Un nuevo elemento a tomar en cuenta surge en el caso del proyecto de ley presentado por el congresista Javier Diez Canseco que beneficia –según lo admitió– a su exesposa e hija con un pretendido canje de acciones de inversión por comunes y que ha motivado que la Comisión de Ética Parlamentaria recomiende que se le sancione con una suspensión de 90 días: Óscar Berckemeyer Prado, exasesor del legislador, controla 3’390,992 acciones de inversión de Backus.
Berckemeyer es el titular del 97% del capital social del Fondo Popular 1– Renta Mixta, donde se encuentran estacionadas las más de tres millones de acciones de inversión de Backus. Este fondo es administrado por Popular S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Popular SAFI), constituida en enero de 2006 por el propio especialista.
El exasesor fue, durante muchos años, directa e indirectamente, accionista minoritario de la principal empresa cervecera del país.
En agosto de 2001, Berckemeyer ingresó a trabajar como asesor en la comisión investigadora de delitos económicos y financieros perpetrados de 1990 a 2001, presidida por Diez Canseco.
En la sesión reservada del 27 de agosto de 2001, el parlamentario informó a los otros miembros sobre la colaboración de Berckemeyer, destacando “que tiene a su cargo un programa económico y es un especialista en el tema de bolsa”. En la memoria de la comisión –concluyó en junio de 2002– también se resaltó su participación.
PRIMER PROYECTO
A fines de febrero de 2005, Javier Diez Canseco presenta el proyecto 12422/2004 que propone el canje de acciones de inversión por acciones comunes o redimirlas por su valor nominal en dinero. Según ha admitido el legislador, dicha iniciativa fue elaborada por su exasesor Berckemeyer.
Pocos días después, Carmen Montero Checa, exesposa del legislador, adquiere 90,049 acciones de inversiones. En los registros contables de la empresa, en 2006, Berckemeyer figuraba como poseedor de 1’356,973 acciones de inversión, que luego aumentaron hasta que llegó a controlar 3’390,992 de estos títulos. El proyecto aprobado en la Comisión Permanente, en febrero de 2006, fue observado por el Ejecutivo.
El resto es historia. La hija de Diez Canseco compró 12 mil acciones de inversión en 2009 y en 2011, tras retornar al Congreso, el parlamentario presenta una nueva iniciativa que reactivó su propuesta del canje de acciones. Según reconoció, el proyecto 564-2011 es una copia del que hace seis años elaboró su exasesor financiero Óscar Berckemeyer.
En el libro El faenón cervecero, Diez Canseco acusa a Pedro Pablo Kuczynski de haber vetado su primer proyecto.
En dicha obra, el legislador dice que la decisión del gobierno toledista permitió la venta a bajo precio de las acciones de Backus.
Diez Canseco tiene como antecedente la autoría del proyecto de ley que favoreció al padre de su asesor Javier Mujica Petit.
Ratifica denuncia contra Diez Canseco
El congresista Juan Castagnino (PP) se ratificó en toda su denuncia contra el congresista Javier Diez Canseco y decidió llevar el caso a la Comisión de Ética del Congreso.
A través de un oficio dirigido al presidente de ese grupo, Humberto Lay, el legislador reafirmó que fue “sorprendido” para firmar un informe en minoría que exculpaba a Diez Canseco de una sanción por presentar un proyecto sobre acciones que beneficiaría a sus familiares.
“Semanas antes de la presentación del informe contra Diez Canseco por parte de la Comisión de Ética, ese mismo parlamentario me presentó un informe, pero jamás me dijo que era en minoría”, detalla.
Castagnino agrega que luego de firmar el informe, se enteró de que Lay iba a hacer unas recomendaciones en un nuevo texto, por lo que pidió que se le devuelva el anterior, pero en ese momento “me informaron que había sido roto”.
El congresista reveló que el 15 de octubre lo visitó en su despacho un asesor de Javier Diez Canseco para pedirle que firme un nuevo informe que declaraba infundada la denuncia en su contra con el argumento de que el texto de la comisión “estaba mal hecho”.
“Le manifesté que no le iba a firmar nada. El 19 de octubre me doy con la sorpresa de que nunca había sido roto el documento y más bien lo presentaron como informe en minoría”, denunció.
Señaló que por ese “lamentable hecho de haber sido sorprendido” pidió que se retirara su firma del informe en minoría presentado por Jaime Valencia.
“En aras de la transparencia, pido que se investigue el caso, porque mi buen honor nadie lo toca”, finaliza Castagnino.
Aclaración
El congresista Mauricio Mulder señaló que el informe de la Comisión de Ética que recomienda suspender 90 días a su colega Javier Diez Canseco no responde a las personas, sino a hechos concretos. En este caso a la presentación de un proyecto por parte de Diez Canseco que, de haberse aprobado, habría beneficiado a su exesposa e hija, según él mismo ha reconocido.
