Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Cuando Pedro Chávarry asumió el cargo de Fiscal de la Nación (junio 2018-enero 2019) los ataques a su persona fueron tremebundos y bien armados. Antes de jurar, representantes de algunas ONG como Transparencia, vinculadas a la llamada izquierda caviar, lo descalificaron sin razón exigiendo que Pablo Sánchez, entonces titular del Ministerio Público, permaneciera en el cargo.
Como no lograron su propósito, IDL–que manejaba una inmensa cantidad de audios de la mafia judicial del Callao, llamada ‘Los Cuellos Blancos’– le publicó a Chávarry una conversación inocua con el ‘hermanito’ Hinostroza, vocal supremo. Bastó ello para que se le acusara de ser poco menos el cabecilla de esa red de corrupción.
El bullying a Chávarry fue una feroz infamia. Los medios ‘vizcarristas’ lo atacaron sistemáticamente. Como Fiscal de la Nación tenía la potestad de mover a fiscales. Cuando quiso cambiar a los dudosos magistrados Vela y Pérez del caso Odebrecht, se armó la trocatinta. El ex mandatario Martín Vizcarra metió sus narices, regresó de la juramentación del presidente de Brasil y los dos permanecieron en el cargo. El caso Chinchero, las coimas cuando el ‘Lagarto’ Vizcarra fue presidente regional de Moquegua pesaban mucho. Esto último ya tiene control de acusación, pero avanza muy lento. Ambos impulsados por Chávarry. Le costó caro.
La persecución contra el exfiscal Chávarry no quedó ahí. Tuvo que renunciar. Luego la politizada Junta Nacional de Justicia (JNJ) le inició un proceso, separándolo del Ministerio Público. Pero, ojo con esto, desechó el cargo de su supuesto vínculo con ‘Los Cuellos Blancos’.
Lamentablemente, el ‘Lagarto’ aún tiene influencias en la Fiscalía y es vengativo. Hoy, esta institución ha revivido el caso del deslacrado de las oficinas de un ex asesor de Chávarry. No hay un solo vídeo ni prueba que señale su participación, pero la persecución en su contra continúa.
Dicen que la vida da vueltas, y en política más aún. El equipo anticorrupción de la Fiscal Patricia Benavides está siendo cuestionado por el caso Sara Goday. Una de sus integrantes, la fiscal Marita Barreto, recogió firmas en el ministerio Público contra Chávarry en el 2018.
La Junta Nacional de Justicia investiga a la fiscal Patricia Benavides por hacer cambios en el equipo del caso ‘Los Cuellos Blancos’, cuando, al igual que Chávarry, legalmente puede realizarlos. La labor de Benavides ha sido tesonera y firme. Pero incomoda al sector que manejaba el Ministerio Público gracias a Pablo Sánchez.
En la Fiscalía hay una maraña de intrigas que desalienta a esos funcionarios públicos. A todo esto, quién le pone el cascabel a la tal Junta Nacional de Justicia. Empolla unos casos, acelera otros. Salva a sus integrantes de las investigaciones por tráfico de influencias, es extremadamente benévola. Pero arremete contra la Fiscal de la Nación y a su vez hay fiscales que reavivan una investigación contra Chávarry que ya fue aclarada.
¿Cómo se fiscaliza a la politizada JNJ? Basta leer la hoja de vida de sus integrantes y sus fallos para conocer sus inclinaciones y simpatías políticas. Hija del ‘Lagarto’, la JNJ pasa piola decidiendo arbitrariamente sobre jueces y fiscales. Recordemos que los ratifica o los destituye. Tienen demasiado poder. A Benavides le está ocurriendo lo de Chávarry. Hay fuerzas oscuras que buscan controlar la Fiscalía. No permitamos otra cacería de brujas.

Acusan a asesora de Dina Boluarte de intentar apropiarse ilegalmente de una casa

Grika Asayag alquiló una vivienda en el 2006, estuvo meses sin pagar la renta y ahora intenta adueñarse del recinto.

Un reportaje realizado por el programa Cuarto Poder denunció que Grika Asayag Obesso, amiga cercana y asesora de la presidenta Dina Boluarte, pretende apropiarse de manera ilegal de una casa que le alquilaron en el distrito de Breña.
El dominical reveló que en 2016, la amiga de Boluarte presentó al Poder Judicial una demanda, en la que pedía ser dueña de dicha casa mediante la figura legal llamada prescripción adquisitiva. Esta fórmula permite que una persona se apodere de una vivienda que haya ocupado por un plazo de 10 años y que no haya sido reclamada por otra persona, pero ella no cumple con estos requisitos.
En 2006, la dueña de dicha residencia, Esther Carrillo, le alquiló la vivienda a Asayag Obesso, quien a los pocos meses dejó de realizar los pagos mensuales acordados y abrió en el lugar un instituto de educación técnica, llamado Virginia Henderson.
Fue recién en 2009 cuando Carrillo interpuso una demanda contra la actual asesora de Boluarte Zegarra con la intención de desalojarla. No obstante, Grika Asayag respondió a ello acudiendo a la Municipalidad de Breña, donde se declaró poseedora de la casa y consiguió un código de contribuyente, con lo que podía encargarse del pago de los impuestos del recinto.
En diálogo con Cuarto Poder, la gerente de renta de Breña, Mery Ann Vela, informó que tanto Esther Carrillo como Asayag Obesso aparecían como contribuyentes en calidad de posesora, pero ya no hay registro de la última porque se le suspendió en 2018.
En ese sentido, explicó que el funcionario que admitió brindarle el código de contribuyente a la amiga de la presidenta cometió un acto irregular. “No sé porque el funcionario admite. Yo no lo hubiera hecho porque yo sé quién es mi contribuyente. Y eso no es posible de hacerlo. Yo le hubiera dicho que no”, agregó.
Tras el fallecimiento de la dueña de la casa y su hija, Grika Asayag presentó en el 2016 al Poder Judicial una prescripción adquisitiva para quedarse con la casa, pero demanda a la familia Ortiz, la que le vendió la casa a Esther Carrillo en el año 1979.
En dicho recurso, la mujer indicó a la justicia que vive en la casa de Breña desde 1999, lo que fue desmentido por los nietos de Carrillo y por sus propios vecinos que recuerdan a la antigua propietaria.
Además, la asesora de Dina Boluarte presentó un predio por prescripción adquisitiva, el cual es el testimonio de personas que viven en el perímetro de la casa y que afirmen que el solicitante vive ahí por lo menos 10 años. Asayag solo presentó cinco declaraciones juradas simples de personas que nadie conoce en el vecindario.
Por su parte, el nieto de Esther Carrillo, Anthony Castañeda, denunció que la funcionaria de Palacio de Gobierno se aprovechó de la muerte de su abuela y su madre para demandar a la familia Ortiz.
“Ella aprovecha que mi abuela y mi madre mueren. Demanda a la familia Ortiz que no tiene nada que ver. Eso es una usurpación, si ella sabe que existimos, es una artimaña. Ella ha querido irse por debajo, por detrás y agarrar la propiedad como sea”, aseveró para el dominical.
Fuente: Diario Gestión.