Por Neta C. Crawford, Boston University– The Conversation.
Estados Unidos invadió Afganistán a finales de 2001 para destruir a Al Qaeda, apartar a los talibanes del poder y rehacer la nación. El 30 de agosto de 2021, Estados Unidos completó la retirada de sus tropas de Afganistán, poniendo un incierto punto final a dos décadas de conflicto.
Durante los últimos 11 años he seguido de cerca los conflictos posteriores al 11-S para el Proyecto sobre los Costes de la Guerra, una iniciativa que reúne a más de 50 académicos, médicos y expertos en derecho y derechos humanos para dar cuenta de los costes y consecuencias humanas, económicas, presupuestarias y políticas de las guerras de Irak y Afganistán.
Por supuesto, las cifras por sí solas nunca pueden dar una imagen completa de lo sucedido y lo que significa, pero pueden ayudar a poner esta guerra en perspectiva.

De 2001 a 2021

El 18 de septiembre de 2001, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 420-1 y el Senado 98-0 para autorizar que Estados Unidos entrara en guerra, no solo en Afganistán, sino en un compromiso abierto contra “los responsables de los recientes ataques lanzados contra Estados Unidos”. La diputada estadounidense Barbara Lee, de California, emitió el único voto contrario a la guerra.
En otras palabras, el Congreso estadounidense tardó 7 días, tras los atentados del 11-S, en deliberar y autorizar la guerra.
Con 7,262 días desde el primer ataque a Afganistán hasta la retirada final de las tropas, se dice que esta es la guerra más larga de Estados Unidos. Pero no lo es: Estados Unidos no ha terminado oficialmente la Guerra de Corea. Y las operaciones estadounidenses en Vietnam, que comenzaron a mediados de la década de 1950 e incluyeron la guerra declarada de 1965 a 1975, también rivalizan con Afganistán en cuanto a longevidad.
El presidente de Estados Unidos George W. Bush dijo a los miembros del Congreso en una sesión conjunta el 20 de septiembre de 2001 que la guerra sería global, abierta y podría durar mucho tiempo: “Nuestra guerra contra el terror comienza con Al Qaeda, pero no termina ahí. No terminará hasta que cada grupo terrorista de alcance global haya sido encontrado, detenido y derrotado (…) Los estadounidenses no deben esperar una batalla, sino una larga campaña, como ninguna otra que hayamos visto”.
Estados Unidos comenzó a bombardear Afganistán unas semanas después. Los talibanes se rindieron en Kandahar el 9 de diciembre de 2001. Estados Unidos comenzó a combatirlos de nuevo en serio en marzo de 2002. En abril de 2002, el presidente Bush prometió ayudar a traer “la verdadera paz” a Afganistán: “La paz se logrará ayudando a Afganistán a desarrollar su propio gobierno estable. La paz se logrará ayudando a Afganistán a entrenar y desarrollar su propio ejército nacional. Y la paz se logrará con un sistema de educación para niños y niñas que funcione”.
La guerra global contra el terrorismo no se limita a las operaciones en Irak y Afganistán. Estados Unidos tiene ahora operaciones antiterroristas en 85 países.

El coste humano de la guerra

La mayoría de los afganos que viven hoy en día no había nacido cuando comenzó la guerra de Estados Unidos. La edad media en Afganistán es de apenas 18.4 años. Incluyendo la guerra de su país con la Unión Soviética de 1979 a 1989 y la guerra civil de la década de 1990, la mayoría de los afganos han vivido bajo una guerra casi continua.
Hay, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, 980,000 veteranos de la guerra de Afganistán. De estos hombres y mujeres, 507,000 sirvieron tanto en Afganistán como en Irak.
A mediados de agosto de 2021, 20722 miembros del ejército estadounidense habían resultado heridos en acción en Afganistán, sin incluir a los 18 que resultaron heridos en el ataque del ISIS-K frente al aeropuerto de Kabul el 26 de agosto de 2021.
De los veteranos que resultaron heridos y mutilados en las guerras posteriores al 11-S, muchos perdieron más de un miembro. Entre el 40 % y el 60 % también sufrieron una lesión cerebral.
De hecho, gracias a los avances en la atención traumatológica, más del 90 % de todos los soldados de Afganistán e Irak que resultaron heridos en el campo de batalla sobrevivieron. Muchos de los heridos graves sobrevivieron a heridas que en el pasado podrían haberlos matado.
En total, 2455 miembros del servicio estadounidense murieron en la guerra de Afganistán. La cifra incluye a 13 soldados estadounidenses que murieron a manos del ISIS-K en el ataque al aeropuerto de Kabul el 26 de agosto de 2021.
Entre los muertos estadounidenses en la Operación Libertad Duradera figuran también 130 miembros del servicio que murieron en otros lugares además de Afganistán, como la Bahía de Guantánamo en Cuba, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Jordania, Kenia, Kirguistán, Pakistán, Filipinas, Seychelles, Sudán, Tayikistán, Turquía, Uzbekistán y Yemen.
Estados Unidos ha pagado 100,000 dólares en concepto de “gratificación por fallecimiento ” a los familiares de cada uno de los miembros del servicio muertos en la guerra de Afganistán, por un total de 245,500 millones de dólares.
Más de 46,000 civiles han sido asesinados por todos los bandos en el conflicto de Afganistán. Fueron muertes directas por bombas, balas, explosiones y fuego. Otros miles han resultado heridos, según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán.
Y aunque el número de afganos que abandonan el país ha aumentado en las últimas semanas, más de 2.2 millones de afganos desplazados vivían en Irán y Pakistán a finales de 2020. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó a finales de agosto de 2021 que, desde el comienzo de ese año, más de 558000 personas han sido desplazadas internamente, habiendo huido de sus hogares para escapar de la violencia.
Según las Naciones Unidas, en 2021 cerca de un tercio de las personas que permanecen en Afganistán están desnutridas. Cerca de la mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición.
El número de víctimas también incluye a los cientos de civiles paquistaníes que murieron en más de 400 ataques estadounidenses con aviones no tripulados desde 2004. Esos ataques se produjeron cuando Estados Unidos trataba de matar a los líderes talibanes y de Al Qaeda que huyeron y se refugiaron allí a finales de 2001 tras la invasión estadounidense de Afganistán. También han muerto civiles pakistaníes en el fuego cruzado durante los combates entre los militantes y el ejército pakistaní.

