Por PLINIO ESQUINARILA-Diario EXPRESO.
Mientras el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) armaba todo el esquema legal para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en el gasoducto peruano del sur, mientras los precios de la obra subían de US$1,330 millones a US$7,328 millones, en paralelo aparecían los primeros beneficiarios locales en este negociado: Nadine Heredia Alarcón, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Jorge Merino Tafur. Eleodoro Mayorga Alba y una pléyade de subsidiarios, sobre todo de la burocracia de Proinversión y de Energía y Minas que la prensa concentrada y palaciega oculta.
El contrato de concesión del citado gasoducto, firmado el 23 de julio de 2014 entre el Ejecutivo y Odebrecht, se basó en la idea central de que el proyecto era “autosostenible” y que de ninguna forma perjudicaría los intereses de la nación o de los usuarios de luz eléctrica.
En cuanto al costo, mientras Kuntur Transportadora de Gas S.A.C., la concesionaria inicial, se comprometió a ejecutar inversiones por un monto total de US$1,330’112,124.15 para hacer el gasoducto, en un plazo de tres años y ocho meses, esta no sería sino la primera valorización que el tiempo se llevó.
Luego, cuando el proyecto se trasladó a los fueros de Proinversión, la consultora Cosanac estimó un primer incremento del costo de inversión para el transporte de gas y líquidos que llegaba a US$2,869 millones.
El segundo incremento llegó con la consultora Wood Mackenzie, contratada precisamente por Proinversión, que en un “informe técnico” del 6 de mayo de 2014 lo estimó en US$3,643 millones.
Al día siguiente de la fecha antes citada, llegó el tercer incremento de parte de la misma Wood Mackenzie que en su “informe financiero” lo incrementó a US$4,910 millones utilizando el novedoso concepto de “Programa Referencial de Inversiones y Reinversiones”.

SE DISPARA

Sin embargo, cuando llegó la licitación de la obra se olvidaron de la idea de lo “autosostenible” y no utilizaron el criterio de costo de inversión sino del costo de servicio, cargando allí los llamados “costos operativos”.
Estos cambios autorizados por las autoridades peruanas le permitieron a Odebrecht “elevar el monto de las tarifas, que ya no las calculó sobre la base del costo de inversión, sino del costo de servicio, y se incrementó el valor en 49%, pasando así de US$4,910 millones a US$7,328 millones, que fue el costo de servicio de la oferta económica del Gasoducto Sur Peruano”, precisa el informe final del Caso Lava Jato en la página 1144.
Así es cómo se disparó el costo.
Qué gran negocio en estas nuevas circunstancias en que los usuarios de luz eléctrica tenían que pagar con los llamados “ingresos anuales garantizados” y cuya recaudación sería cubierta a través del “Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE)” incorporado en los recibos de luz.
Como ya hemos demostrado en EXPRESO, los cálculos del experto Jorge Peschiera Cassinelli dan cuenta que bajo este esquema financiero se hubiera propiciado la afectación al Estado y a los usuarios, a través de las tarifas, por más de US$ 15 mil millones en los 34 años de la concesión.
MERINO Y MAYORGA
Esta vorágine de incremento de cifras, con el visto bueno del gobierno nacionalista y los ministros del sector, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba, tuvo –desde los albores del proyecto– como uno de sus “caseritos” a Pedro Pablo Kuczynski.
¿Cómo es que Odebrecht siguió avanzando después de controlar la concesión y el proyecto? Simplemente se limitó a registrar un patrimonio que le permitiría constituirse en sujeto de crédito y hacer realidad “el compromiso de facilidades excepcionales otorgadas por funcionarios del Estado peruano en perjuicio de los usuarios nacionales del servicio de electricidad y del propio Estado”.
Esto, al asumir nada menos que el propio país los “riesgos que corresponden al concesionario, los que incluyen garantías de ingresos y garantías sobre las deudas del concesionario”.
Obtenidas estas “facilidades”, Odebrecht se lanzó a conseguir el cierre financiero sobre la base del endeudamiento garantizado por el propio Estado peruano.
Con estos indicios o realidades la comisión congresal llegó a la conclusión de que todo este esquema aplicado en el gasoducto del sur, que no difiere sustancialmente de otros proyectos de la constructora Odebrecht, no lo hace una empresa sino “una organización delictiva con fachada empresarial” dedicada a corromper las instituciones y funcionarios del Estado peruano.
Una praxis que “no puede ser gratuita” y cuyos pagos no se han limitado “a los ‘aportes’ de campaña que son más bien coimas generales [sino] que van acompañadas de pagos específicos por proyecto como en otros casos conocidos (tren eléctrico, IIRSAs, etc.)”.
FIRST CAPITAL
Para rememorar esta etapa de la historia de la corrupción en el Perú hubo sucesos previos como la compra de las acciones de Kuntur Transportadora de Gas por parte de Odebrecht entre abril de 2011 y junio de 2012 y otros movimientos sospechosos de capitales.
Por entonces esta constructora carioca reportó que entre julio y diciembre de 2012 realizó pagos a First Capital Inversiones y Asesorías, ligado a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por un total de US$121,750, los que aparecen como servicios prestados desde mayo de ese año, cuando Odebrecht tomaba el control total de Kuntur con la compra del 49 % restante del accionariado.
Ahora se sabe que las de PPK fueron asesorías en las que participó su socio chileno Gerardo Sepúlveda, “relacionadas con la estructuración de la intervención de Petroperú en el proyecto de transporte de gas al sur del país, con el fin de que la empresa pública realice aportes financieros solicitados por Kuntur Transportadora de Gas”. Y vaya que lo hizo.
Como ni en política ni en economía hay coincidencias reiteradas, es de subrayar que el mes de diciembre de 2012, apenas concluidos los pagos a First Capital, en este mismo mes el gobierno de Ollanta Humala promulgó la controvertida Ley 29970.
¿Qué ordena esta norma en su artículo 7? Encarga a Petroperú efectuar las acciones tendentes a la obtención y transporte del etano en cantidades suficientes para la promoción del desarrollo de un polo petroquímico en el sur del país.
Es decir, se trataba de una medida que estaba “en la ruta del Gasoducto Andino del Sur de Kuntur, autorizando un aumento de capital en Petroperú SA hasta por el monto de S/ 1,056’000,000″.
Según información bancaria a la que tuvo acceso la comisión investigadora, se probó “que durante el periodo 26/11/04 al 30/7/17, First Capital recibió del Grupo Odebrecht aproximadamente un monto ascendente a US$4’945,653″, esto al margen de lo que recibió de la Concesionaria Trasvase Olmos y de la Interoceánica Sur Tramo 2.
No hay caso que PPK no tiene pierde en ningún lobby.

Los consorciados

El consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) estuvo formado por Odebrecht, que tenía una participación del 55% de las acciones, el 25% de Enagás de España y 20% de acciones correspondientes a Graña & Montero.

