Las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez fueron removidas del Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, tras revelarse su reunión con el expresidente Martín Vizcarra, en la que participó el mayor Manuel Arellanos. Foto: La República.

¿Qué función clave cumple el policía que estuvo con dos fiscales en la reunión irregular con Martín Vizcarra?

Por Miguel Gutiérrez R.- Convoca.pe
El funcionario del Ministerio del Interior y las dos fiscales provinciales del Callao que se reunieron con Martín Vizcarra -días después de que este asumiera la presidencia- para supuestamente comunicarle la trascendencia del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, estaban enterados que las cabezas de la red criminal mencionaban al mismo Vizcarra como amigo del grupo investigado y que incluso ya se reunían con él en Palacio de Gobierno. Por su nivel de acceso a la sala de escuchas telefónicas, el mayor PNP Manuel Arellanos podía saber al instante los nombres que surgían en las conversaciones interceptadas legalmente a los miembros de la organización. Desde 2017, seis ministros del Interior y cuatro directores de la Dirección General de Inteligencia del sector renunciaron por escándalos y otros tuvieron salidas formales, pero el mayor Arellanos y su jefe inmediato, el experimentado hombre de inteligencia conocido como “El Conejo”, siguieron inamovibles en la entidad ministerial desde aquella reunión con Vizcarra en 2018.
La versión del mayor PNP Manuel Arellanos Carrión, jefe del equipo que recolectaba información de inteligencia sobre los miembros de la organización llamada Los Cuellos Blancos del Puerto, resulta clave para determinar la real motivación que llevó a las fiscales provinciales del Callao, Sandra Castro y Rocío Sánchez, a reunirse -entre marzo y abril de 2018- con el entonces flamante presidente Martín Vizcarra, en plena labor secreta de la investigación y a espaldas de sus superiores. Por esa reunión, ambas fiscales fueron removidas del Equipo Especial del caso “Cuellos Blancos”, el miércoles último.
A fines de 2017, un juez había autorizado el levantamiento del secreto de las comunicaciones a los integrantes de una organización criminal, investigación que estaba a cargo de la fiscal contra el Crimen Organizado del Callao, Rocío Sánchez. El caso “Las Castañuelas de Rich Port” relacionaba a criminales con personajes del sistema judicial de la región chalaca.
La labor fiscal era apoyada por la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, bajo la jefatura del coronel PNP Harvey Colchado, y de un equipo de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), que manejaba el mayor PNP Manuel Arellanos, de la División de Búsqueda (Divbus) por decisión de su jefe directo, el experimentando hombre de inteligencia, Martín Gonzales Sánchez, conocido como “El Conejo”.
Arellanos ya gozaba de experiencia en escuchas telefónicas cuando laboraba en la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas -creada por el entonces oficial Carlos Morán-, por lo que fue convocado a reunir y operativizar si fuera necesario las evidencias que surgieran durante las grabaciones legales autorizadas del programa Constelación.
Para la labor de vigilancia electrónica se dispuso la sala de interceptación de comunicaciones auspiciada por la agencia de inteligencia británica (National Crime Agency) destinada hasta ese momento para casos relacionados con tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. El administrador del programa de escuchas, el entonces comandante PNP Luis Vicente López (“Lu”) -fundador de Constelación junto con Carlos Morán, quien meses después se convertiría en el ministro del Interior de Vizcarra- estaba al tanto del caso y recibía la visita periódica del mayor PNP Arellanos.
Arellanos comenzó a trabajar estrechamente en el caso con la fiscal Sandra Castro, convocada por su colega Rocío Sánchez para que se encargase de la recolección de la información de la sala de Constelación. Cualquier información muy relevante como nombres de nuevos personajes o probables hechos ilícitos que pudieran surgir en las comunicaciones, los responsables de Constelación, el oficial de la sala de interceptación telefónica o el mismo comandante “Lu”, se comunicaban en cualquier momento del día, no solo con la fiscal Castro sino con el mismo mayor Arellanos para que acudieran a oír las grabaciones.
Así, las primeras conversaciones registradas por las escuchas de Constelación se efectuaron desde setiembre de 2017 y correspondieron a abogados vinculados con la defensa legal de criminales. Semanas después, cuando surgieron conversaciones de otros personajes, como el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y del propio vocal supremo César Hinostroza sugiriendo intercambio de favores y arreglos extrajudiciales, los investigadores se percataron que la red delictiva se componía de magistrados del Poder Judicial y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Cada conversación de las decenas que iban ingresando a esa sala de interceptaciones, eran monitoreadas atentamente por tres escuchas que cumplían su labor por días pares e impares. Si había información clasificada y sensible era comunicado por estos policías inmediatamente al capitán responsable de la sala de grabaciones para cuidar su trabajo y descartar suspicacias. Ningún detalle podía escapársele.
Para marzo de 2018, luego de cuatro meses de grabaciones relacionadas a Los Cuellos Blancos del Puerto, la fiscal Castro y el mayor Arellanos ya tenían identificado a las presuntas principales cabezas de la red criminal dentro del Poder Judicial del Callao, entre ellos el presidente de la Corte de Justicia del Callao, Walter Ríos, el magistrado supremo César Hinostroza y el empresario automotriz Antonio Camayo.
