Tráfico de intereses y prensa inmoral

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Por Hugo Guerra– Diario EXPRESO.
La prensa en el Perú atraviesa por uno de los períodos más oprobiosos de su historia. La pérdida del sentido ético y moral, la manipulación ideológica, la priorización de utilidades mercantiles por encima del interés nacional y la desesperación por conseguir la subvención publicitaria del Estado, hace que muchos medios se comporten como hienas similares a las que abundaron durante la dictadura de Velasco Alvarado.
A falta de mecanismos de autorregulación como el que impulsamos con Alejo Miró Quesada en 1997 y que creó el hoy decrépito Consejo de la Prensa, ciertos periodistas han convertido diversos espacios de radio, televisión e impresos en antros criminales. Desde allí se persigue, criminaliza y sentencia a quien se atreva a disentir del pensamiento único neomarxista.
Al hiperconcentrar la propiedad y los contenidos, el cartel mediático intenta crear, además, una posverdad protectora del gobierno de turno y defensora de la corrupción de Odebrecht, el consorcio de constructoras y sus cómplices de ciertas ONG.
Frente a ello, quizá por hartazgo y desesperación, pero al final por ausencia de convicción democrática, políticos impresentables pretenden penalizar el ejercicio periodístico, lo cual es muy grave porque evidencia que estamos llegando a extremos insostenibles.
Mientras eso ocurre, hay quienes trafican intereses subalternos en la seguridad de que contarán con el “compañerismo” mediático más agresivo. Un ejemplo grave es la querella que ganó y luego desistió el obispo de Piura, monseñor José Antonio Eguren contra los periodistas Salinas y Ugaz.
La reciente sentencia no versó sobre el presunto abuso sexual en una organización religiosa (cosa que de probarse debe ser castigada con el máximo rigor), sino sobre difamación a propósito del supuesto tráfico de propiedades rurales divulgado en el documental “The Sodalitium Scandal”.
No soy cristiano, pero me llama la atención que ese informe –extrañamente producido por la cadena qatarí Al Jazeera–, pese a la decisión judicial, siga utilizándose para atacar a la jerarquía católica antimarxista. ¿Cuál es el interés en el Perú de un medio musulmán denunciado en diversas partes del mundo como vinculada al terrorismo islámico?.
Muy raro; y como si eso no bastara, la Universidad del Pacífico se ha lanzado a proponer un “amicus curiae” en defensa de los querellados; recurso que pone en evidencia la pelea de jesuitas con sodálites. Es decir, pues, que en medio del desastre de la prensa actual las vendetas ya no son solo políticas sino también religiosas. ¡Lo que nos faltaba!

¿OVEJAS O LOBOS?

