Sala Civil Permanente declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa legal de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.)

Por Rodrigo Saldarriaga Valverde/ Diario Perú21.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la defensa legal de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), con lo que se ratifica la ilegalidad de dicha organización política.
Además, el tribunal rechazó el pedido de nulidad de la sentencia de vista, la sentencia de primera instancia y la nulidad de todo lo actuado en el proceso judicial. Asimismo, dispuso que los expedientes sean devueltos a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema para los procedimientos correspondientes.
Confirman ilegalidad y cancelación de inscripción
El pasado 28 de enero, la Sala Civil Permanente ya había confirmado por unanimidad la sentencia de primera instancia que declaró ilegal a A.N.T.A.U.R.O. Como parte de la decisión, también ratificaron la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el cierre de todos sus locales partidarios.
La Corte Suprema comunicó su decisión a través de su cuenta de X, donde precisó que los magistrados rechazaron los argumentos presentados por la defensa de la organización política, liderada por Antauro Humala.
Decisión final de la Corte Suprema
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente evaluó previamente el caso y determinó que no existían fundamentos para revocar la ilegalidad del partido. Con este fallo, la organización política de Antauro Humala queda formalmente disuelta y sin posibilidad de apelar en la vía judicial.

Secuestrados y asesinados

Hamás restituyó los cadáveres de cuatro rehenes a Israel, que a cambio liberó a más de 600 presos palestinos en el último intercambio de la primera fase de la tregua en Gaza.
La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la recepción de los féretros de «cuatro rehenes caídos».
En un comunicado, el movimiento islamista anunció la liberación de más de 600 presos, que fueron recibidos por multitudes en la ciudad cisjordana de Ramala y en la ciudad gazatí de Jan Yunis.
En Ramala, los prisioneros bajaron de autobuses ataviados con pañuelos tradicionales kufiyas y chaquetas que ocultaban su uniforme carcelario, constató un periodista de la AFP.
El Foro de las Familias de Rehenes confirmó la identidad de los cuatro cadáveres entregados.
«Recibimos con profunda tristeza la noticia de la identificación de Shlomo Mansour, Tsachi Idan, Itzhak Elgarat y Ohad Yahalomi, de bendita memoria, que han descansado eternamente en Israel», dijo el foro en un comunicado.
Es el último intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos previsto dentro del acuerdo de tregua mediado por Catar, Egipto y Estados Unidos que entró en vigor el 19 de enero.
La primera fase de este alto el fuego termina el sábado y todavía no se han negociado los términos de la segunda etapa, en la que debe ponerse fin a la guerra y completar la liberación de la sesentena de rehenes que seguirán en Gaza.
«No hay otra opción que iniciar las negociaciones para la segunda fase», señaló Hamás en un comunicado, considerando que Israel no puede poner «falsas excusas» para frenar el proceso.
En este periodo inicial de seis semanas, un total de 25 rehenes y ocho cadáveres regresaron a Israel. A cambio, el Estado hebreo sacó a unos 1.900 presos palestinos de sus cárceles.
La oficina de Netanyahu había señalado poco antes del intercambio que la entrega de los cadáveres se haría «conforme a las exigencias israelíes», es decir, «sin ceremonias de Hamás».
– «Prefirieron la venganza» –
Su gobierno había bloqueado la liberación de estos 600 presos en protesta por las «ceremonias humillantes» organizadas por Hamás en cada intercambio de rehenes, criticadas también por la ONU y la Cruz Roja.
Uno de los casos que más indignación causó fue la entrega la semana pasada de cuatro cadáveres, entre ellos los de los niños Ariel y Kfir Bibas, cuyos féretros fueron expuestos junto a una imagen de Netanyahu con dientes de vampiro.
El caso se envenenó todavía más cuando las autoridades israelíes denunciaron que los niños habían sido asesinados a «sangre fría» y que el supuesto cadáver de su madre, Shiri Bibas, de origen argentino, no era de ningún rehén.
Hamás reconoció un posible error y entregó posteriormente los restos de la madre, enterrada este miércoles junto a sus hijos en un cementerio cercano al kibutz Nir Oz, donde fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023.
La familia Bibas, cuyos niños tenían cuatro años y ocho meses y medio al ser raptados, se convirtió en un símbolo de la tragedia de los rehenes israelíes.
El padre Yarden Bibas, también secuestrado pero liberado este mes, recordó en el funeral su «familia perfecta». «Shiri, siento no haber podido protegerlos a todos», dijo roto de dolor.
Durante el funeral, la familia reclamó también responsabilidades a los dirigentes israelíes. «Podrían haberlos salvado, pero prefirieron la venganza», dijo Ofri Bibas, cuñada de Shiri.
– Acuerdo frágil –
Tras casi quince meses de guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque de los milicianos islamistas en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego que contempla tres fases.
El frágil pacto ha estado al borde del colapso varias veces porque ambos bandos se acusan mutuamente de violarlo. El ejército israelí afirmó el miércoles que había bombardeado puestos de lanzamientos de proyectiles en Gaza, tras haber identificado un tiro.
El enviado estadounidense a Oriente Medio, Steve Witkoff, dio cuenta de «mucho progreso» de cara a una reanudación de las conversaciones sobre las condiciones de la segunda fase.
Según él, Israel iba a enviar un equipo de negociadores «a Doha o a El Cairo, donde las negociaciones reiniciarán». Sin embargo, Israel no confirmó esta información.
La tercera y última fase de la tregua debería enfocarse a la reconstrucción de la devastada Franja de Gaza.
Israel prometió destruir a Hamás tras los ataques del 7 de octubre que desataron la guerra en Gaza tras dejar más de 1200 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en cifras oficiales.
Los milicianos islamistas también secuestraron a 251 personas. Antes del último canje, 62 seguían en Gaza, aunque el ejército israelí daba a 35 de ellos por muertos.
Fuente: www.swissinfo.ch 

Hamás los secuestró, Hamás los asesinó. Poner fin al terror de Hamás

“Durante más de 16 meses, el mundo contempló con horror cómo Hamás hacía desfilar a la familia Bibas con artículos de propaganda para la guerra psicológica”.

Por Eran Yuvan- Diario Perú21.
Las imágenes nos atormentan: una madre joven, Shiri Bibas, arrancada del corazón de la vida cotidiana, tomando a sus dos pequeños hijos pelirrojos, Ariel, de cuatro años y Kfir, un bebé de nueve meses, con las caras marcadas por el miedo, mientras son arrastrados a Gaza. Esta escena, filmada por los terroristas que irrumpieron en el Kibutz Nir Oz el 7 de octubre, encapsula la pura brutalidad e inhumanidad de las acciones de Hamás. Fue una de muchas en esa trágica mañana, cuando los terroristas de Gaza mataron, violaron y destrozaron a innumerables familias. Esto demuestra que Hamás no es un actor político legítimo, sino una organización extremadamente brutal cuyo único propósito es infligir sufrimiento y destrucción.
Durante más de 16 meses, el mundo contempló con horror cómo Hamás hacía desfilar a la familia Bibas con artículos de propaganda para la guerra psicológica. Yarden fue forzado a aparecer en un video luego de que le dijeran que su familia había sido asesinada, una manipulación cruel que ejemplifica el trato sádico de Hamás a los secuestrados. Ahora, con Yarden recientemente liberado, el alcance del horror ha quedado claro. Su reencuentro con la libertad tuvo un costo devastador: sus hijos y su esposa fueron asesinados por sus captores.
Después de mantenerlos en condiciones inimaginables, luego de someterlos al miedo, la privación, y posiblemente cosas peores, los terroristas de Gaza asesinaron a los dos pequeños hermanos, ya en noviembre de 2023. Un bebé. Un niño de cuatro años. Sus restos fueron devueltos a Israel el 20 de febrero de 2025. No obstante, en un despreciable acto de un horror inexplicable, Hamás sustituyó el cuerpo de una mujer desconocida por el de Shiri. Tras horas desconcertantes, finalmente el cuerpo de Shiri fue devuelto al día siguiente.
La tragedia de la familia Bibas no es solamente una catástrofe personal; es un claro recordatorio de la verdadera naturaleza de Hamás. No se trata de luchadores por la libertad o integrantes de la resistencia, son monstruos que atacan deliberadamente a civiles, asesinan niños y provocan el máximo dolor y la tortura psicológica a sus víctimas. Los secuestrados que han sido liberados, relatan horrores difíciles de comprender -golpizas, hambre, violencia sexual y el constante terror de la ejecución—. Hamás no libra guerras como una fuerza militar; comete sus crímenes de guerra como un asunto de política. Estas no son acciones de seres humanos; son el sello distintivo de una ideología depravada que glorifica la violencia y se regodea en el sufrimiento.
El asesinato de Ariel y Kfir, el miedo acerca del destino incierto de Shiri, la tortura que soportó Yarden, el cautiverio aún vigente de otros secuestrados, no son aberraciones en la conducta de Hamás. Son su esencia. Se trata de una organización que construye túneles terroristas en lugar de escuelas, que utiliza hospitales como cuarteles, que desvía ayuda humanitaria para alimentar su máquina bélica. Su gobierno no ha traído más que miseria a Gaza, mientras enriquecía a su propia dirigencia.
Aquellos que continúan apoyando a Hamás o poniendo excusas para ello, deben tener en cuenta estos hechos. Cada justificación, cada intento de contextualizar sus acciones, cada “pero” que viene a continuación de la condena de sus atrocidades, solo sirve para permitir más sufrimiento. Hamás ha demostrado recurrentemente que no tiene interés en la paz, ningún respeto por la vida humana —palestina o israelí— y ninguna visión más allá del conflicto perpetuo y la destrucción.
No obstante, a pesar de esta innegable realidad, Hamás aún encuentra apologistas en el occidente —activistas y políticos que, ya sea por ignorancia o malicia, refuerzan sus atrocidades justificando su violencia—. Cada manifestación que glorifica a Hamás, cada voz que minimiza sus crímenes, solo extiende el sufrimiento de israelíes y palestinos por igual. Defender a Hamás es defender la barbarie. Apoyar a Hamás es sabotear toda esperanza de paz en la región.
La comunidad internacional debe unirse en reconocer que aquí no puede haber paz ni estabilidad ni futuro, tanto para israelíes como para palestinos, mientras Hamás mantenga su control en Gaza. Su eliminación no es solamente un imperativo de la seguridad israelí, es un deber moral para todos los que crean en la dignidad humana y en la posibilidad de paz en la región.
La historia de la familia Bibas debe servir como un llamado de atención. La familia Bibas, y todas las víctimas del terrorismo de Hamás, merecen justicia. El reinado del terror de Hamás debe terminar. No solo por la seguridad israelí, no solo por el futuro de Gaza, sino por la posibilidad misma de un futuro en el cual niños como Ariel y Kfir puedan crecer sin el miedo de ser arrancados de los brazos de sus padres. No puede haber paz mientras Hamás continúe gobernando. Si la comunidad internacional realmente procura justicia, si se preocupa realmente por las vidas inocentes, pues entonces debe mantenerse firme: Hamás debe ser desmantelado, su terror, erradicado, y su estrangulamiento de Gaza, quebrado. La senda hacia la paz en la región comienza con el fin de Hamás.

