La estafa del Jockey
Por Américo Zambrano- Revista CARETAS
Una fotografía de “Koko Mambo”, el caballo ganador del Derby Nacional 2009, domina la oficina de Eduardo Villarán Aizcorbe. “Corre 60 kilómetros por hora”, dice el propietario del ejemplar. Villarán (75) es ex presidente del Jockey Club del Perú y socio desde hace más de 40 años. “Ha dado una inmensa alegría a los criadores ahora que el club vive uno de sus peores etapas”.Villarán, a quien sus amigos llaman ‘Conejo’ porque muestra los dientes cuando se ríe, se refiere a la cuestionada venta de uno de los predios comerciales más cotizados de Lima: las 12 hectáreas sobre las cuales se erige el Jockey Plaza Shopping Center.
En los últimos diez años, un grupo de socios se enfrascó en una guerra de comunicados públicos con Amerinvest, hoy Portalia, la compañía que obtuvo la buena pro. En diciembre del año pasado, el Jockey Club interpuso una demanda civil ante el Poder Judicial para anular la venta. En los próximos días, la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Lima, presidida por María Palomino Thompson, decidirá si archiva o no uno de los mayores escándalos inmobiliarios que se hayan visto en el país.
“Hablamos de un robo a mano armada, de la estafa del siglo”, sostiene Villarán. La historia tiene como protagonistas al actual secretario del Partido Popular Cristiano, a un marino retirado y a una empresa de extraños vínculos con Vladimiro Montesinos.
La asamblea
El JCP fue fundado en 1946. La polla le dio un ingreso considerable, lo que permitió a sus socios adquirir, en 1955, 110 hectáreas sobre las que se edificó el Hipódromo de Monterrico. Pero la proliferación de bingos y timba mermó los ingresos.
En 1995, Villarán fue elegido por tercera vez presidente del JCP y una de sus metas fue devolver el flujo de caja. La Virgen se le apareció ese mismo año. “Dos grupos chilenos nos buscaron. Querían la mejor zona del hipódromo para construir un gran centro comercial. Finalmente, en una asamblea, se decidió arrendarles un lote de 120,000 metros cuadrados. Allí se construyó el Jockey Plaza”, recuerda.
Los empresarios se comprometieron a cancelar una prima de US$20 millones y a pagar otros US$ 4 millones al año, indexados a la inflación norteamericana, hasta el 2034 en el que el centro comercial pasaría a manos del JCP. Para entonces, el Jockey Plaza Shopping Center valdría US$380 millones, según estimó Villarán.
Pero la ‘gallinita de los huevos de oro’ fue rematada en el 2000, un año después de que Villarán dejará la presidencia del JCP. ¿Qué había pasado?
El almirante AP (r) Francisco Vainstein sucedió a Villarán en el 1999. En su libro “Radiografía de una crisis”, Vainstein afirma que encontró un déficit de US$25 millones, producto de presuntos malos manejos de la administración Villarán, en la que paradójicamente él mismo había formado parte como vicepresidente.
El 5 de enero del 2000, Vainstein convocó a una asamblea para plantear la venta de las 12 hectáreas. La asamblea (que se puede ver en YouTube) arrancó a las 2:30 p.m. con la presencia de 1,508 socios. El grueso se opuso a la venta. De pronto, el actual congresista Raúl Castro Stagnaro, socio del JCP, tomó la palabra y abogó por lo contrario. Dijo que “si no se aprobaba la venta al club lo remataban, lo liquidaba. Fue un gran speech. Muy florido, como es él”, recuerda Villarán.
Castro no dijo que era el apoderado legal de Amerinvest Holding INC, una off shore creada en Las Islas Vírgenes Británicas, en 1996. Tampoco que, un mes antes, había enviado una carta a Vainstein proponiendo, a nombre de Amerinvest, la compra del terreno.
