La decisión de suspender el proyecto minero Tía María se tomó en 2 días
Por Fernando Vivas y Jonathan Castro- Diario El Comercio.
“Lo que hay que hacer es revertirlo, revertirlo también administrativamente. ¿Con qué? Con la medida que presenta el gobernador […]. No es la solución ‘cancele’. Busquemos una solución […]. Lo que se tiene que hacer es un procedimiento. Hagámoslo juntos. […] Yo mismo con los técnicos le vamos a dar soporte”. Tales fueron algunas de las frases que el presidente Martín Vizcarra soltó a los alcaldes de los distritos del Valle de Tambo y al gobernador Elmer Cáceres Llica el 24 de julio.
Las frases no se pronunciaron en una reunión formal, sino en un área contigua a la sala de la Biblioteca Regional de Arequipa donde se había instalado una mesa de trabajo para calmar los sofocos de Tía María. Según nos contó una fuente que estuvo presente, los alcaldes de Punta de Bombón, Cocachacra, Matarani y Mejía habían abandonado la reunión. Cáceres, que los había invitado, salió a persuadirlos para que volvieran y Vizcarra lo siguió para ayudar en el cometido. El presidente se acercó al grupo y en los minutos que siguieron soltó los argumentos persuasivos y controversiales. Luego, volvió con todos a la mesa y pronunció un discurso, ese sí, con cautela. (De poco sirvió ese cuidado final, pues uno de los alcaldes, si descartamos a Cáceres por haber sido el convocante, lo grabó).
Unos días después, el viernes 9 de agosto, el Consejo de Minería (CM), tribunal administrativo que resuelve las controversias presentadas ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem), decidió suspender la licencia de construcción que tiene aún enervado al valle. No se canceló, sino que se suspendió por 120 días mientras dure un proceso con audiencias públicas a las que se llamaría a voceros de Southern Perú Copper Corporation, la empresa a cargo de Tía María, y a los autores de los 3 ‘recursos de revisión’ (así se llama a las impugnaciones en la Ley de Minería): el propio Cáceres (la presentó el 19 de julio luego de que Vizcarra se pronunciara prometiendo atender los reclamos), el Frente de Defensa de los Azucareros de Chucarapi Pampa Blanca (lo hizo el 23) y el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo (lo hizo el 31).
—Suspender, suspender–
A pesar de las promesas del presidente del 24, en su reunión con los líderes políticos de la zona, el conflicto siguió escalando y recrudeció con el bloqueo del puerto de Matarani, lo que repercutió en el importante flujo de exportación que allí se embarca, incluyendo el mineral de Las Bambas.
En esa coyuntura se dio la veloz sucesión de hechos que llevó a la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María. La Dirección General de Minería, la oficina que recibió los tres recursos –entre ellos el de Cáceres Llica–, los elevó al CM el miércoles 7 de agosto.
Al día siguiente, el 8, el CM pidió a la Oficina General de Gestión Social (OGGS),–que depende jerárquicamente del despacho ministerial del Minem– un informe sobre el estado del conflicto. Esto a través del Memo N° 0212-2019/MINEM-CM.
Ese mismo día, Miguel Kuzma Alfaro, un economista que trabajó tiempo atrás en el Minem y estuvo en una empresa minera antes de recalar en abril en la Oficina de Diálogo y Participación Ciudadana que depende de la OGGS, firmó el informe N° 002-2019-MINEM/OGGS/OGDPC, que hace una cronología y un somero análisis del conflicto, y recuerda el trágico antecedente de los cinco muertos de asonadas pasadas y los varios policías heridos en los últimos días. El informe concluye: “Si bien, a la fecha, no se han registrado víctimas mortales producto de las movilizaciones, los paros y los enfrentamientos antes señalados, no se puede descartar que esta situación ocurra […]”. El propio Kuzma y José Luis Carbajal Briceño, jefe de la OGGS, enviaron el informe al CM.
Al día siguiente, a través del auto de sala N°014-2019 MINEM/CM, el Consejo de Minería dispuso “la suspensión de la ejecución” de la licencia de construcción de Tía María. En el análisis hecho por el CM se lee el sustento presentado por la OGGS: “Según lo manifestado por la Oficina de Gestión Social, existe riesgo de pérdida de vidas humanas, además de las pérdidas económicas ya ocasionadas”.
