El Ejecutivo decidió finalizar la concesión del gasoducto del sur debido a que el consorcio de nombre homónimo, integrado por las compañías Odebrecht, Enagás, y Graña y Montero, no cumplió con demostrar que tiene el financiamiento necesario para la realización de la megaobra.
Ante el suceso, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se mostró enfático al referir, a través de su cuenta de Twitter, que ya ha ordenado que se cumplan las cláusulas del contrato.En ese sentido, manifestó que se cobrará una carta fianza de US$262 millones que había presentado el consorcio en garantía por el proyecto, el mismo que está valorado en unos US$7,000 millones.
“He ordenado que se ejecute la penalidad de US$262 millones al consorcio del gasoducto del sur, liderado por Odebrecht”, refirió PPK.Según el contrato del gasoducto del sur, firmado el 23 de julio del 2014, el consorcio tenía 30 meses para atraer a bancos que apalancaran los US$4,125 millones que vale el proyecto.
La imposibilidad de lograr el cierre financiero dentro del plazo contractual, ocasionó que se ejecuten los trámites del proceso de devolución de la concesión.
Asimismo, el titular de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, reveló que hay varios inversionistas internacionales interesados en tomar la megaobra del gasoducto del sur.
Fuente: Diario El Comercio.

Propinas por mermelada

Como es público, en el año 2014, Odebrecht fue un auspiciador de los Premios Nacionales de Periodismo, que entregan el IPYS y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El monto recibido por el IPYS para el lanzamiento y organización del premio en 2014 y parte del 2015, es de US$ 220,150. El convenio entre el IPYS y la empresa que circula en redes,  y que está tomado de nuestra página web, corresponde a un acuerdo por dos años, rescindido en junio del  2015, rescisión que fue publicada en su momento, ante las evidencias de corrupción de la empresa aparecidas en Brasil.
A partir de junio de 2015 y hasta hoy, los Premios son auspiciados por otras empresas e instituciones, conforme puede apreciarse en  la web de esta actividad. Ninguno de estos auspicios comprometió la orientación de los premios ni la independencia del IPYS en el cumplimiento de su misión.
Fuente: Comunicado YPIS.

Odebrecht también “donaba” para “premiar” al periodismo

Por Luis Garcia Miró Elguera– Diario Expreso

El calado de la podredumbre odebrechtiana alcanza cotas inimaginables hasta hace poco. Hoy conocemos, entre otras cosas, que los moralinos de ayer son los corruptos de hoy. Los sumos sacerdotes de la ética en épocas del fujimorismo ahora se han convertido en una partida de corruptos sinvergüenzas marcados por la billetera de las constructoras brasileras. No nos referimos a simples firmas edificadoras. Hablamos de una mega organización criminal constituida a manera de escuadra imperial por el clan socialista del Partido de los Trabajadores de Brasil. ¿El objetivo? Hacerse de Latinoamérica vía la penetración –firmemente crematística- de un clan de sociedades politizadas con intereses en el gremio de la construcción. Entidades que actuaban como marionetas del clan izquierdista Lula Sociedad Anónima, colocando y sacando a presidentes; promoviendo o liquidando a partidos políticos; hundiendo o favoreciendo financieramente a medios de comunicación, así como a “periodistas” y politólogos que fungían de catones en estos países. Estas empresas, a cambio de ganar licitaciones de mega obras América Latina y África, untaban a los candidatos rojos –como Ollanta Humala en el Perú- para que, ya una vez instalados en el poder, se comprometieran a devolverles –con intereses, moras y multas- los fondos con los cuales financiaron sus campañas electorales. Dichas devoluciones se efectuaban a través de las canonjías económicas con las cuales los estados solventaban unos monumentales proyectos de infraestructura ni remotamente imaginados en los planes de desarrollo de sus países. Para ejecutar tales planes, las constructoras brasileñas se presentaban en estos lares como promotoras de “grandes obras de infraestructura de interés nacional”, tanto mediante el sistema de asociaciones público-privadas como a través de concesiones. Todas aprobadas y adjudicadas obviamente a dedo por los corrompidos gobernantes, mafiosamente comprometidos tras recibir “ayuda” de los brasileros para sufragar sus gastos electorales. Hablamos entonces de proyectos que, en rigor, configuraban obras faraónicas desde las cuales llenaban sus bolsillos las constructoras brasileras digitadas por el corrupto lulismo. Proyectos licitados a precios viles, aunque sujetos a modelos de negocio adecuados a sus intereses, concebidos para eliminar a la competencia a sabiendas de que, más adelante, esos valores serían alterados mediante enmiendas aprobadas por los gobiernos elegidos con dinero negro obtenido de las edificadoras brasileñas. No obstante, al final del día todos estos recursos resulta que salían de las arcas fiscales estatales, vía presupuestos inflados y contratos “renegociados”.
¿Cómo pudo haberse escondido tanta miseria, tanta putrefacción durante tantísimo tiempo? Solamente en complicidad con la llamada gran prensa. Ahora ya se sabe que la corrupta Odebrecht tenía “comprometidos” a determinados grupos mediáticos, a ciertos “gremios” periodísticos y hasta a algunos gacetilleros que actuaban como francotiradores suyos trajeados de catones de la honorabilidad. La lista irá saliendo poco a poco. Ya circula un contrato firmado entre el inefable Ipys –Instituto Prensa y Sociedad- y Odebrecht, mediante el cual ésta última “donaba” centenares de miles de dólares para “premiar” a “periodistas”. ¿Quiénes conforman Ipys? Entre otros, Augusto Álvarez Rodrich, Diego García Sayán, Guido Lombardi, José Carlos Ugaz Sánchez-Moreno, Rosa María Palacios, Carlos Basombrío. Qué tal fariseísmo.

