Testimonio de parte
La Superintendencia de Banca y Seguros consideró que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, no transgredió ninguna norma al solicitar y obtener un préstamo de la Caja Municipal de Lima.
El Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Daniel Schydlowsky Rosenberg, envió un documento al Gerente General de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco Gianella, donde le asegura que “el financiamiento a personas naturales y jurídicas vinculadas de manera directa o indirecta a la propiedad o con influencia significativa en la gestión de una empresa del sistema financiero, no transgrede el marco legal aplicable a dichas empresas”.
La Municipalidad de Lima hizo eco del comunicado de Schydlowsky y difundió una nota de prensa en defensa de la alcaldesa, cuestionada por caer en conflicto de intereses.
Pese a ello, Susana Villarán deberá presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Además, han solicitado su vacancia a la alcaldía de Lima acusada de violar la Ley Orgánica de Municipalidades.
Fuente: Diario La República.
La ley y la ética
Si bien la propia alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ha salido al frente de las críticas por el préstamo de S/. 25 mil que le otorgó la Caja Metropolitana de Lima y ha señalado que no hay inconveniente ético ni legal con dicha operación, el debate sobre ambas dimensiones continúa, siendo el legal el que la ha puesto al borde de la vacancia.
Al respecto, el abogado experto en temas municipales Julio César Castiglioni sostuvo que la norma que entra a tallar en el caso es la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que prohíbe la utilización o la compra de los bienes municipales, no estando en discusión otras relativas al sistema bancario peruano o a la referida empresa municipal.
En efecto, esta última –cuyo directorio es elegido por la alcaldesa– ha señalado a través de un comunicado que los préstamos, hechos además a otros cinco regidores oficialistas vacados, son lícitos y están regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Si bien en esta defensa aluden también a la mencionada ley orgánica, Castiglioni acusó una línea tendenciosa.
En este sentido consideró penoso que, al citar el artículo 63 de la LOM, se mencione únicamente que la alcaldesa y sus regidores no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales, con lo que –dijo– se omite ex profeso que además estas autoridades no pueden “adquirir directamente o por interpósita persona” dichos bienes.
“Asimismo, en el numeral 3 y 4 del artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades se señala que son bienes de las municipalidades las acciones y participaciones de las empresas municipales y los caudales, por lo cual la alcaldesa y los regidores han contravenido el artículo 63 del mismo texto legal al adquirir un bien municipal (acciones, caudales) en forma directa a través de un convenio (contrato) y con un claro interés”, agregó el jurista.
De acuerdo con este último artículo, contravenir lo dispuesto en la norma podría ser incluso causal de vacancia. Cabe recordar que existe jurisprudencia en la materia con el caso del alcalde de Tumán, que fue finalmente vacado por el Jurado Nacional de Elecciones.
Por su parte, el regidor metropolitano Alfredo Lozada cuestionó, más allá del aspecto legal, el acto consumado por la alcaldesa y sus regidores, ya que es por lo menos una falta ética “designar a los funcionarios de una institución y después pedirles un préstamo”.
“Me parece inverosímil que una alcaldesa, que estoy seguro tiene acceso al crédito en cualquier institución financiera del país, se le ocurra pedir un préstamo a la Caja Metropolitana, cuando ella designa a sus funcionarios. Es como que el ministro de Vivienda pidiera un Crédito Techo Propio o MiVivienda: habría un posible conflicto de intereses”, dijo el regidor del PPC.
Agregó que le parece muy raro que con tanta consultoría que tiene la municipalidad, y con tanto asesor, “a ninguno se le haya ocurrido decirle: ‘alcaldesa (Villarán), mejor pida un préstamo a cualquier entidad financiera privada o a cualquier caja rural en lugar de pedirle a la Caja Metropolitana de Lima’. Eso es casi por sentido común”.
También hay ilegalidad en el caso La Parada
El pretendido desalojo de los propietarios del Mercado Mayorista conocido como La Parada, tan solo cuenta con una orden de clausura municipal por lo que cualquier desalojo utilizando las fuerzas del orden se daría en el marco de una ilegalidad flagrante, siendo avalada por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y por el ministro del Interior, Walter Albán.
Así lo denunció el congresista Julio Rosas, quien indicó que ninguna norma administrativa como una orden de desalojo puede estar por encima de un caso judicializado, toda vez que “esto se encuentra en el ámbito del Tribunal Constitucional pendiente de resolución final”.
En ese sentido, Rosas anunció que la Comisión de Fiscalización recibirá la próxima semana a Susana Villarán para que explique bajo qué argumento legal ha ordenado todo un despliegue de innumerables serenos y logística de la MML.
Fuente: Diario Expreso.
Siete morosos
Del total de 13 regidores que obtuvieron un préstamo con la Caja Metropolitana de Lima, siete fueron revocados y ahora aparecen como morosos.
Perú21 obtuvo la lista completa de regidores que adquirieron un crédito en la actual gestión de Susana Villarán: Eduardo Zegarra, Marco Zevallos, Ines Rodríguez, Perfecto Ramírez, Olga Morán, Luisa Martínez, Dora Hernando, Sigifredo Velásquez, Ronald Gonzales, Mónica Erazo, Hernán Núñez y Marité Bustamante. Todos de Fuerza Social. Y Walter Guillén, de las filas del PPC.
De los oficialistas, diez resultaron revocados en marzo del 2013. De estos, solo Mónica Erazo, Sigifredo Velásquez y Ronald Gonzales cancelaron sus obligaciones.
Los que mantienen deudas son: Hernando (S/24 mil), Martínez (S/14 mil), Morán (S/14 mil), Ramírez (S/7 mil), Rodríguez (S/16 mil), Zegarra (S/37 mil), y Zevallos (S/5 mil).
Heriberto Benítez recordó que la ley órganica de municipalidades señala que “el alcalde y los regidores no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes”. Agregó que el préstamo que otorga la caja municipal es un servicio.
“Yo no tengo nada en contra de la alcaldesa, pero aquí no estamos preguntando si está pagando o si la SBS avala esa operación bancaria, aquí se pregunta si esta norma vulnera la ley y sobre eso no encontramos respuesta”, puntualizó.
Fuente: Diario Perú21.