El golpe soñado

Que Pedro Pablo Kuczynski ha mellado seriamente su credibilidad como presidente de la República al haber faltado a la verdad con respecto a sus pasadas vinculaciones con la empresa Odebrecht es indudable. Lo es también el hecho de que, a raíz de esa conducta reprobable y merecedora de una investigación rigurosa, estuvo hace pocos días a punto de ser vacado de su cargo, y que todavía la estabilidad de su gobierno –afectada adicionalmente por la concesión de un indulto a Alberto Fujimori, que ha sido el evidente resultado de una negociación política– es precaria.
De ahí, sin embargo, a que baste ahora el verbo encendido de una persona en medio de una manifestación de protesta para que él deje de ser el jefe del Estado hay una gran distancia. Y, sobre todo, algunos preceptos constitucionales que no se pueden ignorar sin poner en cuestión al mismo tiempo la vigencia de la propia democracia.
Esa parece ser, no obstante, exactamente la fantasía de la lideresa de la organización Nuevo Perú, Verónika Mendoza, quien esta semana, en un video grabado durante una movilización contra el mencionado indulto en el Cusco y colgado luego en las redes, decretó que ‘el señor Kuczynski’ “ya no es más el presidente de los peruanos”. Esto, según ella, “porque lo que ha hecho con el indulto, inmoral e ilegal, es una vil traición a la patria”. Ha agregado, además, que “todos –PPK, el fujimorismo, el alanismo– están comprometidos con los casos de corrupción de Odebrecht” y hoy quieren cubrirse con un ‘pacto de impunidad’.
Después de exigirle una vez más al mandatario que se vaya “porque ya no es más presidente de la República”, remató ella su proclama con una aseveración que, a nuestro modo de ver, revela la auténtica motivación de todo el discurso. “Es la hora de un pueblo y de su poder constituyente”, dictaminó.
No es una novedad el escaso compromiso de buena parte de la izquierda –como tampoco lo es el de buena parte de la derecha– con la democracia. Particularmente, el de aquella que durante años se ha resistido sistemáticamente a llamar al régimen chavista de Venezuela por su nombre: dictadura. Pero la verdad es que resulta insólito asistir a una expresión tan nítida de un afán totalitario y autocrático como esta.
Si la señora Mendoza está convencida de que las consideraciones que señala son suficientes para provocar una vacancia presidencial, lo que tendría que hacer es presentar, a través de la bancada congresal que se identifica con su agrupación, una nueva moción en ese sentido y ver qué suerte corre en el Congreso. Eso es lo que la Constitución establece. Pero, claro, luego de toda la ordalía por la que ha pasado recientemente nuestra estructura política, aquello luce improbable y trabajoso, por lo que anunciar simplemente que el presidente ya no le es más en medio de una marcha tumultuosa se presenta como una opción más atractiva y expeditiva. Algo así como el golpe soñado: el que se hace realidad con solo pronunciar el deseo de que así sea…
El golpe anhelado, por lo demás, no es solo contra el presidente. Como la ex candidata del Frente Amplio desliza en la parte final de su soflama, aquello a lo que aspira en el fondo es a deponer también el actual texto constitucional y a producir otro, adecuado a sus convicciones –esto lo sabemos por lo que dijo cuando estaba en campaña– sobre, por ejemplo, los controles que hay que imponer a la economía y a la prensa libres.
Ocurre, no obstante, que, aunque tiende a olvidarlo, ella ya fue con esa propuesta a las elecciones del 2016 y perdió. Y tratar de ‘contrabandear’ ahora esa idea aprovechando el descrédito de tal o cual actor político –pero no del sistema en su conjunto– es ilegítimo y reñido con la institucionalidad.
Alguien tendría que explicarle que la manera de retirar a un gobernante del poder o de acceder a él no es a través de una revuelta o cosa por el estilo, sino respetando los arduos caminos de la democracia y la Constitución que, mal que le pese, nos rige.
Fuente: Editorial del Diario El Comercio.

Defensa de la Paisana Jacinta

Por Federico Salazar-Diario El Comercio.
El ministro de Cultura, mi amigo Salvador del Solar, ha criticado acremente al personaje Paisana Jacinta, del cómico Jorge Benavides. Dio sus comentarios a raíz del estreno de la película “La Paisana Jacinta: En búsqueda de Wasaberto”.
Aunque Salvador reconoce no haber visto la película materia de comentario, dice que el personaje “merece nuestro rechazo y nuestro repudio” (“Diario Uno”, 25/11/2017).
Un ministro de Estado no debe expresar “rechazo y repudio” a un personaje de televisión o de cine. Es como si un ministro de la Producción dijera “rechazo y repudio” los helados Z del fabricante Y, o “rechazo y repudio” los servicios de la peluquería F.
Para el ministro, que no ha visto la película, el personaje “nos parece que presenta una imagen denigrante de la mujer andina, que se burla de ella, que la presenta como ignorante, sucia, entre otras cosas”.
Un ciudadano puede tener la opinión que quiera. Un ministro de Estado, en cambio, debe guardar sus opiniones en relación a lo que hacen los ciudadanos.
“Visto de otro ángulo –ha dicho el ministro– ¿nos gustaría que retraten así a las peruanas en otros países?”. Esta pregunta que se hace a sí mismo Salvador revela la raíz del error.
Los artistas y los intelectuales no son funcionarios de gobierno. No son como los embajadores, que reciben un sueldo para representarnos.
¿Acaso Botero piensa en cómo se debería representar a las mujeres colombianas cuando pinta o esculpe mujeres voluminosas? ¿Almodóvar piensa en cómo va a representar a las mujeres españolas a la hora de escoger a sus actrices?
Estas preguntas son absurdas. Lo son para hablar de Botero y Almodóvar, como lo son para hablar de la Paisana Jacinta.
El artista puede ser bueno o malo. Puede estar consagrado universal o popularmente. Como sea, está libre de todo encargo de “representación diplomática”. Si no lo está, lo suyo se convierte en propaganda, no en arte.
El artista no es un funcionario de una ideología.
La ideología del Ministerio de Cultura es la ideología del Estado. No es la ideología popular, que es múltiple y distinta.
El Ministerio de Cultura no debe decirnos qué valores debemos tener ni qué criterios estéticos debemos desarrollar.
Salvador del Solar invita a la reflexión sobre lo que debería darnos risa. “Pensemos desde la empatía…, ¿esto debería seguir dándonos risa?”. “En el Ministerio de Cultura tenemos la convicción de que de ninguna manera debería ser así”.
La tentación totalitaria siempre se presenta a quien detenta el poder. El ministro y el ministerio nos quieren decir qué debe darnos risa o, para ser más exactos, qué no debe darnos risa.
El Estado no está para recomendarnos cuáles deben ser nuestros valores. No está para dictaminar las mejores formas de expresión del entretenimiento. El Estado no debe ser una Gestapo de la moral artística. Lamentablemente, este Ministerio de Cultura revela una actitud policial sobre los gustos.
La reflexión de Salvador es contradictoria. “Si desarrollamos nuestra empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro…¿nos gustaría que hablen así de nosotros, de nuestros padres, de nuestros hermanos?”.
El ministro no tiene capacidad para ponerse en el lugar de la Paisana Jacinta y de los miles y miles de espectadores que se entretienen con ese tipo de humor y personaje. Solo tiene capacidad empática para un grupo determinado de consumidores de humor.
El ministro y el ministerio discriminan el gusto cultural de un grupo importante de gente. Lo rechazan y repudian desde el poder estatal.
El trasfondo de esta visión es la intolerancia. No hay tolerancia frente a un grupo que hace su cultura de espaldas al plató oficial. Hay discriminación y pretensión de anular la diferencia cultural.
Frente a esta arremetida de la ideología estatal sobre la cultura, cabe preguntarse, desde la empatía, ¿para esto hay un “Ministerio de Cultura”, que vive con los impuestos de, entre otros, Jorge Benavides?
La cultura es muchas cosas, pero sobre todo, no es “rechazar y repudiar” lo que hacen los estratos populares para entretenerse.