Barata será el Matilde Pinchi de Odebrecht

Por César Romero- Diario La República.
Jorge Simões Barata, el ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest en el Perú, lo va a contar todo. Puede que en este mismo momento ya esté declarando ante el fiscal supraprovincial Hamilton Castro Trigoso o que lo haga en los siguientes días.
Barata se ha convertido en aspirante a la ley de colaboración con la justicia. Según el diario Stadao de Sao Paulo, él es uno de los 77 directivos de Odebrecht que se han acogido a la delación premiada en Brasil.
Ahora también hablará en el Perú, tal como lo hizo el 2001 Matilde Pinchi, contará todos los detalles de los sobornos, y no será el único. Otros directivos de la Constructora brasileña que han trabajado en el Perú harán lo mismo. En todas las investigaciones en curso o por iniciarse donde la constructora tenga información que los fiscales consideren relevante.

Acuerdo preliminar

La colaboración de los ejecutivos de Odebrecht en las investigaciones forma parte del acuerdo preliminar que la constructora brasileña firmó con el fiscal Hamilton Castro.
A esto se refería el actual director de Odebrecht Perú, Mauricio Cruz, cuando el 7 de enero, en una entrevista con La República afirmó: “La empresa va a entregar información a través de una o más personas que van a declarar”.
Este es uno de los motivos por los que el fiscal Hamilton Castro mantiene en reserva ese documento. Ni el fiscal de la Nación conoce su contenido. Allí estarían los nombres de los colaboradores eficaces.
Otros directivos de la constructora que podrían estar en esta lista son Marco Cruz, el antecesor de Barata en el Perú. Cruz era hasta hace poco el encargado de los negocios de la empresa en América Latina, con responsabilidad en República Dominicana y Angola. Además, Sergio Luiz Neves o Hilberto Silva, del sector de operaciones estructuras, así como cualquier otro funcionario que sea requerido en alguna investigación. El fiscal Castro avanza en silencio, ignorando las críticas.

Pruebas

No solo será una parte de la historia. Los colaboradores entregarán las pruebas documentales: transferencias bancarias, correos electrónicos, números de cuentas, nombres de las cafeterías en que se realizaron las reuniones de coordinación, etc. Es decir, “cualquier documento o registro” que sea necesario para respaldar la versión del “colaborador eficaz” e identificar plenamente a los funcionarios comprometidos en los sobornos.
La caída de Edwin Luyo Barrientos y de Jorge Cuba Hidalgo formaría parte de la colaboración eficaz de Barata. El ex director ejecutivo de Odebrecht está dispuesto a contar todo lo que sucedió en el Perú desde el 2001 hasta el 2016. Es decir, se amplía el marco temporal que aparece en el acuerdo tripartito que la constructora brasileña firmó con Estados Unidos, Suiza y Brasil: 2005-2014.
Esto también puede suponer que se incrementa el monto total de los sobornos pagados en el Perú, que hasta hoy es de tan solo 29 millones de dólares.

Al detalle

El ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest contará en qué obras tuvieron que pagar sobornos, quién solicitó el pago, cuál es el nombre del intermediario y de los funcionarios que recibieron los pagos, así como el modo como se pagó. También las cuentas bancarias y offshore que se utilizaron, las fechas y horas de las reuniones de coordinación, en qué lugares sucedieron, quiénes participaron, qué se habló en cada oportunidad y lo que los socios peruanos sabían.
Barata revelará también cómo se dieron los pagos por más de 20 millones de dólares por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur entre el 2005 al 2008, fines del gobierno de Alejandro Toledo y parte del de Alan García y por qué aparece una cuenta de Josef Maiman con estos pagos.
Además, dará cuenta de los más de ocho millones de dólares pagados por los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima, desde el 2009 al 2014, a funcionarios del gobierno de Alan García y deberá explicar por qué tuvieron que pagar pese a sus continúas reuniones con García e incluso después del cambio de gobierno. También hablará de los subcontratos sobrevalorados y dirá de dónde salió el dinero para financiar los sobornos; es decir, parte de la red financiera secreta o caja 2 de Odebrecht en el Perú, que pasó por Guillermo Monteverde Bussalleu.
Jorge Barata estaría dispuesto a hablar, si se lo piden, de los aportes a las campañas electorales, a partidos y políticos individuales en elecciones presidenciales, regionales y municipales. Odebrecht no consideraría estas ayudas económicas como parte de los sobornos en el Perú, al estimar que no hubo una relación directa con contratos de obras públicas.
Los funcionarios de la constructora no vendrían al Perú a declarar. Algunos tienen orden de arraigo en Brasil y otros habrían recibido amenazas en Lima, luego de que se reveló el acuerdo firmado en EEUU. Los fiscales tendrán que viajar.

Requena del Tapiche es conocida también como la Atenas del Ucayali, por haber sido el primer lugar de la Capitanía General de Maynas en contar con escuelas y academias de muy alto prestigio. Requena es una ciudad de la amazonia peruana, capital del distrito y la provincia homónima. Es la tercera ciudad más grande de la región Loreto. Fue fundada por el Padre Agustín López Pardo OFM (1872-1946). Esta rodeada por dos ríos: el Tapiche y el Ucayali; y una quebrada, que cruza la ciudad, constantemente visitada por las aguas frías de su cauce.
Cuenta con un gran movimiento comercial y turístico. En el centro se encuentra la plaza de armas y su catedral muy parecida a la de Iquitos. La cultura de la ciudad se encuentra muy arraigada con los pueblos originarios de la zona como los cocama y matses,  con influencia de la idiosincrasia brasilera por su cercanía con ese país. Durante la República contó con varios colegios emblemáticos e internados administrados por los Padres Franciscanos.
Fuente:  J. L. del Río Sadornil, Labor misionera y cultural del padre Agustín López Pardo en la Amazonía peruana: la fundación de Requena, tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia de América I, 1990-1991; http://www.viajeros.com/ fotos/requena-peru/25960..

