MRTA hace apología del terrorismo y procurador denuncia a Víctor Polay

Por AMET AGUIRRE– Diario Perú21.
En 1992, la Policía logró recapturar al cabecilla de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polay, después de dos años desde que se había escapado del penal Castro Castro. Pese a que el delincuente ha permanecido 28 años en prisión, no se ha arrepentido de sus delitos y así lo plasma en una publicación de su autoría llamada Revolución en los Andes, en la que enaltece los atentados perpetrados por el MRTA. Perú21 advirtió que el pasado 28 de agosto un grupo de seguidores de Polay había organizado la presentación virtual del libro, que fue difundido a través de redes sociales. Ante el hecho, el procurador antiterrorismo Milko Ruiz denunció al recluso y a los que resulten responsables por el delito de apología del terrorismo. “Víctor Polay justifica las acciones terroristas cometidas por el MRTA en los atentados de la toma de la residencia del embajador de Japón, así como del caso Los Molinos, haciendo hincapié en la heroicidad que tuvieron sus actores miembros”, se indica en la denuncia. En ese sentido, el procurador Ruiz advirtió que “cualquier persona que incurra en el delito de apología será inmediatamente denunciada y estaría sujeta a recibir una pena de hasta 15 años de pena privativa de la libertad”. Polay tendrá que enfrentar esta denuncia a solo seis años de culminar su condena, que finaliza el 3 de enero de 2026.
LIBRO ENGAÑOSO
En la publicación, el autor formula afirmaciones falsas con el objetivo de confundir a los lectores y ganar adeptos. Por ejemplo, escribe que un miembro del MRTA debe estar “dotado de una moral superior; por eso inculcamos que un tupacamarista debía ser el más respetuoso de las leyes de la guerra. Jamás atacar a la población civil, respetar a los prisioneros, cuidar a los heridos”. Pero esto está totalmente fuera de la realidad.
En setiembre de 1992, los emerretistas secuestraron al empresario David Ballón Vera y pidieron dinero por su rescate. Después de cinco meses sin llegar a un acuerdo, lo asesinaron. Cuando la Policía encontró su cuerpo, no lo reconocieron, pues apenas pesaba 40 kilos y tenía la barba crecida. Durante el tiempo como rehén, bajó 50 kilos.
“El empresario fue sometido a condiciones de privación de alimentos y maltrato físico durante su cautiverio y fue finalmente ejecutado mediante disparos de arma de fuego en el cráneo por sus secuestradores”, concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Los policías de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) están analizando detalladamente la publicación para establecer todos los fragmentos que demuestren la comisión del delito de apología. En tanto, es necesario recordar que los miembros del MRTA no fueron luchadores sociales, sino terroristas.
A continuación, algunos extractos del libro de Víctor Polay al que tuvo acceso este diario: “Me siento en condiciones físicas y mentales aceptables y como proclama la canción de Edith Piaf ‘Je ne regrette rien’, es decir, no me arrepiento de ninguna manera de mis convicciones y asumo toda la responsabilidad por mis actos. Mis sueños y anhelos no han mermado en estos años. Guardo la esperanza de que cuando vuelva al seno de mi pueblo, las nuevas generaciones me den un campito, aunque sea de soldado raso”. “Deberíamos felicitarnos como pueblo, porque los combatientes del MRTA, a pesar de estar armados con fusiles automáticos, granadas de guerra y explosivos, prefirieron morir antes que atentar contra los rehenes indefensos (de la residencia del embajador de Japón), convirtiéndose así en verdaderos herederos de nuestro Caballero de los Mares, el gran almirante Miguel Grau”. “Todos los secuestros y retenciones, como los llamábamos los del MRTA, fueron reivindicados públicamente y se hicieron por motivos políticos, reivindicativos o económicos”. “Si nuestro objetivo era el poder, era inevitable tener una estrategia y una organización política y militar capaz de derrotar en estos campos a la reacción, como la única posibilidad de un triunfo”. “A Sendero Luminoso siempre lo calificamos como una fuerza del campo popular, incluso cuando ya se conocían sus múltiples crímenes contra el pueblo y la izquierda. En una fecha tardía, como era 1988, en nuestro Comité Central insistimos y le enviamos una carta pública que se difundió en más de cincuenta mil folletos con los acuerdos de nuestro Comité Central, donde los llamábamos a la reflexión y el diálogo, para evitar inútiles enfrentamientos”.

MRTA tuvo fluida amistad con  la izquierda

Por DAMIÁN RETAMOZO NINA– Diario Correo.
En sus memorias, “Revolución en Los Andes”, el jefe del movimiento terrorista MRTA, Víctor Polay Campos, revela información inédita sobre las relaciones de colaboración que el grupo armado mantuvo con partidos, personalidades y sindicatos de la izquierda comunista de los 80. La data de Polay pone en entredicho la tesis de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), según la cual el MRTA era básicamente un proyecto militarista sin aparato político.
Sus relaciones principales fueron con políticos marxistas, como Javier Diez Canseco, entonces líder del Partido Unificado Mariateguista (PUM); y Jorge del Prado, secretario general del Partido Comunista Peruano (soviético). Polay llama “sector consecuente” a este sector. En cambio, se expresa con hostilidad sobre Alfonso Barrantes, líder del bloque Izquierda Unida.
DIEZ-CANSECO
La relación más fluida era con Javier Diez-Canseco y el PUM, escribe Polay. “La relación principal la tuvimos con Javier Diez-Canseco que era su dirigente más importante (…), nunca dejamos de perder el contacto”, precisa.
Se conocieron en 1979. Ambos pasaron una semana juntos en Bengasi, Libia, en una reunión de la izquierda comunista latinoamericana con el dictador árabe Muammar Gadafi. Recuerda que Diez-Canseco, hacia 1984, intentó formar un grupo armado. “Cuando ellos (el PUM) pensaban alzarse en armas abriendo un frente guerrillero en Puno, los apoyamos logísticamente y con nuestra experiencia”. “Con el PCP (y Jorge del Prado) tuvimos relaciones desde un comienzo. Cuando nos íbamos a levantar en el Cusco, en 1983, ellos se comprometieron a solidarizarse en caso necesario”, anota.
En un webinar difundido desde Lima, el terrorista chileno Jaime Castillo Petruzzi y cabecillas de grupos extremistas radicales de Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina rindieron homenaje al “legado” del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y a su fundador, Víctor Polay Campos. El evento, organizado por un grupúsculo denominado Tierra y Libertad, sirvió de marco para rendir pleitesía a un libro de memorias del sanguinario Polay Campos, titulado “Revolución en Los Andes”.
Recluido 23 años en Perú por delito de secuestro, Castillo Petruzzi dijo que el MRTA “no es el inicio ni el fin de la revolución peruana. Es un punto más: militar, político y organizativo en la larga historia de las luchas de nuestros pueblos”. Para Luis Alberto Sánchez, director de Waynakuna, es “un manual dirigido a los jóvenes radicales de cómo organizar un grupo terrorista”.

