Afectan inversión minera de USD 58,500 millones

Los engorrosos y lentos trámites burocráticos y los conflictos sociales, que han aumentado en 17% en el  último año, están poniendo en riesgo los 58,500 millones de dólares en los 49 proyectos mineros que tiene el Perú en todo el territorio nacional.
En conferencia de prensa convocada para anunciar la séptima edición del Congreso por el Día de la Energía, que este año analizará la burocracia y la sobrerregulación en energía y minas, el socio de Laub & Quijandría Energy Group, Anthony Laub, lamentó que no haya dado resultados el Plan Nacional de Simplificación Administrativa que puso en marcha el Estado el 2013. En tal sentido, aseguró que persisten las demoras en la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental para los proyectos de inversión minera, de electricidad y de hidrocarburos.
También señaló que si el Estado Peruano no supera la tramitología, la sobrerregulación y las excesivas disposiciones del Ministerio del Ambiente, el Perú no tendrá un entorno amigable para las inversiones en el país y “continuaremos estancados, a diferencia de los países vecinos, como Chile, que siguen atrayendo inversiones”.
Dificultades burocráticas
Laub, socio de la consultora Laub & Quijandría Energy Group, que organiza desde hace siete años el Congreso por el Día de la Energía, explicó que entre las dificultades detectadas en la administración pública, especialmente en los gobiernos regionales y municipales, figura el desconocimiento de la legislación entre sus funcionarios, quienes prefieren no resolver los trámites o transferirlos a otras entidades y, cuando deciden  hacerlo, lo resuelven de manera equivocada. Además, ceden con facilidad a las presiones políticas y sociales, agudizando los conflictos en contra de los proyectos.
Asimismo, resaltó el incumplimiento de los plazos establecidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las propias instituciones  y, al no existir una homogeneidad de los procedimientos en todas las instancias públicas, no existe una predictibilidad en las empresas en cuanto a los requisitos, plazos y procesos, lo que termina afectando los proyectos de inversión.
Laub también advirtió que los funcionarios públicos tienen un excesivo temor a la  Contraloría General de la República, lo que los lleva a no pronunciarse o desaprobar los procesos administrativos sin justificación alguna. Además, comentó que el Ministerio del Ambiente ha subordinado las decisiones administrativas de todo el Estado a criterios ambientales y su opinión se ha vuelto vinculante, aun cuando el ordenamiento jurídico no lo dispone de esa manera.
De otro lado, informó que los conflictos sociales están en aumento y, según la Defensoría del  Pueblo, hasta agosto de este año existían 196 casos, 17% más que en el mismo mes del año pasado. Refirió que la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene registrados un total de 203 conflictos sociales, de los cuales el 5% están relacionados con proyectos de electricidad, 42% con la minería y el 9% de hidrocarburos.
Propuestas de Cambios
Laub propuso la creación de un solo régimen regulatorio para los proyectos eléctricos, que sea estable y predecible para todos los operadores. Además, aseguró que, en un escenario de sobreoferta de capacidad instalada del 90%, en el que se han adjudicado proyectos solares y eólicos con precios competitivos, no existe justificación para que los usuarios eléctricos sigan subsidiando las denominadas tecnologías verdes.
Para el subsector hidrocarburos, planteó que el Estado trabaje cuanto antes en una reforma del régimen legal, con incentivos claros y razonables, y que se cree un Viceministerio de Hidrocarburos.
Además, para promover los proyectos mineros, que es el que tiene más iniciativas en cuanto a inversiones, propuso que no debe permitirse que se demoren o detengan por trámites burocráticos o por condiciones sociales inadecuadas. En tal sentido, recomendó un trabajo conjunto entre el gobierno central, regional y municipal para una mejor gestión pública.
Fuente: Rumbo Minero.