Respuesta a Rosa María Palacios

Por Cecilia Valenzuela- Altavoz.pe
Esta mañana me enteré de que Rosa María Palacios había publicado una de sus crónicas literarias, donde fabula e inventa sin pudor ni arte narrativo, involucrándome en la decisión del Presidente Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori.
La farsante dice que el 24 de diciembre “un testigo sitúa a Cecilia Valenzuela y a su esposo, Alfredo Torres, en la escena (la casa de Cieneguilla de PPK) insistiendo en el indulto”.
Eso es mentira, falso, ni siquiera conocemos la casa de campo del Presidente. Jamás en nuestras vidas hemos estado ahí. Antes de hacer acusaciones de ese calibre, una periodista decente llama a la persona a la que piensa involucrar y confirma el dato que ha recibido. Si la persona a la que llama no le quiere contestar, registra en su crónica su negativa. Esa es la primera norma del periodismo.
Pero arteramente, Palacios -una falsa periodista- inventa un testigo para encubrir su insidia. Le exijo que revele su nombre, estoy absolutamente dispuesta a encararme con “él”. Interrumpo mis vacaciones, regreso a Lima y voy al medio que ella quiera para que su falso testigo me lo diga en mí cara.
Como escribí en mi artículo de opinión publicado en El Comercio, el indulto estaba cantado: PPK lo advirtió el 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina: “Alberto Fujimori está en la cárcel y está enfermo, vamos a ver qué hacemos, eso será noticia en algún momento”, dijo. Y está grabado, yo no invento.
Si Palacios no sabe hacer lectura política no es mi culpa: sus limitaciones como analista son su problema y el de los que la siguen. Pero su falta de capacidad no la exime de la responsabilidad de faltar reiterada y deliberadamente a la verdad, vendiéndose como periodista influyente. Aquella que entra y sale de Palacio de Gobierno, que chatea con Nadine Heredia sobre sus agendas, o habla “directamente” con PPK sobre el indulto a Fujimori, para que al final termine chillando porque le resultan mintiendo.
Ella no lo sabe, porque es una abogada que usa el periodismo para acceder al poder, porque la megalomanía que padece la hace creerse el centro del universo, asumir que lo que ella piensa no sólo es lo correcto, lo moral y lo ético. También lo más importante.
No lo sabe, pero los periodistas sí sabemos que todos lo políticos en el poder mienten. O para tapar alguna cochinada que se les está descubriendo, o para conseguir los aliados que necesitan para sacar adelante un proyecto de ley, o por razones como la estabilidad y la seguridad nacional. Un político en el poder guarda secretos, algunos de Estado.
Su capacidad para gobernar se basa en la negociación, en los acuerdos que tiene que lograr con sus adversarios. Hay que ser bien tonta, o bien soberbia, para creer que por tratarse de ti te van a decir la verdad.
Palacios no va a rectificarse, pues para eso se requiere profesionalismo y honestidad. La aclaro con firmeza porque no voy a permitir que me difame, y porque estoy harta de que use una profesión como la mía, que implica sacrificio y orfandad, para estar siempre cerca del poder, sabe Dios con qué intenciones.
Tan cerca del poder como lo estuvo en los años de la dictadura fujimorista, ella sirvió a Juan Carlos Hurtado Miller cuando fue candidato a la Alcaldía de Lima, y a Alberto Pandolfi cuando era Primer Ministro, dos personajes de la época, probadamente vinculados a Vladimiro Montesinos. Y cuando ella les servía, el jefe de ambos, Fujimori, a quien ahora repudia estando enfermo y sin poder, ya había otorgado amnistía al Grupo Colina y preparaba su tercera reelección comprando las líneas editoriales de los canales de televisión.
Los sucesos de los últimos días han despertado demasiadas pasiones. No es para menos: el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori le propone a nuestra sociedad una revisión profunda de sus valores democráticos (lo que incluye el concepto de indulto humanitario) y lo más difícil, de las prioridades que hay que establecer para sostener nuestra democracia.
Abrirnos, mirarnos y revisarnos por dentro, despellejarnos, duele y cuesta tremendamente. Pero solo a partir de ese proceso podremos empezar a reconstruir nuestro país.
El indultado es un político controvertido que cometió delitos por los que fue sentenciado y pagó pena de cárcel por 12 años. Sin apasionamientos podemos darnos cuenta de que aquí no hubo impunidad. Al contrario, los peruanos sabemos que nuestro sistema de justicia se impuso y aplicó la condena más severa.
Hace más de una década nuestro país está enfrentado entre antifujimoristas y fujimoristas. La última elección le dio a la versión más abusiva de la segunda generación de fujimoristas, la mayoría absoluta en el Congreso; esa es nuestra realidad y no se puede soslayar y no cambiaría, como Palacios quisiera, cerrando el Congreso. Nada más infantil y torpe. La adversidad uniría al fujimorismo en su versión más radical, y, acabaría con la corriente que ahora muestra, en la personalidad del menor de los Fujimori, un rostro menos vertical, más liberal y moderno.
Si queremos seguir construyendo nuestra democracia debemos contribuir a que esa importante fuerza política se aleje de los extremos. Esa es mi opinión y eso es lo que he venido expresando en estos días.

¿Quiénes son los caviares?

Por Carlos Arnillas Denegri- www.elmontonero.pe
Durante los últimos treinta años surgió en el Perú, junto a la izquierda tradicional, una corriente de pensamiento progresista de las canteras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, compuesta mayoritariamente por profesionales y académicos de clase media alta y de la oligarquía quebrada luego de las expropiaciones del régimen dictatorial del General Juan Velasco Alvarado.
Se inició enarbolando las banderas de los derechos humanos -en la época del terrorismo- con un claro sesgo de benevolencia hacia los movimientos subversivos, sobre todo con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru-MRTA, que inicialmente fueron considerados “luchadores sociales” en la Europa de los noventas. Satanizaron a las fuerzas del orden y a los gobiernos que combatieron a Sendero Luminoso y al MRTA, presionando a la justicia para que castigara a los militares que se enfrentaban a los  sediciosos.
Esta izquierda pituca se enquistó inicialmente en las Organizaciones No Gubernamentales–ONGs que funcionaban en el Perú con fondos provenientes de países europeos que, erradamente, creían que en el Perú se libraba una guerra en favor de los pobres. Así surgieron DESCO, Proética, IDL, La Comisión Andina de Juristas, el Movimiento Manuela Ramos, la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos y otros organismos de fachada, creados y manejados hábilmente por Diego García Sayán y una veintena de intelectuales que se repartieron los cargos, en los que aún se mantienen inamovibles.
Son justamente este grupo de intelectuales, a los que se les bautizó como la “izquierda caviar”, simbolizando irónicamente a un grupo, que en nombre de la justicia social, se va encaramando en puestos claves de la administración pública, defendiendo fieramente los cargos que ostentan.
Se trata de los niños bien, que se portan mal. Son sectarios, se creen dueños de la verdad absoluta, ya que el resto son brutos. Son miembros de una izquierda, que no necesariamente está comprometida con lo que predican. Su poder ha llegado, incluso, a los medios de comunicación masiva, desde donde actualmente digitan sus odios y simpatías.
Es importante resaltar que la izquierda caviar no es patrimonio nacional, ya que existe en otros países. Apareciendo por primera vez en Francia, bajo el nombre de “gauché caviar”. En Suiza son conocidos como los “Toscana Zosi”; en Inglaterra como los “Champagne socialist” y en Estados Unidos, Tom Wolf los bautizó como “Radical Chic”. Ellos actúan coordinadamente, para presionar a los gobiernos de turno, para que se sometan a sus caprichos e intereses de grupo, promoviendo corrientes internacionales como la “Ideología de Género”.
Son especialistas en organizar y digitar marchas y protestas callejeras, en lavar banderas y otras actividades bulliciosas, que al politizarse envilecen el acceso a la justicia. Durante los últimos tiempos vienen librando una ardua lucha contra el indulto a Alberto Fujimori. Así mismo para que se condene, por delito de lesa humanidad, a los 35 marinos sentenciados en el 1986 por el caso “El Frontón”.
Insólitamente el Tribunal Constitucional, recientemente ha reabierto el caso bajo la figura de “lesa humanidad”, consagrada recién en el Derecho Internacional en el 2002; es decir, pretenden aplicar dicho dispositivo después de 16 años de la condena a los marinos, con una retroactividad insólita. Algo similar fue lo realizado por el Vocal Supremo, César San Martín, al sentenciar a Alberto Fujimori. Sin embargo, ningún tribunal peruano, ni la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ha reclamado algo para que también se aplique esa figura a los terroristas, que tanto daño han hecho al país, y que uno a uno vienen saliendo de las cárceles, para seguir promoviendo su nefasta ideología.
Cabe resaltar que fue en los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, donde alcanzaron su máximo esplendor, extendiendo sus tentáculos, particularmente en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, y el Tribunal Constitucional, no dudando que también estén encaramados en el actual régimen, que lamentablemente mantiene al grueso de la administración pública Humalista.

Interrogatorios a Feliciano y Abimael Guzmán en la Base Naval. Cúpula de Sendero se contradice por asesinato de Huilca.
Por ANGEL PÁEZ- Diario La República.
“¿Usted cree que Pedro Huilca Tecse era un objetivo militar de Sendero Luminoso?”, le preguntó a Oscar Ramírez Durand, camarada “Feliciano”, el presidente de la Subcomisión que procesa la acusación constitucional contra Alberto Fujimori por el crimen del dirigente sindical, el congresista José Luis Risco. “Bueno, yo creo que sí”, respondió “Feliciano”, quien fuera miembro del Comité Central de la organización maoísta: “Yo creo que sí, porque en una reunión (Abimael) Guzmán (Reinoso) (…), él manifestó lo siguiente: ‘Que este tipo (Huilca) era un agente de la reacción, que odiaba a los senderistas que (…) participaban en la marcha de Construcción Civil. Y que incluso filmaba a los compañeros y entregaba esas filmaciones a la policía y que ese tipo se había convertido en un enemigo del pueblo, del proletariado, en un esquirol, en un vende obreros’. Se supone que plantear eso es prácticamente convertirlo (a Huilca) en un blanco”. Aunque el propio Abimael Guzmán ante la misma Subcomisión parlamentaria desmintió que Sendero Luminoso mató a Pedro Huilca, y lo confirmaron los cabecillas Edmundo Cox Beuzeville y Martha Huatay Ruiz, “Feliciano” insistió en que el “presidente Gonzalo” era responsable de todas las acciones militares de la organización terrorista y que él definía los blancos a los que se debía eliminar.
“Después (de la reunión en la que Guzmán señaló que Huilca era un objetivo militar), yo no sé qué directivas pudo haber dado él (Guzmán) al Comité Metropolitano (de Lima, aparato cuyas actividades se concentraban en Lima) para que lo aniquilen”, explicó Ramírez Durand: “Pero yo creo que sí estaba en los planes de este señor (Guzmán). ¿Por qué? Porque siendo Pedro Huilca, como él decía (Guzmán), un esquirol, un miembro de la CGTP, un revisionista. Y el revisionismo para este individuo era el peor enemigo en las filas del pueblo, era el enemigo principal en las filas del proletariado y del pueblo”. Durante el interrogatorio Oscar Ramírez Durand se expresó en severos términos de Guzmán. “Yo creo que lo más probable es que él (Guzmán) haya dado la orden, supongo yo, en ese tiempo, a Martha Huatay, que estaba a cargo de Socorro Popular, o el señor (Edmundo) Cox (Beuzeville), que era responsable del ‘metro’ (Comité Metropolitano)”. Porque en Lima eran dos aparatos: el Comité Metropolitano, que en ese tiempo estaba a cargo de Edmundo Cox, y Socorro Popular, a cargo de Martha Huatay, quien reemplazó a Yovanka Pardavé (Trujillo), que estaba presa”. Pedro Huilca fue asesinado el 18 de diciembre de 1992, y a Martha Huatay la arrestaron el 17 de octubre del mismo año. La reemplazó Cox, pero éste niega el crimen. “La orden de aniquilar a (María Elena) Moyano vino de él, y lo comentó en reuniones donde yo estuve presente”, insistió “Feliciano”: “La situación de Huilca (…), lo más probable es que estaba en la lista de Sendero, de Guzmán, no en la mía. Pero creo que hay un alto margen de probabilidad de que él haya dado esa orden. ¿Por qué? Porque ya le he dicho el porqué. Lo consideraba un enemigo, pues, de la revolución”. A insistencia de la Subcomisión para que aporte pruebas, Oscar Ramírez dijo que no las tenía, y se disculpó porque su ámbito de acción no era Lima. “Yo nunca trabajé en Lima”, dijo, y aclaró que el Comité Metropolitano y Socorro Popular “dependían directamente de Guzmán”.