En declaraciones a Willax, dijo que el parlamentario tiene derecho a defenderse, pero no a atacar a las personas porque “no hay sacrosantos intocables. La izquierda blanca, que no se ensucia los zapatos, que ha tenido una vida acomodada, jamás ha aceptado, seguramente, que la servidumbre le diga que no; entonces, trae esas costumbres a la política”, comentó.
Desbarajuste total
Por Fernando Rospigliosi
Los sucesos del jueves pasado en La Parada han conmocionado a los limeños, pero estos no son sino la continuación de una serie de acontecimientos similares que se han sucedido ininterrumpidamente desde el comienzo de este gobierno.
Desde el bloqueo de la carretera en Cañete por pobladores que se oponían a la construcción de un penal, hasta el reciente secuestro de tres geólogos en Jaén, Cajamarca, pasando por el ataque a la mina Tintaya en Cusco y la paralización de Conga, la constante es que cualquiera utiliza la violencia para imponer sus intereses, violando la ley y provocando muchas veces víctimas fatales. En casi todos los casos salen triunfantes e impunes.
Evasión e incompetencia
Como de costumbre, el presidente Ollanta Humala no ha asumido su responsabilidad y les ha echado la culpa a otros. En este caso, a uno de sus blancos favoritos: “Muchas veces la policía los captura (a los delincuentes) y los fiscales y jueces los sueltan”, ha dicho. Eso es verdad, pero el problema en este caso parte de un operativo policial pésimamente planeado y peor ejecutado. Y la Policía depende del Ministerio del Interior, es decir, del gobierno que Humala dirige.
El traslado de La Parada a Santa Anita se había anunciado desde hace meses. Era obvio que había gente que se iba a resistir apelando a la violencia. El alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, dice que se sabía desde hace varios días que los opositores al traslado habían hecho una bolsa y contratado delincuentes para enfrentar a la Policía.
Sin embargo, la Policía no movilizó el número suficiente de efectivos para enfrentar desde el comienzo una situación de violencia masiva.
En segundo lugar, no estaban adecuadamente equipados. No de los implementos que a estas alturas deberían tener, considerando la enorme cantidad de dinero que tiene el Ministerio del Interior para invertir, sino de los que ya tiene la Policía: escopetas de perdigones, gases lacrimógenos, carros rompemanifestaciones.
Fue penoso ver otra vez a la Policía enfrentándose a pedradas con la turba, que muchas veces la obligó a retirarse en desorden.
Varios negocios de Gamarra fueron saqueados durante dos horas antes de que la Policía interviniera, lo cual muestra la absoluta falta de previsión.
Así se gobierna
Uno de los problemas más serios es el sistema de gobierno que han impuesto Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ellos dos son los que toman las decisiones en casi todos los ministerios. En el caso de Interior y Defensa, son Humala y su operador, el coronel EP (r) Adrián Villafuerte, los que dirigen.
Específicamente en Interior, Humala y Villafuerte mandan a través del viceministro y el director de la Policía, que han sobrevivido al paso de varios ministros.
La función del ministro se limita a encajar los golpes que le atizan por los fracasos y, llegado el momento, recibir una patada y ser reemplazado por otro que acepte esas humillantes condiciones a cambio de un fajín.
Como es evidente, ese sistema de gobierno está destinado al fracaso. Peor aún si el jefe máximo no es una persona competente y capaz.
¿Sin solución?
El viernes, después de los disturbios, La Parada ha funcionado como siempre. Las autoridades no han seguido adelante con el cierre de las pistas y el indispensable desalojo, al momento de escribir estas líneas.
Si esto continúa así, sería un triunfo de los mafiosos y los delincuentes y una derrota del gobierno y el municipio de Lima, y constituiría un pésimo ejemplo y una incitación a más disturbios en todo el país.
Estos desgraciados sucesos han coincidido con la aprobación del proceso de revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán, que además se encontraba de viaje.
Villarán ha asumido su responsabilidad –a diferencia de Humala– en la decisión del traslado de La Parada, pero también ha señalado que ellos coordinaron el desalojo con la Policía. Debería precisarse en qué consistieron esas coordinaciones, porque si el municipio estuvo al tanto de ese operativo deplorablemente diseñado y desastrosamente efectuado y lo avaló, tendrían parte de la culpa de lo sucedido.
En cualquier caso, si el traslado a Santa Anita no se produce de inmediato, estos hechos pondrían a la alcaldesa al borde de la revocación.
Por último, hay que señalar que se está configurando en el país una situación de peligroso desgobierno. Si un puñado de terroristas puede amenazar impunemente en el Vraem la economía del país –el 40% de la energía proviene del gas de Camisea–, si un grupo de políticos revoltosos puede paralizar la mayor inversión que había en el Perú, minas Conga, y si un grupo de mafiosos que contratan delincuentes puede imponerse al Estado en el corazón de la capital, significa que estamos cayendo en una peligrosa espiral de inestabilidad.
Fuente: Diarios El Comercio, Perú21 y La República.