EL PAPEL PECULIAR DE NADINE Y MÁS DE US$ 3 MILLONES

Sobornos de Odebrecht habrían impuesto a Humala en Palacio

Desde entonces la constructora brasileña controló los proyectos de Estado vinculados a sus intereses, como el transporte del gas al sur del país.
A estas alturas de la historia, a las coimas bajo la forma de “aportes” de las constructoras brasileñas, que ya son más que públicas, donde además se ha focalizado la investigación del “grupo especial” del caso Lava Jato de la Fiscalía, dejando de lado las coimas y sobrevaloraciones de los proyectos propiamente dichos, lo más llamativo son los indicios de lavado de activos de los que nos ocuparemos en otro momento.
Pero empecemos por los “aportes” de “Marcelo”, se supone Odebrecht, registrados en una de las agendas de Nadine Heredia, donde hay diez aportes que hacen un total de US$ 340,000 entre noviembre de 2009 a enero de 2011.
Hay en dichas agendas otros montos junto a nombres como el de “Barbudos”, “El Gringo”, “Cristina”, “Ivoska” y otros.
Si a lo anterior sumamos que Nadine Heredia y su esposo Ollanta Humala Tasso viajaron a Brasil 10 veces entre febrero de 2010 y mayo de 2014, y que Humala viajó a dicho país en cinco oportunidades entre febrero de 2010 y el 8 de junio de 2011, cuatro acompañado por su esposa, a lo que se debe sumar el solitario viaje de Nadine Heredia a Brasil y su retorno al Perú por Venezuela, veremos que estos periplos son más que sospechosos.
Para la comisión investigadora tales datos “son consistentes con la hipótesis ya conocida de que Marcelo Odebrecht y Jorge Simoes Barata entregaron US$3 millones, mencionados en la planilla ‘Italiano’ bajo el concepto de ‘Programa OH’, en el periodo de la campaña electoral del año 2011”.
Los pagos efectuados por Odebrecht a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia, con conocimiento y participación de algunos miembros muy cercanos del Partido Nacionalista a la mencionada pareja, no son de ninguna manera meros aportes de campaña, según el informe congresal.
Esto porque consideran que “los aportes de campaña deben reunir determinadas características para tener dicha condición, entre las más importantes, el ser declarados como tales ante la autoridad electoral, en este caso la ONPE, lo que no ocurrió”.
En consecuencia, los pagos de Odebrecht no son otra cosa que “la materialización de compromisos e incluso la constitución de una organización criminal para realizar actos ilícitos cuando el candidato, ya elegido, toma el cargo e inicia el ejercicio del gobierno”.
Se llega a esa conclusión porque los pagos presentados como aportes de campaña, especialmente si son tardíos, es decir cuando las campañas ya han concluido, “no pueden estar desconectados de los proyectos licitados por el Estado y de los lucros indebidos, ilegales y delictivos que bajo la cobertura de los proyectos obtienen los interesados aportantes a las campañas electorales”.
CONFESIÓN DE PARTE
Esta práctica –agregan– está contenida en la declaración de Jorge Simoes Barata a los fiscales peruanos en Sao Paulo, especialmente cuando habla de la “necesidad de contribución por Caja Dos en campañas políticas o de corrupción para conquista de un beneficio en un proyecto del país”.
Incluso al referirse al propósito de los aportes a campañas, Barata diferencia la obtención del contrato de la obtención de los beneficios en los contratos.
“Sobre la primera (obtención del contrato) explicó que no es [el] objetivo del aporte a la campaña porque ‘las contrataciones eran hechas en niveles de gobierno, como Proinversión’, niveles que no necesariamente conocían de los aportes a campaña”; en cambio, sí era su objetivo –con los pagos– la obtención de beneficios en los contratos; así como ‘tener acceso a los gobiernos’”.
Esto significa que, al margen de los procesos en Proinversión para los contratos específicos, había una acción corruptora prioritaria y previa para favorecer a Odebrecht con el propósito de tener acceso a los gobiernos y de esa forma llegar a todos los contratos de su interés, esto mediante aportes para las campañas electorales, reiteramos.
Este esquema explica por qué todos los últimos presidentes de la República, desde Alejandro Toledo, pasando por Humala, Alan García y PPK, están implicados en el sistema de corrupción de Odebrecht.
SOBORNO DEFINITORIO
El origen del dinero de los pagos a Ollanta Humala, proveniente de la “Caja Dos”, también llamado “departamento de operaciones estructuradas”, pone en evidencia la fuente ilícita de los fondos, independientemente del propósito electoral o no de los mismos.
Toda la información demuestra que el apoyo económico de Odebrecht a Humala, con una regularidad mensual, vino desde noviembre de 2009 y que el posterior aporte de US$ 3 millones a la campaña nacionalista, por su volumen, habría sido definitorio en los resultados electorales.
Dicho de otra forma, “Odebrecht influyó decisivamente en la elección del presidente en el Perú y tomó, a través de Ollanta Humala, el control de las políticas de Estado vinculadas a sus esferas de interés, entre ellas la del transporte del gas al sur del país”.
Un control que se hizo política de gobierno con el anuncio del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” que Ollanta Humala anunció en su mensaje al Congreso el 28 de julio de 2012.
Delación de testigo
En el caso del gasoducto se presenta tanto la peculiar intervención de Nadine Heredia en la receptación de dinero registrado en sus agendas cuanto su intervención en reuniones en Palacio de Gobierno con funcionarios de Proinversión y los ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Tal es la información del testigo protegido TR-01-3D2FPCECF-2016, corroborado por Gustavo Navarro Valdivia, integrante del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión ante el Ministerio Público.

El “perromuerto” de Odebrecht y Graña

Por PLINIO ESQUINARILA-Diario EXPRESO.
La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), que es el banco de desarrollo estatal del país, prácticamente ha perdido créditos por un monto de 334 millones de dólares otorgados a las empresas Odebrecht y Graña y Montero que incluyen recursos para el fallido Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Esos créditos, en la actualidad al parecer incobrables, se desagregan en una  deuda de 87 millones de dólares que corresponden a Graña y Montero SAA y 247 millones de dólares a Odebrecht.
Es más, según Cofide los créditos solo para el gasoducto ascienden a 160 millones de dólares que fueran desembolsados en diciembre de 2014.
La suma de estos montos representan alrededor de un tercio del patrimonio efectivo de la citada entidad, que bordea los 3,535 millones de soles, según se desprende del debate congresal del caso Lava Jato y de un debate en la comisión de Economía del Legislativo.
Parte de la historia de este “perromuerto” está a partir de la página 1150 del informe final de la Comisión Lava Jato del Congreso de la República, que la prensa concentrada ha ocultado.
El caso es expuesto a partir de los riesgos financieros que atraviesa Cofide a raíz de aquellas operaciones financieras porque se dieron, sobre todo respecto de Graña y Montero, cuando ya había estallado el caso Lava Jato en Brasil.
Asimismo, cuando eran públicos los riesgos del proyecto del gasoducto porque Odebrecht no había logrado reunir el monto necesario para el cierre financiero o los capitales que posibiliten la ejecución de esta megaobra.
El informe Lava Jato resume el problema de los créditos de Cofide a partir de una información del diario Gestión que, en su edición del 8 de febrero de 2017, da cuenta de una entrevista  al presidente del directorio de Cofide, Pedro Grados, quien, al tiempo de confirmar la deuda de los 160 millones de dólares, dijo que esta aún no se consideraba impaga porque “no está en default”.
La comisión también cita al experto en temas energéticos, César Gutiérrez Peña, quien en septiembre de 2014, dos meses después de la firma del contrato de concesión, había informado que en la sesión N° 820 del directorio de Cofide, del 30 de septiembre de ese año, estuvo en agenda el financiamiento por US$125 millones para el gasoducto a través del Citibank y otros US$125 millones “vía Deutsche Bank, para Odebrecht Latinvest Perú Ductos SA”, en ese momento accionista del 70 % del GSP.
Entre este y otros créditos Gutiérrez contabilizó US$385 millones de  fondos de Cofide que ahora se han evaporado, como veremos después.
Respecto de Graña y Montero dice el informe Lava Jato que como en noviembre del año 2015 esta compañía decidió ingresar como socio del GSP con un 20% de participación, debe quedar en claro que lo hizo en circunstancias en que en junio del 2015 Marcelo Odebrecht, propietario del 70% de acciones, ya había sido detenido en Sao Paulo por el caso Lava Jato.
Con fecha 22 de junio de 2018, mediante comunicación CF-03038-2018/P1786, Cofide informó a la Comisión Investigadora Multipartidaria, que dos de los acuerdos de esta entidad se reseñan como “no implementados” y dos financiamientos se registran como “desembolsados”.
De los desembolsados, uno a favor de Odebrecht Latinvest Perú Ductos por US$125 millones y otro a favor de Graña y Montero S.A.A. por US$ 45 millones. Las cifras entonces cuadran.
PERO HAY MÁS
El año pasado además se supo en la Comisión de Economía del Congreso, que el día 27 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Banca y Seguros sacó un dispositivo con el siguiente contenido:
a) Autorizar a Cofide a reducir su reserva financiera legal por más de S/311 millones.
b) La reducción del capital social por alrededor de S/231 millones por concepto de constitución de provisiones sobre créditos.
c) La modificación del artículo 7 del estatuto social de Cofide, derivado de la reducción del capital social.
Esta comunicación ha sido enviada a la Superintendencia de Mercado de Valores SMV el 29 de diciembre por oficio CF-06577-2,017-GG y lo firma Alex Zimmerman Novoa en su calidad de Gerente General de Cofide, según un informe publicado en La Mula.
El mismo 27 de diciembre la SBS mediante comunicación Nº45286- 2017 ofició a Cofide, a través de su secretario general Carlos Melgar Romarioni, la Resolución SBS 5028-2017–SBS, expediente 2017/ 65993, firmada por Socorro Heysen Zegarra, titular de la SBS.
¿Qué ordena la resolución? La reducción de la reserva legal de Cofide por S/311’090,461.00 y la reducción del capital social por S/231’360,000.00 para provisiones y la modificación del artículo 7, también antes mencionado.
En ausencia de Mercedes Aráoz, la sesión de la comisión de Economía fue presidida por el legislador  Percy Alcalá Mateo (FP), quien -sobre la base del informa del jefe de Cofide, Pedro Grados Smith, detalló que esta entidad destinó 100 millones de soles, en setiembre de 2013, para la construcción de la Hidroeléctrica de Chaglla, en Huánuco, además de 11 millones de dólares para el trasvase Olmos, en Lambayeque.
También dijo Alcalá que el paquete de desembolsos “entrarían en default”, es decir en mora, “que va a derivar en la suspensión de pago por parte de Odebrecht para cubrir su deuda a partir del mes de junio del próximo año”.

