Por Roberto Esparza Castro
Es notorio que las posiciones más indolentes han pasado a la segunda vuelta. Indolentes porque enfrentan a una hija de un dictador (Keiko Fujimori) cuyo objetivo es sacarlo de la cárcel versus un acusado de violador de derechos humanos e instigador de una intentona de golpe de estado (Ollanta Humala). Posiciones indolentes donde la mayoría de votantes peruanos optaron por una memoria selectiva donde las víctimas de Madre Mía o de Barrios Altos serán olvidadas por cualquiera que opte por una de las dos opciones. Ambas opciones, más que miedo, me dan asco… por eso votaré viciado.
Viciado porque veo como el país se polariza de una forma catastrófica; viciado porque rechazo la memoria selectiva y las justificaciones perversas de unos y de otros; viciado porque protesto ante esos condicionamientos del “si no estás conmigo, estás contra mí”; viciado porque cada vez estas dos posiciones rompen los tejidos sociales que anteriormente fueron rotos en la época del terrorismo; viciado porque quieren encegarse de los crímenes en los que están envueltos ambos candidatos; viciado porque rechazo votar por una mera etiqueta o por un status; viciado, mi estimado, porque protesto contra tu indiferencia.
Ahora resulta que son muy pocos los que le tienen respeto al voto contrario y varios son los que le echan la culpa a uno por viciar el voto ya que favoreces al otro. Nadie se pone a pensar que el voto viciado es una firme expresión del rechazo hacia las dos posiciones que están dividiendo a este país. Eso genera exclusión de una y otra parte y ello romperá los tejidos sociales quebrados desde la época del terrorismo. Hay familias que no se pueden ver y eso ni les interesa a esos dos que ostentan el poder.
Yo hasta ahora creo que un tipo que está acusado (ni siquiera sentenciado) de violar los derechos humanos, ya sea paramilitar o terrorista, no debería de estar en contienda pues se muestra para el manoseo político de su caso más que para la implantación de justicia en esta país.
No me queda más, personalmente, que oponerme democráticamente al gobierno que venga sea cual sea. Siempre he creído en el respeto al otro y en rechazar la memoria selectiva. Por ello votaré viciado.
El peligro menor
Por Jaime De Althaus Guarderas
Cualquier observador externo que hubiese visto el debate del domingo pasado habría concluido que el Perú ya dio el paso hacia la madurez política, pues ninguno de los candidatos planteó el cambio del modelo económico y, más bien, sí el respeto a los contratos, a la propiedad y al Estado de derecho. De ser cierta esa conclusión, el Perú efectivamente habría conquistado, por fin, un consenso básico en lo relativo al rumbo económico y al sistema político, un verdadero alivio histórico, porque ya no tendríamos que regresar a fojas cero cada vez y podríamos seguir avanzando sin pausa en el marco de una economía de mercado en democracia, de un capitalismo democrático.
En realidad, una gran paradoja, porque los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta fueron aquellos que eran considerados por los perdedores como un peligro para la democracia, y cuya votación de hecho expresó al importante sector popular descontento con la corrupción y la ineficiencia de la democracia descentralizada y que demanda un liderazgo presidencial más fuerte y cercano. Y uno de los candidatos había presentado un plan de gobierno que, además, declaraba nula la Constitución del 93 y proclamaba cambiar el ‘modelo neoliberal’ por uno con mayor intervención y presencia empresarial del Estado.
Pero la institución de la segunda vuelta, si bien eleva atrozmente los niveles de agresión e intolerancia, obliga a los contendientes a acercarse al centro para ganar. Y entonces Humala tenía que desprenderse de su plan de gobierno haciendo ‘concesiones’, mientras Keiko Fujimori se ve obligada a deslindar de todos los modos posibles –incluso pidiendo perdón– con el carácter autocrático y delictivo del gobierno de su padre. Es el milagro de la segunda vuelta.
¿Y después? Si gana Humala, podríamos tener, al estilo boliviano, la revolución permanente de los radicales y los pueblos que se sentirán empoderados por el triunfo del nacionalista, lo que, de por sí, sin necesidad de cambiar de modelo, paralizaría la inversión y el crecimiento, y si además recrudeciera la crisis mundial, estarían más que dadas las condiciones para retornar a la inagotable cantera del plan 1 y desatar la dinámica bolivariana. Lo que contaría con el apoyo del Ejército, con la promoción de Humala acercándose al generalato.
Si gana Keiko, tendrá, por supuesto, que aplicar una inteligente estrategia de acercamiento integral a los pueblos para manejar la resistencia radical y pacificar al país –posee el enfoque para hacerlo–, pero una diferencia fundamental es que ella no tiene interés en cambiar ni la Constitución ni el modelo económico. ¿Para qué restablecer una autocracia, entonces? ¿Para liberar al padre, sometiendo al Poder Judicial? ¿Es posible eso ahora, con Montesinos en la cárcel y con el estado de alerta de la opinión pública luego de la experiencia de los 90?
Los peligros no parecen comparables. Hay que optar por el menor.
La renuncia del año
Por Ricardo Uceda – Revista Poder 360º
Aunque esta nota trata de cómo un funcionario público dejó el MEF, lo más importante no es su caso particular sino cómo medidas políticas, aplicadas mediante discutibles decretos de urgencia, pueden causar estragos en la economía. Es la crónica de una lucha interna alrededor de menos de un punto del déficit fiscal.
A primera hora del 25 de abril de 2011, el director general de Presupuesto Público del MEF, Roger Díaz, manejaba su camioneta por la Vía Expresa. Iba al hotel Sheraton, a inaugurar una reunión con funcionarios de distintos sectores del Estado, a quienes había convocado para explicarles las bondades de un nuevo sistema de ejecución del gasto público. Díaz era el artífice de la reforma y estaba orgulloso de su obra. Mientras conducía, escuchaba noticias por la radio, y entonces pudo escuchar nítidamente al presidente García anunciar un aumento de 20 por ciento en el sueldo de los militares y policías. Quedó de tal modo impactado que por un instante descuidó el manejo y casi choca.
Pasó de largo frente al hotel Sheraton, ingresó al edificio del MEF en el jirón Junín, y subió al piso séptimo, donde estaba su jefe, el viceministro de Hacienda Miguel Castilla. Con él quería hablar. Encontró a Castilla preocupado, escribiendo cifras sobre una pizarra.
Ambos habían asumido sus cargos durante la gestión de la anterior ministra, Mercedes Aráoz. Castilla, con un PhD en Economía en la Johns Hopkins University, había hecho carrera en la CAF antes de recalar en el MEF, y desde el comienzo estuvo interesado en que el ministerio retirara el estímulo fiscal con que en el 2009 afrontó la crisis internacional una vez que la economía comenzara a retomar el crecimiento. En concreto, propiciaba un menor gasto público para no repetir el déficit de -0,5% con el que cerró el 2010. Díaz lo secundaba en el empeño no sin tensiones, porque él era quien daba la cara a los sectores cuyo gasto sería recortado. Pero esa mañana lo que tenían que hablar era algo distinto a las usuales contingencias. Les imponían un gasto para el que no había provisión, con el que no estaban de acuerdo, y que tendrían que sustentar con su firma para que el ministro, a su vez, suscribiera un Decreto de Urgencia. Ambos estaban pensando en renunciar.
