Terrorismo

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Ánsar Al-Furqan en su carta fundacional arremete contra varios países entre ellos Rusia, Estados Unidos, Turquía y el régimen sirio de Bashar Al-Assad. Además entre sus objetivos están los chiítas y los líderes árabes nacionalistas o democráticos.
“Aquellos que se alían con los no creyentes y los enemigos de Allah, sean estadounidenses, rusos o cualquier otro, serán juzgados sin ningún perdón y la espada será su castigo. (…) Denunciamos en nombre de Allah a todas las facciones de herejía y blasfemia de partidos políticos ateos, comunistas, democráticos y modernos, y aquellos que se alían con los enemigos de Allah, con los cruzados, los chiítas y otros, y lucharemos contra ellos en todos los frentes hasta su eliminación”, detallan en su estatuto fundacional.
Además, llaman a todos los musulmanes del mundo para que respondan a la yihad con aportes de dinero y armas.
Por su parte, el hijo de Osama Bin Laden aseguró en una grabación que su grupo está orgulloso de ser enemigo de “Estados Unidos y Rusia junto al régimen criminal de Al-Assad y los blasfemos persas”.
“El nuevo orden mundial nos está combatiendo porque tratamos de establecer un califato, no lo obedezcan, tienen que desobedecer a los infieles y sus aliados”, dijo el nuevo líder yihadista.
Tanto la misiva fundacional del grupo yihadista, como la grabación de Hamza Bin Laden coinciden en cuanto a formas y objetivos. Según Daily Mail, el joven de 28 años ha sido localizado por las Fuerzas Especiales Británicas (SAS) en Siria.
Fuente: Diario El Comercio.

Halloween en Nueva York

Ocho personas murieron en un atentado terrorista perpetrado en nombre del Estado Islámico en Nueva York y se confirmó que cinco de ellos son argentinos.
Se trata de Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi. Por su parte, Martín Ludovico Marro se encuentra internado en el Presbiterian Hospital de Manhattan recuperándose de las heridas sufridas, y está fuera de peligro según el parte médico oficial.
Los argentinos integraban un grupo de ex compañeros que egresaron del secundario en el año 1987 y se encontraban festejando los 30 años de la promoción en el colegio politécnico de Rosario.
Hernán Ferrucchi, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij, Iván Brajkovic, Juan Pablo Trevisan, Hernán Mendoza, Diego Angelini y Ariel Benvenuto, los argentinos que viajaron
Erlij, un empresario de esa ciudad, les había pagado el viaje a dos de sus ex compañeros, que por razones personales no podían cargar con los costos del pasaje en esta fecha.
Erlij estaba relacionado a la industria siderúrgica a partir de distintos emprendimientos, uno de ellos la empresa Ivanar, de la que es dueño. Además era socio del Parque Industrial Metropolitano de Rosario. Distintas fuentes precisaron que era un empresario muy conocido en la ciudad, padre de familia y que vivía en el club de campo Kentucky de Funes, ubicado sobre la autopista Córdoba-Rosario.
Ellos realizaban una excursión en bicicleta cuando fueron arrollados por una camioneta que conducía el terrorista Sayfullo Habibullaevic Saipov.
Fuente: www.infobae.com

Caso El Frontón: el Tribunal Constitucional en el banquillo

En un intento de quitar piso al pedido de acusación constitucional ante el Congreso de la República que enfrentan por su decisión en el caso El Frontón, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) recurrieron la semana pasada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una opinión consultiva de respaldo a su sentencia. Los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinosa-Saldaña resolvieron que El Frontón es un caso de lesa humanidad; por tanto, imprescriptible. Y en tal virtud se está reabriendo el proceso 31 años después.
En opinión de esta revista, la CIDH no debería otorgar el respaldo solicitado –más allá de las cuestiones jurídicas de fondo– debido a las groseras irregularidades procesales que el caso reviste. Originalmente, la sentencia había sido expedida por los anteriores magistrados del Tribunal Constitucional en el año 2013 y denegaba la imprescriptibilidad. Sin embargo, cuando cambió la composición del TC se resolvió un pedido de “aclaración” y los cuatros jueces mencionados decidieron “interpretar” que el exmagistrado Juan Vergara Gotelli se había “equivocado” al firmar la resolución que firmó, pues había querido votar en el sentido contrario. Con ello, el voto que concedía la imprescriptibilidad (y permitía reabrir el caso) pasó a tener mayoría y se “convirtió” en sentencia. La inaudita “interpretación” pretende sustentarse en que Vergara expresa discrepancias con quienes votaron originalmente con él. Sin embargo, sus argumentos no respaldan la posición contraria –como le atribuyeron posteriormente los cuatro magistrados ahora cuestionados–, sino una versión más radical del razonamiento que desestima la lesa humanidad para el caso. En efecto, Vergara sostuvo que la calificación del delito corresponde a los juzgados ordinarios y no al Tribunal Constitucional, y que indudablemente no podía existir lesa humanidad en el Perú antes del 2002 (cuando entró en vigor el Estatuto de Roma). Los otros magistrados sostenían que la lesa humanidad sí existía en el Perú –como principio general del Derecho Internacional–, pero no era aplicable al caso. Como se ve, la argumentación de Vergara (que se repite en otros casos, además) de ninguna manera permite inferir que quisiera votar por calificar El Frontón como un supuesto de lesa humanidad imprescriptible.
No alcanzan las palabras para describir el nivel de aberración que entrañan los actos descritos en el párrafo anterior, y hasta qué punto ofenden el más elemental sentido de justicia y corrección de cualquier ciudadano honesto, así como los fundamentos de un Estado de Derecho. No es lícito “interpretar” lo que no admite duda. Si se permite que el Tribunal Constitucional lo haga a su capricho, su función de contrapeso de los poderes del Estado quedaría desnaturalizada por un ejercicio arbitrario y abusivo de su propio poder. Ante una conducta de ese tipo, pierde credibilidad la insinuación de que la acusación constitucional es una maniobra del fujimorismo para amedrentar a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ellos decidieron cambiar –vía “interpretación”– el sentido de una sentencia. Ahora deberán responder ante el país por sus actos, siempre en estricta observancia de la Constitución y las leyes. La CIDH, al margen de su posición sobre la cuestión de fondo, no puede convalidar una tropelía procesal como la perpetrada.
Fuente: Editorial Semana Económica.