Matemáticas imposibles

Pero luego vino lo más grave. El mencionado congresista se preguntó si con la aprobación del directorio, en octubre de 2016, de la emisión de bonos corporativos por 400 millones de dólares, se utilizará esta operación de deuda para cubrir la pérdida de parte del patrimonio efectivo de Cofide, ante la práctica evaporación de las garantías otorgadas por Odebrecht.
PAPÁ ESTADO
Hay más. Desde el año pasado el presidente de Cofide, Pedro Grados Smith estaba ilusionado que el gobierno apoyaría a la institución que preside para salir del atolladero y expuso un programa en el esquema de la SBS.
“La solución es un decreto supremo que está por salir y, en paralelo, [la aplicación de] un programa de fortalecimiento patrimonial coordinado con el MEF, que tiene cuatro pilares”.
“Primero, la revaluación a valor patrimonial de las acciones de la CAF que hay en nuestro patrimonio. De los US$1,000 millones de este, US$700 millones son estas acciones. Representaría entre US$300 millones y US$350 millones para Cofide”.
“Segundo, capitalizar parte de la deuda gobierno a gobierno canalizada por nosotros: US$100 millones más”.
“Tercero, la búsqueda de un socio, de preferencia un organismo multilateral. Y cuarto, capitalizar prácticamente el 100% de utilidades de los siguientes años. Estamos con un problema, pero tenemos una solución”, afirmó Grados al diario El Comercio.
Claro, todo con ayuda de papá Estado y nueva deuda que la pagaremos siempre nosotros y nuestros hijos y nietos.
Dicho de otra forma, “Cofide ha expuesto, al riesgo de no recuperarlos, recursos públicos confiados a un régimen de administración privada precisamente para garantizar la recuperación del capital y la rentabilidad del mismo”.
“Con el agravante de que los ha expuesto pese a los límites reglamentados y en circunstancias que ya se conocía las prácticas de corrupción de por lo menos uno de los socios de Gasoducto Sur Peruano”, señala el informe del Congreso.

10 de enero de 2018

Este día fue publicado en El Peruano el aviso de la reducción del capital social acordado por la Junta General de Accionistas de Cofide del 10 de noviembre de 2017. La sesión fue comunicada como hecho de importancia ese mismo día.

La deuda ya entró hace rato en ‘default’

Este ajuste que disminuye la capacidad financiera y de apalancamiento de Cofide para cumplir su rol de banca de segundo piso, para apoyar sobre todo a medianas empresas, tiene que haber tenido operadores muy eficaces.
Un informe en el portal La Mula, que firma el economista Dennis Falvy, da cuenta detallada de que en ese entonces Alonso Segura Vasi estaba en el Directorio  de Cofide cuando a la vez era jefe de asesores  del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Luego, cuando Segura asumió el mando del MEF, sus dos últimos viceministros fueron presidentes de Cofide, como es el caso de José Giancarlo Gasha.
Ya como ministro, ¿”no le dieron cuenta de lo qué pasaba [en Cofide], con préstamos a  Odebrecht y a su consorciada”, cuando incluso sus directivos estaban en prisión preventiva?, se interroga el economista.
Cuando se otorgan los créditos en 2014, en el segundo trimestre José Giancarlo Gasha Tamashiro era en efecto presidente del Directorio y también viceministro de Economía del MEF, quien al parecer manejó el tema de los créditos, habiendo estado en Cofide entre el 2013 y 2015.
“El señor Grados Smith no puede ignorar que un viceministro de economía José Gasha Tamashiro (…) fue presidente de Cofide”, escribe Falvy.
“Y cuando vino el nuevo viceministro Enzo Defilippi (…) no  se sabe qué hizo  con (…) los brasileros de Odebrecht que complicaron a Cofide”.
Finalmente hay otra interrogante clave: ¿cuál es la magnitud de ese problema financiero? “En las primeras estimaciones asumíamos que era de entre US$200 millones y US$300 millones. Hoy diría con alta certidumbre, aunque aún faltan un par de semanas de trabajo de los especialistas, que es de US$500 millones. Esto no quiere decir pérdidas, pero sí provisiones que debieron haberse realizado”.
Estas fueron palabras y cálculos del año pasado. Ahora está más que claro que la deuda ya entró hace rato en default.

Otros presuntos responsables

“La Sesión del Comité de Riesgos de Cofide N°246, se realizó bajo la presidencia de Oscar Portocarrero Quevedo, director de Cofide, y con la participación de los funcionarios de la institución financiera Jorge Luis Ramos Felices, gerente general; Rita Untiveros Mondoñedo, gerente de Riesgos; Adolfo Zulueta Becerra, gerente de Negocios Corporativos y Medio Ambiente; Armando Mestas Bendezú, gerente de Intermediación e Innovación Financiera; Ninovska Tejada Figueroa, gerente (e) de la Unidad de Auditoría Interna; Germán Torres Zambrano, gerente de Asesoría Jurídica”.
“La sesión del Comité de Riesgos de Cofide N°296 se realizó bajo la presidencia de Carlos Paredes Salazar, gerente general (e); Ives Huaytán Matallana, gerente de Finanzas (e); Rita Untiveros Mondoñedo, gerente de Riesgos; Gustavo Ibarguen Chávarri, gerente de Negocios (e); José Herrera García, encargado de la gerencia de la Unidad de Auditoría Interna; Germán Torres Zambrano, gerente de Asesoría Jurídica”.

