Funcionario del Ministerio de Vivienda es acusado por peculado en gestión de Martín Vizcarra en Moquegua
El director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”, César Ramos Zamora, se encuentra actualmente acusado por el Ministerio Público de Moquegua por el presunto delito de peculado. Esto debido a que habría generado un perjuicio económico de S/697,226,41 cuando fue funcionario durante la gestión de Martín Vizcarra en el Gobierno Regional de Moquegua.
El Informe Especial N°1026-2014 de la contraloría al Gobierno Regional de la referida región, difundido por “Panorama”, indica que dicha gestión pagó S/697,226,41 por servicios de supervisión que no fueron realizados por el Consorcio Chirimayuni.
Ramos Zamora, quien se desempeñaba como gerente de Supervisión en el Gobierno Regional de Moquegua, está acusado por peculado por apropiación debido a que él habría autorizado dicho pago. Pese a ello, desde el 23 de julio del 2018 ocupa el cargo de director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” en el Ministerio de Vivienda.
Asimismo, un informe de la contraloría recomienda su investigación por la entrega de un terreno para la licitación de la etapa tres del mejoramiento de la variante de Uchumayo, a pesar de no estar saneado y sin expropiaciones, a la empresa ICCGSA en el Gobierno Regional de Arequipa.
Al respecto, el director ejecutivo del Programa “Agua Segura para Lima y Callao” descartó tener alguna responsabilidad penal en ambos casos. Precisó que, en Moquegua, “sí se dieron” los servicios que se pagaron al Consorcio Chirimayuni y, en Arequipa, el terreno entregado solo tenía interferencias que se hallaron al iniciar el movimiento de tierras.
“Se da con las sorpresa que hay líneas de agua y desagüe clandestinas, fibra óptica, conexiones o líneas de cable. Esas son las interferencias”, explicó en diálogo con el referido programa.
En otro momento, Ramos Zamora indicó que su actual cargo en el Ministerio de Vivienda no tiene que ver con la amistad que tiene con el presidente Martín Vizcarra. No descartó, sin embargo, dejar su posición en el Ejecutivo debido a que se trata de un cargo de confianza.
Dijo estar seguro, en ese sentido, que no ha delinquido en sus labores como funcionario público en los gobiernos regionales de Moquegua y Arequipa.
“Estoy absolutamente seguro que, como funcionario público, no he delinquido, no he cometido acto de colusión y he cumplido fielmente mis labores […] Con mi carácter de funcionario público, aquí, expuesto, a lo que todos los funcionarios públicos debemos estar expuestos: a la fiscalización y a la evaluación de nuestro trabajo”, señaló.
“Mi cargo no está a cargo del presidente, mi cargo está a cargo del Ministro de Vivienda y el Viceministro de Saneamiento […] Mi cargo está a disposición siempre, nosotros somos funcionarios de confianza, y en tanto y cuanto la presunción de inocencia indica que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, sentenció finalmente.
Fuente: Diario El Comercio.
Tres implicados en caso del hospital de Moquegua laboran en el MTC
Tres exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua (GRM), de los 14 a los que la contraloría halló presuntas responsabilidades por el irregular desembolso de S/41 millones para la construcción del hospital de esa región, trabajan en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que actualmente dirige Edmer Trujillo.
Así lo informó el programa “Cuarto Poder”.
Se trata de David Mendoza Fernández, exjefe de Proyectos Estratégicos del gobierno regional, quien fue designado en marzo pasado como director general de Fiscalizaciones y Sanciones del MTC, con un sueldo de S/20,000, según el portal de Transparencia.
La resolución que lo nombra está firmada por el propio ministro Trujillo.
También está el caso de Jessica Gutiérrez Samo, exdirectora de logística; y de María Calderón Salas, extesorera del GRM. Ambas ahora trabajan bajo el régimen CAS para Provías Nacional, con una remuneración de S/9,930 y S/10,929, respectivamente.
Según la contraloría, los funcionarios del GRM que son señalados en su informe y que estuvieron a cargo de la gestión de este contrato “dieron conformidad y tramitaron” el pago adelantado al consorcio integrado por ICCGSA –empresa investigada por el caso del ‘club de la construcción’–, pese a que “no contaba con el sustento técnico correspondiente”.
Por este caso, a través de su procuraduría, la contraloría presentó una denuncia contra 14 exfuncionarios del gobierno regional (algunos de la gestión de Martín Vizcarra y otros de la siguiente administración) y los que resulten responsables.
En entrevista con “Cuarto poder” Trujillo admitió que los tres funcionarios trabajan ahora en el MTC, pero aseguró que no los recomendó para el cargo.
“Como cualquier persona, tienen derecho a participar y a obtener puestos de trabajo en donde cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos. Eso es lo que ha ocurrido con estos tres trabajadores”, refirió el titular del MTC.
Fuente: Diario El Comercio.