Trinchera Rossa

METAMORFOSIS
Por Ricardo Velazco- HILDEBRANDT EN SUS TRECE Nº 368, 13OCT17, pp, 9,10.
El ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, uno de los hombres más cercanos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, alguna vez creyó que la revolución era la única forma posible para alcanzar un país más justo y que la lucha armada era una alternativa. El sociólogo fue un activo dirigente de la nueva izquierda radical que dominó el escenario político durante la década de los 70 y la primera mitad de los 80.
Nació en Arequipa el 29 de octubre de 1951. Su padre fue un oficial del Ejército y su madre, prima de Vladimiro Montesinos, ama de casa. Pese a crecer en un hogar de ideas “progresistas”, su mayor influencia política fue su tío, el poeta y candidato a la vicepresidencia por Izquierda Unida, Luis Nieto Miranda.
Luego de pasar por la gran unidad escolar Francisco Bolognesi, su vida universitaria se inició en la Universidad Nacional San Agustín (UNSA), donde estudió Derecho a principios de los años 70. En 1972 se muda a Lima para continuar sus estudios en la Universidad Católica. Aquí no tardó mucho en sumarse a los movimientos estudiantiles y perfilar un carácter de liderazgo que lo llevó a presidir la Federación de Estudiantes de la PUCP con el apoyo de la agrupación Vanguardia Revolucionaria, dirigida en ese entonces por un joven Javier Diez Canseco. Al año siguiente Nieto cambió el Derecho por Ciencias Sociales y se hizo conocido con el apelativo de “Coco”.
En la PUCP Nieto perteneció a los rezagos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), aquel partido fundado por Luis de la Puente Uceda y convertido en grupo guerrillero durante los años 60. Ahí se codeó con conocidos rostros de la izquierda, entre ellos el exparlamentario andino Alberto Adrianzén Merino, el exdiputado Agustín Haya de la Torre y la excongresista Rosa Mavila.
“Era bastante activo e inteligente. Tenía que serlo. En esa época, como no había huelgas en la Universidad Católica, tenías que destacar académicamente o los estudiantes no votaban por ti para dirigente. No existía el activista profesional dedicado exclusivamente a la militancia”, señala Haya de la Torre de la Rosa, reincorporado a un sector contestatario del Apra.
Durante su paso por el Consejo Universitario de la PUCP, el ministro de Defensa llegó a compartir espacios políticos con otros estudiantes como Alan García y Martha Chávez, una simpatizante en aquella época de las ideas de izquierda y estudiante de Derecho.
Además de alumno aplicado, Nieto también mostró habilidades netas para convertirse en uno de los líderes juveniles del convulso ambiente de los setenta que dominó en las universidades. “Le gustaba mucho la lectura y era muy locuaz. También era muy buen orador”, recuerda Agustín Haya de La Torre.
Mavila coincide con esta descripción y añade que el ahora ministro “siempre tuvo una forma de pensar muy táctica. Tenía visión para hacer buenos análisis de la coyuntura. La voluntad política también era algo con lo que había nacido. En una ocasión nos dijo que él podía llegar a ser presidente del Perú”, recuerda Mavila.
Por ese tiempo Nieto y sus compañeros de agrupación habían rechazado alinearse con las corrientes de Moscú o Pekín, decantándose por la revolución cubana de 1959, las protestas de mayo de 1968 en Francia y las manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, hechos históricos por los que Nieto mostraba profunda admiración. “Aunque nunca entablamos una conexión real con los cubanos como sí lo hicieron otras organizaciones, había mayor simpatía por el Che Guevara y Fidel Castro. Por el contrario, Nieto era un gran crítico del velasquismo pese a que este era progresista. Eso era normal, pues Velasco había intervenido las universidades. La región estaba plagada de dictaduras militares”, cuenta Haya de la Torre.
En 1974 sucedieron tres hechos que marcaron la vida estudiantil de Nieto Montesinos. Con motivo de las visitas de presidentes latinoamericanos por el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho, fue parte del grupo de dirigentes juveniles que fueron apresados para evitar posibles disturbios. Según una fuente muy cercana a Nieto, el ministro de Defensa pasó un mes detenido en el penal de Lurigancho. Poco tiempo después acabó sus estudios de sociología e ingresó al Partido Comunista Revolucionario (PCR), organización liderada por Manuel Dammert, actual congresista de Nuevo Perú. Ahí, sin saberlo, se cruzaría con otros izquierdistas que posteriormente también terminarían ligados al gobierno pepekausa: el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el exministro de Economía, Alfredo Thorne, y el parlamentario de Peruanos por el Kambio Gino Costa.
“Teníamos una idea, bastante errada, de la destrucción del Estado porque no había una visión global de las cosas. En realidad éramos un grupo heterodoxo, principalmen­te mariateguista, que tenía muy claro los temas del dogmatismo y del voluntarismo radical gue­rrillero”, dice Rosa Mavila sobre aquella etapa.
El liderazgo de Dammert al frente del PCR no duró mucho tiempo. Hacia mediados de la dé­cada, luego de la caída de Velasco y el ascenso al poder de Francisco Morales Bermúdez, Nieto Mon­tesinos, acompañado de Agustín Haya de la Torre, Jorge Béjar, Manuel Córdova y otros, renun­ció al movimiento para fundar uno nuevo: el Partido Comunista Revolucionario “Trinchera Roja”. En 1977 dicha agrupación se alió a Vanguardia Revolucionaria y al MIR para fundar un frente denominado Unión Democrática Popular (UDP). Los dos objetivos angulares de la alianza fueron la salida de los militares del poder y la unificación total de la izquierda. Fracaso absoluto: los militares se fueron cuando quisieron y la izquierda nunca dejó de subdivi­dirse.
“En ese tiempo había la idea de que la democracia era inviable en el Perú. Incluso había voces que decían que nunca más iba a ha­ber un parlamento ni elecciones. Previamente Velasco había sido el primer gobernante en cerrar el Congreso por completo. En ese contexto una idea muy fuerte era que, efectivamente, el Perú se di­rigía a una confrontación armada porque no había manera de que los militares dejaran el poder. Se temía que se quedaran por 20 o 30 años más”, dice Agustín Haya de la Torre.
Ese mismo año la UDP y Nieto Montesinos, como uno de sus di­rigentes, participaron activamente en la organización del gran paro del 19 de julio del 77, aprovechando su influencia en la Confederación Campesina del Perú, la Federación de Trabajadores de la Industria Me­talúrgica y el magisterio.
Uno de los personajes con los que Nieto compartió actividades políticas dentro de la UDP por esos días fue nada menos que con Víctor Polay Campos, futuro líder del te­rrorista Movimiento Revoluciona­rio Túpac Amaru (MRTA). El paso de Polay por UDP, según señalan varios consultados, fue muy breve. Participó tímidamente en pocos de­bates y se retiró silenciosamente.
La vida para los miembros de la UDP durante los últimos años de la dictadura militar no fue fácil. Hasta el cambio de gobierno permane­cieron en la semiclandestinidad y sus reuniones, también ilegales, se llevaban a cabo los fines de semana en un local prestado por la FEPUC cerca de la Iglesia de la Merced en el centro de Lima.
Habiendo participado de la Asamblea Constituyente de 1978, la UDP preparó candidatos para las primeras elecciones libres en doce años celebradas en 1980. Nieto Montesinos fue selecciona­do para postular como diputado por el Callao, pero los votos no le alcanzaron. Dos años después, en 1982, obtuvo una beca de estudios a México que lo alejaría del Perú pero no de su coyuntura. Entre 1986 y 1987 colaboró con algunos artículos para la mítica revisa izquierdista “El zorro de abajo”, dirigida por Carlos Iván Degregori.
En el país del norte obtiene el grado de magíster en Ciencia Políti­ca por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y un doctorado en el Colegio de Mé­xico. Los títulos le sirvieron para obtener un puesto en la UNESCO, donde ocupó el cargo de Director de la Unidad para la Cultura De­mocrática y la Responsabilidad. Allí, el tiempo y el rodillo de la socialdemocracia europea, sumados a las comodidades de la sociedad del “bienestar”, limaron cualquier arrebato radical en “Coco Nieto”.
“Aunque ser ministro de Defen­sa luego de haberse enfrentado a los militares suena paradójico, para mí lo más extraño es verlo en un go­bierno de derecha como el de PPK. Podría haber esperado verlo en una gestión hasta del APRA, sobre la que él ha escrito, pero con PPK la unión era impensable”, sentencia Agustín Haya de la Torre.

La firma en los diplomas que entregó Richard Swing es de un asesor del presidente

Por Eloy Marchán– ElFoco.pe
Óscar Manuel Vásquez Zegarra no es un funcionario común y corriente de Palacio de Gobierno. Vásquez, quien en la planilla del Despacho Presidencial aparece como “coordinador en comunicación” con un sueldo de S/10,000, es el principal asesor de Martín Vizcarra en temas mediáticos, y es el enlace no oficial del Gobierno con algunos periodistas. Vásquez también es moqueguano, conoce a Vizcarra hace varias décadas y, según su presentación en Twitter, es “periodista, analista político y algo más”.
Twitter de Óscar Vásquez, en cuya portada tiene una foto de él con el presidente Martín Vizcarra. Su presentación: “Periodista. Analista político y algo más”.
Vásquez es un hombre de pocas fotos, una característica que lo distingue por completo del otro protagonista de esta historia: Richard Swing, el cantante que ganó S/175.000 en contratos con el Ministerio de Cultura. Las facturas de Swing –Richard Javier Cisneros Carballido, según el Reniec– hoy vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y la Comisión de Fiscalización del Congreso. Y es que, debido a su perfil profesional, no habría razones para que Swing haya ganado esos contratos con el Estado.
¿Qué vínculos tienen Vásquez y Swing? Una fiesta, un diploma y una firma. Cuando estalló el escándalo Swing, destapado por el portal Lima Gris, en redes sociales circuló un afiche de una fiesta que organizó el cantante. En él, Swing promocionaba que su fiesta “Serenata al Perú”, del 27 de julio del 2016 en la discoteca “MK Rumba” de Lince, iba a tener como invitado de honor a Martín Vizcarra. El hoy mandatario en ese entonces todavía era vicepresidente electo y estaba a un día de acompañar a Pedro Pablo Kuczynski a la toma de juramento en el Congreso.
Afiche de la “Serenata al Perú”, fiesta organizada por Richard Swing, el 27 de julio del 2016. Ahí se entregaron los diplomas.
La orquesta Kallao Salsa fue una de las participantes de esa fiesta y, cuando se destapó el escándalo de los contratos de Swing, el director de la agrupación, Yamandu Blaka, contó al programa Punto Final de Canal 2 que a cambio de su presentación recibió un diploma. “(Richard Swing) nos mencionó que iba a estar el presidente Martín Vizcarra, que en ese entonces era el vicepresidente, y que nos iba a entregar el diploma”, dijo Blaka. Vizcarra no concurrió a la fiesta, pero sí hubo reparto de certificados. Los firmantes: Swing y, supuestamente, el actual presidente de la República.
Hoy se sabe que la rúbrica que ahí aparece no es de Vizcarra y, cuando Punto Final le preguntó a Swing por el nombre de la persona que había firmado en el espacio de mandatario, el cantante respondió: “No lo recuerdo”. El comunicado oficial que Palacio de Gobierno le dio al dominical sobre el diploma fue: “el presidente nunca firmó nada para un evento de este tipo”. ¿Richard Swing falsificó la firma de Vizcarra? Al parecer, no. Y aquí es cuando aparece Óscar Vásquez, el amigo y asesor personal en temas mediáticos del presidente Martín Vizcarra.
El Foco comparó la firma que Vásquez registra en su ficha Reniec, con la rúbrica que aparece en el diploma repartido por Swing. La similitud es más que evidente. El Foco consultó al respecto a Augusto Arbaiza, un especialista en peritaje grafotécnico. “Las firmas provienen de la misma persona, definitivamente. Están todas las características propias. Ambas firmas guardan una correspondencia gráfica, provienen del mismo puño. No estamos hablando de una falsificación. Ambas firmas, la de la ficha Reniec y la del diploma, son de la misma persona”, dice Arbaiza.
Perito Augusto Arbaiza: “Ambas firmas guardan una correspondencia gráfica, provienen del mismo puño”. (Foto: Fabiola Granda)
¿Fue Vásquez, entonces, quien firmó los diplomas de Swing? El Foco llamó al asesor presidencial para recoger su versión. “Yo desconozco ese tipo de cosas. No sé de qué me está hablando. Para empezar, señor, yo no sé quién es usted. ¿Descargo de qué? Yo no sé de peritos. En estos momentos yo estoy en una reunión”, respondió Vásquez antes de cortar el teléfono.
No es la primera vez que se habla de una cercanía entre Óscar Vásquez y Richard Swing. A inicios de julio, Radio Americana de Moquegua entrevistó a César Caro, un periodista que fue muy cercano al presidente de la República y a su asesor. En la entrevista, Caro dijo: “A Richard Swing me lo presentó Óscar Vásquez”. “Es cierto lo que se menciona en muchas ocasiones, que la cercanía es debido a alguien del entorno del presidente. Yo pienso que esa persona es Óscar Vásquez. Yo pienso que llevarlo y conocerlo no es ningún pecado, las implicancias es lo que se hizo después”.
Portal “Lima Gris” rebotó entrevista de Radio Americana de Moquegua a César Caro. “A Richard Swing me lo presentó Óscar Vásquez”, dijo Caro.
Desde el Ejecutivo siguen negando cualquier cercanía del presidente Martín Vizcarra con Richard Swing, quien estuvo, al menos, dos veces en Palacio de Gobierno. La primera vez fue para conversar con Mirian Morales, secretaria general del Despacho Presidencial, y la segunda para visitar a Karem Roca, asistente administrativa de la casa de Gobierno. Desde hace un mes, funcionarios de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Cultura han estado desfilado por el Congreso para responder por los contratos de Swing. Y, hasta ahora, nadie dice quién dio la orden para que se contrate al cantante.