Perdón y reconciliación

El exmandatario peruano Alberto Fujimori, que fue indultado horas antes de la Navidad por el actual presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, no solo quedó eximido de una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, sino que también se librará de otro proceso similar que tenía en marcha.
Además del indulto, Kuczynski concedió a Fujimori la gracia presidencial “para todos los procesos penales a la fecha que se encuentren vigentes”, según la resolución de su indulto publicada en la edición impresa del diario oficial El Peruano.
Esa gracia presidencial conlleva que Fujimori se salve de ser procesado y juzgado por el caso Pativilca, donde al exmandatario se le acusa de ser responsable de la matanza de seis personas en 1992 a cargo del grupo militar encubierto Colina.
Los seis fallecidos habían sido detenidos tras irrumpir los militares en sus domicilios en Pativilca, municipio situado en el norte de Lima.
Fujimori ya había sido condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) de otras matanzas similares perpetradas por el grupo Colina, como la de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas también en 1992, además de los secuestros de un periodista y un empresario ese mismo año.
Esos delitos son considerados de lesa humanidad, por lo que Fujimori no tenía derecho a una eventual reducción de la condena, salvo que el presidente de turno le concediera el indulto humanitario, una gracia extraordinaria para reclusos con enfermedades graves y con riesgo de empeorar por las condiciones carcelarias.
Kuczynski concedió ese indulto a Fujimori horas antes de la Navidad y apenas tres días después de que se salvara de ser destituido por el Congreso gracias a los votos de una decena de fujimoristas rebeldes con su grupo y liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, que había pedido a Kuczynski que indultara a su padre.
Fujimori, de 79 años, se encuentra actualmente en una clínica de Lima, donde recibió la noticia del indulto acompañado de sus hijos, tras haber sido trasladado desde la prisión donde purgaba su condena, y a la que ya no volverá cuando termine su hospitalización.
Según la resolución de su indulto, Fujimori padece fibrilación auricular paroxística, hipertensión, insuficiencia mitral, cáncer de lengua del que ha sido operado en seis ocasiones y una hernia lumbar.
Fuente: Diario Gestión.

Club de Tobi: parásitos abandonan PPK

Los congresistas Alberto de Belaunde y Vicente Zeballos presentaron su renuncia a Peruanos Por el Kambio debido al indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. También Gino Costa se sumó a sus excompañeros de bancada y dijo que respetaba la decisión de su partido haciendo formal su renuncia en los próximos días.

Pequeña Lulú y borregos en fila

El congresista Humberto Morales sostuvo que la bancada de Nuevo Perú “es responsable” del indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió al exmandatario Alberto Fujimori el último lunes.
En declaraciones a Perú 21, Morales dijo que sus colegas de Nuevo Perú “tenían conocimiento sobre el negociado del indulto y, sin embargo, no votaron, huyeron de enfrentar a esta derecha lobista”, en referencia a la votación de la moción de vacancia contra PPK, en la que los congresistas de Nuevo Perú abandonaron el hemiciclo.
“Kuczynski se ha coludido con bancadas como Nuevo Perú”, aseguró en referencia a fotografías de la congresista Marisa Glave conversando con la premier Mercedes Aráoz y el exvocero de Peruanos por el Kambio, Vicente Zeballos.
El legislador condenó la gracia presidencial otorgada a Fujimori. “Creemos que el delincuente Fujimori jamás debió salir. Él ha violentado los derechos humanos en este país. El señor Kuczynski ha traicionado la democracia. Ha salvado su cabeza a cambio del indulto a Fujimori”, razonó.
“La democracia tiene que ser primero. No puede ser que haya una dictadura del negocio bajo la mesa. Son responsables la bancada de Nuevo Perú por haber huido en un momento difícil”, subrayó.
Fuente: www.manifiestoperu.com

La salvaje muerte de Francisco Pizarro a manos de otros conquistadores españoles

Por César Cervera-www.abc.es
Francisco Pizarro sobrevivió a casi todo. A la ingrata tierra extremeña, al duro viaje a través del Atlántico y a una lucha contra millares de guerreros incas, pero no pudo hacer nada contra la ira de sus propios compatriotas: acabó sus días apuñalado por otros españoles en su palacio en Lima.
Entre el grupo de españoles que acompañó a Pizarro a la conquista del Imperio Inca se sucedieron las traiciones, como la protagonizada por Diego de Almagro, y los intentos por alcanzar la gloria de forma individual a toda costa, como ocurrió con Sebastián de Belalcázar y su desesperada búsqueda de El Dorado. Y quien siembra vientos recoge tempestades. Cuando Pizarro pensaba que moriría de viejo rodeado de sus fieles hermanos, junto a los cuales había dado muerte al traicionero de Almagro, irrumpieron los partidarios del hijo de Almagro el 26 de junio de 1541 en el palacio del extremeño para darle «tantas lanzadas, puñaladas y estocadas que lo acabaron de matar con una de ellas en la garganta», según la descripción de un cronista.
Francisco de Pizarro, nacido en la localidad de Trujillo (Extremadura), era un hijo bastardo de un hidalgo emparentado con Hernán Cortés de forma lejana, que combatió en su juventud junto a las tropas españolas de Gonzalo Fernández de Córdoba en Italia. En 1502, se trasladó a América en busca de fortuna y fama, no siendo hasta 1519 que Pizarro alcanzó un cargo de cierta relevancia: alcalde de la colonia de Panamá, una insalubre aldea de covachas poblada por una horda de aventureros europeos. Estando en este cargo, el conquistador debió escuchar las historias que llegaban sobre un rico territorio al sur del continente que los nativos llamaban «Birú» (transformado en «Pirú» por los europeos). Frustrado por su mala situación económica y sus pocos logros profesionales, Francisco Pizarro, de 50 años de edad, decidió unir sus fuerzas con las de Diego de Almagro, de orígenes todavía más oscuros que el extremeño, y con las del clérigo Hernando de Luque para internarse en el sur del continente.
Diego de Almagro procedía de la villa manchega de Almagro, en Ciudad Real, de donde tomó el apellido por ser hijo ilegítimo de Juan de Montenegro y Elvira Gutiérrez. Criado por su severo tío Hernán Gutiérrez, Almagro decidió refugiarse a los 15 años en el hogar de su madre, que permanecía separado de su vástago a causa de su condición de hijo ilegítimo. La madre de Almagro le entregó un trozo de pan y unas monedas y le dijo: «Toma, hijo, y no me des más presión, y vete, y ayúdate de Dios en tu aventura». Así lo hizo. Almagro arribó en el Nuevo Mundo el 30 de junio de 1514, donde iba a iniciar años después una lucrativa aventura con Pizarro. Tras aventurarse en las profundidades del Imperio Inca, la pequeña expedición de españoles se abrió paso entre miles de incas para capturar al líder local Atahualpa, en Cajamarca. «En Cajamarca matamos 8,000 hombres en obra de dos horas y media, y tomamos mucho oro y mucha ropa», escribió un miembro vasco de la expedición en una carta destinada a su padre.
No en vano, la captura y posterior muerte de Atahualca no trajo tras de sí la caída del Imperio Inca. La guerra se alargó varias décadas, precisamente, por los conflictos internos entre los conquistadores. Las rencillas internas ente los partidarios de Almagro y los de Pizarro, que luchaban por delimitar los territorios que pertenecían a cada uno de los bandos, como si fueran ellos los propietarios y no la Corona, estallaron en conflicto armado en 1535. Tras un choque entre facciones, conocido como la batalla de Las Salinas, Pizarro cogió prisionero a Almagro y lo condenó a muerte. El conquistador suplicó por su vida, a lo cual respondió uno de los hermanos de Pizarro, Hernando, diciendo: «Sois caballero y tenéis un nombre ilustre; no mostréis flaqueza; me maravillo de que un hombre de vuestro ánimo tema tanto a la muerte. Confesaos, porque vuestra muerte no tiene remedio». Finalmente, fue ejecutado el 8 de julio de 1538 en la cárcel por estrangulamiento de torniquete y su cadáver decapitado en la Plaza Mayor de Cuzco.

El conquistador «se defendió bravamente»

Pizarro despojó de sus tierras al hijo de Almagro y le cerró el acceso al cargo que había ostentado su padre, gobernador de Chile. Pero en un nuevo giro de los acontecimientos, el 26 de junio de 1541 un grupo de veinte españoles congregados en torno a la figura del hijo de Diego Almagro, cuyo nombre era similar al de su padre, entraron sigilosamente en el palacio de Pizarro en Lima y asesinaron al conquistador extremeño. Pizarro, de 65 años de edad, murió con al menos 20 heridas de espada. En posteriores estudios, el antropólogo forense Edwin Greenwich ha defendido que por las evidencias se puede afirmar que «Pizarro se defendió bravamente» e incluso su rostro quedó desfigurado: recibió una estocada que indica que le vaciaron el ojo izquierdo y otro corte recto en el pómulo derecho.
Los agresores obligaron a las autoridades de Lima a nombrar gobernador al joven Diego Almagro y forzaron que Francisco Pizarro fuera enterrado de forma casi clandestina en un patio de la catedral de la ciudad, pero quedaron lejos de tomar ventaja en esta guerra civil entre conquistadores. El conflicto se prolongó durante años obligando incluso a la Monarquía hispánica a tomar partido. En este contexto, el hermano menor de Pizarro, Gonzalo, encabezó la Gran Rebelión de Encomenderos en 1544 contra la Corona española en protesta por la dación de las Leyes Nuevas. Él y muchos de los conquistadores rebeldes fueron ajusticiados por esta causa.

