El pleno del Congreso inhabilitó por 10 años a Inés Tello y Aldo Vásquez, integrantes titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por haber infringido la Constitución.
Por Jorge Luis Pinedo Barrera– Radio Programas del Perú.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió declarar la vacancia en el cargo de Inés Tello y Aldo Vásquez, luego de que el Congreso de la República decidiera el pasado 7 de marzo, mediante votación, inhabilitar por 10 años a ambos magistrados para el ejercicio de la función pública por haber infringido la Constitución.
El organismo constitucional autónomo, mediante dos resoluciones, dio cuenta sobre la medida contra Tello y Vásquez, quienes están impedidos de ejercer la función de miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Por tal motivo, la referida entidad determino declarar, a partir del 8 de marzo, la vacancia en el cargo de ambos letrados por “la causal establecida en el inciso h del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia” como consecuencia de la inhabilitación impuesta por la Resolución Legislativa Nº008-2023-2024-CR”.
Asimismo, se dispuso a oficiar al presidente de la Comisión Especial, a cargo del concurso público de méritos, para la elección de los suplentes que reemplazarán a los sancionados magistrados, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la JNJ.
Alejandro Soto dispone que procurador del Congreso denuncie a Inés Tello por tratar de “mantenerse ilegalmente” como miembro de la JNJ
El presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que ha dispuesto al procurador público del Parlamento realizar las denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales contra Inés Tello por tratar de “mantenerse ilegalmente” como miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
De esta forma, respondió a los oficios enviados por Inés Tello en los que solicitaba que se declare “inexistente” su inhabilitación, ya que se consideró “indebidamente” el voto de José Luna Gálvez, a pesar de que es integrante de la Comisión Permanente.
En la misiva, la abogada señaló que, en la votación del 7 de marzo, el pleno solo alcanzó 66 votos para aprobar la acusación constitucional en su contra y no 67. Al validarse la intervención de Luna, de Podemos Perú, prosperó la drástica medida.
Ante esta situación, Alejandro Soto invocó a los miembros de la Junta Nacional de Justicia “a que se cumpla de inmediato con lo dispuesto” por el Legislativo.
“Caso contrario, ellos también podrían ser pasibles de denuncia“, remarcó.
Por el caso de contratación de Richard Cisneros Carballido
Pleno aprobó resolución legislativa que acusa a Martín Vizcarra por varios delitos
El Pleno del Congreso aprobó con 83 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, la resolución legislativa que acusa al expresidente Martín Vizcarra Cornejo por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia agravado, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en calidad de autor; y de peculado doloso, como instigador.
En consecuencia, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la Fiscalía de la Nación para que procesa conforme a sus atribuciones y lo que dispone la Constitución Política, precisó el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón, quien condujo la sesión plenaria.
La acusación solo requería de 55 votos, es decir, la mitad más uno del total del número legal de congresistas, menos el total de los integrantes de la Comisión Permanente.
Antes, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, dio cuenta de que el pasado 6 de marzo Vizcarra Cornejo presentó por escrito sus descargos y su renuncia a la prerrogativa del antejuicio y, por lo tanto, su derecho a no concurrir a la sesión, hecho que la Mesa Directiva consideró injustificada.
La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones Soriano (APP), se encargó de la sustentación del informe final de la Denuncia Constitucional 196 (antes 451), que presentó la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, el 14 de octubre del 2021.
Sobre el particular Camones Soriano, en su condición de miembro de la comisión acusadora, dio detalles de cada una de las acusaciones de los presuntos delitos en los que habría incurrido el exmandatario, comprendido en el informe final aprobado por la Comisión Permanente el 15 de febrero pasado.
Indicó que ha sido demostrado que Vizcarra Cornejo si conoció a Richard Cisneros Carballido, proveedor que no tenía las condiciones requeridas para su irregular contratación, lo que habría sido coordinado con las ministras de Cultura de esa época.
Cisneros Carballido no habría cumplido también con los requisitos mínimos para prestar sus servicios y recibir el encargo de la custodia del bien del Estado.
Asimismo, dio cuenta de la denuncia contra las exministras de Cultura, Ulla Sarela Holmquist Pachas y Sonia Guillén Onneglio por la probable comisión de los delitos de peculado doloso y negociación incompatible, aunque esta parte de la acusación fue archivada al no encontrarse vinculación con los hechos acusatorios.
Fuente: Congreso de la República.