A las diez de la mañana, tendrían reunión con el ministro. Hasta entonces, intercambiaron agitadamente impresiones. ¿Había forma de salir del atolladero? Ninguna, concluyeron. Se les hizo tarde y bajaron rápidamente por las escaleras hasta el despacho ministerial, en el cuarto piso, para no esperar a los ascensores. Ismael Benavides los esperaba, rodeado de casi toda la alta dirección. Entre ellos, el viceministro de Economía, Fernando Toledo, y el jefe de Asesoría Jurídica, Guillermo Paredes. El ministro entró rápidamente en tema, recordando que el Presidente había anunciado un aumento a los militares y que al MEF le tocaba aplicarlo.
—¿Es negociable? —preguntó Castilla.
Benavides dijo que no. Se hizo un silencio. Todos sabían que el aumento conspiraba contra el equilibrio financiero, que cada fin de año se establece por ley. Pero el viceministro Toledo, que propone y supervisa la política macroeconómica, no diría algo en contra. Tampoco, un mes atrás, se había opuesto a la reducción del IGV, otra medida que nunca estuvo en sus planes y que vino de fuera del MEF. El asesor jurídico Paredes tampoco diría nada. Había reemplazado hacía poco a Juan Carlos Salinas, otro abogado que, a su solicitud, había pasado a ser asesor para no justificar peligrosos Decretos de Urgencia. Castilla tomó la palabra para plantear la conveniencia de que el aumento no fuera al sueldo, con lo que, por un llamado “efecto espejo”, se trasladaría a los que están en el retiro, generando un costo mucho mayor. El viceministro sugirió un bono extraordinario pero Benavides no respondió. Castilla lucía incómodo, aunque no habló de renunciar. En un momento, se volvió hacia el director de Presupuesto Público:
—¿Y tú, Roger, tienes algo que decir?
Díaz habló, y fue en ese momento que dio el primer paso para salir del ministerio.
En los inicios de enero, Díaz y Castilla habían tenido otra conversación clave. En su despacho, Castilla le dijo al director general de Presupuesto que deseaba hacer un ajuste importante del gasto público. La meta de déficit fiscal establecida para el 2011 en la ley de equilibrio financiero era de -1 por ciento del PBI, y se trataba de llevarla a +0,5 por ciento. Díaz se asustó. El recorte significaba dejar de gastar unos 2.000 millones de soles; como la tercera parte de todo el pliego de Educación. Le preguntó a su jefe por qué.
Castilla expuso dos motivos. Por un lado, quería dejarle un buen legado al próximo gobierno. Si el déficit del 2010 había sido menor que el previsto y cerró finalmente en -0,5 por ciento, ¿cuál habría sido el mérito de ellos como gestión en alcanzar incluso ese mismo nivel? ¿Por qué no esforzarse y dejar las cifras en azul? Díaz convino en que era un buen punto. Pero ¿por qué irse medio punto hacia arriba? ¿No bastaba llegar al déficit cero? Entonces Castilla sacó su segundo argumento.
La verdadera preocupación del viceministro eran los factores externos. Cuando, en el 2009, el ex ministro Luis Carranza lo integró a su equipo como jefe del gabinete de asesores, Castilla apoyó el plan de estímulo a la economía que el MEF trazó para contrarrestar los efectos de la crisis internacional. El 75% del método consistió en el aumento de la inversión pública. Estaba claro que apenas la actividad privada y el PBI —que ese año subió 3 puntos— se reactivaran, la inyección de recursos tendría que parar. Pero la naturaleza misma del plan haría que luego fuese difícil retirarlo. No obstante, Castilla comenzó a hacerlo en el 2010, ya en el cargo de viceministro de Hacienda al que lo nombró la nueva ministra Mercedes Aráoz. Ambos compartían la idea de comenzar a ahorrar ante una posible recaída de la economía mundial, y por eso se trasladó a los consumidores parte del incremento de precio de los combustibles, se retiraron subsidios a mineras y cementeras, se restringió el gasto corriente, se prohibieron créditos suplementarios. Al final del año, el déficit, que se preveía de -2 por ciento, terminó negativo en medio punto.
Ahora, en el 2011, Roger Díaz tenía sus razones para no ajustar tanto. Nombrado director de Presupuesto por Aráoz, durante el año anterior había contribuido al frenazo al mismo tiempo que reorganizaba su dependencia. En adelante, el presupuesto no se haría según las necesidades institucionales sino según los problemas nacionales por resolver, en función de complejas matrices preestablecidas. Los ministerios ya no recibirían autorización para usar su dinero a cuentagotas, cada trimestre, para recibir aprobaciones o vetos según el flujo de caja siempre zigzagueante del MEF, sino por todo el año, con lo que podrían por fin alcanzar calidad en el gasto. A comienzo de año, cada organismo público podría disponer del 80 por ciento de su plata, disponiéndolo en función de sus necesidades. Esto, que llamó “Programación de Compromisos Anual”, PCA, pasó a ser la niña de los ojos del director de Presupuesto. Así, cuando Castilla lo llamó a su despacho para decirle que de nuevo había que hacer un frenazo, así como el año pasado, Díaz le dijo:
—No puedo. Ya repartí casi toda la PCA.
Pero, en el fondo, la objeción de Díaz era la falta de coherencia: si el presupuesto 2011 fue aprobado con un déficit de 1 por ciento, esta meta fiscal no podía cambiar de la noche a la mañana, afectando los servicios básicos y los proyectos de inversión pública. Decía poco de la seriedad con que se hacían las proyecciones macroeconómicas, amén de la pérdida de credibilidad para impulsar la calidad del gasto público. Díaz estaba pensando en su PCA. Ahora, ¿cómo les decía a los ministerios que ya no podían gastar el 80 por ciento de su presupuesto?
De todos modos, Castilla convenció a Díaz de que una reducción del gasto público era necesaria. Como no se puede quitar plata así nomás del presupuesto de los sectores, la medida debía ser aprobada por el Consejo de Ministros a través de un Decreto de Urgencia. Era cosa de hacer un borrador mientras se pensaba dónde recortar. Díaz encontró que podía seguir llevando adelante la PCA mediante una astuta maniobra: les diría a los sectores que gastaran nomás el 80 por ciento de su presupuesto. Ya no les daría el 20 por ciento restante. Preparó, pues, un borrador de Decreto de Urgencia para que el ministro lo llevara al Consejo de Ministros. Pero había algo raro. Benavides no lo llevaba. Castilla no entendía por qué. En esas estaban cuando los sorprendió el anuncio de que se reduciría el IGV de 19 a 18 por ciento.
La reducción en 1 por ciento del impuesto general a las ventas, a comienzos de febrero, cayó como baldazo de agua fría en varias oficinas del MEF. No la propusieron ni el viceministro de Economía, Fernando Toledo, ni el director de Asuntos Económicos, Carlos Prieto, ni la Dirección de Ingresos Públicos, y tampoco estudiaron su impacto fiscal los responsables de Hacienda, Miguel Castilla y Roger Díaz. Percibida como una medida política de Alan García para desinflar la por entonces boyante candidatura de Alejandro Toledo —que había subido el IGV en el 2001—, su costo estimado es de 1.700 millones de soles. Para un ministerio que estaba pensando en ajustar, era todo un contrasentido.
