Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso.
El escándalo por el tráfico ilegal de oro investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI y varias agencias federales se hizo público como uno de los casos más grandes de lavado de activos y depredación ambiental cuando los abultados envíos procedentes del Perú empezaron a afectar seriamente la industria del preciado metal en el mundo.
Se trata del Caso N° 18-20173-CR-MORENO, seguido por el juez federal del distrito Sur de La Florida, Federico A. Moreno, quien dio a conocer la información que investiga hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015, y los montos alcanzarían US$3,600 millones de dólares solo en la primera parte del proceso, de los cuales gran parte le correspondería reclamar al Perú.
En entrevista concedida a EXPRESO, el economista Jaime Gálvez Salcedo, consultor en inteligencia financiera de la Administración Trump,  comentó que es vergonzoso ver que -al igual como ocurrió en el caso Odebrecht y otros-, sea el gobierno de los EE.UU. el que inicia y lidera este tipo de investigaciones, a pesar de que el oro es peruano.
“El gobierno de los EE. UU. ha asumido jurisdicción sobre esta investigación debido a que el oro en cuestión fue enviado a la ciudad de Miami, y los pagos por estas operaciones habrían sido hechos en dólares americanos y canalizados a través de su sistema financiero”, afirma.
En paralelo se trataría de una pérdida de millones de dólares en IGV para el Perú, un perjuicio económico  que solo entre los años mencionado, calcula Gálvez, “sería cuatro veces más grande que el caso Odebrecht, aparte del incalculable daño ambiental causado en las selvas vírgenes de Madre de Dios, trata de personas, trabajo forzado…”.
¿Cuáles eran los delitos asociados al tráfico de oro?: la minería ilegal, lavado de activos, narcotráfico, financiamiento del terrorismo, corrupción de funcionarios, contrabando de oro, falsificación de documentos, todos cometidos en el Perú.
Según documentos llegados a esta redacción, los fiscales norteamericanos afirman que los acusados compraron millones de dólares en oro ilegal en la Amazonía peruana, para lo cual hicieron uso de documentos falsos para exportarlo a Miami, “donde este oro era refinado para luego ser vendido y entonces proceder a devolver el dinero a narcotraficantes y otros criminales”, incluso usando grupos terroristas encargados de darles seguridad.
Uno de los procesados, entre otros, es el peruano “Peter Ferrari” (Pedro Pérez Miranda), el principal proveedor de oro ilegal a la estadounidense NTR Metals, de propiedad de Elemetal LLC, firma financiada por el ScotiaMocatta que es una filial del Scotiabank de Canadá en el centro del mercado del oro que es Londres.
Hay otro ángulo en el que incide Jaime Gálvez Salcedo. Y es el de la responsabilidad de Sunat. “Sin temor a equivocarme puedo afirmar que la Sunat conoce muy bien el tema del oro y su problemática, entonces estaría claro que al no investigar este delicado caso, estarían encubriendo algo muy grande, no hay duda que siguiendo órdenes de personas que podrían salir perjudicadas –sobre todo autoridades y empresarios- si algunos detalles vinculados a este caso saliesen a la luz”, afirma.
A LA FISCALÍA
Ante ello, el 11 de octubre de 2018, el experto Gálvez Salcedo envió una carta notarial dirigida al fiscal de Nación, Pedro Chávarry, explicando su preocupación por el hecho de que ningún representante del Estado se había apersonado a la Corte de la Florida para solicitar mayor información del proceso judicial.
El Ministerio Público recibió la misiva a través del Expediente 0033453-2018 con el asunto: “Investigación sobre minería ilegal, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción, depredación ambiental, trata de personas, abuso infantil y otros delitos derivados en perjuicio del Estado peruano”.
“Es muy extraño ver, que siendo el Estado el principal agraviado en estos hechos ilegales que habrían sido comprobados en cortes federales de Estados Unidos, […] hasta la fecha ningún representante del gobierno se ha apersonado al proceso judicial para reclamar lo que nos corresponde a todos los peruanos”, se lee en la carta enviada al alto magistrado.
Agrega que “la envergadura y complejidad del tema requiere urgentemente una seria y profunda investigación, ya que es muy difícil entender cuáles podrían ser las razones del porqué las autoridades no se apersonan a un proceso donde lo más difícil -que es demostrar la responsabilidad en los hechos delictivos- ya estaba hecho”, afirma.
MULDER
Asimismo, el 3 de octubre de 2018 se dirigieron, mediante un escrito, al congresista Jorge del Castillo (CPA). presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas.