Para la elaboración de esta nota, el CM nos entregó el “Manual de procedimientos del Consejo de Minería respecto de los recursos de revisión”. Este documento especifica, primero, que el consejo está facultado a “solicitar información a otras dependencias del sector público”. El manual también establece, en su punto 6, que el CM emite las resoluciones finales en “un plazo máximo de 120 días” y que las vistas se programan “de acuerdo al orden de ingreso”. Los recursos presentados contra la licencia del proyecto Tía María fueron programados y resueltos preliminarmente en solo dos días. La decisión sobre el fondo se deberá tomar a más tardar en 120 días.
Hemos llamado a Kuzma, el autor del informe de la OGGS, y le hemos enviado preguntas por escrito, para indagar quién y cómo le transmitió la premura, pero no nos ha contestado. También buscamos al ingeniero Fernando Gala, presidente del CM, para hacerle la misma pregunta y no la respondió, porque para ello nos dijo: “Requiero autorización de los vocales ya que somos un órgano colegiado de cinco miembros”.
Gala y el vicepresidente del CM, el abogado Luis Panizo, están alrededor de dos décadas en el CM. De acuerdo con la Ley de Minería, este tribunal debe estar formado por tres abogados y dos ingenieros y, por costumbre en el sector, suelen ser funcionarios del propio ministerio que permanecen largo tiempo en el cargo.
La Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General, también llamada PAG, compleja y con algunas contradicciones señaladas por expertos en derecho administrativo, ha sido el principal marco de interpretación, según lo reafirma el CM en un ayuda memoria que nos envió. También lo ha sido de los recursos de revisión. El Art. 119 de la ley, faculta a contradecir actos “aduciendo el interés difuso de la sociedad”. Este último concepto aparece citado en uno de los recursos.
Hay que destacar que es la primera vez que estos razonamientos se aplican, por impugnadores y por el CM, a una licencia de construcción en un caso notorio. El ministro Ísmodes señaló a este Diario que “la medida del Consejo de Minería ha sido una medida excepcional”, que se sustentó en el riesgo a la integridad de las personas, que podría generar escenarios de la violencia en las protestas y bloqueos o mayores.
Soros y la crisis política peruana: Presidente sin partido, sin bancada y sin capacidad de gobierno
Apoyó a Alberto Fujimori a través de su hombre fuerte Vladimiro Montesinos. También respaldó a Alejandro Toledo para que llegara a la Presidencia en 2001, y logró que el Gobierno de Alan García reprimiera a los pueblos originarios en beneficio de sus empresas. Es el multimillonario George Soros.
La última mención del nombre de este magnate de origen húngaro se relaciona con los audios que sumergieron al sistema judicial en su peor crisis de la historia. Y al mismo tiempo colocó en segundo plano la corrupción durante el Gobierno de su amigo, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció el 21 de marzo de este año antes de ser destituido.
El experto Diego Arenas dijo a Sputnik que una hora antes de renunciar, Kuczynski concretó su último acto de gobierno: adjudicó por decreto a una misma empresa cinco lotes petroleros saltándose todas las normas de transparencia, ambientales y de participación ciudadana. Pero de eso poco se habla a esta altura tras el escándalo de los audios que evidencian los intercambios de favores entre jueces, políticos y empresarios.
En este sentido, el experto explica que el único medio que accedió estos audios es IDL Reporteros. Se trata de audios que registran conversaciones telefónicas, o bien se percibe que fueron grabados mediante micrófonos colocados en los despachos de los implicados.
“El portal IDL reporteros es financiado por George Soros”, apuntó Arenas, lo cual los propios encargados del medio no ocultan y aseguran que eso no afecta su independencia. Tras conocerse los primeros audios, trascendió que el aporte de capital del magnate a la empresa periodística fue de tres millones de dólares.
