Por Aaron Salomón- Diario EXPRESO.
El dominical ‘ContraCorriente’ reveló el último fin de semana que dos editores centrales del portal izquierdista Wayka firmaron los planillones del Movadef, brazo político de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. El Movadef, como es de conocimiento público, pretende ingresar a la contienda política para amnistiar a terroristas. En su momento, por supuesto, demandó la excarcelación del extinto genocida Abimael Guzmán.
Pero a Wayka no le interesa que su planilla esté compuesta por presuntos “periodistas” que comparten la ideología asesina senderista. De ahí podemos entender su fanática defensa al golpista expresidente Pedro Castillo, vinculado al Conare-Sutep (brazo de Sendero en el magisterio), o a alias “Camarada Cusi”.
Es inaceptable que un país que ha sido desangrado por los terroristas de Sendero Luminoso permita que existan presuntos medios de comunicación que ensalcen a estos miserables asesinos. Deben ser proscritos, de inmediato, por respeto a las 70 mil víctimas mortales y a sus familiares. Como bien advierte el periodista Beto Ortiz, ¿acaso hay que esperar que existan polos con el rostro de Abimael -a lo “Che” Guevara- para detener todo esto?
Al periodismo serio le corresponde -y tengo entendido que así será- investigar quiénes patrocinan este portal filoterrorista, que no se sabe cómo puede mantener un staff de decenas de zurdos si no muestra ningún tipo de publicidad. Hallar al o los mecenas de esta página que solo escupe fake news es fundamental para conseguir su desaparición.
Ya salieron los zurdos oenegeros, como el inefable Glatzer Tuesta de IDL, a denunciar que existe una campaña de “terruqueo” contra Wayka. Eso solo demuestra que ellos también son fanáticos de Sendero. Anoten los nombres de todos estos “periodistas” filoterroristas, quienes deberían ser acusados de apología al terrorismo.

Operación Chavín de Huántar: allegados a Mindef mienten contra comandos héroes

Corte IDH y jueces peruanos negaron violaciones de DDHH, pero IDL insiste en que las hubo. ONG podría ser sancionada con nueva ley.

