El Vaticano denunciado por Mincione
Antes de que Raffaele Mincione fuera acusado por El Vaticano, el 2022 presentó su propia acción legal contra la Santa Sede en Londres, solicitando al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales una reparación declaratoria contra la Secretaría de Estado y pidiendo a los jueces que dictaminaran que “actuó de buena fe” en sus relaciones con El Vaticano.
Los abogados de Mincione en el Reino Unido argumentan que el proceso judicial contra él en Roma es un intento de la Santa Sede de anular la compra del edificio en el número 60 de la avenida Sloane a Mincione, por el cual El Vaticano pagó un total de 350 millones de euros y lo vendió con pérdidas de más de 100 millones.
Detrás de su condena, Mincione dijo a The Pillar, que había un intento de El Vaticano para recuperar sus pérdidas financieras al vincularlo a la condena de funcionarios y asesores corruptos de El Vaticano sin activos que confiscar.
Si su queja ante el Relator Especial de la ONU se toma en serio, podría conducir a una respuesta diplomática que golpee uno de los pocos puntos de presión de la Santa Sede: su estatus como observador permanente en las Naciones Unidas.
La Relatora Especial, la jurista estadounidense Margaret Satterthwaite, reside en Ginebra, donde se encuentran muchas de las oficinas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Su oficina tiene el mandato de monitorear la independencia judicial y los abusos de derechos humanos relacionados y comunicarse directamente con los estados con respecto a las infracciones denunciadas.
Fuente: ThePillarCatholic.com
Tribunales Reales de Justicia, The Strand, Londres. Crédito: sjiong/CC BY-SA 2.0
Se abre el juicio en Londres en el caso Mincione versus Vaticano
Por ThePillarCatholic.com
Comenzaron las audiencias en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, en una demanda presentada por Raffaele Mincione contra la Secretaría de Estado, en la que el gestor de inversiones pide a los jueces que determinen que actuó de “buena fe” en sus relaciones con el Vaticano.
A medida que avanza el juicio, los abogados de la Secretaría se han quejado de que varios testigos materiales “no están disponibles” para ellos, pero confirmaron que el arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto de la secretaría del Vaticano, subirá al estrado.
La demanda, presentada por primera vez por Mincione en 2020 mientras estaba bajo investigación criminal en la Ciudad del Vaticano, tardó años en llegar a juicio y se produce tras su condena por delitos financieros por parte de un tribunal del Vaticano en diciembre del año pasado, en la que fue condenado a más de cinco años de prisión y fue parte en un decomiso de bienes colectivos por valor de cientos de millones de euros.
Mincione, que administró cientos de millones de euros en fondos del Vaticano desde 2013 hasta 2018, está buscando una reparación declarativa del tribunal, un fallo judicial que indica que actuó de “buena fe” en sus tratos con la Secretaría.
El Vaticano se separó de Mincione en 2018, y la secretaría perdió el saldo de su inversión con el empresario, al tiempo que pagó millones en multas por retiro anticipado de su inversión, a cambio de la propiedad de un desarrollo inmobiliario en Londres.
Ese edificio, cuya adquisición desencadenó una investigación penal y un juicio que duró años en la Ciudad del Vaticano, fue posteriormente vendido por la Secretaría de Estado con una pérdida de más de 100 millones de euros.
La eventual decisión del tribunal de Londres en el caso podría resultar una especie de voto de confianza internacional en el extenso juicio del Vaticano, cuyas audiencias de apelación están programadas para comenzar el próximo mes.
Mincione presentado anteriormente quejas contra su condena, y lo que dice son infracciones contra su derecho al debido proceso, ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.
Tratos de ‘buena fe’
En una declaración a los medios, Raffaele Mincione dijo que estaba “encantado de que estos procedimientos en Inglaterra finalmente estén en marcha” y que esperaba ver sus tratos con el Vaticano “examinados por un sistema judicial independiente y respetado internacionalmente”.
Rafael Mincione. Foto de archivo del Pilar.
Mincione ha cuestionado repetidamente la probidad del juicio en la Ciudad del Vaticano en el que fue condenado en diciembre pasado, y anteriormente le dijo a The Pillar que fue convertido en chivo expiatorio por la incompetencia institucional y la corrupción dentro de la Secretaría de Estado.
