Por Aldo Mariátegui- Diario El Comercio.
Le agradezco a la alcaldesa Susana Villarán por siempre invocarme a criticarla, como lo hace ahora en esa frívola y fuera de lugar última sesión de fotos suya en “Ellos & Ellas”. ¡Allí vamos!:
Una autoridad debe guardar la “gravitas” –una de las cuatro virtudes que los gobernantes deberían tener para los romanos, junto a “virtus”, “pietas” y “dignitas”.
“Gravitas” es la seriedad, solemnidad y profundidad en el carácter que exige mostrar un cargo público– del puesto y no ir de otoñal modelito light de publicación de modas. Es por ello patético observar desfilar allí anhelantes a exregidoras, congresistas y funcionarias públicas, como si su cargo las llevase al “populismo chic” de las pasarelas mediáticas. ¡Después se preguntan por qué no se respeta aquí a las autoridades! Una autoridad no es una estrella; todo tiene su sitio y afán en el gran teatro del mundo.
¿Se imaginan a Thatcher, a Golda Meier o a Indira Gandhi exhibiéndose para una revista? En España demolieron con justeza a todas las desatinadas ministras de Zapatero cuando posaron para “Vogue” en el 2004. ¡Socialistas con pieles, perlas y trajes de 5 mil euros en la revista más frívola y consumista de Europa! Ese “hubris” (según los antiguos griegos, dícese de la soberbia que hace perder el contacto con la realidad y condena a los héroes) del nuevo rico vanidoso es lo que llevó en gran medida a España a la depresión económica actual! Pero hace rato que aquí en el Perú, en “este país de desconcertadas gentes” (Piérola dixit), se han perdido las proporciones. Por eso uno ve a políticos yendo a programas cómicos o bailando en concursos. Muy confundidos.
Y ahora allí también a nuestra alcaldesa (¡izquierdista y católica “progre” encima!). ¿Qué dirán de esto sus aliados de Patria Roja y los ronderos antimineros de Cajamarca? De repente todo el rojerío le entra a esta nueva onda…
¿El cura Arana va a posar con su novia Rocío SS en el bulevar de Asia? ¿Van a maquillar a Gregorio Santos? ¿Mario Huamán será retratado en un Porsche? ¿Wiener, Dammert y Siomi van a desfilar con coquetos zapatos Gucci y ternos Ermenegildo Zegna? ¿Glave con sostenes Victoria’s Secret? ¿Arbizu en calzoncillos Calvin Klein?
¿Cuál será entonces la marca “rouge” (roja) más “fashion” y “trendy”? ¿Terre & Liberté? ¿Red Fatherland Outdoor Sporting Goods? ¿Forza Sociale pret a porter? ¿C.G.T.P. swimsuits? ¿S.U.T.E.P. casual shoes?
PD: La exhibicionista Villarán debería reflexionar a partir de este poema (dedicado a Haya) de un rojo serio, el poco fashion César Vallejo:
¡Triunfa vanidad! ¡Tus dientes roedores se ceban en el sacro manjar azul del cielo! ¡Tus copas de licores no son copas de gloria! ¡Son úlceras del suelo! (…) ¡Oh Vanidad, tus joyas agudas se han clavado como una turba bíblica de eternos aguijones!
¡Colocar a Eloy Espinoza en el Tribunal Constitucional es como sentar directamente al juez San Martín allí! ¡Mi condiscípulo de la exPUCP ha sido desde siempre la mano derecha en el Poder Judicial de mi juez favorito, algo 101% público! ¡Es su clon, su alter ego, su ‘mini-me’! Es que ni Eloy ni el tan sobrevalorado constitucionalista ultranadinista y ultracaviar Eguiguren serían imparciales allí. ¡Búsquense a otros!
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Áncash
Obras que matan
Áncash se nos escapó de las manos”, reconoció Ollanta Humala frente a sus ministros en Palacio de Gobierno. “Hay que actuar rápidamente. Sacudamos Áncash”, ordenó.
El sacudón llegó vía el MEF, que el miércoles 2 congeló las cuentas del Gobierno Regional y del Proyecto Especial Chinecas por S/20 millones bajo sospechas de corrupción y de un uso sin control de los recursos del departamento que más canon recibe en el país.
El domingo 6, el propio Humala arribó a Áncash y exigió “saturar” de policías las calles. Unos 1,500 efectivos arribaron a la región, procedentes de Lima. A ellos se sumaron equipos especializados de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
Entre las tareas de estos grupos de élite está desenredar las conexiones entre sicarios, empresarios mafiosos y autoridades estatales.
Las investigaciones policiales irán de la mano con aquellas de la Contraloría, las Procuradurías Anticorrupción y la Comisión de Fiscalización del Congreso, que el lunes último realizó una sesión pública ante un auditorio atiborrado en la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote.
El distrito fiscal del Santa fue declarado en emergencia y se anunció que los casos archivados relacionados con la gestión del presidente regional César Álvarez volverán a ser examinados.
Pero el olor a pólvora aún se respira en las calles.
IMPUNIDAD CRIMINAL
El brutal asesinato del ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco, el 14 de marzo pasado, dejó al descubierto el descalabro de las instituciones del Estado para investigar la corrupción y el crimen organizado en Áncash.
“La justicia aquí ha estado comprada”, denunció Fiorella Nolasco, la hija del consejero asesinado, frente al fiscal de la Nación José Peláez y al contralor Fuad Khoury, el lunes último. Llevaba puesto un chaleco antibalas.
La impunidad, facilitada en buena medida por el Ministerio Público y la Corte de Justicia del Santa, permitió que Áncash se convirtiera en lo que el analista político Steven Levitsky definió como un “autoritarismo parecido al régimen fujimorista de los noventa”.
Se han denunciado 10 asesinatos políticos desde el 2010, que incluyen al ex presidente regional interino Luis Sánchez Milla; los alcaldes José Montalván y Pedro Tapia; el fiscal Luis Sánchez Colona; la testigo clave Hilda Saldarriaga, el periodista Pedro Flores y el ex consejero opositor Ezequiel Nolazco.
Algunas de las víctimas habían denunciado irregularidades en las obras de Álvarez y otros tenían información que podía comprometerlo penalmente.
El aludido niega estar vinculado y hasta hoy no afronta ningún proceso judicial por estos hechos. Pero existen evidencias de que el Ministerio Público no tomó en consideración elementos fundamentales que vinculan a Álvarez con el aparato criminal que está detrás de todos estos asesinatos.
LAS LLAMADAS DE ÁLVAREZ
En julio del 2010, cuando Nolasco sufrió un primer intento de asesinato en el que perdió la vida su hijastro, Roberto Torres, la Policía sindicó como autor intelectual al actual alcalde de Chimbote, Luis Arroyo Rojas, 57, miembro de la agrupación Cuenta Conmigo que dirige Álvarez.
El atestado policial N°094-10 de la XII Dirección Territorial Policial de Huaraz, obtenido por CARETAS, revela que para ello Arroyo contrató a un grupo de sicarios vinculado al Sindicato de Construcción Civil del Santa.
Uno de estos sicarios fue identificado por la Policía como Arnaldo Ordinola, ‘Piolín’, un miembro del gremio de construcción civil que dirige Víctor López Padilla, un oscuro personaje muy cercano a Álvarez, según la Policía.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones permitió conocer que ‘Piolín’ se comunicó por teléfono hasta en 57 oportunidades con Arroyo, antes, durante y después del crimen. Del mismo modo, Arroyo y Álvarez cruzaron hasta 93 llamadas, entre el 1 de julio y el 28 de agosto del 2010, manifiesta la Policía.
Convenientemente, la Fiscalía del Santa archivó el atestado policial y libró al burgomaestre de Chimbote. El caso se encuentra en apelación en la Corte Suprema.
LA CUNA DEL CRIMEN
Las investigaciones indican que el Sindicato de Construcción Civil es el panal del crimen en Áncash y goza de la protección del presidente regional.
Una hipótesis que ha cobrado fuerza en la Policía es que a Nolasco lo asesinaron sicarios ligados al gremio de construcción civil de López Padilla.
El 20 de junio del 2012, el grupo de López Padilla se agarró a golpes con la facción de Nolasco por la construcción de un parque en Chimbote.
“Te vamos a matar”, le gritaron a Nolasco gente vinculada a López, según testigos.
Ambos estaban enfrentados desde el 2009, cuando disputaron la Secretaría General de Construcción Civil del Santa. Nolasco tentaba la reelección, pero fue derrotado por López Padilla. Entonces, Nolasco fundó su propio Sindicato Histórico de Construcción Civil de Áncash, pero fue marginado.En los últimos 5 años, el Gobierno Regional de Áncash recibió S/7,000 millones por concepto del canon minero. Es la región más rica del país.