Nuevo Perú huye del hemiciclo

Una vez más los operadores políticos apoyaron a la corrupción. Luego de marcar su asistencia Richard Arce, Mario Canzio, Manuel Dammert, Marisa Glave, Indira Huilca, Edgar Ochoa, Orazio Pacori, Alberto Quintanilla y Horacio Zeballos se ausentaron del Pleno y no votaron.
10 abtenciones de Fuerza Popular inclinaron la balanza: Kenji Fujimori, Estelita Bustos, Guillermo Bocángel, Clayton Galván, Maritza García Jiménez, Marita Herrera, Bienvenido Ramírez, Marvin Palma, Sonia Echevarría y Lizbeth Robles.
También 6 de APP: Richard Acuña, Gloria Montenegro, Cesar Villanueva, Marisol Espinoza, Eloy Narváez y Cesar Vásquez; 3 de Acción Popular: Edmundo del Águila, Yonhy Lescano y Miguel Román. Así como Jorge del Castillo y Luciana León del Partido Aprista.
Fuente: Congreso de la República.

Doble moral: Borea le decía “embustero” a PPK hace unos meses

En su libro “Manual de la Constitución”, abogado señalaba que Kuczynski había calculado un embuste respecto a su nacionalidad norteamericana

Al descubierto quedó la incoherencia moral de Alberto Borea, abogado que pretende demostrar que Pedro Pablo Kuczynski no mintió sobre sus vínculos con Odebrecht, ya que hace unos meses afirmaba públicamente que su ahora defendido era una persona que mentía.
“En la campaña electoral del año 2011, el candidato Kuczynski manifestó que era peruano y que renunciaría a su nacionalidad estadounidense recuperando a plenitud la de nuestra patria. No lo hizo. Más allá, sin embargo, del embuste que ideó para calcular si le convenía dar ese paso (solo procedería a la renuncia en caso de ser elegido presidente), el debate se presentó ante el JNE”, se lee en su obra presentada el 28 de julio de este año.
“Del embuste que ideó”, decía Borea Odría sobre Kuczynski en julio
El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén reveló esta doble lógica con la que Borea Odría pasó de señalar claramente que PPK usaba falsedades para obtener el poder, a negarlo ante el Congreso.
A esto se añade que el letrado siempre fue un duro crítico del hoy presidente, respecto a su honestidad y respeto por una investigación respecto a sus empresas.
Velásquez Quesquén reveló cuestionada moral de abogado presidencial
Basta ver sus declaraciones en el diario La Primera (hoy Diario Uno) el 23 de marzo del 2011, donde afirmaba que su hoy patrocinado había renunciado a la nacionalidad peruana para naturalizarse norteamericano.
“Y él miente al decir que no lo hizo. Entonces, ante los ojos de la Constitución de dicho país, él no es peruano (…) Kuczynski puede evadir cualquier proceso judicial iniciado en nuestro país, ya que puede ampararse en su nacionalidad norteamericana, como lo hizo Fujimori en el Japón, y eso es lo grave del asunto”, sostenía entonces.
Fuente: www.manifiestoperu.com

La bancada de Kenji

Por Martín Hidalgo Bustamante– Diario El Comercio.
¿Quiénes son los 10 legisladores de Fuerza Popular que votaron en ámbar tras el debate de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski?
Kenji Fujimori (Lima)
​El congresista más votado –por segunda elección consecutiva– llegó al debate de la vacancia con restricciones por parte de su bancada. Pidió ser incluido en la lista de oradores pero se lo negaron debido a que está vigente la sanción de 120 días en su contra (la segunda en lo que va de este año). Ante la negativa de su bancada, Kenji difundió un video con el mensaje: “Optamos por no apoyar la vacancia votando en abstención”. Nadie en ese momento imaginó que el plural incluía a nueve de sus colegas de bancada. Diez votos que evitaron la vacancia presidencial.

Guillermo Bocángel (Huánuco)

Después de Kenji, es el congresista que más visita al ex presidente Alberto Fujimori en el penal de Barbadillo. Según reveló este Diario, entre julio del 2016 y junio del 2017, Bocángel estuvo en la Diroes hasta en 34 oportunidades, una visita más que las que hizo Keiko Fujimori en ese mismo tiempo. Antes de llegar al Parlamento, se desempeñó como rector de la Universidad Hermilio Valdizán de Huánuco. En su historia legislativa registra una indagación en la Comisión de Ética por llamar “pobre diabla” a la congresista de APP Gloria Montenegro.

Estelita Bustos (Callao)

Es una de los tres representantes que tiene Fuerza Popular en el primer puerto, aunque recién milita en el partido desde el 2016. Antes estuvo inscrita en el movimiento regional Por Ti Callao, por el cual postuló –sin éxito– como regidora provincial en la elección del 2014. A inicios de este año, El Comercio reveló que Bustos cobró su bono de instalación, pese a que su bancada anunció que los parlamentarios reelectos por Lima y Callao no cobrarían dicho beneficio. La legisladora chalaca es conocida por sus campañas de protección a los perros.

Sonia Echevarría (Junín)

​Inicialmente fue excluida de las elecciones por el Jurado Electoral Especial de Huancayo por entrega de dádivas, pero una resolución del Jurado Nacional de Elecciones ordenó su reincorporación. Es una de las más allegadas a Kenji Fujimori y cuenta con su apoyo en todo tipo de gestiones. En octubre pasado, durante una semana de representación, escribió en Twitter: “Entrega de siete camas clínicas para los ancianos de la Beneficencia Pública de Tarma. ¡Gracias Kenji!”. También firmó la carta de respaldo a Kenji cuando enfrentó su primera sanción.

Clayton Galván (Pasco)

Al igual que Bocángel también ha visitado al ex presidente Alberto Fujimori en la Diroes. En el cónclave fujimorista de julio, Galván estuvo en el grupo que se tomó fotos con Kenji Fujimori, quien por entonces ya comenzaba a tener enfrentamientos públicos con la cúpula allegada a su hermana Keiko. También firmó la carta en respaldo a este durante el primer proceso disciplinario que se le inició en julio y que acabó en una suspensión de 60 días. Galván casi enfrentó un pedido de suspensión en la Comisión de Ética pero se libró con los votos de su bancada.

Maritza García (Piura)

​Su presencia en el debate de la vacancia estuvo en duda debido a que se encontraba en una clínica. Sin embargo, la especulación se acabó cuando llegó al Congreso a las 7 p.m. A diferencia del resto, no firmó la carta de respaldo a Kenji en julio pasado, cuando lo sancionaron. Su gestión parlamentaria ha sido complicada. La Comisión de Ética recomendó suspenderla por mentir en su hoja de vida, aunque la sanción aún no es ratificada en el pleno. También la retiraron de la presidencia de la Comisión de la Mujer por unas polémicas declaraciones.

Marita Herrera (Amazonas)

​Hace dos semanas, Herrera sufrió un accidente automovilístico; por ello, hasta la fecha lleva un collarín. Pese a su licencia, según fuentes de la bancada, la obligaron a asistir a la sesión de la vacancia. Figura entre las firmantes de la carta de respaldo a Kenji en julio. Tras su renuncia a Fuerza Popular, Patricia Donayre mencionó a Herrera como otra posible baja en el grupo fujimorista. Herrera también fue investigada en la Comisión de Ética por registrar en su informe de representación que estuvo en su región, pese a que viajó fuera del país.

Marvin Palma (Lambayeque)

​Es el legislador más joven del Parlamento y también uno de los más allegados a Kenji Fujimori, con quien aparece en distintas fotos y viajes al interior del país. En la elección de la Mesa Directiva de julio pasado, Palma propuso a Kenji como candidato a la presidencia del Parlamento, tras asegurar que “tiene las cualidades” para “concertar con las bancadas parlamentarias”. Su rúbrica aparece junto a otras 22 en la carta de respaldo al menor de los Fujimori en julio. En ese entonces, advirtió que una expulsión de Kenji “desataría una crisis”.

Bienvenido Ramírez (Tumbes)

​Uno de los más polémicos legisladores del fujimorismo en estos primeros meses. Es recordado por su frase: “Leer da Alzheimer a las personas que estudiaron y leyeron mucho”. Sus controversiales comentarios lo pusieron en la palestra pública desde antes de asumir su mandato como congresista. En abril del 2016, dijo que Alberto Fujimori era un preso político y minimizó el rol de Keiko. “En los asentamientos humanos, en el interior del país, la gente pobre votó por la figura de su padre, por [Alberto] Fujimori. Porque Keiko, ¿qué ha hecho?”, afirmó.

Lizbeth Robles (Lima Provincias)

Hasta junio pasado, Robles registró una visita al ex presidente Alberto Fujimori en la Diroes. Desde la campaña electoral del 2016 está enfrentada con su colega de bancada y de región Elard Melgar, uno de los más allegados a Keiko Fujimori y miembro del CEN de Fuerza Popular. Robles acusó a Melgar de una “guerra sucia” en su contra. Incluso, la legisladora afirmó que Melgar estaba detrás de la denuncia en su contra por supuestamente haber falsificado una firma y un documento para ostentar un cargo partidario en Fuerza Popular.

¿Cuántos tanques tiene el Congreso?