Duro Golpe en Política Exterior

Por Berit Knudsen- Diario EXPRESO.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) atraviesa una crisis sin precedentes. Ese instrumento clave de la política exterior estadounidense enfrenta una reestructuración, reduciéndose en tamaño y alcance por instrucciones de Donald Trump. La decisión de desmontar USAID responde a décadas de cambios en sus funciones, desde su creación en 1961, transformada en herramienta de influencia ideológica no alineada con los intereses de Washington.
Francisco Tudela, académico y político peruano, explica que los antecedentes se remontan a los Acuerdos de Helsinki (1975), promovidos durante la Guerra Fría para comprometer a la Unión Soviética y sus aliados a respetar los derechos humanos. Pero la URSS nunca cumplió sus compromisos, llevando a Estados Unidos a crear organizaciones de monitoreo como el Grupo Helsinki en Moscú, liderado por el disidente Andrei Sájarov, como herramienta de presión política para promover la democracia.
USAID se convierte en mecanismo para financiar ONG, medios de comunicación y movimientos contra el autoritarismo. Al caer la Unión Soviética en 1991, el modelo se expande por el mundo, pero su propósito se distorsiona. El caso ruso es un ejemplo de cómo USAID, instrumento de desarrollo, se transforma en mecanismo de influencia política. En 2012, Vladimir Putin ordenó la salida de USAID, alegando que la agencia intervenía en temas nacionales financiando a opositores y promoviendo cambios políticos. En pocos días colapsaron más de 30 ONG rusas financiadas por Estados Unidos, incluyendo Moscú Helsinki. La agencia dejó de ser vista como organismo de ayuda humanitaria, convirtiéndose en actor geopolítico con intereses ideológicos, generando debates sobre la independencia en asuntos internos.

En enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva suspendiendo la ayuda exterior de USAID por 90 días, exceptuando programas humanitarios esenciales y el apoyo a Israel y Egipto por acuerdos estratégicos. El objetivo era evaluar el impacto de la agencia y su alineación con los intereses nacionales; pero las finanzas de USAID mostraron que gran parte de sus fondos se canalizaban hacia ONG y medios de comunicación con ideologías ajenas a la política oficial del gobierno. Encontraron que la BBC británica, opositora mediática a Trump, recibía financiamiento de USAID.
Se nombró a Marco Rubio director de USAID para devolver a la agencia a sus principios originales; pero la magnitud del problema exigió decisiones radicales y una total reestructuración. El 7 de febrero, miles de empleados fueron despedidos con un correo electrónico masivo notificando que sus cuentas serían desactivadas, impidiendo el ingreso a sus oficinas. Permanecen unos 600 empleados de 14,000 funcionarios a nivel mundial.
Elon Musk, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental, declaró que USAID estaba fuera de control, manejando presupuestos millonarios sin rendir cuentas al gobierno y despilfarrando el dinero de los contribuyentes.
El desmantelamiento de USAID genera debates sobre el rol del financiamiento de las ONG en la política global. Aunque muchas iniciativas son beneficiosas, otras son estructuras desvinculadas de las políticas nacionales. Diversas ONG argumentan que la eliminación de USAID deja un vacío en la cooperación internacional, afectando programas vitales en países en desarrollo.
El cierre de USAID como agencia de desarrollo global, al financiar iniciativas contrarias a los intereses de Estados Unidos, constituye un duro golpe en política exterior. La pregunta es cómo será la organización que ocupe el espacio de USAID. Pero también, ¿qué espera el Congreso peruano para aprobar la ley de fiscalización de las ONG?

Cojugringos

Por César Campos R.- Diario EXPRESO.
En una de las últimas columnas escritas para El Nuevo Herald, Andrés Oppenheimer cuestiona que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Joe Biden haya decidido invitar a una “Cumbre para la Democracia” –organizada por su gobierno– a los presidentes de México, Argentina y otros países que, “aunque democráticos”, han tomado la determinación de ser “cómplices de las peores dictaduras del mundo”.
Oppenheimer se refiere a los mandatarios Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández quienes mantienen sólidas alianzas con las satrapías de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según fuentes del periodista y escritor, Biden no tiene en su lista de convocados a dicha cumbre a los jefes de Estado de estos tres países, pero tampoco a los de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.
El repudio de Oppenheimer se dirige, como era de esperarse, a la postura adoptada por algunos presidentes en torno al escandaloso fraude en las últimas elecciones de Nicaragua que habilitan a Daniel Ortega mantenerse en el poder junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Incluso, pone de ejemplo a nuestro país en su afán de ponerle un termómetro pro sistema de libertades a las naciones de la región. “Hasta Perú –escribe– cuyo presidente se postuló como candidato de un partido marxista, condenó inmediatamente el fraude electoral de Nicaragua. Sin embargo, no hubo tal condena de parte de México y Argentina”.
Me temo que atingencias de esta naturaleza llegan tarde a los escenarios fabricados implícitamente por Washington con su displicencia, ociosidad y alto nivel de torpeza para consolidar alianzas con actores importantes de América Latina en provecho de la democracia. Alianzas que fueron más claras cuando la diplomacia yanqui tenía en sus embajadas verdaderos halcones y no los mequetrefes sesgados, caviarones y parroquiales que las poblaron inaugurando el nuevo siglo, paradójicamente, cuando más necesitaban separar paja del trigo.
Rescato los tiempos de Bob Felder y John Hamilton (este último, antes que se convirtiera en embajador USA en nuestro país). Hubo otros pocos como ellos que abrían el abanico de opiniones sin dejarse arrastrar de las narices por los lobos disfrazados de corderos tras la caída del Muro de Berlín. Miraban además de cerca el orden establecido en las cancillerías latinoamericanas a raíz del surgimiento de la República Popular China como nuevo imperio económico y tecnológico.
Sin embargo, sus reemplazantes perdieron el tiempo en lecturas pigmeas y atrabiliarias de los temas domésticos regionales, relativizando el factor activista de la izquierda y su penetración ideologizada en áreas importantes como la educación. Wikileaks desnudó lo patético de algunos reportes al departamento de Estado.
En lo personal, no me parece útil llamar “cojudignos” al errático segmento de votantes que prefirió respaldar electoralmente a Pedro Castillo aferrados al paradigma del antifujimorismo. Pero que, a la luz del desconcierto de Oppenheimer, hay “cojugringos”, los hay. Y el prefijo se extiende hasta muchos europeos.

Excongresista condenado por ‘fábrica de firmas’ y asesinado por sicarios

Medelius estuvo prófugo en Estados Unidos y luego de ser extraditado fue condenado por la falsificación masiva de firmas a favor de la reelección de Alberto Fujimori. Representante del ilegal partido A.N.T.A.U.R.O. lo identifica como parte del círculo de “amigos” o “asesores” de Antauro Humala.

Por Martín Calderón– Diario El Comercio.
Al menos 20 disparos perpetrados por sicarios terminaron con la vida del excongresista fujimorista Óscar Medelius Rodríguez en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima, cuando se desplazaba en una camioneta.
Medelius, abogado y notario, fue parlamentario en el periodo 1995-2000. Se le recuerda como uno de los protagonistas de la masiva falsificación de firmas para crear Vamos Vecino, que formó parte de la alianza Perú 2000 con la que se buscó la reelección de Alberto Fujimori.
Por ese caso fue condenado a ocho años de prisión en noviembre del 2008, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado. La Sexta Sala Anticorrupción determinó que organizó una fábrica de firmas falsas entre 1998 y 1999.
De acuerdo con las investigaciones, Medelius recibió 70 mil dólares mensuales de Vladimiro Montesinos, otrora asesor de Alberto Fujimori, para que contrate a las personas que falsificarían las firmas.
Las investigaciones determinaron que Medelius se reunía con Montesinos para coordinar y financiar la falsificación de firmas con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Medelius estuvo en la clandestinidad por más de cinco años y fue extraditado desde Estados Unidos en el 2008.
Durante el juicio en su contra, tuvo un careo con Matilde Pinchi Pinchi, la colaboradora eficaz más importante en los procesos judiciales contra Montesinos.
En el careo, en julio del 2008, Pinchi Pinchi ratificó que preparaba paquetes de entre US$200 mil y US$300 mil por órdenes de Montesinos. Esto para solventar los gastos de la falsificación de firmas. Añadió que conocía a Medelius y lo identificó como muy amigo de Montesinos. La sentencia de ocho años de cárcel en su contra por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado fue confirmada en septiembre del 2009 por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Años después, Medelius volvió a aparecer en la vida política y en las páginas policiales de manera eventual, por distintos motivos.