Desde el 2010, Álvarez adjudicó las principales obras del Gobierno Regional de Áncash a López Padilla. Nolasco proponía anular algunas de estas obras ya licitadas por S/840 millones con el argumento de que hubo sobrevaloración. Esto ponía en riesgo a Álvarez y también a López Padilla.
Según el procurador anticorrupción del Santa, Richard Asmat, Álvarez reparte los cupos en obras del gobierno regional entre las empresas que obtienen los contratos y los trabajadores del gremio que lidera López Padilla.
La relación entre Álvarez y López Padilla se hizo evidente, al punto que el segundo es el que hoy organiza las marchas públicas a favor del presidente regional. También ataca a quienes denuncian las actividades de Álvarez.
“El Sindicato de Construcción Civil es actualmente el brazo armado de Álvarez”, denunció a CARETAS Juan Calderón Altamirano, opositor de Álvarez y dirigente del movimiento político ‘Juntos por el Cambio’.
El ex fiscal anticorrupción César Jiménez, quien investigaba a Álvarez por el famoso caso de ‘La Centralita’, contó a CARETAS que, el 13 de julio del 2011, fue llamado a la oficina del presidente de la Junta de Fiscales del Santa, Dante Farro. Se buscaba presionarlo para que deje de investigar.
“Farro se encontraba reunido con Álvarez, el congresista Heriberto Benítez y con López Padilla”, recordó Jiménez, quien fue separado del caso.
“La impunidad permitió que el crimen organizado floreciera en Áncash”, admitió una alta fuente del Ministerio de Justicia. “Esa es la realidad”.
Tanto el fiscal de la Nación, José Peláez, como el jefe de Control Interno del Ministerio Público, Carlos Ramos Heredia, archivaron investigaciones emblemáticas y castigaron a fiscales idóneos que examinaban a Álvarez.
Y ese es el mayor temor porque con Peláez o Ramos al mando de la Fiscalía, no hay razones para pensar que la cosa vaya a cambiar.
Fuente: Revista CARETAS.
Primeros 125 años del BCP
Dionisio Romero Paoletti- Presidente del directorio del BCP
En 1889 un puñado de atrevidos emprendedores decidió levantar un banco sobre las cenizas de un país devastado por la guerra. No se dejaron amilanar por el desánimo y apostaron con fe y esperanza por el Perú, con la firme convicción de que seríamos capaces de remontar la adversidad para construir una nación más próspera. La realidad superó con creces ese sueño y hoy celebramos 125 años de creación del Banco de Crédito, inicialmente llamado Banco Italiano.
Pocas instituciones nacionales han sabido mantener su presencia y liderazgo tanto tiempo. Esta vigencia y continuidad del BCP están íntimamente ligadas a su persistente compromiso con el Perú, su capacidad creativa de adaptación y su preocupación permanente por clientes y colaboradores. Gracias a ello, hemos podido consolidarnos como institución, proyectando ahora nuestra presencia más allá de nuestras fronteras.
El destino del BCP está íntimamente asociado al devenir del país. En ese sentido, el hito que hoy celebramos guarda estrecha relación con la transformación y extraordinario éxito que viene cosechando el Perú. El entorno de estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de las políticas públicas y el esfuerzo decidido de nuestros emprendedores han posibilitado que nuestro PBI se triplique en los últimos 11 años, reduciendo significativamente la pobreza y la desigualdad, y colocándonos como uno de los líderes del crecimiento. Contamos, además, con uno de los sistemas financieros más sólidos y solventes de la región, capaz de sortear las incertidumbres que plantea la actual coyuntura internacional.
Resulta destacable la importante y creciente contribución de la banca al desarrollo sostenible del país. Al ayudar a canalizar recursos provenientes del ahorro para asignarlos a través del crédito a proyectos de alto impacto y otras iniciativas personales, como la inversión en educación, la compra de una vivienda o un vehículo propio, entre otros, el sistema financiero dinamiza el crecimiento e impacta positivamente a las familias, generando mayor bienestar para más peruanos.
A lo largo de su historia, el BCP ha trabajado intensamente para expandir la frontera de la inclusión financiera, sabiendo que es imposible construir un país próspero sin asegurar el acceso de todos los peruanos a los beneficios del sistema financiero. La evidencia demuestra que la bancarización facilita el crecimiento económico, y eso lo venimos corroborando también en el Perú. Felizmente, el camino recorrido ha sido fructífero, con importantes logros, sobre todo en lo que atañe al mayor acceso al crédito.
A pesar de los avances, la intermediación financiera todavía sigue siendo baja y apenas la tercera parte de la población en edad de trabajar utiliza el sistema. Asimismo, a pesar de la expansión de canales alternativos, como los agentes BCP, parte importante de los distritos del país no cuenta con la presencia física del sistema financiero formal.
Las nuevas tecnologías abren oportunidades interesantes para cerrar algunas de estas brechas. Tal es el caso del dinero electrónico y su potencial para expandir la inclusión financiera a través de la telefonía móvil. La SBS ya estableció el marco normativo indispensable, y las instituciones del sistema han aunado esfuerzos para crear una plataforma común, que contribuirá a transformar el entorno de las finanzas.
En este aniversario queremos reafirmar nuestro compromiso y pasión por el Perú, con el convencimiento de que seguiremos contribuyendo al crecimiento del país y a la construcción de una nación próspera, justa e inclusiva, capaz de acoger e impulsar el sueño de tantos emprendedores, como aquellos que fundaron el BCP, y cuya gesta hoy celebramos. Esa es la promesa que nos inspira a abordar con entusiasmo y esperanza nuestros próximos 125 años de vida.
Ucrania debe a Rusia 16,600 millones de dólares
“La Federación rusa no reconoce la legitimidad del Gobierno de Kiev, pero sigue proporcionando apoyo económico y subsidiando la economía de Ucrania con miles y millones de dólares. Esta situación no puede durar eternamente,” dijo el presidente ruso Vladimir Putin.
La deuda total de Ucrania a Rusia asciende a 16,600 millones de dólares, de los que 2,200 millones de dólares corresponden a deudas por gas, según ha informado el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev.
Medvédev precisó que esta cifra tiene tres orígenes. “3,000 millones de dólares corresponden a la deuda de Ucrania; la deuda acumulada por el gas es de 2,200 millones de dólares, y lo que consideramos beneficios no recibidos alcanza los 11,000 millones de dólares,” explicó el primer ministro. Además el primer ministro subrayó que según el contrato Rusia podría haber adoptado ya el sistema de pago anticipado, pero no lo ha hecho debido a la difícil situación que vive Ucrania.
El ministro ucraniano de Energía e Industria del Carbón, Yuri Prodan, ha dicho que Ucrania actualmente no consume gas de los gasoductos rusos por no poder acordar con Rusia el precio.
Kiev insiste en que la Flota del Mar Negro rusa continúa en territorio ucraniano, de manera que los descuentos de gas según los Acuerdos de Járkov siguen en vigor. El 1 de abril el legislativo ruso denunció el acuerdo que rige los términos de la estancia de la Flota del Mar Negro en Crimea y el acuerdo del 21 de abril de 2010 que prolongaba 25 años la dislocación de la Flota del Mar Negro en Crimea y proporcionaba a Ucrania descuentos por el gas.
El presidente de la compañía rusa Gazprom, Alexéi Miller, había anunciado anteriormente que desde el 1 de abril de 2014 el precio del gas para Ucrania será de 485.5 dólares por metro cúbico.
Fuente:http://actualidad.rt.com/economia
El 326
Por Mario Castillo Freyre- Diario el Comercio
Buena parte de las intervenciones de quienes crean opinión hace rato que dejaron de ser reflexivas para convertirse en militantes en torno a la unión civil; y la militancia no solo resta sino suprime objetividad.
Las reivindicaciones de un sector de la población deben armonizar con los también legítimos reparos de buena parte del país, que no comparte todas esas banderas.
Este no es un tema de discriminación, pues en el Perú todo hombre que se quiera casar con una mujer y viceversa puede hacerlo.
Se busca otorgar reconocimiento jurídico a una situación distinta (como podría haber sido el caso de la poligamia, por solo citar otro ejemplo), cual es el que dos personas del mismo sexo contraigan un vínculo jurídico parecido al matrimonio, pero expresamente diferenciado de él. No olvidemos que el proyecto en cuestión plantea una unión civil no matrimonial.
Creo que la sociedad tiene todo el derecho de legislar o no determinadas situaciones de hecho; y pienso –en el caso concreto– que se debería reconocer diversos derechos a las parejas del mismo sexo, lo que evitaría que padezcan injusticias de orden personal y patrimonial.