En una entrevista en noviembre pasado, Mincione también afirmó que varias ofertas para cooperar con la fiscalía de la Ciudad del Vaticano fueron rechazadas, y señaló que fue acusado (y finalmente condenado) de “malversación” de fondos del Vaticano al tomar para inversión dinero que, según la ley del Vaticano, no estaba disponible para ese propósito.
Mincione presentó en cartas judiciales firmadas por sucesivos Secretarios de Estado afirmando que la inversión con él era legal según la ley del Vaticano. Los fiscales de la Ciudad del Vaticano argumentaron, con éxito, que esas afirmaciones fueron el resultado de que los cardenales recibieron consejos deliberadamente engañosos de funcionarios de la secretaría, incluido el cardenal Angelo Becciu.
Mincione presentó la demanda en Londres en junio de 2020, mes en el que Gianluigi Torzi, uno de sus presuntos cómplices para defraudar a la secretaría, fue arrestado en la Ciudad del Vaticano y mientras estaba activa una orden del Vaticano para el arresto de Mincione.
Ese mismo mes, los medios oficiales del Vaticano calificaron la gestión del dinero del Vaticano por parte de Mincione de “especulativa y de interés propio”, y Mincione presentó una demanda en Londres buscando que se dictaminara que actuó de “buena fe” en sus tratos con la secretaría, alegando que el Vaticano buscaba deshacer su acuerdo con Mincione sobre la propiedad de Londres.
Sin embargo, en los argumentos de la defensa ante el tribunal del Reino Unido, los abogados de la secretaría dejaron claro que no hubo tal intento de anular la transacción. En cambio, señalaron, el caso de Mincione había sido litigado en su totalidad en la Ciudad del Vaticano, donde ya ha sido condenado.
Según los abogados de la Secretaría de Estado, los jueces de Londres deben considerar no solo los detalles de la separación de Mincione de las inversiones del Vaticano en 2018, que han resultado en numerosas acusaciones y cargos penales de fraude contra múltiples partes, sino también los inicios de la relación comercial entre los Vaticano y Mincione, que se remontan a 2012.
Al afirmar que actuó de “buena fe”, Mincione dijo a The Pillar el año pasado que otro cómplice ahora condenado, Enrico Crasso, se le había acercado en 2012 para guiar una inversión de la Secretaría de Estado en una empresa petrolera angoleña. empresa propuesta por el cardenal Becciu.
Según Mincione, su empresa realizó la debida diligencia sobre el acuerdo, concluyó que era financieramente inviable y esencialmente pretendía abandonar el trato.
Pero los abogados de la Secretaría de Estado dicen lo contrario.
Argumentan que después de que Crasso presentó a Mincione al Vaticano, Mincione inicialmente defendió la solidez del plan, tanto a través de su empresa como personalmente, y creó un fondo a través del cual dirigir la inversión de la secretaría de más de 200 millones de dólares.
Sólo después de que se creó el fondo y el dinero del Vaticano fue depositado en la empresa de Mincione, argumenta la secretaría de abogados, cambió la visión de Minionce sobre el proyecto de inversión angoleño, con una nueva determinación de que todo el proyecto era inviable.
Los abogados dicen que fue una especie de trampa.
“Esto fue particularmente complicado”, argumentaron los abogados de la secretaría, “porque la gran mayoría de este dinero se había obtenido a través de líneas de crédito que debían ser administradas. Fue por esta época que [la empresa de Mincione] comenzó a presentar la ‘oportunidad’ de invertir en la propiedad [de Londres] a la Secretaría de Estado”.
Los abogados de la secretaría explican que para reunir su participación de 200 millones de dólares en Mincione para el proyecto angoleño, la secretaría “tomó dinero prestado tomando líneas de crédito de dos bancos (Credit Suisse y Banca Svizzera Italiana), con valores depositados como garantía”.
Los abogados del Vaticano sostienen que debido a que el dinero provenía de líneas de crédito de alto interés, tenían una necesidad imperiosa de invertir el dinero inmediatamente después del colapso del proyecto angoleño, algo que Mincione entendió y explotó efectivamente.
En términos más generales, esa línea argumental también representa una importante concesión fáctica por parte de la Secretaría de Estado.
El origen del dinero, que se presentó en forma de líneas de crédito tomadas en préstamo contra activos depositados en Credit Suisse y BSI y ocultadas ilegalmente en los libros de contabilidad departamentales, se informó por primera vez en 2019.