MINISTRO Y VICEMINISTRO DE MINAS TRABAJARON PARA MINERAS INFRACTORAS BENEFICIADAS CON REDUCCIÓN DE MÁS DE S/1 MILLÓN EN MULTAS

Por Anthony Quispe Oré y Alexander Lavilla-www.convoca.pe
En agosto de este año se publicó un decreto supremo que exige a los funcionarios del Ejecutivo, designados en puestos de decisión, que hagan pública su trayectoria a través de declaraciones juradas de intereses. Convoca.pe revisó los documentos presentados por más de 50 altos funcionarios de un sector clave para el Perú: el Ministerio de Energía y Minas, donde se toman decisiones importantes para la aprobación de inversiones privadas millonarias. Tras el análisis de estas declaraciones, nuestro equipo detectó una decena de casos relevantes de puerta giratoria: funcionarios que trabajaron para mineras de gran influencia que incurrieron en graves infracciones ambientales y que ahora deben tomar decisiones como autoridades del sector.
La designación de altos funcionarios públicos en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) discurre en medio de un carrusel de intereses principalmente de compañías mineras cuestionadas por infringir normas ambientales. Entre la decena de casos identificados por Convoca.pe destaca el del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, quien ha ocupado hasta ocho cargos en compañías privadas, la mayoría del sector minero, y ha permanecido por más de dos décadas en la compañía minera Milpo que cuenta con operaciones en cinco regiones en el Perú. En la actualidad, la empresa tiene trámites en marcha en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas para el proyecto minero Orcocobre de la Unidad Minera Cerro Lindo, en Cañete.
Junto al caso del ministro Ísmodes está el de uno de sus más altos funcionarios: el del viceministro de Minas, Luis Miguel Incháustegui Zevallos, quien trabajó en las empresas mineras Lumina Cooper y Gold Field La Cima. Para esta última compañía, el titular de Energía y Minas realizó una consultoría en febrero de 2015, según aparece en su declaración de intereses.
Las mineras Milpo S.A.A., Gold Fields y Lumina Copper, para las cuales trabajaron el ministro Ísmodes y el viceministro Incháustegui por separado, infringieron normas ambientales entre 2008 y 2014, según el registro del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En total, las tres compañías debían pagar multas por 3 millones 436 mil 213 soles, sin embargo debido a que a mediados de 2014 entró en vigencia el artículo 19 de la Ley 30230 -‘Ley del paquetazo ambiental’-, estas empresas se beneficiaron con una reducción total de 1 millón 230 mil 140 soles en multas.
La empresa Milpo S.A.A., donde laboró el actual titular del ministerio de Energía y Minas, transgredió las normas ambientales en tres ocasiones en 2008, de acuerdo con OEFA. Por esta razón, Milpo S.A.A afrontó un proceso por el cual se le sancionó con el pago de 25 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), equivalente a 95 mil 418 soles. Sin embargo, por la aplicación de la referida norma, esta minera se benefició con una reducción del 10% del monto total: 9 mil 690 soles (2.5 UIT) en multas.
El actual ministro Francisco Ísmodes ha trabajado durante 22 años en la compañía minera Milpo. Foto: Contrapunto.
En los casos de Gold Fields y Lumina Copper, compañías en las cuales el ahora viceministro de Minas ocupó cargos directivos, se infringieron leyes ambientales entre octubre y diciembre de 2011, de acuerdo con el registro de OEFA.
La empresa Gold Fields enfrentó 13 procesos sancionadores, de los cuales 6 derivaron en multas que, en conjunto, suman un total de 864 mil 312 soles. No obstante, en uno de los siete restantes procesos administrativos a esta empresa se le perdonó la multa acumulada de al menos 264 UIT, al aplicarse la Ley 30230. Es decir, se favoreció con una reducción total de multas por 1 millón 3 mil 200 soles.
En cambio, Lumina Copper tuvo un proceso sancionador por 13 infracciones, de las cuales se determinó la responsabilidad en 3 de estas. Al encontrarse vigente ‘Ley del paquetazo ambiental’, a la minera no se le pudo imponer el pago de 55 UIT (217 mil 250 soles).
Estos beneficios a favor de las empresas se consumó en medio de irregularidades, puertas giratorias y conflictos de interés durante el gobierno de Ollanta Humala, tal como Convoca.pe lo documentó en su momento.
