Gobierno bicéfalo de Guido Castillo

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DE LUTO Y MIRANDO DE COSTADITO

Por Aníbal Quiroga León- Guik.pe
La muerte de Abimael Guzmán ha cogido en mal pie al gobierno del presidente Castillo. Jaqueado por las graves acusaciones de una vinculación serial con el MOVADEF, esa secuela “legalizada” de SL, con más de un ministro seriamente involucrado con esa ideología que pretende subirse al carro del poder logrado por Castillo, con algunos otros ministros que tratan de zafar el cuerpo mirando de costadito viviendo su particular luto y algunos otros francamente opuestos a este matrimonio político -lo que da lugar a un esperpento de gabinete ministerial con el que se pretende gobernarnos-, el deceso del líder de SL demuestra palmariamente la indefinición y zozobra del corazón “partío” del gobierno.
Desde el silencio que aúlla lastimeramente, pasando por el sí, pero no, de algunos, hasta la mentira de los lobos que se presentan con piel de cordero -como el caso del PCM Bellido-, hasta los pocos que francamente han abjurado de todo lo que AGR puede haber significado en nuestra historia reciente de la más grande crisis de violencia política, de muerte, destrucción y atraso en aras de ideales desvariados, que hemos sufrido hace cuatro décadas.
La primera constatación, con estupor, es que la ideología de SL no ha muerto con la ausencia física de su líder. Hay gente, demasiada, que aún cree en esa vía violentista para imponer sus crueles ideales y a los que las “pelotudeces” democráticas les tiene sin cuidado. La segunda constatación es la fractura misma al interior del gobierno, de sus ministros y su relación con el partido-cobijo PL -y con su jefe Cerrón- de quien un ministro de Estado ha declarado sin ambages que es una nociva influencia para Castillo, nada menos.
AGR murió en prisión cumpliendo una de las cadenas perpetuas que una Corte de Justicia le había impuesto, dentro de una democracia y un proceso constitucional legítimo. Mucha gente hubiese querido que se le asesine y torture, que se le elimine, tal como él ordenó hacerlo con más de 30000 personas, según cifras de la CVR. Nada más nocivo para el Estado de derecho. Si AGR cumplía legítimamente una condena, y el Estado solventaba su alimentación y cuidado médico, como correspondía, fue precisamente por esa mayor dimensión moral que el Estado de derecho tiene en una democracia, y que le permite alzarse y poder juzgar las conductas anómalas de sus ciudadanos, por más descarriados que sean.
Justamente una de las estrategias de SL fue la de hablar con “conflicto armado interno” y la de equiparar los graves crímenes de sus huestes con la defensa y represión legítima del Estado. “Eran fuerzas beligerantes” dicen, y hubo violencia de ambos lados, añaden, pretendiendo igualarse moralmente con el Estado para intentar ser considerados como parte y parte. No como los delincuentes terroristas que fueron, o son, sino como “partes beligerantes”.
Pero AGR cumplía una condena legítima impuesta legítimamente por un Estado de derecho que respetó su vida, su integridad física y su salud. Por eso nadie pudo cuestionar ni su captura, ni sus juzgamientos, ni las imputaciones que se le comprobaron, ni sus gravísimas condenas. Por eso estuvo donde estuvo, y por eso murió donde murió, en el tópico de una prisión, como las leyes del Estado democrático lo previeron. Grave error histórico habría sido actuar en forma diferente deslegitimando la defensa del Estado frente al terror, deshonrando el sacrificio de tantos que ofrendaron sus vidas, su integridad física, o que fueron las inocentes víctimas de la insania de SL.
Cuenta un ex PCM de aquellas épocas, de breve paso por el poder, que en aquel entonces afiebrados asesores presidenciales de antaño sugirieron al presidente autócrata del momento fusilar a AGR al amanecer, en la isla San Lorenzo. Cuenta que ya estaba listo el decreto ley del consejo de ministros autoritario de entonces autorizando lo que a todas luces habría sido un gravísimo error político, humanitario y habría victimizado a AGR, que luego de ese crimen habría sido ensalzado hacía los altares del sacrificio, generando una evidente responsabilidad internacional. Felizmente la cordura se impuso y tal despropósito nunca llegó a materializarse. Y es que -contrario a lo que se piensa- para matar no se requiere mucho valor, todo lo contrario, suele ser un acto cobarde y de abuso; para respetar la vida y convivir en tolerancia es que se requiere de mucha valentía y contención democrática. Esa es la ley que diferencia toda sociedad violentista de las comunidades verdaderamente democráticas.
A muchos esto llamará la atención y pensarán que aquello fue un error. En verdad, fue todo lo contrario. Su juzgamiento, condena y cumplimiento de su pena, viendo como en tres décadas la vida se le escapaba de las manos entre los barrotes de una celda, conforme a la ley del Estado fue, entonces, la mejor decisión. Hoy lo tenemos absolutamente claro. AGR ha desaparecido del mundo de los seres vivos y se ha ido con todo su lastre de terror, destrucción, miseria, muerte y desolación. Ahora solo falta, con verdadera inteligencia y en democracia, terminar de derrotar -del todo- políticamente a su oprobiosa ideología.