El 21 de marzo de ese año, dos días antes de que Martín Vizcarra asumiera la presidencia de la República, Constelación captó un diálogo telefónico en el que el chofer de Walter Ríos comentaba a otro personaje investigado que Vizcarra en el poder les convenía porque había amistad con él. “Nos conviene que entre Vizcarra. Hay allí amistad con Vizcarra”, dijo John Misha.
En un segundo audio, del 23 de marzo, el mismo día de la asunción al poder de Vizcarra, el propio juez Walter Ríos comentó a su esposa que “el flamante presidente que acaba de juramentar ‘chupa’ en casa de Toñito (el empresario Antonio Camayo) ron Zacapa”.
En un tercer audio, el mismo 23, Walter Ríos le recordó al juez supremo César Hinostroza que el nuevo presidente era amigo de Camayo y propuso estrechar un puente con Vizcarra: “Como Toñito (empresario Camayo) es gran amigo del que acaba de juramentar sería bueno estrechar lazos”.
Para que no quedara dudas de esa amistad, una nueva conversación es registrada por los policías escuchas de Constelación, el 5 de abril del 2018, un día después de la juramentación del Consejo de Ministros que presidió César Villanueva.
Esta vez, el diálogo telefónico era entre el propio Camayo y el juez Hinostroza. El empresario automotriz le contó que se encontraba “saliendo de Palacio de Gobierno” para luego prometerle que la siguiente reunión de trabajo con Martín Vizcarra, establecerá un estrecho canal de comunicación. Incluso refirió a César Hinostroza que el entonces nuevo ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes, era su conocido.
Audio del 5 de abril de 2018:
César Hinostroza (CH): Ya. Y en Interior no salió tu pata Remigio.
Antonio Camayo (AC): No, pero ha salido Walter pe’. Este Walter es mi pata.
CH: ¿Cómo se llama? ¿Guimaraes?
AC: Sí, hoy día hemos estado almorzando con él.
CH: ¿Has almorzado con él?
AC: Sí, me agradeció por el tema, por todo ¿no?
Fuente: IDL Reporteros.
Para esa fecha, el oficial del caso y la fiscal Sandra Castro sabían que Antonio Camayo era una suerte de operador logístico y coordinador de almuerzos y fiestas de jueces y miembros de la desaparecido CNM sino también un contacto importante de Vizcarra antes que fuera presidente.
Sin embargo, entre marzo y abril de 2018, cuando las acciones contra Los Cuellos Blancos del Puerto se desarrollaban con extrema discreción, los investigados no sabían que eran vigilados electrónicamente, la cadena de custodia de la información se mantenía en estricto secreto, las fiscales y el mayor Arellanos acudieron a una reunión secreta con el entonces nuevo presidente para clamar, según argumentan ellos mismos, por seguridad.
Pese a las inconsistencias y contradicciones en los detalles de la reunión, lo que sí está claro es que ese encuentro con Vizcarra marcó una relación entre el gobierno y los funcionarios de inteligencia que podrían explicar por qué el mayor Arellanos y su jefe, el coronel PNP Martín Gonzales Sánchez conocido como “El Conejo”, siguieron en sus cargos en los siguientes tres años.
El coronel PNP Martín Gonzales Sánchez, “El Conejo”, es jefe de la División de Búsqueda (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), desde 2018. Foto: Andina.
A pesar de que la Digimin es fuente permanente de conflicto y apetitos personales por la información sensible que acumulan y el presupuesto que manejan, los jefes de la División de Búsqueda se han mantenido inamovibles pese a los cambios en la institución. Desde el 2017, por la cartera del Interior han pasado hasta seis ministros; y por la jefatura de la Dirección General de Inteligencia, cuatro funcionarios. No obstante, permanecen en sus puestos Martín Gonzales, jefe de la División de Búsqueda, y el mayor Arellanos.
El 5 de octubre del 2018, César Hinostroza logró salir del país por la frontera norte y llegar hasta España, donde pidió asilo, a pesar de a la vigilancia ordenada por el fiscal supremo Pablo Sánchez contra el investigado. El entonces ministro del Interior, Mauro Medina, puso su cargo a disposición y Martín Vizcarra aceptó su renuncia inmediatamente.
Paralelamente, la Inspectoría de la Policía Nacional abrió investigación al comandante Martín Gonzales y al equipo de agentes a cargo de Arellanos, por suspender la videovigilancia durante esos días en que Hinostroza se escabulló hacia Ecuador.
La inspectoría de la institución policial determinó que el jefe de la División de Búsqueda de la Digimin —liderada por Arellanos— procedió con negligencia en la conducción y la supervisión del personal bajo sus órdenes. Pese a ello, le aplicaron una leve sanción que no llegó a imponerse debido a que se publicó cuando ya había prescrito.
Instalaciones del Ministerio del Interior en San Isidro, donde están las oficinas de la Dirección General de Inteligencia del sector. Foto: Difusión.
Meses después el coronel Roger Arista fue ascendido a general y colocado como nuevo jefe de la Digimin por el ministro del Interior Carlos Morán. La única condición era que no se efectuara cambios en los equipos de la División de Búsqueda, bajo el control de Martín Gonzales, “El Conejo”, y que habían visto el caso “Cuellos Blancos”.
Desde entonces al interior de la comunidad de inteligencia del sector Interior quedó claro que la decisión de mantener a estos hombres de inteligencia era por la relación estrecha que tenía principalmente el mayor Manuel Arellanos con Palacio de Gobierno, desde que estuvieran directamente vinculado con el caso originado en el Callao.
Ese mismo año, se le negó formalmente el ascenso por acción distinguida al jefe de la División de Búsqueda, comandante Martín Gonzales. No obstante, meses después fue finalmente ascendido al grado de coronel mediante una resolución firmada por el ministro Carlos Morán y el presidente Vizcarra. Incluso, se sabe que en su foja de servicios constaría una condecoración por su participación en el caso “Cuellos Blancos” entregado por el mismo Vizcarra, la cual no se ha hecho pública.
Consultados para este reportaje, los oficiales de inteligencia rechazaron ofrecer una versión de los hechos relacionados con el encuentro en el que participó el entonces presidente Vizcarra.