Algunos pensaron en renunciar. En general, los funcionarios del MEF, especialmente los que ya trabajaban allí cuando llegó Benavides, estaban acostumbrados a que la posición del ministerio fuera tomada en cuenta en el Ejecutivo. Varias veces había intentado Alan García que aprobaran proyectos sin adecuada sustentación, y no habían pasado porque Luis Carranza se opuso.
Transportes y Comunicaciones quiso, por ejemplo, que el carísimo proyecto del tren eléctrico fuera bendecido por el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, pero no pasó, y tuvieron que construirlo con un Decreto Supremo. El Gobierno Regional del Callao quería que se construyera cuanto antes la autopista Néstor Gambetta, a un costo de 900 millones de soles, y ellos la pararon porque costaba demasiado. Ahora se está construyendo a poco más de 400 millones, luego del redimensionamiento propuesto por el MEF. El Gobierno Regional de Piura quiso que su irracional proyecto de irrigación, que es obviamente redundante con el de Olmos y que se explica principalmente porque los piuranos quieren tener su gran proyecto así como los lambayecanos ya tienen el suyo, tuviera el visto bueno del SNIP, pero no lo consiguieron, y Alan García tuvo que sacarlo con un Decreto de Urgencia y a espaldas del ministro de Economía. En ocasiones como esta, García esperaba a que Carranza viajara para que el encargado de turno, por ejemplo el propicio Juan Antonio Chang, ministro de Educación, firmara el pedido entre gallos y medianoche. Por eso, Carranza lanzó la conocida frase: “En este gobierno uno no puede ir al baño”. Los funcionarios sabían que si tenían objeciones técnicas justificadas, el ministro las defendería ante el Presidente. Carranza les preguntaba, por supuesto, porque las presiones eran muy grandes, y ellos se las sustentaban, y al final el ministro le decía:
—Estoy de acuerdo. Así no puede pasar. Si no, nos vamos.
Mercedes Aráoz actuaba igual, pero la diferencia era que desaconsejaba el no a secas. Les dijo: “Si vamos a decir no, llevemos una solución”.
Aunque la reducción del IGV fue para él un mazazo, Miguel Castilla le encontró por lo menos un lado positivo: el gobierno tendría menos resistencia para aprobar un ajustón, la medida que le propuso a Roger Díaz a inicios de febrero. El ajustón se lo aprobarían, en efecto, pero el viceministro no previó que le abrirían otro hueco en el bolsillo. Esta vez para aumentar a las fuerzas de seguridad.
En agosto del 2010, cuando el MEF presentó al Consejo de Ministros el proyecto de presupuesto para el año siguiente, Alan García planteó aumentar a los militares y policías. Estaban muy mal pagados, como muchos sectores laborales, y por eso en mayo de ese año el gobierno les había dado un bono de 1.000 soles. Pero su sistema remunerativo es anacrónico y absurdo, con una cédula viva que hacer crecer en 47% el universo de los beneficios por cualquier mejora. Los sueldos, bajos y dispersos, sin adecuadas proporciones jerárquicas, tienen más de 40 conceptos no pensionables, y subirlos era añadir más distorsiones. La ministra Mercedes Aráoz, en un clima de tensión, logró detener los aumentos. Se acordó que antes fuera reestructurado el sistema de remuneraciones, a partir de una propuesta que considerara eliminar la cédula viva. En el Congreso, después de mucho discutir, la reforma de las pensiones fue aprobada sin condicionamientos. Como había que hacer un estudio en regla para discutirla en el 2011, los beneficios recién se harían efectivos después del cambio de mando. El MEF se quedó tranquilo: hizo una provisión para el segundo semestre del año y le dio dinero a Defensa para hacer el estudio actuarial de las remuneraciones. Pero ¿Alan García iba a dejar al próximo gobierno un aumento que podía hacer él?
Claro que no, pero el cambio de planes recién se anunció en mayo. Primero fue aprobado el Decreto de Urgencia para reducir el déficit fiscal, que devino en una medida obligada después del recorte del IGV. El proyecto se paseó un mes de una dirección a otra hasta que, finalmente, el Consejo de Ministros lo aprobó, el 31 de marzo de 2011. Era muy drástico: en el primer trimestre, que siempre es austero, solo se gastaría 34.000 millones de soles. En inversión pública, no más del 25 por ciento de lo aprobado por la PCA en el primer semestre. No más del 40 por ciento de bienes y servicios de lo presupuestado de la PCA para ese período. Nada de créditos suplementarios ni de nuevos proyectos. Alan García añadió: nada de consultorías.
Durante todo el mes de abril, el director de Presupuesto se la pasó exprimiendo a los mismos funcionarios a quienes quince días antes les dijo que podían gastar sin temor a los ajustones. El 11 de marzo, había publicado unos lineamientos para el presupuesto del 2012, y desde entonces se reunió con la mayoría de los sectores para explicarles las bondades de la reforma. Por lo menos ocho ministros con sus equipos lo habían recibido, así como varios encargados de poderes públicos y gobiernos regionales. De estos lugares lo requerían ahora con llamadas de indignación o de urgencia, según la necesidad. Mientras negociaba reprogramaciones de pagos con los afectados, que hacían cola en su oficina, Díaz empezaba a convertirse en enemigo público: le hacían marchas callejeras en el jirón Junín, le llegaba el apercibimiento de un juicio. Pedía comprensión mencionando riesgos espantaeconomistas: desequilibrio fiscal, presión inflacionaria, encarecimiento de los combustibles, crisis internacional. Hacía, en fin, todo lo que provocó que la inversión pública cayera 18 por ciento en comparación con el año anterior. En ese estado, Castilla le dijo que Alan García quería dar inmediatamente un aumento a los militares.
—No es el momento —dijo Díaz—. Los sectores están muy afectados.
Castilla repuso que no podrían detener la medida. Le pidió preparar el borrador de un Decreto de Urgencia. El viceministro no mencionó una cantidad ni parámetros, como si estos todavía no hubieran sido decididos por García. Era viernes 22 de abril. El sábado, Díaz le escribió un mail a Castilla explicándole el contrasentido de la medida, y proponiendo una de dos posibilidades: una asignación especial mensual de 500 soles en promedio por militar, con un costo total de 75 millones de soles, o, en el peor de los casos, una que sumara 128 millones pagable en dos partes hasta el final del año. Un aumento de sueldo o un bono por encima de esas cifras no lo apoyaría, concluyó, aunque tuviera que dejar el MEF.
Castilla respondió el mensaje dándole la razón. Él tampoco firmaría un aumento a los militares activos sin una reforma de las remuneraciones. Le pidió trabajar la alternativa de los 128 millones pero prorrateados, mes a mes, como quería el Presidente. Eso es lo que hizo Díaz durante la Semana Santa. Creía que gastarían solo 128 millones cuando escuchó a García por la radio, la mañana del lunes 25 de abril.