Pero para ello solo bastaría con efectuar algunas modificaciones y adiciones al artículo 326 del Código Civil, que hoy regula las uniones de hecho, es decir, aquellas que se entablan de manera prolongada entre personas heterosexuales que no han contraído matrimonio.
Tales uniones tienen en el Perú –desde hace muchos años– derechos patrimoniales similares a los de una sociedad conyugal y, en el 2013, se otorgó a sus integrantes el derecho a heredar entre sí. Esos derechos, pienso, podrían extenderse a la mutua obligación alimenticia.
Pero esos beneficios son insuficientes, pues el concubino también podría tener –reconocidos en el código– los mismos derechos que un cónyuge en materia de visitas a establecimientos penitenciarios, centros de salud, nacionalidad, seguridad social, toma de decisiones en tratamientos médicos o quirúrgicos, y otros, conforme a las leyes de la materia. Es injusto que quien convive de manera estable y prolongada con otra persona carezca de estos derechos civiles, omisión que debería ser corregida. Y todos estos derechos, como es evidente, los he tomado del proyecto de ley de unión civil.
Así, enriquecido el 326, se podría extender y reconocer los mismos efectos legales a las uniones de hecho no inscritas entre parejas del mismo sexo (gran vacío en el proyecto de ley en cuestión), así como regular de manera sucinta una nueva figura que podría denominarse ‘convenio social’, abierto para dos personas cualesquiera, con plena capacidad de ejercicio, y con prescindencia de si existe o no entre ellas relación convivencial; que no deberán estar casadas, ni hallarse dentro de las prohibiciones que para el matrimonio contempla el propio código. Estas personas gozarían, apenas inscrito el convenio en Registros Públicos, de idénticos derechos que los miembros de las uniones de hecho; pero ni aquel ni estas modificarían el estado civil.
La modificación legislativa que propongo es puntual y ella constituiría un acto de justicia tanto para concubinos heterosexuales, inscritos o no en Registros Públicos (quienes incrementarían notoriamente sus derechos), como para aquellas parejas, fundamentalmente homosexuales, sea que se registren o no formalmente.
La unión civil como ficción jurídica
Por Francisco Tudela- Diario Altavoz.pe
El debate sobre la unión civil homosexual ha desatado una polémica emotiva y pasional que ha pasado por alto tres aspectos jurídicos importantes, como son el límite de las ficciones jurídicas, el sentido del derecho de las minorías y la razón de ser de la generalidad de la ley en un Estado constitucional democrático.
En primer lugar, ¿la ley debe legislarse a partir de la realidad sensible externa y desde las instituciones sociales consagradas por el uso durante centenares de generaciones, que constituyen el fundamento de una civilización, o sólo a partir de las percepciones subjetivas e ideológicas propuestas por grupos particulares?
La unión civil se promociona como una ficción jurídica análoga al matrimonio civil, pasando por alto que desde la época de los romanos, nunca se legisló sobre el matrimonio homosexual o sobre las percepciones subjetivas y psíquicas de la sexualidad, porque no estaban ancladas en la reproducción sexual y sus consecuencias morales y materiales, esto es, los hijos, la familia, la comunidad y los derechos y deberes que de estas se derivan.
Esta visión filosóficamente realista, recogida por la legislación de Occidente durante dos milenios, se funda en la convicción de la existencia de una realidad externa sensible, de un orden natural y moral permanente, más allá de la ley positiva.
Ya en el siglo XVIII, el liberalismo redujo el sentido moral de la libertad a lo puramente individual y empírico. En el siglo XIX, el marxismo desencadenó el ataque contra lo que Marx y Engels denominaron “la moral burguesa”, que no era otra que la familia misma, culpada de originar el capitalismo. En el siglo XX, el comunismo, el nazismo y dos guerras mundiales de una crueldad y mortandad sin precedentes, así como la guerra fría, terminaron de hundir a Occidente en el nihilismo y el relativismo, abriendo las puertas a una indiferencia o a un odio irracional contra toda la civilización preexistente.
El positivismo jurídico fue el aliado amoral de todas estas fuerzas al afirmar que bastaba que una ley sea conforme al derecho positivo existente (de positum, puesta por el poder político) para que sea legítima. No es extraño, entonces, que los partidarios de la acción afirmativa legislativa sean fervientes defensores del positivismo. Según ellos, la ley fabrica la realidad y todo es cuestión de obligar a la gente a obedecer la ley. Se trata de idéntico razonamiento al de los totalitarismos del siglo XX, que fracasaron por violentar la naturaleza humana.
En segundo lugar, se presenta la unión civil homosexual como un derecho de las minorías. El derecho de la minoría nació del derecho constitucional que permite a los parlamentarios de la oposición minoritaria expresarse y actuar sin ser reprimidos por la mayoría. Es un derecho protector, no afirmativo ni constructivista. No significa de ninguna manera que las mayorías tengan que legislar como las minorías quieren, simplemente porque éstas tendrían derechos derivados de algún poder de excepción mágico, que les conferiría el sólo hecho de ser minorías.Las minorías no tienen tal derecho de excepción. El respeto a las minorías significa únicamente que ellas deben gozar de las garantías de la ley general como todo el mundo y que el poder político no puede hacer valer excepciones contra ellas, ni privilegiarlas con regímenes discriminatorios contra la mayoría ciudadana.Esta cuestión de la verdadera naturaleza del derecho de las minorías nos lleva a la tercera cuestión jurídica: aquella de la generalidad de la ley en un Estado constitucional democrático. Establecido el derecho de la igualdad ante la ley en el mundo moderno, sería absurdo que existan regímenes especiales para minorías que no están desprotegidas o no tengan derechos históricos consuetudinarios. En el caso de la unión civil homosexual, la acción afirmativa de una minoría busca crear un régimen patrimonial, tributario y sucesorio, nuevo y diferente al de los demás ciudadanos; un régimen de excepción para esa orientación sexual.
No es difícil imaginar la unión civil entre amigos o parientes heterosexuales, acogiéndose a los mismos y estupendos privilegios prometidos por el proyecto de ley, sin la necesidad de ser homosexuales. ¿Cuál sería entonces la ratio legis, la razón fundamental que debería permitir exclusivamente la unión civil homosexual? Sus proponentes nos dicen que es el amor.
El amor no puede ser objeto de la ley. Tampoco la amistad puede ser legislada. Dados los grados y tipos infinitos de amor y amistad, los sentimientos particulares de una minoría o de un individuo no son un fundamento suficiente de carácter externo, general y real, que la razón legal demanda. El sólo querer no es una razón legal suficiente. La unión civil homosexual, fruto de una percepción psíquica de la sexualidad, aparece como una ficción jurídica desprovista de ratio legis fundada en la realidad sensible externa.
La nueva clase media peruana nació en Ayacucho
Por Hernando de Soto- Diario El Comercio
Un terrorista, un campesino, un microbusero, un hayista y un samurái que la olieron y no la vieron; izquierdistas tránsfugas, militares y policías, todos olvidados por la memoria oficial, balanceándose sobre una torre derrumbada, gestaron –sin proponérselo– una economía política y las nuevas clases medias del Perú. Inspirado en las abducciones de Raúl Romero, la creatividad de Rolando Arellano y la rigurosidad de Alfredo Torres.
Entre 1990 y 2012, la nueva clase media peruana creció cuatro veces más rápido que la del resto de América Latina. ¿Por qué? Porque es un movimiento emancipador que hace medio siglo está en metamorfosis: De clases bajas a migrantes, y después a informales, sector del cual han emergido la nueva clase media y la minería informal.
La nueva clase media intuye que hay inversión gracias a que le ganó dos guerras seguidas a Sendero. Y si el actual modelo político-económico subsiste es porque respeta las actividades económicas de los emergentes y facilita su ascenso hacia la clase media. Y esta última tiene más autoestima que sus pares del continente porque sabe que su emancipación no le fue regalada, sino que se la ganó a pulso. Recordemos cómo se gestó:
1 Adiós igualdad hacia abajo. Las clases bajas abandonan tradiciones de trabajo entre conocidos y de considerar como virtudes la igualdad hacia abajo y la pobreza compartida. Migran hacia mercados en expansión para cooperar con peruanos desconocidos, en la patria grande, donde escalar clases no es mal visto.
2 Antes que Chile y la Confiep. En los 60 los migrantes llegan y desarrollan una economía libre pero informal, 10 años antes que en Chile y sin dictador. Se rebelan contra la “permisología” y exigen moneda estable 20 años antes que Hayek y Friedman visiten Lima, 25 antes que nazca la Confiep y 30 antes de la reinserción del Perú en el sistema financiero global.