Del grupo de Antauro Humala

En julio pasado se afilió al partido del condenado por el ‘Andahuaylazo’ Antauro Humala, denominado Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.). Esta agrupación fue declarada ilegal por la Corte Suprema en enero pasado.
El representante legal de A.N.T.A.U.R.O., el excongresista Rubén Ramos Zapana, dijo a El Comercio que Medelius formaba parte del círculo de Antauro Humala.
“Antauro tiene sus amigos, tipo asesores, y dentro de ese grupo yo lo veía. Nunca participó de reuniones programáticas del partido. […] Sí sé que era afiliado”, dijo.
Intentamos comunicarnos con la abogada Carmen Huidobro, defensora de Antauro Humala, para consultarle por la señalada cercanía entre el etnocacerista y Medelius. No obstante, no respondió nuestras llamadas ni mensajes hasta la publicación de este perfil.
Medelius no solo fue congresista con Cambio 90-Nueva Mayoría, de Alberto Fujimori, sino también regidor provincial del Callao con el Movimiento Independiente Porteño. Accedió a ese cargo en las elecciones municipales de 1993.
En tanto, durante su gestión como congresista fue presidente de la Comisión de Justicia. Incluso fue designado como apoderado del Congreso ante el Tribunal Constitucional en dos demandas interpuestas por ciudadanos.
Medelius protagonizó uno de los ‘Vladivideos’ en 1998. En este aparece con Montesinos y un exmagistrado del Jurado Nacional de Elecciones, hablando sobre un referéndum que trataban de evitar.
ESTE ES EL ‘VLADIVIDEO’
Abogado de Caracol
En el 2016 se conoció que Medelius fue abogado de Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, condenado a 35 años de cárcel por el caso Barrio King, una organización criminal dedicada a la extorsión de empresas constructoras, cobro de cupos por traslado de droga en el Callao y homicidios.
Así lo reveló el entonces jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio Magán, cuando se refirió a un hábeas corpus presentado por ‘Caracol’ contra de su traslado del penal Ancón I a la Base Naval del Callao.
Reunión con Vizcarra en Palacio
En abril del 2018, Medelius se reunió con el entonces presidente Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno.
Aquella vez, el otrora primer ministro César Villanueva aseguró que Medelius entró a Palacio acompañando al ciudadano chino Lin-Yun Yo y al empresario Francisco Lora Morgan. Precisó que la cita con el presidente fue solicitada por Lin-Yun.
“El presidente Vizcarra ha tenido diversas reuniones con empresarios, políticos y personalidades, todas totalmente transparentes, no a puertas cerras ni con cosas que ocultar […] Este gobierno no tienen alianzas con la corruptela, no tiene alianzas escondidas”, dijo en ese momento, ante los cuestionamientos de la prensa.
También hay registro de más de 20 visitas de Medelius al Ministerio de Energía y Minas entre el 2014 y el 2018.

Sicariato político: Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, A.N.T.A.U.R.O.

Por alentar el odio y la violencia, el Poder Judicial declaró ilegal a la organización política A.N.T.A.U.R.O. y ordenó al JNE cancelar su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.
Aunque me hubiera gustado ganarle en la cancha, debatiendo sobre ideología política, filosofía de la historia y propuestas de gobierno, hay suficientes antecedentes en la historia que demuestran cómo movimientos extremistas han aprovechado las vías democráticas para socavarlas.
Por ejemplo, los nazis ganaron sucesivas elecciones parlamentarias hasta alcanzar la mayoría necesaria para suprimir todas las libertades en Alemania e implantar una tiranía cuyos resultados siguen avergonzando a su ciudadanía.
Aquí, nuestra imperfecta democracia ha utilizado sus resortes para neutralizar una amenaza infecciosa.
Si algo podrá intentar ahora Antauro Humala, será una curul en el Congreso. Total, siempre hay marginales por deficiencias que invitan a sus similares. No me parece mala idea. Así terminaríamos de liquidar este retardo de pensamiento, palabra, obra y omisión… que exalta la identidad andina en un país muy mestizo, muy fusionado, muy beneficiado por la gran movilidad social y económica en las últimas décadas… que proclama su antichilenismo, cuando debemos consolidar un bloque indoamericano para negociar con el resto del mundo… que muestra su ultranacionalismo mientras la humanidad integra cada vez más olores, colores y sabores… que declara su irredentismo, desconociendo el significado de los compromisos internacionales… que insiste con etnonacionalismos (¿?) como si nuestra etnia o comunidad no hubiera sido enriquecida con los aportes de diversas culturas y con las modernas formas adecuadas a los avances en la ciencia y la tecnología.
A diferencia de otras épocas de nuestra historia, cargadas de derrotas militares, deudas públicas, déficits presupuestales, inflaciones e hiperinflaciones, violencia política y desabastecimiento, en estos tiempos de transición política, en nuestro Perú que chambea duro y discute sobre su desarrollo, alentar el odio y la violencia entre camaradas, condiscípulos, correligionarios, compañeros, peruanos, no es buena consejera para ganarse espacios en la política. Partidaria, primero. Nacional, después.
Fuente: Diario Altavoz.

Registro oficial de APCI desmiente a ONG Manuela Ramos: documento indica que 73% de donación fue a pago de sueldos

Señala claramente que en 2009 sí ingresó dinero desde Estados Unidos.

En plena entrevista en Canal N, cuando señalaba que era “víctima” de una campaña de mentiras, a Rocío Gutiérrez, directora de la ONG Manuela Ramos, le mostraron los documentos oficiales sobre cómo más del 73 % de dinero de USAID para apoyar a mujeres, se gastó en sueldos.
Registros de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) señalan claramente que en 2009 sí ingresó dinero desde Estados Unidos. La oenegera había señalado que, desde 2005, no recibía fondos de esta fuente.
Ante el desmentido, Rocío Gutiérrez señaló que consultará los documentos oficiales que su institución presentó en esos años, para verificar de dónde habría salido ese tipo de información.
El periodista Fabricio Escajadillo había revelado esta situación hace unos días. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró que apropiarse de dinero para ayuda social era un robo.
Cabe indicar que Manuela Ramos ha recibido muestras de apoyo de Flora Tristán, IDL, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la congresista Flor Pablo. Por aparente “coincidencia”, estos también cobraron de USAID.
“Señores de APCI, en defensa de la transparencia, urge pronunciamiento público de su parte en atención a las graves afirmaciones de representante de Manuela Ramos, en el sentido que información entregada por ustedes no es exacta y no la reconocen, es decir, que esta sería falsa”, solicitó Katherine Ampuero.
Fuente: Diario EXPRESO.

USAID como fachada: con millones controlaban a entidades del Estado y organizaciones privadas