EL CASO PAOLA UGAZ Y LAS DOS CARAS DEL PERIODISMO

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Llamar la atención de las autoridades sobre hechos que no contribuyen al bien de la sociedad es una de las grandes virtudes del periodismo. Su ejercicio responsable y tenaz, sin duda, es uno de los pilares de un estado democrático y es una garantía relativa que le resta espacio al halo de impunidad que usualmente rodea a los poderosos y a los bien relacionados. Hay hechos en la vida de toda sociedad que, paradójicamente, manifiestan al mismo tiempo dos caras muy distintas del periodismo. Uno de estos hechos es el que se relaciona con el caso de Paola Ugaz Cruz.
Ha pasado un año desde la publicación de una alarmante información que señalaba a una red de personas en un posible caso de lavado de activos, manejada por la exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, Paola Ugaz Cruz. La información del diario Expreso, publicada en setiembre de 2020, fue recibida por algunos con estupor. Por otros con interés pues marcaba una línea de continuidad con el cúmulo de informaciones que venían circulando acerca de las actividades inexplicables que Ugaz había realizado al servicio de la gestión de la hoy convicta exalcaldesa Susana Villarán. Finalmente, otros, con Ugaz a la cabeza, reaccionaron con una negación total de los hechos. Se trataba, según ellos, de una patraña llena de mentiras. Ugaz negó categóricamente conocer a las personas con las que coordinaba en las comunicaciones reveladas.
A partir de ese momento, aparecen las dos caras del periodismo que mencionamos arriba. Un grupo, empezó a unir puntos, a tirar de los hilos manifiestos, tomando forma una investigación que dio origen a un caso. Otro sector -mayoritario habría que decir- acogió sin chistar la versión negacionista ofrecida por Ugaz y se dedicó desde entonces a darle tribuna para que pueda escenificar una obra de victimismo en incontables actos. En este sector se cuentan muchas voces conocidas por su amistad y afinidad con Ugaz que parecerían poner la cercanía y los intereses comunes por encima de los hechos. No preguntaron, no les interesó indagar más. Cerraron filas y se unieron a una sola versión de los hechos incumpliendo, nuevamente, con uno de los principios del periodismo que exige objetividad.
Recordemos que, finalmente, de lo que se trata en el periodismo es de eso: de corroborar hechos. Sin embargo, a pesar de los indicios verosímiles que dio la publicación inicial, más allá de algunas excepciones, nadie dio cabida a la historia. Ganó ese sector mayoritario del periodismo cófrade en el que los hechos pasan a un segundo plano y prima la “amistad”. Ante esto, y urgido por los diversos indicios que fue arrojando la investigación que realicé, decidí presentar una denuncia para que la fiscalía investigue las actividades de Ugaz y pueda verificar si es que los datos que apuntaban a actividades ilícitas eran o no ciertos. Solo el Ministerio Público tiene los instrumentos para poder realizar una investigación a fondo de hechos de tal naturaleza y, por ello, consideré que el paso a seguir era presentar dicha denuncia.
Pasado un año desde ese primer destape, los hechos entonces revelados no solamente se han confirmado, sino que vienen mostrando que el asunto es más serio e involucra a más gente de la que inicialmente se pensó. Los nombres aparecidos en los llamados “Chats de Paola” del diario Expreso sí existen. Corresponden a personas de carne y hueso; personas que hoy ya prestaron declaraciones en la fiscalía, se acogieron inclusive a la colaboración eficaz y algunas afirman sin lugar a duda que conocían a Paola Margot Ugaz Cruz y que están enteradas de sus actividades ilícitas. ¿Cómo es, entonces, que Paola Ugaz pudo afirmar con rotundidad y reiteradamente que no los conocía y que nunca se había comunicado con ellos? ¿Cómo así sigue diciéndolo en algunos espacios en una especie de disonancia cognitiva entre lo que pasa en la Fiscalía y en su cabeza? Pues simplemente no dijo ni dice la verdad. Conocer o no a una persona, haberse o no comunicado con ella no es un asunto de percepción u opinión. O se comunicaba con ellos, y por tanto los conocía, o no. Paola Ugaz mintió. A la fecha, no se escucha a ninguna de las voces que a partir de setiembre de 2020 concedieron a Ugaz extensas entrevistas en las que nunca tuvieron siquiera la decencia periodística de preguntarle por la veracidad de los señalamientos en su contra. Simplemente acogieron con un pasmoso facilismo la afirmación de Ugaz: no conozco a esas personas, todo es mentira. Y no solamente eso, sino que se prestaron a difundir una narrativa de los hechos en la que Ugaz se presenta como una perseguida por su trabajo periodístico. Nada más alejando de la realidad.
Paola Ugaz está siendo investigada por actos delictivos realizados como ciudadana y que no tienen nada que ver con su actividad periodística. ¿Qué tienen que decir hoy sus cófrades cuando se sabe que las personas de los “Chats de Paola” existen, que conocían a Ugaz y que ya hay varios colaboradores eficaces de este caso en el Ministerio Público? ¿Ya saben que hay “pitufos” que han reconocido realizar depósitos bancarios bajo sus órdenes y, por si fuera poco, traficar tierras, comprar y vender autos usados, entre otros? ¿Han mirado, siquiera, la información publicada más de una vez sobre el desbalance patrimonial que presentarían ella y su esposo? ¿Conocen que habría algunas inconsistencias en la compra de sus propiedades en Barranco y en Mala? El silencio cófrade es desconcertante. Esa es la cara del periodismo que nadie quiere ver y que tanto daño le hace a nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que un caso que se perfila como un escándalo significativo y al que el Fiscal José Domingo Pérez le está dando un seguimiento minucioso no es noticia en ningún medio que se jacta de buscar la verdad?
Como denunciante, sigo atentamente el desarrollo de este caso. La labor que viene realizando la Fiscalía está uniendo los hilos que aparecieron desde la investigación inicial y, como mencioné, se va dibujando un panorama que sobrepasa largamente lo que pudimos atisbar al inicio. Queda esperar y confiar en que el Ministerio Público, y en especial los fiscales involucrados, sigan haciendo su trabajo al margen de presiones y halos de impunidad, buscando siempre la resolución del caso según la contundencia de los hechos. Contundencia que a la fecha ya es objetivamente indiscutible.

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