Esos informes fueron negados repetidamente por altos funcionarios del Vaticano, incluido el cardenal Angelo Becciu, quien los calificó de “falsos”, “engañosos” y “vergonzosos”.
Ahora, los abogados de la Secretaría de Estado argumentan que la fuente de los fondos de inversión del Vaticano fue clave para la capacidad de Minione de redirigir rápidamente su inversión hacia sus propios proyectos, incluido el edificio de Londres.
El valor realista de mercado de esa propiedad es otro punto controvertido en la demanda sobre la “buena fe” de Mincione.
Cuando la Secretaría de Estado desvió la totalidad de su participación de 200 millones con Mincione hacia otros proyectos propuestos por él, la inversión fundamental fue el edificio londinense del número 60 de Sloane Ave.
La participación del Vaticano en el edificio era del 45%, valorada en 180 millones de euros: una suma más de la que Mincione pagó por todo el edificio solo dos años antes y casi tanto como lo que el Vaticano pudo obtener cuando finalmente vendió todo el edificio en 2021.
El equipo legal de Mincione sostiene que entre tanto y durante su administración de la inversión del Vaticano, el valor del edificio fue revaluado continua e independientemente y la participación de la secretaría era un valor justo en el floreciente mercado inmobiliario de Londres de la época.
Los abogados de la secretaría argumentan que no había “ninguna base justificable” para el valor presentado al Vaticano, y que las empresas de Mincione “ya tenían un historial de intentar presionar a los tasadores u obtener valoraciones que claramente no tenían una base sólida. “
Mincione también utilizó fondos del Vaticano para invertir en sus otros negocios y proyectos. Dio a sus empresas préstamos sin penalización, mientras que al mismo tiempo cobró al Vaticano millones de euros en honorarios de gestión y rendimiento.
El año pasado le dijo a The Pillar que los bonos de su propia empresa que hizo comprar al Vaticano eran su forma de conseguirle al Vaticano algún rendimiento financiero sobre la parte de los 200 millones de fondos que no había asignado a otros proyectos de inversión, allá por 2013. Mincione señaló que el efectivo no invertido básicamente perdió valor, ya que las tasas de interés eran cercanas a cero y superadas por la inflación.
Falta de testigos
La clave del caso de la Secretaría de Estado, en el que los abogados instan a los jueces a no conceder la declaración de “buena fe” solicitada por Mincione, es que sus abogados no pueden citar suficientes testigos para que los jueces lleguen a una conclusión sólida.
Los abogados argumentan que casi cualquier persona con conocimiento de primera mano sobre la situación ha sido condenada por fraude u otros delitos.
“La principal prueba oral que se podía esperar que se presentara no está a disposición de la Secretaría de Estado porque las personas que esperaban haberla presentado estaban defraudando a la Secretaría de Estado, ya fuera desde dentro o desde fuera”, afirman los abogados del Vaticano. argumentó en presentaciones judiciales.
En concreto, el equipo jurídico de la secretaría describe como testigos materiales clave al cardenal Angelo Becciu, quien como sustituto arregló y aprobó toda la inversión con Mincione, a Enrico Crasso, el banquero y más tarde director de inversiones de la secretaría, y a Fabrizio Tirabassi, un laico que trabaja en la secretaría. oficinas administrativas a lo largo de los años en cuestión. Los tres fueron declarados culpables por un tribunal del Vaticano de delitos financieros y sentenciados a largas penas de prisión.
Becciu, afirman además los abogados del Vaticano, “no está disponible para la Secretaría de Estado y no es considerado un testigo de la verdad, lo mismo ocurre con el señor Tirabassi”.
En cambio, los abogados de la secretaría argumentan que el único testigo material de que disponen es el arzobispo Edgar Peña Parra, quien sucedió a Becciu como sustituto en la secretaría en 2018 y quien ordenó la terminación inmediata de la inversión con Mincione.
Los abogados del Vaticano dicen que Peña Parra podría tener un valor limitado como testigo.
“Él acababa de asumir su cargo en el momento de la ‘transacción’”, dijeron los abogados, “y su conocimiento de los hechos previos a la misma era limitado”.
Arzobispo Edgar Peña Parra. Crédito: Kudmot/CC BY-SA 4.0
A pesar de esa afirmación, es probable que Peña Parra enfrente un intenso interrogatorio cuando comparezca ante el tribunal, y su testimonio tendrá lugar la próxima semana.