Testigo protegido afirma que Óscar Vásquez pagó S/100 mil a Richard Swing para blindar a Vizcarra

Nuevos elementos podrían complicar nuevamente al presidente Martín Vizcarra en el caso Richard Swing. Y es que la fiscal Janny Sánchez Porturas argumentó, en su petitorio de prisión preventiva contra 10 investigados en el caso, que un testigo protegido bajo el código 02-2020-141, el mandatario habría cumplido un rol en el caso para evitar ser involucrado.
De acuerdo con el testigo protegido, el exasesor presidencial Óscar Vásquez habría transferido S/100 mil a Richard Cisneros a fin de que no mencione más al presidente Vizcarra en las investigaciones.
Esta nueva información que la fiscal recibió el 6 de octubre pasado fue incluida como argumento para solicitar la prisión preventiva de 9 meses de los investigados Mirian Morales, Liliana Chaname, Óscar Vásquez y Richard Cisneros.
«Óscar Vásquez, quien le deposita siempre sumas de dinero en sus cuentas del banco de Crédito y del banco Interbank, en sumas aproximadas no menos de S/100,000 a Richard Cisneros. Además le ha comprado un celular y una laptop. Óscar Vásquez es quien le paga los abogados para el caso denunciado ante la Fiscalía. (…) Richard Cisneros Carballido desde que salió del Ministerio de Cultura le asignan un dinero no menor a S/10,000, el cual es depositado por el señor Óscar Vásquez, ello por guardar silencio sobre la presente denuncia de esta Fiscalía, por disposición del presidente Martín Vizcarra, porque Richard Cisneros es más amigo del presidente que de Óscar», indicó el testigo en la página 68 de la resolución a la que accedió Gestión.
En otro apartado de la declaración del testigo protegido, se indica que Richard Swing solía llamar «el jilguerito» el presidente de la República y «Don Óscar» a Óscar Vásquez.
«Tengo conocimiento de que el señor Richard Cisneros cuando se comunicaba con el señor Óscar Vásquez era con familiaridad ‘Don Óscar’, a quien le comentaba todas sus actuaciones mediáticas y televisivas y cuando le preguntaba por el presidente le decía ¿Y cómo está el jilguerito?», contó el testigo a la Fiscalía.
Fuente: Diario EXPRESO.

Amigos del hermano de Martín Vizcarra fueron favorecidos con bonos del Fondo Mivivienda

Los amigos más cercanos de Mario Vizcarra, hermano del presidente de la República, Martín Vizcarra, fueron favorecidos con bonos del Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), según reveló el programa ‘Panorama’.
Según el reportaje, la compañía Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas de Claudio Vanini y su esposa, Catherine Salas, obtuvo 2675 bonos del Fondo Sitio Propio desde que empezó a operar, en el año 2009, hasta el 2018.
En el 2016 las empresas de los Vanini-Salas accedieron a 135 bonos, es decir, a igual número de construcciones de viviendas. En el 2017 llegaron a apenas 21.
En el 2018 los amigos de Mario Vizcarra cerraron Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas tras ser denunciada a principios de ese año por dejar trabajos inconclusos y no pagarles a empleados en Caylloma, región Arequipa.
Tras ello, crearon las empresas VS Grupo Constructor SAC; Doble G y V SAC (a nombre de Catherine Salas); y Constructora Betel EIRL. Varias de ellas empezaron a operar con S/1000 de capital, monto que se incrementó a S/20 mil meses después.
Incluso, Claudio Vanini y su esposa lograron inscribir a sus tres empresas en el Fondo Mivivienda del MVCS. En el 2018 Doble G y V SAC consiguió 237 bonos de dicho fondo para construcción en sitio propio.
Esto implica que dicho fondo paga a las empresas o entidades técnicas -como la de los Vanini-Salas- por la construcción de pequeñas casas de 35m2 a pobladores que tengan un terreno inscrito en Registros Públicos.
Así, por cada casa construida las entidades reciben S/23 mil 345 del MVCS. Es decir, Doble G y V SAC, la empresa de Catherine Salas de Vanini, recibió en el año 2018 en total S/5 millones 532 mil 765 del Fondo Mivivienda.
Cabe indicar que en el 2018 las tres empresas vinculadas a Claudio Vanini (Constructora e Inmobiliaria Vanini-Salas, VS Grupo Constructor SAC; Doble G y V SAC) obtuvieron en total 416 bonos. Es decir, pasaron de recibir S/490 mil en el 2016 a S/9 millones 711 mil.
“Tengo amistad con Mario antes que su hermano sea presidente. Mi amistad con Mario debe venir de junio o julio del 2017. Es muy amigo mío, de mi esposa y de mis hermanas. Hemos tenido muchísimas reuniones sociales, hemos estado en muchísimos eventos familiares, pero no tenemos ningún vínculo comercial ni con el Gobierno ni con lo privado”, señaló Claudio Vanini.
“Si por allí hay algún run run que mi amigo Mario es hermano del presidente y me apoyó para favorecerme, eso es totalmente falso. Yo con mi esposa nos dedicamos al tema de viviendas sociales hace doce o casi trece años”, añadió.
Fuente: Diario Perú21.