El coste financiero

En términos del presupuesto federal, el Congreso ha asignado un poco más de 1 billón de dólares al Departamento de Defensa para la guerra de Afganistán. Pero en conjunto, la guerra de Afganistán ha costado mucho más que eso. Incluyendo el gasto del Departamento de Defensa, hasta ahora se han gastado más de 2.3 billones de dólares, incluyendo los aumentos del presupuesto militar básico del Pentágono debido a los combates, el gasto del Departamento de Estado para reconstruir y democratizar Afganistán y entrenar a sus militares, los intereses de los préstamos para pagar la guerra y el gasto para los veteranos en el sistema de Asuntos de Veteranos.
Los costes totales hasta ahora de todos los costes de discapacidad y atención médica de los veteranos de guerra posteriores al 11-S son de unos 465,000 millones de dólares hasta el año fiscal 2022. Y esto no incluye los costes futuros de toda la atención médica y de discapacidad de los veteranos posteriores al 11-S, que la académica de la Universidad de Harvard Linda Bilmes estima probablemente añadirá unos 2 billones de dólares al coste global de la atención a los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán de aquí a 2050.
La guerra de Afganistán, al igual que muchas otras guerras anteriores, comenzó con evaluaciones optimistas de una victoria rápida y la promesa de reconstrucción al final de la guerra. A pesar de la advertencia de Bush de que sería una campaña larga, pocos pensaron entonces que eso significaría décadas. Pero 20 años después, Estados Unidos sigue contando las pérdidas.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Muere Abimael Guzmán, el líder del grupo terrorista Sendero Luminoso

Abimael Guzmán, el fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, murió este sábado a los 86 años en la prisión de máxima seguridad en la que cumplía cadena perpetua desde 1992.
Así informó el propio centro de detención en un comunicado que hizo público el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) en su cuenta de Twitter.
Guzmán falleció a las 6:40 hora local debido a “complicaciones en su estado de salud”, de acuerdo al Comité Técnico del Centro de Reclusión (CEREC) de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.
Su salud había empezado a deteriorarse el 13 de julio y el 20 de ese mes recibió atención geriátrica en un centro de salud, según le dijo a RPP Noticias la jefa del INPE, Susana Silva.
Guzmán llegó a ser el hombre más buscado de Perú en los 80 y los 90.
La guerra entre la guerrilla que encabezaba, Sendero Luminoso, una agrupación de inspiración marxista-leninista-maoísta, y el Estado peruano dejó en aquellas dos décadas cerca de 69,000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) de Perú.

El hombre más buscado

El fallecimiento de Abimael Guzmán ocurre un día antes de que se cumplieran 29 años de su captura, el 12 de septiembre de 1992 en una casa del barrio de Surquillo, en Lima, por un grupo especial de inteligencia.
Su imagen enjaulado y vistiendo un traje de rayas blancas y negras dos semanas más tarde le dio la vuelta al mundo.
Nació el 3 de diciembre de 1934 en la provincia de Islay, Arequipa, donde se fue criado por un rico comerciante después de la muerte de la madre.
Tuvo una educación privilegiada. Asistió a una escuela secundaria católica privada y luego a la universidad de Arequipa, donde una de sus disertaciones fue sobre el filósofo alemán Immanuel Kant.
Mientras estaba en la universidad se interesó por el marxismo. Para 1962 se había ganado un lugar como profesor de filosofía en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en la ciudad central de Ayacucho.
Durante un viaje a China en 1965, Guzmán se inspiró en el líder comunista Mao Zedong y, a su regreso a Perú, alentó a académicos de ideas afines a unirse a él en la universidad de Ayacucho.
En 1969, él y otros 11 fundaron Sendero Luminoso. El nombre fue elegido como un guiño al comunista peruano José Carlos Mariátegui, quien dijo que “el marxismo-leninismo es el camino brillante del futuro”.
Inspirado por el maoísmo, el grupo guerrillero intentó liderar una “guerra popular” para derrocar la “democracia burguesa” de Perú y establecer un Estado comunista.
El grupo no se involucró en la lucha armada al principio, sino que era una rama del Partido Comunista de Perú.
En 1978, Guzmán creó el Comité Permanente de Sendero Luminoso, que estaría al mando del grupo, y en el que Guzmán ocupó el primer lugar.

El inicio del conflicto sangriento

El punto de inflexión se produjo en 1980 cuando los militares, que habían gobernado Perú durante 12 años, permitieron la celebración de elecciones democráticas.
Sendero Luminoso no solo boicoteó las elecciones, sino que las interrumpió activamente quemando urnas en Ayacucho. El objetivo del grupo guerrillero era establecer un estado comunista y, por lo tanto, no estaba interesado en el proceso democrático.
En cambio, tomó áreas rurales y sembró el miedo a través de ejecuciones públicas, a lo que siguieron años de atentados y carros bomba.

Abimael Guzmán, enjaulado y vestido de rayas el 24 de septiembre de 1992. GETTY IMAGES.

La reacción del gobierno

El gobierno reaccionó con un estado de emergencia en las tierras altas y armó milicias locales conocidas como “rondas” para contraatacar.
Las atrocidades cometidas por los militares en su lucha contra los rebeldes llevaron a algunas personas, especialmente en las zonas rurales, a ponerse del lado de Sendero Luminoso.
Pero la brutal aplicación de sus propias reglas por parte del grupo socavó el apoyo de muchos de aquellos que al principio simpatizarían con los objetivos del grupo.
Uno de los incidentes más mortíferos ocurrió en 1983, cuando en el área de Santiago de Lucanamarca mataron a 69 lugareños con hachas, machetes y pistolas como represalia de la muerte de un comandante de Sendero Luminoso.
Pero estos actos no se limitaron a las zonas rurales.
En 1992, dos camiones bomba detonados por Sendero Luminoso en el distrito de Miraflores, en Lima, dejó 25 muertos y 155 heridos.