“Humala se puso al servicio de un grupo empresarial extranjero”

Por PLINIO ESQUINARILA-Diario EXPRESO.
La participación de Ollanta Humala Tasso en el impulso del proyecto del gasoducto del sur para favorecer intereses privados de Odebrecht y sus socios en desmedro de los intereses de la Nación ha llevado a la Comisión Lava Jato del Congreso a solicitar una denuncia constitucional en contra del citado expresidente.
Se añade que Humala infringió el principio de buena administración contenido en el artículo 39 de la Constitución por haber participado en la promulgación de un paquete normativo que hizo posible la concesión del citado proyecto lesivo al interés nacional.
Nos referimos a las Resoluciones Supremas N°05-2013-EF y N°015-2013-EF y a ese estropicio de garantizar –a nombre del Estado– las deudas contraídas por la sociedad Gasoducto Sur Peruano S.A. a través del Decreto Supremo N°207-2014-EF, como ha sucedido con los 160 millones de dólares ya perdidos por Cofide.
La conclusión sobre una eventual denuncia constitucional se fundamenta en que Humala Tasso mantuvo reuniones con Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora del mismo nombre, Jorge Barata y Luiz Mameri, funcionarios de la constructora carioca.
Esto con la finalidad “de comprometer al Estado peruano en dotarle al grupo empresarial Odebrecht de condiciones favorables, afectando recursos de los usuarios del servicio de electricidad y mediante garantías a cargo del propio Estado”.
Asimismo, la comisión congresal lo acusa de facilitar mecanismos para financiar el proyecto y promover una normativa ad hoc principalmente a través de la promulgación de las leyes: 29969 que promociona la masificación del gas natural y más aún de la ley 29970, “Ley que Afianza la Seguridad Energética y promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País”.
Esta última –la ley 29970-, a diferencia del esquema del primer concesionario Kuntur Transportadora de Gas, que se comprometía a asumir todos los gastos del proyecto con inversión privada, pero con la nueva concesión del gobierno nacionalista era el Estado el que tenía que subsidiar el proyecto con “ingresos garantizados” a descontar de las facturas de los usuarios de la luz eléctrica, como lo ordena artículo 2 de la citada ley.
Igualmente, acusan al expresidente de haberse puesto “al servicio del grupo empresarial extranjero en detrimento de los intereses del Estado peruano” porque concertó con las personas antes mencionadas para crear el “mecanismo de pago de los ingresos garantizados anuales” a la firma brasileña.
Este esquema financiero, como es público, le otorgada a la compañía de Marcelo Odebrecht “seguridad sobre ingresos por 900 millones de dólares anuales durante 30 años, en contravención del principio constitucional de que el Estado protege a los consumidores”.
Esto implicaría, según cálculos de expertos, el desembolso de pagos indebidos calculado entre 14 mil y 15,000 millones de dólares en todo el periodo de la concesión.
COLUSIÓN AGRAVADA
Humala Tasso, además, podría cargar con una denuncia constitucional por responsabilidad penal en calidad de autor por presunta colusión con los privados Marcelo Bahia Odebrecht, Jorge Henrique Simoes Barata y Luiz Antonio Mameri.
Estos tres últimos en calidad de cómplices y representantes de Odebrecht, con quienes Humala se reunió hasta en dos oportunidades en el Palacio de Gobierno, el 28 de marzo de 2012 y el 9 de agosto del mismo año.
En el desarrollo y ejecución de este acuerdo colusorio habrían participado -en diversas formas- los ministros miembros del Consejo Directivo de Proinversión.
La ejecución del presunto acuerdo colusorio a través del otorgamiento de la buena pro se habría dado cuando el mismo 28 de marzo de 2012, Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura compró las acciones de Kuntur Transportadora de Gas, tomando Odebrecht el control total de la concesión del servicio de transporte del gas de Camisea, aunque en la práctica Odebrecht ya manejaba Kuntur.
Es de recordar que el mismo día del mes de marzo se realizó un depósito por US$69’000,000.00 a través del Scotiabank en una cuenta Escrow (de tránsito) de la cual se transfirieron US$66’000,000.00 a Cusco Pipelines LTD ligado a la mencionada Kuntur.
Después de dicha transferencia se reunieron en el Ministerio de Energía y Minas Jorge Barata, Jorge Merino Tafur, entonces titular del sector, y Luis Castillo Rubio, de Economía y Finanzas.
Fue en este cónclave donde se le informó a Barata que en los próximos días -según narró Castilla en la comisión investigadora-  el entonces presidente Humala anunciaría, en el mensaje a la nación del 28 de julio de 2012, el proyecto de seguridad energética y transporte del gas de Camisea, como en efecto sucedió.
La segunda reunión entre dichos personajes tuvo lugar el 9 de agosto de 2012 en el Palacio de Gobierno.
UN SOLO POSTOR
Otra de las conclusiones de la comisión multipartidaria del Legislativo respecto de prácticas colusorias fueron las malas artes de cómo las autoridades de Proinversión sacaron del concurso de concesión al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur integrado por Gasoducto del Sur S.A. (Sempra); Tecpegas S.A. (Tecpetrol), GDFSUEZ South Peruvian Gas Pipeline S.A. (GDF Suez) y Transportadora de Gas Internacional.
Se trataba de una modificación de los porcentajes de participación de las empresas consorciadas antes mencionadas que impidieron se concrete estando en el plazo legal de tres días, a partir del 27 de junio, y que concluía a las 9:30 am del 30 de junio de 2014.
¿Qué pasó? El sábado 28 de junio de 2014, el abogado Luis Peschiera Rubini, del Estudio Delmar Ugarte Abogados, remitió un informe jurídico concluyendo que correspondía dejar sin efecto la carta remitida el 27 de junio por el Comité y proceder a la descalificación del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur por falta de veracidad o insuficiencia en la información presentada.
Un día después los abogados Jorge Danós y Ana Sofía Reyna del Estudio Echecopar hicieron lo mismo.
Teniendo como sustento estos informes en favor de Odebrecht, el lunes 30 de junio de 2014, mientras estaba vigente el plazo de subsanación otorgado al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, se les hizo llegar una carta donde les informan que han sido descalificados del concurso.
Fue así como el consorcio Gasoducto Sur Peruano (conformado por Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos – de Odebrecht- y por ENAGÁS) quedó como el único postor del concurso, obteniendo la buena pro el 30 de junio de 2014.
PERJUICIOS AL PAÍS
¿Cuál sería el perjuicio económico causado al Estado y a la sociedad? A lo largo del informe se ha determinado que el proyecto no era factible porque carecía de oferta y demanda, y, lo que es más grave, porque no existían reservas de gas para el proyecto, como lo constataron las entidades consultoras, la Contraloría y después lo confirmó el mismo Ministerio de Energía y Minas cuando fue ministra Cayetana Aljovín.
Está entonces claro para la comisión Lava Jato que se licitó y adjudicó un proyecto insostenible e injustificado, “constituyendo esto, por sí solo, un ejercicio abusivo del poder con graves perjuicios al Estado peruano”, señala el informe aprobado por pleno del Congreso de la República el 9 de noviembre de 2018.
A lo anterior se agrega que durante la ejecución del contrato de concesión el Estado asumió compromisos de pago en base a los “ingresos garantizados” anuales por 500 millones de pies cúbicos de un proyecto que no era “autosostenible”, como se estableció en el contrato.
Finalmente, tuvieron la desfachatez de poner en marcha la recaudación del “Adelanto de Ingreso Garantizado” afectando a los usuarios del servicio de electricidad mediante cobros indebidos de las llamadas Tarifa Regulada de Seguridad, Sistema Integrado de Seguridad Energética y Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE).