Según Arenas, esta no ha sido la única intervención de Soros en la política peruana. El 5 de junio de 2000, el magnate organizó un encuentro en Polonia con quien sería el futuro presidente de Perú, Alejandro Toledo, y otros dirigentes opositores.
De acuerdo con Arenas, en ese momento le habría entregado un millón de dólares a Toledo para la Marcha de los Cuatro Suyos en el año 2000 contra el Gobierno de Alberto Fujimori. Toledo fue electo finalmente en 2001 mediante elecciones anticipadas tras la renuncia de Fujimori en noviembre de 2000.
Fuente: www.sputniknews.com 
George Soros financia política peruana
Por Federico Prieto Celi- CaféViena.pe
Por declaraciones de Diego Arenas a Sputnik sabemos que George Soros ha financiado no solo a Alejandro Toledo –hecho ya conocido- sino también a quien ha difundido el último audio del presidente Vizcarra en Arequipa. Diego Arenas se refiere a IDL reporteros, dirigido por Gustavo Gorriti, como el “único medio que accedió a estos audios” por lo que deduce que este instituto “es financiado por George Soros” y se atreve a afirmar que “el aporte de capital del magnate a la empresa periodística fue de tres millones de dólares”.
Tanto Benigno Blanco como César Vidal, expertos en ideología de género, han denunciado que George Soros donó 18,000 millones de dólares a The Open Society Foundations, con el fin de difundir esa ideología. Entrevistado por Enrique de Diego, en el portal digital RamblaLibre el 17 de marzo de 2018, Vidal declaró que “La ideología de género es el instrumento privilegiado del plan globalista para convertir el planeta en una gran masa de esclavos”.
La consigna de los organismos internacionales dependientes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y de la Unión Europea, entre otros, se centra en tres realidades que hay que destruir: la soberanía de las naciones, el matrimonio y la familia, y la Iglesia Católica. La consigna piensa que eliminando esos obstáculos lograrán influir en todo el mundo para reducir la población, que es la meta de George Soros y otros magnates como Rockefeller.
No hay que pensar demasiado para darse cuenta que los tres millones dados a quien sea en el Perú son apenas tres gotitas de dinero de esos 18,000 millones de The Open Society Foundations y que la finalidad sería influir para que el Ministerio de Educación difunda la ideología de género, que es la herramienta de Soros para ir debilitando nuestra soberanía, el matrimonio y la familia, y el sentido cristiano de los peruanos. Desprestigiar al Estado peruano –sus tres poderes- deteriora la soberanía nacional y sirve de presión para que las hormigas que trabajan -sabiéndolo o no- para él, puedan seguir insistiendo en la enseñanza en los colegios de la ideología de género. Es una manipulación que ya le hubiera gustado hacer a Vladimiro Montesinos, pero George Soros, a sus 89 años, y tras un siniestro pasado nazi, es mucho más maquiavélico y maligno.
Comisión de abusos sexuales: ¿hay una agenda detrás?
¿Acaso se busca etiquetar como espacios de riesgo para menores solo a las entidades religiosas? ¿Los presuntos abusos cometidos por Juan Borea Odría, director del colegio Héctor de Cárdenas, o la violencia sexual sobre niñas awajún no indican que estos hechos terribles pueden ocurrir, lamentablemente, al interior de cualquier institución?
Aunque hoy los focos de la atención mediática se encuentran dirigidos al nuevo enfrentamiento entre poderes del Estado, un vistazo al informe de la Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores en instituciones públicas o privadas deja serias dudas y preocupaciones sobre el verdadero objetivo de la creación de este grupo de trabajo. De hecho, más allá de sus vicios de origen –no olvidemos que se limita a investigar tres casos, que el congresista Alberto de Belaunde ya adelantó opinión sobre uno de ellos (Sodalicio), y que él mismo preside la comisión no obstante haber solicitado su formación (en clara violación del reglamento del Congreso)– se esperaba que constituyera un gran avance en cuanto a atención de una realidad urgente y dramática.
Solo en 2018, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 22,709 menores víctimas de violencia física y sexual; mientras que en el primer trimestre del 2019 se reportaron más de 6000 niños y adolescentes afectados. La Comisión, entonces, generó cierta expectativa en cuanto a su promesa de poner “particular énfasis en una cultura de prevención”.
