Cogidos en delito flagrante o descubiertos por videos reveladores de sus actos penados por ley, un puñado de congresistas perdió su curul y fue puesto ante la justicia en los últimos años.
Por Francisco Sanz Gutiérrez- Diario El Comercio
Cinco domingos se cumplen desde que Elsa Canchaya, desapercibida en sus nueve meses anteriores de congresista, saltara a la triste fama que arrastra. Como si hubiera sido la llave que abrió una compuerta, una cascada de denuncias ha caí­do desde entonces sobre el Parlamento, al punto que la quinta parte de sus integrantes se ha visto salpicada por los escándalos.
Cierto es que los 24 casos no son harina del mismo costal. Acusaciones inconsistentes palidecen ante los escándalos protagonizados por Canchaya, Walter Menchola y Nancy Obregón, por mencionar a los tres legisladores que caminan al filo de la cornisa.
En torno de los dos congresistas de Unidad Nacional se configuran los delitos contra la administración pública, la fe pública y el patrimonio, y sobre la parlamentaria del Partido Nacionalista pesa el delito de desorden en lugares públicos, suficientes motivos para que se les levante la inmunidad y respondan ante la justicia.
En tanto esperamos que ello ocurra, vale la pena rememorar los pocos desafueros de las dos últimas décadas, situaciones extremas en las que el otoronguismo -ese nocivo espí­ritu de cuerpo parlamentario- nada pudo hacer ante lo abrumador de la evidencia.
PISTOLERO SIN LEY
La noche del 25 de marzo de 1991, con unos piscos de más en el cuerpo tras acudir a la procesión del Señor de los Temblores, el diputado cusqueño Vladimiro (vaya estigma el que persigue a este nombre) Zegarra se enfrascó en un confuso incidente callejero con una patrulla policial y terminó en una comisarí­a.
Zegarra se salió de sus cabales y mató de un balazo en el abdomen al policí­a Abraham Román Galindo. También empezó su verdadera procesión.
Llegó detenido dos dí­as después a Lima, donde el movimiento Cambio 90 lo expulsó de sus filas y la Comisión Permanente del Congreso autorizó la privación de su libertad y lo puso a disposición de las autoridades judiciales.
Una semana más tarde, Zegarra fue recluido en el otrora penal San Jorge y, dos años después, la Corte Suprema confirmó los cinco años de prisión en su contra.
Un dí­a antes habí­a sido suspendido el fujimorista Alejandro Abanto Pongo, tras aprobarse una acusación por los delitos de patrocinio ilegal, peculado por uso y tráfico de influencias (apropiación indebida de pensiones de familiares de las ví­ctimas del terrorismo).
AMIGOS DE LO AJENO 
En la medida en que involucra a personal que laboraba con él, el caso de Manuel Lajo Lazo (Movimiento Obras) guarda similitudes con los de Canchaya y Menchola. El pleno del Congreso aprobó la denuncia constitucional presentada por los señores: José Grozzo Benavente, Inés Saravia Pimentel, Sofía Canales Panta, Isaac Hijuela Jiménez, Agustín Hijuela Jiménez y Jorge Pizarro Pacheco por apropiación ilí­cita de parte de sus sueldos (delito de concusión).
Disí­mil fue el devenir de ambos procesos. Mientras en febrero del 2005 la Corte Suprema declaraba reo contumaz a Abanto Pongo, dos años antes exculpaba de responsabilidad penal a Lajo, quien peleó con éxito por la restitución de sus haberes durante los 13 meses que estuvo suspendido.
Por cierto, el estiramiento del proceso contra Lajo hasta el 2000 impidió que el accesitario ocupase su curul, demora que por única vez podrí­amos agradecer si recordamos que era Laura Bozzo la que estaba lista para reemplazarlo.
EL TRÍO DE LA CORRUPCIÓN
El corruptor más grande de nuestra historia, Vladimiro Montesinos, también dejó huella en el Legislativo y se trajo abajo a tres de sus representantes. Sobre el primero, Alberto Kouri, se han escrito rí­os de tinta. No obstante que el video del oprobio se propaló en setiembre del 2000, recién a fines de enero del 2001 el Congreso lo inhabilitó al hallarlo responsable de los delitos de corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilí­cito. En febrero del 2006 salió de prisión y está impedido de ejercer cargo público hasta el 2011.
En diciembre del 2000 aún se hablaba de la espectacular huida de Montesinos cuando Antonio Palomo, elegido por Perú Posible y estratégicamente mudado al fujimorista Vamos Vecino, fue sorprendido en Tumbes mientras tramitaba con documentación falsa un salvoconducto que permitiera salir del paí­s a José Lizier, dueño del velero Karisma, en el que fugó el ‘Doc’.
Palomo fue detenido de inmediato, ya que en su caso -como en el de Zegarra nueve años antes- se aplicó la excepción contemplada en el artí­culo 93 de la Constitución, según la cual los legisladores solo pueden ser procesados y presos sin autorización previa del Congreso, cuando son descubiertos en delito flagrante.
Si la naturaleza tránsfuga de Kouri y Palomo hací­a temer cualquier desviación, el video delator de Ernesto Gamarra sí­ cayó como una bomba. Con un perfil de opositor a la corrupción fujimorista, el entonces brazo derecho de Fernando Olivera en el FIM fue desaforado y alternó temporadas en prisión con perí­odos en la clandestinidad.
AGRESOR SIN PERDÓN
De no ser por la denuncia de un padre desesperado y la posterior confesión del mismo culpable en una grabación, el peruposibilista Leoncio Torres Ccalla se hubiera salido con la suya. Ello no ocurrió y en diciembre del 2004 se le levantó el fuero, en vista de la evidencia del delito de agresión sexual contra una menor -a la que trajo desde Puno para que trabajase como su asistente- y actos contra el pudor.
Recluido en el penal para reos primarios (antes San Jorge), en setiembre del 2006 el Poder Judicial redujo a seis años y medio la condena de ocho años que se le impuso.