La captura de Guzmán

Las autoridades habían sospechado durante mucho tiempo que los rebeldes se escondían en apartamentos en Lima y sospechaban particularmente de uno que era propiedad de la bailarina Maritza Garrido Lecca.
Maritza Garrido Lecca fue capturada en setiembre de 1992 junto a la cúpula de Sendero Luminoso. IMAGEN EL COMERCIO/PERÚ
Aunque ella afirmó que vivía sola, el apartamento generaba demasiada basura para una sola persona.
Cuando los agentes lo registraron, encontraron medicamentos para tratar la psoriasis, una afección cutánea que se sabía que Guzmán padecía.
Los oficiales arrestaron a Guzmán adentro, junto con su segunda esposa, Elena Iparraguirre, y varios otros miembros del grupo. Según los informes, estaba viendo boxeo por televisión cuando fue arrestado.
El 11 de septiembre de 2018, Abimael Guzmán fue condenado a una segunda cadena perpetua por un atentado con un carro bomba que dejó 25 muertos en un barrio residencial de Lima en 1992.
Tras tres días de juicio, los jueces que llevaban capuchas para ocultar sus identidades condenaron a Guzmán a cadena perpetua.
Fue enviado a una base naval en alta mar en la isla de San Lorenzo.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio civil. Finalmente, en 2006 el Poder Judicial lo sentenció a la misma pena por el delito de “terrorismo contra el Estado”.
Fuente: BBC News Mundo.

Encrucijada jurídica política

Cerrón en capilla

Por Fernando Rospigliosi- Lampadia.com
Vladimir Cerrón podría ser detenido en cualquier momento. El jefe de Perú Libre, gobernante de facto y presunto cabecilla de la banda los dinámicos del centro, está a punto de ser encarcelado por las muchas, y muy fundadas, acusaciones que penden sobre él.
En verdad, por muchísimo menos por lo que él ha hecho, el sistema judicial ha enviado a prisión a otras personas. Pero Cerrón sabe moverse en los oscuros y retorcidos recovecos judiciales y sigue libre hasta ahora, a pesar que tiene una condena por corrupción que, al principio, era de prisión efectiva.
Sin embargo, ahora su situación es más complicada, no porque sea probablemente culpable de los delitos que se le imputan -en el Perú hoy esa no es razón para ir preso-, sino porque tiene enemigos muy poderosos.
Según algunos analistas -Aldo Mariátegui, por ejemplo-, los caviares, que tienen una enorme influencia en la fiscalía y también en el Poder Judicial, quieren encarcelar a Cerrón para sacarlo del camino, rodear a Castillo y apoderarse del gobierno. Es decir, seguir mamando de la teta del Estado, asunto en el que son expertos y que es vital para ellos.
De acuerdo a esta hipótesis, ellos confiaban en cercar al ignorante Castillo inmediatamente después de la segunda vuelta y hacerse de todo el gobierno. Las cosas se complicaron por las denuncias de fraude y la fuerte campaña que arrinconó a Perú Libre hasta poco antes del 28 de julio, que les impidió maniobrar y que los dejó débiles a la hora de ocupar el gobierno.
La decepción de los caviares fue casi total con la conformación del gabinete, en el cual solo tienen algunos cargos. A partir de allí empezaron una creciente campaña contra Castillo, pero sobre todo contra Cerrón, el principal obstáculo para que ellos se hagan de los apetecidos puestos -y consultorías- gubernamentales.
El asunto es que llegados hasta este punto, las cosas no son tan sencillas. Porque, en efecto, Cerrón podría ir preso. Pero eso no lo sacaría de juego. Y una fiera herida es muy peligrosa.
Cerrón conoce toda la trama de la campaña electoral, los entresijos de la financiación y los métodos del fraude. Como ha señalado la fiscalía, los delitos (conocidos) de los dinámicos del centro tenían como finalidad financiar la campaña de Perú Libre, cuyo principal beneficiario era Pedro Castillo.
Si Cerrón va preso y le parece que Castillo no está haciendo lo necesario para defenderlo, si lo considerará un traidor, se volverá contra él. Como es obvio, tiene los elementos suficientes para hundirlo.
En suma, este es un juego en el que no todos saben para quien trabajan. Y en varios planos, se está llegando a un punto de no retorno.

Por MACARENA VIDAL LIY– Diario El País.

El interés geográfico principal sigue siendo Asia. Pero “de acuerdo con las comunicaciones oficiales chinas, todos los países y continentes pueden incluirse, desde el Ártico a América Latina”, precisa Alice Ekman, investigadora sobre China del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI). Y “ya no solo incluye carreteras, rutas ferroviarias, puertos, aeropuertos e infraestructuras de transporte. También incluye normas y estándares, aduanas, tribunales, comercio electrónico… Básicamente, es una etiqueta que se puede pegar en todo un abanico de proyectos”.
Desestimada en sus comienzos por algunos como un plan imposible, la Nueva Ruta de la Seda, o “Iniciativa de la Franja y la Ruta” (“yi dai yi lu” en mandarín, BRI por sus siglas en inglés) ha cambiado realidades sobre el terreno y va a continuar durante décadas. A través de uno de los proyectos estrella, el Corredor Económico China-Pakistán, tendrá acceso desde su oeste a través del puerto pakistaní de Gwadar al mar. En Yibuti, en el cuerno de África, ha establecido su primera base militar.
Fuente: MERICS (Instituto Mercator para estudios sobre China). N. CATALÁN (EL PAÍS).
Para China, los beneficios del plan son claros: ampliar vías hacia el oeste le permite desarrollar sus regiones occidentales, más empobrecidas; estimula sus sectores industriales en momentos en los que su economía entra en una etapa de menor crecimiento; abre mercados para sus productos; facilita que otros países adopten sus estándares tecnológicos, por ejemplo en telefonía 5G; y, en general, expande su presencia e influencia internacional.
La guerra comercial con Estados Unidos
El plan ha adquirido una importancia estratégica aún mayor para Pekín ante su guerra comercial con Estados Unidos. Si continúan las tensiones, necesitará diversificar sus importaciones y exportaciones. “Pekín recurrirá a los canales construidos a lo largo de la Ruta, especialmente en los sectores agrícola y energético. En los márgenes, cierta producción adicional china puede trasladarse al sureste asiático”, apuntaba la consultora Eurasia Group esta semana en una nota.
Para los países beneficiarios, las ventajas son también obvias. Asia necesitará cerca de 1.7 billones de dólares (1.5 billones de euros) en inversiones en infraestructuras hasta 2030 para mantener su crecimiento, según el Banco Asiático de Desarrollo. Y las inversiones de China llegan sin preguntas sobre derechos humanos o la naturaleza del Gobierno en el poder.