Ministra Fabiola Muñoz y otros funcionarios son investigados por presuntas irregularidades

Por Edwin Cavello Limas– Lima Gris.
La actual ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, fue Directora Ejecutiva de SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) entre el año 2013 y 2016. En su gestión sucedieron dos hechos que hasta el día de hoy se siguen investigando. En el primer hecho se la involucra directamente por tres presuntas irregularidades, debido a la exoneración del proceso de selección para las contrataciones por un monto aproximado de un millón setecientos mil soles, tal como lo señala el informe de Auditoría N°017-2016-2-0052.
Informe de auditoria.
Y durante su gestión como Directora Ejecutiva de SERFOR, sucedió la estafa de 12 millones de soles que sufrió el Banco GNB. Una millonaria estafa donde estuvieron involucrados ex funcionarios de SERFOR y que hasta el día de hoy se sigue investigando.
En estas dos denuncias  y documentos a los que tuvimos acceso, figuran funcionarios que actualmente están trabajando en el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía y Minas y hasta hace unos días en el Ministerio de Cultura, ya que luego de nuestra publicación del 27 de noviembre, Lita Aimé Verástegui Soto, renunció como Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, por encontrarse involucrada en la investigación por estafa contra el Banco GNB, investigación que se encuentra actualmente en la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima.
Ministra Fabiola Muñoz y su Jefa de Gabinete de Asesores Lies Araceli Linares Santos
En el informe de auditoría N° 017-2016-2-0052 donde se investiga a los exfuncionarios de SERFOR por presuntas irregularidades, aparecen cuatro nombres, entre ellos la de la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, su actual Jefa de Gabinete de Asesores, Lies Araceli Linares Santos, el ex Director General de la Oficina de Administración de SERFOR, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy y Norvil Coronel Olano, ex Director de la Oficina de Abastecimiento de SERFOR.
El informe de auditoria se titula “Verificación de Presuntas Irregularidades en Servicio de Consultoría, y Contrataciones para el Arrendamiento y Acondicionamiento del Local – Servicio Forestal y de Fauna Silvestre”, y señala la responsabilidad directa de las cuatro personas mencionadas.
Conversamos personalmente con la ministra Fabiola Muñoz sobre la estafa de los 12 millones al Banco GNB y sobre el informe de Auditoría en la que se le involucra por presuntas irregularidades.
La estafa al Banco GNB sucedió cuando usted fue Directora Ejecutiva de SERFOR ¿Nunca se enteró de lo que pasaba en ese momento?
Yo nunca tuve ninguna comunicación sobre el tema del Banco GNB, es más, la única información que yo tengo la recibí varios meses después de que salí, y me enteré de que el banco había encontrado una mafia interna del banco y del personal que trabajó ahí, y que se habían hecho varias denuncias. Durante el tiempo que yo estuve ahí, no tuvimos ninguna información al respecto. Yo no tengo ninguna relación con el tema de GNB.
Entonces, nunca tuvo conocimiento hasta después de salir, ya que se enteró por una denuncia del Banco
A ver, el banco nunca me ha notificado ni me ha involucrado en nada, yo me enteré porque hay gente que sigo conociendo que trabaja en SERFOR, y me comentó que había un problema con los préstamos, esa fue la forma como me enteré. Cuando indagué más del problema con los préstamos, me explicaron que el banco había identificado dentro del banco funcionarios que tienen una mafia.
Los involucrados son exfuncionarios del banco y exfuncionarios de SERFOR…
Yo por ejemplo no conozco la investigación, nunca me han citado ni tengo idea de los cargos que se han hecho ni nada de eso.
En el informe de auditoría se le menciona por tres temas, ¿por qué pasó lo de la exoneración del proceso de selección para las contrataciones?
Nosotros tomamos la decisión de hacer un proceso para alquilar un nuevo local, y eso lo hicimos a principios del año. Lamentablemente el proceso quedó desierto y no pudimos contratar, se volvió a lanzar el proceso y quedó desierto por segunda vez, no pudimos contratar en julio, tuvimos que lanzar el proceso de alquiler por tercera vez y recién nosotros hemos recibido el inmueble en la tercera oportunidad en agosto. Entonces el local de CONCYTEC no tenía condiciones, el local del proyecto de inventario forestales no tenía condiciones, la ANA (Autoridad Nacional del Agua) nos estaba desalojando del local donde nosotros estábamos, y el otro local que teníamos vencía el contrato el 31 de diciembre. Si nosotros no nos mudábamos al local que habíamos alquilado, no solo era un tema de hacinamiento o un problema de desalojo, sino que íbamos a dejar de brindar el servicio de los permisos de deforestación, teníamos la información del reglamento de la Ley forestal, que en ese momento se tenía que hacer la consulta previa. Entonces, había condiciones suficientes que iban a generar que no podamos brindar el servicio que como identidad pública tenemos que brindar.
Es decir, usted priorizó eso antes que seguir los procedimientos para realizar las contrataciones…
De hecho no. Nosotros lo que hicimos fue usar una de las causales que existe en la legislación, que permite exonerar los procesos, y de hecho lo consultamos con nuestro OCI (Órgano de Control Interno) y nuestro OCI dijo que efectivamente hay condiciones, y le pedimos que nos diera lo que se llama control concurrente. Entonces, el OCI de SERFOR, nos acompañó en todo el proceso. Eran tres procesos básicamente, lo que era el cableado estructural, el tema de lo que se llama las obras civiles para habilitar lo que se necesitaba de oficinas y el tema de mobiliario. El OCI de SERFOR participó del proceso con nosotros, desde la elaboración de los términos de referencia.
En un documento del 05 de noviembre del 2015 con asunto “Comunicación de hechos identificados para la adopción inmediata de medidas preventivas”, dirigido a Fabiola Muñoz, por parte del señor Jesús Arias Valencia, del OCI de SERFOR, se menciona lo siguiente: Se viene ejecutando la acción simultánea al proceso de selección exonerado de la adjudicación directa pública para el servicio de acondicionamiento de ambientes para el local alquilado de la sede central de SERFOR, habiéndose acreditado al equipo responsable en la referencia.
Pero en el siguiente párrafo también se señala lo siguiente:
Al respecto, durante la ejecución de la acción simultánea, se han identificado hechos adversos que pudieran afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas y que podrían requerir la adopción inmediata de medidas preventivas.
Luego el 18 de diciembre del 2015, el señor Jesús Arias Valencia, envía tres cartas dirigidas a Fabiola Muñoz, sobre el proceso de exoneración de las contrataciones del acondicionamiento de ambientes, adquisición de mobiliario y servicio de cableado estructurado y sistema eléctrico. En las tres cartas se lee dos cosas importantes, en el segundo párrafo dice “…Se le comunica que no se advertido la existencia de hechos que puedan afectar la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas”.
Pero en el siguiente párrafo de la carta, claramente dice: “Cabe mencionar que por la naturaleza de la materia de control (actividades de un proceso en curso), y el carácter selectivo del servicio de control, el presente documento no es señal de conformidad, por lo que no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control”.
El hecho es que las conclusiones del informe de auditoría N°017-2016-2-0052 tiene fuertes argumentos contra la actual ministra Fabiola Muñoz, ya que en dicho informe se señala que las exoneraciones en los tres procesos de contratación se han realizado “sin que concurran las exigencias legales para la configuración de la causal de desabastecimiento, establecidas en la normativa de contrataciones del Estado”. Es decir, no existió fundamento legal para la exoneración de las contracciones por el monto aproximado de un millón setecientos mil soles.
También la conclusión de la auditoría menciona que se ha privado a la entidad de contar con los beneficios y ventajas que ofrece un proceso regular de concurso público, afectándose el principio de eficiencia de la contratación estatal. Siendo esta situación originada por la Directora Ejecutiva de SERFOR (Fabiola Muñoz) sin que concurran las exigencias legales para la configuración de la situación de desabastecimiento.
Dos de las personas que dieron opinión favorable en los informes técnico y legal, fueron el Director General de la Oficina General de Administración, Alejandro Augusto Cedeño Monrroy y Lies Araceli Linares Santos, quien en esa época trabajó en SERFOR como Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica. Es por eso que también está implicada en el proceso, ya que como señala el informe de auditoría, se dio opinión favorable “pese a que no concurrían las exigencias legales para la configuración de situación de desabastecimiento, previstas en la norma de contrataciones del Estado”.
Además en las recomendaciones de la Auditoría se menciona “Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentadas correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionados respecto de los funcionarios señalados en el presente informe”.
Sobre el tema, la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, señaló que como hay dos opiniones diferentes del OCI, el que tiene que dirimir ahí es Contraloría, ya que ese proceso no ha terminado.
A pesar de la existencia de este informe de auditoría, Fabiola Muñoz fue nombrada ministra del Ambiente por el presidente Martín Vizcarra, el 02 de abril del 2018 y Lies Araceli Linares Santos se convirtió el 04 de julio del 2018 en Asesora del Despacho Ministerial del Ministerio del Ambiente, luego el 09 de noviembre del 2018 fue designada Jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente. Pero, además, el ex Secretario General de SERFOR, José Ángel Valdivia, se convirtió en Secretario General del Ministerio del Ambiente el 03 de abril del 2018.
Presidente Martín Vizcarra y ministra del Ambiente Fabiola Muñoz.
SERFOR Y LA ESTAFA DE LOS 12 MILLONES AL BANCO GNB
Hay que señalar que el convenio de SERFOR con el BANCO GNB, se suscribió el 04 de diciembre del 2014, a través de los representantes del Banco GNB Perú S.A.C el señor José Antonio Bacigalupo Castañeda y el señor Héctor Enrique Ángulo Zavala, y el SERFOR a través del Secretario General, José Ángel Valdivia Morón, con el objeto de regular el otorgamiento de los préstamos por parte de la entidad financiera a los trabajadores de SERFOR, como lo indica el informe legal N°78-2017-SERFOR/OGAJ
Sobre el tema, lo primero que publicamos es el caso de la señora Lita Aimé Verástegui Soto, una de las investigadas por la estafa al Banco GNB. Ella fue Directora de la Oficina General de Recursos Humanos de SERFOR, durante la gestión de Fabiola Muñoz, como Directora Ejecutiva, y luego llegó a ser Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, gracias a la designación de la ex ministra Patricia Balbuena. Después de publicar la denuncia en Lima Gris el 27 de noviembre, la señora Lita Aimé Verástegui, renunció a su cargo, justo el día que la ex ministra Balbuena se presentó en la Comisión de Cultura del Congreso de la República, por la denuncia de corrupción contra el ex viceministro de Patrimonio Cultural, Luis Felipe Villacorta Ostolaza.
Aquí también aparece el personaje de Alejandro Augusto Cedeño Monrroy, quien fue en la gestión de Fabiola Muñoz en SERFOR, el Director General de la Oficina General de Administración, el señor se encuentra implicado tanto en la investigación del informe de la auditoría y en la denuncia del Banco GNB, por la estafa de 12 millones de soles.
En esta investigación aparecen varios ex funcionarios de SERFOR, que lograron posicionarse en puestos claves en diferentes Ministerios, entre ellos, el de Ambiente, Energía y Minas, Defensa y Cultura. Lima Gris tuvo acceso al Memorando 0277-2017-SERFOR-OGA con fecha del 04 de abril del 2017, al Informe N°204-2017-SERFOR-OGA/ORH del 04 de abril del 2017 y al Informe Legal N°78-2017-SERFOR/OGAJ con fecha del 03 de marzo del 2017, tres importantes documentos que detallan valiosa información.
Una de las cosas que señala en Informe técnico N°204-2017-SERFOR-OGA/ORH son las fechas de la desvinculación de algunos ex funcionarios de SERFOR. El señor Alejandro Cedeño Monrroy, se desvincula el 31 de diciembre del 2016, la señora Lita Verástegui Soto, el 23 de diciembre del 2016, la señorita Mónica Pamela Torres Valverde, el 06 de enero del 2017 y el señor José Ángel Valdivia Morón, el 29 de julio del 2016, respectivamente.
¿Cómo fue la estafa de los 12 millones? La estafa se realizó mediante préstamos del Banco GNB. De acuerdo a la carta N°032-2017-SERFOR/OGA-ORH la oficina de Recursos Humanos indicó que la relación de 302 personas enviada por el Banco GNB que habrían accedido al crédito personal como trabajadores de SERFOR, 109 registraban información en la base de datos de SERFOR, mientras que 193 no registran información laboral. Es decir, 193 empleados fantasmas.
Además, señalan que de los 193 que accedieron a los préstamos sin tener relación laboral con SERFOR, cinco personas tienen vinculación familiar con personal de SERFOR.
Y del total de las 109 personas que registran información laboral, Secretaría Técnica ha identificado a 42 personas habrían presentado documentación falsa para obtener un crédito. Entre los que presentaron información falsa para el crédito figura el nombre de José Ángel Valdivia Morón, actual Secretario General del Ministerio del Ambiente.
Conversamos personalmente con el señor José Ángel Valdivia Morón, y estas fueron sus declaraciones:
José Ángel Valdivia Morón.
¿Usted sabía del problema que estaba sucediendo con el Banco GNB?
Cuando estuve en SERFOR nunca supe nada.
Pero usted fue parte de las personas que sacó un préstamo…
Sí, yo saqué el préstamo, pero no sabía que había una irregularidad.
Pero su préstamo se hizo con una irregularidad, porque en el informe de SERFOR su nombre figura entre las personas que habrían presentado documentación falsa para acceder al préstamo.
Yo me enteré de eso cuando ya me citaron, porque esto ha pasado por la dirección e investigación de estafas de la policía. Cuando me llaman y me muestran esta documentación y boletas que se señalan, son copias, entonces cuando se pide el original se ve que esta adulterada, son copias adulteradas.
¿Quién dice que esta adulterada?
Yo digo que esta adulterada, porque yo he llevado el original. También hay un peritaje.
Que yo sepa la policía no ha realizado ningún peritaje, el único peritaje que hay, es la que mandó hacer por su cuenta de forma privada la señora Lita Aimé Verástegui.
Ya, pero si tú revisas el atestado, yo no estoy denunciado, están denunciadas otras personas.
Yo no digo que usted está denunciado, mi pregunta fue si usted tenía conocimiento sobre el tema, y me dijo que no.
No, te dije que saqué un préstamo y no que había irregularidades del préstamo que yo saqué como persona natural, eso sí lo tuve porque obviamente yo saqué un préstamo, pero de las irregularidades que ha habido, no he tenido conocimiento.
Pero igual por el monto que usted ganaba no accedía al crédito…
Con el monto que yo ganaba sí accedía al crédito.
El informe se SERFOR dice que usted no accedía al crédito.
Lo que se llena la información, es información que no es cierta. Ese llenado no lo hice yo.
Pero sí accedió al préstamo
Sí saqué un préstamo.
Entonces si llenó un formulario
Yo firmé el formulario en blanco.
Usted se desvincula de SERFOR el 29 de julio del 2016
Sí, porque al día siguiente me designaron como Secretario General del Ministerio del Interior.
Como lo mencionamos líneas arriba, el señor José Ángel Valdivia Morón, fue el responsable de realizar el convenio para los préstamos entre SERFOR y el Banco GNB, pero según sus declaraciones no sabía nada de las irregularidades que se cometieron, a pesar de ser un beneficiario de un préstamo. El nos dice que solo firmó una papel en blanco, pero esto es parte de la documentación presentada para el préstamo.
A nosotros nos llama la atención, como un grupo de ex funcionarios de SERFOR de una gestión que por un lado tiene una investigación por presuntas irregularidades y por otro lado una denuncia por estafa del Banco GNB, ha ido posicionándose y asumiendo cargos en distintos ministerios, tal vez será casualidad, o como dice la ministra Fabiola Muñoz “Cuando hay un cambio de gobierno normalmente los que son cargos de confianza se mueven, cambian presidente e inmediatamente cambian los ministros, de los ministros luego los viceministros y secretarios generales”.
DE SERFOR A DIVERSOS MINISTERIOS
Ahora revisaremos como se han movido los ex funcionarios de SERFOR hacia otros ministerios.
José Ángel Valdivia deja SERFOR el 29 de julio del 2016 se va a trabajar inmediatamente como Secretario General al Ministerio del Interior desde el 30 de julio del 2016 hasta el 02 de abril del 2018.
Lita Aimé Verástegui también ingresa a trabajar al Ministerio del Interior el 23 de diciembre del 2016 hasta el 09 de junio del 2017.  Luego en el 2017 pasa a trabajar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, como Jefa de la Unidad de Gestión de Talento Humano.
Algunos puestos de Lita Verástegui.
Otro de los investigados que figuran en el informe de auditoría, es Norvil Coronel Olano, luego de trabajar en SERFOR, pasó a ocupar el puesto de Director de Abastecimiento y Servicios en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en febrero del 2017. Luego en septiembre del 2017 pasa al Ministerio del Interior como Asesor, y en julio del 2018 pasa a trabajar al IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear) organismo adscrito al Ministerio de Energía y Minas.
En enero de 2017 Lies Araceli Linares Santos, también llega a trabajar en el Ministerio del Interior como Asesora de Secretaría General, cargo que desempeñó hasta julio de 2017.  Ese mismo año la primera en llegar al Ministerio del Ambiente es Lies Araceli Linares, donde ocupa el cargo de asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, puesto que desempeña desde julio del 2017 a julio del 2018.
La segunda en llegar al Ministerio del Ambiente fue Fabiola Muñoz, designada como ministra por el presidente Martín Vizcarra, el 02 de abril del 2018, esa misma fecha también es designada ministra de Cultura Patricia Balbuena. El tercero en llegar al Ministerio del Ambiente es José Ángel Valdivia, que es designado como Secretario General por la ministra Fabiola Muñoz el 03 de abril del 2018.
Ya en el 2018 Lita Aimé Verástegui llega al Ministerio de Cultura, designada por Patricia Balbuena el 16 de octubre del presente año como Directora General de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Cultura, según la resolución ministerial N° 412-2018-MC.
Otro nombre que aparece en el informe de SERFOR, es el del ex funcionario de SERFOR, Julio José Arturo Morales Loyola, que ingresó a trabajar al Ministerio de Defensa en marzo del 2018, como Coordinar General de Recursos Humanos para la Dirección de Personal Civil.
Por último, Alejandro Cedeño Monrroy, investigado en el informe de auditoría y en la estafa de los 12 millones al Banco GNB, postuló en el 2017 al Ministerio del Ambiente, pero no ingresó.
TODO EN MANOS DEL CONTRALOR NELSON SHACK
En la Resolución Ministerial N° 0293-2018-MINAGRI se menciona que las resoluciones emitidas de la ex funcionario, Fabiola Muñoz Dorero, en su condición de Directora Ejecutiva de SERFOR, se habría incurrido en una conducta infractora calificada de grave, por tanto correspondería a la Contraloría General de la República, deslindar la presunta conducta funcional de la citada ex funcionaria, en mérito de requisito de competencia material; esto es, conocer desde las actuaciones previas e iniciar el procedimiento administrativo sancionador, de ser el caso, por los hechos identificados en el informe de Auditoría.
Pero esta Resolución Ministerial firmada por el ministro de Agricultura y Riego, Gustavo Eduardo Mostajo Ocola, menciona:
Se resuelve: Declarar de oficio la nulidad de las Resoluciones Ministeriales N°334-2017-MINAGRI y N°449-2017-MINAGRI y, por consiguiente nulo y sin efecto legal, el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra la señora Fabiola Muñoz Dorero, ex Directora Ejecutiva de SERFOR, así como nulas todas las actuaciones realizadas por la Comisión Ad Hoc PAD, que tuvo a su cargo el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra la mencionada ex funcionaria.
Es decir, el ministro Gustavo Mostajo Ocola, limpió a la actual ministra del Ambiente Fabiola Muñoz. A pesar que se creó una comisión para investigar el tema. Por otro lado el presidente Martín Vizcarra sigue diciendo que en su gobierno se lucha contra la corrupción, pero cuando sus ministros están involucrados en investigaciones, vemos que entre ellos se protegen.
Ahora todo queda en manos la Contraloría General de la República, esperemos que el contralor Nelson Shack, no mire a un costado y no deje pasar más tiempo para concluir las investigación contra la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, o acaso están esperando que prescriba la denuncia.

