legal del militar en retiro.
En su resolución, consideró que mantener privado de su libertad al exmilitar, pese a padecer demencia senil, enfermedad de Parkinson, entre otros males, “constituye una afectación de su derecho a la dignidad, pues no tiene sentido alguno el cumplimiento de una condena cuando el sentenciado ni siquiera es consciente de ello”.
“Mantenerlo privado de su libertad en esas condiciones implica desconocer su dignidad como ser humano y cosificarlo con el ánimo de hacerlo cumplir una condena que no logrará su finalidad”, manifestó.
No obstante, declaró improcedente el pedido de la defensa del exmilitar para declarar la extinción de la pena, pues el grave deterioro de la salud física y mental del condenado no constituye una de las causales recogidas por el artículo 85 del Código Penal.
Asimismo, el tribunal remarcó que, independientemente de la libertad anticipada del condenado, la reparación civil es una obligación de la cual el beneficiario no puede eximirse. “En ese sentido, aun cuando se conceda su libertad anticipada, subsiste la obligación del pago de la reparación”, enfatizó.
También declaró infundada la demanda en relación con la vulneración de los derechos a la salud, a la atención médica especializada y el deber de cuidado, vigilancia y control como obligación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Finalmente, el TC exhortó al Congreso para que, al ejercer sus atribuciones, tenga en cuenta las situaciones sobrevenidas a la imposición de la condena que supongan la imposibilidad del cumplimiento de los fines constitucionales de la pena.
Cabe indicar que en noviembre pasado la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria aprobó el sobreseimiento de Hermoza Ríos por el asesinato de seis comuneros de la pampa de San José de Pativilca y Caraqueño, en Barranca (Lima), en 1992, por motivos de salud.
El exmilitar cumplía una condena de 25 años de prisión a por la matanza de Barrios Altos, las desapariciones del Santa y el asesinato del periodista Pedro Yauri.
Hermoza Ríos lleva en prisión 18 años por asesinato y asociación ilícita para delinquir, 22 por el delito de desaparición forzada, 19 por desaparición forzada y homicidio calificado, y 15 por el delito de colusión, entre otras once condenas.
Fuente: Diario El Comercio.El TC falló a favor de la liberación del general en retiro Juan Rivero Lazo, sentenciado por casos “La Cantuta” y “Caraqueño-Pativilca”. (Foto: TC)

TC ordena la liberación del general EP (r) Juan Rivero Lazo

El general en retiro fue condenado con otros miembros del Grupo Colina pero presentó una demanda de amparo ante el TC.

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación del general en retiro del Ejército Juan Rivero Lazo, condenado por los casos “La Cantuta” y “Caraqueño-Pativilca”, al fallar de manera favorable en parte la demanda que había presentado para anular los procesos en su contra.
El fallo al cual tuvo acceso El Comercio admitió la demanda de amparo del exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dinte) en el sentido de que se modifique el cómputo del inicio y el fin de las penas impuestas contra el militar en retiro.
“En consecuencia, declarar como inicio de su privación de libertad el 16 de diciembre de 1993 y; en tal sentido, disponer la inmediata libertad del actos por cumplimiento de pena”, señala el texto.
Sin embargo, el fallo rechazó la parte de la demanda que exigía que se archiven los procesos judiciales en su contra por los cuales fue condenado en el Poder Judicial.
Rivero Lazo y otros miembros del Grupo Colina fueron procesados por delitos de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía y desaparición forzada que se perpetraron en 1992, primero contra comuneros del poblado Pampa San José Caraqueño, en Pativilca, Barranca; y luego contra los estudiantes de la Universidad La Cantuta.
La Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria condenó a fines de noviembre a 18 años de prisión a Santiago Martín Rivas por los casos Pativilca y La Cantuta. En la misma sentencia, Rivero Lazo fue sentenciado a 20 años de cárcel, mientras que los exagentes del grupo Colina Martín Pichilingue y Julio Chuqui recibieron 18 y 15 años de prisión, respectivamente.
Cabe recordar que, en enero de este año, el colegiado encabezado por la jueza Miluska Cano condenó a Vladimiro Montesinos a 19 años y 8 meses de prisión por ambos casos luego que se acogiera a la figura de conclusión anticipada y reconociera los delitos que se le imputaban
Otros miembros del Grupo Colina que se acogieron a este beneficio y recibieron entre 14 y 17 años de prisión fueron Jesús Sosa Saavedra, Fernando Lecca Esquén, Gabriel Vera Navarrete y Wilmer Yarlequé Ordinola.
Fuente: Diario El Comercio.