Anteriormente, el arzobispo había sido mordaz sobre la forma en que se dirigía su propio departamento, mientras él mismo admitió ante un tribunal del Vaticano haber ordenado represalias extralegales contra funcionarios bancarios que se negaron a prestar a la secretaría grandes sumas de dinero a tasas favorables.
La decisión de Peña Parra de poner fin anticipadamente a la inversión de la secretaría en Minicone resultó en sanciones contractuales masivas para el Vaticano, que le costaron millones.
Según los términos del acuerdo de separación, la Secretaría de Estado compró la parte restante del edificio de Londres, renunció a su inversión restante en el Athena Global Opportunities Fund de Mincione, pagó 40 millones de euros adicionales en multas a Mincione a través de Athena y asumió un 150 Hipoteca de millones de euros sobre el inmueble.
Posteriormente, el Vaticano vendió el edificio con una pérdida de más de 100 millones de euros.
Mincione dijo anteriormente al tribunal del Vaticano que la Secretaría de Estado entendía los términos del fondo en el momento en que invirtió en él , que había equilibrado la cartera de inversiones del fondo para minimizar el riesgo y que la secretaría habría ganado dinero si hubiera cumplido con los términos iniciales del acuerdo.
Mincione ya había proporcionado previamente un informe de auditores independientes que encargó para examinar sus inversiones con dinero del Vaticano.
Ese informe, compilado por PwC, encontró que el Vaticano podía ganar dinero con la gestión de Mincione.
Curiosamente, aunque los abogados de la secretaría hicieron referencia repetidamente al papel central de Monseñor Alberto Perlasca al caso, no está previsto que comparezca como testigo.
Perlasca sirvió como adjunto del cardenal Becciu durante el mandato del sostituto y los tratos del Vaticano con Mincione. Los documentos presentados ante el tribunal, así como los abogados de ambas partes, reconocen el papel clave de Perlasca en los negocios financieros de la secretaría, al que se le concedió poder para aprobar acuerdos y mover dinero en nombre del Vaticano.
Perlasca fue objeto de críticas especiales por parte de Peña Parra en un memorando presentado al tribunal del Vaticano, en el que el nuevo sostituto describió a su diputado heredado como responsable de bloquear el escrutinio financiero de los asuntos del departamento, cometiendo “errores graves” en el mantenimiento de registros, “inflando injustificadamente el valor de los activos administrados por la Secretaría de Estado” en casi un tercio, y mostró un patrón claro de aprobación de contratos que favorecen injustificadamente a los socios externos de la secretaría por encima de los intereses del Vaticano.
A pesar de esto, Perlasca no fue destituido de su cargo ni procesado por las autoridades vaticanas. En cambio, fue trasladado al Tribunal Canónico Supremo del Vaticano, donde fue nombrado fiscal adjunto hasta 2020, cuando la policía del Vaticano allanó sus oficinas como parte de la investigación sobre el escándalo de delitos financieros.
Después de esa redada, Perlasca se convirtió en el testigo estrella de los fiscales del Vaticano, ofreciendo testimonio contra sus antiguos colegas, incluido Becciu, y asesores externos de la secretaría como Crasso y Mincione.
Después de la conclusión del proceso penal del Vaticano, en el que Perlasca no fue acusado, a principios de este año fue reelegido para el tribunal del Vaticano en su cargo anterior.
A pesar del papel de Perlasca como testigo clave en el juicio de la Ciudad del Vaticano, y a pesar de su nuevo nombramiento para una oficina legal pública del Vaticano, los abogados de la secretaría dijeron al tribunal de Londres que no puede ser citado en el caso.
Aunque estuvo “involucrado en los hechos claves” del caso, fue “investigado por la [fiscalía del Vaticano] y de hecho prestó declaración en el Vaticano”, afirmaron los abogados de la secretaría, “ya no trabaja para la Secretaría de Estado y no está disponible para ella”.
Se espera que la supuesta imposibilidad de citar a un testigo clave de los hechos, cuyo testimonio fue decisivo para conseguir la condena de Mincione en la Ciudad del Vaticano, sea vigorosamente impugnada por los abogados de Mincione.