Por Luciano Revoredo- www.laabeja.pe
La lectura de un artículo de opinión, publicado hace pocos días, llamó mi atención. Hugo Guerra hace, a mi juicio, un breve pero acertado análisis de la situación preocupante en la que se encuentra el ejercicio del periodismo en el Perú. Y hacia el final sugiere una lectura de un enfrentamiento ideológico al interior de la Iglesia peruana, que tendría ecos en otros ámbitos de la sociedad. Confieso, quizá llevado por la imaginación, que por un momento me sentí transportado a una trama narrativa al estilo de Dan Brown, con una dosis de surrealismo, y un toque final de realismo mágico. Seguí la pista, y algunos datos empezaron a aflorar para configurar un cuadro de no muy grata apariencia.
Cualquier persona familiarizada con el devenir de la Iglesia en la historia sabe que enfrentamientos y bandos han existido siempre. La diferencia, quizá, es que antes esos trapitos pasaban inadvertidos para la gran población de fieles. Hoy, con la globalización, la difusión de medios y redes sociales, y el actuar del periodismo, lo común es que tarde o temprano esas historias afloren. En ese sentido, la triste fractura que afecta al episcopado peruano es algo casi de dominio público. Y esto, además, por obra de los mismos obispos que no titubean en atacarse unos a otros en público y por escrito, como lo hizo, por ejemplo, el obispo Nann, de Caravelí, con Monseñor José Antonio Eguren o el alucinante comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal, con el apoyo del arzobispo de Lima, en el que apoyan al periodista anticlerical Salinas sin haber leído el íntegro de la sentencia del proceso judicial.
Esta quiebra también se hace extensiva a las congregaciones religiosas. Fuentes confiables me aseguran que una antigua e influyente congregación, la Compañía de Jesús, estaría muy interesada en que el Vaticano disuelva al Sodalicio de Vida Cristiana. Como se sabe, esta congregación peruana viene pasando una fuerte crisis, y desde enero cuenta con nuevas autoridades que, en coordinación con Roma, vienen trabajando por reconducir su labor. Parecería que un sector de jesuitas, alineados con algunos obispos que abiertamente lo han declarado, ven en esta situación una oportunidad para sacar del cuadro a un movimiento que se les ha opuesto ideológicamente durante décadas. Como se dice popularmente, a hacer leña del árbol caído y liberar el camino.Pero el asunto va un poco más allá. Por lo que hemos podido indagar, la influencia de la Compañía de Jesús viene en creciente aumento. No sólo, como es evidente, por el cardenalato de Monseñor Barreto, jesuita y amigo del Papa Francisco, sino por la cercanía que tienen con el Pontífice miembros notables de la Compañía en el Perú. Se dice, por ejemplo, que el p. Cardó y el p. Cavassa tuvieron mucho que ver en el sorprendente nombramiento del nuevo arzobispo de Lima. ¿Por qué sorprendente? Pues porque a juicio de los entendidos, no cuenta ni con la trayectoria ni con la experiencia para un cargo de tal magnitud.
Esto hace sospechar que sería un excelente elemento para manipular e impulsar una agenda propia. Por otro lado, su influencia en la Universidad Católica es conocida, así como en la Universidad del Pacífico. Se abren algunas interrogantes. ¿Por qué estos influyentes sacerdotes nunca dijeron nada sobre los cobros indebidos a los alumnos durante la gestión de Marcial Rubio? ¿Dónde quedó la preocupación por la justicia ante los recortes de pensión a más de 600 extrabajadores de la Católica?
El futuro no se presenta muy favorable para los católicos de a pie mientras los pastores y religiosos se sigan enredando en intrigas palaciegas. Si algo pudiéramos pedirles es que, antes que hacer de mediadores en conflictos mineros de los que poco o nada saben, se dediquen a lo que todos esperamos, y para lo que se les escogió: cuidar espiritualmente de los católicos, defender a los más débiles y abandonados de la sociedad, velar por la promoción de los valores cristianos en la sociedad y, salvadas las legítimas diferencias y opiniones, trabajar por la unidad de la Iglesia.

La caída de Eugenio Valenzuela, el ex provincial que era visto como el “papá” de los jesuitas

Por María José Navarrete y Juan Manuel Ojeda– Diario La Tercera.
El sacerdote acumula tres investigaciones previas en su contra y al menos cuatro denunciantes. En dos de estas indagatorias al religioso no se le pudo imputar ningún delito eclesiástico y solo ha recibido sanciones internas. Esta es la historia de quien formó a un cuarto de los jesuitas que hoy están en ejercicio.
Hace más de tres años que el nombre del exprovincial de la Compañía de Jesús en Chile Eugenio Valenzuela había pasado a segundo plano hasta agosto del año pasado. Ese mes llegó una nueva denuncia en su contra. Se trataba de otra víctima, un hombre adulto, quien acusaba haber sufrido abusos por parte del sacerdote y una redeclaración de otro denunciante que ya había notificado los abusos en 2013.
Nada de esto se comunicó en su momento. Los antecedentes se dieron a conocer hace una semana por Reportajes y detallados por el actual provincial, Cristián Del Campo, en una entrevista con La Tercera. Esta denuncia, según conocedores del caso, habría llegado a la Comisión de Escucha encargada por el arzobispo maltés Charles Scicluna.
Con la nueva denuncia, Del Campo ordenó una investigación previa que se encargó al abogado externo Waldo Bown, el mismo penalista que está investigando el caso que involucra al fallecido excapellán del Hogar de Cristo Renato Poblete. Además, le restringió el ejercicio público del ministerio sacerdotal, sanción que sigue vigente hasta la fecha.
Entre los antecedentes revelados ahora se cuenta una carta de carácter privado remitida por el provincial Del Campo a “familiares y colaboradores” de la orden, en la que advertía del riesgo que las revelaciones sobre Valenzuela podía exponer a los jesuitas “al escrutinio y a la crítica“.
Al mismo tiempo, luego de cuatro años de misterio, actualmente se conocen las sanciones que recibió el exprovincial: consistieron meramente en la suspensión del ministerio de acompañamiento espiritual y ejercicios espirituales por tres años. También se le retiró la posibilidad de asumir cargos de responsabilidad en la formación de los sacerdotes. No obstante, sí pudo seguir oficiando misas.
El peso que Valenzuela tuvo en la formación de generaciones de jesuitas es innegable. Uno de los denunciantes lo resumió así: “Es como denunciar a tu papá en tu propia familia”. Más abajo, los detalles.