Pero el Presidente habló de un aumento de sueldo de 20 por ciento de las remuneraciones. Dijo que era la cuarta parte de un aumento que debería completarse en el futuro y que esperaba que el próximo gobierno cumpliera. Al timón de su camioneta, Díaz calculó el costo de la medida: 870 millones de soles: 400 millones del aumento, 250 millones la provisión para la Caja de Pensiones Militar Policial y 220 millones del efecto espejo. Era demasiado.
Dos horas después, cuando estuvieron todos en la oficina del ministro Benavides y el viceministro Castilla le preguntó su opinión, el director de Presupuesto comprendió que tenía que renunciar. Los argumentos con que se opuso a la medida eran consabidos para Castilla pero no para el resto. Uno era obvio. Al aumentar a los militares, desmentían el principal fundamento del agresivo recorte presupuestal de finales de marzo: ahorrar, para hacer frente a posibles situaciones de crisis financiera y de presión inflacionaria. La razón menos obvia, sin embargo, era la de mayor peso para Díaz. Se trataba de un problema de coherencia:
—¿Qué les digo a entidades a las que no podemos dar plata para que paguen sus servicios básicos?
Roger Díaz hizo una descripción de lo que ocurría. El sector Salud quería 80 millones más: la semana anterior, los hospitales no habían podido pagar sus servicios básicos. Educación pedía 200 millones para materiales educativos, pago de especialistas y alfabetizadores, entre otras necesidades. La fiscalización ambiental a las mineras estaba detenida, lo mismo que muchos proyectos en los gobiernos regionales y locales. Habían quedado en el aire contratos de personal y de obras para demandas de corto plazo.
Hubo un diálogo áspero. El ministro recordó que siempre había dicho que el presupuesto exhibía grasa, eso era responsabilidad de Presupuesto. Díaz objetó: la grasa la ponían medidas políticas. El Congreso, por ejemplo, había aprobado la homologación de los centros universitarios, que añadía 420 millones de soles anuales. El nombramiento del personal médico asistencial, que aumentará un 15 por ciento por año, requería 300 millones adicionales. El costo de la carrera pública magisterial estaba inflado, y, a razón de 180 millones más por año, ya iba costando 500 millones. La homologación de los jueces aprobada por el Congreso era una bomba de tiempo: era imposible pagarla porque inmediatamente había que aumentar a los docentes universitarios, y no había dinero. Otro caso era este aumento a los militares. ¿Qué responsabilidad tenía Presupuesto en eso?
—Hay dos posibilidades —dijo Benavides—: o le buscas una justificación técnica o renuncias.
—Justificación técnica no le encuentro. El estudio actuarial para diseñar la reforma del sistema remunerativo de los militares, con el aumento que resuelve su problema, recién se está haciendo. Por lo tanto, no hay argumento técnico. ¿Cómo han decidido el 20 por ciento? No lo sé. ¿Y qué efectos tiene eso sobre la cédula viva y los ejercicios subsiguientes? Nadie lo sabe.
Le reunión se levantó. El miércoles, sin documento sustentatorio y genéricamente, el Consejo de Ministros aprobó el aumento. La mañana del jueves, Díaz pidió cita con Benavides y le presentó su renuncia. En la carta, mencionaba los dos argumentos que expuso en la reunión. No expuso un tercero, que es imprescindible mencionar. El decreto de urgencia tenía visos de inconstitucionalidad. Un Congreso riguroso lo hubiera objetado.
Hasta noviembre del 2008, de acuerdo con una contabilización realizada por Gerardo Munck para la revista de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile —y reproducida aquí por el blog Otra Mirada—, el gobierno de Alan García había aprobado, saltándose al Congreso, 244 decretos por delegación. La misma cantidad que su predecesor Alejandro Toledo en sus cinco años de mandato. García es el presidente más decretista, con la complicidad de ministros y parlamentarios. Según la Constitución, un decreto de urgencia solo debe normar situaciones extraordinarias. El Congreso, por su parte, de acuerdo con su reglamento, debe verificar que impidan un “riesgo inminente”, cuya extensión “constituye un peligro para la economía nacional o las finanzas públicas”. Por su parte, el Tribunal Constitucional exige que ataque hechos imprevisibles y que conciernan al interés de toda la comunidad. A contrapelo de todo esto, la situación no era extraordinaria, ni imprevisible, ni urgente: la discusión de la reforma de sueldos militar-policial está fijada para el próximo mes de junio en el Congreso.
Algunos días después, el ex director de Presupuesto se enteró en el diario oficial El Peruano que el Estado no le había dicho adiós como se debía, aceptándole la carta de renuncia y dándole las gracias por los servicios prestados. Prescindían de él en una resolución que no lo menciona por su nombre y que daba cuenta de una serie de nombramientos, ceses y otras contingencias. En una parte de esta serie, detrás de la frase “déjese sin efecto”, aparece el número y fecha de una resolución: la que lo nombró en el cargo, firmada en enero del 2010 por la ministra Mercedes Aráoz.
Lo habían dejado sin efecto. También en El Peruano, leyó el Decreto de Urgencia del aumento a los militares y policías. Finalmente, no había sido un incremento de sueldo, sino una bonificación extraordinaria, con cargo a ser asimilada a la reforma del sistema remunerativo que se vendrá. En la práctica, era un aumento, porque el próximo gobierno no podría dar marcha atrás. El sucesor interino de Díaz en el MEF, Rodolfo Acuña, sigue haciendo malabares ante los sectores con presupuesto recortado. El Decreto de Urgencia 012, que dispuso el ajustón de marzo, hizo agua desde su nacimiento, con excepciones y condicionamientos, porque muchas actividades no podían parar. El 24 de mayo, la Comisión de Presupuesto aprobó derogarlo, lo que el pleno podría hacer en cualquier momento. Por otra parte, por las condiciones políticas y una posible desaceleración internacional, nadie sabe si el PBI será mayor de 6 por ciento, como esperaba optimistamente el ministro Benavides cuando anunció la reducción del IGV. En cuanto al déficit fiscal, no se sabrá hasta fin de año cuánto habrá sido el impacto verdadero de los hechos aquí narrados. En el MEF, Castilla tuvo que renunciar a su objetivo de dejar un superávit de 0,5 por ciento. Tal vez sea de 0 por ciento. Todo dependerá de lo que decida el Congreso, y de lo que deje la campaña electoral. Lo que hay son 5.500 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal —un poco más de 3,5 por ciento del PBI— para cualquier emergencia que afronte el próximo gobierno. Esto ha logrado guardar Castilla debajo del colchón. Fue una de las razones por las que no renunció la mañana del 25 de abril.
En un mal sueño
Por Luis Corvera – Revista Poder 360º
En los noventa, el país inició la apertura a la inversión privada extranjera, la cual no ha dejado de fluir. Hasta ahora. Con el actual panorama electoral, los inversionistas están nerviosos y no está muy claro si los más de US$ 30.000 millones comprometidos hasta marzo, se concretarán. El objetivo es que sí, pero para algunos, incluso en un eventual triunfo de Keiko Fujimori, la conflictividad social podría jugar una mala pasada.