Por Ricardo Vásquez Kunze– Político.pe
La crisis moral de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski ha servido para que caigan las caretas y que todo el mundo sepa quién es quién en la lucha contra la corrupción y quién está con y contra la democracia.
A favor de la corrupción de la presidencia de PPK está el expremier del reo Ollanta Humala -investigado por recibir plata sucia de Odebrecht por más de 3 millones de dólares para su campaña electoral-, Pedro Cateriano. No es de extrañar entonces que el primer ministro de Nadine Heredia y su “luz verde” se haya convertido en el podrido adalid de la inmoralidad manifiesta de PPK. La “tesis” de Cateriano para defender la corrupción de Odebrecht y los lobbies de PPK desde el gobierno a través de Westfield Capital y First capital es que el Congreso está perpetrando un golpe de Estado al pedir la vacancia del presidente. Y, aunque todas las bancadas (excepto la de PPK) votaron a favor de dar inicio al procedimiento de vacancia, para Cateriano y todos los podridos a los que representa, el fujimorismo es el que quiere interrumpir el orden constitucional.
¿Cuántos tanques tiene el Congreso, “señor” Cateriano? ¿Cuántas divisiones a su mando para dar un golpe? ¿Cuántos generales, coroneles, comandantes nombra el Congreso? ¿Cuántos diplomáticos designa? ¿Cuántas bases están a sus órdenes? ¿Cuántos puertos y aeropuertos tiene bajo su égida para dar un golpe? ¿Cuántos medios de comunicación están sintonizados?¿No es acaso el presidente lobista -que defiende el podrido Cateriano- el comandante supremo de las fuerzas armadas, el que asciende a militares y diplomáticos y que a sola orden puede entrar y salir de cualquier base militar? Aquí, “señor” Cateriano, el golpe de Estado lo quieren dar los podridos como usted.
En efecto, la miseria moral de Cateriano no tiene límites en su defensa de la corrupción de Odebrecht. Así, después de todas las mentiras y confesiones de parte que los peruanos hemos escuchado del presidente lobista, solo a Cateriano y a una gavilla de imbéciles se les puede ocurrir que Meche Aráoz vaya al Congreso a hacer cuestión de confianza sobre… ¡la inmoralidad de PPK! ¡Es decir! Hay que estar podrido hasta la médula para proponer un golpe de Estado contra la representación nacional en aras de que un inmoral siga en la presidencia porque a Cateriano no le gusta la composición del Congreso ni la lucha contra la corrupción.
Fracasado el “consejo” por estúpido, a Cateriano se le ha ocurrido otra de sus brillantes tinterilladas para defender la corrupción. Le pide al presidente lobista que apele a la OEA y pida la aplicación de la Carta Democrática ante el inminente “golpe de Estado” de un poder que no tiene mando ni comando sobre nadie y que está aplicando al milímetro la Constitución y el reglamento del Congreso. Y de inmediato le bajaron el moño a este aliado de la corrupción.
Alan Wagner, presidente de Transparencia -quien, por cierto, NO está de acuerdo con la vacancia de PPK- ha dicho hoy con todas sus letras que NO hay ningún indicio de golpe de Estado contra Kuczynski ni el orden constitucional. Y ahí quedó Cateriano: desnudo en su inmoralidad, expuesto en su pequeñez intelectual y acompañado de todos los podridos que no quieren dejar el poder del que vienen medrando desde que Toledo (con PPK como ministro, presidente de Proinversión y dueño de Westfield Capital y empleado de First Capital) se embolsicó la coima de 20 millones de dólares de los corruptos de Odebrecht. ¡Mafiosos!

El presidente debería renunciar

Por Mávila Huertas– Diario La República.
A estas alturas, está claro que PPK no fue un funcionario público probo. Ex ministro de Economía y luego Presidente del Consejo de Ministros de un gobierno que puso en bandeja una obra como la Interoceánica y se la entregó a Odebrecht (ahora sabemos que a cambio de 20 millones de dólares para Alejandro Toledo).
Mientras, en paralelo, una empresa suya asesoraba a la constructora brasileña y cobraba por ello. El monto no importa. Tampoco si él firmó o no los contratos. Ganó algo de dinero. Lo admitió la noche del domingo. Lucró directa o indirectamente mientras prestaba servicios al Estado y no podía hacerlo.
That’s all!
Si PPK es coherente con la defensa que hizo de su investidura cuando se negó a presentarse ante la Comisión Lava Jato alegando que no sometería a un circo la Presidencia de la República, debería evitarle al país el penoso espectáculo al que asistiremos el jueves. Al margen de que la oposición consiga o no los votos para vacarlo, será una carnicería.
Ya expuso sus cartas intentando responder a los periodistas incisivos pero respetuosos que lo entrevistaron en Palacio de Gobierno. ¿Espera que ocurra lo mismo en el Parlamento? ¿Acaso cree que saldrá ileso después de que fujimoristas y apristas lo trituren?
Si lo vacan, el hombre que asumió la presidencia del Perú hace poco más de un año con el mejor currículum de la región (como destacó la revista América Economía) tendrá que dejar el cargo por la puerta falsa. Si se salva de la vacancia, Kuczynski estará condenado a la duda permanente del ciudadano, incluso del que votó por él. Además, habrá quedado chamuscado, frágil y sin piso ante cualquier pequeño nuevo embate.
Una disculpa y un elegante adiós. Es lo mejor que puede hacer el Presidente… si realmente está pensando en el país.

Última vacancia: diario de debates

Por 62 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó la noche del martes 21 de noviembre un proyecto de resolución legislativa por el que declara la permanente incapacidad moral del presidente Alberto Fujimori, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución del Estado. Así mismo, declaró la vacancia de la Presidencia de la República, debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115° de la Constitución Política del Perú.
La decisión congresal fue adoptada a las 22:25 horas, después de una jornada cuyo debate se prolongó por más de 12 horas. En la votación no participó la mayor parte de legisladores de la bancada de Perú 2000, quienes se retiraron al no conseguir que primeramente se votara la renuncia que hizo llegar el ahora ex jefe del Estado, ante el Presidente del Congreso.
La resolución legislativa fue aprobada en medio de aplausos y manifestaciones de júbilo de parte de un sector del público asistente a las galerías del Hemiciclo del Pleno. Para Perú 2000, el procedimiento que antecedió a la votación no correspondió a lo que, dijeron sus voceros, se había acordado antes en el Consejo Directivo, para coordinar en torno al tratamiento de este trascendental tema.
Antes de procederse a la votación en sí, se produjo un debate que se proyectó por cerca de una hora, debido precisamente a que entre el oficialismo y la oposición no se ponían de acuerdo acerca del punto que debería votarse primeramente. Al final, se votó la resolución legislativa, lo que motivó el retiro, en señal de protesta, de los representantes de Perú 2000.
Ese fue el corolario de un debate que tanto la Presidencia como los diversos oradores coincidieron en calificar de histórico, habida cuenta del tema central, como fue declarar la permanente incapacidad moral del Presidente de la República y la declaratoria de la vacancia de ese cargo.
El maratónico debate dio lugar a severos ataques de la oposición a Fujimori, contra su gobierno y lo que consideraron una actitud inmoral de su parte. Entre tanto, los voceros de Perú 2000 reafirmaron su respaldo al jefe del Estado, destacaron su labor gubernamental, y lamentaron que fuese objeto de una venganza por parte de la oposición.
Como lo definió en cierto momento el propio presidente Paniagua, el debate resultaba agrio, áspero y violento, particularmente cuando se produjo un fuerte intercambio ntre las legisladoras Luz Salgado (Perú 2000) y Mercedes Cabanillas (APRA), quienes mutuamente se exigieron el retiro de frases que consideraron ofensivas.
Helbert Samalvides (Perú 2000) señaló que el dolor que sentía no lo abatía y anotó que estaba preparado para enfrentar “la sed de venganza de la ex minoría”. Añadió que era la hora de demostrar lealtad a un hombre cuya labor al servicio del país -dijo- no podrá ser borrada por una resolución legislativa.
Intervino Ernesto Gamarra (FIM), quien deploró que muchas veces se advirtió a los voceros del gobierno de Fujimori sobre las medidas equivocadas que se adoptaban. Sin embargo, dijo, insistieron en su actitud. Agradeció al presidente del Congreso, Valentín Paniagua Corazao, diciendo que, con él, el Perú retornará al cauce democrático necesario.
La legisladora Martha Chávez (Perú 2000) exaltó la labor gubernamental de Fujimori y su coraje en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y la acción para liberar a los rehenes de los terroristas en la residencia del embajador del Japón. Desmintió que en la sesión se estuviera dando la muerte del fujimorismo, porque éste -aclaró- está en el alma del pueblo, al que se benefició con sus numerosas obras.
Héctor Ramos López (Perú Posible) sostuvo que 26 millones de peruanos esperan que venga Fujimori a responder al país dónde está el dinero de la privatización de empresas públicas, la naturaleza de sus relaciones con el ex asesor Vladimiro Montesinos, y otros puntos aún oscuros. Se mostró reacio a todo lo que sea “borrón y cuenta nueva”.
El ahora independiente Miguel Velit (ex Perú 2000) advirtió de ciertos arreglos políticos para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral. Dijo que él puede discrepar con el jefe del Estado por haber renunciado fuera del país, pero que no puede aceptar, por injusta, una vacancia motivada por intereses políticos.
En similares términos se pronunció Gregorio Ibarra Imata (Perú 2000). Entre tanto, Juan Ramírez Canchari (Perú Posible), censuró a Fujimori, acusándolo de conducir al país a la mayor crisis económica de su historia.
Cuando ya habían transcurrido diez horas de debate, intervino la primera vicepresidenta del Congreso, Luz Salgado, quien para tal efecto bajó al llano. Clamó por el cese de odios, insultos y enfrentamientos entre peruanos. Aludió al nuevo gobierno que surgirá en el Perú, y dijo que los del saliente oficialismo están prestos a colaborar y a ofrecer sus servicios en lo que la nueva Administración los considere convenientes.
Otros oradores como Rómulo Mucho Mamani (Perú Posible), Jorge Polack Merel (I) y Enrique Lau Chufón (Perú Posible) también respaldaron la vacancia por incapacidad moral del presidente Fujimori. Ántero Flores-Aráoz (PPC) sostuvo que la incapacidad moral atribuída a Fujimori se inició el 5 de abril de 1992, y que ello prosiguió con otra numerosa sucesión de hechos que consideró ilegales e inconstitucionales.
María Jesús Espinoza (Perú 2000), tercera vicepresidenta del Congreso, admitió que se cometió errores como la corrupción, la compra de conciencias y abusos. Pero al mismo tiempo aclaró que se trabajó con servicio, coraje, voluntad y decisión. Con voz emocionada, añadió que ellos seguirán defendiendo esas obras, y que nunca se avergonzarán de ello.
Sus apreciaciones fueron respaldadas en sendas intervenciones por Rolando Reátegui Flores y Nicasio Terán Adriazola (Perú 2000). Este último señaló que la intención de declarar la vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral era un juzgamiento político lleno de pasión y venganza.
Guido Pennano Allison (FIM) abogó por la necesidad de declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral de su titular. Instó a salir rápidamente de esta situación y de la crisis política del país, y subrayó que el Parlamento necesita abocarse ahora a la discusión del proyecto del Presupuesto General de la República para 2001.
Para Alberto Cruz Loyola (Perú Posible), el pueblo espera que todos los funcionarios de este gobierno también renuncien. Dijo que su grupo político apoyó a Valentín Paniagua para la Presidencia del Congreso, “porque sabíamos que usted llevará acertadamente el gobierno de transición”.
En opinión de Anselmo Revilla (Perú 2000), la declaratoria de la vacancia presidencial, como lo planteaba la oposición, no ha sido tramitada. Por lo tanto, invocó a la Presidencia a que no permita que se cometa un abuso constitucional. Puntualizó que, de lo que se trata, es sólo de aceptar la renuncia formulada por el jefe del Estado.
Fuente: www2.congreso.gob.pe