Datos “por goteo”

Los antecedentes del caso de Valenzuela sólo se han sabido por goteo. Hasta la fecha acumula tres investigaciones previas y al menos cuatro denunciantes. La Compañía apostó por informar poco y nada al respecto generando una historia más opaca que transparente. Desde la congregación ha trascendido que, como las víctimas son mayores de edad, no tienen la obligación de transparentar los hechos.
Todo lo que hay son dos comunicados de la Compañía, uno de 2014 y otro de 2015, nada más. Al juntar todas las piezas del puzle aún siguen quedando algunos vacíos. La Tercera PM reconstruyó la historia y estos son los desconocidos detalles de uno de los sacerdotes de la Compañía investigado por abusos que más ha golpeado a la interna de los jesuitas en los últimos años.

Tardanza en denunciar

Las primeras denuncias llegaron “a fines de 2010 e inicios de 2011”. Se trataba de dos víctimas -todos hombres adultos exalumnos de los colegios San Ignacio El Bosque y Alonso Ovalle, algunos exseminaristas-, más la declaración de un testigo sobre hechos ocurridos entre 1995 y 1998 cuando era novicio. Los tres no se conocían, pero se animaron a denunciar en ese momento luego de ver el reportaje del programa Informe Especial, de TVN, que reveló los abusos cometidos por el expárroco de El Bosque, Fernando Karadima.
A pesar de que una investigación previa -el primer paso para comenzar a indagar formalmente una denuncia- debe abrirse con “diligencia y prontitud” en un máximo de tres meses, la Compañía tardó más de dos años.
En 2010, Valenzuela era el provincial y de él dependía abrir o no una investigación preliminar en su contra. Los hechos demostraron que optó por no hacerlo. Lo que sí ocurrió, de acuerdo al testimonio de uno de los denunciantes, es que designó a sacerdotes de su confianza a cargo de indagar los antecedentes que habían.
Los jesuitas que habrían recibido este encargo fueron Juan Ochagavía -el mismo que será citado a declarar en la causa de Poblete por posible encubrimiento- Fernando Montes e Ismael Aracena.

“Lo realizado fue insuficiente”

Casi nueve años después, la congregación tiene una visión crítica de cómo actuó con esas primeras denuncias. Desde la Compañía señalan que reconocen “que lo realizado entre fines de 2010 y comienzos de 2011 fue insuficiente, sobre todo al no otorgar las garantías de objetividad del procedimiento, dado que se investigaba a un provincial”.
Ante la insistencia de las víctimas, en 2013 el Superior General de la Compañía, el español Adolfo Nicolás, decidió adelantar el cambio de provincial. A Valenzuela le quedaba un año para terminar su mandato. Su reemplazo llegó en octubre de 2013. Nunca se explicó por qué ocurrió el cambio anticipado y llamó mucho la atención que asumiera un sacerdote tan joven. Cristián Del Campo, a sus 43 años, fue el elegido para dirigir la provincia.
Con Valenzuela fuera de la curia provincial, el 1 de octubre de 2013 Del Campo decretó la apertura de la primera investigación previa en su contra por las denuncias recibidas en 2010, la que fue encargada al jesuita argentino Alfonso Gómez. Nada de esto fue informado a la comunidad.
La conclusión de las indagatorias realizadas por Gómez fue que “los hechos denunciados no eran constitutivos de delitos eclesiásticos”. Pese a eso, Del Campo concluyó que “algunas de esas conductas fueron consideradas imprudentes en el ejercicio del ministerio sacerdotal”, sin detallar cuáles habían sido esas faltas.
Por lo tanto, el 18 de noviembre de ese año dispuso en contra de Valenzuela la medida disciplinaria de suspensión del ministerio de acompañamiento espiritual y atención pastoral restringida a espacios visibles.
En diciembre de 2013 ocurrió el segundo golpe. El exprovincial seguía sin poder acompañar espiritualmente cuando apareció el tercer denunciante en su contra. Esta vez la presunta víctima se saltó a la Compañía y la ingresó directamente ante la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) en Roma.