Martes 10 de mayo. En el programa nocturno Prensa Libre, que conduce Rosa María Palacios en América Televisión, el reelecto congresista de Gana Perú, Daniel Abugattás anunció a la conductora que el plan de gobierno de su partido “se dejaba de lado”. Con ello, el vocero de Ollanta Humala trataba de calmar los cuestionamientos que las propuestas del plan original (estatizaciones, revisión de los tratados de libre comercio y otras medidas populistas) han generado en una gran porción de la población y, sobre todo, entre los empresarios, quienes ven en Humala a la versión peruana del temido Hugo Chávez.
El jueves 12 de mayo los empresarios respirarían más tranquilos. En la mañana, Augusto Álvarez Rodrich, en su programa matutino de Radio Capital, dio a conocer los resultados de la encuesta “confidencial” hecha por Ipsos Apoyo para el banco de inversión Morgan Stanley (la presentación fue hecha por Alfredo Torres, presidente de Ipsos, a los inversionistas a las 7 de la mañana y para las 9 ya todos los que contaban con acceso a Twitter y Facebook conocían la información, pues los analistas que participaron de la call conference la transmitieron a sus clientes y allegados). Según los resultados de la encuesta, Keiko Fujimori había finalmente revertido la diferencia de alrededor de 6 puntos que le llevaba Humala, y ya se encontraba en un virtual empate técnico, con una clara tendencia a superarlo en los siguientes días.
Si bien Fujimori es duramente cuestionada por un grupo de la prensa y de la población por su participación en el controvertido e inmoral gobierno de su padre, para los empresarios es su clara salvadora. Humberto Speziani, presidente del principal gremio empresarial, la Confiep, señaló tras reunirse con ambos candidatos una semana antes que, a su juicio, mientras que la posición de Humala es “confusa” y esperaba que su plan de gobierno sea modificado, “moderado”, el plan de Fuerza 2011 “sí está en la ruta económica adecuada para el país”.
No obstante, a pesar de que la candidata Keiko Fujimori y su entorno se presentan como más promotores de la inversión privada, para algunos consultores, una muy posible exacerbación de la conflictividad social luego de las elecciones podría terminar teniendo también un impacto en la inversión privada. Quienes consideran esta posibilidad recuerdan, además, que cuando el apoyo popular le fue adverso al fujimorismo en la década de 1990, las reformas prácticamente se paralizaron.
Si todo sigue igual…
Con esa frase concluye uno de los comerciales promovidos por la Confiep durante esta contienda electoral. En dicho comercial, una señora le recuerda a otra sobre todos los avances económicos que ha tenido el país gracias a la inversión privada (carreteras, electricidad, telecomunicaciones, etc.), y le advierte que solo será posible que el Perú continúe por esa senda si todo sigue igual, en claro rechazo a las propuestas de cambio que plantea Humala. Y pensar que hasta marzo de este año, cuando Humala estaba en quinto lugar, los empresarios se mostraban al margen de la contienda electoral. “Nos da igual quien gane. En términos económicos, es lo mismo Toledo, Castañeda o Keiko”, comentaban los ejecutivos de las principales empresas del país fuera de cámaras o de las grabadoras de la prensa.
Para los empresarios, se había llegado a un punto en el que al Perú no lo paraba nadie. Y, por tanto, a ellos tampoco. De acuerdo con las encuestas que elabora el Banco Central de Reserva (BCR) sobre las expectativas de los empresarios, en febrero de este año, 65% de los consultados veían con optimismo el crecimiento de la economía en los tres meses siguientes, es decir, no veían mayor problema en los meses del proceso electoral. Un optimismo que también se veía reflejado en una demanda creciente. Según las mismas encuestas del BCR, 56% de las empresas habían visto incrementarse sus órdenes de compra y esperaban que estas siguieran aumentando, por lo que tenían en sus planes inmediatos incluso contratar más empleados. El tema electoral era irrelevante.
Y era tal la confianza de los empresarios y de los analistas, que era común encontrar en los pasillos de los estudios de abogados, consultoras e investigadoras de mercado, a representantes de nuevos inversionistas interesados en que los ayuden a ingresar al mercado peruano (cuya economía fue de las pocas que no registró una tasa de crecimiento negativa por la crisis y cuya expectativa de crecimiento futura cada mes mejoraba, y es en la actualidad la más alta en la región —ya en casi 7% para el 2011, 2012 y 2013— y una de las más altas del mundo). “El número de solicitudes de nuevos inversionistas para que los ayudemos a analizar una opción de negocio era de cinco a seis al mes antes de marzo”, comentan en una investigadora que prefiere no ser mencionada. Incluso el ministro de Economía, Ismael Benavides, debía dedicar al menos dos días de la semana a reunirse con inversionistas.
La sensación de bonanza y de generación de oportunidades se pone de manifiesto en el reporte de inflación que publicó el BCR en marzo de este año. En él, a pesar de la inminente elección presidencial, los anuncios de inversión en el país, de toda fuente (tanto local como extranjera), sumaban más de US$30,700 millones para el período 2011-2012 (un año electoral), una cifra que jamás se había registrado en el país y que solo tres meses antes había sido US$3,000 millones menos. Y si bien en la lista se muestran solo los grandes proyectos, como los mineros, cuyos montos de inversión se sitúan entre los US$2,000 millones y US$2,500 millones en promedio por cada uno, las inversiones se daban a todo nivel. En los centros comerciales que se ha anunciado en provincias, por ejemplo, entre 20% y 40% de los locatarios ya son empresas de la misma zona; empresas que diez años antes nunca hubieran pensado en estar allí. Y no son pocos los nuevos malls que se construirá. Según Gonzalo Ansola, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, entre el 2011 y 2013, un período crítico en el caso de un nuevo gobierno, se ha anunciado la construcción de 22 nuevos centros comerciales con una inversión de casi US$700 millones, y más de la mitad en provincias (en el 2000 solo había 7 y 1 era de provincia).
El inicio
En 1990, durante la campaña electoral entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, los empresarios apostaron por el primero, pues era el único que garantizaba un cambio radical en el modelo populista que había dejado Alan García. Al final, la campaña publicitaria contra Vargas Llosa fue tan demoledora que Fujimori ganó con relativa facilidad. Alan García nos dejó a Alberto Fujimori. Para suerte de los empresarios y del país, el “Chino” aplicó de manera incluso más drástica las recetas de cambio. Tras el duro ajuste de precios, en 1991 se inició el proceso de privatización de las empresas públicas para generar recursos para las arcas fiscales, en el que la venta de la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) fue la más emblemática, por el pago que Telefónica ofreció: más de US$2,000 millones por una empresa a todas luces ineficiente y que para muchos no valía nada. Fue un monto nunca antes visto; el stock de inversión extranjera directa, medido como capital social de las empresas, era de apenas US$1,280 millones en aquel momento, por lo que se triplicaba de golpe, y España, de donde era oriunda Telefónica, pasaba del anonimato a convertirse en el principal origen de las inversiones en el país, representando más de 60%.
Entre 1994 y 1999, durante la gestión de Fujimori, las principales inversiones que arribaron al país se dieron por las privatizaciones y por la llegada de bancos orientados a la banca de consumo, que apostaban por un crecimiento de la economía peruana y, por ende, de la capacidad de gasto de los peruanos. Las crisis asiática y rusa, en 1997 y 1998, respectivamente, generaron una recesión que en nuestro país duró hasta el 2001, año en el que Fujimori ya había huido y Valentín Paniagua lo había reemplazado. Sin embargo, las crisis, tanto la económica internacional como la política local, no alejaron a los inversionistas foráneos. En promedio, desde 1994 hasta el 2001, el stock de inversión extranjera directa se incrementó a razón de US$1,000 millones al año.