3 Mártires de la clase media naciente. En 1981, los campesinos se rebelan contra Sendero Luminoso (SL), que quiere colectivizar sus parcelas y prohibir los mercados. SL no reparó en que gran parte de las parcelas ya eran privadas por consenso entre los campesinos y que estos querían ser clase media. SL los castigó y entre 1981 y 1983 asesinó a unos 4,600.
4 Primera insurgencia antiexpropiación. En defensa de los valores de la clase media incipiente, en 1984 unos 20 mil campesinos ayacuchanos se organizan ilegalmente en comités de defensa antisubversiva (Decas); pasan a la ofensiva y en 1986 recuperan buena parte de sus valles, obligando a SL a refugiarse en las alturas.
5 Segundo martirologio. En 1986 SL retorna a los valles, mejor organizado y con gran financiamiento. Sigue asesinando campesinos, en 1990 recupera lo perdido y se expande al 60% del territorio nacional.
6 Lima no la ve. Solo 15% de los limeños creía que SL ganaría la guerra. A la mayoría le preocupaban más la desintegración económica y la pérdida de autoridad. Para SL, Lima era de interés “complementario”, por eso no desplegó más del 2% de su violencia sobre ella.
7 EE.UU: “Sendero puede ganar”. EE.UU. evalúa que el gobierno está por ser vencido. La Corporación Rand informa que el Perú está “al borde del colapso” y que “SL puede ganar”. En el Departamento de Estado se vaticina una posible matanza igual a la de Pol Pot en Camboya (casi 3 millones de muertos).
8 Campesinos sí la ven. En 1988 los campesinos ya tenían claro que la raíz de sus problemas era la ilegalidad de sus organizaciones. Ser ilegal en tiempos de guerra suponía graves problemas. No tenían una protección legal. No podían portar armas, combatían solo con lanzas, hondas, cuchillos, y algunos con escopetas artesanales. No era posible para el Estado contar con información para distinguirlos de los terroristas. Crecía así el resentimiento contra el Estado.
9 La trampa categórica. Los campesinos tenían razón pero el Estado no podía apoyarlos abiertamente. ¿Cómo podía el Estado aliarse con ilegales? Kant hubiese definido esto como una “trampa categórica”. Ella consistió en que se colocaba en un fichero dos categorías distintas: los ilegales buenos (que recurrían a medios ilegales para desarrollar actividades legítimas) y los ilegales malos (narcos, criminales y terroristas). Para usted, amigo lector, es evidente que Sendero –no los campesinos– le declaró la guerra al Perú; que unos eran los agresores y los otros los agredidos; que unos deseaban integrarse al sistema legal y otros deseaban destruirlo; que unos eran campesinos “no leídos” –como ellos mismos se llaman– mientras que SL estaba conformado por profesores. Pero no importa que usted entienda la diferencia. En los 80 todos eran estigmatizados por igual.
10 Ajedrez para romper la trampa. Romper la trampa categórica significaba sacar a los ilegales buenos del fichero criminal y aceptar que no todos podían llegar a ser legales a la misma velocidad. Se necesitaba que las nuevas reglas de juego incluyeran a los distintos comportamientos que hasta entonces se habían castigado.
El derecho de los 80 era como el juego de damas, que impone el mismo movimiento a todas las piezas en el tablero. Un juego excluyente. A diferencia de Sendero –que pedía patear el tablero–, los campesinos querían jugar pero algo como ajedrez, un juego que permite el movimiento disímil de piezas distintas.
¿Sería capaz la sociedad leída de entender que a veces, cuando el derecho pierde vigencia, los “no leídos” tienen razón? ¿Se daría cuenta de que para aislar a SL había que arrebatarle su potencial base social?
11 Uchuraccay y el alto costo de jugar damas. En 1983, cuando el presidente Belaunde creó la comisión investigadora del Caso Uchuraccay para aclarar el asesinato de ocho periodistas en ese pueblo, los campesinos del Trapecio Andino batallaban contra SL, reclamando que el Perú formal les enviara al menos una señal de aliento. El Informe Uchuraccay se quedó corto. En su página 17 dice: “¿Es posible hacer aquellos distingos jurídicos, clara y precisamente establecidos por nuestra Constitución y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones de primitivismo, aislamiento y abandono de Uchuraccay? ¿Es posible, a hombres que viven en el estado anímico de esos comuneros en los días que preceden a la matanza, ilustrarlos con exactitud y discernimiento sobre las sutilezas de un sistema jurídico que, en la práctica, está a menudo contradicho por las prácticas cotidianas y tradicionales de la vida comunal?”.
Esta reflexión define al derecho peruano como claro, preciso, sutil y totalmente reñido con el “primitivismo” de los campesinos. Estupendamente bien escrita, conmocionó al Perú y dio la vuelta al mundo, pero cerró aun más la trampa categórica.
12 Uchuraccay y las ventajas de jugar ajedrez. Lo que sí sabemos, porque los hemos seguido, es que luego de tres décadas los habitantes de Uchuraccay han probado que de primitivos no tienen nada. Varios han ascendido a la clase media y hoy son empresarios del comercio y del transporte en Huanta, de metalmecánica en Tambo, mayoristas de granos en Huaychao, dueños de radios en Lima, funcionarios públicos en Ayacucho, profesores en ciencias sociales aquí y allá. Esta gestación de la clase media también se dio en el resto del país: los llamados primitivos integran los sectores sociales que más han crecido en los últimos años. De hecho, mientras que la tasa de crecimiento del PBI per cápita entre 1990 y 2002 es el doble que la del resto de Latinoamérica, la tasa de crecimiento de la clase media cuadruplicó la de la región en el mismo período.
La creación de la nueva clase media significa que en algún momento después de Uchuraccay los “primitivos” empezaron a romper la trampa categórica, que el Estado dejó de lado las damas, que el Perú decidió jugar ajedrez y dispuso las piezas para poner en jaque al terror.
13 Guzmán reconoce el jaque. Abimael fue el primero en percatarse de que estaba siendo derrotado por organizaciones campesinas recategorizadas. A mediados de los 90, admitió que “el problema se expresa en una inflexión… han ocupado algunos puntos y nos han desalojado”. Cada vez que entraba en algún lugar, era confrontado y rechazado por una clase media emergente que él llamó “fuerzas armadas reaccionarias por mandato”. En efecto, desde fines del 91 las Decas se habían sextuplicado, convirtiéndose en una fuerza de 120,000 hombres que, junto a los 30,000 efectivos de las FF.AA., combatió y derrotó a SL como fuerza militar y opción política.
Para él, el acceso rápido de los campesinos a la propiedad formal, a la empresa y al comercio exterior era “parte del control de la población y recursos de la guerra de baja intensidad que pretende movilizar a las masas para sus planes de pacificación… O sea los hombres y armas los pone la masa, ellos no ponen nada”.
Según Guzmán, todo obedeció a un plan cuyo eje fue el Convenio Antidrogas con EE.UU. y que, a través de tratados internacionales y reformas internas, “… apunta contra la guerra popular y busca aniquilarla […] Ha sido concebido e implementado por Hernando de Soto agente directo del imperialismo yanqui” [“Sobre las 2 colinas: Documento de Estudio (de SL) para el balance de la III Campaña”, 1991].
La “aniquilación” que lamenta fue un programa inclusivo que se desarrolló entre 1988 y 1992, basado casi todo en lo que propusieron en consultas populares individuos y organizaciones campesinas y urbanas. Consistió en cambiar las reglas del tablero para que las sociedades informal y formal confluyeran en un mismo juego.
14 Primera movida: peones se vuelven alfiles. El primer resultado de la formalización fue la reducción en 76% del número estimado de víctimas atribuibles a las Decas: de 579 entre 1989 y 1991 a 142 entre 1992 y 1994.
Para incluir a los campesinos dentro del derecho, hubo que sacar el tema del contexto policial y replantearlo como un tópico de desarrollo y de DD.HH. Y para determinar si eran interlocutores políticos válidos, se invitó a inspectores de la ONU y de otros países a visitar las zonas de conflicto y a conocer in situ a las organizaciones campesinas. Al ser reconocidos como interlocutores, fueron recategorizados y así se pudo elevar el tema a nivel de jefes de Estado y compatibilizar el estatus de nuestros campesinos con nuestros tratados.
El proceso se desarrolló por etapas hasta que se cristalizó un consenso general, respetado dentro y fuera del país.
Como resultado de este proceso, el Estado tuvo información precisa de cuántos comités había, cuántos hombres y armas tenían, y también pudo instruirlos sobre lo que debían hacer. Este control redujo las cifras de muertes.
