Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, recibió duras críticas de la tribu de los políticamente correctos. La vocería de la neo-inquisición considera que se burló del físico de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Betzabé Chávez Chino, porque su discurso interpelatorio contenía frases con doble sentido. Así, la representante de Avanza País fue tendencia en redes y se le exigió disculpas. La morada Susel Paredes anunció que la denunciará ante la Comisión de Ética, porque “La legisladora ha hecho opiniones al físico de la ministra. Esto es incorrecto (…) para argumentar política no tienes que referirte al cuerpo de las personas”.
¿Es en serio, son cosas de la luna, la venganza del baile de los que sobran o simple victimización de la ministra del lápiz para distraer? Veamos.
Betssy Chávez se sintió aludida -pobrecita ella- por algunos adjetivos de la alocución de Chirinos. Las porristas del (des)gobierno cerrón-castillista, como Flor Pablo y Sigrid Bazán, le saltaron al cuello porque en su imaginario eso fue premeditado para mofarse del cuerpo de la ministra. Chirinos dijo que Chávez “trata con desdén a la prensa cuando revela sus gruesas equivocaciones”. Se supone que al oír ‘gruesa’, la ministra sintió que era una referencia a su peso. Buena táctica para zafar del asunto de fondo, es decir su falta de respeto por la labor periodística. En abril, durante la sesión descentralizada del Consejo de Ministros, en Huancayo, Chávez dijo a la prensa: “El premier ha hecho un anunció sumamente muy importante (sic), la prohibición de monopolios y oligopolios. Y esperamos que esto no lo corten”. Luego parafraseó a Luis Miró Quesada de la Guerra, con “el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”. Ningún periodista asumió que les dijo ‘viles’.
La sensible ministra decidió que todos los adjetivos de Chirinos eran sobre su cuerpo. ¡Vaya inseguridad y baja autoestima! De diván resultó la también plagiaria, según turnitin. Chirinos mencionó “Así como este gobierno padece de gula de poder, la ministra parece padecer de mala memoria cuando pretende hacernos olvidar su pasado con la mafia de Orellana”. Si la sensible patológica creyó que le dijeron ‘tragaldabas’ es irrelevante; lo importante es de qué iban sus vinculaciones con ese mafioso. Chávez visitó reiteradamente, en la cárcel, al jefe del Clan Orellana “con fines académicos”, dice. ¿Qué aprendió de él? En octubre 2021, el diario El Comercio publicó un escrito de julio de 2016 en el que Orellana solicita a la fiscalía de lavado de activos, que la documentación sobre el allanamiento a su ‘búnker’ de San Isidro le fuera entregada a su abogada Betssy Chávez. Ella lo niega.
Si le sacan a luz sus verdades, es mentira; y cuando se refieren a su mala gestión, se burlan de su cuerpo. Purita estrategia de victimización.
Martín Vizcarra fue inhabilitado por cinco años en la función pública por el Congreso de la República
El Legislativo sometió a voto la propuesta de inhabilitar al expresidente para el ejercicio de la función pública por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución.
En sesión del Pleno del Congreso, se debatió y votó el informe final que propone la acusación constitucional en contra de Martín Vizcarra, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones. Como consecuencia se propuso inhabilitar al exmandatario para el ejercicio de la función pública por cinco años, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución.
Al momento de la votación, 67 marcaron a favor de la inhabilitación, 5 en contra y 15 en abstención.
Como se recuerda, la acusación constitucional fue presentada por la excongresista Yeni Vilcatoma, por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú.
En el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluye que Vizcarra Cornejo cometió infracción constitucional al artículo 126, en cuanto a la prohibición de intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas.
Por ello, propone la sanción de inhabilitación de Martín Vizcarra para el ejercicio de la función pública por cinco años.