La iniciativa se elaboró a puertas cerradas y con celeridad en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dirigido por el entonces ministro Luis Miguel Castilla Rubio. En sólo 48 horas, entre el 10 y 12 de junio de 2014, se revisó y aprobó el proyecto en siete oficinas de este ministerio para después ser presentado ante el Congreso de la República. Al borde del cierre de la legislatura, el documento ingresó al Parlamento el 18 de junio de ese año y se aprobó el 27, nueve días después, en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. La Comisión Permanente del Legislativo, integrada en esa votación por 21 congresistas, aprobó la norma el 3 de julio de 2014. Solo votaron en contra los parlamentarios Rosa Mavila, Yonhy Lescano y Alberto Beingolea. La bancada fujimorista se abstuvo de votar. La ley se promulgó el 12 de julio siguiente, pero las presiones del sector privado se habían iniciado varios meses atrás.
El artículo 19 de la Ley 30230 permitió que los procesos evaluados en la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI), la primera instancia de OEFA, no terminen en multas para las empresas durante los siguientes tres años y que a cambio se establezcan medidas correctivas. En el caso de los procesos que estaban en manos del Tribunal, la segunda instancia, las multas disminuyeron en 50%. La referida ley, que empezó a aplicarse en la quincena de julio de 2014, suspendió el incremento de multas escalonadas que OEFA iba empezar a aplicar desde inicios de ese año.
Luis Miguel Incháustegui, viceministro de Minas. Laboró en dos empresas mineras sancionadas por OEFA. Foto: MEM.
Las empresas mineras más sancionadas y reincidentes se beneficiaron con el congelamiento de multas impuestas por incurrir en reiteradas infracciones ambientales. De acuerdo con el análisis realizado por nuestro equipo, en ocho meses el Estado dejó de cobrar por encima de 50 millones de soles a compañías del sector minero e hidrocarburos. Entre ellas figuran las empresas para las que trabajaron en aquellos días el actual ministro Ísmodes y su viceministro de Minas. Hoy al otro lado del mostrador: en el Estado.
El ministro y las corporaciones
En abril de 2018, cuando fue designado por el presidente Martín Vizcarra como ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes ya contaba con una amplia trayectoria en el sector minero privado: en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía había sido gerente del sector minero, entre setiembre de 2013 y enero de 2014; y había trabajado como consultor para las empresas mineras Goldfields La Cima, Río Tinto, Minsur y Antamina. Sumado a ello, hasta antes de asumir la cartera, se desempeñó como director de la minera Sierra Antapite, Electrosur, y gerente de la consultora Gestión Sostenible Perú.
Sin embargo, su estancia por 22 años en la compañía minera Milpo es lo que más resalta de su hoja de vida: laboró allí entre mayo de 1991 y agosto de 2013. Desempeñó en esta empresa los cargos de subgerente legal (1991-1999), gerente corporativo legal (1999-2005), gerente de asuntos corporativos (2005-2013), gerente general interino (2010-2011) y gerente general adjunto (2012-2013).
Cerro Lindo, ubicado en Ica, es uno de los principales complejos mineros que tiene a cargo el grupo Milpo. Foto: Difusión.
Entre 2008 y 2013, tiempo en el que Ísmodes fungía el cargo de gerente de asuntos corporativos, el OEFA abrió diez expedientes sancionadores a la minera Milpo. Nueve de ellos derivaron en una sanción económica contra la compañía: sumadas en conjunto, el monto total al que ascendió la multa fue de 1 millón 341 mil 761 soles.
Entre estas infracciones cometidas, figuraba la falta más reiterada en el sector: el exceso de límites máximos permitidos legalmente de agentes tóxicos, lo cual termina impactando el medio ambiente.
Precisamente, según la Resolución 067-2013-OEFA/TFA, de marzo de 2013, el órgano de fiscalización ambiental impuso una multa de 102 UIT (377 mil 400 soles) a la minera Milpo. En ese tiempo, Ísmodes Mezzano también se desempeñaba como gerente general adjunto de la compañía. La respectiva supervisión realizada en la unidad ambiental Milpo N° 1, ubicada en el distrito de Yanacancha (Pasco), determinó que los puntos efluentes del complejo minero, que desembocaban en el río Huallaga, reportaban niveles de zinc superiores a los permitidos. El pago por esta infracción representó el 28% del total que la minera pagó por sanciones ambientales.