Por César Rojas- Diario EXPRESO.
Pese a que la justicia peruana y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron que no hubo una sola ejecución extrajudicial en el rescate de 72 rehenes del MRTA, hace 26 años, algunos personajes siguen difundiendo mentiras. Entre estos se ubican operadores políticos cercanos al polémico ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
Por ejemplo, la ONG Instituto de Defensa Legal acaba de publicar una furibunda editorial defendiendo al titular del Mindef, a quien se le mostró en un evento al lado de Gustavo Gorriti.
Sin embargo, este mismo grupo también ha publicado sistemáticamente mentiras para ensuciar el operativo Chavín de Huántar. Hace años hablaba de que los comandos tenían órdenes de matar a todos los terroristas, aunque estos se rindieran.
“Los asesinatos del Comando Chavín de Huántar en 1997”, se titula una artículo en el número 303 de su revista. La publicación es de hace menos de un año, e insiste en que hubo violaciones a los derechos humanos.
“Sigue siendo inmoral y vergonzoso que el presidente, el Congreso y los altos mandos de las Fuerzas Armadas no reconozcan que varias personas fueron ejecutadas extrajudicialmente”, escribe Mariella Villasante en el portal de IDL.
Cabe indicar que en los artículos de esta ONG, en ningún momento los autores llaman terroristas a los terroristas. Solo ponen este término en citas a otras personas, y optan por eufemismos como “subversivos”.
“Tito” murió peleando
Lo que se ha difundido poco es que no hubo siquiera un solo asesinato de un delincuente rendido. Esto se comprueba con la pericia de Derrick Pounder (especialista en medicina y activista por los DDHH reconocido a nivel mundial).
Hidetaka Ogura era una funcionario japonés que había sido rehén 126 días. Él fue rescatado, y meses después declaró que varios emerretistas habían recibido disparos cuando estaban arrodillados, y que había visto a Eduardo Cruz Sánchez, “Tito”, atado de manos, y que luego apareció su cadáver en el patio. Esto fue usado para empapelar a todos los héroes.
En el 2002, la falsa narrativa incluso contaba con el informe del arqueólogo José Pablo Baraybar (a la postre denunciado por ejercicio ilegal de la profesión por el Colegio de Antropólogos). También con el apoyo del entonces ministro de Justicia, Fernando Olivera, como registra el Lugar de la Memoria.
“El patrón lesional en las trece personas fallecidas dentro de la residencia en conjunto es semejante y conforme a lo que esperaría en un combate en espacios en una situación de rescate de rehenes (como los ambientes de la residencia del embajador Morihisa Aoki)”, detectó Derrick Pounder en su análisis.
Dentro de la investigación de la Corte IDH se estableció que “Tito” era el más fiero de los secuestradores, y que nunca se rendiría. Se evaluó su perfil psicológico, lo cual concuerda con la forma en que murió: intentando matar a más personas.
Incluso se mostró que Baraybar había omitido consignar que el terrorista no solo tenía un orificio de entrada y salida de bala en la cabeza, sino que ya tenía una alojada en el abdomen.
El disparo en el cráneo había sido a varios metros de distancia, lo cual descartaba uno a bocajarro. A esto se suma que tenía una correa con granadas de mano en su pecho, y que en el rigor mortis se evidenciaba que manejaba una cuando falleció. Todo apunta a que uno de los veinte francotiradores apostados fuera de la residencia lo abatió al ver que era un peligro.
Las mentiras de Baraybar, IDL y Aprodeh (ONG que encabezó la denuncia de homicidios, primero contra los comandos Chavín de Huántar, y luego contra supuestos (gallinazos) terminó plasmada en libros como “Sombras de un rescate”. El autor era el periodista David Hidalgo, quien se dejó sorprender por medias verdades.
Gorriti y Olivera
“El diagnóstico indica la presencia de un solo disparo en la nuca, y la muerte por shock. Se descubre que existe un patrón de hasta ocho disparos posibles en un mismo punto de la cabeza, lo que no podría darse de ninguna manera en esta situación de combate”, decía en el 2007.
En el 2015, la Corte IDH resolvió que no se había probado la existencia de ejecuciones extrajudiciales, pero que correspondía a la justicia peruana evaluar un último punto: los “gallinazos”.
Se llamaba así a un grupo de militares pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército. Algunos eran cercanos a Vladimiro Montesinos, como el coronel Roberto Huamán Azcurra, a tal punto que estuvieron implicados en corrupción con dinero del Estado durante los noventa.
Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial peruanos determinaron que los del SIN habían participado en tareas de espionaje, y que el día del rescate no usaron armas, sino solo un uniforme diferente al de la Patrulla Tenaz y equipos de filmación y grabación.
De esta manera, quedó claro que ni “Tito” ni algún otro terrorista había muerto luego de rendirse. Sin embargo, IDL, Aprodeh, Olivera, Baraybar, Hidalgo y otros sectores nunca se retractaron y menos pidieron perdón.
“Esperamos eso, ¿no? Y sobre todo que, ante la historia y a la luz de los hechos, está todo aclarado. Pero a veces la ideología te impide hacer eso. Cuando un medio de comunicación o un periodista está ideologizado, no admite. Por principio, no admite”, señala César Astudillo, quien participara del exitoso operativo.
Esta falsa narrativa incluso abunda en Internet. Constatamos esto cuando le consultamos al Chat GPT, la popular inteligencia artificial que debería ser capaz de distinguir entre las llamadas “fake news” y la verdad.
En un primer momento, esta nos indicó que existieron “graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la ejecución extrajudicial de algunos de los miembros del movimiento terrorista”.
Le contestamos que la justicia había determinado que no hubo ese tipo de crímenes, y entonces la IA hizo lo que Astudillo le exhorta a sus acusadores de antaño: admitir su error.
Ideologizados no admiten
“Mil disculpas, mi respuesta anterior fue incorrecta. En la crisis de rehenes del MRTA en la residencia del embajador de Japón en Lima no se produjeron ejecuciones extrajudiciales”, reconoció el Chat GPT.
Este episodio que podría parecer anecdótico, refleja que se siguen difundiendo acusaciones que llegan al punto de difamación contra quienes nos salvaron del terrorismo.
Cuando se redactaba esta nota, apareció otro personaje a repetir las falsedades de las ejecuciones extrajudiciales: Vladimir Cerrón, por medio de su cuenta de Twitter.
“El rescate de los rehenes de la embajada de Japón por el Comando Chavín de Huantar hubiera sido una operación históricamente impecable si no se hubiera ejecutado extrajudicialmente a los rendidos. La valla dejada por Miguel Grau aún no ha sido superada”, tuiteó.
Chat GPT sí se disculpa
Álex Segura, otro peruano que puso el pecho frente a las balas terroristas ese glorioso 26 de abril de 1997, le respondió al secretario general de Perú Libre.
“Voy a tener que bajar de nivel para responderle a ese miserable, y decirle que la ignorancia aparte de ser atrevida, es insultante. No me sorprende, pues los comunistas siempre han tratado de desacreditar a las Fuerzas Armadas, más aún cuando hay éxito en sus operaciones y en la tarea que cumple con la sociedad. Lo que dice Cerrón está totalmente desmentido. Está confirmado que no hubo ejecuciones extrajudiciales con una sentencia en la Corte Interamericana y en el país con el caso sobreseído”, aseguró.
Desmienten a Cerrón
Para evitar más casos de este tipo, donde se calumnia a peruanos valerosos, el congresista Alejandro Soto ha presentado una propuesta que terminaría de hacer justicia a nuestros héroes y a todo aquel imputado por crímenes que no cometió. Se modifica la Ley de datos personales, incorporando el derecho al olvido.
“De hallarse información en motores de búsqueda de internet o sistemas informáticos que hayan estado disponibles al público por un determinado tiempo, y que, habiendo sido ajustada a la realidad en su oportunidad, como consecuencia de nuevas condiciones fácticas y/o jurídicas relevantes, ya no lo es o no lo es plenamente, de modo tal que su difusión, ahora de contenido abiertamente inexacto, genera un perjuicio al titular de la información en particular, respecto del contenido de su derecho fundamental al honor y a la buena reputación; permite a la persona involucrada exigir su eliminación, supresión, o retiro de información relacionada con datos personales”, se señala.
Este derecho ya es reconocido en forma práctica por medios de comunicación serios como EXPRESO, así como en Europa, pero aún no ha sido desarrollado en nuestro continente. Sin embargo, nuestro Tribunal Constitucional se pronunció sobre este tipo de acciones en el Expediente 03041-2021-PHD/TC.
“Como todo derecho fundamental, el derecho al olvido también está sujeto a restricciones o limitaciones derivadas, esencialmente, de la necesidad de que sea armonizado con otros derechos o bienes constitucionales”, explicó esta institución.
Derecho al olvido
El portal jurídico La Ley también menciona otro antecedente cercano. La Dirección General de Protección de Datos Personales en la Resolución Directoral Nº026-2016-JUS/DGPDP, reconoció el derecho a borrar las informaciones de Internet cuyo fondo ya fue descartado.
“Confirmó la decisión con la que, en 2015, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales halló culpable a la empresa Google, ordenando así el bloqueo de los datos personales de un ciudadano en los motores de búsqueda y el pago de 65 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalentes a 250 mil dólares”, se informó.