15 Segunda movida: Lima, el pez sin agua. Entre 1988 y 1992 se tomaron medidas para que las mayorías accedieran a la legalidad y a los servicios del Estado; y se crearon además mecanismos de participación en las decisiones de gobierno con el fin de escuchar a la población y evitar así la creación de barreras inadvertidas. Esta fue una de las razones de ser de la Defensoría del Pueblo.
Dichas medidas derivaron después en unas mil normas y decisiones administrativas cuyas grandes líneas fueron consultadas con los principales líderes políticos de entonces que deseaban conversar: Bedoya, Belaunde, Barrantes.
Una sola norma, la simplificación administrativa, que aprobó García para estimular denuncias contra las trabas burocráticas, posibilitó 26 reformas. Una de estas, el registro unificado que implementó el siguiente gobierno, incorporó al mercado legal, entre 1991 y 1994, a 388 mil negocios informales, que crearon 558 mil puestos de trabajo y permitieron al fisco cobrar US$7,800 millones de impuestos. El tiempo para abrir y registrar una empresa en la ciudad bajó de 278 días a uno solo, y el costo se redujo en 85%. Fue tan exitoso que el Banco Mundial lo ha convertido en su proyecto bandera, bautizándolo Doing Business.
Cuando Abimael Guzmán se trasladó a Lima –vencido en el campo y dos años antes de ser capturado por brillantes policías–, encontró que sus potenciales reclutas urbanos estaban siendo recategorizados, y que sus movimientos Clasista Barrial, de Obreros y Trabajadores Clasistas, y otros que creó para atizar el descontento, no podían subvertir el sistema. Al contrario: la Federación de Choferes, liderada por Hernán Chang, reconoció su vocación empresarial, anunció que iba por el otro sendero, y se acabaron los paros de transportistas. Los ambulantes aceleraron la construcción de mercados y aquellos que la PREALC-OIT categorizó como “desocupados, improductivos y sin futuro” también emprendieron el camino hacia la clase media.
El Perú empezó a reconocer a sus informales como potencial clase media tras enterarse de que representaban más del 60% de las horas-hombre trabajadas, que operaban el 85% de la flota de transporte limeña, que todas sus viviendas eran privadas y tenían un valor de reposición en 1980 de US$24,700 millones, que a dólares del 2013 son US$69,800 millones (12 veces Camisea). Entendieron que la fuente de sus problemas era un derecho reparable, sobre todo cuando supieron que, según ley, Palacio de Gobierno no pertenecía al Estado sino a la comunidad de Jicamarca. El impulso por la recategorización del país fue tan poderoso que, inicialmente, la Confiep aceptó la propuesta de formar una unión formal-informal. Y Guzmán, en primera plana de su vocero “El Diario”, se quejó de que la recategorización del ILD estaba “alejando a los jóvenes de la guerra popular”.
16 El efecto Gestalt y los políticos. Los cambios se dieron durante los primeros gobiernos de García y Fujimori, ambos provenientes de canteras socialistas o progresistas. ¿Qué pasó? ¿Descubrieron de pronto a Adam Smith, se entusiasmaron con Bastiat? No fue así. Lo que ocurrió fue más simple: los informales fueron clasificados en categorías que permitieron a los políticos identificar a sus potenciales electores y sus expectativas.
El resto del país tampoco se convirtió de pronto en liberal, sino que la guerra contra SL le hizo ver que el statu quo era insostenible y el comunismo aterrador. Hacía tiempo que cada uno de nosotros intuía que éramos empresarios en pequeño o en grande, en casas comerciales o en carretillas, con papel sellado o sin sellar. Pero cuando tomamos conciencia de que todos nuestros vecinos compartían esas mismas categorías, el deseo de cambio se volvió contagioso e irresistible y las reformas salieron rápido. En los años 80, la prensa, la televisión y la radio hablaban mucho de informalidad. “Caretas” sacaba un encarte cada dos semanas, El Comercio publicaba especiales continuamente, “Ojo” hacía historietas, Alan García dedicaba al tema 3 horas cada dos sábados, y Fujimori lo abordaba con frecuencia en su programa de Canal 7.
La economía abierta y la nueva clase media son frutos de esta victoria política. Sus autores son quienes dieron su vida por defenderlas, pero también los políticos que rompieron la inercia del statu quo y permitieron que se aplicaran las recetas económicas por las que lucharon peruanos ilustres como Pedro Beltrán y Rómulo Ferrero y que fueron resistidas por los presidentes del Perú por considerarlas “políticamente inviables”. Y tenían razón: ¿Por qué las mayorías, que según la OIT estaban desocupadas, iban a soportar el ‘shock’ si este beneficiaría solo a una élite empresarial?
Todo cambió cuando los políticos se percataron de que las mayorías se identificaban con el cambio. Esto hizo viable la receta del ‘shock’. El 1 de julio de 1990, “Caretas” informó desde Nueva York el primer acuerdo entre el FMI y el presidente electo destacando que la parte peruana planteó “que la economía de mercado no funciona para los más pobres” y que la propuesta peruana fue hecha en nombre del “sector informal y la población marginada”.
Por eso durante los primeros años de reformas, por cada medida de ajuste que daba el MEF, Palacio de Gobierno daba tres medidas a favor de los excluidos. García y Fujimori las aprobaron por su gran eficacia e instinto político, ese es el papel de los jefes de Estado y hay que reconocérselo, pero no se sorprenda que no hayan entendido a cabalidad la profundidad de las reformas. Eso no es su fuerte. De allí que Fujimori permitió el tráfico de privilegios de Montesinos, contrario a una economía inclusiva; y García no continuó las reformas por un viraje ideológico incompleto.
17 Minería informal. El proceso de construcción de la nueva clase media se ha desacelerado, como lo demuestran las recientes protestas masivas de los mineros informales. Hablamos de unos 500,000 peruanos cuyos derechos están tan mal definidos que 350,000 de ellos tienen que portar armas para sustituir la autoridad que debería ejercer la ley. Hace unos 15 años que las potenciales clases medias vinculadas a la explotación de recursos naturales reclaman las herramientas legales para triunfar en la economía formal, y el Estado, en vez de dárselas, los sienta en mesas de negociación como si fueran extranjeros en su país o desarrolla procesos en los que se describe sin proponer salidas como en Uchuraccay. Y en lugar de ofrecerles jugar en un mismo tablero donde todos están categorizados de una manera que les permite acceder al crédito, al capital, a la asociatividad, los discriminamos al fragmentarlos en categorías, todas inútiles, anárquicas y anacrónicas, que los enfrenta entre ellos y con el Estado: legales, ilegales, artesanales, pequeños, medianos, totalmente y parcialmente informales, con y sin registros y permisos, invasores de concesiones, concesionados informalmente, con y sin requisitos de explotación, que comercializan pagando o sin pagar impuestos, con contratos legales o informales, etc. A esto se suma la proliferación de propuestas legales y políticas que colisionan con el marco legal vigente: expropiación y redistribución de las concesiones y extensión de la propiedad privada para que incluya los recursos naturales del subsuelo.
Todo este proceso empezó cuando las clases bajas dejaron de trabajar solo entre conocidos para cooperar con peruanos desconocidos en la patria grande. Tuvo un enorme impulso con el primer movimiento libertario peruano y campesino que derrotó a Sendero y gestó la nueva clase media.
Este artículo no pretende reescribir la historia porque esta se enriquece cada día desde todos los puntos de vista, nunca termina. Solo deseo llamar a la reflexión para que no repitamos los errores del pasado: Si solo les ofrecemos un juego de damas en vez de un tablero de ajedrez a los que ahora quieren ascender a la nueva clase media, abriremos fisuras por las que podría irrumpir el pasado.
Honorabilidad afectada
El congresista Sergio Tejada, quien presidió la desactivada “megacomisión”, informó que ha denunciado ante la Procuraduría Anticorrupción al exfuncionario del gobierno anterior que habría efectuado una trasferencia económica a un banco de la isla Gran Caimán.
Indicó que en dicha operación fueron transferidos más de 400,000 dólares americanos desde un banco de Perú hacia una cuenta bancaria de esa isla del Caribe, considerada el mayor paraíso fiscal del continente.
El legislador nacionalista agregó que el nombre del autor de esa transacción se mantendrá en reserva, debido a las normas actuales que cautelan el secreto bancario.
Señaló que ese hallazgo se obtuvo como parte de las investigaciones de la “megacomisión” relativas al caso Sedapal, entidad estatal en la que –estimó Tejada– habría existido en el régimen anterior una mafia o red de corrupción.