Ojito, ojitos con el Tribunal Constitucional

Por Cecilia Valenzuela-Diario El Comercio.
Entre lo peor que hemos heredado los peruanos del gobierno de los Humala-Heredia, están los magistrados que impusieron en el Tribunal Constitucional.
Hace una semana, estos tres magistrados del Tribunal Constitucional encumbrados por la ex pareja presidencial fueron a quejarse contra el Perú en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo. Según Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinoza, la independencia de sus funciones corre peligro. Los tres protestaron airados porque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite la denuncia que plantearon contra ellos once marinos retirados.
Los ex oficiales reclaman porque una intervención de Ledesma, Ramos y Espinoza, en una sentencia emitida por sus predecesores, los perjudica de por vida, abriendo la puerta para que vuelvan a procesarlos, 31 años después.
En marzo de este año, los magistrados denunciados anularon un fallo del TC del 2013 en el que decía que lo ocurrido en el penal de El Frontón en 1986 no constituyó delito de lesa humanidad, por lo que no era imprescriptible. En un acto jurídicamente innoble, estos miembros del TC –a quienes se sumó Manuel Miranda– aprovecharon la ausencia del ex magistrado Juan Vergara, quien enfermó después de alejarse del tribunal, para interpretar el sentido de su voto, aduciendo que se había equivocado a la hora de votar. Una falta absoluta de respeto con Vergara que ya no ha podido hacer explícita su voluntad, y una arbitrariedad total contra la verdad y el sentido de la ley y la justicia.
En el Perú el estatuto de Roma –el que establece los conceptos penales fundamentales bajo los que se rige un país, el que determina los delitos y las penas que se deben aplicar– entró en vigencia en el 2002; un suceso como el de El Frontón podría ser considerado de lesa humanidad a partir del 2002. Antes, imposible, la ley no es retroactiva, solo regula hechos posteriores a su sanción.
Las razones políticas de los magistrados no pueden prevalecer a la seguridad jurídica del Estado.
El resultado ha sido una sentencia que termina favoreciendo a los familiares de los terroristas que murieron después de iniciar una reyerta, provocar un combate y atacar con ferocidad a la Armada Peruana; acatando la orden directa del comité central de Sendero Luminoso y de Abimael Guzmán, de poner su “cuota de sangre” a la “lucha armada”.
Entre tanto, el pensamiento genocida de ‘Gonzalo’ sigue envenenando la mente de cientos de jóvenes, y los senderistas siguen reorganizándose a costa de cualquier pretexto que les dé el Estado.
El 10 de agosto una sala de la Corte Superior de Lima resolvió que el mausoleo de Sendero Luminoso, construido ilegalmente en el cementerio de Comas, debía ser demolido. El 15 de setiembre, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional rechazó el pedido de intangibilidad de los restos depositados en el mausoleo, planteado por el abogado senderista y cabecilla del Movadef, Manuel Fajardo. Sin intangibilidad la Municipalidad de Comas podía mover los restos y acatar la orden de demolición.
Pero el alcalde del distrito, Miguel Saldaña, sostiene que el Poder Judicial no le ha dicho a dónde debe trasladar los restos; y mientras no se absuelva ese tremendo detalle, el mausoleo seguirá en pie y los senderistas seguirán peregrinando hacia una cripta construida por Sendero Luminoso para los terroristas muertos en El Frontón.

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