Ministros comprometidos

Denuncia constitucional contra los ciudadanos Luis Miguel Castilla Rubio (exministro de Economía y Finanzas), Jorge Humberto Merino Tafur (exministro de Energía y Minas), Eleodoro Octavio Mayorga Alba (exministro de Energía y Minas), René Helbert Cornejo Díaz (exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento), Juan Manuel Benites Ramos (exministro de Agricultura) y José David Gallardo Ku (exministro de Transportes y Comunicaciones), cada uno de ellos en su calidad de exministros y exintegrantes del Consejo Directivo de Proinversión, por infracción del artículo 39 de la Constitución al haber facilitado la concesión de un proyecto con condiciones negativas para los intereses de la Nación.
Merino Tafur, primer ministro de Energía y Minas del gobierno nacionalista,  participó en este desmadre desde la inclusión del proyecto en el Plan de Promoción de Proinversión hasta febrero de 2014. También participó en varias sesiones “no presenciales”, que no era otra cosa que sesiones “truchas” (falsas) para implementar acuerdos del más alto nivel político.
Eleodoro Mayorga Alba fue el sucesor de Merino en el sector. Se le han contabilizado su participación en ocho “sesiones no presenciales”, entre ellas la del Consejo Directivo de Proinversión del 7 de mayo de 2014, en la que se designó a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética del investigado Edgard Ramírez Cadenillas y Rosario Patiño Marca.
FUNCIONARIOS MOSTRARON UN INTERÉS DESMEDIDO PARA FAVORECER A ODEBRECHT

Implicarían a Nadine en lavado de activos

Alfredo Dammert Lira sería acusado por colusión porque como árbitro no permitió el cobro de la carta fianza que el Estado debía cobrar a Kuntur por un monto de U$66’705,106 millones.
La señora Nadine Heredia Alarcón ocupa el centro de la atención cuando se trata de ubicar presuntas responsabilidades penales ligadas a lavado de activos y tráfico de influencias.
Y es que entre diciembre de 2009 y los primeros 6 meses del 2011, Odebrecht habría realizado pagos durante la campaña presidencial de Ollanta Humala, como lo ha declarado Jorge Henrique Simoes Barata y lo ha puesto en evidencia las anotaciones de agenda de Nadine Heredia.
Y en ese contexto Heredia “habría recibido dinero en efectivo, en un lugar privado, sin testigos, sin comprobante ni declaración de entrega”.
“Además, este dinero no habría sido abonado oficialmente a la contabilidad del Partido Nacionalista o de la Alianza Gana Perú, ni declarado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, señala el informe Lava Jato.
En este caso ella actuó como “cómplice del delito de lavado de activos en la modalidad de transferencia”, donde el autor del ilícito sería Jorge Barata, según la Comisión Lava Jato.
Asimismo, al haber recibido Heredia dinero de procedencia ilícita habría cometido el delito de Lavado de activos en calidad de autora.
Para la comisión multipatidaria “la procedencia ilícita del dinero la pudo haber advertido por la forma en que fue entregada (en efectivo, de manera secreta, sin regularización posterior)”.
En cuanto a su amiga Rocío Calderón Vinatea se “presume la comisión del delito de Lavado de activos por parte”, al igual que de doña Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, madre de la ex primera dama.
También la misma figura legal podría incriminar a Claudia Teresa Hokama Kuwae, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis Fernando de Castro Santos, Felipe Montoro Jens, Luiz Lindgren Costa y Jorge Henrique Simoes Barata.
NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE…
El exdirector de Promoción de Proinversión, Yaco Paul Rosas Romero, encabeza, junto con Luis Renato Sánchez Torino, expresidente de la Comisión de Evaluación de los Sobres N°2 y Sobres N°3 del concurso, la presunta comisión del delito de negociación incompatible y de colusión agravada.
Con relación a Rosas Romero se afirma que entre enero de 2013 a julio de 2014 “evidenció un interés indebido para que se otorgara la buena pro a favor de Odebrecht. La conducta se habría realizado con conocimiento y voluntad (conducta dolosa)”.
En las mismas figuras antes citadas podrían estar incursos los funcionarios públicos Gustavo Adolfo Navarro Valdivia (exmiembro del Comité Pro Seguridad Energética), María del Rosario Raquel Patiño Marca (exmiembro del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión).
También Edgard Bartolo Ramírez Cadenillas (expresidente del Comité Pro seguridad Energética de Proinversión) y Rosa María Soledad Ortiz Ríos, exmiembro del Comité de Pro Seguridad Energética de Proinversión, todos funcionarios públicos.
La comisión del delito de Colusión también se presume respecto de Claudia Hokama Kuwae, como cómplice particular.
“FUERZA MAYOR”
Asimismo existen indicios que permitirían atribuir al ingeniero Alfredo Juan Carlos Dammert Lira, la presunta comisión del delito de Colusión porque –como árbitro- no permitió el cobro de la carta fianza que el Estado debía cobrar a Kuntur Transportadora de Gas por un monto de U$66’705,106 millones por incumplimiento del contrato de concesión con el argumento de “fuerza mayor” causada por una nueva concesión otorgada a la misma Odebrecht.
Merino Tafur otra vez
El exministro Jorge Merino Tafur es otro ciudadano de quien se presume la comisión del delito de lavado de activos porque hizo un pago -en efectivo- por la suma de US$ 480,000 para efectuar la compra de un inmueble sin acreditar el pago efectivo y utilizando personas de su entorno familiar.
“En base a ello, se justifica el inicio de una investigación a fin de determinar si en las operaciones comerciales se ha utilizado dinero de procedencia lícita considerando las circunstancias en las cuales se han llevado a cabo”.