“No sé exactamente en qué periodo, pero es parte del caso Sedapal (…). No estoy diciendo tampoco que se trate de un militante aprista (…). No tenemos una explicación detallada de a qué puede responder esa transferencia. Estamos formulando la denuncia”, declaró a la prensa.
Por su parte, el procurador anticorrupción, Christian Salas, adelantó que este caso será investigado, siempre que se presente la denuncia respectiva y con el nombre del presunto autor de esta operación bancaria.
Comunicado del Apra
A través de un comunicado, en tanto, la Dirección Política y el Comité Ejecutivo Nacional del Apra señalan que Umberto Olcese Ugarte, la supuesta persona que habría realizado la transferencia a un banco de Gran Caimán, no es militante aprista.
“No es afiliado al partido, entró a trabajar como empleado administrativo en el 2003 a Sedapal, durante el gobierno precedente. Corresponde al señor Olcese hacer las aclaraciones pertinentes sobre el origen del presunto envío”, se precisa.
Fuente: Agencia de Noticias ANDINA.
Red de corrupción
Para el presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, algunos de los hallazgos contundentes estarían en el informe anexo de enriquecimiento ilícito de los funcionarios durante el segundo gobierno de Alan García Pérez. En dicho documento, que aún no ha sido revelado en su totalidad, se encuentra el detalle del secreto bancario de Umberto Olcese Ugarte, el ex jefe de Proyectos de Sedapal que tranfirió US$409,000 de una cuenta del Banco de Crédito hacia otra del Atlantic Secutiry Bank, de George Town, centro administrativo de la isla Gran Caimán, un paraíso fiscal ubicado en el Caribe.
“Es un hallazgo muy importante que podría apuntar a toda una red de corrupción en una institución”, señaló al respecto Sergio Tejada.
NEXOS CLAVES
¿Pero quién es Umberto Olcese Ugarte? Según su propio historial de LinkedIn, fue Ingeniero de Proyectos de Sedapal, entre octubre del 2003 y octubre del 2006. Luego pasó a ser jefe del Proyecto Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima (PROMESAL), entre el 2006 y el 2011.
Sobre su gestión en esta última, la megacomisión ha dedicado varias páginas de su informe sobre Sedapal. Allí se detalla, por ejemplo, que Olcese Ugarte participó en 14 comités de selección de obras.
Este funcionario no solo presidió los comités de selección de obras de Promesal –el programa que dirigía– sino que también formó parte de los comités de selección de la Gerencia de Proyectos y Obras.
El monto total adjudicado en obras por Promesal, entre el 2006 y 2011, y bajo la conducción de Olcese, ascendió a más de 2 mil millones de soles.
Fuentes de la megacomisión indicaron a Perú21 que también se hallaron viajes al extranjero de Olcese con parte de la plana gerencial de Sedapal. Y es que Promesal pertenecía a la gerencia general, que estaba a cargo de Jorge José Barco Martínez.
Este diario encontró algunos de dichos viajes. En noviembre del 2009, Olcese y Barco viajaron para la verificación de la tubería DN 2000 mm en la fabrica Saint Gobain en la ciudad de Pont-a-mousson en Francia. En mayo del 2011, ambos viajaron hasta las instalaciones de la Planta de Tratamiento y Emisores de Miami ubicada en Florida, en Estados Unidos.
Jorge Barco Martínez ha sido además incluido dentro de las conclusiones del informe Sedapal. Su nombre aparece dentro de la lista de acusados por colusión, omisión de actos funcionales, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Perú21 intentó comunicarse con Olcese pero solo pudo conocer que ha contratado un abogado para su defensa. Fuentes allegadas al Apra mencionaron que el dinero que él transfirió fue producto de la venta de una casa. Pero fuentes de la megacomisión rebatieron esa tesis al asegurar que en su interrogatorio, de agosto de 2012, Olcese no consignó la venta de ningún bien. La transferencia de dinero fue en febrero de dicho año.
También se dio a conocer el nombre del exdirector del programa Agua Para Todos, Hammer Zavaleta Gutiérrez, quien tendría depósitos injustificados y retiros sospechosos en distintos puntos del país.
Fuentes de la ‘megacomisión’ señalaron a Perú21 que aún no se puede hablar de enriquecimiento ilícito, pero que se va a transferir los indicios hallados a la Procuraduría Anticorrupción para que investigue al respecto.
Al ser consultados sobre los indicios hallados, la mismas fuentes refirieron que se trata de depósitos realizados en provincia y retirados en su integridad el mismo día en Lima.
Según cálculos preliminares elaborados por el grupo de trabajo, los depósitos sospechosos de Zavaleta llegarían a sumar unos S/500 mil.
El legislador Juan Pari señaló que la presunta red de corrupción de Sedapal involucraría a 12 personas.
Fuente: Diario Perú21.
Megacomisión
Los dilemas del juez que vió el expediente García<
¿Puede un juez impedir al Congreso investigar a AGP? No, pero tiene poder de control constitucional. Un informe clave: el de la Defensoría del Pueblo sobre la afectación de su defensa. Una sentencia fantasma: la que rehabilitó a Diez Canseco.
Por Ricardo Uceda, INFOS- Diario La República
La presentación por Alan García de una acción de amparo destinada a ser excluido de las investigaciones de la denominada megacomisión ha puesto en discusión no solo temas vinculados a los narcoindultos sino al sistema que permite controlar constitucionalmente al Congreso. Hasta el momento la discusión gira sobre la impunidad que generaría un “tratamiento VIP”, como calificó Sergio Tejada, el presidente del grupo investigador, a la pretensión del ex presidente. Pero un enfoque integral del caso exige tomar en cuenta errores que un examen imparcial de la Defensoría del Pueblo encontró en los procedimientos de la megacomisión.
La Defensoría le da la razón a García en un punto medular: no le dijeron por qué está siendo investigado. Por lo tanto, violaron su debido proceso.
Aunque esta opinión no es vinculante, en la práctica le resta autoridad política a lo que la megacomisión viene haciendo con su caso. Y así como la impugnación al servicio militar por la Defensoría produjo las iras del presidente y del ministro de Defensa, el informe sobre AGP irritó a Tejada. Dijo que el defensor, Eduardo Vega, estaba parcializado.
¿Pero qué dice el informe? Es un documento de quince páginas que analiza las cuatro razones por las que el ex presidente adujo que sus derechos fundamentales estaban siendo violados.
INDEBIDO PROCESO
La Defensoría no encontró sustento en la primera de las observaciones. Según García, la megacomisión lo citó cuando su mandato estaba vencido. Había sido elegida el 13 de septiembre del 2011 para realizar sus investigaciones en el plazo de 365 días. Se instaló el 21 de noviembre y sus labores debieron concluir en la misma fecha del 2012 tomando en cuenta días naturales. El ex presidente compareció el 3 de abril del 2013. De acuerdo con la Defensoría, sin embargo, la Ley de Procedimiento Administrativo General habilita la computación de estos periodos con días hábiles. Así, el proceso corría hasta el 21 de mayo último y por lo tanto el ex presidente estaba citado en orden. Tanto más cuanto el Pleno del Congreso amplió el plazo investigatorio por ciento veinte días adicionales.
Una segunda queja fue que los escritos enviados por Alan García a la megacomisión no habían sido atendidos. Era cierto. Pero las comunicaciones del ex presidente fueron respondidas finalmente por el grupo parlamentario antes de que la Defensoría emitiera su informe. Con lo cual la queja quedó subsanada.
Otra objeción fue que lo citaron invocando términos del reglamento de la megacomisión, y que estas normas no estaban publicadas ni en el diario oficial El Peruano ni en la página web del Congreso. En efecto, el reglamento solo lo conocían los comisionados. No es una cuestión menor. La Constitución dice que la publicidad “es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. Por otro lado, no existe ninguna disposición que obligue al Congreso a publicarlo en el diario oficial. En este punto la Defensoría recomendó a la megacomisión esforzarse por que lo conocieran sus investigados y sus testigos.
El cuarto reclamo se refería a la forma en que había sido informado Alan García de los hech os por los que se le investigaban. El informe señala un indebido proceso: la citación le permitió conocer generalmente los eventos, pero no “de manera suficiente y concreta”.
CONOCER EL DETALLE
Cuando la megacomisión citó a Alan García, el 8 de marzo, le informó que lo interrogaría sobre algunos asuntos cuestionables en los que le cabría responsabilidad. Le preguntarían, por ejemplo, acerca de presiones políticas en el caso Business Track o por haber dictado“decretos de urgencia y decretos supremos, referidos a programas, proyectos e instituciones” . O respecto de presuntas irregularidades en la concesión de indultos.