El periodista Gustavo Gorriti informó que el Estado perdió un total de 35 de los 42 arbitrajes que disputó contra Odebrecht por controversias en diferentes proyectos de infraestructura que desarrolló en nuestro país.
Y por ello debió pagar a la compañía brasileña US$ 250 millones.
En contraparte, en los 7 arbitrajes que ganó Perú, no se requirió de ningún pago al Estado de parte de Odebrecht.
“Odebrecht no le pagó ningún centavo al Estado. Había una acumulación obsena de sobrecostos en los proyectos ¿Por qué razón no había ninguna reacción (de nuestras autoridades)?”, criticó.
El director de IDL-Reporteros refirió que ello muestra un patrón de conducta anormal del Estado respecto a Odebrecht.
“En todos estos años Odebrecht fue el principal contratista del Estado. ¿Por qué no hubo antes interés de investigar? ¿Por qué ahora empieza la acción (de Perú) para las plateas en momentos que es un escándalo que ha venido desde afuera y se decidirá también desde afuera?”, subrayó Gorriti.
En esa línea, refirió que la Fiscalía peruana actúa lenta y cautelosa, sobre todo si se compara con el accionar en Brasil.
“Mi impresión es que el fiscal Pablo Sánchez es una persona honesta, pero lenta y formalista”, apuntó.

Delaciones claves

El periodista refirió que las declaraciones de Jorge Barata y Sergio Neves serán claves para avanzar en las investigaciones en el Perú.
No obstante, señaló que uno de los errores de la Fiscalía fue permitir que Barata salga del país en diciembre pasado.
“Si hubiera sido arraigado (en el Perú), en este momento él y los fiscales brasileños tendrían mucho interés en acelerar su confesión para poder incorporarlo en el esquema corporativo. El Perú hubiera tenido mucha mejor capacidad de negociación”, anotó.
Gorriti agregó que toda lo información del caso Odebrecht es de algo más de 5 terabytes, mientras que la de Panama Papers es algo más de 2 terabytes.
Fuente: Diario Gestión.

Edwin Luyo Barrientos, ex presidente del comité de la licitación de la LÍNEA 1 del Metro de Lima sindicado de haber recibido sobornos de Odebrecht.

La danza recién comienza

A inicios de esta semana el fiscal anticorrupción Hamilton Castro recibió valiosa información de la empresa Odebrecht como consecuencia del acuerdo preliminar firmado el 4 de enero.
Las evidencias ofrecidas por la empresa brasileña dieron sus primeros resultados y el viernes 20 se ordenó la detención preliminar de dos funcionarios del segundo gobierno aprista y el allanamiento de siete viviendas.
Edwin Luyo Barrientos, ex presidente del Comité de Licitaciones de la Línea 1 del Metro de Lima fue detenido en la Avenida San Martín # 250, Pueblo Libre. Agentes de la policía judicial realizaron el seguimiento de Luyo Barrientos, desde el martes 17 en tres puntos de la capital. Con Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de comunicaciones, quien domicilia en la Avenida Javier Prado Oeste # 1445, Departamento 502, San Isidro, no ocurrió lo mismo. Se encuentra en los Estados Unidos desde el mes diciembre último, según su reporte migratorio.Prófugo Jorge Cuba Hidalgo, ex viceministro de comunicaciones y Enrique Cornejo, exministro de transportes y comunicaciones.
La información obtenida por el fiscal Castro, permitió argumentar que Cuba Hidalgo ofreció en 2009 ayudar a la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú en la adjudicación de los contratos de la Línea 1, tramos 1 y 2, del Metro de Lima, favoreciéndolos en la evaluación por parte del Comité Especial. Esa ayuda tenía un precio: el pago de US$8.1 millones de dólares. Para la Línea 1, tramo 1, la empresa debía realizar el pago de US $ 1.4 millones, mientras que para el tramo 2 el pago sería de US $ 6.7 millones. Luyo Barrientos era uno de los miembros del Comité Especial, actualmente detenido a pedido de la Fiscalía.
El despacho de Hamilton Castro permitió identificar pagos en el año 2013, por medio de cuentas de un Banco de Andorra dirigidas a empresas offshore. Los pagos ilícitos a los malos funcionarios se realizaron a través de transferencias parciales, conforme a los avances de la obra y culminados con la liquidación de la misma. Dentro de la información  incautada en los siete allanamientos realizados durante la madrugada se ha podido vincular a Luyo Barrientos con estos pagos. También se sospecha que este monto no fue solo para ambos funcionarios y habría otros implicados.
El ministro del interior Carlos Basombrío está evaluando poner a Jorge Cuba en la lista de los más buscados, poniéndole precio a su captura.
Fuente: Revista CARETAS.

