En un país como el Perú, acostumbrado al pago de coimas y a las negociaciones bajo la mesa, los políticos deberían ser especialmente cuidadosos y diligentes. Es decir, no solamente comportarse como personas decentes, sino saber aliarse con las personas correctas. Después de todo, cuando uno decide apostar por un proyecto político y poner todas sus energías para lograr que tenga éxito, no puede desligarse con facilidad de lo que ocurra dentro del movimiento. Al contrario, debería ser la primera persona preocupada en que sea transparente, limpio y sin rabo de paja.
Traemos estas ideas a colación porque nos parece sorprendente la facilidad con la que Verónika Mendoza y otros miembros del Nuevo Perú han sido aparentemente “engañados” por personas con las que antes colaboraron. La izquierda moderna que dice representar el mendozismo pretende vendernos la imagen de una fuerza política honrada, contraria a la corrupción y moralmente superior al resto de agrupaciones políticas (cosa no muy difícil de lograr, dicho sea de paso), pero ha estado envuelta en más de una acusación de corrupción.
Piénsese en los casos de Verónika Mendoza y Marisa Glave, las dos caras más visibles del Nuevo Perú. Mendoza, durante la campaña electoral del año 2011, fue candidata al Congreso por el Partido Nacionalista y apoyó activamente la candidatura del expresidente Ollanta Humala Tasso. Aunque la lideresa de izquierda afirma que es falso que ella haya escrito en las agendas de Nadine Heredia, lo cierto es que sobre la campaña presidencial del nacionalismo que ella apoyó pesan gravísimas acusaciones hechas tanto por Jorge Barata como por Marcelo Odebrecht. A resumidas cuentas, Odebrecht habría donado a pedido del gobierno brasileño US$3 millones para la campaña presidencial de Ollanta Humala.
En el caso de Marisa Glave, la actual congresista fue regidora de Lima por Fuerza Social, el movimiento que lideraba la exalcaldesa Susana Villarán. Glave, además, fue vocera de la campaña por el “No” a la revocación, la cual, según el aspirante a colaborador eficaz Valdemir Garreta, fue financiada con US$3 millones no declarados provenientes de OAS y Odebrecht. Más aún, Glave formó parte junto con Verónika Mendoza del Frente Amplio, coalición con la que rompieron el año pasado después de acusar a Marco Arana y compañía de realizar acciones ilegales dentro de la bancada.
Por más que Mendoza y Glave aleguen que ellas no formaron parte de ninguna de estas transacciones o que rompieron “a tiempo” con el Frente Amplio, lo cierto es que el hecho de que en su corta carrera política hayan participado en agrupaciones sobre las que hoy pesan serias sospechas es delator. De comprobarse que la campaña presidencial del Partido Nacionalista y la campaña por el “No” recibieron dinero de las constructoras brasileñas, solo quedará clara una cosa: que tanto Glave como Mendoza o no tuvieron interés en conocer quién los financiaba o tenían conocimiento, pero no lo hicieron público. En cualquiera de los dos casos, se trata de cualidades que de ninguna manera deseamos en los políticos.
Fuente: Editorial ALTAVOZ.
MÁS DE US$ 28 MILLONES ENTRE 2013-2017
Organismos ligados a García-Sayán y a defensores de deudos de emerretistas entre los más beneficiados con millonada obtenida por “cooperación internacional”
De acuerdo a información oficial de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), las ONG Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Comisión Andina de Juristas (CAJ) y Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) recibieron más de 28 millones de dólares entre 2003 y 2017 para la ejecución de sus proyectos.
Un informe del diario La Razón señaló que la suma total en cinco años de financiamiento a estas ONG fue de US$ 28’087,541 por concepto de “cooperación internacional” destinada a la aplicación de sus programas, consistentes en la “defensa de los derechos humanos” pero con una óptica ideologizada.
Por ejemplo, la ONG Aprodeh recibió un total de US$ 4’249,387 para 42 proyectos o “intervenciones” en esa materia, las mismas que no pagan impuesto por tratarse de “donaciones”. Esta ONG es conocida por haber querido procesar a los comandos Chavín de Huántar y asumir la defensa legal de los deudos de integrantes del grupo terrorista MRTA.
En tanto, la CAJ, que tiene como director general al exministro Diego García Sayán, recibió “donaciones” ascendentes a US$ 15’747,641, que sirvieron para solventar solo 25 proyectos, mientras que la CNDDHH recibió nada menos que US$ 8’090, 513, y se distribuyen en 40 “intervenciones” programadas para cinco años.
Según el matutino, estos organismos son conocidos por defender a terroristas ante instituciones como la Comisión y la Corte Internacional de Derechos Humanos, que muchas veces han fallado en contra del Estado Peruano y han exigido cuantiosas sumas de dinero como reparación a favor incluso de miembros de Sendero Luminoso y el MRTA.
Fuente: www.manifiestoperu.com