Al final la venta fue aprobada por votación. Según el acta de la asamblea, 613 socios votaron por el SÍ y 538 por el NO. De ese número, 448 votos fueron ejercidos mediante cartas poder autorizadas presuntamente por cada socio. La mayoría ya se había retirado.
El 18 de abril del 2000, el JCP convocó a subasta pública. Se presentaron dos postores, Urbi Propiedades, que fue descalificada, y Amerinvest, representada por Castro Stagnaro.
Vainstein aceptó la oferta de Amerinvest por US$40 millones, cuando el precio base era de US$ 80 millones y pese a que la sucursal de la empresa no había sido debidamente constituida en el Perú. Esto se hizo recién en junio del 2000, en la notaría del ahora prófugo ex congresista Oscar Medelius.
En la escritura del contrato la cifra subió a US$60 millones, pero Amerinvest pidió al Jockey un “saneamiento de flujos adelantados” de US$16 millones, producto del alquiler anual del Jockey Plaza.
Amerinvest se sacó la polla. Pagó en realidad US$44 millones y, desde el 2000 a la fecha, recibió US$107 millones por el arrendamiento anual del centro comercial. En el 2034, el Jockey Plaza será suyo. “Nos burlaron”, resume Villarán, “porque la asamblea debió terminar a las 4 de la tarde y terminó a las 2 de la mañana. Nos ganaron por agotamiento y por fraude”. Alude al testimonio notarial del socio Carlos Moyano, quien asegura haber falsificado 300 poderes utilizados para validar la venta, en una oficina contigua al JCP. Según su versión, brindada a los abogados del Jockey Club y al periodista Ricardo Uceda, de la revista Poder, la orden le fue impartida por Vainstein, a través de su tío Elías Moyano, gerente hípico en el periodo 1999-2003.
Un peritaje policial confirmó la masiva falsificación. Pero el almirante retirado dijo a CARETAS que “los poderes falsificados son un cuento chino. Carlos Moyano es un delincuente, ha estado en la cárcel”. Castro dijo a esta revista que “Moyano me pidió 3 millones de dólares en el 2006. Y los mismos termocéfalos del club son los que siguen jodiendo con la misma vaina”.
El ex presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y actual secretario general del PPC añadió que el dueño de Amerinvest es el chileno francés Patrice Servant. “Ya no soy abogado de la compañía, pero nos han hecho daño en estos 10 años. Incluso nos acusaron de ser testas de Montesinos”.
Castro se refiere a un misterioso vínculo entre Amerinvest y Perinvest, una compañía utilizada por Luis Duthurburu, ex testaferro de Montesinos. Según los abogados del JCP, Amerinvest movió dinero de la compra de las 12 hectáreas en una cuenta que el Perinvest tenía en el Pacific Industrial Bank. “Esto es un escándalo. Fue una negociación ruin”, lamenta Villarán. “Castro cobra el dinero del arrendamiento cada año y si no lo hace él lo hace su hija. Ahora tiene que devolver el dinero. Que me demande, pero no me callará”. La carrera aún no culmina.
Operación Jockey Club
Por Esvieta Topovic- Diario La Primera
Una peligrosa mezcla de audacia, codicia e impunidad explica que la fraudulenta venta de un amplio terreno del Jockey Club del Perú en el que fue construido el Jockey Plaza Shopping Center, calificada como uno de los más grandes “faenones” de los últimos tiempos, permanezca en una especie de purgatorio judicial y administrativo a lo largo de toda la década pasada, sin que pase absolutamente nada.
El principal demandado por la ilegalidad, el congresista y actual secretario general del Partido Popular Cristiano, Raúl Castro Stagnaro, -según ha denunciado el ex presidente del Jockey Club, Eduardo Villarán- sigue cobrando millones ¡de dólares! por concepto de rentas cada año, mientras los representantes del Jockey Club confían en que nuevas pruebas aportadas al expediente judicial ahora si les den la razón.