Historia de una compra que Cerrón quiere mantener en las sombras

‘Te hablo desde la prisión’. Notaria Vanessa Díaz relató que acudió hasta cinco veces a la cárcel de Huancayo, donde el dueño de Perú Libre fue inicialmente recluido, para iniciar la adquisición del local partidario ubicado en una céntrica avenida limeña

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
“¿Mi nombre sigue figurando como dueño de esa propiedad? No le creo”. Esa fue la reacción del químico Fermín Arévalo Ortiz cuando Perú21 le preguntó sobre el actual local de Perú Libre ubicado en la primera cuadra de la avenida Brasil, en Lima. Arévalo y su esposa Isabel López Mejía siguen apareciendo como propietarios de ese bien, según registros públicos, pese a que Vladimir Cerrón inició la adquisición hace casi año y medio, cuando estaba en la prisión.
Mostrando sorpresa, el también catedrático aseguró –en un primer informe publicado por este diario el 21 de agosto– que ese departamento tipo dúplex ya no era suyo, aunque evitó contar más detalles de la transferencia que ha quedado acreditada en una escritura de compra-venta con Perú Libre a la que accedió este diario. El precio del inmueble se fijó en US$220 mil y la operación financiera se concretó el 11 de marzo de 2020, de acuerdo al documento suscrito por la notaria Vanessa Díaz Rodríguez.
Si bien la propiedad se ubica en Lima, la firma notarial se hizo en la ciudad de Chupaca, región Junín, el territorio de Cerrón. Fermín Arévalo e Isabel López se vieron obligados a viajar hasta Chupaca para terminar con el trámite.
“Fui cinco veces al penal”
La notaria Vanessa Díaz habló con este diario y dio detalles desconocidos de la operación.
Dijo que acudió al penal de Huancayo “en cinco ocasiones” para coordinar con Cerrón, cuando estaba recluido, la firma de la minuta que avalaría la compra de la propiedad en Lima. Aclaró, eso sí, que la redacción de ese contrato privado “la hicieron los asesores legales, supongo que eran de Perú Libre”.
“Antes de elevar la minuta a escritura pública había que hacer algunas consultas al respecto, la minuta se suscribió cuando Cerrón estaba detenido, yo tenía que hacer la toma de firmas en el penal, fui cinco veces porque había errores en las cláusulas y cuando (Cerrón) salió de prisión recién firmé la escritura de compra-venta”, declaró.
En primera instancia, Cerrón fue condenado en agosto de 2019 a cuatro años de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible. Fue recluido en la cárcel de Huamancaca, pero aún así siguió haciendo sus trámites legales sin impedimento alguno.
En octubre del mismo año recuperó su libertad gracias a que se varió su condena por una prisión suspendida.
Díaz contó, además, que no elevó la escritura a la Sunarp para la inscripción del inmueble porque “los señores de Perú Libre” se acercaron a su notaría para retirar el documento.
“Vino una persona que representaba al partido y señaló que ellos se encargarían de elevar a registros públicos la escritura, por lo tanto la responsabilidad de la notaría queda saldada”, explicó.
La notaría de Díaz Rodríguez estaba ubicada en la calle Miguel Grau N°501, en Chupaca. Perú21 constató que su nuevo local ahora se encuentra en la cuadra dos del jirón Alonso Mercadillo, a solo unos metros de sus anteriores oficinas.
Nuevo local de la notaría de Vanessa Díaz está ubicado a unos metros de sus antiguas oficinas (Junior Meza).
Los firmantes
Como vendedores del local se presentaron Arévalo y López, y como comprador se declaró al partido Perú Libre. Pero quienes estamparon sus firmas como apoderados de la organización política fueron el mismo Cerrón y Eddy Misari Conde, secretario de Defensa Nacional del partido del lápiz.
Misari es un abogado de total confianza del exgobernador regional. En las elecciones regionales de 2014, cuando tentó la reelección, el letrado postuló para ser su vicegobernador. Pero no alcanzaron cargos.
Eddy Misari fue integrante de la mesa de transferencia para el Ministerio de Trabajo y debido a esa exposición se conoció que afronta una investigación por corrupción en la Fiscalía de Junín.
En el gobierno regional fue subdirector de Recursos Humanos en 2019, y durante la primera gestión cerronista (2011-2014) fue consejero regional.
Según Sunarp, Misari tiene una propiedad en los mismos domicilios donde su líder tiene oficinas, en la calle Paseo la Breña 125-133, en Huancayo.
La escritura de compra-venta indica que el pago de US$220 mil por el local partidario fue transferido a cuentas bancarias del matrimonio en tres armadas: dos desembolsos de US$35 mil (suman US$70 mil) y uno de US$150 mil. Este último abono se hizo el mismo día de la firma, el 11 de marzo de 2020.
Sin embargo, la venta solo quedó establecida con este documento legal. En Sunarp, Perú Libre no acredita éste bien, que, según el propio Cerrón, fue comprado con los aportes de los militantes.
Para el 2019, según el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, Perú Libre contaba con 9,741 afiliados.
Ese fue el año en el que Cerrón se convirtió en gobernador de Junín por segunda vez. Y, según la Fiscalía, también fue el año en el que la red criminal de Los Dinámicos del Centro operó a toda máquina.
“Actividad sospechosa”
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró, puestos sobre la mesa los hechos, que existe una “actividad sospechosa” por parte de Vladimir Cerrón y su organización política para no declarar el local de la avenida Brasil ante la Sunarp.
“Las cosas están claras, Cerrón no quiere que esa propiedad conste en registros públicos contrariamente a lo que hacemos personas normales cuando adquirimos un inmueble con el sudor de nuestra frente”, alegó en diálogo con este diario.
Maldonado señaló que el movimiento de ese dinero debe haber sido advertido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como lo hizo cuando Cerrón intentó retirar de un banco más de un millón de soles.
Bertha Rojas, madre de Vladimir Cerrón, presente en marcha en favor de su hijo (GEC).
La madre de Cerrón, Bertha Rojas, participó de una marcha en apoyo a su hijo en rechazo a las investigaciones por lavado de activos que la Fiscalía le ha abierto al exgobernador.
Militantes de Perú Libre evitaron con violencia que Rojas sea abordada por Perú21 para que responda de dónde sacó los S/284 mil que abonó para pagar parte de la reparación civil que adeudaba el sentenciado Cerrón. El secretismo tarde o temprano cederá.
Abogado marca distancia de la versión cerronista
La bancada parlamentaria de Perú Libre, encabezada por el hermanísimo Waldemar Cerrón, salió a denunciar una “persecución política” contra su líder Vladimir Cerrón y su partido político.
En esa conferencia de prensa, en las inmediaciones del Congreso, presentaron a Luis Barranzuela como el abogado que defenderá sus intereses ante la investigación por presunto lavado de activos que inició el fiscal Richard Rojas.
Contactado por este diario, Barranzuela sostuvo que respetarán la reserva de la investigación pero adelantó que presentará una pericia de parte a fin de demostrar la legalidad de sus bienes y recursos.
“Con esa pericia se van a poder apreciar cuál es la legalidad del origen del caudal patrimonial del partido, de cada bien; cómo es que se ha adquirido cada bien, si es identificado en el circuito económico legal, y con eso vamos a refutar, lógicamente, la posición que postula el Ministerio Público”, refirió.
No obstante, cuando se le consultó si mantendrá la línea de defensa que trazó Vladimir Cerrón, quien señaló que la propiedad del local central de Lima fue adquirida con el aporte de los militantes, el letrado marcó distancia de esa versión.
“Nosotros tenemos que seguir un argumento que sea el correcto, yo no puedo referirme a las declaraciones del señor Cerrón, sino que, como un abogado que ejerce la defensa técnica, tenemos que ser completamente objetivos”, sostuvo.
Ante esa respuesta, se le insistió si le quedaba claro, como señaló Cerrón, que la compra del inmueble de la avenida Brasil se hizo con abonos de los afiliados. Barranzuela dijo que “no puedo afirmar ni negar eso”.
“Estamos en una etapa muy reservada, en la cual acopiamos información que está siendo objeto de análisis para el trabajo pericial contable de parte; esa es la forma en la que una investigación de esta envergadura tiene que hacerse”, aseveró. Asimismo, cuestionó “la proporcionalidad” de la orden judicial que permitió el allanamiento al local partidario y bienes vinculados a Cerrón, en Lima y Huancayo, el pasado sábado 28 de agosto.
“Nos allanamos”
El congresista Waldemar Cerrón dijo que si bien no estaban de acuerdo con las disposiciones judiciales, se allanarán a las investigaciones. “Nosotros estamos dispuestos y nos allanamos a cualquier tipo de investigación legal, pero condenamos y mostramos nuestra preocupación cuando no se da el debido proceso”, manifestó a la prensa.
El legislador dijo que el allanamiento ocurrió justo después que se otorgó la confianza al gabinete de Guido Bellido por parte del Congreso.
“Creemos que estos hechos opacan el desarrollo político, no solo de Perú Libre, sino de otros partidos que se pudieran ver en esta situación”, expresó el hermanísimo, quien también es investigado por la Fiscalía.
Este diario buscó contactar con Eddy Misari para conocer por qué no registraron la compra del local ante la Sunarp. Sin embargo, no contestó llamadas ni mensajes.
El fiscal Richard Rojas investiga la procedencia del dinero con el que Cerrón y compañía compraron la edificación que no fue declarada en Sunarp.