Correo de circulación “restringida”

Siguiendo el conducto regular, la denuncia llegó de vuelta a la Compañía en Chile, la que ordenó una segunda investigación previa en contra de Valenzuela y “la restricción total del ejercicio público del ministerio sacerdotal”. Esta vez el encargado del proceso fue Fermín Donoso, un religioso de la Congregación de la Santa Cruz.
Esto no fue comunicado por la Compañía hasta enero de 2014, cuando por primera vez emitió una declaración pública respecto al caso detallando someramente lo que estaba pasando con el exprovincial.
En paralelo, Cristián Del Campo redactó una carta dirigida a los “familiares y colaboradores” de la Compañía. En uno de los párrafos de la misiva, que iba firmada de su puño y letra, se lee: “Cada uno de ustedes se puede imaginar lo doloroso de esta situación. Muchos de ustedes ya habían tenido alguna noticia al respecto. Sin embargo, la publicidad de este caso nos expondrá al escrutinio y a la crítica. Particularmente dura será la exposición que enfrentará el Padre Eugenio Valenzuela. Si nos hemos comprometido a aportar en todo lo que nos pida, tenemos también que cautelar la presunción de inocencia a la que todos tenemos derecho”.
Las tres víctimas que existían en ese momento emitieron una declaración respondiendo el comunicado de Del Campo y, entre otras cosas, criticaron que se informara de “manera genérica y abstracta”.
Ahí, los tres denunciantes detallaron que los abusos consistieron en una “dependencia excesiva” en sus vidas, “abrazos largos sintiendo todo el cuerpo y sus genitales, sentarnos en su falda, caricias, largos besos en la boca, tocaciones sobre o bajo la ropa y acostados en la cama”. Los testimonios de las víctimas también son recogidos en Rebaño, libro escrito por el periodista Óscar Contardo.

“Enfermero” en residencia de sacerdotes ancianos

Valenzuela estuvo suspendido casi dos años. En ese tiempo vivió en la Residencia San Ignacio, la casa contigua al Colegio San Ignacio Alonso Ovalle donde residen los jesuitas adultos mayores. Al no poder ejercer el sacerdocio, Valenzuela se dedicó a labores de enfermería y tareas domésticas como ir a comprar frutas y verduras. Hasta allá lo iban a visitar algunos de sus amigos quienes debían pedir permiso al provincial para poder estar con él.
Su sanción momentánea duró hasta el 19 de agosto de 2015, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe le informó a la congregación que la investigación en contra de Valenzuela llegó a su fin. Dos días después, en un comunicado divulgado por la Compañía se detalló que luego de “considerar los antecedentes recopilados en la investigación previa, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha decidido no abrir un proceso canónico, dejando a juicio del Superior General de la Compañía de Jesús determinar las medidas conforme a las faltas existentes”.
¿Cuáles fueron las faltas y qué medida se impusieron? Eso nunca se supo. Consultados al respecto, desde la Compañía señalaron que el Superior General sí impuso una sanción. Contrario a lo que se comentaba al interior de la comunidad ignaciana, a Valenzuela no se le suspendió del sacerdocio.
Adolfo Nicolás sólo ordenó la “suspensión del ministerio de acompañamiento espiritual y de los ejercicios espirituales por tres años, sumado a no tener cargos de responsabilidad en la formación de los jesuitas”.

Un experto en conciencias

La mayoría de los abusos denunciados contra Valenzuela ocurrieron en el noviciado de los jesuitas. Antes de ser provincial fue maestro de novicios en el periodo 1998-2008. De hecho, alcanzó a ser maestro de 29 jesuitas, alrededor del 24% de los sacerdotes que actualmente hay en la provincia chilena, además de una docena de exjesuitas que fueron formados por él, pero que renunciaron al sacerdocio.
Él fue la “impronta” de las generaciones más jóvenes de jesuitas. Su caso marcó un quiebre entre los sacerdotes de la orden que siempre se trató de contener. Para ejemplificar lo difícil que fue denunciar a Valenzuela, uno de los denunciantes que habló con La Tercera PM, lo resume así: “Es como denunciar a tu papá en tu propia familia”.
Entre las víctimas, e incluso entre varios jesuitas, Valenzuela era conocido por “sus abrazos”, por sus expresiones de cariño en público que con algunos iban más allá en privado. También por su cercanía e interés en las vidas de los jesuitas y también por el hecho de que siempre dirigía espiritualmente a hombres. Eso, además de tener especial cercanía con determinados jesuitas.
El acceso que llegó a alcanzar sobre las conciencias y vidas de los jesuitas fue casi total. A todos los sacerdotes que fueron formados por él, se suma el nivel de control que llegó a tener desde su cargo como provincial. En la Compañía, una vez al año la máxima autoridad visita las 16 comunidades de sacerdotes que hay en el país para conversar con cada uno de ellos.
El objetivo es saber cómo van con su misión y dialogar sobre posibles nuevas destinaciones, ya que cada encargo pastoral que reciben los religiosos depende exclusivamente del provincial. Valenzuela repitió estas visitas durante casi seis años mientras fue provincial entre abril de 2008 y septiembre de 2013.