En estos días, las miradas de socios y directivos del JCP están puestas en la decisión que dictará en los próximos días la Sétima Sala Civil de Lima para resolver una demanda de nulidad de la venta realizada en el año 2000, después que los sucesivos reclamos y las denuncias por la irregularidad que rodeó toda la operación han sufrido extrañas dilaciones, por decir lo menos, tanto en los tribunales de justicia como en el arbitraje comercial, usualmente confiable.
La empresa compradora de las 12 hectáreas del mall ubicado en Surco, Amerinvest (Holding) Inc., una sociedad domiciliada en las Islas Británicas, hoy convertida en Portalia S.A., ha batallado como fiera para impedir que las cosas retornen al estado anterior a la venta, como reclama el club de la hípica peruana. En sus sucesivas identidades, la compradora ha tenido como apoderado y representante a Castro Stagnaro, quien es calificado como un hombre con excelentes relaciones en los distintos poderes y además ha sido presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.
Una propuesta indecente
En realidad, la presencia de Castro, es visible a todo lo largo del proceso de despojo que denuncian los directivos del Jockey Club, inclusive desde los actos preparatorios de la objetada operación.
El 1 de diciembre de 1999, el parlamentario pepecista formuló una curiosa propuesta, en su condición de representante de Amerinvest (Holding) Inc., a la presidencia del Consejo Directivo del JCP, entonces en manos del Almirante (r) Francisco Vainstein Borrani, con el argumento de ayudar a resolver la grave crisis financiera que atravesaba en esos momentos la institución.
La carta, a la que tuvo acceso La Primera, llama la atención no solamente porque admite “conversaciones sostenidas” previamente para la venta de los terrenos de la entidad hípica correspondientes al Jockey Plaza, sino que habla de otorgar un adelanto de 1 millón y medio de dólares a los miembros del consejo ejecutivo-quienes lo habrían solicitado- con la condición de hacer aprobar en Asamblea General una oferta de venta de 40 millones de dólares.
El complejo comercial en ese momento bullía de actividad después haber sido concesionado a una empresa chilena por espacio de 40 años, en excelentes condiciones para la entidad hípica.
La oferta, sin embargo, iba más allá pues el represente de Amerinvest, Raúl Castro, además socio de la institución, pedía a los miembros del Consejo Directivo absoluta reserva, que incluía al resto de los socios.
“Esta carta oferta y la respuesta correspondiente y toda la información que de forma escrita y oral que tanto el Jockey Club del Perú como Amerinvest (Holding) Inc. se intercambien, tendrá el carácter de Información Confidencial” exige Castro en la carta que le dirige a Vainstein Borrani.
El Consejo Directivo cumplió al milímetro esta exigencia y convocó a los socios a una primera Asamblea General a fines de ese mes de diciembre de 1999, con la agenda de discutir la venta de los terrenos del Jockey Plaza, con el argumento de enfrentar las falencias financieras del momento.
El acuerdo incluía el compromiso de Amerinvest de otorgar un préstamo de un millón y medio de dólares al Jockey Club, a una tasa de interés del 10% anual. Según indicó el abogado del JCP, César Martínez, los integrantes de esa junta directiva cobraron un adelanto de 750 mil dólares, por haber cumplido con el primer paso de lo establecido en el acuerdo con Castro, como un primer adelanto por este compromiso para lograr desprenderse del centro comercial a favor de Amerinvest.
La asamblea del fraude
En la primera reunión deliberativa y con capacidad de autorización, los socios presentes rechazaron de plano deshacerse de su joya más preciada, pues los ingresos que garantiza el mall en manos del consorcio concesionario aseguraba ingresos de más de cuatro millones de dólares anuales, con proyección al crecimiento en la medida en que se cumplía el contrato.
Sin embargo, Vainstein y los demás integrantes de su junta directiva no cejaron en el intento y convocaron a una segunda asamblea para tratar la venta de las 12 hectáreas en Surco, la que se realizó el cinco de enero del año siguiente, el 2000, y cuyo irregular desarrollo ha sido ampliamente difundido.