TC declara infundada demanda para incorporar a Martín Vizcarra como congresista

Vizcarra postuló al Parlamento para el periodo 2021-2026 y ganó una curul, pero no pudo asumir el cargo por estar inhabilitado hasta por 10 años para ejercer cargos públicos.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo que presentó el vacado expresidente Martín Vizcarra para incorporarse al Congreso.
Como se recuerda, Vizcarra postuló al Parlamento para el periodo 2021-2026 y ganó una curul como el candidato más votado a escala nacional.
Sin embargo, no pudo asumir el cargo por estar inhabilitado hasta por 10 años para ejercer cargos públicos por decisión del propio Legislativo.
Una de las inhabilitaciones de Martín Vizcarra es por haberse vacunado de manera clandestina con dosis anticovid de Sinopharm y la otra es por no haber renunciado al cargo de miembro del directorio y gerente de operaciones de la empresa CyM Vizcarra tras asumir como ministro de Transportes y Comunicaciones en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Fuente: Altavoz.pe

Patricia Benavides: Tribunal Constitucional declara fundado recurso de queja de la exfiscal de la Nación

Además, ordenó al Poder Judicial concederle el recurso de agravio constitucional que previamente había sido rechazado.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un recurso de queja, mediante el que Patricia Benavides busca que su recurso de amparo presentado contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sea revisado por el TC.
El recurso de amparo buscaba anular la destitución como fiscal suprema y exfiscal de la Nación, que le fue impuesta por la JNJ. Inicialmente, el amparo fue interpuesto ante el Poder Judicial, que rechazó su pretensión.
Por lo cual, interpuso una recurso de “agravio constitucional” ante la Sala Constitucional del PJ, de segunda instancia, que analizó su amparo. Sin embargo, dicho colegiado rechazó dicho mecanismo.
Con el recurso de agravio constitucional buscaba que su caso llegue al TC, a fin de que se revise el fondo de su demanda de amparo.
Ahora, con la resolución del TC, se ordenó que el PJ le conceda el recurso de agravio constitucional y le remita el expediente para revisar el amparo interpuesto por Benavides Vargas.
El 22 de mayo, el pleno de la JNJ destituyó a Patricia Benavides por haber cometido faltas graves en su desempeño. Entre las razones, se le atribuyó haber removido fiscales de casos emblemáticos y por interferir en la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas.
Además, se acreditó su separación de la fiscal Bersabeth Felicitas  Revilla Corrales sin justificación adecuada y de manera degradante. También se le acusó de favorecer a Miguel Vegas Vaccaro al designarlo fiscal adjunto supremo provisional, a pesar de sus sanciones disciplinarias previas.
Patricia Benavides también está siendo investigada por presunta organización criminal y por varios delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible, en los que se le señala de haber favorecido intereses ajenos al Estado.
Fuente: Diario El Comercio.

Caso Cócteles: Tribunal Constitucional ordena rehacer acusación contra José Chlimper

El TC ordena formular una nueva que respete el principio de congruencia.

El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que anula parcialmente la acusación fiscal contra José Chlimper Ackerman en el marco del Caso Cócteles.
La resolución argumenta que existen incongruencias entre la investigación preparatoria y el requerimiento acusatorio presentado contra Chlimper, lo que, según el TC, vulnera su derecho a la defensa.
En la demanda, Chlimper denunció que durante la investigación preparatoria no se le informó de manera detallada y oportuna sobre los cargos que posteriormente se incluyeron en el requerimiento acusatorio, lo que contraviene el principio de congruencia.
Además, el TC declaró nula tanto la acusación fiscal del 11 de marzo de 2021 como la Resolución 28 del 18 de abril de 2022, que había validado dicha acusación.
El TC ordena que se elabore una nueva acusación fiscal que respete el principio de congruencia entre los hechos investigados y los cargos presentados.
Fuente: Diario El Comercio.