Resolución que impone una multa de 102 UIT a la minera Milpo. Francisco Ísmodes trabajaba como gerente general adjunto de la compañía.
En otra de las sanciones que se le impuso a Milpo, la empresa se vio beneficiada por la aplicación del artículo 19 de la Ley 30230. Pagó 9 mil 690 soles menos, esto es, un 10% menos que la suma original que debía haber pagado. En la Resolución N° 025-2014-OEFA/TFA-SEP1, la minera recibió una reducción de la multa que le correspondía por cometer tres infracciones debido al incumplimiento en lo estipulado en el Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Desaladora Cerro Lindo, en Ica. En un primer momento, OEFA pedía que se le impusiera como monto a pagar el de 25 UIT (95 mil 418 soles), pero luego de que la minera apelase el fallo, se le redujo a 22 UIT (85 mil 728 soles).
La compañía minera Milpo se vio beneficiada por la aplicación del artículo 19 de la Ley 30230. Imagen de la Resolución N° 25-2014-020.
Consultado al respecto por Convoca.pe, el ministro Francisco Ísmodes sostuvo que el trabajo que cumplió en la minera estuvo ligado a las relaciones con las comunidades y el desarrollo sostenible en las zonas donde operaba la compañía.
“Las labores que realicé en Milpo siempre fueron promover buenas relaciones con las comunidades y proyectos de desarrollo sostenible”, respondió por correo electrónico.
Y tras negar la posibilidad de un posible conflicto de interés por su trayectoria en el sector minero privado, apuntó: “La honestidad y ética con las que me he desempeñado toda mi vida, continuarán en el sector público”.
Millonaria condonación
En relación a Gold Fields La Cima S.A., donde laboró el viceministro Luis Miguel Inchaústegui durante diez años, esta minera se salvó de una gran multa por la aplicación de la llamada ‘Ley del paquetazo ambiental’. En Cajamarca, del 24 al 28 de octubre de 2011, OEFA realizó la supervisión regular de la unidad minera Cerro Corona, dónde se detectó 13 infracciones tipificadas con diferentes multas.
El proceso sancionador se resolvió en 2014, cuando Incháustegui ejercía el cargo de vicepresidente de asuntos corporativos y desarrollo sostenible, función que desempeñó entre abril de 2012 y setiembre de 2017.
Complejo minero Cerro Corona (Cajamarca) a cargo de la compañía minera Gold Field La Cima S.A. Foto: Difusión.
La primera vez que estuvo en Gold Fields La Cima S.A., llevó las riendas de la Gerencia Legal y Relaciones Institucionales, entre noviembre de 2004 y enero de 2009.
Gold Fields La Cima S.A. fue inscrita  en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) en diciembre de 2003, su actividad es la extracción de minerales entre ellos el concentrado de cobre que contienen partículas de oro. Cerro Corona en Cajamarca es su principal proyecto de extracción a tajo abierto cuya producción se descarga  a unos 380 kilómetros en el puerto de Salaverry, en La Libertad, y es enviado en barcos de carga a fundiciones de Asia y Europa.
Según la Resolución Directoral N° 654-2014-OEFA/DFSAI, las multas van desde el incumplimiento de supervisión como separar cilindros de aceites usados de los cilindros nuevos con multas de 2 UIT, pasando por el lavado de camiones en terrenos sin impermeabilización, que equivalen unas 50 UIT, hasta la más grave que es implementar un almacén temporal de chatarra de mantenimiento mecánicos y residuos sólidos industriales que tendrán una eventual sanción de 50 a 100 UIT.
Sin embargo, el 3 de noviembre de 2014, cuando Luis Miguel Incháustegui ocupaba la vicepresidencia de asuntos corporativos y desarrollo sostenible de Gold Fields La Cima S.A., el OEFA dispuso la suspensión del proceso sancionador. Es decir, se condonó el pago de la multa de al menos 264 UIT (1 millón 3 mil 200 soles) por las 13 infracciones debido a que en ese entonces estaba vigente la Ley 30230.