Sus vínculos con la gestión de Vladimir Cerrón en Junín

El hijo de suboficial Zárate trabajó en obras en Huancayo. En el 2019 y 2020, su madre ganó más de S/1.5 millones en contratos con el gobierno regional

Por Miguel Gutiérrez R.- Diario El Comercio.
Al suboficial de la policía Carlos Zárate Villalobos, cuya función es dar seguridad al gobernador de Junín, Fernando Orihuela Rojas, no solo se le permitió cumplir irregularmente la función de resguardar y movilizar al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en sus reuniones en Lima.
Su hijo también fue contratado para ejecutar diversas obras desde que Cerrón asumió el cargo de gobernador de Junín por segunda vez.
El Comercio viajó a Huancayo, Junín, y encontró que Óscar Zárate Misayauri empezó a trabajar para el gobierno regional desde el 2019, el mismo año en que el líder de Perú Libre volvió a ser gobernador regional.
Zárate Misayauri fue contratado desde los primeros meses por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para que se encargara de distintos proyectos.
Con apenas 22 años y recién egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental de Huancayo, fue incluido en el personal para una obra en Satipo.
En los documentos de supervisión de obras ejecutadas a los que accedió este Diario, en los primeros meses del 2019 Zárate Misayauri figuraba como asistente técnico para el mejoramiento de los servicios de salud del hospital de Pangoa.
De acuerdo a informes del gobierno regional del mismo año, fue contratado por segunda vez como asistente técnico para mejorar los servicios de un colegio del distrito de Chongos Bajo.
El año siguiente, Óscar Zárate Misayauri fue convocado para participar en el mejoramiento de la carretera Chupuro-Huasicancha, en Huancayo. Su cargo fue asistente técnico de campo.
En el 2020 también fue asistente del coordinador de los servicios de salud del hospital de Pangoa. Meses después, como parte de las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19, el gobierno regional lo convocó para la construcción de un laboratorio y la compra de una congeladora en el distrito de Pilcomayo, en la provincia de Huancayo.
La familia Zárate y sus vínculos con la gestión de Vladimir Cerrón en Junín.
Pago extra
En tanto, su padre, el suboficial Carlos Zárate Villalobos, recibía “bonificaciones especiales” del Gobierno Regional de Junín por cumplir funciones de resguardo.
Resoluciones firmadas por el gobernador regional, Fernando Orihuela, de Perú Libre, muestran que este dispuso esos pagos extraordinarios por sus servicios.
Entre enero y mayo del 2020, Zárate Villalobos y otros dos efectivos recibieron S/26 mil adicionales a sus salarios de la Policía Nacional. Al suboficial se le entregaron S/16 mil extras por prestar servicios de seguridad a funcionarios entre julio y agosto del año pasado.
El pago de las bonificaciones se mantuvo hasta julio de este año, con montos de S/1000 mensuales, a pesar de que Zárate Villalobos aparece acompañando a Cerrón en sus actividades en Lima.
La madre del suboficial de policía también tiene un rol importante en esta historia.
Los contratos de Gregoria Villalobos, una mujer de 69 años de edad, que no registra formación profesional ni empresas activas ingresos, aumentaron significativamente cuando el partido de Cerrón asume la administración del gobierno regional y de los principales municipalidades provinciales y distritales de Junín.
Los contratos que consistían en transporte de carga pesada y material de construcción se realizaron en los gobiernos locales de Huancayo y principalmente en la provincia de Chupaca, de dónde procede el suboficial PNP Carlos Zárate y sus familiares.
Si en el 2017 Gregoria Villalobos facturó con el gobierno regional y municipios S/37 mil, durante el primer año de gobierno de Vladimir Cerrón, la madre del policía Zárate llega a facturar alrededor de S/770 mil.
Pese a ser retirado del cargo Cerrón por una sentencia por corrupción, Gregoria Villalobos siguió facturando el 2020, un monto similar: S/762,650. En total, más de un millón y medio de soles en solo dos años de gobierno de Perú Libre, solo a nombre suyo y sin necesidad de constituir una empresa.
Pero el vínculo de la familia con el exgobernador regional va más allá. De acuerdo a los registros de la ONPE, Óscar Zárate Palomino, padre del suboficial de la policía, aportó S/30 mil en especies para la campaña de Vladimir Cerrón a la región en el 2018.
Por otro lado, el líder de Perú Libre y Carlos Zárate Villalobos nacieron en el distrito de Áhuac, en la provincia de Chupaca.
Además, el suboficial Zárate Villalobos y Vladimir Cerrón formaron parte de la misma promoción en el colegio Santa Isabel, una emblemática institución educativa de Huancayo.
La fiscalía anticorrupción sindica al líder de Perú Libre de haberse coludido con la contratista que ejecutó la construcción y mejoramiento del hospital El Carmen de Huancayo (Junín).

