Narcoindultos de Figallo
El procurador anticorrupción Julio Arbizu afirmó que también son materia de investigación los indultos otorgados durante la gestión del actual ministro de Justicia, Daniel Figallo, cuando integró la Comisión de Gracias Presidenciales del segundo gobierno aprista.
“Todo es materia de investigación, aún no ha acabado la investigación preliminar fiscal”, expresó en RPP Noticias.
Precisamente, en la víspera y momentos antes de su detención, Miguel Facundo Chinguel cuestionó que la investigación por el caso de los “narcoindultos” no alcance a Figallo, quien también trabajó en la misma comisión que él.
“¿Qué privilegio tiene el señor Daniel Figallo para no responder?”, afirmó el exmilitante aprista tras asegurar que parte de las presuntamente irregulares gracias presidenciales, fueron recomendadas por el actual ministro.
Por Óscar Libón/Pilar Sánchez- Diario Perú21
El ministro de Justicia, Daniel Figallo, fue miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales –durante el último gobierno de Alan García- que recomendó 479 conmutaciones de pena e indultos de reclusos sentenciados por diferentes delitos, incluyendo casos de narcotráfico, según documentación oficial.
Entre esas condenas conmutadas se encuentran al menos dos casos de narcotraficantes que luego de ser beneficiados con la reducción de sus penas volvieron a cometer el mismo delito, de acuerdo con corroboraciones realizadas por Perú21.
Figallo, quien ingresó al gobierno de Ollanta Humala en febrero del 2012 como viceministro de Justicia, integró la Comisión de Gracias Presidenciales entre el 23 de marzo y el 24 de setiembre del 2010, es decir, durante seis meses.
En ese lapso, aquel grupo de trabajo emitió sus recomendaciones que fueron recogidas por el entonces mandatario Alan García y los ministros Víctor García Toma y Rosario Fernández, las cuales se plasmaron en 25 resoluciones supremas en total, publicadas en el diario oficial.
En abril del 2010, mientras Daniel Figallo fue parte de la Comisión de Gracias Presidenciales, se conmutaron las condenas de 74 presos de diversos establecimientos penitenciarios del país.
En mayo de ese año, el número de reducciones de penas e indultos ascendió a 156 en total. En julio, la referida comisión conmutó las sentencias de 106 reclusos. Al siguiente mes, en agosto, se registraron 64 conmutaciones de condenas. Y en setiembre, la cantidad de beneficiados fue de 79.
‘NARCOS’ LIBRES
Entre los reclusos liberados por la conmutación de sus penas están los narcotraficantes Juan Malache Rugel y Fernando Morales Mayta, quienes volvieron a delinquir.
Según la Resolución Suprema 134-2010-JUS, a Juan Malache –en Arequipa– se le redujo su condena de 15 a 7 años de prisión, razón por la cual fue excarcelado en febrero del 2011. Sin embargo, en julio del 2012, Malache fue detenido en Chile, junto a otro peruano, cuando transportaba 38.4 kilogramos de marihuana prensada en una embarcación, cerca a Arica. Durante la intervención de las autoridades chilenas, Malache fue herido en la cabeza.
Por extraña coincidencia, Fernando Morales Mayta salió libre gracias a la misma resolución suprema que puso en la calle a Malache. Salió del penal de Tacna en diciembre del 2011, al conmutársele su condena de 12 a 6 años.
Pero luego Morales Mayta fue arrestado, en setiembre 2012, en Paraguay. La policía paraguaya lo intervino en un laboratorio donde se procesaba droga, en el poblado de Pedro Juan Caballero, ubicado cerca de Brasil. Fue sindicado como parte deun grupo de químicos peruanos bajo el mando de ‘narcos’ de la zona.
Perú21 buscó la versión de Figallo desde la semana pasada, pero no hubo respuesta.
EL CASO PASTOR
El procurador anticorrupción Julio Arbizu presentó ayer, ante el Ministerio Público, una denuncia contra el exministro de Justicia Aurelio Pastor por haber revelado públicamente la identidad del colaborador eficaz 01-2013 quien, en la ‘megacomisión’ del Congreso, lo ha acusado de haber recibido dinero a cambio de conmutar la pena de varios sentenciados por narcotráfico.
En esa denuncia, a la que tuvo acceso Perú21, el abogado del Estado argumenta que, con dicha información, el exministro aprista ha puesto en riesgo la integridad del testigo clave, además que ha afectado severamente la investigación en la que él es el principal involucrado. “A raíz de la revelación de Pastor de la identidad del colaborador, este viene recibiendo amenazas continuas a su vida”, señala en su escrito el letrado. Arbizu recuerda que el testimonio del colaborador ha servido para que Pastor esté siendo investigado en la Fiscalía de la Nación por los ‘narcoindultos’.
El colaborador eficaz Marco Gálvez reveló que cuando se encontraba recluido en el penal de Lurigancho, en 2010, el entonces ministro Pastor habría intercedido para conmutar la pena del reo checo Eugen Csorgo, a cambio de dinero.
Ministerio de ¿Justicia?
Por Mauricio Ottiniano- Diario Correo
Si bien los reflectores se han posado sobre el gobierno anterior por el gran número de conmutaciones de penas e indultos concedidos, el actual régimen no parece marcar una diferencia en el tema.
Y es que desde que Ollanta Humala llegó al gobierno, su gestión ha otorgado nada menos que 138 conmutaciones e indultos humanitarios.
Es más, de estos beneficios otorgados, 107 serían por casos de narcotráfico, incluyéndose casos agravados.
Pero no solo eso. El actual ministro de Justicia, Daniel Figallo, quien fuera miembro de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales entre el 22 de marzo del 2010 y el 23 de setiembre de ese año, recomendó nada menos que 502 conmutaciones de pena, incluyendo casos de narcotráfico agravado, según resoluciones publicadas por el diario oficial El Peruano.
Al respecto, el congresista del APRA Javier Velásquez Quesquén señaló que el Gobierno ha pretendido levantar “con sus agentes en el Congreso” la idea de que los indultos, como mecanismo legal, son cuestionables.
“Los delitos que generan hacinamiento son en primer lugar los delitos contra el patrimonio y luego los delitos de tráfico ilícito de drogas. Por eso es que esto es una política pública de destugurización. Que en el camino un promotor pida mil soles para llevar un documento, no descalifica la institución, y mucho menos hace responsable al Presidente”, declaró a Correo.
Consideró que ello no es más que una “conspiración” por parte del Gobierno para impedir que el líder aprista Alan García participe en las elecciones del 2016.
“Lo que quieren es inhabilitar al expresidente Alan García, porque saben que es el adversario de la candidata del Gobierno, la señora Nadine Heredia”, agregó.