Fue recién a partir del 2001 cuando se inició una nueva etapa de crecimiento en el país, marcada por un escenario diferente: Toledo ya no tenía empresas para vender y, por tanto, se optó por el esquema de apertura comercial; la era de los tratados de libre comercio estaba por empezar, y con ella la entrada masiva de inversión extranjera y local. Fue en el 2001 que se concretó la inversión más esperada, al entregarse los campos de gas de Camisea al consorcio Pluspetrol. Dejando de lado los cuestionamientos que puedan existir al proyecto (en lo concerniente a la exportación del recurso, sobre todo), este genera un gran aporte en términos de inversión: en la parte de exploración y explotación, se tienen compromisos por más de US$3,700 millones, mientras que en el transporte estos superan los US$800 millones y en la exportación se ha invertido más de US$1,800 millones adicionales, sin contar los ahorros que ha generado al país (ha reducido el déficit comercial de combustibles en más de US$500 millones al año).
Gracias a las inversiones para extraer el gas de Camisea, hoy el Perú puede pensar en montar un polo petroquímico con empresas de alto valor agregado, aunque, con otra visión de país, este paso podría haberse iniciado años atrás y sus beneficios ya se sentirían hoy, sobre todo en el sur del país, que es donde el candidato que más temores despierta tiene la mayor aprobación. A la fecha, existe el interés de varias empresas y la propuesta en firme de Nitratos del Perú, empresa del grupo Brescia con la chilena Sigdo Koppers, que es por ahora la única de su tipo con un contrato de provisión de gas y que prevé invertir US$700 millones en el proyecto de una planta de amoníaco y otra de nitrato de amonio en Pisco.
El gas también ha servido para promover el desarrollo de electricidad, y la ciudad de Chilca ha sido la receptora de todas las inversiones (más de US$1,200 millones). Para finales de este año, el polo energético de Chilca debería contar con una capacidad de producción de más de 3,000 MW, la más alta de todo el país, con plantas de generación térmica de Kallpa, Enersur, Termochilca y Fénix. Y ello sin contar a la central de Ventanilla, de Endesa, que fue construida mucho antes de que se empezara a extraer el gas, y que genera 300 MW adicionales.
Pero eso no es todo lo que ha traído Camisea. Muchas de las grandes empresas industriales se han beneficiado con ahorros significativos en combustibles al migrar al gas y abandonar insumos contaminantes como carbón y petróleo residual. Entre las primeras en apostar por el gas han estado Cementos Lima, Celima, San Lorenzo, Owens Illinois, Sudamericana de Fibras y Alicorp. Y en la actualidad, los beneficiados se han multiplicado. A las grandes empresas se les han sumado empresas más pequeñas de San Juan de Lurigancho, Lima Industrial, El Agustino, San Martín de Porres, Lurín y Ventanilla. Además, también se han beneficiado los transportistas, incluyendo al transporte privado; ya se ha convertido más de 100.000 vehículos para uso de gas natural y se espera llegar a 350,000 a finales del 2015. Y es cada vez mayor el número de personas que cuentan con gas en su casa y ahorran hasta 40% en sus consumos de electricidad. Este año, de acuerdo con Cálidda, se instalarán unas 24,000 conexiones para llegar a las 57,000 viviendas conectadas, y para el 2015 se está evaluando modificar la meta de 90,000 por la de 200,000, siempre y cuando el Estado acepte incrementar los subsidios (limitados por ahora a 50,000 usuarios).
Y si bien los beneficios del gas se han circunscrito a Lima, hay un compromiso firme de parte de Kuntur de tender una tubería para llevar el gas a las ciudades de Juliaca, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, un proceso que también pudo haberse iniciado antes si el Estado y las empresas hubiesen tenido la visión de que era necesario difundir los beneficios de la inversión privada a más zonas y más población del país. Kuntur acaba de ser adquirida por la brasileña Odebrecht (51% del accionariado), empresa que tiene una alianza con su connacional Petrobras para la provisión del gas desde el Lote 58 (ajeno a Camisea), para así viabilizar el proyecto del gasoducto. La inversión ascenderá a US$3,000 millones y le permitirá a Odebrecht, a través de su subsidiaria Braskem, acceder a una fuente de gas para montar una planta petroquímica adicional a la de Nitratos del Perú. En tanto, Pro Inversión maneja un proyecto para llevar el gas hasta Trujillo (cubriendo previamente las ciudades de Ayacucho, La Oroya, Huancayo y Chimbote), y ya se ha entregado la distribución del gas en Pisco a Congas, empresa que ha iniciado el tendido de redes primarias.
Las inversiones en su apogeo
Al hablar de inversiones, lo más común en el Perú es mencionar a las mineras, pues por la envergadura de sus proyectos involucran sumas muy altas. Desde 1992 hasta el 2010, las inversiones en el sector han llegado a US$19,000 millones, y han sido los proyectos de Antamina (US$2,200 millones), Cuajone (US$1,600 millones) y Yanacocha (US$1,500 millones) los de mayor envergadura ejecutados entre 1994 y el 2004. A este trío habría que sumarle el desarrollo de Pierina, que si bien generó una inversión de menor envergadura (US$400 millones), trajo al Perú a Barrick, la empresa aurífera más grande del mundo en operaciones de tajo abierto y permitió, junto a Yanacocha, colocar al país entre los principales productores de oro del mundo (antes de ellas, básicamente el Perú destacaba en cobre) y aplicar no solo técnicas más modernas de producción, sino de relacionamiento con su entorno. Áncash, en donde se ubican Pierina y Antamina, es posiblemente el departamento en el que, sin que hayan desaparecido del todo los problemas, existe una mayor empatía entre empresas mineras y población. Dichas mineras han sido las mejor gestionadas en este aspecto hasta ahora.
Al igual que en el caso de Camisea, la inversión realizada por dichas empresas, que en su momento se consideraba enorme, fue el punto de inicio de cosas mucho más grandes. Su inversión generó la confianza que requerían otros inversionistas y lo que está por venir será mucho más impactante, pues para los próximos seis años se ha previsto inversiones en ese campo por más de US$35,000 millones (casi el doble de inversión en la mitad del tiempo de la primera oleada de mineras). Y eso que el Perú cada año ha ido perdiendo competitividad en este campo, producto de los conflictos sociales y de los posibles nuevos impuestos a sus sobreganancias, independientemente de si estos son necesarios o no. Los proyectos más grandes serán Las Bambas (US$4,000 millones), Pampas del Pongo (US$3,200 millones), Minas Conga (US$3,000 millones), Galeno (US$2,500 millones), Quellaveco (US$2,500 millones) y Toromocho (US$2,000 millones).
Y no solo se trata de las inversiones directas que realizarán las mineras en la extracción de minerales, sino de las transferencias que realizarán a las comunidades a través de compras a proveedores y de los pagos por canon (más de US$5,000 millones desde 1996). Además, si bien es la actividad más cuestionada del país, se ha convertido en la principal contribuyente y, por tanto, en la responsable de que se logre financiar gran parte del presupuesto nacional. De representar el 9% de la recaudación por impuesto a la renta en 1999, la minería fue incrementando su participación hasta llegar en el 2006 a más de 45%, porcentaje en el que se ha estabilizado desde entonces.