Reuniones fantasma precedieron entrega de gasoducto del sur

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso
Ya era demasiado que el entonces  presidente Ollanta Humala Tasso haya presentado ante el país entero, y en mensaje presidencial del 28 de julio de 2012, que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano era “complementario” al de Kuntur Transportadora de Gas, no obstante que el trazo de los ductos era el mismo. Ningún técnico le enmendó la plana.
Este engaño fue posible tanto porque el Ejecutivo y el Congreso de entonces lo asumieron como suyo con apoyo de la prensa concentrada y de izquierdas que hoy oculta este sonado caso, tanto que ni siquiera ha sido parte de la negociación de la Fiscalía con Odebrecht para efectos de la reparación civil que debe recibir el Estado peruano de parte de esta empresa.
En este estado de cosas, ya está demás hablar del favorecimiento como postor único al consorcio Gasoducto Sur Peruano, es decir Odebrecht y Enagás y después de Graña y Montero.
En todo caso, lo que llama la atención es que buena parte del entramado legal y técnico para favorecer a Odebrecht se hizo en las llamadas “sesiones no presenciales” de Proinversión, la agencia encargada de la concesión, es decir en reuniones fantasma en las que se tomaron ese tipo de acuerdos.
Bajo el disfraz de esas sesiones virtuales se escondía el hecho de que los funcionarios encargados no tomaban decisiones sino que, omitiendo sus funciones, daban la apariencia de institucionalidad a la implementación de acuerdos colusorios que se tomaban en otros niveles políticos.
O en todo caso se tomaron otros acuerdos que luego se firmaban entre el Ministerio de Energía y Minas y el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) que obligada a la aplicación de cobros indebidos a los usuarios del servicio de electricidad para pagar a Odebrecht y sus consorciados por 34 años a un ritmo anual de US$ 912 millones.
“INGRESOS GARANTIZADOS”
En el fondo se trataba de solventar el pago de los “ingresos garantizados” por los cuales el Estado estaba también obligado a pagar el Adelanto de Ingresos Garantizados y la llamada “Deuda Garantizada”.
El contrato del GSP se hizo, además, en circunstancias en que no existía oferta de reservas probadas de gas ni tampoco demanda, porque –como es público en el mundo petrolero y de hidrocarburos- la petroquímica o nodo energético en Ilo y Mollendo estaba en problemas.
Por lo que es lógico peguntarse quién podría invertir en un proyecto con esa naturaleza. Obviamente solo si el Estado permisivo y funcionarios corruptos le daban a Odebrecht lo que le habían negado a la primera concesionaria, Kuntur Transportadora de Gas: Ingresos Garantizados por los antes citados US$ 912 millones por año.
Así lo habían diseñado los técnicos que apoyaron al partido nacionalista, y, la verdad sea dicha, hasta los agentes económicos aceptaron un incremento de 20% a 34% en los recibos de luz de tarifa residencial en proyección al año 2020.
Si bien es cierto que la aventura la había empezado Humala, la continuó Pedro Pablo Kuczynski, quien además se benefició con las consultorías en favor de First Capital Inversiones y Asesorías LTD que habría manejado con su socio chileno Gerardo Sepúlveda para la intervención de Petroperú en el esquema financiero de Kuntur que fue comprada por Odebrecht.
Si el contrato era por 30 años, la pesada mochila de la deuda que hubiéramos pagado los consumidores de luz eléctrica abarcaría a cinco gobiernos, con la consecuente carga al Tesoro Público de estas obligaciones de pago.
Y, como eran “ingresos garantizados” por el Estado, habría que pagarlos así no haya suficientes reservas de gas, como lo señalaron los expertos de la época, así no funcione el “nodo energético” o las empresas clientes del gas no cumplan con sus compromisos informales en el estudio mercado que se hizo en ese entonces para cumplir con el volumen de 500 millones de pies cúbicos día que debían transportar los ductos.
EL FAMOSO GRP
Es de recordar que ese pago abusivo para solventar la construcción del GSP, conocido como garantía por red principal (GRP), fue calculado “trayendo a valor presente los US$7.320 millones que costará la construcción y operación de dicha obra de infraestructura”.
Si se trata desagregar aquella GRP, a tenor de la cláusula 14.6  del contrato de concesión, el Estado estaba obligado a recaudar el 90% en las primeras armadas, lo que hace US$821 millones, obviamente con cargo a los recibos de luz entre los años 2015 y 2018.
Y no es que esa carga se iría extinguiendo conforme se vayan llenando los ductos de gas a partir del 2019, como algunos quisieron hacer creer, porque en el camino aparecerían nuevos compromisos a pagar.
El nuevo sobrecosto tiene el nombre de cargo por desconcentración. Y es que como la ley establece que el gas para las centrales térmicas del citado nodo no debería perder competitividad con relación a la producción de las centrales térmicas de Chilca, Lima, por lo que tenían que ser subsidiadas con al menos otros US$ 2 en las tarifas de luz residencial desde el 2020. En esos años se calculó este subsidio en unos US$ 441 millones anuales.
A lo anterior se sumó el cargo por “capacidad de generación” que era otro subsidio de alrededor de US$ 38 millones anuales a las dos centrales del nodo, la de Mollendo y la de Ilo.
REACCIÓN TARDÍA
Cuando los técnicos reaccionaron, ya era tarde. Aurelio Ochoa, ex titular de Perú Petro, advirtió en una emisora en agosto de 2016, cuando Humala ya estaba fuera de Palacio de Gobierno, que todos los peruanos pagaríamos más de US$ 11,000 millones por el Gasoducto Sur Peruano (GSP) a través de los recibos de luz que se pagan mensualmente y cuyo monto se incrementaría en los próximos años, por decisión de la administración Humala.
Y es que para entonces el economista Manuel Romero, una de las pocas voces solitarias que denunció este estropicio,  informó que ya había un cronograma que se venía cumpliendo a pie juntillas: el 5% de los US$ 7,500 millones ya fue cobrado en el 2015, dijo. En 2016 se cobraría el 15%, el año siguiente el 35% (US$ 1,875 millones) y el 2018 se cobraría el 55%, que equivaldría nada menos que a US$ 4,125 millones.
Todo este lluvia de millones se paró en seco cuando estalló el caso Lava Jato y el consorcio del GSP no pudo concretar el cierre financiero o mejor dicho no pudo conseguir recursos en el sistema financiero para continuar la obra.
Por eso es que el Ministerio de Energía y Minas informó el 16 de febrero del año pasado, en forma lacónica, el siguiente texto: “Declarar que la terminación de la concesión del proyecto se produjo el 24 de enero del 2017 al no haber acreditado el concesionario el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido”, según resolución suprema 003-2017-EM publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Este cierre financiero fallido es otra historia como otras son las injerencias de la señora Nadine Heredia y su entorno en este escándalo que se quiere tapar con el manto del olvido. Como también otras son las aventuras de Kucynski en este negocio.

23 de julio de 2014

El consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por Odebrecht y Enagás firma el contrato de concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.
Denuncia constitucional
Por las “sesiones no presenciales” la Comisión Lava Jato responsabilizó a los miembros del Consejo Directivo de Proinversión por infracción a la Constitución al haber facilitado la concesión de un proyecto en condiciones negativas para los intereses de la nación.
Por lo tanto, ha planteado la denuncia constitucional contra el extitular del MEF, Luis Miguel Castilla Rubio; los ex ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Asimismo el ex ministro de Vivienda y Construcción, René Cornejo Díaz; Juan Manuel Benites Ramos (Agricultura) y José Gallardo Ku (Transportes y Comunicaciones).
SEGÚN JORGE PESCHIERA CASSINELLI DE EXPRESO
Daño al país hubiera llegado a 14,000 millones
Si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 % que regía en ese momento, los pagos garantizados hubieran sido de US$ 450 millones al año, en lugar de US$ 900 millones
La Comisión Lava Jato del Congreso rescata en su informe final un artículo del columnista de EXPRESO, Jorge Peschiera Cassinelli, que bajo el título de “Gasoducto del sur: un gran negocio financiero”, fue publicado el 2 de febrero de 2017, cuyas ideas centrales reproduce.
“Según los términos del contrato del gasoducto del sur, el postor ganador sería aquel que ofreciera el menor ‘costo del servicio’, expresado en una sola cifra, que incluía tanto la inversión para diseñarlo y construirlo, como el costo de operarlo por todos los años de la concesión. La oferta ganadora fue por aproximadamente 7,300 millones de dólares”, escribe Peschiera.
“La recuperación de la inversión debía provenir de los ingresos obtenidos por transportar el gas. El monto anual requerido para recuperar el mencionado costo de servicio se estimó en aproximadamente 900 millones de dólares al año por todo el plazo de la concesión. Esa cifra se utilizó para establecer el monto mínimo de ingresos anuales garantizados por el Estado”, agrega.
“¿Cómo se relaciona el ‘costo del servicio’ de 7,300 millones con los 900 millones de dólares al año? La clave está en la tasa de descuento aplicada al flujo de pagos futuros. De acuerdo al contrato, esa tasa es 12 % al año. El flujo de 900 millones al año por 34 años, descontado a la tasa de 12 %, resulta en una cifra cercana a los 7,300 millones”.
Cuando se llevó a cabo la licitación del gasoducto, en junio de 2014, la tasa de interés de mercado, aplicada a la deuda externa de largo plazo del Perú, se encontraba por debajo de 5 %. Si usamos esa tasa de descuento, siempre según el columnista de este diario, el valor descontado de los 900 millones al año, garantizados por el Estado es, aproximadamente, 14,600 millones.
¿Y esto a qué se debe? según el experto en temas de deuda externa. Sucede que cuanto menor es la tasa de descuento, mayor es el valor de los pagos que efectúa el Estado.
Visto de otro modo, si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 %, que era la tasa de interés a la cual el mercado estaba dispuesto a financiar al Estado, los pagos garantizados hubieran sido de 450 millones al año, en lugar de 900.
“En otras palabras, el Estado podría haber pagado al contado los 7,300 millones, tomando para ello un préstamo por el cual hubiera pagado solamente 450 millones al año, en lugar de 900”.
De lo escrito por Pescheira la comisión Lava Jato, concluye que el diseño financiero aplicado por las autoridades de esos años propició un grave perjuicio al país y a los usuarios de las tarifas eléctricas por más de US$ 15 mil millones.
DÍAS ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Los acuerdos de las sesiones “truchas”
 -21 de abril de 2014. En esta “sesión no presencial” del Consejo
Directivo de Proinversión se modificó sustancialmente las Bases del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano solicitado por el Comité Pro Seguridad Energética. Esta “reunión” fue registrada como realizada a las 5 de la tarde de la citada fecha.
-7 de mayo de 2014. Proinversión designó en esta “sesión no presencial”  a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética Edgard Ramírez Cadenillas y Rosario Patiño Marca. (Sobre este tema existe la declaración del testigo protegido TR-01-3D2FPCECF-2016 de que estos dos personajes “fueron colocados por orden de Nadine Heredia y a pedido de los representantes de Odebrecht. El miembro que no es cambiado y permanece es Gustavo Navarro Valdivia, la misma persona que el año 2008 firmó el contrato de concesión del transporte de gas por ductos de Camisea al sur del Perú a favor de Kuntur Transportadora de Gas”, dice el informe Lava Jato.
-26 de mayo de 2014. Proinversión aprobó la modificación sustancial de las Bases del Concurso de concesión del Gasoducto Sur Peruano a solicitud del Comité Pro Seguridad Energética reunido el 23 de mayo de 2014, el cual había sido designado, en una sesión también “no presencial”, el 7 de mayo.
– 6 de junio de 2014. En “sesión no presencial” Proinversión aprobó el Límite Máximo del Costo del Servicio para la propuesta económica del concurso del Gasoducto Sur Peruano por US$ 7,800 millones, aprobación solicitada con fecha 5 de junio (un día antes) por el Comité Pro Seguridad Energética.
-9 de junio de 2014. El mismo Proinversión aprobó –también en “sesión no presencial”-  la versión final del Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano solicitada por el Comité Pro Seguridad Energética el 6 de junio.
11 de junio de 2014. Proinversión aprobó los factores de asignación del Costo de Servicio del Proyecto Gasoducto Sur Peruano, habiendo hecho lo mismo anteriormente con el Límite Máximo. Además, el Comité Pro Seguridad Energética había realizado el pedido de aprobación el mismo día en que está fechada esta “sesión no presencial”: el 11 de junio de 2014.
–7 de julio de 2014. La “sesión no presencial” de Proinversión tomó conocimiento de un oficio de fecha 24 de junio, dirigida por el concursante Gasoducto Peruano del Sur (que el 7 de julio ya había sido descalificado) solicitando ampliación de plazo para la modificación de los consorcios participantes en el concurso que ya había concluido.
-15 de julio de 2014. Proinversión aprueba otorgar seguridades y garantías del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria que constituirá el adjudicatario Consorcio Gasoducto Sur Peruano.
(Es de recordar que el contrato entre el consorcio del GSP y el Gobierno fue firmado a los pocos días, el 23 de julio de 2014).