Beto Ortiz muestra contrato con Sinopharm y evidencia que Gobierno negoció con 2 intermediarios

“¿Cómo puede el presidente Francisco Sagasti decir que no hay intermediarios cuando por lo menos hay 2”, se preguntó Beto Ortiz al mostrar el contrato de compra-venta del Gobierno con el laboratorio chino Sinopharm.
El periodista señaló que la revelación del acuerdo para la adquisición de inoculantes chinos pone al descubierto la mentira de Sagasti, quien, recordó Ortiz, había dicho que el Gobierno no podía negociar con intermediarios.
“Es falso, mentira, porque en este contrato lo que se lee es que hay dos intermediarios”, agregó.
Fuente: www.willax.tv

NO HUBO FRAUDE EN ELECCIONES DEL 2000

En la ONPE de Toledo no sólo se cuecen habas… también se tuestan. Es por eso que su jefe, el Sr. Tuesta, debe presentar su renuncia lo antes posible. La ONPE no puede seguir siendo manejada por una persona que sólo vela por los intereses políticos de su jefe, el Presidente de la Republica (Alejandro Toledo). La ONPE no puede seguir siendo manipulada por una persona ignorante de la soberana voluntad popular.
El Sr. Tuesta, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, luego de 4 años de silencio cómplice recién dijo esta boca es mía en relación a la denuncia de “la existencia de un software que adultero los resultados del proceso electoral del 2000”.Conociendo su recalcitrante posición anti fujimorista, debe haber sido muy difícil para este funcionario de la ONPE tener que admitir que jamás se pudo comprobar tal denuncia, que no hubo ninguna adulteración de los resultados de las elecciones del 2000.
Fuente: Diario La Razón.

JNE paga 54 mil soles a Fernando Tuesta Soldevilla por asesoría en plena pandemia

Por Jhon Rojas Cabrera- InformatePerú.pe
Luego de que el periodista Ricardo Uceda revelara que miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cambiaran sus votos para favorecer a Martín Vizcarra para que no sea excluido de la contienda electoral, se conoció que Fernando Tuesta Soldevilla, ha cobrado 54 mil soles del máximo ente electoral por un servicio de asesoría en plena pandemia.
El exjefe de la ONPE, desde el mes de enero, se está llevando de las arcas del estado este sueldazo como asesor de la alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones, asesorar al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, gracias a una orden de servicio número 618 como se puede comprobar en la página web de Transparencia.
Cabe indicar, que Tuesta Soldevilla es un personaje que se las ingenia para vivir del Estado a lo largo de los años y en distintos gobierno. En diciembre del 2000 fue nombrado Jefe Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), cargo que ocupó por 4 años.