García observó que la megacomisión no le dijo qué hechos serían irregulares, quiénes hacían las acusaciones, qué leyes se infringieron, qué indicios había, de qué manera estaba vinculado él, como presidente, con las imputaciones. Se le pedía responder sobre sospechas en numerosas instituciones públicas y por la responsabilidad de miles de funcionarios.
¿Tenía derecho a exigir este nivel de detalle? Esta es una importante cuestión previa. Según el presidente de la megacomisión, Sergio Tejada, no. Así se lo dijo al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, en una carta que contiene su versión. En su opinión, las precisiones que se le habían hecho llegar eran las que correspondían a un investigado. Si estuviera en condición de acusado, arguyó, podría reclamar más pormenores.
Esta postura, sin embargo, choca frontalmente con el marco jurídico peruano.
Las garantías del debido proceso son exigibles para toda investigación que pudiera conducir a una sanción contra cualquier persona. El informe de la Defensoría del Pueblo sobre el caso García indica qué base hay en la Constitución, en resoluciones del Tribunal Constitucional y en convenios internacionales que el Perú ha suscrito, para afirmar que un investigado debe conocer explícitamente los asuntos por los que va a responder. Más aún, indica qué antecedentes jurídicos obligan a las comisiones parlamentarias a someter sus investigaciones a este marco.
Pero el Congreso no admite que estas obligaciones le son vinculantes.
EL CASO DIEZ CANSECO
Aquí cobra relevancia un reclamo anterior: el de Javier Diez Canseco , a quien un juez le concedió una acción de amparo en contra de la suspensión de noventa días que le impuso el Congreso por haber, supuestamente, ocultado un conflicto de interés al momento de proponer una ley. Alan García citó esta sentencia al momento de presentar su queja ante la Defensoría. Aunque los casos son distintos, las cuestiones de fondo son las mismas.
Lo primero que estableció el juez Hugo Velásquez, del Quinto Juzgado Constitucional que evalúa el recurso de García, es que una acción de amparo sí es procedente contra el Poder Legislativo. Esto no lo acepta el Congreso, que se considera una zona exenta de este tipo de control, como lo expresó el procurador al momento de contestar la demanda.
Posiblemente el procurador argüirá lo mismo ante la acción de amparo de Alan García. Pero, como señaló el juez Velásquez en su sentencia, el tema ya lo ha zanjado el Tribunal Constitucional.
Acto seguido, Velásquez determinó, citando jurisprudencia pertinente del TC, que en un procedimiento de ética parlamentaria se deben respetar los principios del debido proceso. Añadió que esta tutela es de necesidad mayor en las comisiones parlamentarias, porque deciden por mayoría y ocasionalmente por conveniencia.
Una vez dictada la sentencia, el procurador del Congreso la objetó sin éxito, aduciendo que los fallos del TC que se mencionaban no eran aplicables. De modo que, en este punto,tampoco el Poder Legislativo reconoce facultad de control por parte del Poder Judicial.
Cuando el fallo se conoció, fue objetado en forma altisonante por los parlamentarios acusadores. Afectaba, dijeron, la separación de poderes. Pero ahora Alan García actúa en la misma línea de Diez Canseco al recurrir al Poder Judicial para que proteja sus derechos.
CASOS DISPARES
El tema del debido proceso es relativamente nuevo para el Congreso, donde políticos y parlamentarios de todas las bancadas, culpables o no, fueron acusados sin haberse defendido adecuadamente. En el 2001 le enmendaron la plana con notoriedad, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos rehabilitó a Delia Revoredo , Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey, tres magistrados destituidos por el Congreso de mayoría fujimorista en 1993. En el 2009, el TC rechazó, por tres votos contra dos, la pretensión de la congresista del APRA Tula Benites para anular la decisión del pleno que la desaforó, según ella, infringiendo el reglamento del Congreso, pues su caso ya había sido votado y archivado.
Pero, al votar, el TC se declaró competente para el caso. En el 2003 , el Congreso desoyó un informe de la Defensoría del Pueblo que encontró indebido que Jorge Mufarech, enemigo público del ex procurador José Ugaz, presidiera la comisión que resolvería una acusación en contra suya. En el 2009, sin embargo, el Congreso desistió de acusar constitucionalmente a Fernando Rospigliosi –a quien ya había desaforado sin debido proceso en el 2004– en parte atendiendo a otro informe de la Defensoría del Pueblo según el cual el procedimiento era extemporáneo.
Al tener que respetar el debido proceso, las investigaciones en el Congreso deben respetar detalles extremos. Las normas deben ser taxativas, porque de lo contrario pueden viciar un proceso. El juez Velásquez le dio la razón a Diez Canseco porque el Código de Ética no señalaba como infracción ocultar un conflicto de interés al momento de presentar un proyecto de ley. Era infracción hacerlo durante el debate, y Diez Canseco –que nunca aceptó tener incompatibilidad ética– no estuvo en esa situación. El juez dijo que la falta sancionada no existía en el código. Además tampoco estaban tipificados los conflictos de interés. Por último, durante la fase acusatoria, un congresista hizo un cargo ajeno a la investigación, del cual Diez Canseco no se pudo defender adecuadamente. El juez anuló la sanción no por la acusación de fondo sino por el procedimiento.
EXPEDIENTE AGP
El recurso de amparo de AGP solicita al juez declarar nulos los actos de la megacomisión referidos a la investigación que le concierne. No pide invalidar todo lo actuado por el grupo. Respecto de los narcoindultos, señala que no se le dijo cuándo y cómo tuvo participación punible. Aunque las evidencias de soborno podrían tener varios años en la sombra al ex presidente de la Comisión de Indultos Facundo Chinguel y tal vez al ex ministro de Justicia Aurelio Pastor, para construir una acusación contra García haría falta mayores evidencias.¿Dirigió la organización delictiva? ¿La conocía? ¿Recibió dinero? Todos los especialistas consultados para esta nota sostienen que la sola rúbrica de las conmutaciones de pena no basta para armar un caso contra el ex presidente.
Si el juez declara fundado el recurso de amparo, la megacomisión debería volver a investigar a AGP. Esto se halla en la línea de lo que sostuvo la Defensoría, con la diferencia de que esta no dijo que la investigación era nula sino simplemente se limitó a recomendarle al Congreso subsanar las deficiencias del debido proceso. Esto no paraliza la investigación a García, sino que la reencauza correctamente.
Si el juez rechaza la demanda se producirá una apelación. El expediente sin duda llegará al TC, donde hay jurisprudencia vinculante para que el Congreso respete el debido proceso. En fin, hay caso para rato. La megacomisión, en el tiempo de trabajo que le queda, podría volver a citar a AGP considerando todos los detalles olvidados, pero la idea parece no gustarle a su presidente Sergio Tejada. Tal vez le haga cambiar de opinión esta noticia: el juez que verá el amparo de García es Hugo Velásquez: el mismo que resolvió en contra del Congreso el caso Diez Canseco.
¡Javier Diez Canseco salvó a Alan García Pérez!
Por Aldo Mariátegui- Diario Perú21
A veces la impericia del cazador provoca que el bumerán le impacte en la cara al retornar… Algo de eso le acaba de ocurrir a la izquierda local (y a sus diarios y columnistas corifeos), pues si fueran honestos –que no lo son– no podrían protestar como lo están haciendo contra este reciente fallo judicial del Congreso en contra de la Megacomisión y a favor de García, dado que ellos sentaron el precedente de que el Poder Judicial podía anular investigaciones congresales con el caso de Javier Diez Canseco.
¿O ya no se acuerdan que se fueron al Poder Judicial a solicitarle le levante la sanción y le declare inocente porque no se había cumplido “el debido proceso” en su caso, invadiéndose así groseramente la esfera de competencias y la autonomía del Congreso? ¡JDC salvó a AGP! ¡Jua, jua, jua!
¿Y es coherente que Augusto Alvarez Rodrich haya puesto algo así en La República (10/04/13), y ayer allí mismo escriba que hubo “un triunfo con sabor a leguleyada” para García?
“La decisión judicial que anuló la sanción a Javier Diez Canseco es jurídicamente correcta, pero sería una ingenuidad y hasta una cobardía escudarse y enredarse –como quisieran algunos– en un debate constitucional para obviar lo que un juez superior le ha dicho, con su sentencia, al Congreso: que no puede castigar por razones políticas, mezquinas y subalternas, es decir, que no puede guiarse por la vendetta” (recomiendo cambiar JDC por AGP en el párrafo).
García no es la Madre Teresa y responderá por lo que deberá responder, pero es evidente que toda esta aparatosa ‘megacomisión’ se formó adrede para crucificarle. ¿O es usual que apenas acabado un gobierno se constituya un ente especial para indagar sobre cualquier caso que se le ocurra que involucre al presidente que acaba de salir?