El pleno del Congreso aprobó la admisión de la Moción del Orden del Día en la que se solicita declarar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Luego de más de cinco horas de debate, la moción para la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, recibió el respaldo de 93 parlamentarios y el rechazo de 17 congresistas.
De acuerdo al titular del Parlamento, Luis Galarreta, el siguiente paso será citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski el jueves 21 a las 09:00 horas para que se presente ante la Representación Nacional y ejerza su derecho a la defensa.
El jefe del Estado puede presentarse en persona o enviar a su abogado y tendrá hasta sesenta minutos para defenderse, según declaró previamente el titular del Parlamento.
Detalló que luego de esa defensa, se votará la moción de vacancia a la Presidencia de la República y para ello se requiere la votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso.
Galarreta  subrayó que el pedido de vacancia al actual presidente de la República es un hecho lamentable y difícil y se ha tramitado conforme a los procedimientos reglamentarios y constitucionales.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

Una costosa mentira: Frente Amplio plantea vacancia presidencial

Wilbert Rozas, congresista del Frente Amplio, tomó la palabra y expresó: “La vacancia es la única salida y no la renuncia”.
La argumentación del presidente se resume así: los US$782 mil que Odebrecht registra como pagos a su empresa personal Westfield Capital Limited entre 2004 y 2007 tienen dos conceptos y momentos temporales. Las cinco primeras facturas, donde está el período del 2004 al 2006, cuando Kuczynski se desempeñó como ministro MEF, premier y presidente de Proinversión en el gobierno de Alejandro Toledo; son por montos de entre US$2,157 y US$20,794, y corresponden al concepto de reembolsos de gastos y, una de ellas, al de “comisión fija, estructuración y colocación”. Son las dos últimas, del 3 y 4 de diciembre de 2007, las que son por concepto de “asesoría financiera” y suman por mucho el grueso del monto final, con US$717,570. Para cuando se emiten, Kuczynski se encontraba fuera de la función pública. De acuerdo a la lista de First Capital que CARETAS publicó en su edición 2516, la empresa efectivamente fue el asesor financiero exclusivo para Odebrecht en el proyecto de Olmos, en la emisión pública de bonos por US$100 millones.
Hasta este punto la versión de Kuczynski tiene algún sentido. Lo que Odebrecht le paga a Westfield en ese primer tramo corresponde a conceptos en realidad menores, no a asesorías propiamente dichas.
A pesar de que las dos últimas facturas sí se refieren a asesorías a la concesionaria de la IIRSA Norte –en el proceso de la IIRSA Sur se produce la coima de US$20 millones a Toledo-, el presidente insiste en que él no prestó la asesoría y que se trató de un trabajo hecho por First Capital. Esta última empresa, sin embargo, no tiene en su relación de trabajos asesorías realizadas a IIRSA Norte. Sí está, durante el 2006, la “securitización” de US$600 millones en cuentas por cobrar de la IIRSA Sur. Kuczynski insiste en que el único trabajo que lo relaciona con Odebrecht es la consultoría que realizó para First Capital en el caso de H2O Olmos en el año 2012.“Estos ingresos los declaré públicamente porque nunca tuve la intención de ocultar nada”, dijo en su mensaje. Se refirió al chantaje de la “corrupción sistémica”, se entiende, por parte de Odebrecht.
Sepúlveda, desde 1995 socio del presidente en el fondo de inversiones Latin American Enterprise, aparece recién como el segundo director de Westfield a partir del año 2006.
Esta historia es consecuencia de las inconsistencias profesionales del presidente y su socio Sepúlveda, que fueron advertidas por CARETAS a lo largo de todo este año.
Fuente: Revista CARETAS.

Más preguntas para PPK

Por Gonzalo Carranza-Diario El Comercio.
La mañana del sábado 16 de junio se conoció un comunicado de Odebrecht sobre los pagos que consorcios formados por esta empresa hicieron a dos firmas de asesoría financiera vinculadas con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, First Capital y Westfield Capital.
Ante las sospechas de que estas transferencias escondieran pagos ilegales realizados a favor de PPK, Odebrecht afirma que “los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital y Westfield Capital corresponden a servicios efectivamente prestados” y que “los valores de dichos contratos estaban de acuerdo con las prácticas de mercados a la fecha”. Este comunicado abre un espacio para que PPK ofrezca a la ciudadanía respuestas más detalladas que las brindadas hasta hoy sobre los cabos sueltos de este caso. Odebrecht le ha dado una impulso, pero PPK aún necesita nadar hasta la orilla para salvar su presidencia. Le quedan horas para hacerlo.
¿Sobre qué debe responder el presidente? Empecemos por el pago que aceptó haber recibido en su mensaje a la nación, el jueves al filo de la medianoche. Se trata de US$610,000 que la empresa First Capital le pagó por una asesoría financiera para la subsidiaria de Odebrecht, H2 Olmos, para lo cual el mandatario giró un recibo por honorarios el 30 de noviembre del 2012. Este pago, a su vez, se vincularía con una transferencia realizada por H2 Olmos a First Capital por más de US$1.6 millones como “honorario de éxito”, según la factura del 22 de noviembre de dicho año incluida en la relación entregada por Odebrecht a la Comisión Lava Jato.
El presidente debe rematar la tarea de convencer a los peruanos de que a este pago se aplica lo afirmado, en forma general, por Odebrecht: que estamos frente a una asesoría profesional y no frente a una recompensa o un incentivo indebidos.
Podemos adelantarnos a una posible respuesta de PPK. Por las fechas, es presumible pensar que los servicios de First Capital y de PPK se vincularan con la emisión de bonos por US$128 millones realizada por dicho consorcio el 24 de octubre del 2012. El estructurador y colocador de estos bonos fue Scotiabank, pero la asesoría de First Capital y de PPK bien podría haber sido de carácter más general, como una evaluación financiera integral del proyecto o una recomendación sobre la características que debía tener el ‘project finance’, un tipo de consultoría que era la especialidad declarada de First Capital. De hecho, este financiamiento tuvo ciertas complejidades que podrían justificar una asesoría especializada: diferentes plazos de endeudamiento, una garantía parcial de la CAF por US$50 millones e importantes garantías mobiliarias e hipotecarias.
Hasta aquí, lo que podemos especular a pesar del silencio presidencial. Sin embargo, quedan dudas. Por ejemplo, ¿qué servicios específicos dio PPK para hacerse de un pago por casi el 0,5% del financiamiento, un monto importante en este tipo de operaciones? ¿Y qué valor agregado dieron los servicios de First Capital para representar, solo en la comisión de éxito, la cuarta parte de los costos de la transacción declarados por H2Olmos (S/17 millones)?En segundo término están los pagos hechos a Westfield Capital por tres sociedades ligadas a Odebrecht entre el 2004 y el 2007: Consorcio Trasvase Olmos, Concesionaria IIRSA Norte Tramo 2 y Concesionaria IIRSA Norte Tramo 3. PPK reconoció en su mensaje a la nación, al filo de la medianoche del jueves 14, que Westfield Capital le pertenece, pero argumentó que las transferencias por parte de los consorcios de Odebrecht se originaron en contratos suscritos cuando él se había desligado temporalmente de la “administración o gestión” de la firma debido a sus responsabilidades políticas en el gobierno de Alejandro Toledo, dejando toda responsabilidad a cargo de su amigo, el financista Gerardo Sepúlveda, a su vez socio principal de First Capital. Odebrecht ha ratificado que firmó estos contratos de asesoría con Sepúlveda.
No obstante, en este caso también quedan dudas. El presidente aparece como “director o ejecutivo” registrado en las memorias anuales presentadas por Westfield desde el 2004 hasta el 2016 al estado de Florida, donde la firma estaba incorporada. Es verdad que, en línea con lo argumentado por el mandatario en su mensaje, las declaraciones desde el 2006 hasta el 2008 son firmadas por Sepúlveda y no por PPK, quien las había firmado desde el 2004 y volvería a hacerlo a partir del 2009. Sepúlveda también aparece –junto con PPK– en la lista de directivos contenida en estas declaraciones desde el 2006 hasta el 2010. Se podría pensar, con cierta inocencia, que la aparición del nombre del presidente en estos documentos durante los años en los que afirma haber estado alejado de Westfield se debiera a un error material, pero el propio PPK no ha hecho explícito este argumento. Tampoco ha negado que siguiera usufructuando los beneficios generados por Westfield mientras Sepúlveda dirigía la firma y suscribía contratos con sociedades ligadas a Odebrecht. En el 2007, Westfield transfirió US$380 mil a la cuenta de PPK en el BCP.
Finalmente, Kuczynski sí estampó su firma electrónica y apareció como único director o ejecutivo en la memoria anual enviada por Westfield al estado de Florida el 10 de enero del 2005, cuando ya tenía 11 meses en su segunda gestión como ministro de Economía de Toledo y, siguiendo la lógica de su propio testimonio, ya había dejado enteramente la gestión de Westfield a cargo de Sepúlveda. Esta memoria reflejaba información financiera del 2004, año en que el Consorcio Trasvase Olmos hizo un pago por US$10 mil a Westfield por reembolso de gastos. El presidente tampoco ha dado ninguna explicación sobre este hecho.
Por último, PPK no ha explicado por qué, ante la necesidad de desligarse de sus negocios privados para asumir cargos públicos, optó por dejar a cargo de dichos intereses a Sepúlveda, su socio recurrente, amigo íntimo e invitado de honor en su juramentación como presidente el 28 de julio del 2016, en lugar de recurrir a otros mecanismos que no lo comprometieran con las decisiones tomadas en su supuesta ausencia. Si fue un error de juicio, sin dolo, el mandatario debería aceptarlo, disculparse ante la ciudadanía por no haber hecho un recuento detallado y transparente de sus relaciones con Odebrecht antes de que las circunstancias lo obligaran a ello, y aprovechar esta (mala) experiencia para plantear estándares más estrictos para que los funcionarios del Estado separen efectivamente sus intereses privados de su gestión pública.