La consigna de cerrar el millonario financiamiento que USAID otorgó a múltiples ONG y entidades del Estado, como ONPE, JNE, PCM, y una decena de ministerios, así como Migraciones, La Marina de Guerra y también el Ejército, no significa que el gobierno norteamericano deje de meter sus narices en la soberanía nacional y recabe valiosa información para seguir alimentando su hegemonía.
i bien Donald Trump ha extirpado a la cooperación internacional a través de la restricción económica a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), esta decisión le ha dado un certero ‘golpe bajo’ a las cuentas corrientes de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) y también gubernamentales, que solo desde el 2023 se han repartido nada menos que US$228 millones de la agencia norteamericana.
Según el informe de Hildebrandt en sus trece, de acuerdo a un reporte de la Casa Blanca de noviembre del 2024, este reveló que desde el 2021 la ISAID ha financiado US$1800 millones en “promover el desarrollo económico, social y político en Perú”.
De toda esa millonada, la mejor parte, US$580 millones fueron inyectados en los últimos cuatro años. Mientras que USAID se encargó de dar millones durante dos décadas, esto le sirvió para ganar presencia en gran parte del aparato estatal peruano, a cambio de obtener valiosa información e influencia para poder manejar agendas injerencistas y de contenidos.
Por ejemplo, en abril del 2023 un grupo de trabajo proveniente de la sede central de la USAID pisó suelo peruano para recoger datos sobre la influencia china en Perú, con el fin de evaluar los riesgos de la presencia económica de los asiáticos, sostuvo un empleado que fue parte de la misión. Según la fuente del semanario, estaban preocupados sobre lo que pasaba en el sector energético con la adquisición de Luz del Sur y otras hidroeléctricas controladas por empresas chinas. Por lo tanto, debían averiguar todo lo concerniente a estas operaciones comerciales. Asimismo, investigaron sobre la construcción del megapuerto de Chancay y los nexos que se crearon entre las empresas chinas y los congresistas lobistas, así como funcionarios parlamentarios.
Percy Medina de ‘Idea Internacional’ habría sido el operador
Esta misión norteamericana también contactó a periodistas, organizaciones no gubernamentales (ONG), e incluso a exministros. Según señala la fuente, el director de la ONG Idea Internacional, Percy Medina, fue quien intervino en dicha campaña de la USAID. Medina admitió en comunicación con el semanario, que sí participó en la investigación; sin embargo, negó que la agencia norteamericana lo convocó para ello. “A mí me contactaron desde la sección política de la embajada de Estados Unidos. Me dijeron que un grupo de asesores de congresistas americanos de ambos partidos habían llegado al Perú. La visita era para conocer la realidad peruana”, expresó. Desde su apreciación, la comitiva quería saber “Cómo estaba el Perú en términos de economía, libertad de expresión y otros temas. Yo hablé un poco de democracia y partidos políticos. Efectivamente, algunas de las preguntas que me hicieron, estuvieron vinculadas al nuevo rol que los chinos tenían aquí”.
Percy Medina, director de Idea Internacional. Foto: Fundación Gustavo Mohme Llona.
Asimismo, la USAID también investigó sobre la crisis política que atravesaba el Perú. Por ello, desde el año 2023 la USAID participa en la “Mesa de Gobernanza”, a través de reuniones auspiciadas por las Naciones Unidas que agrupan a representantes de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y delegaciones extranjeras. Fue así que se enfrascaron en los temas electorales. En esa línea, la ONPE, el JNE, así como “Idea Internacional” recibieron dinero de la USAID en los últimos años. Entre el 2020 y el año pasado la ONG que preside Medina recibió cerca de US$9 millones y medio de la USAID, para lanzar dos programas “Voces Ciudadanas en el Perú” y “Dialogo Político en el Perú”, el objetivo era obtener información clave sobre las candidaturas. Y quienes se vieron beneficiados con la millonaria inyección fueron la ONPE, quien a través de su área de prensa afirmó que el apoyo de “Idea” sirvió en las capacitaciones técnicas. “Se brindó asistencia técnica a los partidos políticos sobre el uso del voto electrónico, presencial en las elecciones congresales del 2020”.
Se llevaron a cabo 12 talleres para 16 organizaciones políticas. Por su parte, un vocero del JNE señaló que trabajaron en la capacitación de ciudadanos periodistas y organizaciones civiles para intervenir en debates y campañas políticas con un enfoque de derechos los indígenas, discapacitados y la comunidad LGTBI. También contó que se promovieron “campañas de ciudadanía activa” en todos los colegios de la red “Fe y Alegría”. Ambos proyectos fueron financiados con 371 mil dólares, provenientes de USAID.
Como bien se destapó la semana pasada, que una parte de los fondos que “Idea Internacional” recibió de la Agencia de Washington, se destinó a algunos medios de comunicación de Perú, entre ellos el portal ‘Epicentro’ de la colombiana Clara Elvira Ospina; ‘La Encerrona’, de Marcos Sifuentes; ‘Ojo Público’, de Nelly Luna y Óscar Castilla, el ‘Grupo El Comercio’, ‘La República’ y ‘Grupo RPP’.
“En la mayoría de los casos, se ha tratado de proveer expertos que pudieran ayudar a elaborar información para notas de conectar con expertos internacionales que pudieran participar de entrevistas y de capacitar en temas como la desinformación y el periodismo de datos. En ningún momento hemos interferido con la línea editorial de los medios”, señala Percy Medina. Asimismo, el abogado de IDL, Carlos Rivera, sostiene que “El principal apoyo del gobierno norteamericano a través de la USAID fue hacia las agencias gubernamentales peruanas”. No por algo, la USAID anunció que solo en 2024, colaboró en proyectos de la Presidencia del Consejo de Ministros, y los ministerios de Vivienda, Economía, Produce, Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior, y Cultura. así como el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Infraestructura, Sunat, la Superintendencia Nacional de Migraciones, La Marina de Guerra del Perú y también el Ejercito peruano.
Otro dato clave es lo que se maneja según información de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que indica que La USAID viene trabajando con el MEF, las mineras Yanacocha, Antamina, Hudbay y Antapaccay, un proyecto de US$432,616 dólares para “mejorar la gobernanza del sector extractivo en el Perú e incrementar su contribución a la inversión social y ambientalmente sostenible”.
Y respecto del ámbito privado, la agencia norteamericana trabajó codo a codo con organizaciones como el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Proética, Transparencia, El Instituto Peruano de Administración (IPAE), entre otras entidades no gubernamentales.
USAID brindó US$78 millones a Devida del gobierno de Dina Boluarte
Asimismo, la USAID tiene como objetivo emprender supuestamente la lucha contra las drogas; no obstante, ello dependía de quién se encontraba gobernando en Palacio. Por ejemplo, durante el gobierno de Pedro Castillo, la agencia financió con 9 millones de dólares a “Devida”. Y con el mandato de la cuestionada Dina Boluarte, esa cifra se ha incrementado indiscriminadamente, y llegó hasta los 78 millones de dólares ¿Por qué será?
USAID financió con US$335 millones a programas de migrantes venezolanos en Perú
Pero eso no es todo, los ciudadanos venezolanos residentes en Perú supuestamente también deberían ser beneficiados, dado que, en los últimos dos años, la USAID financió con 335 millones de dólares en “fortalecer la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos”. Los que receptaron esa fortuna de dólares fueron ONG como la “Unión Venezolana en Perú”, de propiedad del venezolano Óscar Pérez, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep), la Organización Mundial del Trabajo (OIT), Unicef, Save the Children y World Vision Perú.
Óscar Pérez, fundador de la ONG “Unión Venezolana en Perú”.
Finalmente, no cabe duda que en las siguientes semanas se continuarán desentrañando más datos secretos sobre el dinero que recibieron otras entidades en Perú, con el pretexto de elaborar proyectos sociales y/o de bienestar; mientras que en la realidad, se han venido “abriendo las puertas” y “las ventanas secretas” del Perú, con el único objetivo de que un Estado fisgoneador extranjero conozca toda nuestra información gubernamental, económica, política y de infraestructura nacional, para que así continúe consolidando su hegemonía unilateral, que somete aún más a la región.
Fuente: Limagris.com

Medios de comunicación, instituciones públicas, y demás asociaciones que recibieron gruesos sobres de dinero de parte de USAID.

Las hetairas de USAID

Por César Campos R.- Diario EXPRESO.
He contado la anécdota muchas veces, de manera pública. En 2018, se despidió del Perú el consejero político y económico de la embajada de los EE. UU., Lawrence Petroni. Fui invitado a la residencia de la entonces embajadora al cóctel respectivo, pues cultivé con Lawrence una muy buena relación debido a su amplitud y capacidad de buscar diferentes opiniones sobre las vicisitudes políticas de nuestro país.
Algo me retrasó y llegué un poco tarde a la reunión. Apenas ingresé a esa antigua morada gringa de Santa Catalina, que en tantas oportunidades me acogió como periodista de opinión, sentí la ola de una mirada invasiva y perturbadora. Era la de un grueso número de personas de la vieja izquierda comunista nativa, mayoritariamente sociólogos, abogados y —cómo no— colegas comunicadores. Conocía a casi todos (a muchos desde las aulas de la Universidad Católica) y guardaba un respetuoso enlace con ellos. Sin embargo, por primera vez experimenté en esas miradas una interpelación inequívoca, casi como si dijeran: “¿Y este Campos, qué hace aquí?”.
En efecto, al hacer un rápido repaso de los presentes en el cóctel, todos elevando el vaso de whisky en las manos y cuchicheando en círculos cerrados, como es su costumbre, me sumí en una reflexión sobre ese cuadro: yo, de origen aprista, a quien en las asambleas universitarias del fundo Pando de los años 70 me espetaban ser un “sirviente del imperialismo yanqui”, hoy era un extraño en sus conciábulos, enjuagues y deleites con el Departamento de Estado.
Por supuesto, la explicación era una sola: esas personas recibían jugosas asignaciones de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de ONG que les presentaban proyectos relativos a la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente, la seguridad interna y otros rubros. Valores en los que jamás creyeron cuando viajaban a Moscú o La Habana en esos años 70.
Valga decir que fue la última vez que pisé esa residencia, y aclaro que no lo digo como reproche, sino como un alivio. Mi opinión respecto a cómo se ha degradado la política exterior de los EE. UU. fue plasmada en esta misma columna hace poco más de tres años (“Cojugringos”, EXPRESO, 14/11/2021). Se ganaron a pulso la supremacía comercial y estratégica de la República Popular China por cojudos y permisivos con la ahora izquierda caviar.
Repudio en general la matonería y bajeza moral de Donald Trump, pero es imposible negarle el acierto de revisar las jugosas repartijas de dólares dispuestas por la burocracia woke de USAID. Pongo acento en el enunciado “revisión”, pues en el caso peruano resulta necesario dejar indemnes de recortes o supresiones a las tareas de CEDRO, Aldeas Infantiles, la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer y otros emprendimientos sociales ajenos al apetito de los viejos parásitos de la izquierda.
Las hetairas de la USAID deben ser liquidadas sin piedad.

Jurista Enrique Ghersi desnuda la guerra al interior de la Iglesia: Rafael López Aliaga es el verdadero objetivo de la progresía

Ataque a Juan Luis Cipriani sin darle ningún derecho de defensa ni de conocer las acusaciones de hace más de 40 años es una aberración.

Por Plinio Esquinarila– Diario EXPRESO.
Observadores de la política peruana han llamado la atención sobre el hecho de que haya sido justo después de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, condecorara al Cardenal Juan Luis Cipriani, el pasado 7 de enero de 2025, con la medalla al mérito de la Ciudad Capital, curiosamente se dé a conocer una información de presunta pederastia que tendría más de cuatro décadas de antigüedad.
Se trata de supuestos sucesos ocurridos en 1983. “Resulta grave que se publique de manera parcial información que parece proceder de documentación reservada por la Santa Sede que ni siquiera yo tengo en mi poder”, respondió Cipriani a El País de España en carta aclaratoria.
En ella el purpurado reafirma su inocencia en relación a las acusaciones pretéritas. Añade que el año 2018 recién fue informado de la denuncia en su contra, sin que se le entregara documento alguno para una defensa aunque sea tardía.
Es más, las “penas” impuestas por el papa Francisco, incluyendo su exilio del Perú, se hicieron sin darle la oportunidad de defensa ni de ser escuchado.

Los gestos…

“Como no hay casualidades en la sociedad ni menos en la política, es claro que apenas el Cardenal Cipriani tuvo una participación política, aun siendo mínima, provocó una reacción inmediata de sus enemigos dentro y fuera de la Iglesia”, señala el jurista Enrique Ghersi.
Y es que en política, aunque parezcan mínimos, los gestos lo son todo.
“La asociación de López Aliaga y el Cardenal Cipriani evoca las gigantescas marchas del colectivo ‘Con Mis Hijos No te Metas’, que arrebató a la izquierda el control de la movilización callejera. Esta es una pesadilla para los camaradas, especialmente ad portas de una campaña electoral”, agrega Ghersi.
Además, el único político peruano invitado a la juramentación del presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue López Aliaga, codeándose con Javier Milei, por ejemplo, lo que causó preocupación en la izquierda internacional.
Igualmente, un hombre como el cardenal Cipriani, confesor de rehenes, subversivos y comandos de la Operación Chavín de Huántar, tiene actualmente contactos con las iglesias cristianas, socialmente conservadoras, que puede constituir un frente de derecha con muy fuerte raigambre popular, eventualmente explosiva en una campaña, según la óptica liberal de Ghersi.

