Por VÍCTOR ANDRÉS PONCE- www.elmontonero.pe
La posibilidad de que Uruguay le otorgue asilo político a Alan García -luego de que un juez estableciera el impedimento de salida del ex jefe de Estado por 18 meses, y después de la detención preventiva de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Hertz- en cualquier sociedad democrática del mundo encendería todo tipo de alarmas, porque en una sola imagen se presenta a, prácticamente, toda la oposición encarcelada y judicializada.
Cuando a la oposición se le encarcela por 36 meses solo para investigarla -es decir, para ver si es inocente o culpable- resulta incuestionable que la amenaza autoritaria avanza inexorablemente en una sociedad. Y cuando a un ex presidente se le impide la salida del país por haber cobrado por una conferencia en el extranjero (que él declaró ante la autoridad tributaria, pagando los correspondientes impuestos), solo porque una ONG de izquierda propala un informe sin ninguna consecuencia judicial, entonces, la Constitución, las leyes y los procesos han comenzado a estirarse como un chicle para perseguir a los adversarios. Sobre todo cuando los amigos de Gustavo Gorriti -el evidente líder de los procesos contra la oposición-, no obstante estar embarrados hasta el cuello con el caso Lava Jato, se pasean silbando y con las manos en los bolsillos.
¿Cómo la democracia, que acumula dos décadas de experiencia, ha llegado a esta situación? En el Perú no hay élites democráticas, ni de izquierda ni de derecha, ni socialistas ni liberales, porque en este proceso de debilitamiento institucional participan los militantes del chavismo más pétreo y los amigos de Mario Vargas Llosa. Todos ellos han construido su enemigo común: la amenaza fujiaprista. Y apoyan abiertamente el encarcelamiento de los opositores. Es incuestionable que este proceso se desarrolla porque los increíbles, inexplicables y censurables, errores de Fuerza Popular convirtieron a una mayoría política en una minoría rechazada en todos los sentidos, a tal extremo que la nueva mayoría apoya el cierre del Legislativo y el encarcelamiento de la oposición.
El primer balance de por qué las instituciones se debilitan y se instrumentalizan facciones judiciales en la Fiscalía y el Poder Judicial, es simple: no hay élites democráticas. Y sin ellas resulta extremadamente complicado mantener instituciones y democracia. ¿Por qué es importante semejante aproximación? Porque el argumento de que la casi unanimidad mediática ha construido este escenario, en el que una mayoría busca linchar a una minoría, es relativa: con una élite democrática nadie imaginaría algo así.
Ahora bien, es evidente que la prensa de hoy comienza a parecerse en extremo a la que controlaba el montesinismo en los noventa. Una cosa muy extraña, porque no hay un mando único sino diversos intereses que confluyen. La Ley Mulder -derogada por el TC- estrelló “las realidades empresariales” de las redacciones con el mercado y la eficiencia. Sin el subsidio estatal es imposible organizar a “los medios realmente existentes” que habían surgido en el Perú.
A este factor se sumaron las complicaciones judiciales por el caso Lava Jato de algunos propietarios de medios. Y el resultado es la actual unanimidad mediática que alienta el linchamiento y el encarcelamiento de la oposición. Al respecto vale precisar que, cuando hay buena política, no hay poder mediático que valga. Si hay dudas allí están los casos de Trump y Bolsonaro, que doblegaron a prensas miles de veces más poderosas que la peruana.
El gran problema de quienes animan este linchamiento solo para castigar y desaparecer a los fujimoristas o apristas del escenario es que si esta estrategia triunfa, lo más probable es que ellos también serán barridos. Si el país se desinstitucionaliza al ritmo de las encuestas para encarcelar a la oposición, el resultado parece inevitable: una salida autoritaria con cualquier surfista cabalgando sobre la ola.

Junta de Portavoces acordó iniciar proceso de elección de candidatos para integrar el Tribunal Constitucional