Conocido es que todo en esta asamblea del nuevo año fue anormal. Los asociados, habitualmente controlados y tratables, expresaban a gritos su rechazo a la idea de desprenderse de su bien más preciado.
De todas partes surgían propuestas alternativas para evitar la venta del complejo comercial que al cabo de los 40 años de concesión debía retornar como propiedad del club. Sin embargo, la principal objeción de los asistentes a esta reunión era el ridículo precio que Amerinvest ofertaba por el terreno.
Entendidos en el negocio inmobiliario y al mismo tiempo socios de la entidad hípica, cuestionaban que la ofertante valorizara a sólo 170 dólares el metro cuadrado de la inmensa propiedad que por su ubicación, en el distrito de Surco y en una zona altamente comercial, no bajaban de 800 dólares y hasta mil dólares el metro cuadrado.
La discusión se prolongó por varias horas, hasta que en determinado momento, el socio Raúl Castro tomó la palabra y ejerció una encendida defensa de la propuesta de venta, asegurando que era la única salida para resolver la crisis del club, e inclusive la posibilidad de un inminente remate. Se cuidó por supuesto de decir que era el apoderado de la empresa que pretendía comprar a precio de remate la inmensa propiedad.
Casi 14 horas después del inicio de la asamblea, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del 6 de enero, la Junta General de Asociados concluyó, y el Jockey Club había perdido un valioso patrimonio.
17M y el sentimiento popular
Por Alfonso Baella- Diario Expreso
Los indignados de España tomaron la denominación de 15M por el 15 de mayo del 2011, fecha en que miles, en decenas de ciudades, marcharon para protestar contra los políticos y la política en ese país. Un tiempo después, en otro continente, los cacerolazos contra el gobierno de Cristina Kirchner trajeron otro movimiento cuando el 8 de noviembre del 2012 salieron por millones a las calles, en todo el mundo, a protestar contra la presidenta argentina y su gobierno. El 8N quedó establecido así como un icono en la mente de quienes quieren alternancia democrática y no remedos de un sistema representativo en la nación gaucha. 15M y 8N son sólo dos ejemplos pero hay muchos más.
En ambos casos, como en la primavera árabe, o en la primera y segunda elección de Barack Obama, las redes sociales, jugaron un rol importante. He investigado, leído y estudiado con mucho interés la forma en que esta tecnología puede ayudar a cambiar la política para acercarla al hombre de a pie.
Hoy, cualquier persona puede participar en un colectivo ciudadano en las redes sociales. Basta con tener una posición y querer compartirla. Basta un computador o un teléfono celular para que cualquiera pueda enriquecerla con sus críticas constructivas o las combata con mejores ideas. Basta, en realidad, con soñar que podemos cambiar las cosas para empezar a movernos en esa dirección.
Las redes sociales son, por eso, una plataforma formidable. Pueden integrar y movilizar a millones sin distinción ni exclusión. Se requiere –más que dinero y marketing– ideas. Más que trolls, gente bien comprometida con esas ideas. Más que “cerebros”, activistas que quieran y puedan trabajar con verdadero entusiasmo. Cuando decidimos crear el Colectivo Ciudadano Popular 17M (www.17M.pe) y ponerlo en redes (https://www.facebook.com/17M.pe ), la idea fue promover causas de interés nacional y popular. Nacimos en medio de este proceso revocatorio y promovimos, con firmeza y convicción, la posición del SÍ.
Todas las encuestas y los resultados de la ONPE hasta hoy señalan que, aun cuando la alcaldesa Villarán no fue revocada, sí lo fueron veinte regidores de su alianza política. A pesar de que sus publicistas dicen ahora que el objetivo era sólo salvarla a “ella” y no a “ellos” lo cierto es que millones de vecinos de Lima, haciendo uso de un derecho constitucional, votamos por este cambio. Por primera vez en la historia del Perú la revocatoria llegó a la capital y sancionó, con su salida del municipio limeño, a quienes la mayoría considera incapaces. Villarán, políticamente, ha sido derrotada; no por una campaña de marketing o un partido político sino por el sentimiento popular. Ni la multimillonaria campaña de cuatro meses pudo cambiar –según un sondeo publicado post revocatoria- el hecho que el 55% de vecinos cree que su gestión es ineficiente.