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Con enorme descaro el Ministerio Público ignora la información publicada por este diario sobre la periodista Paola Ugaz, ex trabajadora de la Municipalidad de Lima en la época de Susana Villarán. Un viejo periodista francés me enseñó que “los hechos son sagrados, las opiniones son bienvenidas”.
Vamos entonces a los hechos. Expreso publica ‘chats’ del 2020 de Ugaz con varias personas, que ilustran transacciones monetarias no santas. La modalidad es clara. Ella les pide usar sus tarjetas de crédito para depositar, digamos S/100,000, y ofrece una ‘comisión’ de 15%, introduciendo los S/85,000 restantes en el sistema financiero.
Los ‘chats’ indican que la gente con la que ‘ruleteó’ el dinero se siente estafada porque no cumplió con entregarles la ‘comisión’ prometida. Las recriminaciones son duras y furiosas. La periodista pide paciencia, reprendiéndoles por no reconocer los ‘favores’ que les ha hecho. Le increpa a Fiorella Pinedo por quejarse, le reprocha haber ayudado a su marido a quien “de hacer abortos en una posta de Chacra Ríos lo nombró director”.
En las conversaciones, Ugaz ofrece archivar un caso en la Fiscalía y menciona al asesor legal de la gerencia del Ministerio Público desde el 2015, Marco Antonio Ríos Luna. Expreso tiene movimientos bancarios de varios ‘colaboradores’. La imputada, con todo derecho, lo ha negado todo, aduciendo una campaña de difamación contra ella.
Por viajes y otras informaciones se presume que el dinero ‘blanqueado’ sumaría S/2’000,000 provenientes de la revocatoria por el NO, de Susana Villarán. Los legos señalan que es evidente el delito de lavado de activos y organización criminal. Ugaz procederá como considere.
Lo escandaloso es que la Fiscalía calle sobre esta grave denuncia. El fiscal Carlos Puma, a cargo del caso Villarán, ‘renunció’, asignándoselo al verborreico fiscal José Pérez, el perseguidor de Keiko Fujimori. El mismo que acusó sin pruebas al fiscal Gonzalo Chávarry y a cuantos quiso. A Pérez le comió la lengua el gato sobre la profusa información de Expreso.
Bastó que una mujer denunciara, injustificadamente, a Alan García, Pilar Nores y otros por poseer bienes para que la atrabiliaria fiscalía anticorrupción iniciara una investigación por lavado de activos, señalando que se trataba de una organización criminal similar “a la Camorra o la Yakuza”, sin pruebas. Cuando García vio que el objetivo era encarcelarlo, desafortunadamente se suicidó.
Lo mismo ha ocurrido con otros líderes políticos, que han pasado por la abusiva prisión preventiva. Por el pantallazo del chat ‘La Botica’, donde hay solo opiniones lícitas, el fiscal Pérez vinculó a Chávarry con el fujimorismo, cayéndole una campaña de lapidación mediática, afectando su carrera profesional. Nos dicen que en Fiscalía hay temor y chantaje.
Los medios amigos del régimen y de la imputada callan, sabiendo que la denuncia es real. Pero que la Fiscalía lo encubra y enmudezca con desvergüenza es inaceptable. Será por la amistad de Ugaz con el fiscal Pablo Sánchez.