Una gran conspiración
De manera similar a la decisión de los fiscales del Vaticano en el juicio allí, los abogados de la Secretaría de Estado en Londres argumentan que Mincione fue parte de un esfuerzo coordinado de varios años de duración por parte de múltiples partes para extraer dinero del Vaticano.
Sin embargo, a diferencia del juicio del Vaticano, los abogados no buscan demostrar que Mincione necesariamente actuó de manera criminal o contractualmente ilegal. Más bien, el equipo legal de la secretaría está pidiendo a los jueces que rechacen la petición de Mincione de que se declare que actuó de “buena fe” en sus relaciones con el Vaticano.
La “buena fe”, argumentaron los abogados de la secretaría en su presentación inicial ante el Tribunal Superior, no es un término artístico con una definición legal establecida, pero la jurisprudencia de los tribunales ingleses ha establecido “ciertas expectativas de los requisitos mínimos”.
Para acceder a la petición de Mincione, argumentaron, tendrían que determinar que su conducta era, al menos, coherente con los “valores fundamentales” establecidos de honestidad y trato justo. “Las transacciones de mala fe no tienen por qué ser necesariamente deshonestas, pero pueden ser inapropiadas, comercialmente inaceptables o inapropiadas”.
Además de las circunstancias que rodearon el inicio de los negocios de Mincione con la secretaría, el caso también se centrará en el eventual fin de esa relación y cómo el Vaticano llegó a ser propietario absoluto del edificio de Londres.
La propiedad del edificio pasó a través de otro empresario, Gianluigi Torzi, condenado por extorsión y defraudación al Vaticano.
Contratado en 2018 por la Secretaría de Estado, bajo el mando del arzobispo Peña Parra, para gestionar adquisición del edificio en 60 Sloane Avenue, Torzi estructuró el acuerdo para que su holding registrado en Luxemburgo tomara propiedad del edificio, y luego él transmitir la propiedad del holding al Vaticano.
En cambio, después de tomar posesión del edificio, Torzi reestructuró las acciones del holding, pasando 30,000 acciones ordinarias a la Secretaría de Estado y reteniendo 3,000 acciones preferenciales para él, lo que le dejó en control total de la empresa y, por tanto, del edificio.
Los fiscales argumentaron en el tribunal del Vaticano que Torzi extorsionó a la Santa Sede por millones por la posesión de las acciones mayoritarias de la empresa, asegurándole en el proceso una audiencia papal en el Boxing Day para él y su familia.
El empresario ha argumentado, a través de sus abogados, que su reestructuración de las acciones fue aprobada por funcionarios de la Secretaría de Estado, incluido el cardenal Pietro Parolin, y que otros funcionarios de la secretaría intentaron sobornarlo, chantajearlo y amenazarlo para que les diera el control del edificio para su beneficio personal.
Los jueces de la Ciudad del Vaticano asignaron a Torzi una pena de seis años de prisión, además de una indemnización por daños y perjuicios.
Los abogados de la Secretaría de Estado en Londres argumentaron el miércoles que “Torzi y Mincione estaban trabajando juntos en su propio interés con miras a extraer dinero de la Secretaría de Estado”.
“Su caso principal es que se trató de un fraude”, argumentaron, “y de declaraciones falsas hechas por el Sr. Mincione. Como mínimo, eso significa que [Mincione y sus empresas], en particular el Sr. Mincione, no estaban actuando de buena fe”.
La relación y los negocios de Torzi y Mincione han sido muy discutidos, tanto en el tribunal del Vaticano como en los informes de los medios.
Antes de que Torzi fuera designado por el Vaticano para actuar como su intermediario en el acuerdo de Londres en 2018, Mincione tomó prestados decenas de millones de euros de empresas pertenecientes a Torzi contra el valor de las acciones de un banco italiano, Banca Carige, en el que Mincione está tratando de adquirir una participación mayoritaria. Luego la adquisición fracasó, el valor de las acciones se desplomó y con él la garantía de los préstamos de Torzi.
Mincione también invirtió el dinero del Vaticano en productos de deuda invirtió el dinero del Vaticano en productos de deuda comercializados por Torzi, incluido un bono que involucra a una empresa con vínculos con la mafia y dos hospitales católicos bajo investigaciones de fraude en Italia.
Según Mincione, toda la relación comercial surgió tras un encuentro casual en un restaurante de Milán a finales de 2017. Afirma que Torzi estaba involucrado en un complicado plan para hacerse con el control del edificio, en el que participaban muchas otras partes, pero que Mincione era él mismo es tan víctima como la Secretaría de Estado.
