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Caso Richard Swing: admiten denuncia constitucional contra Martín Vizcarra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó -por mayoría- la Denuncia Constitucional N°109-2020 contra el expresidente Martín Vizcarra, por el caso Richard Swing.
El exmandatario fue demandado por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, faltas relacionas con la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura, entre los años 2018 y 2020.
Con 13 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, el informe final, basado en la referida denuncia constitucional formulada el 20 de mayo del 2021 por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, consideró viable la inhabilitación de Vizcarra para el ejercicio de toda función pública por cinco años.
En el caso de la exministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, comprendida también en la denuncia, el informe plantea que sea inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por tres años. Mientras que, las exministras de Cultura, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, quedaron excluidas de cualquier responsabilidad.
Fuentes: Diario EXPRESO.

Martín Vizcarra: publican resolución que oficializa su inhabilitación por cinco años más

El expresidente recibió su segunda inhabilitación para ejercer función pública por aprobación del Congreso de la República

El Congreso de la República publicó la resolución que oficializa la segunda inhabilitación para ejercer cargos públicos aprobada contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra.
La resolución legislativa 016-2021-2022-CR publicada en el boletín de normas legales de El Peruano señala que se aprobó la inhabilitación en respeto al procedimiento previsto en el artículo 100 de la Constitución y el inciso i) del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
El pleno aprobó el miércoles 11 de mayo la recomendación que aprobó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que planteó inhabilitar a Vizcarra Cornejo ante la denuncia que presentó la excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma por haber participado en la empresa Obrainsa mientras era ministro de Transportes y Comunicaciones.
La conclusión del informe señala que no hay elementos suficientes para demostrar que el expresidente realizó actos a favor de la empresa cuando ocupó el cargo de ministro, por lo que plantea una inhabilitación de solo cinco años y no los diez que solicitó originalmente la acusación.
El pleno aprobó esta conclusión con 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones luego que Martín Vizcarra ejerciera su derecho a la defensa.
Esta es la segunda inhabilitación aprobada contra el exmandatario, luego que la primera fuera confirmada en el mes de abril del 2021, cuando el Parlamento anterior aprobó con 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la inhabilitación por diez años por haberse inoculado con dosis del laboratorio chino Sinopharm de manera irregular.
Fuente: Diario Perú21.

Los intocables

Pero más allá del súbito terror del mandatario a enseñar las manos, el mensaje parece ser inequívoco: el gobierno no colaborará con la justicia”.

La primera dama, Lilia Paredes, y el presidente Pedro Castillo han plantado, en los últimos días, a la fiscal de Lavado de Activos, Luz Taquire.
Primero fue la esposa del mandatario, a quien no le corresponde ningún tipo de inmunidad. Fue al despacho fiscal y se negó a declarar sobre el tema del presunto pacto entre el profesor y César Acuña, del que habló Karelim López, que posibilitó hacer “trámites” posteriores sobre la tesis de maestría, que ahora ya sabemos que tiene casi 50% de plagio. No contenta con ello, se dio el lujo, asimismo, de impedir, junto con su abogado, que la magistrada siquiera se atreviera a formularle las preguntas y proseguir con la diligencia, como manda la ley.
Castillo, por su parte, hizo ayer algo parecido. No aceptó el interrogatorio sobre los casos de corrupción en los que lo ha implicado la colaboradora eficaz a raíz de sus propios actos, y exigió acogerse a la prerrogativa de que se le envíen las preguntas. Claramente un abuso de ese derecho.
Así, quien suele jactarse en público, respaldado por la grita de sus portátiles, de quizás “haber metido la pata pero no las uñas”, escudándose en su investidura, decide no aportar nada a una investigación fiscal sobre presuntos hechos de corrupción. Actitud que, desde luego, apunta exactamente en dirección contraria de lo que dice, generando, con ello, mayor número de dudas y especulaciones sobre la proclamada limpieza de sus uñas.
Pero, más allá del súbito terror del mandatario a enseñar las manos, el mensaje parece ser inequívoco: el gobierno no colaborará con la justicia. Y mucho menos con el esclarecimiento de posibles sobornos y negociados ‘a la sombra’ para obtener prebendas burlando los procedimientos que establece la legislación.
La cerrazón de la pareja presidencial constituye una nueva afrenta al país, dos leguleyadas –propias de mafiosos y curtidos delincuentes– que los desnudan moralmente ante la opinión pública y fortalecen las sospechas de inconductas. De más está decir que estas maniobras elusivas demuestran, una vez más, que el Perú ha caído en las garras de una tropa de zamarros, cuyos capitostes siguen operando cómoda y cínicamente desde Palacio.
Fuente: Editorial del Diario Perú21.

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