Caso Paola Ugaz: Marcos Ríos Luna sí trabajó para el Ministerio Público

LUEGO DEL 2015. INCLUSO ESTE AÑO
La semana pasada, este diario publicó dos reportajes completos que exponía una presunta red de lavados de activos y tráfico de influencias que estaría liderada por la periodista Paola Margot Ugaz Cruz. Si bien la información que publicamos incluye a un círculo de más de 20 personas que estarían involucradas en los delitos, solo tres nos hicieron llegar los descargos respectivos para asegurar que no tenían ningún vínculo con Ugaz.
Y nosotros, como corresponde, procedimos a publicar dichos descargos sin que eso signifique ningún tipo de rectificación de nuestra parte, ni que hayamos dado un paso atrás en lo que venimos sosteniendo con respecto a la información presentada. Pensamos, más bien, que es parte de hacer periodismo serio darles espacio a todas las partes involucradas en una noticia.
Una de las tres personas que envío su descargo a este diario fue el abogado Marco Antonio Ríos Luna, quien sería pieza clave en esta red de tráfico de influencias.
Según lo que se puede deducir de las conversaciones sostenidas por Paola Ugaz, él era el hombre dentro del Ministerio Público que le arreglaba algunos casos a la periodista y a sus contactos. Como lo expusimos la semana pasada, esto habría sucedido en el caso de Marcos Huamán, a quien según lo conversado Ugaz habría prometido “librar del proceso” a su hijo en el caso “nuevo Ayacucho” a través de la gestión en la fiscalía del Dr. Ríos Luna.
También es mencionado en otra ocasión cuando Jhosy Lisbeth Mogollón Villarreyes, con DNI 76852104, le dice a Ugaz que ha recibido unos documentos en su domicilio de parte de la Fiscalía.
La periodista le responde: “No ha seguido. Me lo aseguró Ríos Luna”. Nuevamente, el apellido Ríos Luna aparece como aquel que maneja los “asuntos” de Ugaz en el Ministerio Público.
Como lo mencionamos, luego de nuestra publicación, el abogado Marco Antonio Ríos Luna nos hizo llegar su descargo. No negó que existiera esta red de tráfico de influencias y lavados de activos, como por ejemplo sí lo ha hecho Ugaz y Rosa María Palacios. Pero sí fue enfático en negar que conocía a Ugaz Cruz y como argumento para sustentar que no podía ser verosímil lo publicado por este diario dijo: “No trabajo en la Fiscalía desde hace cinco años. Yo trabajé en el Ministerio Público solo hasta el 2015”.
Sin embargo, tenemos pruebas que demuestran lo contrario. Como se puede ver en esta página, existen dos pagos a su nombre por parte del Ministerio Público, colocados en el portal Transparencia del Estado Peruano luego de 2015. El primero fue en 2018, por el monto de 5434.80 soles, y el segundo en 2019, por exactamente el mismo monto con una orden emitida el 5 de diciembre del mismo año.
Además, existe un contrato por servicios de defensa legal y asesoría con el Ministerio Público por el monto de 10,869.60 soles con una orden emitida en plena pandemia: el 24 de julio del 2020.
Por lo tanto, con la evidencia mostrada y debidamente documentada en esta nota, queda claro que lo consignado en su descargo a este diario por Marco Antonio Ríos Luna no es cierto. Sí tiene vínculos vigentes con el Ministerio Público y coincide con lo expuesto en los chats de Paola Ugaz. ¿Hasta cuándo los fiscales se harán los de la vista gorda? Nosotros somos periodistas. Los encargados de delinear los delitos son ellos. ¿Qué más indicios necesitan?
SILENCIO SEPULCRAL
La inhibición de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en el proceso de evaluación de Ríos Luna para ser elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia, es otro elemento a tener en cuenta. Ávalos se inhibió porque había una relación de naturaleza civil para la asesoría especializada en defensa legal de la exgerente general del Ministerio Público, cuya orden de servicio se generó el 19 de diciembre de 2018.
Fuente: Diario EXPRESO.