Ataque brutal

A Cipriani lo han atacado brutalmente porque los analistas de la gauche caviar han tenido claro que el otrora Obispo de Ayacucho en los días más difíciles de la guerra antiterrorista, es un enemigo muy poderoso.
Ellos daban por descontado que Cipriani estaba fuera de juego, pero saltaron las alarmas apenas apareció en escena en el reconocimiento que le hizo el Concejo Provincial de Lima, recuerda el citado abogado en conversación con EXPRESO.
Hoy en día, en medio de la decadencia caviar -que la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convertirá en extinción-, el eje del poder de la izquierda pasa a la Iglesia, en especial a los radicales con gran influencia en El Vaticano, añade.
“Tienen independencia económica porque sus fuentes de financiamiento no se verán afectadas por la nueva administración americana, cuentan con una implantación popular importante y son muy disciplinados”, advierte.
En ese orden de ideas, el Cardenal Cipriani nunca ha sido un personaje puramente religioso. Siempre fue más cercano a un Cardenal renacentista que a un cura de barrio. Por eso el ataque del que ha sido víctima es un ataque político. Debe leerse como la clericalización de la izquierda, señala.
No hay coincidencias en política. Tampoco ingenuidades. Nadie actúa por altruismo. Como decían los viejos maoístas: “Salvo el poder, todo es ilusión”, concluye.

La Iglesia católica bajo ataque del progresismo

Cardenal Cipriani desmiente categóricamente denuncia de El País

Por Víctor Andrés Ponce- ElMontonero.pe
Toda denuncia de abuso de menores convoca en cualquier ser humano de buena voluntad una ira que emerge desde lo más hondo de nuestro ser. Una denuncia en contra de un sacerdote sensibiliza en extremo. De allí que es necesario empezar esta reflexión señalando que la denuncia en contra del Cardenal Juan Luis Cipriani debe investigarse y aclararse por el bien de la sociedad, del pueblo católico y del honor del propio Cardenal.
Sin embargo, luego de leer la carta aclaratoria del Cardenal Cipriani al diario El País, yo le creo, no solo porque la misiva desvela hechos dolorosos, sino porque conozco y he seguido la trayectoria de un pastor de la Iglesia que lo ha entregado todo a su feligresía. En su misiva Cipriani señala que hubo una denuncia anónima el 2018 sobre un supuesto suceso acaecido en 1983. Sobre la base de esa denuncia en el 2019 la jerarquía eclesial le informó que se le habían impuestos restricciones a su ministerio sacerdotal, se le pidió que residiera fuera del país y que guardara silencio. Y así lo hizo.
Sin embargo, Cipriani también aclara que el 4 de enero del 2020 tuvo una audiencia con el papa Francisco y luego de esa junta la máxima autoridad de la Iglesia le permitió reanudar sus tareas pastorales. Luego Cipriani vivió en Roma cumpliendo funciones en la Iglesia hasta que se retiró a los 80 años para vivir en Madrid.
Sin embargo, este proceso silencioso, reservado en la Santa Sede, se filtró a manos de la burocracia progresista del Vaticano con el objeto de publicar medias verdades, tal como se reseña en el artículo del diario El País, el mismo diario que utilizó al cardenal Castillo Castillo para despacharse con un feroz artículo contra la derecha católica nacional y sentar una especie de manifiesto progresista.
Como yo le creo a Cipriani me atrevo a señalar que no es la primera vez que el Cardenal más nítido de la derecha latinoamericana padece este tipo de ataques. Allí están las cartas falsas que un político llevó al Vaticano. Sin embargo, ¿por qué hoy se reactualiza una denuncia anónima del 2018 sobre un hecho de 1983 y que fue tramitada por el papa Francisco en el 2020? La respuesta es simple: un reciente ataque a la figura de la Virgen María dejó en claro que, en el Perú, la abrumadora mayoría es católica y está dispuesta a marchar en defensa de su fe. El Perú no es París, en donde las parodias de imágenes del catolicismo en la inauguración de Las Olimpiadas desataron sentimientos encontrados.
Asimismo, se reactualiza un caso cerrado en el Vaticano por el propio Santo Padre en el preciso momento en que el Cardenal Castillo, nítido representante del progresismo en la Iglesia, perdió la presidencia de la Conferencia Episcopal por haber tenido una posición equidistante entre la defensa de la Virgen y una imagen que blasfema de la figura sagrada en la obra llamada “María Maricón”.
Igualmente se resucita un caso cerrado en el Vaticano en donde queda absolutamente claro que el Perú es uno de los mayores pueblos católicos del planeta y, de una u otra manera, se pretende quebrar la moral de los creyentes con este tipo de acontecimientos. La cristiandad es una de las mayores explicaciones filosóficas de que en Occidente se alcanzaron los mayores espacios de libertades políticas y económicas y el progresismo y el neocomunismo se lanzan desesperadamente a minar las tradiciones católicas en el país, uno de los muros más poderosos contra el antisistema.
En la teología cristiana se preguntan por qué a veces Dios permite que se extienda el mal y la respuesta siempre es para que emerja el bien, la bondad. Quizá es hora de que los católicos peruanos defiendan su Iglesia con uñas y dientes. El papa Juan Pablo II y los católicos polacos derrotaron al comunismo a punta de oraciones. Los católicos nacionales deben multiplicar sus oraciones en la casa del cardenal Castillo y, como en Polonia, los católicos deben tomar calles y plazas para orar a viva voz.

LO DIJE EN EL AÑO 2018 Y MUCHOS NO ME CREYERON

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
En el año 2018, publiqué en este portal un artículo titulado “Cuando atacar a la Iglesia es un negocio”  (que recomiendo leer), donde expuse la utilización de estrategias globales para desacreditar a la Iglesia Católica. Este artículo se centraba en casos específicos y personajes como Pedro Salinas, quien estaba implicado en proyectos internacionales que bajo la apariencia de buscar justicia para las víctimas de abusos, en realidad servían para atacar y destruir a la Iglesia, especialmente a sus sectores más conservadores.
El artículo citaba documentos clave como el “Acuerdo de Varsovia 2017”, donde se detallaban objetivos para presionar al Vaticano y a la Iglesia Católica a nivel global. Entre los objetivos destacaban  la eliminación de protocolos internos de la Iglesia sobre estos crímenes en favor de adoptar recomendaciones de la ONU, y la persecución legal de la Iglesia por crímenes contra la humanidad. Estos documentos evidenciaban una coordinación internacional para debilitar el poder de la Iglesia Católica.
En ese momento, ya habíamos advertido que estas acciones no eran solo sobre justicia para las víctimas, sino parte de una estrategia más amplia para reformar la Iglesia desde una perspectiva progresista. La campaña contra figuras como Monseñor Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima que ya percibíamos en esos tiempos y lo anunciábamos, era un claro ejemplo de esta estrategia.
Avanzando al presente, en 2025, vemos cómo estas campañas se han intensificado y estructurado incluso desde el Vaticano mismo. Vemos estos avances a través de investigaciones periodísticas y documentales que buscan destacar las fallas de la Iglesia en manejar casos de abusos y se ha logrado una presión significativa, muchos de estos casos no son documentados, simplemente se destruye la imagen de alguien incómodo al progresismo y ya no hay vuelta atrás. En la mayoría de los casos las “víctimas” permanecen en el anonimato o denuncian hechos sucedidos décadas atrás, ya prescritos para la justicia terrena pero imperdonables en la iglesia.
También hemos visto como se han iniciado procedimientos en tribunales nacionales e internacionales contra líderes eclesiásticos conservadores. Desde el Vaticano, se han promovido reformas en la Curia Romana y en las diócesis a nivel mundial que favorecen una Iglesia más abierta y menos rígida en sus dogmas. Esto ha incluido el reemplazo de cardenales y obispos conservadores por figuras más progresistas, como se ha visto en recientes nombramientos en América Latina. En el Perú concretamente sufrimos la presencia de una jerarquía mayoritariamente tomada por el progresismo con algunos representantes realmente deplorables como el propio cardenal Castillo arzobispo de Lima.
Este giro en la política vaticana ha creado un escenario donde, irónicamente, quienes en el pasado criticaban la influencia de la Iglesia sobre la sociedad ahora se presentan como sus reformadores o incluso “salvadores”, impulsando cambios que alinean a la Iglesia con ideologías progresistas. Lo que en 2018 advertíamos como una manipulación estratégica para debilitar a la Iglesia tradicional desde dentro, ahora es una realidad palpable, con una evidente campaña que busca remodelar la Iglesia en un “mundo al revés” donde los enemigos de antaño son los reformadores de hoy, los defensores de la integridad de la iglesia, los papistas más papistas que el Papa.
Basta ver al Papa rodeado de víboras como Paola Ugaz, Pedro Salinas o el conocido satanista José Enrique Escardó, que por cierto es más coherente que los anteriores.