Directivo en periodo de infracciones
En la base de datos de OEFA sobre empresas infractoras, Convoca.pe también halló unos 13 procedimientos sancionadores contra Gold Fields La Cima S.A. iniciados cuando Luis Miguel Incháustegui ocupaba puestos directivos en la compañía minera.
De estos procesos, hay dos expedientes con infracciones ambientales denunciadas por OEFA cuando Incháustegui Zevallos se desempeñaba como gerente legal y de relaciones institucionales en la minera, funciones que cumplió entre enero de 2004 y diciembre de 2009.
En ese periodo, en Cajamarca, durante una labor de supervisión realizada del 22 al 24 de julio de 2006 se encontró en las instalaciones de la Sociedad Minera Corona -perteneciente a Gold Fields- filtraciones de la relavera “La Jalca”, que discurrían en río Tingo contaminándolo. El OEFA sancionó este hecho con 10 UIT (38 mil soles).
Cuatro años después, dos efluentes de las relaveras antiguas N° 1 y 2 volvieron a lanzar sus descargas al río Tingo. En este caso, el Tribunal Sancionador de la OEFA sancionó con una multa de 50 UIT (180 mil soles), pero al final se terminó desestimando esta última y la multa solo quedó en 10 UIT. La multa se hizo efectiva en 2014, cuando Incháustegui Zevallos ejercía la vicepresidencia de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Gold Field La Cima S.A.C.
Asimismo, del 25 al 30 de mayo de 2008, OEFA realizó una supervisión sobre el monitoreo ambiental de efluentes mineros en Cerro Corona, en Cajamarca.
Según la Resolución N° 280 del Tribunal de Sanciones, la empresa descargó efluentes de la poza de sedimentación en la Quebrada Corona y en la Quebrada Meza de Plata que acumulan una multa de 100 UIT (365 mil soles). Cuando esta sanción se ratificó en segunda instancia en 2012, el ahora viceministro era vicepresidente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible.
Voceros de Gold Fields La Cima S.A.C confirmaron que el último vicepresidente de asuntos corporativos y desarrollo sostenible fue el actual viceministro Incháustegui hace un año. Se indicó que sus funciones estaban circunscritas a la creación de proyectos sociales y que a pesar de su cargo directivo “no tenía potestad ejecutiva”. No precisaron si su puesto tenía relación con temas ambientales.
Más sanciones
El viceministro Incháustegui  también trabajó para  la minera Lumina Copper S.A.C., entre enero de 2009 y marzo de 2012, donde desempeñó el cargo de vicepresidente de Asuntos de Gobierno y adjunto a la Gerencia General antes de ingresar al sector público en el Ministerio de Energía y Minas, hace unos meses.
Esta empresa también registra sanciones impuestas por OEFA. La infracción se sustenta en una supervisión efectuada del 28 al 29 de diciembre de 2011, cuando se detectó 13 irregularidades en el funcionamiento y extracción de minerales en el proyecto El Galeno de Cajamarca. De estas infracciones imputadas, diez fueron archivadas y solo en tres casos se estableció responsabilidades. Pero, al estar en vigencia la ‘Ley del paquetazo ambiental’, a la compañíano se le pudo imponer la multa de 55 UIT (217 mil 250 soles).
El Galeno, en Cajamarca, uno de los principales proyectos de la cartera del Ministerio de Energía y Minas, está a cargo de Lumina Cooper. Foto: Difusión.
Entre las 13 infracciones referidas destacan las faltas medioambientales como la de no acreditar el registro y resultados de monitoreos como calidad de agua o revegetación, que podrían ser sancionados con el pago de hasta 150 UIT: o no impermeabilizar la base ni las paredes de la operación del relleno sanitario, que sería multado con un monto entre 51 a 100 UIT.
En respuesta a Convoca.pe sobre estas situaciones, el viceministro Luis Miguel Incháustegui aseguró que no ha tomado decisiones sobre el cumplimiento de las normas ambientales de la empresa Gold Fields La Cima S.A. y Lumina Copper S.A.C. Sin embargo, añadió que sí tenía conocimiento de la política de estas empresas en temas ambientales y de las decisiones que se acordaban (por parte del gerente de Medio Ambiente y gerente general) debido a que era parte del Comité Ejecutivo de la compañías.