Intento de intimidación

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Según el diccionario, intimidación es “la acción y efecto de intimidar”. Y este verbo refiere a causar o infundir miedo. Una intimidación, por lo tanto, es un acto que intenta generar miedo en otra persona para que esta haga lo que uno desea.
“Como @Expresoperu no se ha rectificado tal y como le pedí en la carta del lunes 31, y sigue publicando temerariamente al estilo de Montesinos con el fin de desprestigiarme, responderé legalmente con @IDL_Rivera a todo aquel que repita el operativo de desinformación”. Esto ha sido publicado en la cuenta de Twitter @larryportera. En la misma cuenta, el usuario de Twitter @larryportera también dice: “En la primera publicación, la nota está tan mal hecha que no se entendía cuál es el presunto delito que se me quiere imputar. Gracias al periodismo ‘ña catita’ que practican Phillip Butters y Mariella Balbi, a quienes les he enviado sendas cartas notariales, entendí el mecanismo”.
De esto se infiere que según el usuario de Twitter @larryportera, Phillip Butters y Mariella Balbi estarían en una suerte de contubernio con el diario Expreso, pues solo al verlos o leerlos COMENTANDO LO PUBLICADO EN EL DIARIO entendió “cuál es el presunto delito que se le quiere imputar”. Así pues, el usuario de Twitter @larryportera, sin ninguna prueba que lo demuestre, estaría afirmando implícitamente que Butters y Balbi serían las eminencias grises de lo publicado en Expreso y, lo que es aún peor, les estaría enviando un mensaje intimidatorio para que NADIE MÁS ose comentar u opinar sobre las referencias de Expreso hacia dicho usuario de Twitter, lo que es obviamente absurdo. Y lo es porque el diario aludido NO SE HA RECTIFICADO en lo dicho y lo asume como verosímil, no bastando que la aludida cuenta de Twitter @larryportera lo niegue, porque entonces tendríamos únicamente LA PALABRA DEL DIARIO CONTRA SU PALABRA.
Lo que pretendería quien está detrás de la cuenta de Twitter @larryportera es la clásica maniobra intimidatoria contra los pocos que se han atrevido a comentar la publicación de Expreso y a solicitar una investigación fiscal, en la medida de que de lo publicado se sugiere un delito que el usuario de Twitter @larryportera identifica como un presunto lavado de activos, SIEMPRE SEGÚN LO QUE DICE EL DIARIO.
El desempeño de una función pública suma al pedido de transparencia y una mínima pesquisa fiscal a la denuncia del diario, toda vez que quien se identifica como el usuario de Twitter @larryportera dice haber sido funcionario público en la gestión municipal de Susana Villarán, investigada hoy por múltiples delitos y bajo rigor domiciliario, así como varios otros funcionarios de su gestión, todos involucrados por un colaborador eficaz identificado como José Miguel Castro, quien habría sido brazo derecho de Villarán. No es, pues, una cuestión a soslayar que a través de cartas notariales una periodista bien relacionada –quien estaría detrás del usuario de Twitter @larryportera– parezca pretender que nadie hable de ella en referencia a lo publicado por el diario Expreso, pues ello configuraría un intento de INTIMIDACIÓN a LA LIBERTAD DE PRENSA Y OPINIÓN.
Pedir una explicación y una investigación fiscal no es ningún delito. Los organismos e instituciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión tienen el deber de pronunciarse contra estas maniobras que pretenderían AMORDAZAR a periodistas, dejando de lado las vinculaciones amicales que puedan tener con quien está detrás de la cuenta de Twitter @larryportera. Finalmente, no deja de ser hasta cómico el guión utilizado por dicha cuenta de Twitter: alude a una “venganza” por su coautoría de un libro sobre abusos en una organización pseudo religiosa, lo que estaría usando de escudo para dejar de responder a cualquier cuestionamiento en su contra por otros asuntos más graves que los que denuncia en esa publicación.

CONGRESISTA DE BELAUNDE, ¿TIENE ALGO QUE DECIR?

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Una de las personas que se unió a las cruzadas de los hoy tristemente célebres Pedro Salinas Chacaltana y Paola Ugaz Cruz fue el congresista de la República Alberto De Belaúnde. Como es bien conocido, el parlamentario por el Partido Morado promueve una serie de posturas contrarias a valores con los que se identifican la mayoría de los peruanos. En su momento, la investigación que realizaran Salinas y Ugaz, hoy vinculados fuertemente con la mafia de Las Chalinas Verdes, le cayó a pelo al congresista para ser utilizada como bastión en sus luchas por la reivindicación de los que para él son los más vulnerables. Inclusive la cruzada de los amigos de Villarán le sirvió como justificación para conformar una comisión extraordinaria en el Congreso.
No queremos aquí mezclar papas con camotes. La lucha en contra de los abusos sexuales en instituciones, sean religiosas o seculares, es muy importante y debe hacerse sostenidamente, y no solo como justificación para agendas personalísimas como lamentablemente suelen hacerlo los activistas. Sin embargo, así como uno toma la bandera de la justicia para algunas causas, debe ser coherente y blandirla inclusive cuando hacerlo implica denunciar a personas que otrora militaron en la misma trinchera.
En esa línea, el congresista Alberto De Belaunde, habiendo pasado varias semanas desde que se confirmara que la empresa de Pedro Salinas, CHISAC, fue la intermediaria en el pago de una coima de parte de Graña & Montero a Susana Villarán, no ha dicho nada. Ni un tuit. Ni una señal. Lo mismo con el caso de Paola Ugaz Cruz. Hace muy poco se reveló que estaría liderando una red de testaferros en lavados de activos con dinero de procedencia incierta. No es una denuncia ligera. Y tampoco, en esta oportunidad, Alberto De Belaunde ha dicho nada, ni siquiera un pedido de investigación.
¿Qué evidencia esta conducta? Que los que dicen estar comprometidos con la causa de la justicia y la transparencia tienen una noción de la equidad muy selectiva. Si apelamos al principio de la no contradicción, uno no puede buscar la justicia y no buscarla al mismo tiempo. O se la defiende en todos los ámbitos y ante cualquiera que atente contra ella, o se cae en una flagrante incoherencia.
Esperamos de un político y líder de opinión como De Belaunde, la consistencia necesaria para pedir una investigación en los casos de Salinas y Ugaz con la misma vehemencia y compromiso que le hemos visto en otras causas. Es parte de su responsabilidad defender de la nefasta corrupción a los peruanos que votaron por él y a todos los que le pagamos el sueldo con nuestros impuestos.

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Hoy se habla mucho de racismo. Y el último lunes, en reunión de la Comisión Permanente –con la ausencia de la congresista Martha Chávez porque tenía que presidir la Comisión de Inteligencia– se dieron cuenta de la suerte de diversas acusaciones constitucionales. Ante la presidencia de Manuel Merino de Acción Popular, llegó el turno del dictamen sobre Moisés Mamani sobre “tocamientos indebidos”, el mismo que quedó desechado por sustracción de materia: Mamani había muerto hace unas semanas de COVID-19 en Lima.
Cuando Mamani murió, las redes sociales explotaron con epítetos racistas contra el infortunado finadito. Y en la sesión de la Comisión Permanente, el cadáver de Mamani… ¡ay, siguió muriendo! La congresista de FREPAP María Retamozo Lezama pidió la palabra, que le fue otorgada por Merino de la Lama. Acaso por no haberse cumplido la profecía de la resurrección de su líder, a través del zoom la congresista invocó la resurrección de Mamani con un pedido de justicia para la “víctima”, y de la cual quede constancia en actas. De inmediato pidió una interrupción el congresista Luis Roel Alva de Acción Popular, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para aclarar que esa denuncia venía dictaminada del Congreso anterior y que él no tenía nada que ver con su calificación (como si le cupiera alguna responsabilidad moral en la muerte de Mamani), y que, por último, se aunaba al pedido de la congresista del FREPAP para que la “víctima” obtuviera justicia.
Dicho esto, el presidente Merino de la Lama –como no podía ser de otra manera– votó la sustracción de la materia y ordenó que quede en actas lo dicho por Retamozo y Roel Alva. Así, la memoria de Moisés Mamani quedó manchada con un juicio político post mortem como “victimario”, pues de no haber muerto por la peste el objeto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales era INVESTIGARLO bajo la presunción de inocencia, y el de la Comisión Permanente levantarle el fuero para que lo investigue la fiscalía y, de ser el caso, lo juzgue el Poder Judicial en un DEBIDO PROCESO.
Pero nada de lo anterior se respetó para el pobre “serrano” Moisés Mamani. Para los desmemoriados, Mamani sufrió una campaña baja y artera de cierta prensa que hizo eco de una denuncia de una aeromoza que dijo que Mamani le había cogido el trasero en el avión. Fue el escándalo de “la mano zas” el que se hizo puré de aquel cholo que había derrumbado el régimen corrupto de PPK y desenmascarado la compra de votos en el Congreso.
Claro: todos los blanquitos y no tan claritos de San Isidro y balnearios nunca le perdonaron al puneño que el “gobierno de lujo” y su gentita pasarán a mejor vida. Mamani siempre sostuvo que como sufría de diabetes se descompensó, tropezó y fue a parar sobre la aeromoza. Nadie QUISO creer hasta hoy, cuando sabemos que probablemente esa misma descompensación diabética le produjo un desmayo en su domicilio, que se complicó con la falta de oxígeno por el COVID, lo que lo llevó a una muerte solitaria y terrible.
No estaba, pues, muy alejada la versión de Mamani de los hechos sucedidos en el avión con la aeromoza, pero sea como fuere, aquí no puede haber “víctima” alguna sin investigación ni presunción de inocencia: la que Mamani se llevó a la tumba, con varias lampadas de racismo encima.