Lima tiene mil rostros, pero predomina su pasado con sus casonas coloniales, conventos, plazas y monumentos, símbolos de su añeja e hidalga tradición. Nuestra capital, llamada también la Ciudad de los Reyes, tiene historia en cada una de sus calles.
Se dice que el español Francisco Pizarro, fundador de Lima, impuso el nombre de Ciudad de los Reyes porque coincidió con la fecha en la que los Reyes Magos encaminaron a Belén. También existe la hipótesis de que se llama así en honor al emperador Carlos V de Austria y I de España.
“Cuando Pizarro decidió fundar la nueva capital para el gobierno que se iba a implantar en estas tierras, eligió originalmente a Jauja. Sin embargo, luego buscó una tierra cercana al mar. Esta búsqueda se hizo en enero. El 6 de este mes, salieron emisarios desde Pachacámac que luego de unos días de viaje descubrieron un verde y fértil valle al lado del mar: el valle del Rímac, donde funda la Ciudad de los Reyes. El nombre se debe a la fiesta de Bajada de Reyes o Epifanía”, explica el historiador David Pino.
Lima fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur. Hoy es el centro político, cultural, financiero y comercial del país, con más de 10 millones de habitantes y 43 distritos.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Por Francisco Morales Bermúdez- Diario El Comercio.
El lunes 10 de agosto del 2015 se publicó en este Diario una crónica titulada: “Manuel Contreras, el criminal que no se arrepintió”, en la que se expresa: “Contreras también participó en la creación de la Operación Cóndor, una alianza para la captura y eliminación de izquierdistas por los servicios de inteligencia de las dictaduras de América del Sur que extendió sus redes por Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y el Perú”.
Como gobernante del Perú de 1975 a 1980, debo exponer que nuestro país no formó parte de la denominada Operación Cóndor. Países como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil la conformaron en las décadas de 1970 y 1980 con la finalidad de eliminar elementos subversivos que buscaban sacar del poder a los gobiernos militares. El Plan Cóndor fue una realidad que la historia muestra con crudeza, pues se cometieron, de forma sistemática, delitos como desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, para asegurar la permanencia en el poder de mandos militares. En cambio, las características del gobierno militar del Perú eran muy distintas a las de los gobiernos cuyos países pertenecieron a dicho plan. La Segunda Fase del gobierno militar peruano se caracterizó, con errores, omisiones y rectificaciones, por orientarse decididamente y de manera programática a volver a la democracia. Por ello, existió una distancia diametralmente opuesta entre el Gobierno del Perú y aquellos mencionados regímenes del cono sur.
Existen diversos elementos probatorios que expresan con certeza que el Perú no formó parte del denominado Plan Cóndor. A continuación, expongo algunos de ellos:
Primero: el libro “Operación Cóndor. El vuelo de la muerte”, de Francisco Martorell, publicado en Chile en 1999, expresa: “En setiembre de 1996 el Gobierno de los Estados Unidos descalificó documentos relacionados con el Plan Cóndor y se supo que la CIA, ya en 1976, sabía de la existencia de esta coordinación de los organismos represivos de su patio trasero. Para la agencia norteamericana, en ese momento, Chile era el centro de la Operación Cóndor y esta incluía a Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay”. No se menciona al Perú. En las páginas 60 y 61 del libro se refiere una relación de nombres de diversos militares de nacionalidad argentina, uruguaya y chilena, que estaban siendo capacitados para ejecutar el Plan Cóndor. Ningún militar peruano es mencionado.
Segundo: la obra “Los años del Cóndor: cómo Pinochet y sus aliados trajeron el terrorismo a tres continentes”, publicada por The New Press en el 2004, grafica el acuerdo secreto Operación Cóndor realizado entre las dictaduras de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Chile. El Perú no es mencionado como parte de este.
Tercero: el libro “El alma de los verdugos”, del juez Baltasar Garzón y del periodista Vicente Romero, plasma las investigaciones realizadas por los autores sobre las atrocidades cometidas por el gobierno militar argentino. En la descripción y exposición de la obra nunca se menciona al Perú como integrante del Plan Cóndor, incluso teniendo en cuenta que Garzón visitó Lima en dos oportunidades para investigar acerca de los montoneros argentinos de origen italiano que ingresaron con documentos falsos al país cuando ya se habían producido las elecciones políticas generales en 1980 (y que fueron extrañados por el gobierno militar a Bolivia cuando en este país ejercía un gobierno democrático la señora Lidia Gueiler).
Cuarto: la sentencia “Guillamondegui, Néstor Horacio y otros, sobre privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tormentos y homicidio calificado”, emitida por la Corte Suprema argentina en mayo del 2011 expresa: “Estos hechos fueron cometidos dentro de las operaciones del denominado Plan Cóndor, conformado por Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, contando con información brindada por Brasil con la finalidad de eliminar elementos subversivos”. No se menciona al Perú.
Quinto: la sentencia “Caso Gelman versus Uruguay”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero del 2011 refiere la detención ilegal y arbitraria, tortura y desaparición forzada cometida por agentes estatales paraguayos a partir de 1973. En la página 23 de la sentencia se menciona que la Operación Cóndor fue formada por las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. No incluye al Perú dentro del plan.
Sexto: en la página 1044 de la última sentencia dictada contra Rafael Videla en Argentina, se recuerda a los integrantes del Plan Cóndor, entre los que destacan Argentina, Uruguay y Chile. No se hace referencia al Perú, ni a su gobierno.
Asimismo, en una entrevista de El Comercio, el 12 de agosto del 2014, el filósofo Alejandro Piscitelli expresa: “La primera vez que vine al Perú fue en 1977. En esa época era un refugio de argentinos, uruguayos y chilenos que eran víctimas de la dictadura”. Fácil es deducir que la versión del señor Piscitelli no se hubiere podido dar si el Perú hubiese formado parte del Plan Cóndor.
Como conclusión, podemos afirmar enfáticamente que los mencionados elementos probatorios confirman el hecho de que el Perú, de 1976 a 1980, no formó parte del Plan Cóndor. En aquellos años, el gobierno militar del Perú estaba empeñado en conducir al país al sistema democrático, retirándose del poder. Contrariamente, los gobiernos militares de los países que integraban el Plan Cóndor luchaban por mantenerse dictatorialmente en el cargo.

El conflicto social generado por los peajes en Puente Piedra tuvo su origen en la gestión de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán y con personas vinculadas a este caso como la actual congresista Marisa Glave.
“Indudablemente, los acuerdos con Odebrecht fueron realizados con la señora Villarán. En esa gestión había muchos líderes del hoy Frente Amplio y creo que es importante que las responsabilidades por todas esas ganancias que tiene Odebrecht se esclarezcan y que deben investigarse. No se pueden quedar ahí no más”, comentó Octavio Salazar.
Fuente: Diario Expreso.

Proyecto OH

El importe del dinero figura en una planilla que era manejada por el exministro brasileño de Hacienda Antonio Palocci, conocido en su partido como ‘Italiano’. Ese documento fue encontrado en un correo del área de sobornos de Odebrecht, conocida como Operaciones Estructuradas.
En ese documento aparece el importe de 3 millones de dólares junto a la frase “Proyecto OH” que se presume se refiere a las iniciales del expresidente Ollanta Humala. Según los diarios brasileños este tema fue abordado por los ejecutivos de Odebrecht en el acuerdo de delación firmado con las autoridades brasileñas en el caso Lava Jato.