La fiscalía anticorrupción pide 16 años de cárcel para Vladimir Cerrón

El Comercio supo que la magistrada Mary Huamán acusa al exgobernador regional de Junín de presunta colusión agravada.

Por Rodrigo Cruz– Diario El Comercio.
La fiscalía anticorrupción de Junín, representada por la magistrada Mary Huamán, solicitó el pasado 27 de agosto 16 años de cárcel para el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón por el presunto delito de colusión agravada, de acuerdo a documentos a los que accedió El Comercio.
En su requerimiento, presentado ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo, Huamán acusa a Cerrón –entre otras cosas– de haberse coludido con representantes del consorcio El Carmen II (conformado por las empresas Neptuno Contratistas Generales S.A.C., Construcciones Moyua S.L. y Activa Perú M&O Construcción S.A.C.) cuando era gobernador regional con el fin de favorecerlo en la construcción y mejoramiento del hospital El Carmen , un proyecto valorizado en más de S/150 millones.
Además del fundador de Perú Libre, fueron acusados por el mismo delito exfuncionarios del GORE Junín, como Carlos Mayta Valdez (exgerente de Infraestructura), David Chanco García (exgerente de Infraestructura), Pedro Montoya Torres (exsubgerente de Infraestructura), Gustavo León Chávez (exsubgerente de Infraestructura). Como cómplices fueron incluidos los arquitectos María Castañeda Pinto y Antonio Sánchez-Horneros Gómez.
Parte del requerimiento presentado por la fiscalía anticorrupción ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo.
Parte del requerimiento presentado por la fiscalía anticorrupción ante el Quinto Juzgado Penal de Huancayo.
El empresario Edison García Poma, representante legal del consorcio El Carmen II, también fue acusado por la fiscalía por el delito de colusión agravada como cómplice. Por el delito de falsedad ideológica fueron acusados Gabriel Calderón Ponce, Edwar Vidalón Gálvez, la ingeniera María Ninanya Cristóbal, Verónica García Tovar, Clodoaldo Alegre Zorrilla, Víctor Peña Dueñas, entre otros.
En el requerimiento de más de 200 páginas, la fiscal Huamán pide una condena por negociación incompatible contra Ofelia Ríos Pacheco, actual subdirectora de Administración Financiera del Gobierno Regional de Junín, y por el mismo delito al ex coordinador de adquisiciones Luis Martínez Huamán.
Promoción Javier Heraud 1987- Colegio Santa Isabel de Huancayo.
-Doble acusación-
El contrato del hospital El Carmen de Huancayo fue firmado el 19 de diciembre del 2014, a menos de dos semanas de que concluyera la primera gestión de Cerrón en Junín. El acuerdo está firmado por García Poma y Rodrigo Luya Pérez, entonces director regional de Administración y Finanzas. Contra este último, la fiscal también ha pedido una pena de ocho años de cárcel como autor de colusión agravada.
En el caso de Luya se trata de una doble acusación por ese delito debido a que forma parte de otra fase en el proceso de contratación. En ella incluye también a Vladimir Cerrón y a Mayta Valdez. Como es de público conocimiento, este último fue condenado junto al líder de Perú Libre por corrupción (negociación incompatible) a mediados del 2019.
Mary Huamán es la misma fiscal que ha solicitado 2 años y 11 meses de prisión para Cerrón por el delito de malversación de fondos por presuntamente haber manejado irregularmente el presupuesto para la obra Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro.
El martes último, la magistrada presentó los cargos contra Cerrón en una audiencia virtual, en la que solicitó además que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo período.
Este Diario intentó comunicarse con la defensa legal de Cerrón, pero al cierre de esta edición no respondieron nuestras llamadas. Por el momento, la acusación fiscal contra Cerrón por el caso del hospital El Carmen es la que tiene la pena más elevada. 

Contratos en Cusco y Junín

Familia de policía que le brindó resguardo habría obtenido más de S/25 millones en contratos

La procuradora anticorrupción, Nora Flores, denunció al fundador de Perú Libre por peculado y colusión. Solo en la Región Junín los contratos de los familiares del Policía, Carlos Zárate, ascendieron a S/18’293,719.57