“Mi labor siempre la he desempeñado en estricto cumplimiento del marco legal vigente y las normas éticas que rigen mi conducta”, señaló al responder sobre un potencial conflicto de interés.
Otros casos
En febrero de 2017, durante el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski,  Óscar Rodríguez fue designado como director general de minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Rodríguez se había desempeñado anteriormente en la institución como asesor (1993-1994), director de fiscalización minera (2004-2006) y luego lo hizo como director general de asuntos ambientales mineros (2006-2007).
Entre 2007 y 2009 su función fue la de director general de minería, y era el “responsable de la gestión administrativa de dichas direcciones y de los procedimientos a cargo como las autorizaciones para el desarrollo de la actividad minera, la promoción de la actividad minera y las certificaciones ambientales correspondientes”, según declara en su hoja de vida.
Su experiencia laboral incluye su paso por la compañía minera Raura, Cosapi, y las consultoras Klohn Crippen y SVS Ingenieros. Según se muestra en su declaración de intereses, de julio de 1999 a setiembre de 2000 trabajó en esta última empresa, a la cual retornó en 2009. No obstante, la compañía referida contaba con otra denominación, SRK Consulting Perú. Laboró allí hasta febrero de 2018.
Esta consultora ha realizado trabajos para las mineras Volcan, Sociedad Minera Corona y Ares, tres de las más sancionadas según el análisis realizado por Convoca.pe.
Convoca.pe trató de contactarse con el director general de minería, pero al cierre de esta nota no fue posible encontrarlo.
Intereses en La Granja
Una situación similar se presenta con el economista Ricardo Labó Fossa, exviceministro de Minas (2017-2018) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Laboró trabajó entre 2006 y 2014 para la empresa minera Río Tinto, compañía de capitales ingleses y australianos que opera el proyecto minero La Granja en Cajamarca. Además de su designación como viceministro, en enero de 2018 fue nombrado presidente del directorio de Activos Mineros. La compañía estatal, entre sus actividades, también tiene a cargo la supervisión de la ampliación del proyecto La Granja, el mismo para el que antes laboró.
Ricardo Labó ex viceministro de Minas durante la gestión de Pedro Pabro Kuczynski. Foto: Activos Mineros.
A comienzos de este año, como doble funcionario público también participó en una operación que favoreció de manera directa a la compañía minera Chinalco, a cargo del proyecto Toromocho, al transferir la propiedad de un terreno público de 34 hectáreas de la Municipalidad de Morococha a esta empresa extractiva. La comunidad de este distrito ya ha interpuesto una demanda de amparo con la finalidad de anular la venta del terreno sobre el que aún habitan más de 60 familias.
Convoca.pe trató de contactarse vía telefónica con el exviceministro. Al cierre de esta nota no fue posible encontrarlo.
Captura del Estado
En agosto de este año se publicó un decreto supremo que exige a los funcionarios del Ejecutivo que asumen puestos de decisión que transparenten su trayectoria a través de declaraciones juradas de intereses. Samuel Rotta Castilla, director adjunto de Proética, advierte que para evitar mejor los “conflictos de interés” debe extenderse este mecanismo y adoptarse otros nuevos -como lineamientos, consultas a superiores o inhibiciones- en todos los poderes y niveles del Estado.
“Si el Estado necesita expertos en temas técnicos, ¿de dónde los saca? Los tiene que sacar del sector privado, no hay otra [alternativa], y tendría que aplicar políticas de control sobre los conflictos de interés muy estricta y que se cumplan”, señala.
No es fácil lograrlo en todo el aparato estatal. Por ejemplo, la comisión de Constitución del Congreso retiró del proyecto de bicameralidad la obligación de que los parlamentarios declararán de manera pública sus intereses y su patrimonio. En este sentido, la transparencia está muy limitada “porque el riesgo de la captura regulatoria pasa fuertemente por el Congreso de la República en buena medida”, explica Rotta.