¿Y por qué no hacen una igual para investigar la mansión de Toledo?
Coordenadas de la frontera
El almirante (r) Jorge Montoya, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que, tras la firma del acta final de los trabajos conjuntos que fijan las coordenadas del límite marítimo entre ambas naciones, queda pendiente “la formulación de la carta definitiva de navegación”.
“Eso toma un tiempo mayor, pero eso es parte del proceso administrativo que no tiene nada que ver con la ejecución propiamente dicha”, señaló el militar en diálogo con RPP Noticias.
“Cada país lo hace en función a los puntos que ya lo tienen. Cada armada va a promulgar sus propias cartas, que van a ser iguales, pero hechas por cada país”, sentenció.
Como se recuerda, los equipos técnicos de Perú y Chile suscribieron el acta final de los trabajos conjuntos que fijan las coordenadas del límite marítimo entre ambas naciones, concluyendo prácticamente la ejecución del fallo de La Corte Internacional de La Haya.
“Esto solamente puede lograrse cuando hay buena voluntad de ambas partes. En este caso, los países han estado representados por sus respectivas marinas. Las armadas han llevado a cabo esto y lo han cumplido en tiempo récord”, resaltó Montoya.
Fuente: Radio Programas del Perú.
Fiebre del oro
¡Que este problema lo solucione la señora Nadine Heredia!”, exigió Esteban Siancas, presidente de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales (Conami).
Lamentablemente, los tentáculos de la economía negra más extensa del país y que ha generado un caos en la capital no se van a desenredar con un tuit.
Teniendo como base la Plaza Dos de Mayo, 4 mil mineros ilegales marcharon todos los días desde el que se declararon en huelga indefinida.
En Lima su recorrido abarcó el largo de la avenida Colmena. Arequipa e Ica, por su parte, tuvieron en la Panamericana Sur su vía más apremiante.
Y fue en la characata región donde, se reportó el primer deceso de la jornada.
Magdalena Alarcón Huamaní, 71, falleció de un paro cardiaco luego de quedar varada en el kilómetro 617 en la provincia de Caravelí.
PUNTO DE QUIEBRE
Esta tragedia marcó el punto de quiebre a tan solo dos días del diálogo que la PCM inició con los mineros, agrupados, además de la Conami, en la Federación Minera (Fedemin), Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Artesanales (Fenamarpe) y en la Central Nacional de Mineros (Cenami).
El fallecimiento de Alarcón motivó a que la Procuraduría del Ministerio del Interior denuncie por homicidio culposo a 40 líderes mineros el lunes último.
Ese mismo día, las Fuerzas Armadas y la Policía entraron a restaurar el orden en la carretera sureña y encapsular las protestas.
Mientras tanto, en Lima, el Alto Comisionado Contra la Minería Ilegal, general EP (r) Daniel Urresti, ya comenzaba a entablar conversaciones con un reducido grupo de dirigentes mineros de Arequipa y Apurímac.
TENSAS NEGOCIACIONES
“Vivimos una fiebre del oro, y la historia dice que su evolución siempre es la misma: finaliza cuando se acaba el mineral o deja de ser rentable”, explica Urresti, quien recibió a CARETAS.
Un claro ejemplo de lo cargada que estuvo su agenda esta semana.
En las reuniones con los mineros siempre lo han acompañado los viceministros de Minería, Guillermo Shinno, y del Ambiente, Mariano Castro. Además, cuenta con la asistencia del despacho de su colega de Solución de Conflictos, Vladimiro Huaroc.
Desde que estalló la protesta, Urresti, quien lleva apenas cinco meses en el cargo, despacha todos los días con el presidente Ollanta Humala y el premier René Cornejo.
Y son los cercos que el general ha venido imponiendo en este tiempo los que han llevado a los mineros a la protesta.
ARRESTOS DE URRESTI
“Les hemos restringido el abastecimiento de combustible, tenemos puestos de control en los aeropuertos y estamos con las interdicciones. Eso les ha molestado, pero ya era momento de poner orden”, detalla Urresti.
El dinamitado de siete plantas de procesamiento ilegal en Chala, Arequipa, el pasado jueves 13, fue su acción más sonada. (CARETAS 2326 – Bombas y Paros)
En un acta fechada del 10 de febrero, los mineros decidieron orquestar su hoy llamada “Marcha de los Cuatro Suyos”.
La minuta, que contiene 12 puntos, pedía el retiro de Urresti y de los ministros del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y del entonces titular de Energía y Minas, Jorge Merino.
Así también el cese de las interdicciones y la derogación del Decreto Legislativo N° 1102 del 2012 que criminaliza la actividad minera ilegal del 2013.
En este armazón de reclamos, Isaac Humala, padre del mandatario, fue una voz de consulta.
BRONCA Y DEMOGRAFÍA
El 19 de abril es la fecha límite del proceso de formalización que se inició hace dos años consistente en seis pasos normativos.
Debió concluir en septiembre del 2013, pero el gobierno lo prorrogó por seis meses ante la oleada de protestas.
A la fecha, 70,850 personas han presentado la Declaración de Compromiso, la piedra de toque del proceso.
Según regiones: 16 mil en Arequipa, 10 mil en Ayacucho, 7 mil en Puno, 5 mil en La Libertad y 4 mil en Madre de Dios.
“La lista está cerrada y sobre eso se va a trabajar”, aseguró Urresti.
El total de personas que se dedican a la minería ilegal en el país fluctúan entre 150,000 y 400,000, según las fuentes más exageradas.
FIEBRE DEL ORO
El precio sideral del oro –US$ 1,323 la onza, al cierre de la presente edición– ha desatado una fiebre por la codiciada “pepita” en costa, sierra y selva.
El plan de formalización decretado en 2012, apunta a que los mineros artesanales cumplan con los estándares mínimos ambientales y normas tributarias.
En dos años, solo 1,400 personas han acreditado contratos de concesión y otros 200 de licencias de aguas.
En el grupo que ya ha logrado cumplir todos los pasos “no hay ni 100”, reconoció Urresti.
“La idea no es ceder. La idea es que los que entran al 19 de abril, entraron, y les vamos a dar 120 días para empezar la política de saneamiento. En ese plazo vamos a tratar de avanzar lo máximo en la formalización”, explicó el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga.
ORO, TRÁFICO Y LAVADO
La minería ilegal se ha convertido en un negocio multimillonario engarzado con circuitos de evasión tributaria y lavado de dinero crecientemente perniciosos.
La SUNAT acaba de decomisar 316 kilos de oro ilegal valorizado en US$ 11,2 millones en el depósito de aduanas de TALMA en el Callao.
Claro que un mandato judicial de una Corte de Ucayali ordenó la insólita reposición del cargamento a sus oscuros propietarios: nada menos que el exconvicto por narcotráfico Pedro Pérez (a) “Peter Ferrari”, a su vez vinculado a Rodolfo Orellana. (CARETAS 2319 – Dupla de Oro Trucho)
Según la consultora Macroconsult, las exportaciones de oro ilegal superaron largamente las del narcotráfico en 2011. Fueron US$ 1,793 millones de oro frente a US$ 1,208 millones de “blanca”.
Por cierto, es más fácil estimar el valor de la minería ilegal que del narcotráfico. El tráfico de cocaína es calculable, pero no es medible. El oro, tarde o temprano, termina en el mercado legal.
A su vez, existen indicios de que el narcotráfico está “blanqueando” su dinero en el comercio del oro ilegal.
Tampoco se trata de estigmatizar a la pequeña minería. “La minería artesanal es una profesión como cualquier otra, pero tenemos que estar seguros de que no dañe el medio ambiente”, sostuvo el ministro Mayorga.
RED DE POLÍTICOS
“La protesta demuestra que los mineros ilegales han crecido en número y en organización. Y tienen considerable influencia política: una red de congresistas, de presidentes regionales y alcaldes a su favor”, según José De Echave, de la ONG Cooper@cción y exviceministro del Ambiente.
En el Parlamento se ha escuchado esta semana a varios congresistas apoyándolos, entre los que destacan los fujimoristas Julio Rosas y Néstor Valqui. También el oficialista Amado Romero y el acciopopulista Yonhy Lescano. Incluso el titular de Congreso, Fredy Otárola, recibió en su despacho a una comitiva de mineros, el jueves 20.
En la Presidencia del Consejo de Ministros hay temor de que el Congreso promueva un proyecto de Ley que amplíe los plazos de la formalización.
Mientras tanto, cuatro organizaciones mineras acampan desafiantes en la Plaza Dos de Mayo.
Fuente: Revista CARETAS.