Derechos humanos, poder y dinero

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Por Luis F. Jiménez- Revista CARETAS.
LA SITUACIÓN
El 30 de mayo de 1981, Sergio Schocklender fue condenado a prisión perpetua por el asesinato de sus padres. Su hermano Pablo fue condenado también en la misma causa. En la cárcel, Sergio desarrolló diversas actividades y se recibió de abogado y de sicólogo. Allí conoció a Hebe de Bonafini, que visitaba la cárcel para apoyar a las personas privadas de la libertad. Iniciaron así una estrecha relación personal y, cuando los Schocklender fueron liberados en 1995, Bonafini los incorporó a la Fundación.
La Fundación Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, a través de su proyecto “Sueños Compartidos” está involucrada en un escándalo por la aparente desviación de fondos públicos, destinados a la construcción de viviendas populares, hacia los bolsillos del administrador de la Fundación, Sergio Shocklender. El gravísimo problema suscitado viene a plantear temas sensibles, como son el del ejercicio de la defensa de los derechos humanos con fines de lucro y la relación de quienes ejercen esa defensa con quienes detentan el poder. Derechos humanos y lucro y derechos humanos y poder son temas que se entrecruzan en una dinámica peligrosa y a veces aberrante.
El 26 de mayo pasado, Sergio Schoklender renunció a la Fundación Madres de la Plaza de Mayo por desavenencias con su hermano Pablo, representante de la Fundación y estrecho colaborador de su presidenta, Hebe de Bonafini. Tomó luz pública entonces un problema que había sido denunciado sin éxito por dos diputadas de la opositora Coalición Cívica varios meses antes y que se vinculaba con “operaciones sospechosas” informadas por dos bancos a la Unidad de Investigaciones Financieras: la posibilidad de que se estuvieran desviando fondos públicos destinados a la construcción de viviendas populares hacia otros fines, posiblemente privados.
El 29 de mayo, Bonafini despidió a Sergio Schocklender de la Fundación, quien manifestó que se iba por decisión propia para dedicarse a sus asuntos particulares. A medida que comenzó a trascender la lista de los bienes de Schocklender (aviones particulares, numerosas casas, yates y autos de lujo) se advirtió que se estaba frente a un problema de proporciones. Preguntada por la prensa sobre la situación creada con estas denuncias, Bonafini respondió que se trataba de “pelotudeces.” Días después, sin embargo, despidió a 16 funcionarios más de la Fundación Madres de la Plaza de Mayo y pasó a calificar a los hermanos Shocklender de “traidores y estafadores”.
El tema se ha “judicializado” y se encuentra en manos del polémico juez Oyarbide, que es al que le tocan “por sorteo” todas las causas con serias consecuencias políticas. Tiene entre manos una causa en el que figura el Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, por estafas realizadas con medicamentos falsificados por las obras sociales de algunos sindicatos en perjuicio de sus socios. Hace algunos años, se publicaron imágenes de Oyarbide en un prostíbulo gay al que concurría con frecuencia.