Las tres veces que el Congreso peruano ‘despidió’ al presidente

La revelación de los presuntos vínculos del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con la constructora Odebrecht motivó el pedido de vacancia en su contra presentada esta mañana por 27 congresistas de Fuerza Popular, Frente Amplio, Alianza por el Progreso y el Apra. Pero este no es el único caso en la historia del Perú.
El especialista en derecho constitucional Samuel Abad explicó a RPP quiénes fueron estos mandatarios y cómo se llevaron a cabo estas destituciones.

Independencia insípida

El primer presidente vacado de la historia del Perú fue José de la Riva Agüero, en 1823. “En este caso, la consolidación de la independencia estaba todavía muy fresca y las pugnas políticas por posturas diferentes motivaron que el Congreso pidiera su vacancia por incapacidad moral”, señaló Abad.
De la Riva Agüero intentó hacer frente a esta decisión y empezar una guerra civil, pero antes de que pudiera ejecutar su plan, fue apresado y enviado al destierro en Guayaquil.

País en posguerra

El segundo mandatario ‘despedido’, Guillermo Billinghurst, fue cuestionado por sus ideas de centroizquierda en medio de un país todavía convulsionado por los estragos de la guerra con Chile.
“En este caso, también se aplicó la causal de incapacidad moral. Sin embargo, Billinghurst intentó disolver el Congreso y continuar en el poder. En respuesta, la oposición atacó el Palacio de Gobierno, lo apresó y envió a Iquique. En este enfrentamiento fue asesinado su ministro de guerra, el general Enrique Varela”, comentó el especialista RPP Noticias.

Conflicto armado

En nuestra historia reciente las palabras “renuncia” o “vacancia” se relacionan mucho con el año 2000. El presidente Alberto Fujimori estaba en medio de serios cuestionamientos después de la difusión de los vladivideos, en los que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, ofrecía y entregaba fajos de billetes para comprar medios de comunicación, congresistas y magistrados en favor del Gobierno.
“La situación esa época era bastante peculiar. Para empezar, se llevaron a cabo elecciones fraudulentas y eso generó que muchas instituciones cuestionaran la democracia. En medio del caso, Fujimori huyó a Japón y renunció por fax. El Congreso decidió no aceptar su renuncia porque esa actitud representaba razón suficiente para pedir su vacancia por incapacidad moral. Y lo hicieron. Como todo su gabinete fue elegido de manera ilegítima, debieron renunciar y finalmente fue el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, quien asumió el cargo”, explicó Abad.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Westfield Capital transfirió más US$380 mil a cuenta personal de PPK en 2007

Westfield Capital, empresa que contrató Odebrecht para consultorías y que pertenece a Pedro Pablo Kuczynski, hizo una transferencia de US$380,047 mil a una cuenta bancaria personal del presidente de la República el 7 de diciembre del 2007.
Eso lo revela un documento que estaba en poder de la comisión Lava Jato del Congreso anterior, que encabezó Juan Pari, y al que pudo acceder Perú21.
Haciendo un cruce de información entre este y la documentación brindada por Odebrecht al Parlamento, se puede ver que ese desembolso se hizo tres días después de que Westfield Capital recibiera US$430,542 de parte de la firma brasileña. Ese pago corresponde a una consultoría hecha por el proyecto Interoceánica, según la firma brasileña.
En ese mismo mes, el 3 de diciembre de 2007, la constructora también transfirió US$287,028 a Westfield.
De acuerdo a lo informado por Odebrecht, pagó más de US$782 mil a Westfield Capital —compañía unipersonal de PPK— por consultorías para los proyectos Trasvase Olmos y la Interoceánica Sur, entre los años 2004 y 2007.
Ya el 24 de febrero de 2017, ‘Hildebrandt en sus trece’ reveló el depósito de Westfield a cuenta de PPK. “El mayor aporte que recibió la cuenta del BCP del mandatario provino de Westfield Capital, una empresa propiedad de Kuczynski que abonó en el 2007 US$380 mil. Westfield Capital se dedica, así como First Capital, al rentable negocio de las consultorías financieras en Latinoamérica”.
Como se sabe, para adjudicarse esta última obra, la constructora, según el Ministerio Público, habría pagado US$20 millones en sobornos al ex presidente Alejandro Toledo, en el mismo periodo de tiempo en el que Kuczynski fue su ministro de Economía.
Fuente: Diario Perú21.

Sepúlveda, el primer amigo de la nación (nueva versión)

Por Fernando Vivas-Diario El Comercio.
Cuando Toledo ganó y nos familiarizamos con su entorno, llamó la atención un hombre alto y corpulento, pero bonachón en apariencia. Era mayor que el presidente, y al verlo con él parecía una suerte de consejero y compinche a la vez. La prensa bautizó a Adam Pollack como ‘el primer amigo de la nación’. Josef Maiman contó mucho después que cuando se encontraban los tres, bromeaban diciendo que Josef era ‘el segundo amigo de la nación’.
Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda hicieron clic en Chile en 1992. PPK era un dinámico cincuentón con mucho millaje. Había sido ministro de Energía y Minas en el gobierno de Belaunde y supo ligar su conocimiento de ese sector con su habilidad para las altas finanzas. En esa faceta acumuló consultorías y cargos. Uno de ellos fue ser vicepresidente de directorio de la chilena CAP (Compañía de Aceros del Pacífico), donde el joven Gerardo, de 27 años, era director de desarrollo. Este había estudiado auditoría en la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Por la diferencia de edad y la coincidencia de vocaciones, Gerardo de alguna manera se convirtió en el hijo que PPK sí tuvo –John Kuczynski Casey– pero con el que mantiene una cordial distancia. En la toma de mando de julio del 2016, no estuvo John, pero sí sus tres hijas y, claro, estuvo Gerardo. Por coincidencia, el chileno también es casado y tiene cuatro hijos.
En 1993, ya ambos trabajaban en Miami en Westfield Capital, empresa en la que PPK era el único socio y dueño, como reconoció en su último mensaje a la nación. Gerardo era analista de proyectos. Con el paso del tiempo, la colaboración y la amistad se fortalecieron. Junto a un equipo en el que participaban otros peruanos como Eduardo Elejalde y Fernando Montero, además de Nancy Lange que se unió a PPK en 1995, formaron varias empresas.
Una de las aventuras empresariales de este grupo peruano-chileno-estadounidense fue crear el Latin America Enterprise Fund (LAEF) en 1998, un fondo con inversionistas entre los que se contaban las universidades de Harvard y Stanford y el fondo de pensiones del estado de Wisconsin, donde nació Nancy. El LAEF compró el Parque del Sendero, un gran complejo de cementerios de Chile. PPK y sus socios han invertido en la vida y en la muerte de mucha gente.
Pero volvamos a Westfield, que ese es el hueso atragantado que asfixia a PPK, pues allí recibió pagos de Odebrecht mientras era funcionario. Gerardo, el gran amigo, quisiera sacárselo pero no puede.
—¡Encuentra el poder, Gerardo!—
Una fuente oficialista me contó que en la larga reunión palaciega del jueves, antes del mensaje a la nación, un abogado del presidente explicó que Westfield, mientras PPK fue funcionario de Toledo, fue gestionada íntegramente por Sepúlveda. El abogado dijo a los ppkausas que el chileno tenía una condición, una suerte de ‘officer’ empoderado, que, de acuerdo a la legislación gringa, restaba responsabilidad al presidente. Contó, además, que Sepúlveda, en Chile, estaba buscando el documento crucial que confirmara esa condición.
Me comuniqué con una representante de Sepúlveda en Santiago. Me dijo que él no deseaba declarar por ahora. Le pedí documentación en el sentido del que busca la defensa del presidente, pero solo recibí un link a un registro empresarial de Florida, donde, en efecto, figura que en el 2006 es Gerardo y no PPK quien firma la hoja de reporte anual de la empresa, aunque en la misma hoja PPK sigue siendo el dueño y también ‘officer’. En otros años, PPK firma el reporte.
Formalmente, PPK no era socio de Gerardo en Westfield, pues era el único dueño; tampoco eran socios en First Capital (FC), pues solo Gerardo era dueño. Pero ambas se dedicaban a asesorías financieras para grandes proyectos. FC se fundó en Miami en el 2001 y se trasladó a Chile en el 2006. Westfield sobrevivió a varios períodos.
—Santiago querido—
Insistí en hablar con Sepúlveda, pero me dicen que solo declarará, tal vez, a partir del viernes. En ese cálculo temporal, presumo, está considerado el debate de la vacancia de su amigo previsto para el jueves.
Hoy Chile elige a un nuevo presidente y en unos días, aquí, PPKdejaría de serlo. Gerardo Sepúlveda tendrá la ocasión de declarar quizá, a requerimiento de la defensa de PPK, en las investigaciones fiscales y congresales que se le vienen encima. Habrá documentos y testigos que aporten indicios de cómo la relación comercial y amical entre ambos constituye un atenuante o un agravante del escándalo de enterarnos de que la empresa unipersonal de PPK, Westfield Capital, hizo negocios con Odebrecht mientras él era funcionario.
Conversé con un amigo de Sepúlveda. Me pidió no mencionar su nombre, pero sí que fue el ejecutivo de Odebrecht que lo contrató para el proyecto de H2Olmos. En esa ocasión, Sepúlveda trabajó conPPK y este facturó por ello, tal como lo reconoció una semana atrás. Sin embargo, el hoy ex hombre de Odebrecht dice que nunca vio a PPK, pues todo el trato fue con Gerardo.
El primer amigo de la nación ppkausa tiene mucho que contar sobre cómo planificaban negocios juntos trabajando por separado.