Las agendas de Nadine

Folha de Sao Paulo recuerda que apuntes del 2010 y el 2011 en las agendas de Nadine Heredia muestran cifras junto al nombre de ‘Marcelo’, quien en hipótesis de la fiscalía no sería otro que Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora
“Marcelo, 21 de mayo + $30,000. Marcelo, 24 de julio + $30,000. Marcelo 23 de julio + $30,000. Marcelo 10 de enero de 2011 + $70,000”, es uno de los registros de la agenda citada por el medio.
El diario también hace mención a una reunión en el 2010 entre Ollanta Humala y Jorge Barata, quien hasta hace poco fue el representante de Odebrecht en el Perú.
Fuentes: Radio Programas del Perú, Revista CARETAS y www.institutolula.org

La historia de Europa se refiere al conjunto de sucesos relativos al continente europeo, desde que fue poblado por los primeros seres humanos hasta la actualidad.
El Homo sapiens habría aparecido hace unos 130,000 años en África, según la opinión científica mayoritaria. La llegada del Homo sapiens a Europa podría haberse dado desde el Cercano Oriente a Europa, donde se asentaron entre 40,000 y 25,000 a. C. (Paleolítico Superior).
La Antigüedad clásica está dominada por el influjo de la civilización greco-latina sobre el resto de Europa. La fragmentación política de Europa y los sucesivos intentos forzados de unificación sumieron al continente en numerosos conflictos y guerras durante la Edad Media, como la Guerra de los Cien Años (que duró más de un siglo).La Edad Moderna marca para Europa el inicio de procesos que mucho después darán lugar a la globalización, y es el tiempo en el que los conflictos bélicos se hicieron cada vez más desastrosos, como la llamada guerra de los Treinta Años. Los procesos económicos y el desarrollo científico y tecnológico se aceleraron en desmedro de otros continentes de manera mucho más notoria durante la Edad Contemporánea, produciendo tensiones por competencias que desencadenaron más guerras (como las guerras Napoleónicas y las guerras mundiales). En el siglo XXI los procesos de unificación se procuran pacíficamente, tal es el caso de la formación de la Unión Europea, si bien no exenta de avances y retrocesos.
Fuente: Wikipedia.

Por César Romero– Diario La República.
Amigo y consejero del ex presidente Alejandro Toledo. Presunto ex agente del Mossad israelí. Cónsul del Perú en Tel Aviv y Jerusalén de 1984 hasta el 2015. La carta de presentación del empresario Josef Arieh Maiman Rapaport es impresionante. También lo son los más de 20 millones de dólares que sus compañías habrían recibido de las empresas constructoras brasileñas, en relación con obras de infraestructura ejecutadas en el país.
Esto es lo que aparece en diversos documentos, con sello de alta confidencialidad, de la fiscalía suiza y del departamento de Justicia de los Estados Unidos, en relación con el caso Lava Jato, que están llegando a cuenta gotas a la Fiscalía peruana. Cuando la información se complete, los montos podrían ser mayores, indican en la Fiscalía.
Otras fuentes consultadas por La República refieren que no solo Odebrecht pagó sobornos en el Perú. Las otras empresas brasileñas y sus consorciadas también lo hicieron.
“Todos tuvieron que pagar. Cuando un funcionario o político tocaba las puertas de una empresa pidiendo un “aporte” nadie decía no”, precisó la fuente. Las transferencias recibidas en las cuentas de Maiman, si este no tiene una justificación clara, apuntan en esa dirección.
Los 29 millones que declara Odebrecht deberían multiplicarse por cuatro para tener una idea más cercana del total de sobornos pagados en el Perú. Mucho dinero se pagó en efectivo. Otra parte importante fue a través de una red de transferencias bancarias, a compañías anónimas.

Intermediario

El nombre de Josef Maiman suena entre los investigadores del caso Lava Jato en Brasil. En el acuerdo tripartito suscrito por Odebrecht con Estados Unidos, Brasil y Suiza se señala que, entre el 2005 al 2008, la constructora brasileña habría pagado más de 20 millones de dólares a compañías específicas, según las instrucciones del intermediario, de un alto funcionario del Estado peruano.
El alto funcionario peruano y su intermediario todavía no son identificados. Al menos, no en forma oficial.
El fiscal Hamilton Castro Trigoso recibió información bancaria del Reino Unido de depósitos sospechosos realizados en la cuenta N°0-308-478-000 en el Citibank London Private, a nombre de la empresa Trailbridge Ltda, que pertenece a Josef y Michelle Maiman.
Un primer depósito realizado el 22 de junio de 2006, un mes antes de que Alejandro Toledo dejara la presidencia de la República, por 91,667 dólares proveniente de la offshore Trade Center Financial Corp, vinculada a Camargo Correa.
“Una transferencia de dinero presuntamente vinculada a la empresa Camargo Correa, que correspondería a la entrega de un adelanto de coimas por un monto de 6 millones respecto de la obra Carretera Interoceánica tramo 4”, declaró Castro en conferencia de prensa, la semana pasada.

Banca brasileña

Luego, otros tres depósitos por 1’530,000 dólares que llegan a la misma cuenta de la empresa de Maiman. Al respecto, llama la atención de la Fiscalía el depósito realizado el 28 de junio de 2006, desde una cuenta del Trend Bank Limited, en el First Caribbean Intl Bank por 750 mil dólares. Y otras dos transferencias por 530 y 250 mil dólares. En total, 1,53 millones, tal como señaló ayer “Hildebrandt en sus trece”.
El Trend Bank Limited ha hecho sonar las alarmas. El Trend Bank Limited es uno de los bancos que manejaba Alberto Yousseff, por medio de la empresa Rockstar Marketing, para el desvío de fondos de Petrobras.
Cuentas de este banco habrían sido utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos en diversas partes de Latinoamérica.
Según la prensa brasileña, este banco también recibió 100 millones de fondos de la constructora Andrade Gutiérrez y otras empresas implicadas en el caso Lava Jato.
Además, desde una cuenta del Trend Bank LTD en Brasil, Constructora Área SAC de Eduardo Gonzalo Monteverde Bussalleu transfirió desde Lima US$6’383,513 a una cuenta en un banco de Barbados, cuyo titular es la offshore Balmer Holding Assets LTD, según una investigación de IDL Reporteros.
Monteverde fue utilizado por Odebrecht para desviar de la contabilidad legal de la empresa dinero que luego se utilizaría para pagar sobornos.
Constructora Área SAC es una pequeña empresa a la que Odebrecht Perú realizaba pagos por encima del servicio que prestaba. En total, movió 29.4 millones de dólares.
El dinero en exceso era desviado en una minuciosa serie de trasferencias bancarias y retiros en efectivo, hasta la offshore en Barbados u otros destinos.