Pero, para no usar el ejemplo de las mineras, el otro gran destino de las inversiones en esta década han sido las obras de infraestructura de transporte, aquellas que el ciudadano común puede no solo apreciar, sino utilizar, y de las que se puede beneficiar. En transporte aéreo, por ejemplo, en febrero del 2001 se entregó en concesión el aeropuerto Jorge Chávez, el cual, gracias a una inversión de US$250 millones, se ha transformado en el mejor aeropuerto de la región, según las encuestas que las más reconocidas revistas realizan entre los viajeros frecuentes. Además de una apariencia moderna, cuenta con espacios ordenados (un terminal de carga formal, cámaras de refrigeración, espigones separados para transporte nacional e internacional, mangas de acceso, sistemas de seguridad, hotel y estacionamiento) y ha logrado incrementar el flujo de pasajeros y de carga, así como el arribo de líneas aéreas (es el único aeropuerto de la región que sirve de hub a dos aerolíneas regionales). Y, por si fuera poco, ante la fuerte demanda por el uso del terminal limeño, se ha previsto construir la segunda pista de aterrizaje. Una inversión que se realizará a pesar de que al Estado se le transfiere más de 30% de los ingresos; hasta el 2008, las transferencias superaban los US$ 460 millones.
Producto de los aportes realizados al Estado por Lima Airport Partners, concesionario del Jorge Chávez, se pudo ampliar al resto del país los beneficios que recibían los limeños, y entregar en el 2006 un primer paquete de aeropuertos regionales, el cual incluye a los principales aeródromos del norte y Pisco. A la fecha, la concesionaria ya realizó todas las obras de primer impacto (asegurar el buen funcionamiento de los aeropuertos) y se encuentra en la fase de entrega de los proyectos de ampliación de los terminales, asegurándose con el concesionario de que los aeropuertos cumplan estándares internacionales de servicio y calidad. Y aunque la gente olvida rápido, la situación del Jorge Chávez y de los aeropuertos del norte era calamitosa antes de las concesiones. De acuerdo con Leoni Roca, gerenta general de Aeropuertos del Perú, empresa que ganó la concesión, la situación en la que le entregaron los aeropuertos fue lamentable: “En Iquitos, abrías el caño y el agua salía negra y con coliformes fecales, pues se cruzaban las tuberías de agua y desagüe. En Cajamarca, se nos fue la luz por un cortocircuito y los aviones que estaban por bajar tuvieron que regresar pues se nos fueron los sistemas de radioayuda. Hemos tenido problemas en Tarapoto y en Pucallpa con los techos, que empezaron a hincharse. En Cajamarca, teníamos un techo soportado por un muro que tenía una inclinación de 17 grados”. Hoy todos esos problemas están resueltos.
Los aeropuertos del sur del país fueron los únicos que se mantuvieron en malas condiciones mientras los del norte se modernizaban, por la negativa de algunos gobiernos regionales, básicamente de Cusco, Puno y Arequipa, de incorporarlos en un segundo paquete para su concesión. Al final, recién el año pasado se pudo incorporar a los aeropuertos de Arequipa y Juliaca, y desde este año se están realizando las inversiones para dejarlos en condiciones aceptables de funcionamiento mientras se elaboran los planes de modernización de los mismos. El único aeropuerto que ha quedado al margen ha sido el del Cusco, ante el deseo de las autoridades regionales de que sea el de Chinchero, y no el de la capital regional, el aeropuerto que los conecte con el mundo. Este año, si nada extraño ocurre, se entregará la concesión para la construcción del nuevo terminal.
Paralelamente a la infraestructura aérea, se realizaron múltiples inversiones en redes viales. Así, Toledo fue el promotor de las carreteras de integración con Brasil. En el 2005, se entregaron tres de los cinco tramos del corredor del sur (IIRSA Sur, popularmente conocida como la Interoceánica Sur) y el corredor del norte (IIRSA Norte). La inversión en dichas obras ha superado los US$3,000 millones y ha permitido el acceso de muchos pueblos del norte y del sur del país al mercado nacional e internacional. La única red que está en proceso de concesión aún es la IIRSA Centro, cuyo primer tramo fue entregado hace unas semanas, y queda pendiente la construcción de un puente sobre el río Madre de Dios, en el caso de la IIRSA Sur, y de la concesión del puerto de Iquitos, en el caso de la IIRSA Norte (el puerto de Yurimaguas, que complementa el mecanismo multimodal de la vía, acaba de ser entregado), para que ambas carreteras operen al 100% de su capacidad.
Además de las IIRSA, se ha entregado en concesión la Red Vial Nº5, tramo de la Panamericana que une Ancón con Pativilca; la Red Vial Nº6, tramo de la Panamericana que une el Puente Pucusana con Ica; la Red Vial Nº4, tramo de la Panamericana que une Pativilca con Trujillo; y la Autopista del Sol, tramo de la Panamericana que une Sullana con Trujillo. En total, hay más de US$1,000 millones entre inversiones ya ejecutadas y compromisos de inversión. Dinero que servirá no solo para garantizar una vía en buen estado, sino también para convertir a la Panamericana en una autopista moderna con intercambios viales y evitamientos que mejoren la vialidad y reduzcan los tiempos de transporte.
Veamos ahora el caso de los puertos. Tras la nefasta intervención del Congreso para limitar los procesos de concesión en 1999, luego de que se concesionara el terminal de Matarani, fue poco lo que se pudo avanzar. Recién en junio del 2006, con la construcción de un puerto nuevo (el Muelle Sur del Callao), se pudo evitar el escollo congresal. La competencia generada al Callao por Dubai Ports, concesionario del Muelle Sur, ha sido el motor para promover un esquema de participación privada en el resto del puerto (hoy denominado Muelle Norte), que fue entregado a APM Terminals, y en otros puertos regionales, como el de Paita, que el año pasado fue entregado a un operador privado. Las inversiones y compromisos en los tres puertos suman poco más de US$ 900 millones, pero, más importante que ello, facilitan el comercio internacional del país. Hasta antes del Muelle Sur y de la modernización del Muelle Norte, el Callao, a pesar de ser el mayor puerto del Pacífico Sur, carecía de grúas, de puerto y forzaba a los barcos a traer sus propias grúas con el consiguiente sobrecosto y demora en la carga y descarga de mercaderías. Solo el Muelle Sur reduce en US$ 180 millones al año los sobrecostos portuarios a los exportadores e importadores.
En la actualidad, existen además anuncios por más de US$1.100 millones para la construcción de terminales portuarios nuevos en Chancay (multipropósito), en Ancón (contenedores) y Vegueta (granos y minerales). Los dos últimos, iniciativas del grupo Romero, enfrentan un cuestionamiento muy duro por parte de los pobladores, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuál será su destino final.