EL DINERO DEL PODER
El proyecto “Sueños Compartidos” de la Fundación recibía recursos del erario público a través de los ministerios de vivienda y de planificación y obras públicas, a cargo de Julio de Vido, principal funcionario encargado de las obras del Estado en Argentina y del equipo central del régimen inaugurado con Néstor Kirchner. Se argumenta que los cuantiosos recursos asignados en diversos puntos del país fueron realizados sin licitación y sin auditorías para evaluar los costos que muchos consideraban excesivos. Se habla de una suma aproximada de US$ 200 millones insumida hasta ahora por el proyecto. Sin embargo, no puede saberse a ciencia cierta las verdaderas dimensiones de la irregular situación hasta que culminen las investigaciones.
La forma de actuar del gobierno pone una vez más de manifiesto la falta de controles para las actividades lucrativas de las personas e instituciones próximas a él. Muchos consideran que el tema de los derechos humanos, que nunca preocupó excesivamente a Néstor o Cristina Kirchner durante la dictadura militar, se convirtió en un elemento de un discurso que buscaba atraer a los sectores “progresistas” de la política argentina (Kirchner asumió la Presidencia habiendo recibido el voto de un exiguo 22% del electorado). Sin credenciales propias en el tema, Néstor utilizó el recurso que probaba ser infalible: dinero y gestos. La principal destinataria de esos recursos fue la Fundación Madres de la Plaza de Mayo y su presidenta, Hebe de Bonafini.
El dinero ya había provocado fisuras en el movimiento de derechos humanos con anterioridad, cuando Carlos Menem destinó importantes sumas a compensar a las familias de los desaparecidos. Muchos advirtieron que esa proximidad con el dinero afectaría el papel principal que debían jugar las instituciones de derechos humanos: el control del ejercicio del poder para cautelar los derechos fundamentales de la persona. El “dinero del poder” se sumó a la crónica escasez de recursos de las organizaciones de derechos humanos para desempeñar sus meritorias labores, creándose así un área gris en la cual era fácil deslizarse desde la lógica necesidad de contar con recursos para la defensa y protección de los derechos humanos hacia la utilización de un tema tan sensible con fines de lucro. En este sentido Sergio Schocklender es paradigmático de este segundo tipo de personas y de allí la crítica de Bonafini de que éste quería convertir a la Fundación en una empresa.
EL PODER DEL DINERO
Cuando “el dinero del poder” se suma a un proyecto político aparece el “poder del dinero”. Así como el tema de los derechos humanos permite ser utilizado con fines de lucro (como prácticamente la totalidad de las actividades humanas) desnaturalizando sus fines, también el tema se presta para deslizarse hacia proyectos políticos partidaristas. Resulta tentador asumir que el Estado, que debe respetar y promover la totalidad de los derechos humanos –civiles y políticos y económicos, sociales y culturales– debe ser organizado con tal fin y, para alcanzarlo, es necesario constituir una organización con el objetivo de asumir el poder para ejecutarlo.
Aparentemente, esto es lo que ocurrió con la Fundación Madres de la Plaza de Mayo, bajo la dirección de Bonafini, y que provocó la escisión con las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora. Esta tentación política colocó a Bonafini del lado del poder de los Kirchner. Y de Hugo Chávez y de Fidel Castro. El poder del dinero es lo que le garantiza la defensa de Bonafini que Cristina Fernandez de Kirchner (CFK) exigió a sus funcionarios.
El vuelo que han tomado los acontecimientos, sin embargo, está conduciendo a que muchos se pregunten cómo ocurrió que Schocklender pueda haber llegado hasta los extremos que habría llegado sin el conocimiento de Bonafini. La ausencia de controles públicos sobre los fondos girados al proyecto de viviendas involucra a funcionarios, ministros y, por esa vía, a CFK en plena campaña electoral y ante el suspenso que rodea a su candidatura que todavía no ha anunciado. La suma de numerosas causas judiciales contra personas cercanas al proyecto kirchnerista crea un ambiente propicio para que sigan estallando hechos de corrupción cada vez más espectaculares. Alimentan un clima enrarecido los frecuentes problemas de salud que la aquejan. Esperemos que pueda concretar su viaje a Perú para la toma de posesión de Ollanta Humala el 28 de julio como está anunciado. El combate contra la corrupción anunciado por el nuevo presidente lo coloca en las antípodas del régimen kirchnerista.

Pablo Schoklender

Por qué declararon en quiebra a Madres de Plaza de Mayo en Argentina

Madres de Plaza de Mayo fue declarada en quiebra por un juez comercial que falló a favor de Miguel Ángel Ortiz Benítez, un exempleado de la entidad que la demandó por un impago de US$7,000.
No es la única ni la menor demanda de exempleados o exproveedores a Madres de Plaza de Mayo, gestora entre 2005 y 2011 de “Sueños Compartidos”, un proyecto de construcción de vivienda social impulsado por el gobierno de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Son, por el contrario, decenas las demandas que empezaron a caer sobre la famosa organización después de que la justicia creó una “megacausa” en contra de la entidad, acusada de desfalcar los fondos estatales destinados para las viviendas.
En 2006, el gobierno de Kirchner lanza el proyecto “Sueños Compartidos” en Buenos Aires y luego en el resto del país, según los críticos en municipios cercanos al oficialismo.
Todo esto llevaba la supervisión de Bonafini y Sergio Schoklender, apoderado de Madres de Plaza de Mayo que la activista conoció en la cárcel, mientras él cumplía una condena por haber matado a sus padres.
En 2011 Schoklender salió de la organización, según él por razones personales, pero de acuerdo a Bonafini por el mal manejo de los fondos.
Ahí arrancaron las investigaciones judiciales, que entre otras resultaron en un informe, en 2014, de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre lo adjudicado y malversado.
Según la AGN, entre 2005 y 2011 el Estado entregó el equivalente de US$3,000 millones (a tasa de cambio oficial de 2011) a Madres de Plaza de Mayo.
Se calcula que se pagó y aprobó la construcción de 4,757 viviendas, pero sólo 822 fueron adjudicadas y terminadas en un proceso que la AGN calificó de “clientelista” y “arbitrario”.
En total, la AGN reportó US$52 millones perdidos.
Pero la pregunta es dónde está el dinero, si fue malversado y si es parte de la deuda con exempleados y exproveedores.
Investigaciones periodísticas calcularon que el patrimonio de Schoklender –a nombre de terceros– incluye dos aviones, un yate, una casa de lujo, propiedades en Buenos Aires y 12 lotes en el campo.
Schoklender, por su parte, asegura que los dineros no fueron malversados, sino utilizados en la campañas electorales del kirchnerismo, con lo que sacrificaron los pagos de exempleados y exproveedores como Ortíz Benítez, el causante de la declaratoria de quiebra y prohibición de salida del país del lunes.
“No hay malversación de dinero”, dijo Schoklender a medios locales. “El juez entiende que la plata que hace falta es de empleados que trabajaron en obra pública, por lo que relaciona eso con defraudación”.
Por otro lado, Schoklender dice que “Hebe no se enriqueció ella personalmente, lo que hizo fue financiar campañas políticas de los candidatos que Cristina le indicaba”.

Fuente: www.BBC.com

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