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros fueron denunciados por la Procuraduría Anticorrupción de Junín, a cargo de Nora Flores, por los presuntos delitos de peculado y colusión, por el resguardo policial irregular y los contratos del suboficial PNP Carlos Zárate.
En la denuncia por presunto peculado también fueron incluidos el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, así como el efectivo policial Carlos Zárate.
Mientras que, por el delito de colusión han sido implicados Cerrón, Orihuela, Gregoria Villalobos Cerrón (madre del PNP Carlos Zárate), Yeni Estrada Velasco, Luz Misayauri Sovero, Oscar Zárate Misayauri, Óscar Zárate Palomino, Víctor Zárate Palomino y los que resulten responsables.
Según la denuncia, las personas implicadas habrían ganado un total de S/25’055,209.51 en contratos con el Estado, en las regiones Junín, Cusco y Huancavelica.
Sin embargo, solo en la región Junín, los contratos ascendieron a S/18´293,719.57. Mientras que otros S/6.7 millones los obtuvieron en Cusco y Huancavelica -según pudo verificar El Comercio en la página de Seace- pero sobre ello no tiene jurisdicción la procuraduría ni la fiscalía de Junín.
Contratos en Huancavelica y Junín
¿Cuáles son los hechos?
Según la denuncia, el primer hecho se relaciona con el resguardo que el suboficial PNP, Carlos Zárate Villalobos, habría prestado al exgobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, pese a que este ya no era funcionario público y además, cuando sobre él pesa una condena por corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible desde el año 2019.
En esa línea, la procuradora Flores sostuvo que Zárate Villalobos, quien pertenecía a la Dirección de Seguridad del Estado -desde el 1 de enero de 2019 hasta el 30 de agosto del 2021- estaba asignado como resguardo del actual presidente del gobierno regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas.
Sin embargo, según denuncias periodísticas, se difundieron imágenes cuando el mencionado agente, presuntamente prestaba resguardo a Vladimir Cerrón durante el 22 de julio (en la rueda de prensa que otorgó en el local de Perú Libre en el centro de Lima) y 26 de julio en el Centro de Convenciones de Lima en San Borja.
Todo ello, sostuvo la defensora del Estado, “evidenciarían que el PNP Carlos Zarate Villalobos no habría cumplido con sus funciones de resguardo al actual gobernador regional de Junín, señor Fernando Orihuela Rojas durante los días 22 y 26 de julio del presente año”.
A ello, se agregó en la denuncia, que el resguardo del suboficial PNP Carlos Zárate Villalobos a Vladimir Cerrón Rojas (en Lima) habría contado con conocimiento y consentimiento del actual gobernador regional de Junín.
Junín con más de S/18 millones
El segundo hecho denunciado por la procuradora anticorrupción, como ya se indicó, se vincula a los contratos que realizó la familia del efectivo policial Carlos Zárate, con el Gobierno Regional de Junín y municipios de la jurisdicción.
Sin embargo, los contratos de los implicados no solo se circunscribieron a la región Junín; según la denuncia, también fueron beneficiados Cusco y Huancavelica.
Así, el monto total con el que se beneficiaron los familiares del efectivo policial -que eran militantes de Perú Libre y sus empresas- ascendió a S/25’055,209.51 en contratos con el Estado.
“Conocida la noticia, verificamos tal información en el portal web del SEACE, por lo que a fin de contextualizar señor Fiscal, identificamos a los siguientes familiares directos, quienes presuntamente habrían sido favorecidos con diversos contratos con entidades públicas, tanto en nuestra región como en las regiones de Cusco y Huancavelica”, se indica.
Haciendo el desagregado de los contratos de los familiares en la región Junín se tiene el monto de S/18′293,719.57 millones.
Además del Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad de Junín, los contratos se dieron en municipalidades cuyos alcaldes son militantes de Perú Libre, como la Municipalidad Provincial de Chupaca, cuyo burgomaestre es Marco Mendoza Ortiz.
Aquí se otorgó un contrato a Gregoria Villalobos -madre del efectivo policial- por mantenimiento periódico del camino vecinal: tramo 4 en el distrito de Áhuac (RES-PROC-4-2020-CS/MPCH-1) por S/823,808.00.
Otro caso fue en la Municipalidad de la Concepción, cuyo alcalde Benjamín de la Cruz Palomino, es militante de Perú Libre. Aquí se le otorgó a la empresa “Constructora Yenlu” pagos por S/1′́044,817.88 por trabajos de mantenimiento periódico – rutinario de caminos vecinales del tramo Aco- Santa Cruz de Vilca- Quicha Grande, distrito de Aco, provincia de Concepción (CP-SM-1-2019-GRJ-DRTC/CS-1).
Según la denuncia, Gregoria Ayeé Villalobos Cerrón (madre del suboficial Carlos Zárate) habría obtenido un promedio de S/2’464,162.14 en contrataciones con diversas entidades públicas tales como el Gobierno Regional de Junín -Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Municipalidad Provincial de Huancayo, Municipalidad Distrital de El Tambo y Municipalidad distrital de Áhuac.
La empresa “Constructora Yenlu” de Yeny Estrada Velazco (cuñada), esposa de Luis Gustavo Zárate Villalobos (hermano), obtuvo S/4′821,455.03 en contratos en total. Esto fueron otorgados por el Gobierno Regional de Junín – sede central, su dependencia Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín, así como por la Municipalidad distrital de El Tambo y las Municipalidades Provinciales de Chupaca y Concepción.
La empresa Corporación Gemzar E.I.R.L. cuyo gerente es Milton Medardo Zárate Palomino (tío del efectivo policial Carlos Zárate) -según el Seace- habría obtenido contratos en Junín (Gobierno Regional de Junín, sede Transportes, Municipalidad distrital de Chilca, Municipalidad distrital de El Tambo, Municipalidad Provincial de Huancayo y Municipalidad distrital de Pilcomayo) por S/.10′́167,210.40 millones.
Luz Rosario Misayauri Sovero (esposa de Zárate Villalobos), obtuvo contratos por S/183,124.00 en Junín. Además figura como gerente general de la empresa Ospack Contratistas Generales SAC, que hasta el momento no ha tenido contrato con el Estado.
Otra empresa, Z & P GROUP SAC, cuyo titular es Víctor Hugo Zárate Palomino (tío del efectivo policial) se habría adjudicado procesos por aproximadamente por S/601,769.00. Según Seace, estos se dieron en el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de Huancayo, ambas ligadas al partido Perú Libre.
Y, Oscar Zárate Misayauri (hijo), obtuvo S/56,000.00 por sus labores en el Gobierno Regional de Junín desde el año 2019, cuando fungía como gobernador Vladimir Cerrón. Además, trabajó en la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, pese a que obtuvo el grado de bachiller recién el 16 de setiembre de 2019.
“Pese a ello, presuntamente habría formado parte del equipo técnico para la construcción de un laboratorio y la compra de una congeladora en el distrito de Pilcomayo, tendiente a enfrentar la pandemia del COVID-19”, se indicó.
La procuraduría resalta también que Óscar Jesús Zárate Palomino, padre del suboficial Zárate Villalobos, habría aportado S/29,800.00 soles en especies para la campaña de Vladimir Cerrón Rojas, en las elecciones regionales del 2018, tal como se señala en los registros de la ONPE.
Las diligencias
La denuncia presentada por la Procuraduría Anticorrupción de Junín, que contempla nuevos hechos y delitos, se sumará a la investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción por presunta negociación incompatible.
Por ello, la procuradora Nora Flores solicitó que se requiera al juzgado de investigación preparatoria que corresponda el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los denunciados.
Se solicitó que se levante el secreto bancario de Fernando Orihuela Rojas, Vladimir Cerrón Rojas, Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, Yeni Estrada Velasco, Luz Rosario Misayauri Sovero, Óscar Zárate Palomino, Víctor Zárate Palomino a fin de obtener indicios que los vinculen con la presunta comisión del delito materia de investigación.
“El levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos identificados de cuáles son titulares los denunciados, a fin de verificar mediante triangulación de llamadas entrantes y salientes, las comunicaciones que hayan mantenido los mismos, bajo en el marco de los supuestos denunciados”, se indicó.
También pidió que se realicen diligencias de constatación en las obras, prioritariamente las más onerosas y que se requiera a las personas y empresas contratadas que remitan copias de los expedientes mediante el cual fueron favorecidos con la buena pro.