El 17 de marzo del 2013 será, sin duda, una fecha inolvidable en el calendario político nacional. El Colectivo Ciudadano Popular 17M continuará, desde las redes sociales, promoviendo el debate sobre la comuna limeña y sobre otros temas de trascendencia nacional. Sin embargo la dicotomía entre el SÍ y el NO ha terminado. Hay que pasar la página y ver los temas fundamentales en los que debemos enfocarnos como comunidad y como nación. Ese es nuestro aporte y nuestro compromiso.
El pleno del Jurado Nacional de Elecciones desestimó seis apelaciones que interpuso José Boza Pulido, personero legal del teniente alcalde de Lima Eduardo Zegarra en contra de las resoluciones del Segundo Jurado Electoral Especial de Lima Este, correspondiente al proceso de revocatoria.
Según se informó en una nota de prensa, Boza Pulido solo estaba acreditado como personero legal del teniente alcalde, pero carecía de legitimidad para actuar respecto a otros miembros del Concejo Metropolitano.
Así, se resolvió declarar nulas las resoluciones del Segundo Jurado Electoral Especial de Lima Este que admitían la apelación de los expedientes J-2013-361, J-2013-368, J-2013-269 Y J-2013-370 y, por tanto, improcedente el recurso por falta de legalidad del personero. Estas incluían a otros miembros del Concejo.
Se informó además que con relación a los expedientes J-2013-362 y J-2013-371, en el que la materia de apelación sí comprendía a Zegarra Méndez y a otras autoridades municipales, el pleno del JNE las admitió en el caso del teniente alcalde pero terminó declarando improcedente el recurso.
Ello por considerar que la resolución de primera instancia aplicó correctamente la ley al declarar la validez de la votación obtenida.
Se ha exhortado al personero legal a actuar con mayor diligencia y responsabilidad en el planteamiento de sus medios impugnatorios.
Los magistrados del supremo tribunal electoral se encuentran en sesión permanente.
Fuente: Diario El Comercio.
Atkins no es legislador por Lima
El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) Javier Atkins propuso que los regidores municipales que serían revocados sean reemplazados por los accesitarios hasta el final de la actual gestión de Susana Villarán.
Según dijo, la propuesta transitoria busca evitar la convocatoria a nuevos comicios municipales complementarios en Lima, y el consiguiente desembolso de dinero y recursos que serán necesarios.
“De lo contrario, se derrocharían aproximadamente 100 millones de nuevos soles en una elección cuyos resultados tendrán una vigencia de tan solo un año y en la que viene después”, declaró a la Agencia Andina.
De prosperar esta propuesta, dijo, el único proceso electoral que tendría lugar sería el programado previamente, en lugar de tener dos procesos casi consecutivos.
“El dinero que se ahorre podría ser utilizado en programas de seguridad ciudadana, antes que en una elección que no tiene ningún sentido (…) es un absurdo botar la plata de esta forma”, indicó.
Respecto a las modificaciones requeridas para concretar esta propuesta, el presidente de la ANGR indicó que basta que el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tomen acuerdos para establecer disposiciones temporales.
“Mientras no haya una clara reglamentación de los procesos de revocación se pueden fijar ese tipo de mecanismos”, indicó tras cuestionar la actual ley de consulta y participación ciudadana.
En tal sentido, teniendo en cuenta que “las leyes son susceptibles de modificatorias”, insistió en introducir “planteamientos temporales” que permitan evitar un gasto que consideró perjudicial para la capital y el país.
Fuente: Agencia de Noticias Andina.