La gran estafa de la Refinería de Talara

Por SCARLET REYES VERÁSTEGUI- Diario EXPRESO.
El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), a cargo de la empresa española Técnicas Reunidas Talara, es uno de los megaproyectos más cuestionados del Gobierno de Ollanta Humala por involucrar presuntos hechos de corrupción durante su ejecución.
Para el economista Manuel Romero Caro, se trata de uno de los engaños más grandes de la historia del país, pues las autoridades de ese entonces nunca precisaron lo que realmente querían hacer con la obra.
Cuando el PMRT fue presentado a la población, durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se aseguró que sólo se modernizaría la refinería existente para lo cual  se debía efectuar un proceso de desulfuración que le costaba a Petroperú cerca de 1,300 millones de dólares.
Pero en el julio de 2013, en pleno Gobierno nacionalista, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, anunciaba que las obras costarían 3,500 millones de dólares, de los cuales 2,730 millones serían asumidos por el Estado. Es decir, se duplicó el monto establecido inicialmente.
“La Refinería de Talara tiene un gran pecado original, nunca nos dijeron qué era lo que realmente quisieron hacer y nos mintieron a todos. Nos vendieron la idea de desulfuración para no contaminar los pulmones de la población, así como aumentar la capacidad de la vieja refinería”, afirmó el economista.
Lo cierto es que, tal como lo anunció en su momento, y ante los diferentes cuestionamientos, el gerente general de Petroperú, Eduardo García Rosell, no se trataba de un “proyecto de modernización”, sino de una nueva refinería petrolera que, según él,  produciría cerca de 95,000 barriles al día, cuando la anterior no llegaba ni a la mitad de ese número.
“Es algo espantoso. El tema es bien sencillo, ¿por qué se necesitaban meter miles de millones de dólares para sacar adelante una gasolina que al final resultaba ser más cara que la importada? ¿De dónde iban a sacar la materia prima si todo lo que existe en el Perú no alcanza?”, cuestionó el economista. Esas preguntas deberán ser respondidas por las respectivas autoridades.
Durante el proceso de construcción, Petroperú comenzó a subir el precio de la gasolina y, por lo mismo, el Estado nunca se atrevió a decir cuál sería la rentabilidad real del proyecto.
Otro de los grandes señalamientos, indicó Romero Caro, es que dicho proyecto fue exonerado en su totalidad de todo tipo de firmas y concursos para lograr su desarrollo.
“Creo que lo exoneró la bancada nacionalista de ese entonces, incluso no pasó por Proinversión. Pero lo peor de todo es que hasta el día de hoy se sigue con la gran mentira”, sostuvo.
Como se sabe, actualmente el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara abarca un monto de inversión que supera los 5,400 millones de dólares, precio multiplicado por cuatro, comparado con su valor inicial.
“No sabían cómo iba a evolucionar la demanda en 30 años pero ellos ya habían firmado un cheque en blanco y ese es un hueco inmenso que nadie se ha dado cuenta, pero que todos pagamos”, señaló Romero Caro. Precisó que resultaría difícil paralizar los trabajos en estos momentos por el avance de la obra y el pago ya realizado.
Agregó que el de la refinería es un proyecto que no tiene sustento por ningún lado porque cuando se culmine, el país solo tendrá dos opciones: cobrar el precio del mercado internacional por la materia y dejar que el Estado peruano pague por el diferencial, o no cobrar el precio internacional y dejar que los importadores ganen en el mercado.

Gasoducto: otro “elefante blanco”

Otro de los “elefantes blancos” cuestionados por presuntos hechos de corrupción durante su desarrollo es el Gasoducto Sur Peruano (GSP), a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, en las declaraciones de colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, no se admitió el pago de coimas en dicho proyecto.
Los representantes de Odebrecht solo aceptaron que hubo hechos de corrupción en cuatro megaproyectos: Metro de Lima, Costa Verde del Callao, Interoceánica y la Vía de Evitamiento. Sin embargo, solo serían un porcentaje pequeño de las obras ejecutadas en el país.
Uno de los principales cuestionamientos que se hicieron luego de la firma del contrato con Kuntur, además de la solvencia económica, fueron las reservas. El entonces presidente Alan García solo aseguró un millón de trillones de pies cúbicos (TCF), cuando el proyecto necesitaba por lo menos cinco TCF.
En el periodo de Ollanta Humala como presidente de la República se inicia un proceso de renegociación. Sin embargo, en marzo del 2012, el líder nacionalista inaugura el Gasoducto y cuatro meses después, exactamente el 28 de julio del mismo año, Kuntur le pidió dinero al Estado para la obra, pero como éste decidió no otorgarlo, convocaron a una nueva licitación.
“Lo gracioso es que esa nueva licitación tenía el mismo trazo y el mismo estudio de impacto ambiental. La esencia de eso fue los subsidios porque si se ganaba en un proceso de licitación terminaba llevándoselo todo Odebrech”, explicó el economista Manuel Romero Caro.
“La excusa fue esa. El Gobierno canjeó un proyecto privado, sin subsidios, donde todo era pagado por Kuntur–Odebrecht, por un elefante blanco que exprimió a todos los consumidores”, detalló.
Según lo precisado por Manuel Romero Caro, si ya se sabía que Kuntur pasó a ser propiedad en un 100 % de Odebrecht, y que la brasileña continuaría con el proyecto, a diferencia de Kuntur, Odebrecht sí contaría con subsidio estatal, y el Gobierno “solo tenía que ejecutarle la carta fianza para evitar el pago de millones de dólares en un arbitraje”.
“Lo único que tenía que hacer el Gobierno era ejecutarle la carta fianza [a Odebrecht] pero nunca lo hizo porque nunca vencía. Cada vez que iba a expirar, Odebrecht iba al Ministerio Público para renovar la vigencia. Con eso hubieran evitado regalarle 70 millones de dólares en un arbitraje”, sostuvo.
La nueva concesión fue desarrollada a través de un “contrato boot”, es decir, que no permitía la ejecución de obras hasta que no se dé un cierre financiero. Este mismo inicia el 30 de junio de 2014, pero tres meses antes el escándalo por el caso Lava Jato ya había estallado, y por esas fechas ya estaban por sentenciar a Marcelo Odebrecht. Pese a ello, le entregaron la buena pro a Odebrecht y los gastos fueron solventados por el Estado.