¿Cómo se financió quien le pagó a Verónika Mendoza?

“¿Cómo se financia Nuestro Sur, el think-tank del partido mendocista Nuevo Perú (si son fuentes internacionales, la respuesta estaría en APCI)? ¿O es un mecenas local?”

Por ALDO MARIÁTEGUI– Diario Perú21.
Verónika Mendoza indicó en su declaración jurada como candidata que en 2019 sus ingresos ascendieron a 5 mil soles mensuales o 60 mil soles anuales, pagados por la Asociación Nuestro Sur, un centro de investigación comunista cuya sede es Mariano Odicio 229, Miraflores. Uno entra a la página web de Nuestro Sur y se encuentra que están capitaneados en el consejo directivo por Anahí Durand, candidata mendocista al Parlamento Andino y marxista muy cercana a Verónika. También en ese directorio figura Álvaro Campana, un comunista cusqueño que es el principal dirigente de JPP tras Mendoza y que es hijo de la notaria que “certificó” ese “oportuno” documento privado que salvó a Mendoza de ser inhabilitada. El directorio es completado por Patricia Angulo, consultora izquierdista que anduvo –para variar entre este tipo de profesional– trabajando para el Estado (PCM). Lo que más inquieta es que la ONG roja latinoamericana Celag, vinculada a Rafael Correa y Podemos, figura como parte de una “red” allí (esta misma Celag hace poco publicó un sondeo favorable a Mendoza).
La candidata Mendoza aparece en esa web como “investigadora”, junto a Álvaro Vidal (exasesor de Indira Huilca y del Mintra), el sociólogo Alonso Marañón y Raquel Palomino. Si asumimos nomás que estos otros tres investigadores ganan igual que Mendoza, allí nomás hay 240 mil soles anuales en sueldos. Y hay más gastos. Entonces, las preguntas son… ¿Cómo se financia Nuestro Sur, el think-tank del partido mendocista Nuevo Perú (si son fuentes internacionales, la respuesta estaría en APCI)? ¿O es un mecenas local? ¿El local es propio o de Álvaro Campana, como se dice? ¿Celag les subvenciona? ¿Cuántos trabajos han hecho y cuánto han cobrado (con facturas)? Y lo más importante… ¿Qué trabajos ha hecho Mendoza allí para que le remuneren? ¿Trabajó allí en 2020?
Declaración de Víctor Olegario Reyes Cconislla.

Íber Maraví participó en feroz atentado al local de Acción Popular en Ayacucho, según testimonio

Integrantes de Sendero Luminoso ubicaron al ahora ministro de Trabajo de Pedro Castillo en ataques producidos en los años ochenta a la sociedad civil.

Por ALEXANDER VILLARROEL ZURITA– Diario Perú21.
“Lanzaron botellas y focos conteniendo gasolina”. En junio de 1980, el ahora ministro Iber Maraví fue uno de los atacantes que participó en la quema del local de Acción Popular en Ayacucho, según el testimonio del terrorista de Sendero Luminoso Víctor Olegario Reyes Cconislla, al que accedió Perú21.
En su manifestación, el integrante de Sendero Luminoso relató que el 21 de junio de ese año se reunieron en el Parque Magdalena, dirigidos por Víctor Quintanilla Huamán, quien cumplió la labor de agitación, y Alejandro Rojas Escobedo.
“Nos dirigimos hacia el Jr. Sol lanzando slogans hasta llegar al local de Acción Popular donde Ernesto Coronados y ‘Marco’, que portaban gasolina en bolsas lanzaron hacia el interior del local el contenido de la bolsa y la galonera; y otros, de otros sectores, lanzaron botellas y focos conteniendo gasolina y mechas encendidas, procediendo a incendiarse”, contó sobre aquella ocasión.
Pero no quedó allí. De acuerdo con su relató, luego de dispersarse para no ser detenidos por las autoridades, se reagruparon para poder atacar con piedras la sede de Electro-Perú.
En su declaración, Reyes relata quiénes participaron en estos hechos, y uno de los identificados fue nada menos que Íber Maraví, hoy ministro de Trabajo. También participó la terrorista Edith Lagos, a quien Maraví ya ha admitido conocerla.
En otro ataque -del que no se tiene la fecha exacta- el senderista explica que Íber Maraví era uno de los cinco “principales líderes” del grupo que fue a atacar con piedras el Hotel de Turistas de Ayacucho.
Asimismo, al relatar cómo ingresó a las filas de SL y de qué reuniones importantes participó, el terrorista ubica a Maraví en una de ellas, en donde “se hizo un balance de todo lo actuado y acordándose proseguir con las Escuelas Populares y movilizaciones”.
Ese no es el único senderista que afirma haber participado en atentados de la mano con Íber Maraví, hombre de confianza del presidente Pedro Castillo. En manifestación, Juan Alarcón Gutiérrez, entonces de 24 años, narró que Íber Maraví fue quien dirigió el asalto a la sede de agua potable, “además nos entregó a cada uno de los participantes bombas molotov”.
“Luego de proceder al incendio, nos retiramos en fuga en diferentes direcciones; sin embargo, tuvimos un accidente debido a que Ricardo Huañac o ‘Bonifacio’ sufrió la quemadura en los pies debido a que Íber prendió en forma precipitada la gasolina”, contó en aquella oportunidad Alarcón.
A pesar de todos los vínculos de Íber Maraví con la organización terrorista Sendero Luminoso, el presidente de la República, Pedro Castillo, insiste en mantenerlo en el Gabinete Ministerial que encabeza Guido Bellido.El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, ha revelado que Castillo no aceptó que Maraví renuncie, luego de que este haya puesto su cargo a disposición.
“Tengo entendido que no se aceptó el cargo a disposición del maestro Íber Maraví. Personalmente pienso que es correcto, creo que se debe mantener en su cargo, no podemos caer en las pataletas de quienes no aceptan que han terminado las elecciones ya”, refirió a la prensa.