Niega los cargos

Sus cercanos aseguran que nunca ha admitido haber abusado. Se lo han preguntado directamente, pero niega todos los hechos que se le imputan. Comentan que se le nota “disociado”: ha contado con tratamiento psiquiátrico y dicen que lo que más le cuesta es asumir que ya no es lo que era antes. De ser el jesuita más admirado en la provincia, pasó a ser un caso “muy complejo” del cual los jesuitas reconocen que no han sabido llevar bien.
Luego de que en diciembre la Congregación para la Doctrina de la Fe decidiera no iniciar un proceso en su contra, el exprovincial quedó libre para recibir nuevos encargos pastorales. En 2015 fue consultor de la Residencia y en 2016 asumió la rectoría del templo de San Ignacio, una de las iglesias más relevantes para la Compañía en Chile, cargo que ostenta hasta la actualidad. A su vez, fue ministro y ecónomo de su casa, tradicionales cargos administrativos de las comunidades jesuitas. En 2017, a todas esas responsabilidades, se le agregó colaborar en el Hogar de Cristo.
Durante este tiempo se le ha visto concelebrar misas, por ejemplo, la eucaristía del 31 de julio, día de San Ignacio, efeméride que la congregación celebra en grande. También se le ha visto en las ordenaciones sacerdotales de la Compañía y cargando el ataúd de compañeros jesuitas que han fallecido el último año.

El veredicto de la Congregación para la Doctrina de la Fe

En agosto de 2018 iba a vencer la sanción impuesta en 2015 por Adolfo Nicolás, caducidad que no ocurrió debido a la nueva denuncia que llegó ese mes. Desde la Compañía aseguran a La Tercera PM que el expediente de esa investigación previa está en el escritorio del Superior General, el venezolano Arturo Sosa, en Roma. Sin embargo, eso debiera cambiar en los próximos días ya que, tal como reveló Reportajes, al declararse la denuncia como verosímil los antecedentes deben remitirse a la Congregación para la Doctrina de la Fe para iniciar un juicio en caso de que se acrediten delitos eclesiásticos.
Esta será la segunda vez que Valenzuela enfrente la Congregación para la Doctrina de la Fe. Conocedores del proceso aseguran que los hechos más claros son los “abusos de conciencia” y que lo más complejo son los presuntos abusos sexuales debido a la forma en como el exprovincial construía sus relaciones, algunas de las cuales llegaban a ser amorosas y sin un límite claro respecto del consentimiento.
Esta vez lo que está en juego es radical y podría durar años. Con el actual contexto, Valenzuela arriesga la máxima sanción: la dimisión del estado clerical, a menos que él renuncie antes. Todo con un telón de fondo que se espera aún más dramático para la Compañía, la investigación por los abusos del jesuita Renato Poblete que acumula más de ocho denuncias.

Ordenan captura de sacerdote por violación de adolescente

El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Ucayali ratificó la orden de nueve meses de prisión preventiva para el sacerdote italiano Marco Francesco Mambretti, acusado de haber abusado de un menor de 16 años de edad.
La medida fue obtenida por el fiscal, Miguel Huamani Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, tras acreditar fehacientes elementos de convicción que vincularían al cura del seminario Santo Domingo con el delito de violación sexual.
El sacerdote Marco Francesco Mambretti no participó de la audiencia judicial, por lo que se ordenó su inmediata ubicación y captura a escala nacional, a pedido del Ministerio Público, para su internamiento en el penal de Pucallpa.
El juez Jenner García Durán consideró como elementos suficientes: el certificado médico legal, el informe pericial psicológico y las respuestas que el adolescente brindó en la Cámara Gesell.
La víctima, quien sufre un leve retardo mental, contó ante las autoridades que los hechos ocurrieron cuando el sacerdote le enseñaba sus tareas.
Por su parte, el Vicariato Apostólico de Pucallpa, mediante un comunicado, lamentó la decisión del Poder Judicial de aceptar el pedido de prisión preventiva “sin que haya pruebas que demuestren la comisión del delito que se le imputa a Marco Francesco Mambretti y sin cumplir con ninguno de los requisitos que exige el Código Procesal Penal”.
El Vicariato de Pucallpa señaló que no existiría peligro de fuga debido a que el sacerdote cuenta con domicilio y trabajo conocido.
Fuente: Diario EXPRESO.

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