Por Óscar Cornetero- Diario Correo.
La Junta de Portavoces del Congreso acordó iniciar el proceso de selección de los próximos candidatos a integrar el Tribunal Constitucional, luego que el pasado 14 de noviembre el presidente de dicha institución, Ernesto Blume, le solicitara esto al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
Para ello, se acordó la conformación de la comisión especial para elegir a los seis magistrados. En ese sentido, el vocero alterno de Fuerza Popular, Octavio Salazar anunció que a su bancada le corresponden cuatro representantes en este nuevo grupo de trabajo; sin embargo, consideraron oportuno ceder dos vacantes a la bancada de Acción Popular y a Alianza Para el Progreso.
“La va a presidir el presidente del Congreso que tendrá voz pero no tiene voto. Los integrantes (de la comisión) es uno por cada grupo político, incluido los independientes que también están representados”, señaló.
Resaltó, además, que la elección de los candidatos se hará “con la mayor transparencia” considerando que debe ser “gente prolija” y que no tenga ningún ingrediente político para evitar especulaciones y que la convocatoria será a través de una invitación. En ese escenario, dijo que las bancadas pueden presentar a las personas que “en su apreciación podrían ser integrantes del Tribunal Constitucional”.
También manifestó que este cambio de los seis magistrados será uno por uno para que no se afecten los procesos administrativos y operativos del ente constitucional.
“El tema de fondo es que ya se está empezando a realizar los mecanismos de apreciación para el relevo. Este proceso se inició hoy y nos vamos a reunir nuevamente a efectos de ir avanzando con las etapas subsiguientes”, finalizó.

No hay derecho

Por Ricardo Vásquez Kunze– Político.pe
Lo que ha acontecido hoy 20 de noviembre de 2018 es un día que vivirá en la infamia. Representa el quiebre total del estado de Derecho en el Perú, la sepultura del derecho a la defensa de cualquier ciudadano –sin importar su color político o sus convicciones ideológicas–, el fusilamiento del secreto profesional y de lo poco que quedaba del debido proceso.
Otra vez, en menos de un mes, los protagonistas de este atropello son el “juez” Richard Concepción Carhuancho y el “fiscal” José Domingo Pérez. A solicitud del segundo, el primero ha dado orden de allanar el estudio de abogados que lleva la defensa de los INVESTIGADOS que el fiscal acusa y el juez juzga. Nos referimos al caso de la líder de la oposición Keiko Fujimori, hay que recordarlo, presa por 36 meses SIN ACUSACIÓN FISCAL. Así como lo oye.
Bajo el mismo cuento del “testigo protegido”, Pérez y Concepción Carhuancho han irrumpido en el estudio de abogados Oré Guardia en busca de “pruebas” que vinculen a este bufete con la “organización criminal” Fuerza Popular y el caso de los falsos aportantes, varios de los cuales el estudio patrocina bajo todo el derecho a la defensa que el estado de Derecho garantiza.
La magnitud de este atropello por el cual el juez y el fiscal de un caso se coluden para abusar del derecho y buscar “pruebas” violentando a los abogados defensores no se ha visto en el Perú ni en las peores dictaduras que nos ha tocado vivir. En otras palabras, el juez y el fiscal buscan enterarse cuál es la estrategia de defensa de los investigados a fin de criminalizarla con cualquier pretexto. ¿Qué sigue? ¿Los confesionarios de las iglesias? ¿Los medios de comunicación para averiguar si están en contacto con “organizaciones criminales” como los partidos políticos? ¿Los domicilios de periodistas?
Obviamente todas las embajadas en Lima deben estar tomando nota de esta abominación y certificando que tanto en el caso de Keiko Fujimori como de Alan García, por poner los más importantes, no existe ninguna posibilidad de un juicio justo, lo que abona ya no en la tesis sino en la certeza de que aquí el debido proceso no existe. ¿Y cómo podría existir si el juez y el fiscal del caso amedrentan a los abogados de los investigados para sentarlos a ellos también en el banquillo junto a sus patrocinados? ¿Qué abogado va a poder patrocinar desde hoy con este precedente a un cliente si podría ir a la cárcel con él por establecer la estrategia de defensa que más conviene a sus intereses?
Señor fiscal de la Nación, señor presidente del Poder Judicial: ni José Domingo Pérez ni Richard Concepción Carhuancho pueden permanecer ni un día más en la magistratura como agentes de la ley y el derecho. No solo se zurran en los dispuesto por el Tribunal Constitucional sino en cualquier norma universal de un debido proceso, poniendo a la fiscalía y a la judicatura al servicio de una agenda espuria y actuando como la peor de las dictaduras.
Los colegios de abogados de toda la República, la Defensoría del Pueblo y el Poder Legislativo deberían pronunciarse ante este EVIDENTE quiebre del Estado de derecho en el Perú y en defensa de todos los ciudadanos, hoy a merced de un poder totalitario sin ningún control que ha barrido con la garantía más elemental de la justicia: el derecho a la defensa.
Simplemente: ¡no hay derecho!