“Se está poniendo particular énfasis en tener una cultura de prevención. No solo enfocarnos en la denuncia sino en las propuestas de proyectos de ley de políticas públicas y buenas prácticas en la sociedad. Buscamos facilitar la denuncia y castigo de los abusadores, así como la sanación de las víctimas”, manifestó hace unos meses su titular, integrante de la Bancada Liberal.
Sin embargo, pareciera que bajo el pretexto de perseguir justicia para la víctimas del caso Sodalicio –el cual, dicho sea de paso, amerita sancionar con todo el peso de la ley a los criminales que, aprovechando su ascendiente cometieron execrables abusos sexuales contra sus jóvenes integrantes– el documento emitido por la Comisión traza intencionadamente un claro círculo alrededor de las organizaciones religiosas, al incluir entre sus recomendaciones una que lindaría con la discriminación:
5. “El Congreso de la República debe priorizar la modificación normativa del artículo 14 de la Ley N° 29635, Ley de libertad Religiosa para incluir como requisitos de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas que: a) cuenten con protocolos claros de prevención y respuesta (incluidos los mecanismos de sanción) frente a la violencia sexual contra menores de edad que pudieran cometer sus miembros o se presenten al interior de sus iglesias u otras instalaciones que les pertenezcan, y b) señalar si realizan labores de educación, rehabilitación o cuidado de menores de edad, el lugar donde se realizan y la(s) persona(s) de la organización religiosa responsable(s) de monitorear dichas actividades”.
Luego de leer detenidamente lo anterior, válido es preguntarse si la intención es categorizar como espacios de riesgo para menores de edad solo a las entidades religiosas. ¿Acaso los presuntos abusos cometidos por Juan Borea Odría, director del colegio Héctor de Cárdenas, o la violencia sexual sobre las niñas awajún (los otros dos casos investigados) no indican que estos hechos terribles pueden ocurrir, lamentablemente, al interior de cualquier institución, sea laica o confesional? ¿No sería mejor –y más realista– establecer un protocolo universal para TODAS las organizaciones que brindan servicios a la niñez? ¿Cuál es el propósito detrás de colocar esta etiqueta negativa solo a las entidades religiosas?
Fuentes consultadas revelaron que alguien de la comisión estaría buscando, en realidad, romper el concordato con el Vaticano y, por supuesto, ir detrás de las finanzas de las iglesias evangélicas.
Y ello se percibiría, incluso, en que la Comisión parecería no haber ejercido la debida presión en todos los denunciados por igual. Algunos hasta se habrían dado el lujo de negarse a contestar durante la investigación. Según el portal Wayka, “Juan Borea se negó a responder a las preguntas de la comisión y declaró que solo brindaría información a la Fiscalía, donde también tiene una investigación abierta. ‘Yo no creo que al país le interese lo que pasó en el [colegio] Héctor de Cárdenas’, dijo”.
Ello contrasta con la atención dedicada, de acuerdo con información del Diario Correo, a testigos como el exsodálite José Enrique Escardó –últimamente muy activo en redes sociales, a raíz de la viralización de una grave denuncia contra él por maltrato psicológico interpuesta por su expareja–, quien brindó una exhaustiva y detallada declaración sobre los abusos.
Escardó acusó que cuando se retrasaba en los entrenamientos “venían con una ramita” y lo “golpeaban en la parte posterior de las piernas”. Así mismo, describió castigos como “ayunos a base de agua y lechuga, dormir en las escaleras durante un mes, cuidar la capilla del jardín durante toda la noche y otros”.
Como se recuerda, la Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores en instituciones públicas o privadas investiga los siguientes casos: 1) Denuncias de abuso sexual, físico y psicológico al interno del Sodalicio de Vida Cristiana; 2) Reportes de violencia sexual sobre las niñas awajún en la provincia de Condorcanqui, Amazonas; y 3) Denuncias de exalumnos del colegio Héctor de Cárdenas contra el exdirector de la institución, Juan Borea Odría, por tocamientos indebidos, hostigamiento y violencia psicológica.
Fuente: Político.pe