El Caso Ecoteva

Pero, volviendo a las cuentas de Maiman, los reportes bancarios del Reino Unido recibidos por la fiscalía permiten un nuevo análisis del caso Ecoteva. Resulta que el dinero recibido por la compañía Trailbridge Ltd, desde Camargo Correa, Odebrecht u otra constructora, fue transferido a cuentas del Grupo Merhav en Israel y Suiza.
El Grupo Merhav aparece en el expediente del caso Ecoteva como origen de los 10’024,120 mil dólares recibidos por la offshore Ecoteva, en Costa Rica, a través de Confiado Internacional Corp constituida en Panamá el 2003 y con cuentas en el LGT Bank de Suiza.
La cuenta N° H189782AA de Confiando Internacional Corp. estuvo vigente entre octubre del 2003 y febrero del 2011, registrando fondos totales por US$17’527,000, conforme reveló una investigación de La República, publicada el 12 de octubre del 2014.
Ese dinero fue luego transferido a las offshore Milan Ecotech Consulting y Ecostate Consulting SA y, desde estas, a Ecoteva, de la suegra del ex presidente Toledo, Eva Fernenbug.
¿La pregunta siempre fue por qué Maiman le dio tanto dinero a la suegra de 85 años del ex presidente Toledo? ¿Por qué luego US$5,3 millones fueron utilizados en Lima para comprar dos inmuebles y cancelar las hipotecas de Alejandro Toledo?
Tal vez, en poco tiempo, la respuesta llegue de Brasil junto con la identidad del alto funcionario peruano y el del intermediario.
La fiscal Manuela Villar Ramírez evalúa pedir medidas limitativas contra el ex presidente Alejandro Toledo. Josef Maiman reside en Israel.

2017: centenario de la PUCP

Por Enrique Bernales Ballesteros-Diario El Comercio.
El 2017 es uno de esos años marcados por una conmemoración de especial significado en la vida de la nación peruana. Me refiero al centenario de la fundación de la Universidad Católica; pequeña en su nacimiento, pero cuyo pujante crecimiento y desarrollo institucional han consolidado su existencia hasta convertirla en una universidad con el rango de Pontificia en 1942, nacional en 1949 y, desde 1969, en una universidad con autonomía y un nivel de calidad académica que la ubica como una prestigiosa institución universitaria en el país y en la mejor universidad peruana ubicada en los baremos de calificación internacional.
Esta universidad nació fruto de la lucidez de un religioso de los Sagrados Corazones, el padre Jorge Dintilhac. Lo apoyaban en la iniciativa un grupo de familias católicas que veían con temor los avances del positivismo y cómo sus planteamientos científicos, si bien renovadores del conocimiento y exultantes de modernidad, podían afectar la formación religiosa de sus hijos.
Las corrientes laicistas predominantes en los ambientes intelectuales de la época no vieron con simpatía la fundación de la que sería la primera universidad privada del Perú, pero confesional. El propio arzobispo Lissòn tenía sus reservas, pero pudo más el empeño del padre Dintilhac, quien logró finalmente la autorización de funcionamiento expedida por el gobierno de José Pardo y la aceptación de su creación por el Arzobispado de Lima.
Los inicios de la Universidad Católica fueron de extrema pobreza. La congregación de los Sagrados Corazones prestó locales, se consiguieron escasos fondos para el aprovisionamiento material de los cursos a enseñar y no pasaron de una docena los primeros matriculados. No obstante, la clarividencia del padre Dintilhac pudo más que cualquier obstáculo. Su proyecto era ajeno a cualquier propósito conservador y perseguía crear una institución, abierta al conocimiento plural, pero sin complejos en el cultivo de la filosofía y la teología de inspiración católica, de modo de formar profesionales con un sólido sentido ético de su responsabilidad social y del compromiso con el desarrollo del país.
El crecimiento de la Universidad Católica, a pesar de limitaciones económicas, fue una constante. Cuando a comienzos de la década de 1930 San Marcos fue clausurada por el gobierno de Sánchez Cerro, la Católica abrió sus puertas a esa universidad y así pudieron sus alumnos continuar sus estudios y no pocos profesores de prestigio incorporarse a sus cátedras.
Ello fue acompañado por la creación de nuevas facultades: Ingeniería, Ciencias Económicas, Educación, las escuelas de periodismo y de artes plásticas y el instituto femenino. Y hasta la ley 13417 de 1960, fue la única universidad privada del Perú. Ciertamente, en su desarrollo ayudó don José de la Riva Agüero que la instituyó por testamento como su heredera universal, tomando plena posesión de ese importante patrimonio en 1964.
En su sólido crecimiento, la PUCP alberga hoy a más de 25,000 estudiantes, 3,000 docentes, numerosas facultades, centros de investigación, escuelas de posgrado, excelentes instalaciones en su campus de San Miguel y un potente centro cultural que irradia hacia todo el país. ¿Dónde radica la fortaleza de esta universidad?
Me atrevo a señalar tres ejes que se constituyen como pilares de una institución que tiene capacidad para afrontar, con serenidad, los retos del desarrollo. El primero de ellos es la perseverancia en su identidad católica, que es la luz que guía la formación ética y religiosa que está presente en todas sus actividades. El segundo eje es la permanente preocupación por el conocimiento, que es la fuente para la actualización de sus planes y programas de estudio e investigación. El tercer eje es asumir un punto de vista crítico que, desde su condición de universidad con autonomía, participa de la problemática nacional, motivando a su alumnado a ser parte del fortalecimiento de las instituciones sociales, económicas y políticas del país.
En estas líneas, mi homenaje al centenario de esa Universidad Católica en la que me eduqué y a la que tanto quiero y debo.