Kuczynski asesoró a Rutas de Lima de Susana Villarán

Después de apoyar la no revocatoria

La parlamentaria no agrupada Yeni Vilcatoma señaló que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dio consultorías a concesionaria Rutas de Lima cuando Susana Villarán estuvo al mando de la comuna limeña.
“La empresa First Capital ha brindado también consultorías en la concesionaria Rutas de Lima, luego de que ella [Susana Villarán] ganó la [campaña] ‘No’ a la revocatoria”, expresó a La Razón.
En tanto, la congresista agregó que en febrero del 2013 hasta agosto del mismo año se habían pagado montos millonarios en consultorías a favor de First Capital. Empresa donde la constructora Odebrecht pagó al mandatario cerca de 5 millones de dólares por consultorías según el informe emitido a la Comisión Lava Jato.
“Yo estoy en contra. O sea, yo voto por el No”, señalaba PPK el 25 de enero del 2013, respecto a la revocatoria a Susana Villarán. Al mes siguiente, su empresa First Capital Inversiones y Asesorías Li. recibía 18,500 dólares por desarrollar la estructura de financiamiento de los peajes de Odebrecht.
En total fueron US$153,040 lo que Rutas de Lima le pagó a empresa de PPK.
Fuente: Diario La Razón.

Por Martin Hidalgo Bustamante-Diario El Comercio.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe final del Caso El Frontón donde se pide la destitución del magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, y la suspensión de sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda.
El informe, elaborado por el fujimorista César Segura, acusa a los magistrados del TC por haber modificado el fondo de la sentencia del Caso El Frontón, del 14 de junio del 2013, la cual tiene calidad de cosa juzgada.
El documento acusador recibió el respaldo de los fujimoristas (8 votos) y del aprista Javier Velásquez Quesquén. En contra votaron los legisladores de Peruanos por el Kambio (2), Alianza para el Progreso (1) y el Frente Amplio (1). Las acusaciones contra los cuatro magistrados se votaron por separado, pero en todas se tuvo la misma correlación de fuerzas.
Antes de llegar al pleno del Congreso, el informe final debe pasar por la Comisión Permanente, donde puede ratificarse la acusación constitucional o archivarse.
De proceder con la acusación, la Comisión Permanente nombrará una subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe en el pleno, donde los acusados también podrán repetir sus descargos.
Dado a que el informe acusa a los magistrados por infracción constitucional y por comisión de delitos hay que tener en cuenta que cada caso requiere una votación especial.
En el caso de Eloy Espinosa-Saldaña se recomienda acusarlo por el delito de prevaricato. Para la aprobación de esto en el pleno se requieren 53 votos como mínimo. Para el mismo magistrado se pide la destitución por infracción constitucional, para lo cual se necesitan 69 votos como mínimo.
El fujimorista César Segura, autor del informe final, especificó que la suspensión contra los magistrados Ledesma, Ramos y Miranda se hará efectiva durante el periodo de receso del Tribunal Constitucional.
-Sanción múltiple-
A los cuatro magistrados en cuestión se les imputa haber cambiado el sentido del voto de un magistrado del TC -Manuel Miranda- mediante el cual se resolvía que la matanza de El Frontón no constituía un delito de lesa humanidad.
En el discusión de fondo, el aprista Javier Velásquez Quesquén saludó las conclusiones del informe pero afirmó que los magistrados acusados deberían tener la misma sanción.
“Debería darse la inhabilitación y la imputación de delito de función para todos los acusados, se tiene que aplicar el principio de razonabilidad. Invocando hechos falsos, han cambiado la voluntad de un magistrado, y aprovechándose que se encuentro en un estado de salud que no le permite ahora declarar”, alegó.
Para Velásquez Quesquén, los magistrados acusados actuaron en base a un “fundamento ideológico y no una razón constitucional”.
Marisa Glave (Nuevo Perú) también expresó su discrepancia con la diferencia en las sanciones contra los magistrados, pero en su opinión “si se dice que uno es inocente, todos son inocentes”.
“¿Por qué solo se quiere destituir a Eloy Espinosa-Saldaña? ¿Es porque está llevando la causa de Fujimori?”, cuestionó la legisladora, cuya bancada tiene voz pero no votó en la subcomisión.
El oficialista Gino Costa tomó distancia de este informe final‪, pues indicó que existe un procedimiento que no ha concluido en el mismo Tribunal Constitucional sobre el caso. “Mal haría el Congreso de pronunciarse sobre un asunto que está al voto en el propio TC”, manifestó.
‪También‬ ‪recordó que la Constitución‬ ‪protege a los magistrados -y congresistas- con la inviolabilidad de sus decisiones. “Y no se concluye que exista dolo‬ ‪en el accionar de los magistrados. No hay evidencia”, acotó.‬
Este último argumento fue apoyado por la representante de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza. “Hay que respetar el principio de inviolabilidad y respetar la imparcialidad”, dijo.‬
Quien también se mostró en contra fue el legislador del Frente Amplio Marco Arana, quien acusó un “golpe a la institucionalidad” supuestamente impulsado por la bancada aprista. ‬
“A Alan García no le bastó con la prescripción que ahora viene, apoyado de la mayoría, a buscar una segunda prescripción por delitos de lesa humanidad”, afirmó tras resaltar que el informe inicial planteaba diferentes sanciones y que el aprista Velásquez Quesquén propuso destituir a todos.‬
‪El fujimorista Héctor Becerril refutó a Arana asegurando que el tema de fondo es que “defienden a los terrucos”. “Los miembros del TC tienen que estar sujetos al control político que manda la Constitución”, añadió tras un fuerte intercambio de palabras con Arana.‬
Del debate se recogió la recomendación de Becerril para también suspender al magistrado Manuel Miranda. El informe inicial solo proponía una exhortación en su contra.‬
‪La sesión terminó con una ironía de Velásquez Quesquén: “quiero que se registren mis reservas, no vaya a ser que después me cambien el voto”.

No renunciará

Mensaje a la Nación:
Buenas noches, queridos compatriotas.
Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro ni me oculto ni tengo motivos para hacerlo. Estoy aquí porque ustedes merecen una explicación y yo tengo la obligación de darla.
El día de ayer, integrantes de la comisión Lava Jato han presentado reportes de la empresa Odebrecht de supuestos pagos por servicios que yo habría prestado a favor de dicha empresa. Eso es falso. No nos dejemos confundir. Yo les quiero explicar lo que está pasando.
Dice este tendencioso reporte que yo habría recibido más 4 millones de dólares. Falso. Vayamos punto por punto.
Lo que tenemos aquí son dos páginas completas listando supuestos depósitos y una tercera con solo siete de ellos.
Toda esta primera página y toda esta segunda, toda, se refieren a la empresa First Capital. Una empresa con la que ya he declarado no tener ninguna relación como socio ni como ejecutivo.
Aquí pueden ver la constitución de esta empresa, de propiedad exclusiva del señor Gerardo Sepúlveda.
De todos estos depósitos incluidos en estas dos páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en RPP. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa, de manera absolutamente legítima, mientras no ocupaba ningún cargo público.
Aquí pueden ver la factura, presentada por mí a First Capital. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. Estos ingresos los declaré públicamente y pagué mis impuestos por ellos, como corresponde, en el año 2012. Porque nunca he tenido ni la menor intención de ocultar nada.
En conclusión, de todos los depósitos de estas dos páginas, de los 4 millones de dólares que supuestamente habría recibido, salvo por esta factura, ninguno, absolutamente ninguno tiene que ver conmigo.
Pasemos ahora a los otros siete depósitos de esta última página. Estos ya no se refieren a la empresa First Capital, sino a la empresa Westfield Capital.
Esta empresa, lo digo con total claridad, y así lo hice en mi declaración de intereses del 31 de enero de este año, sí es de mi propiedad. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión ni administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público.
Podemos ver en detalle los pagos. Todos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos.
Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda la que aparece en este y en todos esos contratos.
Dicho todo esto, es indispensable que expliquemos lo que está pasando aquí: la corrupción sistémica pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático. Es así de claro y así de grave.
Compatriotas: no me voy a dejar amedrentar.
Soy un hombre honesto y lo he sido toda mi vida.
Estoy dispuesto a defender la verdad ante la comisión Lava Jato, ante la fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario, lo digo muy claro: pido el levantamiento de mi secreto bancario para que revisen todo lo que quieran, y ante todos los peruanos. Y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos.
Estoy aquí para decirles: No voy  a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como Presidente de todos los peruanos.
Invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder.
Buenas noches.