Balbuena, Petrozzi y compañía

CONTRALORÍA SEÑALA RESPONSABILIDAD PENAL EN 16 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA POR HECHOS IRREGULARES Y PAGOS INDEBIDOS A PROVEEDOR RICHARD CISNEROS

El informe será puesto de conocimiento del Ministerio Público y del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE).
Recomendó al titular del sector disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan.
Al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios involucrados
La Contraloría General de la República evidenció que el Ministerio de Cultura efectuó pagos indebidos por el monto de S/155,400.00 a un único proveedor que no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020.
Asimismo, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos de la mencionada entidad por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente al proveedor, afectando la transparencia de las contrataciones del Estado, así como la finalidad pública prevista.
Por los hechos detectados que forman parte del informe de control, la Contraloría recomendó al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos; y al titular de la entidad disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. El informe también será puesto de conocimiento del Ministerio Público.
Asimismo, se recomendó poner en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los resultados del informe respecto a las actuaciones del proveedor para los fines que correspondan en el marco de su competencia.
De acuerdo al  Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5765-SCE, el Ministerio de Cultura contrató al proveedor Richard Cisneros Carballido, a través de nueve órdenes de servicios por la suma total de S/175,400.00. Según la comisión de control del OCI del Ministerio de Cultura, las áreas usuarias elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuaban al objeto de la contratación.
El informe de la Contraloría señala asimismo que las contrataciones y pagos efectuados a favor del proveedor Richard Cisneros, se hicieron por servicios de ejecución de actividades motivacionales para mejorar el rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura, la organización y ejecución de eventos de integración institucional para los colaboradores de la entidad, ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, intervención en actividades culturales para promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional, y otros.
HECHOS DETECTADOS
En el informe de control se señala, entre otros aspectos, que dentro de las actividades que debió realizar el proveedor Richard Cisneros, fue la elaboración de un directorio de librerías que contenga piezas musicales, con pertinencia cultural. Sin embargo, este requerimiento resultó incongruente porque las actividades que debió efectuar el referido proveedor no guardaba correspondencia con el perfil requerido en el que solo se solicitó “experiencia en la elaboración de eventos, actividades teatrales, musicales o de entretenimiento”, no habiéndose solicitado a un especialista o técnico en música.
Además, se consignaron actividades que son funciones propias al Ministerio de Cultura y no se estableció el perfil mínimo requerido para la contratación, conforme lo señala su propia norma interna, por ejemplo, no se estableció el nivel académico requerido, es decir se omitió definir si el servicio debía ser prestado por un técnico, un profesional o un especialista.
También se comprobó que en el año 2019 se fraccionó una contratación con la finalidad de evadir el procedimiento de selección que, por el monto correspondía a una adjudicación simplificada, en aplicación de la Ley de Contrataciones.
INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
En estas contrataciones las áreas usuarias otorgaron conformidad, pese a que el proveedor Richard Cisneros Carballido, en algunos casos no acreditó el cumplimiento de la prestación del servicio, por ejemplo, en el año 2018, se detectó que este proveedor presentó el Informe N°003-2018-RJCC, a través del cual debió entregar un diagnóstico para la “propuesta de difusión y promoción del uso de las salas” del Ministerio de Cultura, sin embargo, en el expediente de la contratación no se evidencia el mencionado diagnóstico, que supuestamente debió servirle de base para su propuesta de promoción.
Además, debió entregar un video de intriga, grabada con drone, con una historia de la entidad (Ministerio de Cultura) pero el área usuaria, es decir la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional (OCII), manifiesta que no cuenta con el referido material audiovisual.
A pesar de esta situación irregular, la Secretaría General otorgó la conformidad de este servicio a través del documento N°12091-2018, ocasionando que se desembolse indebidamente a favor del proveedor Richard Cisneros por S/7,000.00, conforme lo evidencia el comprobante de pago N° 24699 del 17 de diciembre del 2018.
Los resultados del informe se encuentran publicados en el Portal Institucional www.contraloria.gob.pe, sección Transparencia e Informes de Control.

Caso Richard Swing: Contraloría señala responsabilidad penal en 16 funcionarios del Mincul por hechos irregulares

Por María Claudia Alba– Diario El Comercio.
La Contraloría General de la República encontró responsabilidad penal en 16 funcionarios del Ministerio de Cultura (Mincul) en el caso relacionado a las contrataciones del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, desde el 2018 hasta el 2020.
Según el informe emitido por esta institución, el Mincul efectuó pagos indebidos por el monto de S/ 155.400.00 a un único proveedor que no contaba con la especialidad ni con el perfil o experiencia debida para la ejecución de las actividades requeridas.
“El Ministerio de Cultura, en los años 2018, 2019 y 2020, contrató al proveedor, a través de nueve órdenes de servicio, en las cuales las áreas usuarios elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuan al objeto de la contratación y sin establecer el perfil mínimo requerido para la contratación; además, consignaron actividades que constituyen funciones inherentes a la entidad, habiendo fraccionado una contratación con el fin de evadir la aplicación de la ley de contrataciones”, indica el documento.
“Así como se otorgaron conformidades a pesar que el proveedor no acreditó el cumplimiento de la prestación del servicio y en un caso sin aplicar penalidad por mora; permitiendo que la entidad efectúe pagos indebidos al proveedor por el monto S/155.400, afectando la transparencia de las contrataciones así como la finalidad pública prevista”, agrega.
La Contraloría señala que servidores y funcionarios de este sector, “elaboraron y aprobaron perfiles en los términos de referencia no adecuados al objeto de las contrataciones, estableciendo actividades que corresponden a funcionarios inherentes de las unidades orgánicas” del ministerio.
La lista está encabezada por Jorge Antonio Apoloni Quispe, secretario general del Ministerio de Cultura desde el 12 de abril de 2018 hasta el 22 diciembre del mismo año, por “haber solicitado la contratación del proveedor, sin realizar una adecuada selección”.
Además, Félix Lossio Chávez, Patricia Vásquez, Liliana Chaname, Elisa Quiñones Li, Carlos Felipe Palomares Villanueva, Mimyrle Jesús Dioses Morán, José Antonio Bellido Suárez, Lincoln Martín Matos Parodi, Laura Isabel Montes de Oca, Amalia Sánchez Alva, Katiya Nathali Paredes Gonzáles, Osbin Richard Vargas Estrada, Juan Julio Pilares Maqui, Darío Nemecio Armas Casos y Mauricio Manuel Salas Torreblanca.
Entre los hechos detectados, se precisa que en el informe de control figura la elaboración de un directorio de librerías con piezas musicales; sin embargo, esto “resultó incongruente” por no guardar correspondencia con el perfil requerido para la contratación de Richard Cisneros, en el que se solicitó “experiencia en la elaboración de eventos, actividades teatrales musicales o de entretenimiento”.
La Contraloría recomendó al procurador público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funciones y servidores involucrados en estos hechos y al ministro, Alejandro Neyra, disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. Además, precisó que el informe se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Rennán Espinoza renunció a la bancada de Somos Perú: “Hay cosas que no se pueden tolerar”

El congresista Rennán Espinoza, quien era vocero de la bancada de Somos Perú, informó a través de su cuenta de Twitter que presentó su carta de renuncia.
“Lamento que las circunstancias, sumadas entre varias, me hayan obligado a tomar esta decisión. Lo pensé, medité y con gran dolor me voy. Hay cosas que no se pueden tolerar. Éxitos y buen viento”, escribió el congresista.
El parlamentario había solicitado a la bancada que Guillermo Aliaga sea retirado del equipo. Ello luego de que este último tenga presuntos vínculos con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”. Sin embargo, el pedido de Espinoza había sido rechazado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
“Ante los graves hechos que involucran a un miembro de mi bancada, solicité su suspensión, pero al no obtener una respuesta ni un gesto de desprendimiento de su parte, he decidido presentar mi renuncia a la vocería de la bancada y de Somos Perú”, indicó.
Según reportó Perú21, Aliaga tiene registradas 67 llamadas telefónicas del abogado Marcelino Meneses Huayra en todo el año 2017. De acuerdo con las investigaciones de a fiscal Rocío Sánchez, Huayra era uno de los operadores de “Los cuellos blancos del puerto”.
Guillermo Aliaga forma parte de la Mesa Directiva del Congreso de la República. Huayra, en tanto, se encuentra prófugo en Estados Unidos.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Somos Perú designa a nuevos voceros tras renuncia de Rennán Espinoza

La bancada de Somos Perú oficializó la renuncia del congresista Rennán Espinoza al grupo parlamentario y designó a su reemplazante como vocero titular.
A través de un oficio dirigido al oficial mayor, Javier Ángeles Illmann, se informó también de la elección de los nuevos voceros de la bancada: Luis Reymundo Dioses Guzmán, quien asume la vocería titular y Jorge Luis Pérez Flores, como vocero alterno.
“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y comunicar la renuncia del congresista Rennán Samuel Espinoza Rosales al cargo de directivo-portavoz y como miembro integrante del grupo parlamentario Somos Perú”, indica el documento firmado por el nuevo portavoz titular.
Cabe destacar que Dioses Guzmán se desempeñó como portavoz alterno, mientras Rennán Espinoza tuvo la vocería principal de la agrupación.
El congresista Espinoza renunció a la bancada de Somos Perú, luego que su propuesta para retirar al parlamentario Guillermo Aliaga, por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto no recibiera el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
“Lamento que las circunstancias, sumadas entre varias, me hayan obligado a tomar esta decisión. Lo pensé, medité y con gran dolor me voy. Hay cosas que no se pueden tolerar. Éxitos y buen viento Somos Perú”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.