Universidad Católica: arreglo satisfactorio

Por Enrique Bernales Ballesteros-Diario El Comercio.
Luego de varios años de desencuentros entre la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Arzobispado de Lima, que parcialmente afectaron el funcionamiento de dicha universidad, se ha llegado a un conjunto de soluciones estatutarias en las relaciones de la universidad con la Iglesia Católica, que son satisfactorias, tanto para la comunidad universitaria de la PUCP, como para la Santa Sede.
Hasta la Ley Universitaria 13417, la PUCP era considerada una institución confesional, que tenía un régimen legal exclusivo para ella. Esto cambió cuando en 1969 la ley 17437 innovó el sistema legal de las universidades en el Perú, comprendiendo dentro del sistema, a las públicas y a las privadas. Desde entonces, la legislación nacional no varió en cuanto a los elementos básicos de la estructura universitaria, como la autonomía dentro de la ley, la participación estudiantil, el régimen de los docentes y las normas básicas para los planes de estudio.
Las diferencias en las relaciones entre la PUCP y la jerarquía eclesiástica tienen su punto de partida en esa ley y no dejaron de ahondarse en el tiempo. La autonomía legalmente reconocida que la incluía se interpretó como que la PUCP, sin dejar de ser una entidad de derecho privado y de inspiración cristiana, ganaba mayor identidad propia y presencia nacional al estar regida por la ley y gozar de autonomía. En cambio, para los sectores eclesiales más conservadores, significó una pérdida de poder. Y si bien las relaciones se mantuvieron en una línea de mutuo respeto, ellas se enfriaron en los años recientes debido principalmente a la posición adoptada por el Arzobispado de Lima.
En efecto, sin reabrir distancias que han comenzado a acortarse, cabe recordar que las discrepancias relativas a la herencia de Riva Agüero se crisparon más cuando, en una carta del 16 de julio del 2011, el cardenal Juan Luis Cipriani planteó a la universidad “la exigencia que recientemente me ha transmitido la Santa Sede, acerca de las modificaciones que necesaria e indubitablemente deben introducirse en los estatutos”. Entre las modificaciones exigidas estaba que el gran canciller nombraba al rector entre los tres candidatos propuestos por la asamblea universitaria y que por ser la PUCP una entidad de derecho canónico, la administración de sus bienes tenía que regirse de acuerdo con las reglas aplicables a los bienes eclesiásticos.
La asamblea universitaria no aceptó ambos extremos, por cuanto sin negar la relación de la PUCP con el derecho canónico, de conformidad con el Concordato de 1980 entre el Estado Peruano y la Santa Sede, ese instrumento rige en lo que no se oponga al derecho nacional. Por ejemplo, la elección de sus autoridades se regirá por sus estatutos, ratificados en el Vaticano, por la Congregación para la Educación Católica.
Estas diferencias subsistían cuando, en junio del 2015, se inició la etapa más reciente del diálogo entre la Santa Sede y el rectorado de la PUCP. Felizmente, la flexibilidad mostrada por la Santa Sede ha permitido acercar posiciones y encontrar un camino de solución satisfactoria.
La eficaz gestión del rector Marcial Rubio Correa, en el manejo de las propuestas y la revisión estatutaria elaborada por la Asamblea Universitaria, ha permitido comprender que esta universidad jamás ha renunciado a su identidad católica, porque esa es su razón de ser y así consta en sus estatutos. Asimismo, ha mostrado su disposición al diálogo con las instancias competentes de la Iglesia y, finalmente, ha sido permeable en lo que no afecte su autonomía. Y es con ese espíritu que ha buscado una solución integral al conflicto que temporalmente enturbió las relaciones con la jerarquía eclesial.
Con la reiteración del compromiso con los valores católicos que la inspiran, la solución confirma la declaración de su asamblea: “La Católica, es una universidad autónoma, democrática, creativa, crítica, pluralista, con calidad en la enseñanza y en la investigación, comprometida con la sociedad peruana e identificada con los principios cristianos que fundan los derechos del ser humano”.

Por Giovanna Castañeda– Diario El Comercio.
Campamento de Ticumpinía, en Echarati, Cusco. Febrero del 2015, el entonces presidente Ollanta Humala conversa, pasea, improvisa un discurso. “Esta es la gran noticia del país”, dice después de inspeccionar las obras del Gasoducto Sur Peruano. A su lado estaba el brasileño Jorge Simoes Barata, quien, hasta hace unos días, fue el máximo representante en el Perú de Odebrecht, la empresa que está en todos los titulares de Latinoamérica, pero no por sus buenas prácticas, sino por el pago de millonarios sobornos a funcionarios públicos para obtener obras.
Barata es uno de los gerentes de Odebrecht que se ha acogido, según se conoció en noviembre pasado, a la delación premiada en su país. Es decir, colaborará con las autoridades brasileñas en revelar cómo funcionaba el sistema de pago de coimas de la empresa constructora. Esta información es una de las esperadas por la fiscalía.
“Estos son los puntos trascendentales en la vida de un país. ¡Esto va a transformar nuestra realidad!”, exclamaba Humala, aquella vez en su visita al distrito cusqueño, en compañía del ejecutivo de Odebrecht y Eleodoro Mayorga, quien era ministro de Energía y Minas.
Hoy Humala, su esposa Nadine Heredia, Barata y Mayorga, por esta obra “trascendental”, podrían pasar a calidad de investigados por la fiscalía debido a los presuntos actos de corrupción cometidos durante la licitación que ganó el consorcio formado por Odebrecht y Enagás, valorizada en US$7,328 millones.
El fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es quien investiga esta adjudicación.
Humala y la ex primera dama ya han acudido a dar sus declaraciones como testigos. En octubre pasado, el procurador adjunto anticorrupción Sumber Fernández  requirió que la ex pareja presidencial, Barata y Mayorga pasen a calidad de investigados.
En aproximadamente quince días, Abia resolverá este pedido, confirmó una fuente a este Diario. Sin embargo, todo parece indicar que tanto Barata como Heredia serán los principales investigados en este caso. La situación de Humala la resolverá el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por ser un ex jefe del Estado.
En una resolución emitida hace algunos días, el fiscal Abia dispuso acumular el pedido de la procuraduría y una denuncia que ingresó por mesa de partes por el mismo caso contra Humala y Heredia. Además, ordenó que esto se desglose en una nueva carpeta.
Ello debido a que la “investigación madre” por este caso, que se inició en el 2014 y  en la que solo hay dos imputados, se encuentra próxima a vencer y el magistrado no tendrá tiempo para hacer las diligencias pertinentes.
En el documento, Abia ya adelanta lo que conoceríamos en los próximos días: “Existe la sospecha de presuntos actos de corrupción”, escribe en su resolución.
Su decisión ha sido reforzada después de que un testigo protegido de su investigación señalara que Heredia y Barata coordinaban para que la licitación del gasoducto la gane Odebrecht.
El fiscal Reynaldo Abia aún espera la información que llegará desde Brasil a través de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial, a cargo del fiscal Alonso Peña Cabrera.
También está próximo a recibir un peritaje final de la obra, con la resolución de las últimas observaciones, para determinar si hubo sobrecosto en la licitación.