LA DISOLUCIÓN DEL SODALICIO Y EL OLOR DEL DINERO

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Ante lo que sería la inminente disolución del Sodalicio, conviene mencionar algunos hechos que han venido sucediendo paralelamente.
Hace unos días se hizo público que un grupo de personas que se autoperciben víctimas del Sodalicio de Vida Cristiana, o de alguna de las ramas de dicha familia espiritual, se han organizado bajo la Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas, una institución que tendría como objetivo brindar apoyo, acompañamiento y asistencia a todas las personas afectadas por las acciones y omisiones de instituciones vinculadas al Sodalicio. El comunicado que dirigieron a la opinión pública explica que su misión tiene tres ejes de trabajo. Uno de ellos es darle publicidad a los temas que tratan. El segundo, es asesorar a las víctimas en los asuntos legales pertinentes. El tercero es trabajar para que “se inicie una reparación justa y digna de los derechos vulnerados de las víctimas (…) propiciando el financiamiento de las acciones necesarias para tal fin”. Este comunicado fue firmado por más de 26 personas.
Llama la atención —para los pocos interesados que a estas alturas siguen el caso Sodalicio— que se cree esta asociación justo cuando últimamente se sienten sonidos de monedas. Y no es una especulación. De hecho, el siempre activo y locuaz (desde Alemania), Martín Scheuch, exsodálite que desde hace varios años no pierde oportunidad de escribir sobre el tema, el 8 de enero de este año publicó un artículo titulado “Sodalicio: Historia de una reparación tardía” en el portal Sudaca, en el cual confirma que le han pagado algún dinero importante. Muchos podrían pensar: si a Scheuch le han pagado, eso quiere decir que a muchos otros deben haberles dado también algún pago. Sobre todo, cuando, me cuentan por ahí, en los últimos meses ha habido un notable flujo de nuevas denuncias contra miembros del Sodalicio y sus instituciones cercanas, coincidiendo con el flujo monetario.
¿Tiene algo de malo que se indemnice a quienes han sufrido algún daño? Personalmente creo que no. Si para reestablecer la justicia dañada hay necesidad de reparar, y esta reparación incluye dinero luego de un proceso bien llevado, enhorabuena. Lo curioso son los tiempos. Y, además, que se haya creado una asociación nueva cuando ya existe una que es liderada por una persona que se declara víctima del Sodalicio desde hace casi tres décadas y a quien varios involucrados en el tema se refieren como el primer denunciante de abusos cometidos por la citada organización religiosa. Se trata de José Enrique Escardó Steck.
Mi parecer sobre Escardó no es el mejor y sé que tampoco él me tiene en buena estima. Pero eso no tiene nada que ver con el análisis que se puede hacer de un fenómeno tomando un poco de distancia como en este caso.
Escardó, desde hace algunos meses, viene difundiendo en sus redes sociales que lidera la Red de Sobrevivientes Perú, una organización que tiene sus versiones en distintos países y que, por lo que se puede ver en sus publicaciones, busca hacer coordinaciones entre todas para buscar justicia para las “víctimas de abuso en instituciones”. Inclusive, Escardó ha compartido que este año 2025 tendrá algunos viajes a otros países de la región para promover esta causa. También se pueden ver distintas publicaciones en las que Escardó busca apoyo económico y donaciones para mantener esta organización que, sin ser experto en el tema, tendría fines muy semejantes con los que promueve la recién creada Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas.
Con un mínimo de sentido común, uno puede preguntarse: ¿Por qué fundan una nueva asociación para canalizar denuncias, orientar y buscar reparaciones económicas que tendría que hacer el Sodalicio si es que pueden usar la plataforma ya creada de José Enrique Escardó? ¿No sería lo más lógico, y de esa forma le darían, además, el lugar que -en su misma narrativa- le corresponde como primer denunciante del Sodalicio?
Recuerdo, por analogía, cuando Escardó constantemente publicaba en sus redes sociales que buscaba trabajo. Por lo que tengo entendido, es comunicador. Y esos mismos que defienden víctimas y buscan ayudarlas, ¿hicieron algo por Escardó teniendo acceso a medios importantes como el ABC de España, La República, IDL Reporteros? También viene a mi memoria la reciente foto de un grupo de periodistas -algunos autodeclarados sobrevivientes del Sodalicio- con el Papa Francisco en la que brilla por su ausencia, precisamente, el primer denunciante del Sodalicio. ¿Es un patrón excluirlo?
Esta es una opinión muy personal, pero, por lo que se ve, parecería que algunos empujan una causa unidos hasta que se habla de dinero o de copar protagonismo. Entonces las alianzas se desdibujan un poco y, como en la historia del rey Salomón y las dos mujeres, prefieren cortar el bebé en dos antes que mantenerlo junto por ese bien que dicen perseguir.

Voy por Cipriani

“¿Cipriani por qué se quedó callado ante la acusación? Porque la Iglesia es más vertical aun que el Ejército y tenía que obedecer a Bergoglio…“
Por Aldo Mariátegui- Diario Perú21.
De lo revelado HASTA EL MOMENTO contra monseñor Cipriani, lo que me parece es que el sector rojimio de la Iglesia y la izquierda le han echado un cubo inmundo de basura para desprestigiarlo (a él y al Opus Dei) dentro de las típicas luchas intestinas, despiadadas y maquiavélicas de poder dentro del clero.
¿Qué rigor me merece una acusación anónima, publicada en un medio decadente y tan sesgado como lo es ahora El País, tras ser traidoramente filtrada adrede por una facción de curas, basada solo en la palabra de una sola supuesta víctima sobre un hecho que supuestamente sucedió solo entre Cipriani y él hace nada menos que 42 años, con un papa rojimio que todos sabemos que aborrece a Cipriani y que está maniobrando para que su sucesor sea de la misma línea política, que es antagonista a la de Cipriani, además de una izquierda que jamás le va a perdonar su intervención en el rescate de los rehenes de la embajada japonesa y su lucha frontal contra el marxismo en Ayacucho y la caviarada limeña? Hasta el momento no hay pruebas, más testigos, más víctimas, patrones perversos de conducta, etcétera, que sustenten firmemente una acusación tan delicada.
Y justo esto coincide con el escándalo de María Maricón que había dejado tan mal al sector izquierdista de la Iglesia, con la condecoración de López Aliaga a Cipriani (es evidente que todas estas movidas también buscan afectar a López Aliaga como la misma Paola Ugaz lo dijo) y con la disolución del Sodalitium (que allí SÍ abundaron las pruebas, testigos, víctimas, patrones perversos, etcétera). ¿Cipriani por qué se quedó callado ante la acusación? Porque la Iglesia es más vertical aun que el Ejército y tenía que obedecer a Bergoglio. ¿Y por qué ese mismo Bergoglio le permitió volver a sus actividades religiosas en febrero de 2020, así sea parcialmente, si tanto sospechaba de Cipriani? Nunca he sido ni seré tibio, ni sigo la ola o me ha interesado ser popular, así que aquí me la juego por Cipriani (y NO por religioso, que NO lo soy).