De espaldas a la población
Si bien en su mayoría los proyectos de inversión generan beneficios económicos para las poblaciones en las que se ejecutan (a través de reducción de costos o de generación de empleos), no siempre hay una empatía entre los pobladores y las empresas. Y ello ha quedado de manifiesto con el último proceso electoral, en el que los candidatos que se vinculaban a los empresarios (PPK, Castañeda y Toledo) quedaron muy lejos en las zonas beneficiadas por la inversión privada. En Ica, por ejemplo, en donde los agroexportadores, que parecían poco cuestionados, se ufanan de haber generado el pleno empleo y con ello haber mejorado las condiciones de vida de la población, Humala se alzó con la victoria con 31% de los votos válidos, seguido por Fujimori, con 28%. Igual ocurrió en el valle de Virú, en la Libertad, en donde Humala arrasó con 37% y Fujimori se quedó con 33%. Y lo mismo se puede decir de las azucareras: en el caso de Laredo, Humala y Keiko empataron con 33% cada uno, mientras que en Pomalca, en donde los Oviedo juran que han logrado un cambio, 35% de los electores votaron por Humala. En Casa Grande, propiedad del grupo Gloria y buque insignia de la modernización del sector azucarero, 44% de los pobladores apoyaron a Humala y 22%, a Fujimori.
Al tomar ejemplos de minería, las cosas no mejoran. Salvo Antamina, ubicada en San Marcos, Áncash, en donde Toledo ganó por su origen (es de la sierra de Áncash), en el resto de casos se produjeron victorias de Humala. En el caso de Southern, la mina más tradicional del país, en el distrito donde se ubica su fundición de Ilo se impuso Humala con 47%; en el del yacimiento de Cuajone, logró 53%; y en el de Toquepala, 59%. Para el caso de Shougang, ubicado en Marcona, el resultado fue 41% a favor de Humala, mientras que en el caso de Yanacocha, el resultado favorece a Fujimori, con 36% contra 21% de Humala. En zonas de mineras con menos conflictos, como Xstrata, que aún se encuentra en fase preoperativa en Las Bambas, tampoco hay buenos resultados; en Cotabambas, donde se ubicará el proyecto, Humala obtiene un aplastante 76%.
¿Son culpables las empresas de su actual situación de incertidumbre? Ellas creen que no, y culpan al Gobierno por su falta de presencia en las zonas en las que se ubican las inversiones más importantes. El ascenso a finales de marzo de PPK en las encuestas, de otro lado, les hizo olvidar momentáneamente los problemas de apoyo popular que enfrentan y les permitió creer —o soñar— incluso que, por primera vez en la historia reciente, tendrían a un candidato de su entorno (del mundo empresarial) de presidente, por lo que decidieron plegarse a él, dejando de lado a Toledo y Castañeda. Su seguridad en que al Perú no lo paraba nadie esta vez les hizo olvidarse de Humala, que los había asustado en el 2006 y cuya votación crecía a tasas mayores que las de PPK. “Incluso si llega a pasar a Humala —se decía en los directorios de las empresas hasta marzo—, las encuestas dicen que todos los demás candidatos le ganan y es imposible que pasen Humala y Keiko juntos”. En abril, las encuestas ya eran diferentes y era claro que si no había alianza entre Toledo, PPK y Castañeda, se quedarían fuera los tres, pero ya era tarde para que alguno de ellos cediera, y los resultados son los ya conocidos.
Pero no todos los empresarios andan asustados. Si bien los inversionistas europeos, japoneses y estadounidenses, que son los de mayor presencia en el país, han sido los primeros en detener sus decisiones de inversión ante el temor de que Humala llegue al poder, “un gobierno como el suyo es atractivo para inversionistas brasileños y chinos, que son más propensos a meterse en este tipo de coyunturas”, señala el analista de una reconocida consultora local. La existencia de este grupo, sin embargo, no compensa la salida del resto. En la última encuesta que realizó Apoyo Consultoría entre los asistentes a su SAE en abril (al día siguiente de la primera vuelta), solo un 11% indicó que aceleraría sus inversiones, de poco más de 30% que respondieron que lo harían un mes antes. Ese ha sido el peor resultado hasta ahora alcanzado, comparable solo con el que se tuvo en septiembre del 2008 con la caída de Lehman Brothers y el inicio formal de la crisis internacional.
Aferrándose a Fujimori
Ante la pregunta: “¿Quién ganará la segunda vuelta electoral?”, planteada por Apoyo Consultoría a ejecutivos de las principales empresas del país, 74% de los encuestados aseguran que será Keiko Fujimori. Las últimas encuestas, publicadas el domingo 15 de mayo, aún muestran un empate técnico, pero un grupo significativo de empresarios ya han empezado a alinearse detrás de Fujimori y a aportar a su campaña. Y es que en el empresariado están seguros de que en un gobierno de Fujimori no habrá cambios dramáticos en términos del modelo económico, pues esperan que sea similar al de su padre. Ello por más que su plan de gobierno muestre vacíos preocupantes.
“Las mineras, por ejemplo, deben tener claro que con Keiko, e incluso con PPK, tendrían que sentarse a negociar una mayor tasa impositiva”, resaltan en otra consultora local. Lo cierto, por ahora, es que si bien no se puede afirmar que las inversiones están detenidas (ningún inversionista lo quiere aceptar públicamente), ese sería el caso, salvo por algunas excepciones, como la de APM Terminals, que ha pedido a Pro Inversión acelerar el proceso de la firma de sus contratos de concesión por el Muelle Norte para antes del 5 de junio, de tal forma que el próximo gobierno no los pueda objetar. Igualmente, aun cuando hay una fuerte amenaza a las mineras y petroleras por parte de Humala, el grupo Sandoval ha decidido, a través de Talma, incursionar en el manejo de terminales aéreos de este tipo de compañías. La cercanía de Sandoval al grupo más íntimo de Fujimori explicaría su optimismo.
El susto que se han llevado las empresas en esta elección aún no pasa y es mucho mayor que el del proceso anterior. Solo queda esperar por los resultados. Si Keiko Fujimori sale electa, se tendrá que promover que el crecimiento económico llegue a más gente para que las propuestas empresariales tengan quien las defienda. Pero, más aun, se tendrá que tener una estrategia para enfrentar los conflictos sociales que se presentarán, sobre todo en aquellas zonas que vienen apoyando a Ollanta Humala ya durante dos elecciones. Todo un reto para el fujimorismo, que si a algo no está acostumbrado es a lidiar con conflictos sociales, y mucho menos con oposición en el Congreso.
Si sale elegido Humala, habrá que estar atentos para que se mantengan las políticas de libre mercado y rechazar y protestar ante el primer intento de estatización que pueda producirse si no se cumple con las promesas presentadas al final. Pero Humala enfrentará también fuertes presiones sociales, pues las expectativas que ha generado respecto a que él representa un cambio, difícilmente podrán ser cumplidas en el corto plazo si en verdad su intención es respetar las promesas de la segunda vuelta.
En cualquiera de los dos escenarios, será necesario que los empresarios pongan más atención a los cambios que se requieren para que los beneficios del crecimiento lleguen a más personas. Es un ejercicio que hay que hacer hoy más que nunca. ¿Serán los empresarios capaces de promover estos cambios una vez pasado el temporal, y dejar de poner sus inversiones en una ruleta rusa? Solo ellos lo saben.