En dicha nota se da cuenta que en el año 2000 se contactaron con su colega de bancada Mauricio Mulder, cuando el hoy parlamentario aprista era candidato al Congreso de la República, para explicarle no sólo la gravedad que representaba la minería ilegal para la seguridad del país sino las bases de apoyo de la actividad del grupo terrorista Sendero Luminoso asociado tanto al narcotráfico como a la misma minería ilegal e informal.
“Esta persona [Mauricio Mulder] acepta liderar la lucha contra la minería ilegal, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, para lo que se pone a su disposición una serie de recursos logísticos, al igual que mucha información reservada”, se lee en la misiva.
Asimismo, agrega que una vez dentro del Parlamento, y cuando asume la presidencia de la Comisión Investigadora de la gestión del exmandatario Alberto Fujimori, cambió el sentido de la investigación respecto del oro e incluyó una serie de empresas y personas cuyos expedientes eran complejos y dudosos para emitir  el informe final.
“Lo único que tenía que hacer era denunciarlo a la Fiscalía y no hizo nada, desvió la investigación a otras empresas. Si queremos buscar delito podríamos llamarlo omisión de funciones, pero las informaciones y advertencias que por ese entonces lanzó el gobierno norteamericano se transformaron en actividades terroristas”, indicó Gálvez.
EXPRESO llamó a Mulder para saber su opinión sobre el tema, pero no respondió a nuestro llamado.
“PETER FERRARI” Y OTROS…
Según información que ya es pública, varias personas han sido detenidas en los EEUU por el caso “Peter Ferrari”, y estarían colaborando con la justicia americana. Entretanto, en el Perú sucede lo mismo con Pedro Pérez Miranda (“Peter Ferrari”) y otros extraditables como José Morales Díaz, esperando que concluya el proceso por lavado de activos que esta banda tiene en sede nacional.
 EL PROCESO EN MIAMI
La exportación se hizo con papeles falsos o incompletos
La historia empieza cuando el gobierno de EE.UU. a través de su Departamento de Justicia y agencias federales decidió intervenir, previa investigación, denunciando a ejecutivos de la empresa americana NTR Metals, de propiedad de Elemetal LLC.
Un informe publicado por el diario The Miami Herald reportó que el 19 de enero del 2018, los ejecutivos de NTR llamados Samer Barrage, de 39 años, y Juan Granda, de 35, admitieron su responsabilidad y asumieron la culpa por importar oro de manera ilegal desde Perú y otros países sudamericanos.
Ambos contrabandearon oro entre enero del 2013 y marzo del 2017 para la compañía NTR Metals, en Miami.
Por lo que el juez Robert N. Scola los condenó a 80 y 72 meses de prisión, respectivamente, por el caso N° 17-202-15-CR-SCOLA.
Por otro lado, el mismo magistrado sentenció a otro ejecutivo, Renato J. Rodríguez, por el mismo caso, el 31 de enero de este año, a 90 meses de prisión efectiva.
“Desde agosto de 2012 hasta noviembre de 2016, Elemetal LLC compró y refinó miles de millones de dólares de oro de todo el mundo, incluidos países de América Central, América del Sur, el Caribe y Europa”, dice el documento oficial.
Agrega que el comercio internacional de oro era un método común para lavar oro, narcóticos y otros productos delictivos extraídos ilegalmente. “Los delincuentes con frecuencia comercian con oro ilegal a través de empresas ilícitas utilizando documentos falsos o incompletos”, afirman.
En resumen, los delitos están probados y sentenciados sus autores ante la abrumadora evidencia de los ilícitos, por los que hubieran podido terminar en una prisión federal por unos 20 años, sin embargo continúan colaborando con la justicia norteamericana en este sonado caso.
¿La mano de PPK en Londres y Canadá?
El empresario Carlos Morales Andrade y el economista Jaime Gálvez Salcedo dicen que escucharon fuertes rumores en el mercado internacional del oro que la anterior embajadora peruana en el Reino Unido, Susana de la Puente, habría sido nombrada con el encargo específico del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski de buscar interceder ante cualquier eventualidad sobre el problema del oro generado en el Perú.
Esto porque siendo el Scotiabank un banco principal en Canadá, tendría problemas en su sucursal en temas de oro, el ScotiaMocatta de Londres, hasta donde ha salpicado el escándalo que nos ocupa.
También recuerdan que en Canadá estuvo de embajador el actual mandatario Martín Vizcarra, probablemente para contrarrestar eventuales demandas al Estado peruano por haber permitido en su territorio el gigantesco contrabando del oro.
Todo este tema está por investigar, afirman.