Por Roger Zuzunaga Ruiz– Diario El Comercio.
El gobierno de Israel y el grupo islamista palestino Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego para Gaza, luego de 15 meses de guerra en territorio palestino como consecuencia de los ataques israelíes. Qatar, Estados Unidos y Egipto mediaron entre las partes en las negociaciones que durante meses no dieron resultados. Pero de acuerdo con la prensa israelí, un personaje fue clave en la última semana para obligar al primer ministro Benjamin Netanyahu a aceptar el plan que antes había rechazado: se trata del empresario Steve Witkoff, el enviado del presidente electo Donald Trump para el Medio Oriente.
La tregua debe entrar en vigor el domingo, una vez que sea aprobada por el Gabinete de Netanyahu, que tiene problemas con algunos ministros extremistas que integran su coalición y que se oponen al pacto. Esta primera etapa del alto el fuego durará 42 días.
El papel clave de Steve Witkoff
De acuerdo con el diario israelí Haaretz, la intervención de la nueva administración estadounidense, “encabezada por el agresivo enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, revivió las negociaciones con Hamás sobre los rehenes”.
Haaretz aseguró que  Witkoff llamó desde Qatar para informar a los asistentes de Netanyahu que llegaría a Israel la tarde del sábado. Los asistentes le explicaron, de forma cortés, que eso sería en el medio de Shabat, pero que el primer ministro estaría encantado de reunirse con él ese sábado al terminar el día de descanso.
El medio israelí agregó que Witkoff les explicó en un inglés crudo que no le interesaba que fuese Shabat.
Netanyahu terminó apareciendo en su oficina para una reunión oficial con Witkoff, quien luego regresó a Qatar para cerrar el acuerdo anunciado.
En los hechos, según Haaretz, Witkoff terminó forzando a Israel a aceptar un plan que Netanyahu había rechazado de manera reiterada a lo largo de los últimos seis meses.
“Hamás no ha cedido en su posición de que la libertad de los rehenes debe estar condicionada a la liberación de prisioneros palestinos (esa es la parte fácil), y a una retirada completa de Israel de Gaza (la difícil). Netanyahu había rechazado esta última condición, y así nació el acuerdo parcial propuesto por Egipto”, señaló Haaretz.
Agregó que inicialmente se hablaba de un acuerdo humanitario limitado. De manera progresiva se agregaron más condiciones, hasta que se convirtió en una propuesta ambiciosa con definiciones claras: liberación de rehenes, nuevos arreglos regionales y retirada completa de Israel. El Corredor Filadelfia, la franja que divide Gaza de Egipto, que Netanyahu denominó “el pilar de la existencia de Israel” y de la cual sus tropas no iban a retirarse para mantener la existencia del Estado, forma parte del acuerdo. A pedido de Egipto, Israel se retirará completamente del corredor en la primera fase.
Más de 400 soldados israelíes han muerto en el territorio palestino desde el comienzo de la guerra en Gaza en octubre del 2023
Haaretz indicó que ahora la maquinaria de propaganda de Netanyahu está difundiendo la narrativa de que no le había quedado opción que aceptar el acuerdo, que todo es culpa de Trump.
El diario sostuvo que Israel ya percibe un cambio en las reglas del juego con Washington, que rompió el estancamiento en las negociaciones de los rehenes. Indicó que de forma inusual, la administración saliente de Joe Biden permitió que Witkoff lidere el proceso, bajo el argumento de que cualquier obligación que Estados Unidos asuma recaerá sobre el futuro presidente Trump, y no sobre Biden.
De todas formas, la administración Biden también celebró el acuerdo como un logro de su gestión.
La cooperación entre las administraciones de Biden y Trump fue “casi sin precedentes”, dijo a CNN un alto funcionario del gobierno del demócrata después de que se cerrara el acuerdo.
De manera oficial, Brett McGurk era el negociador en Medio Oriente del presidente Biden. Él llevaba semanas en Doha con la esperanza de lograr un acuerdo definitivo, indicó CNN. En los últimos días se le unió Steve Witkoff, para dar el último empujón.
CNN también dijo que a la conversación entre Netanyahu y Witkoff se unió McGurk por teléfono.
“Si McGurk se centró principalmente en los parámetros del acuerdo, Witkoff se encargó de hacer hincapié en el deseo de Trump de que el acuerdo estuviese cerrado para el día de la toma de posesión (lunes 20 de enero)”, precisó CNN.
Tras anunciarse el acuerdo, Trump también se atribuyó el mérito.
La guerra en Gaza entre Israel y Hamás estalló después del ataque lanzado por los islamistas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Ese día, los palestinos mataron a 1.210 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles, y secuestraron a otras 251.
Thimes of Israel informó que se cree que 94 de los 251 rehenes secuestrados permanecen en Gaza, incluidos los cadáveres de al menos 34 personas cuyas muertes han sido confirmadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
El único alto el fuego alcanzado hasta la fecha se dio noviembre del 2023, cuando se canjearon 105 rehenes por 240 presos palestinos.
Trump y la presión a Netanyahu
El analista internacional Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, le dijo a El Comercio que el acuerdo es una buena noticia, pero que se debe ser consciente de sus limitaciones, pues no se sabe hasta dónde puede aguantar la tregua y, lo más importante, qué viene después de esta primera fase.
Banús recordó que en varias ocasiones, en el último momento se rompieron negociaciones cuando ya todo estaba listo para la firma de las partes. “Ha costado mucho. Recuerdo que en noviembre del año pasado, ya estaba listo el acuerdo, pero se frustró de nuevo”.
El analista destacó no solo la participación en las negociaciones del enviado de Biden, también resaltó el trabajo clave de Steve Witkoff, el representante de la futura administración de Trump.
“Lo curioso es que el negociador encargado por Trump es un multimillonario, empresario sin ninguna experiencia diplomática, pero se ve que es un buen negociador”, manifestó Banús.
Sobre Netanyahu, sostuvo que “está claro que es un personaje absolutamente compacto, terco, que además tiene presiones dentro del propio país, y que efectivamente cede solo ante una presión muy extrema, que es la que parece que ha ejercido Estados Unidos”.
El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, amenazó con dejar el gobierno de coalición de Netanyahu si este no se compromete a reanudar la guerra en Gaza “inmediatamente después” del fin de la primera fase del acuerdo.
Sobre este punto, Banús cree que si ello sucede, Trump buscará salvar el acuerdo y enviará a algún emisario a presionar a los israelíes
“Trump lo que quiere es que se acabe esa guerra, porque a él le interesa centrarse en su obsesión geopolítica donde ve dos enemigos: Rusia y China. Lo demás para él es como decir ‘no me molesten a mí con pequeñeces’. Entonces, esa es su línea, por eso también dijo ‘yo acabaré con esto’, refiriéndose a la guerra en Gaza. No creo que esté muy dispuesto a que le entretengan mucho tiempo más con estos asuntos que para él no son prioritarios. Su verdadero interés está en lo ya mencionado, en Groenlandia, el Canal de Panamá, entre otros asuntos”, explicó Banús.
Así será la primera fase de 42 días
El intercambio de rehenes por prisioneros
En la primera fase del acuerdo, Hamás debe liberar a 33 rehenes retenidos en Gaza a cambio de la excarcelación de 1,000 prisioneros palestinos recluidos en Israel, que no estuvieron involucrados en el ataque del 7 de octubre del 2023. Esta etapa durará 42 días. Así será el intercambio:
Los 9 rehenes enfermos y heridos de la lista de 33 serán liberados a cambio de la libertad de 110 prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua.
Los ancianos (hombres mayores de 50 años) de la lista de 33 serán liberados a cambio de una clave de intercambio de 1 por 3 condenados a cadena perpetua más 1 por 27 con otras condenas.
Avera Mengistu y Hisham al-Sayed, quienes fueron secuestrados por Hamás en el 2014 y 2015, serán liberados según la clave de intercambio de 1 por 30 prisioneros, más 47 palestinos que fueron liberados en el conocido acuerdo por el soldado Guilad Shalit en el 2011 y que posteriormente fueron detenidos.
Cada una de las cinco mujeres soldados israelíes que son rehenes serán liberadas a cambio de 50 prisioneros palestinos, incluidos 30 presos que cumplen cadena perpetua.
Varios de los prisioneros palestinos serán liberados en el extranjero o en Gaza, según listas acordadas entre ambas partes.
Corredor Filadelfia:
Israel reducirá de manera gradual la presencia de sus tropas en el denominado Corredor Filadelfia, en la frontera con Egipto.
Tras la última liberación de rehenes de la primera etapa, el día 42, las fuerzas israelíes comenzarán su retirada total del Corredor Filadelfia y la completarán a más tardar el día 50.
Paso fronterizo de Rafah:
El cruce de Rafah estará listo para el traslado de civiles y heridos tras la liberación de todas las mujeres rehenes (civiles y soldados).
Las fuerzas israelíes se desplegarán nuevamente alrededor del cruce de Rafah según los mapas adjuntos en el acuerdo.
Salida de civiles enfermos y heridos:
A todos los civiles palestinos enfermos y heridos se les permitirá cruzar a través de Rafah, según la sección 12 del acuerdo.
Retorno de desplazados internos desarmados (Corredor de Netzarim):
El día 7 de la primera fase del acuerdo, los desplazados internos podrán regresar al norte de Gaza sin llevar armas por la calle Rashid. El día 22, también podrán regresar al norte por la calle Saladino.
El día 7, los vehículos y cualquier medio no peatonal podrá regresar al norte por el Corredor de Netzarim, después de una inspección vehicular que será realizada por una empresa privada que será determinada por los mediadores en sincronía con la parte israelí.
Ayuda humanitaria:
Habrá un aumento de la ayuda humanitaria, con unos 600 camiones entrando a Gaza cada día.

Por Miguel Lagos- Diario EXPRESO.
En los casi catorce años que Evo Morales estuvo de presidente vía el MAS (Movimiento Al Socialismo), la convergencia de política, ideología y alta criminalidad se consolidó en Bolivia. Es lo que se ha llamado como el «narcosocialismo».
Y es que en suelo boliviano no solo se desplegaron acciones delictivas y corruptoras, también se persiguieron objetivos ideopolíticos como acompañantes estratégicos que aseguraron impunidades selectivas. Fue la entronización autoritaria de las organizaciones criminales sobre la base del poder político. Lo notable es que —en cierta réplica al fenómeno venezolano del chavismo— el componente ideológico jugaría un rol dando marco justificatorio al proyecto que alardeaba «luchar contra las injusticias sociales», el «racismo», la «discriminación» y hasta contra el «imperialismo» (la expulsión de la DEA antidrogas en 2008, por ejemplo, sirvió precisamente para robustecer de forma irreversible la expansión del narcotráfico).
¿Evo Morales es un narco, una variante del mexicano «Chapo» Guzmán pero con poder político real? Para diversos investigadores y periodistas internacionales y sus fuentes de la DEA y otras agencias anticriminales y de seguridad, el cocalero expresidente es líder de un cártel de narcotráfico con epicentro en la zona del Chapare, el VRAEM boliviano en ruta a convertirse en Sinaloa.
En la provincia del Chapare (Cochabamba), Evo es dirigente vitalicio de las seis poderosas federaciones de cocaleros. «En esa región no rigen las leyes de Bolivia sobre la propiedad privada. Nadie puede ni vender ni comprar un bien inmueble sin el consentimiento del ‘sindicato’ correspondiente. Y todos los sindicatos, reunidos en federaciones, responden a Morales. Una dictadura que el cocalero quiso extender a toda Bolivia» (Vacaflor Ganam 24/10/2022). La hegemonía evista en su máxima expresión obra en ese territorio.
En noviembre de 2019 en torno al pillado fraude electoral que expulsó a Evo de la presidencia, el periodista peruano Jaime Bayly recurría a un informe del Departamento de Estado de los EE.UU. y a fuentes de la DEA para comentar sobre los ingentes dineros que habría amasado el boliviano durante años; y que además el jefe del Cártel de Sinaloa, el mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán había sido su principal cliente a escala industrial (existe también registro de que dos hijos del Chapo estuvieron en suelo boliviano tomando clases de pilotaje con carnés falsos y bajo protección oficial en 2009 y 2015).
En suma, una serie de informaciones en las que no podía faltar la conexión con la estructura de mando cívico-militar que controla Venezuela desde hace más de dos décadas bajo el nombre de Cártel de Los Soles. (A propósito ver el libro del investigador brasileño Leonardo Coutinho, «Hugo Chávez o espectro», 2018).
La evidencia acumulada durante años con respecto a Evo Morales y su relación con el tráfico de drogas (usado incluso como una herramienta para el «combate asimétrico» contra sus enemigos en las democracias liberales) no es menor y solo la ingenuidad o una agenda encubierta podrían negarlo.
Por supuesto, cada vez que estos temas han saltado a la discusión pública, el impune y multimillonario cocalero Morales se victimiza audazmente recurriendo al manoseado discurso de la «discriminación racial».
«Lo que ocurre es que cuando te metes con Evo te acusan de racista. Si uno lo critica, si digo que era un dictador, ‘soy un racista’. Si digo que hizo fraude electoral, ‘soy un racista’. Si digo que vendía cocaína en Bolivia al Cártel de Sinaloa, ‘soy un racista’. Entonces nadie se anima a criticar a Evo porque el juega a la carta racial para ser invulnerable a las críticas», advertía no sin razón el periodista peruano Jaime Bayly (2019).
Hoy, habiendo sido neutralizado —con suerte— el plan autoritario de Pedro Castillo y su socio cogobernante Vladimir Cerrón, Evo Morales se ha desatado incitando junto a una serie de cómplices internos e ideológicos, un proceso de violencia gradualizada al sur del Perú incluso con fines secesionistas. Tal como procedió interviniendo en el contexto chileno, el boliviano azuza la polarización «refundacional constituyente» sobre la base de un peligroso autoritarismo «plurinacional» y de «lucha de clases y razas». Una letal política del resentimiento.
No debe confundirse entonces la naturaleza de este elaborado e infiltrado sistema de tensiones de alcance transnacional: se trata de la mezcla o de la superposición de conflictos criminales (con objetivos económicos y que tiene al narcoterrorismo como recurso máximo) y de conflictos políticos (con fines de concentración de poder e impunidad).

Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Sabíamos que tanto los procuradores de ese entonces, Jorge Cubas, Silvana Carrión y los inefables fiscales Rafael Vela y José Pérez nos habían echado a las fauces de la corrupta ODEBRECHT. Cada vez que se les preguntaba por el acuerdo firmado por la empresa brasileña y las autoridades judiciales peruanas se enredaban en galimatías y soltaban medias verdades. Como la mayor parte de la prensa nacional los bendecía, apoyaba y pasaba franela, era muy difícil llegar a la verdad. Hace una semana, el periodista Phillip Butters y el abogado Wilber Medina consiguieron que les entregaran el Acuerdo con Odebrecht. Fueron años de insistir. En el 2019 se rechazó el primer pedido de Butters. Ahora sabemos que, según el propio documento, se podía hacer público cuando el Poder Judicial lo homologara (2019). Esperamos 5 largos años. Las excusas del desequilibrado fiscal Pérez son tontas, banales y mentirosas.
No hay que ser abogado para saber que la corrupción de Odebrecht en Perú fue dantesca, embarrando a varias instituciones. Vela y Pérez, los fiscales que manejaron el caso, actuaron favoreciendo a la corrupción porque el golpista de Martín Vizcarra defenestró al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Encaramada en el cargo, su sucesora, Zoraida Ávalos, dio carta blanca a este par de malos funcionarios. El golpe de Estado de Vizcarra (2019) terminó de envilecer este apestoso asunto. Lo concreto es que, para Vela y Pérez, Odebrecht no es una organización criminal. Ese mote se lo clavaron a los líderes políticos que odiaban: Keiko Fujimori y el expresidente Alan García. Además, metieron en el saco a sus partidos, pero afortunadamente se revirtió ese atropello. Keiko Fujimori estuvo en cárcel injustamente más de un año. Alan García fue hostigado, pretendieron encarcelarlo y el exmandatario se suicidó. Sus nombres no figuran en el Acuerdo con Odebrecht. Sí, el de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, aunque los ‘fiscaletes’ eximieron las obras Rutas de Lima (Odebrecht) y Línea Amarilla (OAS) del pago de reparación civil. Luego Villarán confesaría que les regaló los contratos por una coima de 10 millones de dólares.
Tampoco el Gasoducto del Sur, contratado con Odebrecht durante el gobierno de Ollanta Humala, entró en el Acuerdo. Menos otros proyectos que tenía la constructora. Solo consignaron cuatro obras de poca monta por las cuales los brasileños pagarán la magra suma de 610 millones de soles y encima a plazos. Les permitieron vender Chaglla. Nunca vimos un allanamiento a las oficinas de Odebrecht, nunca se encarceló a ningún gerente ni funcionario. Para colmo, los ‘capos’ de la empresa en Perú, Barata y sus secuaces, se amoscaron, desistiendo de ser colaboradores eficaces. Además, por el Gasoducto nos metieron una demanda internacional y debemos pagar más de 200 millones de dólares a una empresa socia de Odebrecht. Ese tal Gasoducto no sirve para nada, nos cuesta mantener los tubos. Pueden venir otros arbitrajes. De hecho, tenemos uno con Rutas de Lima. La cereza de la torta: gracias al gobierno de Kuczynski, Odebrecht sigue trabajando en el Perú. Fuimos asaltados de la peor manera, perforados y nada pasó.
Cobra sentido lo que declaró Wilber Medina. Odebrecht sobornó por doquier en el Perú y el extranjero. ¿Por qué no pudo aceitar a los fiscales Ávalos, Sánchez, Vela y Pérez? Tiempo al tiempo. 

Historia de impunidad y traición

Por Katherine Ampuero- Diario EXPRESO.
Para que la historia de impunidad y lesividad para los intereses del Estado no se vuelva a repetir, era necesaria la publicación formal del Acuerdo de beneficios y colaboración eficaz celebrado con la corrupta empresa brasileña Odebrecht y con cuatro de sus exfuncionarios. Solo de esta forma se garantiza la fiscalización y transparencia a fiscales, procuradores y jueces a cargo de las negociaciones de dicho acuerdo.
Fueron los fiscales José Domingo Pérez Gómez y Rafael Vela Barba, así como los procuradores Jorge Ramírez Ramírez y Silvana Carrión Ordinola, quienes negociaron el acuerdo de colaboración con la corrupta Odebrecht en solo cuatro obras (Carretera Interoceánica Sur -tramos 2 y 3, la línea 1 del Metro de Lima- tramos 2 y 3, Vía de Evitamiento en el Cusco, y la Vía Costa Verde del Callao). Asimismo solo en cuatro de sus exfuncionarios.
Todos ellos aparecieron públicamente celebrando la firma del acuerdo en febrero de 2019 en Brasil.
El secretismo con el que todos los personajes involucrados blindaron a este ineficaz y lesivo acuerdo de colaboración con Odebrecht, empresa a la que algunos generosa e interesadamente califican como “rehabilitada”, confirma lo que pocos hemos venido denunciando desde mucho antes de que se firmara. ¿Qué beneficios obtuvo la corrupta Odebrecht por parte de fiscales y procuradores peruanos?
a) Todos los beneficios contemplados en la Ley de la Colaboración Eficaz por haber reconocido hechos de corrupción (pago de coimas) en solo cuatro obras. Los brasileños no reconocieron hechos ilícitos o responsabilidad penal por ninguna otra obra, aportes de campaña o delitos de organización criminal, lavado de activos o cohecho, pese a que luego la prensa reveló otros casos en los que esta empresa habría cometido ilícitos.
b) El archivamiento irregular de investigaciones en las que Odebrecht no aceptó las imputaciones en su contra, como en los casos de Rutas de Lima, Gasoducto Sur Peruano (GSP), defraudación tributaria y otros. La investigación en contra de Odebrecht de los dos primeros casos se iniciaron por denuncias presentadas durante nuestra gestión en la Procuraduría.
c) La exoneración de la prohibición de seguir contratando con el Estado. Es decir, se le permitió a Odebrecht que siga contratando, sin ninguna objeción, con el Estado peruano.

Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
La vida da vueltas, reza el dicho. En el caso de la Fiscalía y el Poder Judicial, se cumple cabalmente. La semana pasada se desactivó el EFICCOP (Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder). Junto con la DIVIAC (División de Investigación de Alta Complejidad de la Policía), adquirieron tanto poder que salieron del control democrático. Un monstruo de dos cabezas: la fiscal Marita Barreto y el policía Harvey Colchado. El momento de mayor prepotencia del engendro bicéfalo fue la arremetida con el ‘torito’ en la vivienda de la presidenta Dina Boluarte. Ambas instituciones se dedicaron a la persecución política, usando grabaciones ilegales, coaccionando, etc. Aliviados por el entierro del EFICCOP, la fiscal de la Nación nos desconcertó declarando que no se “había desactivado nada… por razones presupuestales se trasladó al sistema anticorrupción”.
Lo cierto es que Barreto, suspendida en sus funciones, perdió poder, beneficiándose el orden institucional. Además, Colchado pasó al retiro por renovación. Algo que debemos agradecer al gobierno de Boluarte. Amenazó con denunciar y vengarse, la prensa adlátere trató de revertir su final, pero ya fue. Estas provechosas medidas aplacan la turbulencia judicial que vivimos. Aunque en Fiscalía hay siete investigaciones a la presidenta, nunca vimos un asedio semejante a un mandatario. También el expremier Alberto Otárola perdió poder, pero lanzó información tendenciosa sobre la publicitada operación de Boluarte y sobre el ‘cofre’. Temas que ya no suenan, perdieron peso y pantalla. Vizcarra, otro personaje oscuro, se encuentra atrapado en sus delitos. Pese a que tiene gente en la Fiscalía, será difícil librarse de la cárcel. Los colaboradores eficaces han sido contundentes.
El expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia han sido desnudados por un colaborador eficaz clave: Martín Belaúnde Lossio. El detalle de las fechorías de la llamada pareja presidencial es bochornoso. Conocer cómo organizaban las coimas nos hunde en el descreimiento. Como con el horóscopo, los astros se están ‘aspectando’ para nuestro país. La investigación al fiscal José Pérez se amplió, sabremos de sus tarjetas de crédito y otros gastos. Aunque quedan dudas, la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, cambió al fiscal que investigaba a Pérez y colocó a una magistrada afín a Zoraida Ávalos. Peligro a la vista, a estar atentos. Noticia muy grata es la decisión del Tribunal Constitucional de hacer público el acuerdo con Odebrecht, fina cortesía del periodista Philip Butters y el abogado Wilber Medina. Siempre quedan las dudas de si lo entregarán completo, cuánto dilatarán, pero ya se ganó lo más importante.
El TC nos dio otra grata noticia: anuló el juicio contra José Chlimper por el caso ‘Cócteles’. Anteriormente excluyó de este al abogado Arsenio Oré; las arbitrariedades del fiscal Pérez eran ominosas. La comunidad judicial augura que este proceso (‘Cócteles’) terminará en nada. No será mañana, pero las arbitrariedades de los fiscales Vela y Pérez no prosperarán; están destinadas al fracaso. En ajustada votación, el TC anuló la sentencia de 3 años y seis meses de prisión efectiva para Vladimir Cerrón, pero aún tiene una casación en la Corte Suprema. En el Perú todo transita por el carril judicial. Perdemos tiempo valioso en seguir este despelote. Afortunadamente, el panorama es favorable para la democracia. Es urgente recomponer estas instituciones, que salgamos del despotismo judicial y de la judicialización de la política.