“CORRUPCIÓN CLARÍSIMA”

Algo que tienen en común la Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano es que se trabajaron durante el final de gobierno de Alan García y el inicio del periodo gubernamental de Ollanta Humala Tasso.
“Yo vi la corrupción clarísima entre marzo y julio de 2014. En ese ínterin, el exministro [Eleodoro] Mayorga anunció que se había creado una Comisión Estatal Interministerial para determinar cuál sería el precio del etano. No se había secado la tinta del Gasoducto y esos sinvergüenzas querían hacer la Petroquímica que era el doble del otro”, denunció Manuel Romero Caro.
Además, detalló, en los últimos días del gobierno de García, se aprobó un proyecto de ley que le daba todas las facilidades en el Consejo Petroquímico y diseñaba el control de precios.
“Todos los que delinquieron deben ir a la cárcel sin importar su condición”, pues ahora, con los intentos por entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha creado una figura en la que las personas jurídicas también tienen responsabilidad.
“Creo que todos los que delinquieron deben ir a la cárcel, ricos, pobres o lo que fueran porque los culpables son las personas no los fierros”, concluyó.

“Se quemaron etapas para acelerar entrega de proyecto”

Para Manuel Romero Caro, tanto el Gasoducto como otras megaobras se caracterizan por haber pasado por una serie de irregularidades y exoneraciones que permitieron su rápida aprobación.
“Todos quemaron etapas y pasaron una serie de exoneraciones, el tema es que había presión mediática, gremial y empresarial. Cada año, se encargaban estudios de brecha de infraestructura, y si a todo eso se le agrega los sobornos, ya tienes un caldo de cultivo que da una idea del contexto en el que se estaban aprobando estos megaproyectos”, indicó.
Destacó que el primer problema que tiene el Gobierno es la ausencia de priorización intersectorial y planeamiento, pues no saben cómo solucionar los problemas que hallaron en las obras. Específicamente, en el caso del Gasoducto, indicó que hubo un gran debate para decidir por donde pasaría el proyecto y hoy, 13 años después, el gobierno opta por la primera opción que tuvieron.
“En 2005, durante el periodo de Alejandro Toledo, hubo un gran debate en el país para ver si se hacía un Gasoducto Costero a través del Trapecio Andino, pero en ese periodo sacaron nuevas leyes de prioridad nacional y pasó un año sin que se haga nada en el proyecto”, indicó.
“Cuando salió Toledo y entró Alan García hubo otro debate donde se sacó una segunda ley que con la que se presenta Conduit Capital Partners, un fondo de inversión energética norteamericana, al que se le otorga la concesión”, añadió Romero Caro.
Con dicha concesión, el Gasoducto  pasaba a ser un proyecto 100% privado que no tendría subsidios ni financiamiento estatal. Una vez firmado el contrato, y posterior a los estudios de Proinversión y de impacto ambiental, la compañía estadounidense acordó vender su participación restante en el proyecto peruano del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur).
“Lo más importante que hicieron fue el estudio de impacto ambiental, y cuando lo terminaron se dieron cuenta que era un proyecto viable pero con rentabilidad baja; sin embargo, Odebrecht ya le había echado el ojo”, sostuvo el economista.
SE ADECUÓ CONTRATO EN FAVOR DE ODEBRECHT
Manuel Romero Caro indicó que “varios colaboradores eficaces denunciaron que la entonces gerente general de Kuntur, Claudia Hokama, se reunía con los funcionarios de Proinversión, antes del otorgamiento de la buena pro, para ver como adecuaban el contrato a lo solicitado por Odebrecht”.
“Es por eso que para el 17 de abril de 2013, cuando envían un oficio al comité del Gasoducto solicitando información del contrato celebrado entre el Estado y Kuntur, obtuvieron respuesta un año después, exactamente el 30 de abril de 2014. En dicho documento, precisaron que se encontraba suspendida la evaluación referida al programa de evaluación de obras, presentado por Kuntur, hasta la conclusión de las negociaciones”, indicó.

Dr. Marcial Rubio Correa renuncia al cargo de rector de la PUCP

Marcial Rubio Correa, rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), dejaría el cargo después de haber reconocido que dicha casa de estudios, bajo su administración, incumplió la ley con el cobro de moras a estudiantes retrasados en los pagos. Así lo informaron fuentes de dicha universidad a El Comercio.
Pepi Patrón Costa, quien se desempeña como vicerrectora de Investigación, también habría renunciado y sería el vicerrector Académico Efraín Gonzales de Olarte quien quedaría a cargo del rectorado de forma interina.
La Asamblea Universitaria definirá la situación dentro de esta casa de estudios superiores. Fuentes de este Diario señalaron que la próxima reunión se realizará el 14 de diciembre.
En una entrevista con el programa Sin Pauta de la PUCP, el rector dijo que la universidad estuvo “actuando sin cumplir la ley” porque atravesaban problemas económicos a raíz de disputas legales con el Arzobispado de Lima. “La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, expresó.
Según dijo, la universidad tiene que devolver unos 30 millones de soles por cobros indebidos en los últimos seis años.
El proceso de devolución de dinero inició el pasado 26 de noviembre para los cobros efectuados desde 2016 a la fecha. A los que pagaron la mora después del 2012 se les devolverá desde el 20 de diciembre.
Cabe indicar que, debido a los cobros irregulares, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Intelectual (Indecopi) abrió investigación preliminar. Los resultados serán evaluados por la Comisión de Protección del Consumidor N° 3 que podría dar inicio a un procedimiento sancionador.
Fuente: Diario El Comercio.

La PUCP devolverá más 30 millones de soles por cobros indebidos, afirma ex-rector

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) está obligada a devolver una suma millonaria de dinero por el cobro indebido en el recargo por la demora del pago de pensiones de los estudiantes.
“La cantidad que estamos devolviendo es de aproximadamente 10 millones de soles por el periodo de los dos últimos años. Pero en total con todo, es entre 30 a 32 millones de soles”, afirmó el ex-rector de la universidad, Marcial Rubio.
En una entrevista en el programa institucional Sin Pauta, afirmó que “la universidad ha hecho un esfuerzo de ajuste y tiene un dinero guardado de la ejecución de los últimos tres años que permite pagar ese monto”.
Además, dijo que “la universidad no tiene que subir ni un centavo de pensión” y eso lo aseguró en el programa. “Eso se ha dicho expresamente en el Consejo Universitario que ha habido el martes. Eso es un hecho y no se va a tener que subir las pensiones”, afirmó.
La Secretaría General de la PUCP ha recibido, hoy 12 de diciembre a las 4 y 35 p.m., la carta de renuncia, dirigida a la Asamblea Universitaria, del Dr. Marcial Rubio Correa al cargo de rector.
Asimismo, la Secretaria General ha recibido las cartas de renuncia de la Dra. Pepi Patrón Costa, a su cargo de vicerrectora de investigación y del Dr. Carlos Fosca Pastor, a su cargo de vicerrector administrativo.
La Secretaría General dará cuenta de las renuncias a la Asamblea Universitaria, a realizarse el viernes 14 de diciembre.

Incumplieron la ley

La universidad se comprometió a devolver el dinero de las moras cobradas presuntamente de manera irregular. Serán abonadas a los alumnos y exalumnos de la casa de estudios que hayan realizado dicho pago desde el 29 de noviembre de 2012 hasta la fecha.
Según Marcial Rubio, se estableció esta fecha porque desde ese día entró en vigor la Ley N° 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto del pago de pensiones en instituciones educativas superiores.
“La universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”, aseveró.
Comentó que la Universidad realiza estos cobros desde 1988, año en el que se estableció la política de multa de un crédito por la demora en el pago de la pensión a partir del momento en que vence la boleta. “Esta política se cambia en 1991 y la multa cambia a medio crédito hasta cuatro días atrás”, comentó.
Fuente: Radio Programas del Perú.