Cancelar contrato

Por Javier Contreras– Diario La República.
En el Gasoducto Sur Peruano (GSP) ya se han invertido cerca de US$1,500 millones y tiene un avance del 31%. Pero desde hace unos meses las obras del GSP están paralizadas en la búsqueda de nuevos socios que compren las acciones de Odebrecht. Mientras tanto, las familias continúan pagando en sus recibos de luz eléctrica por el concepto de “Afianzamiento de seguridad energética”, un monto que oscila entre S/2.00 y S/3.00 y que se destina para financiar la construcción de los ductos que llevarán el gas natural a las regiones del Sur del país.
Dicho cobro se realiza por medio de la “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, en lo referente al gasoducto y poliducto de seguridad y del Gasoducto Sur Peruano” (N0 29970).
Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), explicó que este cargo se cobra a todos los usuarios de energía desde enero del 2015 y estimó que, por los cobros en los recibos de luz, se abonarán US$ 9 mil millones por 30 años.
En tanto, el especialista en temas energéticos Rafael Laca consideró que el proyecto tiene que ser revisado totalmente, incluido el subsidio.
Opinó que para que el proyecto sea viable se debe exportar energía a Chile, y los peruanos no pueden subsidiar algo que no los beneficiará.
Sobre el particular, Humberto Campodónico, ex presidente de Petroperú, explicó que los usuarios contribuyen para pagar la construcción del ducto, porque luego, cuando el gas llegue, las tarifas eléctricas bajarán. “Es el mismo esquema que se usó para el gasoducto de Camisea a Lima. ¿Por qué lo bueno para Lima no lo es para el sur del Perú? No hay razón”, sostuvo.
“En el caso del GSP hay un ingreso mínimo garantizado de 500 millones de pies cúbicos diarios. Si no se alcanza este nivel el Estado tendrá que cubrir la diferencia y quienes se oponen al GSP dicen que se tendrá que pagar una cantidad muy alta. Pero lo cierto es que actualmente la demanda del Nodo Energético del Sur (centrales térmicas en Arequipa y Moquegua) está en 400 millones de pies cúbicos diarios –el 80% del total–. Y hay demanda adicional de empresas mineras e industrias”, dijo.
Campodónico anotó que el contrato se suscribió en junio del 2014, y 20 meses después se debe contar con el financiamiento de US$ 4 mil millones para construir el gasoducto. El plazo que tiene Odebrecht para vender su participación vence en enero de este año.
No obstante, fuentes del Ejecutivo expresaron su disconformidad con transferir la obra, dado que fue obtenida de forma fraudulenta, al haberse pagado sobornos por esta, y porque existen indicios de que ha sido sobrevaluada. Una transferencia del contrato sin limpiar sus vicios ocultos equivaldría a un “lavado de contrato”, esta vez por parte del gobierno actual, esto mas allá de que sustraería las evidencias de los ilícitos cometidos .
Tanto el premier Fernando Zavala como el ministro Alfredo Thorne tienen posiciones contrarias en este tema, trascendió.La congresista Yeni Vilcatoma le solicitó a la fiscalía embargar los bienes y los activos de la constructora brasileña Odebrecht, a fin de garantizar un eventual pago de reparación civil a favor del Estado peruano. Esto a raíz de que la empresa admitió que pagó 29 millones de dólares en coimas a funcionarios público para obtener obras.En una carta dirigida al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la disidente fujimorista lamentó que el Ministerio Público no haya asegurado el pago de la reparación civil de parte de Odebrecht, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas por el Caso Lava Jato.
Vilcatoma estimó que el daño económico al país sería entre el 15% y 20% del valor total de las obras que ganó la constructora, “por lo que es necesario tomar medidas urgentes”, porque de lo contrario “el Perú no va ser reparado por los presuntos delitos de corrupción que son materia de investigación”.
La ex procuradora anticorrupción adjunta recordó que Estados Unidos, Suiza y Brasil ya llegaron a acuerdos económicos con Odebrecht.
“Debemos asumir que los recursos económicos disponibles de Odebrecht no son infinitos, por lo que de tener éxito la negociación del Estado peruano estaríamos llegando al final en el orden de prelación de los beneficiarios que ya han negociado”, señaló.
Más temprano, la portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, solicitó ante la Comisión Lava Jato, de la cual es secretaria, inmovilizar de inmediato la cuenta en la cual se está depositando el dinero pagado a través de los recibos de luz para el fondo de afianzamiento energético del gasoducto, obra a cargo de Odebrecht.
“Si ya hay mil millones pagados hay que determinar la cuenta en que se ha pagado e inmovilizarla”, expresó la legisladora de APP, durante la instalación del grupo de trabajo.
Fuente: Diario El Comercio.