Por Álvaro Arce- Revista CARETAS
La siguiente es la historia de cómo la telaraña que dirige el abogado Rodolfo Orellana cuenta con un alto mando de la Policía con antecedentes por narcotráfico para abrirse espacio en la ciénaga de la investigación privada y el reglaje ilegal.
La empresa Investigaciones Corporativas SAC fue conformada por Orellana y el expolicía Benedicto Jiménez, el 4 de junio del 2008.
De acuerdo a la SUNARP, la empresa fue creada con el objeto de “dedicarse a la consultoría y gestión en seguridad, utilizando para estos fines la investigación, estrategia, metodología combinada de inteligencia militar, detectivismo y la seguridad ciudadana, entre otros”.
Pero un tercer conspicuo socio de Investigaciones Corporativas SAC es el coronel PNP Óscar Cánepa Ruiz.
Este se desempeñó como jefe Antidrogas de Ayacucho hasta octubre del 2012.
Fue destituido del cargo al detectarse un “cambiazo” de 45 kilos de cocaína por sal en el almacén de la División de Operaciones Especiales Antidrogas ‘Los Waris’ de Huamanga. (CARETAS 2255 – Policía y el Tráfico de Drogas)
Cánepa había ordenado trasladar el cargamento hacia la base de Palmapampa para que sea enviado por helicóptero a Lima y finalmente incinerado.
Pero el 4 de septiembre dio marcha atrás y pidió que la cocaína fuera devuelta a Huamanga aduciendo “falla de vuelos a la capital”.
Fue entonces cuando se produjo el “cambiazo” y la coca desapareció.
Cánepa fue removido de su cargo y puesto a disposición de la Inspectoría General de la Policía. No fue dado de baja y ahora está destacado en la jefatura de Estado Mayor.
La vinculación de Orellana con un coronel involucrado en narcotráfico se suma al cúmulo de indicios por los que el abogado es investigado por lavado de dinero en la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
“Que esté involucrado un coronel en actividad es totalmente ilegal. Hay un conflicto de intereses”, denunció el congresista AP-FA Víctor Andrés García Belaunde. “Es evidente que esta empresa se dedica al ‘chuponeo’ y al seguimiento de todo aquel que se ponga en su camino delictivo. A mí y a CARETAS, por ejemplo”, sostuvo.
La SUNAT consignó como domicilio fiscal de Investigaciones Corporativas SAC la avenida General Canevaro 1061 dpto. 501 en Lince.
ELIMINA RIESGOS
CARETAS ubicó al coronel Cánepa en su casa de la avenida Agustín de la Rosa Toro 580, en San Luis, la semana pasada.
Una placa en la puerta de entrada al tercer piso salta a la vista. En ella se lee: “BUINSE SAC. Previene y elimina riesgos”.
Se trata de una segunda empresa, ‘Business Intelligence Security SAC’, creada el 9 de agosto del 2005.
El gerente general, según la SUNAT, es una figura repetida: Alfredo Sánchez Ruiz, cuarto accionista de Investigaciones Corporativas SAC.
Cánepa asegura que por ahora solo le alquila la última planta de su vivienda por US$500. “Estoy tramitando mi retiro”, dice.
Dicha compañía, según su página web, “es dirigida y supervisada por oficiales de alta graduación de las FFAA y la PNP, compuesta por personal entrenado en la seguridad integral de instalaciones con el uso adecuado de la tecnología”.
Entre sus clientes –oh, sorpresa– aparece la revista Juez Justo que dirige Benedicto Jiménez.
“(Benedicto) nos pidió que le brindemos asesoría policial a la unidad de investigación de Juez Justo”, declaró Sánchez Ruiz a CARETAS.
¿Qué asesoría brinda el coronel Cánepa al pasquín Juez Justo?
El congresista García Belaunde denunció el 7 de junio a Benedicto Jiménez por el delito de lavado de activos. (CARETAS 2294 – Hasta el Cuello)
La procuradora de Lavado de activos, Julia Príncipe, denunció un sistemático seguimiento y amedrentamiento por investigar las actividades presuntamente ilícitas de este grupo.
Del mismo modo, el magistrado del Quinto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Riveros, quien lleva procesos contra Orellana y Benedicto Jiménez, denunció en CARETAS 2295 ser víctima de reglaje por parte de la red. Lo mismo ha ocurrido con periodistas de CARETAS. (CARETAS 2295 – Juez Bajo Presión)
“Esto merece una investigación profunda”, dijo García Belaunde. “Porque una empresa que dice combinar la inteligencia militar con el detectivismo, y que sirve a una organización delincuencial que es investigada por lavado de dinero y otros delitos más, no puede estar dedicándose sino al reglaje ilícito y a la interceptación telefónica”.
Las Cuentas ‘Blancas’
CARETAS tuvo acceso al Informe de Inteligencia Financiera N°022-2012-DAO-UIF-SBS que conecta una serie de cuentas del investigado Rodolfo Orellana con el narcotráfico.
El documento, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), es pieza clave en la investigación a Orellana por lavado de activos iniciada en 2011.
El informe señala que con base en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por el sistema financiero a la UIF, determinaron que Orellana y sus familiares más cercanos recibieron, entre junio del 2002 y diciembre del 2011, dinero en efectivo de terceros en distintas cuentas bancarias por un total de US$ 2,329,179 vinculados, principalmente, al tráfico ilícito de drogas (TID).
EL DELITO FUENTE
La UIF identificó como delito-origen el narcotráfico sustentándose en los siguientes indicios:
– Participación de personas con delito precedente.
– Vinculaciones con personas con antecedentes en delito precedente.
– Transferencia de activos de presunta fuente ilícita.
– Utilización del sistema financiero para ingresar fondos presuntamente ilícitos.
– Posible participación de testaferros.
– Utilización de intermediarios en las operaciones.
– Utilización de presunta empresa fachada.
El objetivo de Orellana, según la UIF, sería “la realización de transferencias de activos y la canalización de fondos provenientes del TID”.
Según el informe, Orellana fue “ordenante” de una transferencia bancaria a favor de Ester Morales Schaus, viuda de Hugo Díaz Lozano, presunto narcotraficante detenido con 800 kilos de cocaína del Cártel de Tijuana en febrero del 2005.
Morales, por cierto, sería la actual pareja sentimental de Orellana.
Orellana también realizó un giro con monto desconocido a favor de Jenny Cerdeira Sales, quien es investigada por narcotráfico.
Según la Partida Electrónica (PE) de la SBS N°11820070, Churchill Orellana, hijo adoptivo del abogado, resultó beneficiado en noviembre del 2005 con un poder que le otorgaba potestad sobre tres inmuebles a nombre del narcotraficante Ricardo More Tejada, documento que fue rubricado por Laura, su hermana.
Entre 2002 y 2011, según la UIF, Orellana percibió ingresos con “origen y destino desconocido” por US$ 1,063,881 en 139 operaciones bancarias.