El propio Mincione también ha presentado una denuncia penal contra Torzi ante un tribunal romano, alegando fraude a través de un bono vendido por Torzi que incluía deudas titulizadas emitidas por la empresa de gestión de instalaciones Esperia SpA, a la que se ordenó su liquidación forzosa por presuntos vínculos con una familia criminal de la mafia de la Camorra, en julio de 2018.
La narración de Mincione sobre sus tratos con Torzi, que en apenas 10 meses pasaron de una simple presentación de pasada a decenas de millones de euros en malas inversiones y a ambos hombres involucrados en el negocio inmobiliario del Vaticano en Londres, probablemente será objeto de un estrecho escrutinio por el tribunal de Londres.
La clave de los argumentos para ambas partes no será si Mincione y Torzi necesariamente conspiraron con intenciones criminales para defraudar a la secretaría, o incluso si Mincione actuó fuera de los requisitos de su contrato para gestionar las inversiones del Vaticano.
Más bien, Mincione ha pedido a los jueces que consideren su versión de los hechos y decidan si actuó de “buena fe”.
Ganó la derecha en Europa, pero …
Por Bruno de Ayala Bellido- Diario La Razón.
Nunca se imaginó el rey Pirro de Epiro que luego de la batalla de Heraclea (280 a.C.) su nombre sería utilizado para describir el hecho de ganar algo que al final sirve para muy poco. A esto se le llama Victoria Pírrica.
Las elecciones al Parlamento Europeo llevadas a cabo el último 9 de junio demostraron varias verdades: el crecimiento de la nueva derecha o derecha patriótica que está a favor de la Unión Europea, pero que a su vez exige cambios.
Entre otras cosas, la denuncia del nefasto “pacto verde” que está arruinando el agro y la ganadería en el viejo continente, mayor control a la desquiciante inmigración africana y del islam, una mayor independencia de los estados para la toma de decisiones de Bruselas (capital de la Unión Europea) y sus disparates social progresistas. Esta nueva derecha hace una cerrada defensa de la vida, la tradición, la familia, las fronteras seguras y la cristiandad.
En números, la suma de todos los votos de la derecha europea es mayor que la de la izquierda, que incluye socialistas, izquierda ultra, la “religión” ecologista verde y el progresismo zombi. Sin embargo, la centro derecha infectada de globalismo y filo progresismo, siempre temerosa, pacta como costumbre con la izquierda socialista, se convierte en gobierno y hace imposible los cambios que la mayoría reclama.
La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (socialcristiana), es una digna representante de esta derecha, así como Núñez Feijoo del Partido Popular de España. Todo lo contrario, ocurre con Giorgia Meloni de Fratelli d’Italia, Santiago Abascal de Vox España, André Ventura del partido político Chega de Portugal, y Geert Wilders del Partido de la Libertad en Holanda, entre otros, que sí están por una Europa unida, pero con cambios.
El efecto de estas elecciones se hace sentir muy fuerte en países como Francia, donde un representante de centro derecha funcional al globalismo como Emmanuel Macron se ha visto obligado a disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones.
Todas las boletas de triunfo se las lleva Marine Le Pen, una anti-Europa (otra vertiente de la derecha) que en su plataforma electoral propone la expulsión de los migrantes musulmanes. Duro trabajo le espera; hay distritos completos en París, por ejemplo, dominados por el islam y su ley, la Sharía, como en los países nórdicos. Esta situación es poco difundida por la prensa internacional, pero el mundo multicultural falló.
Fue una Victoria Pírrica, pero victoria, al fin y al cabo. Aunque la centro derecha les dé la espalda a sus electores y pacte para ser gobierno con la izquierda socialista, vamos a tener que esperar para desterrar esa lacra llamada progresismo y ver recuperar a Europa su libertad.
Mientras tanto, seguiremos viendo al social progresismo y su versión más renovada, el globalismo, bramando y defendiendo el terrorismo internacional, fomentando el aborto, inculcando la ideología de género y el feminismo disparatado, fomentando la lucha fútil entre el hombre y la mujer. Pese a ello, estos resultados dan esperanza. El futuro está virando a la derecha, a la razón. Ojalá el tiempo nos alcance.